Categoría: Editorial

¿Del Golpe político al Golpe de Estado?

Desde el inicio de su Gobierno el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido un cúmulo de cuestionamientos de sus adversarios, en contra de los programas de la 4ta Transformación y su gestión de Gobierno, lo que desde mi punto de vista era previsible, lógico e incluso positivo si lo que se critica es fundado y se apega al Estado de Derecho.

Las cosas sin embargo han cambiado. Al cierre de su primer año de Gobierno, el Presidente pasó de ser un adversario de sus detractores al inicio de su mandato, y ahora un enemigo político e ideológico, al que se embiste en lo personal, se le provoca, e incluso se le amenaza con ser destituido.

Tan es así, que ante el anuncio que difundió Trump en su Twitter, en el que advierte a que la “destitución” del Presidente de Bolivia Evo Morales, era “una señal de lo que le podía ocurrir a Venezuela y Nicaragua”, Vicente Fox, con toda desfachatez le respondió a Trump que “le faltó incluir a México”.

Por su parte, la mayoría de los medios de comunicación ni tardos ni perezosos, se abocaron a levantar encuestas telefónicas a bote pronto, sin rigor alguno de la estadística demográfica, pero sí con muchos bots, para demostrar que la mayoría de los mexicanos están en contra de que el Presidente de México, haya otorgado asilo a Evo Morales.

Los intelectuales orgánicos del sistema anterior, han sido más cautelosos. No objetan el que se le haya brindado asilo al todavía Presidente de Bolivia cuyo mandato concluye a fines de enero del 2020, pero también atribuyen su destitución a las “irregularidades electorales” en que presuntamente incurrió según la OEA, aún y cuando expertos de Estados unidos en la materia (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) , lo han desmentido.

México, se acepte o no, está inmerso ya en un escenario sumamente complejo y delicado. Corre el riesgo de que la polarización política vigente entre partidos y los golpes de mano a la 4ta transformación, termine en un golpe de Estado.

A los neoliberales como les llama AMLO a los oligarcas, financieros y grandes empresarios que el pueblo los ubica como los de Arriba, toda reivindicación social, reforma hacendaria o financiera por mas elemental que se; la mas trivial reforma democrática y/o constitucional como las que se están impulsando en la 4ta Transformación, es castigada de inmediato como un atentado al desarrollo y crecimiento del país y estigmatizada como “socialista” y “dictatorial”.

Por lo que hace al pueblo, los de Abajo, lo que realmente les motiva es salir de la pobreza en que están inmersos, por lo que apoyan todo programa que mejore sus ingresos, economía familiar, bienestar social y que combata la corrupción y la impunidad, pero también que pongan freno a la inseguridad y violencia que está erosionado el tejido social a pasos acelerados.

Ambas clases sociales velan por sus intereses y están históricamente enfrentadas no necesariamente en el ámbito político y/o ideológico, sino también porque su concepción de vida y del mundo, es radicalmente diferente por la profunda desigualdad que hay entre los de Arriba y los de Abajo.

Pero los partidos políticos no lo entienden, incluyendo a Morena, que al igual que el PAN, el PRI y demás partidos, lo que le ocupa y preocupa es tener el control del poder político.

Muestra de ello, es que el grotesco conflicto interno en que están inmersos por la dirección de Morena y las candidaturas federales y estatales de 2021 y 2024.

Dicho de otra manera. No hay presente sin pasado, ni futuro sin presente. Si no lo entienden se corre el riesgo de que el golpe político que hoy enfrentan, se pueda transformar en un golpe de Estado. Veremos y diremos.

