Categoría: Editorial

La comunicación social del cambio climático

Mucho se ha hablado de la urgencia por desarrollar e implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Entre otros, se mencionan temas como la transición energética (de combustibles fósiles a energías renovables), la electrificación del transporte, y la modificación a los patrones de producción y consumo.

La importancia de divulgar este tipo de acciones radica en la relevancia de entender que el cambio climático permea a toda actividad cotidiana que realizamos, pues cada uno de nosotros, como individuos, contribuimos al mismo. Colectivamente, nuestra huella en el planeta – sea de carbono, ecológica, hídrica y social –, en lugar de reducirse, se incrementa con el paso del tiempo.

Por eso es imprescindible mostrar lo que hacemos y cómo lo hacemos, a fin de que nuestras acciones tengan impacto y abonen a la concientización sobre varios puntos: la problemática, el tamaño del reto, la urgencia de abordar la crisis, y las repercusiones de no actuar, o actuar rumiantemente.

Así, la tendencia a presentar objetivos y logros con respecto a estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático se convierte en un ámbito central de la comunicación social de distintas instituciones internacionales, aunque el enfoque y el nivel de involucramiento en el tema depende de la agenda que tenga cada institución.

Como ejemplos relato una anécdota. En un reciente viaje de estudio a Ginebra, Suiza, un grupo de estudiantes realizó visitas a distintas instituciones que no se asocian directamente al cambio climático, pero que entienden de la relación intrínseca de su mandato con el tema en cuestión. Esto lo hizo ver el personal de comunicación social de cada institución cuando realizaba su respectiva presentación.

En la Organización Mundial de Comercio (OMC), el grupo de estudiantes recibió información en torno al contexto actual, así como sobre la posición de diversos gobiernos en varios aspectos del proceder institucional. Previo a esto, quien presentaba la información hizo referencia al compromiso de la OMC de 2014 a proteger el medio ambiente y la moral pública al ratificar la prohibición de la Unión Europea a comercializar la piel de foca. Y ese fue el único tópico relacionado al tema, no hubo referencia a temas verdes o transición energética, sino a la búsqueda de la preservación del status quo comercial en un mundo cambiante.

La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) también estableció la relación del cambio climático con refugiados, ya sea como impulsor de movimientos en lugares de origen, o como futuro problema en los lugares de acogida en zonas urbanas. Por su parte, comunicación social de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señaló que el combate al cambio climático es un tema crucial en su agenda. Sin embargo, éste no está considerado en el Reporte Mundial sobre Migración de 2018. Se dijo que estará incluido en el reporte correspondiente a 2020, a publicarse próximamente; aunque no se utilizará el concepto de “cambio climático”, sino “cambio ambiental”.

Estos ejemplos demuestran que, lejos de buscar una perspectiva común para abordar la problemática, cada institución se apropia del tema según sus propios planteamientos y objetivos.

El cobre y los medios

Una de las grandes virtudes políticas de López Obrador es convertir sus errores en aciertos políticos, enfrentar los problemas contratacando. Lo hizo la escasez de gasolina que convirtió en una cruzada nacional contra el huachicol, convenció a los mexicanos que ahí estaba la herida que desangraba a Pemex. Lo mismo sucedió con el tema del Culiacanazo: después de haber exhibido el cobre dando a conocer cómo fue la derrota que los llevó a tomar la decisión de liberar al Ovidio Guzmán, el Presidente arremetió contra los medios diciendo que ellos enseñado el cobre y mordían al mano de quien les quitó el bozal.

Vamos por partes y repartamos el cobre que le toca a cada quién.

Primero: Quién mintió y lo hizo flagrantemente fue el Secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, quien aseguró que todo se había derivado de una acción fortuita. Esa mentira primera y básica es la que genera las contradicciones que vendrían después entre los miembros del gabinete y el propio Presidente. Se agradece que se haya abierto la información como se hizo ayer, pero hacerlo no fue un acto de transparencia voluntaria sino una decisión tomada después de que los medios exhibieron las incongruencias, las seis versiones distintas sobre un solo fracaso verdadero.

