Categoría: Editorial

Dr. Trinidad Zamacona López

Para nadie es ajeno que a la iglesia se le permitió meterse en política, opinar y hasta sugerir que el actual gobierno de Evelyn Salgado se reúna con grupos fácticos para pacificar el Estado. Los dos arzobispos el de Acapulco y el de Chilpancingo, se han metido a mediar sin que nadie del gobierno se los pida, del otro lado los usan como mensajeros, de que se sienten a negociar antes de que la población sea aterrorizada con tantos descabezados y descuartizados que dejan en las principales ciudades de la entidad.

Las autoridades deben de tener muy claro para lo que fueron electas, basta que le den una leidita a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la del estado de Guerrero, para no cometer el error de la presidenta municipal de la capital al declarar que la seguridad no depende de las instituciones, sino de nosotros. La seguridad pública de acuerdo con el artículo 21 de la Carga Magna, es una función de la Federación, los estados y los municipios, y tiene como finalidad el de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Si esto no les queda claro, lo podemos entender de la siguiente manera: En ningún momento dice que para alcanzar la paz se va a utilizar a interlocutores con los grupos fácticos, o a la iglesia, jamás se ha hecho, por eso cada quien en su actividad y con las atribuciones que a cada quien la ley suprema les confiere, en ese sentido la seguridad pública comprende la prevención, (Municipio) investigación y persecución de los delitos, (Fiscalía General de la Republica y la de los Estados) así como la sanción de estos (Poder Judicial de los Estados) entonces la responsabilidad es compartida.

Pero tanto la Gobernadora, el secretario general de gobierno y el propio Senador Félix Salgado, ya se pronunciaron al respecto, cero pacto de impunidad en lo oscurito, están en lo correcto, reunirse con ellos es ceder o estar de rodillas ante unos grupos que realizan actos que están fuera de la ley, la estrategia de seguridad pública debe de dar frutos de manera inmediata, se podrá decir que llevan poco tiempo en el poder, pero el incremento de los delitos van a la alza y estos deben de parar, no es lo mismo el delito común que estos hechos criminales de sangre, o se aplican en lo que los faculta la constitución o se verán rebasados, y eso el pueblo lo ve, urge una sacudida para dar resultados.

En nuestro país se nos faculta estar armados para la legítima defesa en casa, pero también se nos prohíbe hacer justicia por propia mano, como ven no es cuestión de que estemos todos armados, es cuestión de que la autoridad nos brinde la seguridad pública y la paz social, para eso fueron electas y están facultadas para hacer todo lo que esté a su alcance para lograrlo.

De ahí que el Estado de Derecho debe de prevalecer ante cualquier sugerencia de quienes no representan al estado. Por el contrario, esos interlocutores están corriendo un grave riesgo, porque están haciendo acuerdos sin tener ninguna responsabilidad con las instituciones.

El gobierno anterior nunca les hizo caso con esas ocurrencias de sentarse a dialogar con esos grupos fácticos. Porqué no piden que el gobierno se siente a platicar con las víctimas de los delitos, con los familiares de los desaparecidos, eso no lo piden porque no es de su interés. La iglesia su función principal es la transmisión de valores e ideologías, fomentar el servicio a la comunidad, la enseñanza de la teología pastoral, que se deriva en sus tres vertientes, función docente, pastoral y sacerdotal, entonces su función como intermediarios para alcanzar la paz con esos grupos no está dentro de sus funciones.

El Estado de Derecho se debe de entender como un principio de gobernanza, es decir que quien aplique el orden jurídico esté legitimado para hacerlo. Fueron electos con el voto popular, esa es la legitimidad, que exista un orden jurídico. Sus facultades están establecidas en la constitución y en la leyes, que a los gobernados se les respeten los derechos humanos y las garantías de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, equidad y propiedad, pero también comprende la separación de poderes.

Por lo tanto, todos debemos de vivir en un Estado de Derecho, hasta el propio Estado, los funcionarios públicos solo deben de hacer lo que les permiten las leyes, y el gobernado someterse al orden que establecen las mismas con respecto a sus derechos humanos, para que ese estado de derecho se haga realidad.