Evo y el espejo boliviano

Si para algo ha servido al presencia de Evo Morales en México es para sacar lo peor de las visiones extremistas. Los argumentos más autoritarios de la izquierda y los más racistas de la derecha; las ideas más antidemocráticas de unos y las irreflexivas de otros. Ni en largas horas de diván habrían salido tan claramente las contradicciones de los mexicanos no tan nítidas las sombras oscuras de nuestro país. Ha aflorado como nunca la ignorancia (la compañera Claudia Sheinbaum lleva la delantera en ese terreno con su comparación entre Evo y Merkel seguida muy de cerca por el líder panista Marko Cortés y su visión del asilo político) pero sobre todo se ha hecho evidente las ganas de no saber y la voluntad de imponer.

Cuando ante una situación compleja, como es la de Bolivia, solo vemos el lado que queremos, el que nos gusta o nos acomoda y negamos el resto de la realidad como mecanismo de defensa o incluso como forma de pertenencia a un grupo, lo que se produce es una visión distorsionada y absurda de la realidad. Destruir al otro, insultarlo, negarlo y negarle derechos porque piensa distinto es el camino más corto al autoritarismo.

Si para algo deberá servir la presencia de Evo en México y la experiencia boliviana es para no repetir los mismos errores de este personaje que es sin duda el líder más importante de sus país de los últimos años pero que terminó enamorándose de sí mismo y del poder que representaba hasta llevarlo a la exacerbación del autoritarismo antidemocrático. Así como estoy cierto que el triunfo de López Obrador nos alejó de un escenario como el que está viviendo Chile y la esperanza en un cambio de modelo despresurizó la inconformidad social que venía creciendo aceleradamente y muy probablemente habría reventado si Meade o Anaya hubiesen dado una vuelta más a la tuerca del sistema de privilegios que se venía gestando, las actitudes de algunos de los líderes de Morena y del propio Presidente nos pueden acercar al escenario boliviano: poner el proyecto de país -estemos o no de acuerdo con él- por encima de las instituciones democráticas, que son las que nos permiten procesar civilizadamente las diferencias, no hace sino incrementar la tensión social.

Hay que tener prisa en el combate a la injusticia y la inseguridad, pero ser muy cautos en las transformaciones institucionales. El espejo boliviano debe servirnos para ver los riesgo que implica polarizar. La polarización privilegia el desacuerdo, simplifica los argumentos, anula la inteligencia, pero sobre todo pone en jaque a la democracia que tiene sentido sí y solo sí la usamos como un mecanismo de construcción de lo común y no de destrucción del enemigo.

La comunicación digital, mitos y realidades

A últimas fechas la naturaleza de los contenidos emitidos a través de las plataformas digitales se ha vuelto tema de debate público. Esto aplica en particular a los mensajes de naturaleza política, donde advierto que hay vacíos argumentativos que requieren ser abordados. Veamos.

Primero. La realidad objetiva o neutral no existe por la condición humana. Siempre, por más imparcialidad y buena fe que exista, los hechos reportados en ejercicio de la libertad de información están mediados por la cultura, los valores y la naturaleza ideológica y moral de los emisores. De esta suerte, un título de una nota nunca va a ser igual en todos los medios. Algunos destacarán unos puntos. Otros lo harán poniendo el acento en otros. La realidad, o si se quiere la verdad, tiene dosis, mayores o menores, de subjetividad, es una realidad mediada o percibida. Y aquí entra, a pesar de ser notas o reportajes, un elemento de opinión, de libertad de expresión, que incluso se pone en práctica al decidir qué se aborda y qué se deja fuera. Qué es de interés público y qué no lo es, a la luz de los valores del medio y del periodista. Las audiencias forman su construcción de la realidad a partir de la exposición de los mensajes que reciben, de ahí que opere lo que se denomina el sesgo confirmatorio; es decir que las audiencias van a escuchar, leer o ver aquellos medios que se ajustan a sus percepciones de la realidad y evitan aquellas que están contra ellas.