Segundo: El uso de eufemismos como “tropezón táctico” no ayudan a aclarar las cosas, por el contrario, dejan más dudas. Es totalmente cierto que no es la primera vez que se falla en el intento de detención de un capo, el más claro y sonado fue el 1 de mayo de 2015 cuando se intentó detener el “Mencho en Jalisco”, pero la novedad de este “tropezón”, y fue lo que los medios exigieron que se aclarara, es que se tenía detenido al objetivo y por falta de una buena preparación y coordinación se puso en riesgo a la población civil. Son demasiados muertos y heridos para un “tropezón”.

Tercero: Cuando todos los medios, incluso los que el Presidente creía cercanos, critican el operativo, y la lectura es “sacaron el cobre”, no hay más que de dos sopas: o hay una negación de la realidad, que no me parece que sea el caso, o Presidente está construyendo un enemigo político. Ayer, cuando ya no pudo contestar la andanada de preguntas de los reporteros, repitió la historia de Madero y la prensa fifí, que tiene mucho de cierto y un buen cacho de interpretación. Lo que los medios hicieron en este caso específico (que nada tiene que ver con la Decena Trágica) fue obligar al Presidente y a su equipo a dar información que de otra forma no habrían dado. Lo que vimos en estos días fue el resultado de una prensa haciendo su trabajo, una prensa que no “muerde la mano de quien le quitó el bozal” porque nadie, sino el esfuerzo y batalla de años de decenas de periodistas, otorgó esa libertad. Es al revés: si hoy López Obrador es Presidente se debe en alguna medida al trabajo profesional de esos periodistas que hoy tanto le incomodan.

El regreso de Alfonso Durazo al servicio público, después de su renuncia pública y mediática a la secretaría particular de la Presidencia con Vicente Fox, da visos de que apunta hacia una pauta comportamental similar.

Ante el polémico caso de Culiacán, donde la Guardia Nacional –que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Durazo– incurrió en errores de falta de planeación y comunicación con las secretarías de la Defensa Nacional y Marina (que se vieron mediáticamente tocadas por los yerros de la Secretaría de Seguridad sin tener una responsabilidad directa, pero sí un señalamiento público como si se hubiera tratado de un operativo mal planeado con la Sedena y la Semar, que no fue el caso), el hilo conductor de Alfonso Durazo es el del error y la ambición personal como norma de conducta.

Es verdad que el secretario de Seguridad no tiene conocimiento alguno ni experiencia en el tema, pero tampoco ha tenido la pertinencia de rodearse de expertos reconocidos en esa delicada tarea. Peor aún: en la Secretaría existe una estructura paralela –los amigos de Durazo, cuya virtud es su lealtad personal sin los perfiles mínimos necesarios para esa función– y los institucionales que tienen experiencia en el terreno, pero están encapsulados, sin capacidad de desplegar sus habilidades ni ser escuchados.

En suma, hay un problema grave de dirección porque –como lo he reiterado en otras ocasiones– Durazo no sabe que no sabe. El caso Culiacán, donde se fue por la libre, pensando erróneamente que habría de reivindicarse frente a propios y extraños como un hombre de talento y habilidades válidas para cualquier cargo público, de nuevo enfrentó la terca realidad que le demuestra que sus capacidades no son las adecuadas para una posición de tal envergadura, menos en una zona que tiene todo menos confort.

A la natural pregunta de la prensa sobre si renunciaría a la Secretaría, Durazo respondió con una frase retórica: “No se renuncia, se asume la responsabilidad”. ¿Qué significa eso? De entrada, un desconocimiento del derecho mínimo. Ni la Constitución ni la ley disponen en ningún artículo que el cargo de secretario de Seguridad no es renunciable. Sería un despropósito que alguien estuviera contra su voluntad en un cargo público, como si se trata del servicio militar estadunidense.

Esa primera parte de la respuesta no encuentra sustento en la normatividad y sí deja en claro que Durazo antepone su ambición personal al interés público. La segunda parte de la respuesta es igual de desafortunada: “Se asume la responsabilidad”. Esta expresión no tiene ninguna consecuencia jurídica. No está tampoco prevista en sus términos ni en la Constitución ni en las leyes. En otras palabras, quiere decir que, de acuerdo con él, no incurre en ningún supuesto de ilícito administrativo o delito penal. ¿Qué sanción prevista en la norma trae consigo “asumir la responsabilidad”? Ninguna. La respuesta es un giro lingüístico que no dice nada. En realidad fue una salida efectista para salir del paso sin responder a la interrogante.

Si Durazo tuviera la mínima ética pública hubiera presentado su renuncia con carácter de irrevocable y dejado fuera de esa polémica al presidente López Obrador, si en verdad estuviera comprometido con el proyecto presidencial que día con día recibe críticas, la mayor parte sin razón; pero acciones como las del secretario se convierten en pasivos que no debieron haber ocurrido.

Por el contrario, Durazo dejó que el presidente de la República asumiera el costo político y él se refugiaba en la contradicción y en la emisión de frases creadas para no decir nada. El país necesita respuestas y resultados, no explicaciones de por qué no se han podido hacer las cosas en materia de seguridad.

La figura de Alfonso Durazo es inversamente proporcional al funcionario eficaz y honesto que un reto de esa magnitud requiere. Es previsible que más temprano que tarde este espontáneo en el mundo de la seguridad y divorciado de cualquier reconocimiento académico habrá de salir por el daño que le hace al servicio público. El problema es que cada día que pasa es un tiempo perdido que agravia a la sociedad mexicana. Deben prevalecer los mejores intereses del país sobre cualquier consideración personal y de grupo, especialmente cuando el yerro es la huella digital de este servidor público que, en los hechos, se sirve sólo a él mismo.

Muy retador, Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California, desafía a todo aquel que cuestiona la ley que le ampara quedarse cinco años como gobernador de Baja California y no 2 años como estaba previsto en la elección que ganó como candidato de Morena.

“Que me demuestren que estoy violando alguna ley. Mejor que acepten su derrota. No saben perder”, es lo que repite desde que ganó la elección y luego de que la anterior legislatura del Congreso bajacaliforniano aprobara la famosa Ley Bonilla que le permite ampliar su gobierno tres años.

Este empecinamiento nada tiene que ver con el carácter que identifica a la gente del norte del país, parece que responde más a una serie de intereses que adquirió en campaña con ciertos personajes con un historial negro que a los pocos ciudadanos que lo eligieron en un proceso que se caracterizó por un abstencionismo del 70 por ciento, el más alto en la historia electoral del estado.

Uno de estos personajes es Humberto “Pato” Valdez Ramos, integrante de su equipo de trabajo, quien ha sido señalado de haberse desempañado como abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Otro personaje que apareció al lado de Bonilla es Xicoténcatl Leyva Mortera, último gobernador del PRI en la entidad y quien dejó una estela de corrupción, nepotismo y represión durante los años en que gobernó el estado (1983-1989).

Con sus propios antecedentes y los de algunos de sus allegados, Jaime Bonilla es ahora un problema para Andrés Manuel López Obrador quien ya anunció que no asistirá a la toma de protesta prevista para este viernes 1 de noviembre.

Hasta el 28 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha admitido cinco controversias constitucionales contra la “Ley Bonilla”. Los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como el gobierno saliente de Baja California presentaron dichos recursos.

El hecho de que Bonilla asuma sus funciones el 1 de noviembre no significa que la Suprema Corte realice el estudio oportuno de su validez, como se plantean en las cinco demandas.

Por tanto, Jaime Bonilla aún no puede cantar victoria puesto que la acción de inconstitucionalidad no se tiene que resolver antes de que rinda protesta como gobernador, ya que la impugnación a la famosa Ley Bonilla continuará surtiendo efecto y la sentencia respectiva de la Suprema Corte tendrá vigencia.