Segundo. En la comunicación en las plataformas digitales, particularmente en las redes sociales –donde confluyen información y opinión sin mayores controles de calidad– el tema se complica y es el terreno idóneo de las fake news (informaciones falsas) y posverdades (informaciones manipuladas), porque en México no existe regulación de internet como objeto jurídico. Esa libertad casi absoluta y el anonimato que se puede ejercer permite que se construyan mensajes de todo tipo sin mayor límite que la imaginación. Ahí, en ese mundo virtual, tienen lugar campañas de todo tipo, con la participación directa de personas reales o de bots (robots programados para crear agendas artificiales sin mayor sustento racional) o de los dos juntos.

Tercero. ¿Se puede saber quién está detrás de las cuentas anónimas? Sí, contra lo que la mayoría piensa y a pesar de la publicidad de las plataformas que garantizan formalmente ese anonimato. Me refiero en concreto a las redes sociales. Por supuesto se requiere de personas con una capacitación para hacer esa tarea. ¿Es legal que eso se lleve a cabo? Depende. Si se trata de particulares, sí es legal. Existe un principio fundamental que señala que todo gobernado puede hacer lo que no esté prohibido por la ley. Reitero: me refiero a mensajes en redes sociales. Y, reitero, internet no tiene ninguna ley o conjunto de disposiciones legales como sí existen en los medios tradicionales, con leyes de protección al honor, a la vida privada y a la propia imagen. ¿Si alguien en una red social afecta la vida privada o el honor de una persona puede ser juzgada? Depende. Si se trata de una persona real que no se esconde bajo el anonimato (el juez carece de atribuciones para que se descubra la persona que en los hechos maneja una cuenta anónima, porque a diferencia de los gobernados sólo puede llevar a cabo aquello que expresamente le está permitido por la ley), puede demandar por la vía civil para reivindicar sus derechos de la personalidad lesionados. Pero el juez mexicano, al final del día, carece de las herramientas jurídicas que hagan coercible o exigible que una plataforma digital baje un contenido determinado. De esta suerte, hay una protección parcial aplicando las leyes actuales.

CNDH, la desconfianza

A pesar de que nació como una obligación del gobierno salinista para suscribir el acuerdo de libre comercio de América del Norte y que ha tenido presidencias polémicas, la llegada de Rosario Piedra Ibarra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través de una elección bastante desaseada en el Senado no augura nada bueno, sino todo lo contrario: desconfianza e ilegitimidad.

De ahí que volver a realizar una votación en el Senado y limpiar el proceso no se logró pues las imágenes de enfrentamientos entre legisladores mientras Piedra Ibarra tomaba protesta, así como el desconocimiento de los gobernadores del PAN a su llegada a la CNDH manchan de inicio lo que tendría que ser un nombramiento libre de cuestionamientos.

Pero Rosario Piedra Ibarra no solo asume la presidencia de la CNDH en medio de un proceso de elección desaseado, sino también con la sombra de ser dependiente del jefe del ejecutivo y del partido Morena del que es simpatizante.

La CNDH no ha tenido buenos resultados desde que empezó a operar en 1990 bajo la presidencia de Jorge Carpizo. La falta de facultades de sanción ante las autoridades que violan los derechos humanos la ha relegado a una figura muchas veces decorativa de los gobiernos en turno.

Tampoco le ha ayudado que varios de sus titulares hayan sido personas ligados al gobierno del PRI o del PAN, problema que hoy nuevamente se presenta con Rosario Piedra Ibarra quien llega a la presidencia luego de haberse declarado simpatizante de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La autonomía no solo es importante para que la CNDH cumpla con su papel de vigilante de los derechos ciudadanos, es fundamental también que sea independiente de cualquier grupo político o de gobierno para que no se limite en la emisión de sus recomendaciones.

Desde el arranque de su presidencia en la CNDH Rosario Piedra Ibarra tiene el primer gran reto de tomar distancia del gobierno de López Obrador y actuar con la libertad que exige todo organismo encargado de defender los derechos humanos de la ciudadanía en medio de una situación de violencia e impunidad por parte de autoridades.