Por cierto, Bonilla, empresario de los medios, es un caso único en la política mexicana. Cuando tenía la ciudadanía norteamericana fue militante del Partido Republicano al que pertenece Donald Trump, luego ya como mexicano estuvo en las filas del Partido del Trabajo y luego se pasó a Morena en donde recibió el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para ser legislador, delegado del gobierno federal y, finalmente, candidato a gobernador.

De agresor sexual a cónsul

Víctor Alberto Barreras Castro, nombrado cónsul en Las Vegas por el Gobierno de López Obrador (SRE Comunicado 20/09/2019), fue detenido el 6 de mayo de 2011, luego de que el juzgado cuarto de primera instancia de lo penal de Ciudad Obregón, Sonora, girara orden de aprehensión en su contra por el delito de estupro (relaciones sexuales con menores de edad), de acuerdo con el expediente número 141/2011 que obra en mi poder. La víctima de Barreras, cuyo nombre me voy a reservar para proteger su privacidad, tenía 14 años; él 24 años. Barreras quedó libre tras el pago de fianza.

En Estados Unidos, donde el ex Vicepresidente interino de Morena en Cajeme pretende ser cónsul, el estupro es un delito penal grave. Conocido como “statutory rape” (violación tipificada), ha sido condenado por el movimiento Me Too. En meses recientes, ese tipo de delito sexual acaparó titulares en torno al escándalo del millonario Jeffrey Epstein quien fue acusado de dirigir una extensa red clandestina de sexo con menores. Epstein se suicidó en prisión.

La denuncia contra Barreras, interpuesta por la madre ante el juez Octavio Castrejón Martínez, consta de declaraciones testimoniales de la querellante, el padre y la tía-madrina de la víctima, y de la madre del inculpado, así como dictámenes de ginecología practicado por dos peritos que concluyeron que el himen de la menor había sido desgarrado y otro de psicología que da cuenta de secuelas emocionales a consecuencia de la “agresión sexual”.

El inculpado se reservó el derecho a declarar ante el juzgado indicando que lo haría posteriormente por escrito. Sin embargo, en su declaración testimonial, Olivia Castro Pérez, madre del acusado, dijo que el 12 de enero de 2011, cinco días después de la agresión sexual, “su hijo le confesó” que tuvo relaciones con la menor en el domicilio de la casa que tienen en Pueblo Yaqui.

La víctima era alumna de Barreras en la escuela Secundaria Técnica #56 de Ciudad Obregón donde ella estudiaba segundo año de secundaria y él daba clases de inglés como profesor suplente. Barreras la sedujo diciéndole que la quería, que le gustaba mucho, que cuando fuera mayor iba pedir permiso a sus padres para ser novios y que el sexo era para conocerse mejor. La agredida declaró que Barreras le enviaba mensajes con “palabras obscenas” y que poco a poco fue “metiéndole curiosidad para saber como se sentía tener relaciones sexuales”.

La menor declaró ante la autoridad judicial que el 7 de enero de 2011, Barreras la recogió en su auto en el lugar acostumbrado (una gasolinera) y que sin decirle a dónde iban la llevó a la casa de su madre en Pueblo Yaqui donde la “penetró con su pene en su vagina”. Usó condón. Añadió que tuvo relaciones sexuales con él porque la “convenció y le gusta y lo quiere”.

Con base en los testimonios, los dictamines de peritos y la inspección ocular y fe ministerial del lugar de los hechos, el juzgado acreditó fehacientemente los requisitos probatorios del cuerpo del delito incurrido por el inculpado: conducta de acción consistente en tener cópula, cópula con una mujer menor de 18 años y seducción destinada a vencer su resistencia psíquica o moral para obtener la cópula con la víctima.

La demanda contra Barreras terminó en sobreseimiento. Los padres aceptaron el pago de reparación de daños por un monto desconocido. Sin embargo, de acuerdo con especialistas consultados, el arreglo no exime a Barreras del delito de estupro que acreditó el juzgado. Sólo significa que se salvó de cumplir una condena de dos a cuatro años de prisión.

El dilema de las ciudades

Durante los siguientes años, a nivel mundial las ciudades continuarán poblándose cada vez más, de tal manera que se ha pronosticado que para 2050 tres cuartas partes de la población mundial habitarán en centros urbanos. Eso es una cuestión que ha mantenido preocupados a especialistas en la materia y que figura ya en el radar de muchas autoridades y gobiernos en diversos países. Y con justa razón, ya que la forma en que se planean las ciudades es determinante para garantizar el acceso a servicios y entornos que ofrezcan una calidad de vida digna e igualitaria a sus habitantes. De ahí que la ONU haya establecido el día 31 de octubre como el Día Mundial de las Ciudades.

Si bien los fenómenos de urbanización se entretejen a partir de diversos componentes, la movilidad es un aspecto clave cuando se trata de encaminar las ciudades hacia un desarrollo que mantenga un balance con el medio ambiente y genere bienestar para sus habitantes. El caso de las ciudades mexicanas aún nos deja mucho de qué hablar y sobre todo, qué desear. Los espacios urbanos que heredamos de generaciones anteriores son entornos sumamente desiguales e, incluso, discriminantes debido al modelo bajo el que han crecido. De manera fundamental, porque su infraestructura se ha hecho para favorecer el uso masivo del automóvil, lo cual ha generado la actual crisis de mala calidad del aire, de daños a la salud y de condiciones humillantes de traslado para millones de personas.

De ahí la necesidad de generar espacios en los que la calidad de vida se vea favorecida por un modelo de ciudad que apueste por amplios sistemas de transporte público que sean seguros, eficientes y que sean impulsados por energía eléctrica para lograr estándares de sustentabilidad. Lo cierto es que la necesidad de tales medidas son ya del conocimiento de muchas autoridades, incluyendo gobernadores, presidentes municipales y demás funcionarios públicos responsables de implementarlas. Incluso en el discurso oficial muchas veces hablan de ello, el problema es que a la hora de los hechos se quedan muy cortos.

Al analizar el estado de las 7 zonas metropolitanas más contaminadas por fuentes móviles del país respecto a esta cuestión (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Querétaro y Pachuca), se puede notar que la inversión pública para la movilidad sigue siendo destinada en su mayoría a favorecer el uso del automóvil. Mientras, se continúa dejando en un notorio rezago a alternativas de transporte que han probado ser verdaderas soluciones, principalmente el transporte público y la bicicleta.

Desde hace décadas los gobiernos de muchas ciudades vanguardistas del mundo decidieron priorizar la optimización de sus sistemas de transporte público como un medio para generar mayor calidad de vida y desarrollo. El transporte público óptimo se ha convertido en un reflejo del buen funcionamiento urbano y social. Mientras tanto, en México aún tenemos que hacer activismo para que los gobiernos se atrevan a hacer algo, porque a todas luces sus avances siguen siendo insuficientes.

Morena: una elección cerrada

La elección para presidente de Morena puso de mal humor al Presidente López Obrador. Cuentan los que estuvieron en ese encuentro, que regañó a los superdelegados por usar sus atributos y los programas sociales para operar dentro de la elección del partido.

Lo que sorprende es que le sorprenda, que espere algo distinto de una estructura política que él mismo creó para favorecer a los candidatos de Morena. Si la decisión fue poner a operadores políticos al frente del manejo de los programas sociales en cada estado, si optó por los más grillos y no por los más técnicos, el resultado esperado es que hicieran grilla, no un manejo pulcro y sistemático de los programas.

¿Se le está haciendo bolas el engrudo al presidente en Morena? Definitivamente nadie esperaba los niveles de violencia y mano negra que hemos visto en las jornadas de selección de representantes a la asamblea.

El memorándum ordenando que nadie se meta desde el gobierno a operar elecciones, que es el equivalente el regaño de “fuchi-guácala” y “sicarios háganles caso a sus mamás”, tiene por objeto mandar una señal de advertencia, poner límites y recordar que siempre es posible el rebosazo.