En caso de que no tome esa distancia, en los hechos, Rosario Piedra Ibarra estará supeditada a la voluntad de López Obrador y repetirá la misma historia de sus antecesores que limitaron el alcance de sus investigaciones a los intereses políticos, abonando más a la impunidad reinante en el sistema judicial.

No se trataba únicamente, entonces, de limpiar el proceso de selección de la presidencia en una votación nítida y confiable en el Senado, sino de que la CNDH muestre por fin la fuerza necesaria para enfrentar los constantes abusos de poder de las distintas instancias de gobierno.

Ese es el reto que habrá de enfrentar la nueva presidenta de esta instancia fundamental para el desarrollo democrático del país. Dicho reto será aún más difícil de lograr si Rosario Piedra Ibarra no se sale de la égida del gobierno de López Obrador para cumplir con sus funciones elementales de enfrentar  con autonomía e independencia actos de injusticia, impunidad y abuso del poder gubernamental en medio de esta vorágine de violencia en la que estamos hundidos desde hace varias décadas.

Reforma en materia de residuos

Las modificaciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) están entrando en su etapa de discusión más álgida.

Se trata de un tema que genera mucho interés en diversos sectores de la sociedad y, por ende, muchas posturas alrededor del tema, ya que la problemática de los plásticos de un sólo uso llegó para quedarse en la opinión pública y es el objeto de debate de estas modificaciones a la ley.

Por un lado están los que les conviene la generación de residuos, quienes se benefician de que cada vez se produzca más y más residuos, de los que luego los ciudadanos deben hacerse cargo y que los municipios deben de gestionar. Ellos, con la promesa del reciclaje eterno, son quienes están bien con las cosas como están y solo reparan en que se necesita más educación de la población porque nosotros somos los culpables, no los materiales con los que trabajan.

Con su campaña dejan muy claro que “no es el plástico, eres tú”, que ellos son las víctimas de esta historia.

Sin embargo a este sector les preocupan las prohibiciones que han surgido en los diferentes estados, les preocupa porque no pueden uniformar su producción y para ello presionan con su arma más fuerte: la amenaza de pérdida de empleos y de frenos a la economía que tanto se teme en estos días. Su interés: el bien propio y de sus inversiones.

Por otro lado tenemos las demandas de la sociedad civil, esa que se ve afectada por la contaminación de plásticos en sus playas, en los peces que consume, que respira y come plástico sin que la autoridad pueda darle certezas sobre si esto es dañino o no para su salud. Aquella sociedad organizada que pide prohibiciones para lo que puede ser sustituido por materiales que alarguen su vida, evitando los desechables de cualquier material porque entiende que el cambio no es de material sino un cambio profundo en el modelo de producción y consumo. Su interés: el bien común y el cuidado del medio ambiente.

Muy probablemente en esta dicotomía arbitraria se entendería que a quienes deben atender nuestros legisladores es a las demandas de la sociedad civil. Pero se entiende que en un parlamento, que representa todos los sectores, ambas partes deben ser escuchadas. Sin embargo, como fruto del ejercicio de parlamento abierto realizado por el Senado entre febrero y mayo de este año, solo había una iniciativa presentada a modo de “conclusión”, una que reunía todas, absolutamente todas, las demandas de la industria y que fue presentada por el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) hace un par de semanas.

Contrario a lo que se plantea en este texto, la iniciativa de la ciudadanía civil organizada no había tenido cabida en una propuesta legislativa.

Miedo contra esperanza

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las urnas hace más de un año despertó en muchos la esperanza de tener un país mejor y más justo. Sin embargo, el brutal asesinato de niños y mujeres de la familia LeBarón, que escandalizó a la opinión pública y constituye una expresión más de que la inseguridad y la violencia no disminuyen, podría minar la luna de miel de la que ha gozado el Presidente. Justo con esta idea, con este temor, publiqué un artículo esta semana en el diario El País. Desearía matizar y profundizar esta reflexión.