Todos saben, pero el Presidente más que ninguno, que hoy por hoy Morena es López Obrador y López Obrador es Morena. No hay otra definición posible. El partido sin el Presidente es un cascarón vacío, hueco e inservible, de ahí la amenaza permanente de López Obrador de que, si las cosas en el partido no caminan o comienzan a estorbarle en su proyecto, lo deja.

Por supuesto, estamos muy lejos de que eso suceda. Antes está la intervención del Presidente para poner a todos en orden y decidir, como ya lo sugirió, por la vía de encuestas (esas que solo las conoce su dedito). La pregunta es quién es el que más le conviene al Presidente en esta coyuntura.

El encono mayor está entre el grupo de Bertha Luján y el de Yeidkol Polensky. La primera representa un proyecto mucho más ideológico y tiene de su lado al operador de los padrones de los programas sociales, Gabriel García.

 La segunda representa el pragmatismo puro y duro, la máquina electoral, la rentabilidad no importa cómo ni de donde vengan los candidatos. El tercero en discordia es Mario Delgado, apoyado por los políticos más hechos del partido y que representa la posibilidad de mostrar una cara presentable, de mayor solidez intelectual.

El problema es que ninguna de las tres corrientes por si sola tiene futuro. En cualquiera que sea el proyecto político los tres necesitan a los otros dos y el Presidente lo sabe mejor que nadie. Su tarea será acomodarlos. Conseguir la comunión en un partido que, pese a su corta edad, ha manifestado muchas mañas, se ve una tarea, cuando menos, muy compleja.

Cuanto más avanza la contienda al interior de Morena más convencido estoy de que será una elección cerrada, que al final se decidirá por un solo voto: el de López Obrador.

La reforma del Poder Judicial, “con y para” la gente

Al inicio de semana, en lo que asemejaba una mesa cuadrada, representantes de nuestras instituciones anunciaron la “reforma con y para el Poder Judicial”. En el discurso, todos los mensajes habituales; en el fondo –y por supuesto sin haber estado presente–, me quedé con la impresión de que faltaron las voces de quienes todos los días acudimos a los tribunales para defender nuestros derechos.

Desde el nombre de esta iniciativa y las actitudes de las personalidades invitadas, me parece que continúa la inercia de pensar que tienen las atribuciones y los atributos suficientes como para dirigir aquella reforma sin considerar seriamente las demandas de las personas y comunidades para las que trabajan. Obvio, no faltarán ciertos foros especializados para que la gente de siempre, haga sus aportaciones, pero ojalá nos sorprendan y convoquen a más personas defensoras.

En cualquier caso, desde este espacio alejado del sistema político y las pasarelas del mundo judicial y académico, sin mayor ánimo que el de compartir opiniones, me permitiré plasmar algunas ideas para los debates públicos por venir. De entrada, dos temas evidentes: uno, la exclusión del ejecutivo federal en las designaciones de quienes integren la Suprema Corte de Justicia no compensa que se acorte el período de la función a seis años; y dos, hay confianza desmedida en la representatividad del Senado como para otorgarle el papel protagónico en la conformación del órgano que administrará, vigilará y disciplinará al Poder Judicial.

Desde diferentes facetas en mi vida, puedo decir que he atestiguado durante toda mi carrera profesional el desarrollo de la gran reforma judicial del año 1994. La verdad, estoy convencido de que los quince años que dura la responsabilidad como integrante de nuestra Corte, propició que en su primera etapa se tomara conciencia de su función como Tribunal Constitucional, y desde entonces concedió un grado de independencia para desempeñar ese rol, alejada de tiempos políticos.

En cuanto a fortalecer al Consejo de la Judicatura, separarlo del liderazgo de la Corte y lo demás, todo correcto, pero sin intervención de otro poder. El Senado en los últimos 25 años ha dejado constancia del peso de los acuerdos políticos por sobre el resto de consideraciones. Simular consultas y ejercicios de participación que al final no llevan a nada, se les ha facilitado durante todo ese lapso. Nuestra Constitución debería asegurar que para administrarse y vigilarse, el Poder Judicial solamente se respalde en sus integrantes, y de mayor trascendencia, en la gente.

Quizá algún día podamos confiar en que las personas comunes tenemos la capacidad de elegir, sin presencia partidista, a las máximas figuras del poder al que encomendamos la defensa y garantía de nuestros derechos fundamentales. Y sobre todo, exigir para él la creación de mecanismos de rendición de cuentas efectivos. Pero mientras llega ese día, tengo una ocurrencia más que compartirles.

Si van a reformar otra vez la Constitución, transformen nuestro juicio de amparo. Despojado de todo ego jurídico, pienso que el amparo tiene una función elemental: preguntarle al Poder Judicial si un acto de cualquier autoridad viola derechos humanos, y por tanto, resulta inconstitucional. Claro que quienes litigamos damos argumentos, pero al final, en mi experiencia, los tribunales deciden lo que quieren.

Si buscan reformar al Poder Judicial para la gente, hagan del amparo el recurso más sencillo, más accesible, más breve, más adecuado y efectivo, posible. Que no existan causales de improcedencia, para hacer inadmisible el juicio. Que pueda cuestionarse a toda autoridad, sin excepciones –incluidos poderes particulares–. Que pueda combatirse toda actuación u omisión. Que pueda accionar cualquiera.

Nadie por encima de la Constitución, ninguna violación a derechos humanos tolerable. Una idea tan simple y poderosa, llevada a la práctica en el amparo. Tenemos el derecho a preguntarle al Poder Judicial, en cualquier tiempo, si algo contraviene nuestros derechos. Y tienen la obligación de estudiar y de responder. Esa sí que sería una reforma para la gente. ¿Tenemos autoridades de esa altura?

Capitulación y derrota moral del Ejército

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador asume la responsabilidad política -no podía ser de otra manera-, la inaudita rendición de los militares en Culiacán ante el amago de la delincuencia organizada ha provocado malestar al interior del Ejército mexicano.

No hay nada peor para un Ejército que ver a su Alto Mando rebasado en una operación militar. Porque eso fue la frustrada detención del ahora famoso Ovidio Guzmán, en la que participaron elementos de la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, y de la Guardia Nacional, integrada en su mayoría por militares que llevan diferente uniforme y gafete.

Una batalla perdida de esa manera baja la moral. Y no faltan quienes entre los uniformados cuestionen el liderazgo tanto del jefe del Ejército, como el del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas; es decir, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, y el presidente de la República, López Obrador. Tal es la inconformidad que en los cuarteles se ha prohibido hablar del tema.

Después de casi 13 años de guerra, declarada o no, contra el narcotráfico, perder una batalla como lo hizo el Ejército mexicano, con ataques a su cuartel en Culiacán y amenazas a sus familiares en la zona habitacional castrense, echa por los suelos el ánimo de la tropa.

Cuando el expresidente Felipe Calderón decidió en diciembre de 2006 sacarlos de sus cuarteles en su guerra franca al narco, mucho se insistió en los costos que podría tener esa decisión para las Fuerzas Armadas, la población civil y el propio Estado mexicano, pues el presidente estaba recurriendo a la última línea de fuego de cualquier país.

Hoy sabemos que, rebasada esa última línea, lo que queda es la capitulación. Tal y como ocurrió en Culiacán el jueves 17, cuando civiles armados demostraron sus capacidades tácticas y estratégicas, anulando en ese centro urbano el monopolio de la fuerza que antes tuvo el Estado mexicano.

Aunque al momento de repartir culpas el más señalado ha sido el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, el general Sandoval no es ajeno a la capitulación. Forma parte del gabinete de seguridad que acordó liberar a Ovidio Guzmán y solicitó el aval presidencial.

Si el operativo fue mal planeado, como justifica el gobierno, la responsabilidad también recae entonces en el Ejército, pues tropas de la Novena Zona Militar participaron en la detención. Esa jurisdicción castrense está bajo el mando del general Maximiliano Cruz Ramos. Su superior es el comandante de la Tercera Región Militar, el general Carlos Ramón Carrillo del Villar, quien rinde cuentas al general secretario.