Tiene razón López Obrador cuando afirma que las condiciones que provocan esta barbarie son producto de la corrupción en el sistema de justicia, de la falta de oportunidades, de la negligencia y los errores de los gobiernos anteriores. “Dejaron un cochinero” ha dicho con su acostumbrada contundencia. El problema para él es que aun siendo válido su diagnóstico, a medida que pase el tiempo la factura política de la violencia será cobrada a su gobierno. Ahora mismo, alrededor de 60 por ciento de la población considera que la estrategia de seguridad pública de la 4T no es la mejor o está equivocada. La aprehensión fallida del hijo de El Chapo, sucesos como el de la familia LeBarón y la terrible estadística mensual de asesinatos que no hace sino aumentar, van erosionando poco a poco la confianza en el criterio y la capacidad del Presidente en esta materia.

El miedo no sabe de razones. Es impecable la lógica de AMLO cuando afirma que doce años de guerra en contra del narco dejaron en claro que la violencia no solo no resuelve el problema sino lo profundiza. Antes había media docena de grandes cárteles, ahora se estima que existen 200 bandas, muchas de ellas en lucha entre sí con métodos crecientemente brutales. ¿Qué grado de bestialidad y enajenación se requieren para quemar vivos a mujeres y menores de edad dentro de un auto?

Pero saber que tiene razón en el diagnóstico resulta de poco consuelo ante la sensación de que el fuego comienza a llegarnos a los aparejos, que las regiones se siguen perdiendo a manos del narco, que los ciudadanos estamos indefensos ante la violencia impune. Decirle a los delincuentes que lo que hacen está mal y que esto ya cambió, tampoco parece estar funcionando.

Con López Obrador, resolver el problema de fondo requiere un cambio de valores, la restitución del tejido familiar, la creación de oportunidades. Pero me temo que ninguna de estas verdades alcanzan a germinar en el lapso de un sexenio. Lo cual nos regresa al tema inicial: el miedo y la frustración seguirán creciendo y con él la desesperación y la búsqueda de otras alternativas así sean las más desesperadas. En estos días, incluso, he escuchado a más de un necio decir que la situación es tan agobiante que deberíamos aceptar la ayuda de Estados Unidos y permitir que ellos nos resuelvan el problema. Como si las intervenciones de los marines no hubieran dejado atrás un país hecho trizas allá por donde han pasado. Y por si fuera poco, ¡estamos hablando del Estados Unidos de Donald Trump!, por favor.

Y no obstante estas posiciones extremas comienzan a jalonear la conversación pública; constituyen las versiones más absurdas pero de un sentimiento real que ha empezado a extenderse: una mezcla de miedo, frustración y exasperación.

Si AMLO hubiera sido presidente…

En términos anímicos, AMLO habría podido ser un mejor presidente entre 2006 y 2012. Habría ejercido el poder sin la acritud que hoy destila, incubada justamente en la guerra sucia de que fue víctima, en la turbiedad de un proceso electoral que en sus conferencias mañaneras evoca con enojo y repudia con razón. Su rencor es comprensible, pero el efecto que provoca socava su capacidad de gobernar para todos. Al final de su periodo como jefe de gobierno del DF, cuyo saldo fue más que positivo, había logrado apaciguar su antiguo instinto de luchador. Meses después, sin embargo, tras de la contienda presidencial, experimentó una regresión temperamental que ahora propicia la polarización del país. El revanchismo es mal consejero.

Por ejemplo, a menudo da la impresión de que, si bien se investiga y enjuicia a corruptos, la lista de prioridades se elabora en función de afrentas o respaldos.

Tres consideraciones más. 1) En 2006 AMLO habría iniciado su administración sin la aplastante mayoría de su partido en el Congreso que actualmente goza, que merma la división de poderes y agudiza sus pulsiones autoritarias. 2) El hecho de haber tenido que llegar a un tercer intento que los suyos vieron como su última oportunidad, y de que alguien le haya aconsejado hacer todo lo necesario para ganar, lo llevó a aceptar aliados tan indefendibles como innecesarios. 3) El PRI no habría triunfado en 2012. Dudo que AMLO hubiera logrado imponer sucesor con un PRD en el que no las tenía todas consigo y, aun si hubiera fundado Morena entonces, probablemente se habría fracturado por el mismo canibalismo que enfrenta ahora; ni los partidos se institucionalizan bajo liderazgos caudillistas ni el carisma se hereda o se transfiere. Pero la idea-fuerza subrepticia que impulsó al priñanietismo hace siete años –corruptos como todos pero eficaces como nadie– no habría capturado el imaginario colectivo. Tal vez algún candidato independiente o panista habría capitalizado el natural desgaste de AMLO.

En suma, habría sido muy benéfico para México que AMLO hubiera sido presidente de la República en el segundo sexenio de este siglo. Quienes coincidan sobre el talante de AMLO antes y después de 2006, y además acepten que no habría la vorágine violenta que desgarra y que no habríamos tenido la cleptocracia que se padeció de 2012 a 2018, arribarán a la misma conclusión: de haber llegado al poder AMLO hace trece años habría hecho un gran trabajo, y en estos momentos estaríamos mejor sin López Obrador, quien seguramente sería un expresidente popular.

Los ejercicios contrafactuales no son estériles. Sirven para profundizar la comprensión del pasado y, sobre todo, para normar el criterio de cara al futuro. No se trata de evadir la realidad; las cosas son como son y lo que no fue no será, como diría José José. AMLO alcanzó la Presidencia en 2018 y no en 2006 y sin duda habrá opiniones en el sentido de que eso fue lo mejor o de que así tenía que ser. Lo importante, pienso yo, es agregar al lugar común de que quienes no conocen la historia están condenados a repetirla un addendum: aquellos que no se plantean cursos históricos alternativos están destinados a tomar decisiones equivocadas en momentos decisivos.

El Estado mexicano se encuentra al borde del colapso. Sus cimientos están carcomidos y las oquedades se notan por todas partes. Un edificio que nunca fue muy sólido, pero que se sostenía en pie, ahora amenaza ruina inminente, ante la inepcia de quienes hoy lo administran y el pasmo irresponsable de quienes contribuyeron a la carcoma de la estructura. Mientras tanto, los residentes estamos a punto de ser aplastados por los cascotes, y muchos ya han sucumbido entre escombros. Construido desde su origen en terreno pantanoso, las necesarias obras de recimentación nunca se hicieron, mientras se pretendía eliminar el material putrefacto de su basamento.

La metáfora ilustra el proceso de deterioro paralizante que vive la organización estatal mexicana, en el origen producto del triunfo de una coalición militar en la guerra civil que llamamos revolución, incapaz desde su nacimiento de sustentarse en una eficaz aplicación obligatoria de la ley, debido a que su dominio nunca gozó de aceptación plena. Heredero de una trayectoria institucional basada en los privilegios y las excepciones, de matriz hispánica, y de una manera de hacer las cosas arraigada por su antecesor inmediato –el Estado porfiriano–, el cual ejercía su dominio a través de una tupida red de intermediarios que usaban sus parcelas de poder en beneficio personal, el régimen posrevolucionario operó siempre con ingentes problemas de agencia y llevó a cabo su tarea sustantiva, la reducción de la violencia, por medio de la venta de protecciones particulares y la negociación permanente de la desobediencia de la ley.