En el gabinete de seguridad que propuso soltar al hijo del Chapo participa también el viejo amigo del presidente, el general en retiro Audomaro Martínez, el titular del Centro Nacional de Inteligencia, institución llamada no solo a proveer información, sino a anticiparse a escenarios como el ocurrido.

La decisión de capitular en Sinaloa colocó a varios jefes militares en ese supuesto, aunque podrán alegar que cumplieron órdenes cuando el presidente otorgó su aval para entregar a los suyos al hijo del Chapo Guzmán.

La era de la ira

El mundo se está volviendo loco. Esto es, al menos, lo que percibe una buena parte de mi generación, la que creció sin internet y se encontró con las redes sociales ya entrada en la adultez. A nosotros se nos enseñó que la razón debe embridar a la pasión y guiar las principales decisiones de la sociedad políticamente organizada. Aprendimos que las emociones juegan un papel importante en la vida personal, pero que nunca deben desplazar al raciocinio en el terreno político. Nuestra concepción de la cosa pública se desarrolló antes de que el prefijo “post” se posicionara a empellones frente a palabras axiales como verdad, democracia y liderazgo. A nadie debe sorprender, pues, que nos gane la perplejidad.

Hace falta una reflexión retrospectiva. Ya nadie cuestiona que la corrupción atrofió los mecanismos de representación, desacreditó el discurso racional y, de hecho, desprestigió por completo la ortodoxia democrática. Algunos dudan del agregado que hacemos los socialdemócratas en el sentido de que la indignación se incubó en el aumento de la desigualdad de sociedades globalizadas a las que la democratización del conocimiento ha vuelto más exigentes. Y pocos se atreven a sugerir que los excesos de la corrección política y de la globalización erosionaron el triunfo cultural del derecho a la diferencia y trajeron una resaca de xenofobia y racismo. Pero ni validando todos esos argumentos alcanzamos a explicar lo que estamos presenciando. ¿Donald Trump llegó al poder porque la gente está harta de los corruptos y detesta a los ricos? ¿Jair Bolsonaro es producto de una mayor exigencia? ¿El Brexit fue resultado del rechazo a la inmigración?

Evidentemente hay algo más profundo, quizá escondido tras uno de los movimientos pendulares de la humanidad. Veamos. Hace casi dos siglos Augusto Comte empezó a escribir su Curso de filosofía positiva. Plasmó en esa obra su teoría de los tres estados de la evolución humana, el teológico, el metafísico y el científico o positivo, y de paso fundó la sociología. Su pensamiento tuvo una enorme influencia en el mundo, empezando por América Latina. En México fue uno de sus discípulos, Gabino Barreda, el elegido por Benito Juárez para edificar el proyecto educativo nacional que habría de arraigarse durante el Porfiriato; en esta fuente abrevaron sus principales intelectuales orgánicos, con otro educador –Justo Sierra– a la cabeza de un conspicuo etcétera. Y en Brasil el positivismo llegó aún más lejos: construyó templos y legó al país su lema, “orden y progreso”.

Entre el enojo gregario y la violencia solo media un paso de obnubilación. No es, por cierto, un problema generacional, pues la exasperación se da en todos los grupos demográficos. Lo que debemos hacer los miembros de mi generación que porfiamos en invocar el tamiz de la razón es un mayor esfuerzo para discernir el origen de la locura e ir a la raíz de la crisis. Hay escenarios espeluznantes que podrían hacerse realidad en el futuro previsible. En la película Joker, que pese a deficiencias en su trama rompe récords de taquilla, podemos vislumbrar uno de ellos. Una mezcla de marginalidad, sed de venganza y sociopatía engendra un antihéroe aclamado por la multitud. Quien lo crea una exageración haría bien en observar con atención los estragos de la posverdad, la posdemocracia y el posliderazgo en Estados Unidos y en otros países. Vivimos tiempos indescifrados en que la revancha anárquica y una pulsión nihilista parecen pesar más que el afán de justicia social. Es en serio: urge detener la gestación de la era de la ira.