Cuando el PRI fue relevado de la Presidencia, en 2000, los nuevos administradores del ruinoso edificio desaprovecharon la oportunidad para cambiar los cimientos. Era una tarea compleja pero posible: había que invertir en profesionalización de los cuerpos fundamentales del Estado, empezando por su función primordial, la seguridad. El desastre, sin embargo, llegó con Calderón y su intención de desmontar la estructura de venta de protecciones particulares que, mal que bien, aún funcionaba para reducir la violencia. Comenzó a eliminar tabiques en la base y pretendió apuntalar lo socavado con las fuerzas armadas. Los boquetes comenzaron a proliferar. Peña siguió agujereando la base estatal sin sustituirla con cuerpos profesionales especializados, que poco a poco sustituyeran a las redes tradicionales. El mismo recurso, el ejército y la marina, para contener la presión de quienes, al ver las ruinas, tratan de ocupar el vacío también con la fuerza de las armas.

Al actual Gobierno los escombros le están cayendo en la cabeza. Sin el talento ni el proyecto para una reconstrucción seria, que requeriría de un nuevo pacto de gran base política y social, en lugar de parar el derrumbe, contribuye al socavamiento con su bravuconería y su cantaleta de que las cosas ya cambiaron, aunque todo vaya a peor. Si la ventaja comparativa sustancial de los Estados es la capacidad de usar la violencia de manera regulada, pero con mayor eficacia que sus adversarios, lo que hemos visto en los últimos días es que el Estado mexicano ha perdido ese atributo sustancial. Es el momento de un nuevo pacto constitutivo, pero quién podría convocarlo se ha atrincherado en su pretendida popularidad, se bate diariamente con enemigos imaginarios y carece de la visión y el talento para lograrlo. Así, el derrumbe continuará, a ver si el colapso no es total.

Internet, la narrativa de la violencia

Las llamadas benditas redes sociales se han convertido para Andrés Manuel López Obrador en un nuevo frente de ataque y defensa ante lo que llama sus adversarios, los cuales muchas veces son los que no comparten su forma de gobernar.

Desde el pasado fin de semana y lo que transcurre de la presente, López Obrador ha concentrado su atención en los mensajes que se han difundido en las redes sociales.

Fue a través de dos mensajes en Twitter que alertó de un golpe de estado y luego, en un tercer mensaje, dijo que se trataba de una advertencia ante cualquier intentona en las fuerzas castrenses.

En su conferencia matutina del lunes siguió con el tema de las redes sociales y dio a conocer que Aurelio Nuño, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala (hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala) fueron los principales responsables de encabezar una campaña en su contra a través de ataques a la prensa bajo las etiquetas #prensasicaria, #prensaprostituida y #prensacorrupta.

Los señalamientos fueron como echarle leña al fuego. Las reacciones de los Calderón fueron virulentas y polarizó aún más a los usuarios en redes sociales, muchos de los cuales lanzaron mensajes impregnados de enfado.

La violencia que se vive en las calles y que suman casi 30 mil en lo que va de este gobierno, también se refleja en las redes sociales mediante enfrentamientos viscerales entre grupos a favor y en contra de López Obrador, crispando aún más el ambiente social.

A través de las distintas plataformas del ciberespacio se ha desatado una guerra verbal que ha llegado en algunos casos no solo a las descalificaciones sino a las amenazas de muerte.

En aras de la libertad de expresión, siempre y cuando sean a su favor, López Obrador ha bendecido a las redes sociales sin tomar en cuenta que las palabras tienen una responsabilidad pues cada mensaje acusatorio que sube a las distintas plataformas enardece más a quienes están en su contra y a los que lo defienden.

Lo mismo pasa con los mensajes de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes encontraron en las redes sociales la mejor forma para expresar ideas y resentimientos sin exponerse al rechazo social generado por sus mal logradas administraciones que no ayudaron a impulsar el desarrollo del país, sino todo lo contrario, lo sumaron en crisis más profundas y en una espiral de violencia que cada día crece más.

Internet se ha instituido en un campo de batalla en el cual lo que menos importa es el intercambio de ideas y análisis, sino la narrativa de la violencia a través de los ataques y las descalificaciones en mensajes impregnados de odio racial y clasista: Chairos contra fifís; liberales contra conservadores.

Los ataques que se difunden en las redes sociales esparcen chispas de enardecimiento social que, como en una estepa verde, se convierten en una gran hoguera que ya rebasa la frontera de lo virtual y llegan a la realidad.

En esta vinculación entre virtualidad y realidad, los responsables de cada mensaje no miran el efecto y el impacto que tienen sus expresiones: la reproducción de la violencia que día a día va creciendo en muchos ámbitos de la vida social.

Por cierto… esta violencia sin diques alcanzó ayer a la familia de Julián LeBarón que desde hace más de una década ha sido amenazada por el crimen organizado. Cada día que pasa los índices de violencia son mayores y ya alcanzan a los menores de edad que son víctimas de las armas del crimen organizado.

Prohibición de las condonaciones

A principios de octubre de este año resonó en el debate público la noticia sobre las condonaciones y cancelaciones de impuestos otorgadas durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Gracias a un litigio estratégico ganado por Fundar tras cuatro años de batalla, se dieron a conocer los nombres y montos de a quienes se les condonaron y cancelaron créditos fiscales entre 2007 y 2015.

Hasta entonces sabíamos que las condonaciones fiscales entre esos años ascendían a 247 mil 610 millones de pesos**, donde 1 de cada 2 pesos condonados se concentró en apenas 80 contribuyentes; mientras que las cancelaciones sumaron 814 mil 783 millones en el mismo periodo. Sin embargo, quedaba pendiente la publicación de la información de 201 contribuyentes amparados contra la publicación de las condonaciones que recibieron. Gracias a una actualización en el litigio el pasado 30 de octubre, ahora sabemos que 41 de esos 201 contribuyentes recibieron perdones por 22 mil 494 millones de pesos.

Recordemos que las condonaciones representan un perdón de impuestos, mientras que las cancelaciones implican la suspensión temporal del cobro, dado que no se encuentra al contribuyente o resulta más cara la labor de cobranza que el monto que se pueda recuperar. Esta última figura es muy importante ya que no libera al deudor de su pago: al cancelar el crédito, la contribuyente deudora no puede facturar ni continuar sus operaciones, y se envía su información al Buró de Crédito, a la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera. Si después el SAT localiza o identifica bienes de la deudora, los créditos se reactivan y se cobran.

Estos instrumentos resultan importantes en casos extraordinarios, como las afectaciones por crisis económicas o desastres naturales. Sin embargo, es importante que no se otorguen de manera discrecional y masiva, porque terminan representando un privilegio que se concentra en unas cuantas manos, como ocurrió en las administraciones federales pasadas.

Al momento de escribir estas palabras, se discute en el Poder Legislativo federal la iniciativa de reforma al artículo 28 constitucional que presentó el Presidente López Obrador, por medio de la cual se propone prohibir las condonaciones de impuestos en todo México. Por desgracia, el pasado 31 de octubre se rechazaron en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados las modificaciones que realizó el Senado y que incluían, además de las condonaciones, “las exenciones

y el otorgamiento de estímulos en los términos y condiciones que fijan las leyes”.

Con este cambio a la redacción se arriesga que la reforma constitucional sea insuficiente y meramente simbólica, aunque el verdadero alcance de este cambio se verá en las leyes secundarias a nivel federal y estatal. Es decir, no sólo es importante definir en las leyes secundarias los casos específicos en que sería posible a los gobiernos otorgar perdones de impuestos, ya que no solo prohíbe en la Federación, sino también en gobiernos estatales y municipales.

La información publicada hasta el momento a nivel federal da cuenta de las enormes desigualdades en el acceso a estos beneficios, concentrándose en apenas unos pocos bolsillos. Es hora de poner un alto al uso de los perdones, exenciones y estímulos fiscales como un privilegio para muy personas. Cada peso que el Gobierno deja de recaudar es un peso menos para la sociedad mexicana.