Jorge Zepeda Patterson

Ómicron, la nueva variante del Covid, podría ser el nombre de una serie de televisión o de una novela futurista. Y en cierta manera lo es. Lo poco que aún se sabe de esta versión surgida en África es que tiene una capacidad de mutar muy superior a la de sus predecesoras. Eso significa un futuro plagado de incertidumbre. Por lo pronto, el solo anuncio de su existencia sacudió a las bolsas el viernes pasado y provocó la suspensión de vuelos desde África a buena parte del resto del mundo. A las medidas restrictivas que diversos países de Europa venían adoptando de cara al invierno y a la cuarta oleada de la pandemia, se suma ahora la enorme incógnita que Ómicron representa. Y ya era preocupante el anuncio de hace unos días de que el efecto de la doble vacunación se debilita aceleradamente pasados seis meses.

Habíamos aceptado que el Covid llegó para quedarse, pero dábamos por descontado que lo peor había quedado atrás y que en lo sucesivo constituiría una especie de Influenza más rigurosa, una enfermedad más molesta que mortal, gracias a las vacunas y al desarrollo de remedios para los síntomas. Pero esa presunción se está haciendo trizas rápidamente.

En las últimas horas los laboratorios han anunciado análisis de emergencia para asegurar que las vacunas que se encuentran en circulación siguen vigentes frente a esta nueva variante. Lo sabremos a ciencia cierta dentro de algunos días. Pero incluso si así es, la rapidez de mutación de Ómicron podría poner en duda, una y otra vez, tal garantía. Hasta ahora la Organización Mundial de la Salud, OMS, había designado las variantes de COVID con las letras del alfabeto griego en orden descendente: Alfa, Beta, Gamma, Delta. Por alguna razón decidió ahora saltarse varias de estas letras y llegar a la O, 15 de la lista, (Ómicron es la O breve, Omega la O larga). Pero a estas alturas está claro que, como los nombres de los ciclones que van agotando el santoral, nuevas variantes irán asumiendo otras letras griegas, lo cual nos condena a vivir con la esperanza de que ninguna de las siguientes versiones rompa el relativo blindaje que ofrecen las vacunas vigentes.

Sin ánimo de ser catastrofista, la biología no hace distingos ni existe un impedimento bíblico que impida una eventual mutación a algo mucho más letal para los seres humanos.

En ese sentido nos encontramos en una carrera contra el tiempo: acotar la reproducción del Covid antes de que surjan variantes aún más peligrosas. Por desgracia, el egoísmo de los seres humanos se convierte en nuestro peor enemigo. No es casual que las dos últimas mutaciones hayan surgido en India (Delta) y en África (Ómicron), regiones donde los niveles de vacunación son particularmente bajos. En las densas poblaciones de estas zonas el Covid encuentra un enorme campo de expansión y, en esa medida, de mutación incesante.

Los países más ricos han actuado de manera unilateral, haciendo lo necesario para salvarse a sí mismos sin darse por enterados de que vivimos en una burbuja planetaria. Delta requirió unas pocas semanas para convertirse en la variante predominante en Occidente a partir de su primera detección en el sudeste asiático. Con Ómicron está sucediendo aún más rápido. Este sábado varios gobiernos informaron haber detectado casos documentados en territorio europeo. Las potencias tendrían que haber entendido que la salud de un alemán, un sueco o un neoyorquino es tan frágil como la indefensión en la que vive un nigeriano o un paquistaní. La solución final contra el Covid es planetaria o no es.

El acaparamiento de las vacunas en las sociedades occidentales y sus remilgos para participar en una ayuda humanitaria que ponga a disposición de los países pobres una solución, más allá de lo testimonial o simbólico, se está volviendo en contra de los habitantes de las propias potencias.

La crisis de salud tomó al mundo por sorpresa a principios de 2020; los gobiernos reaccionaron con las inercias que estaban vigentes en un orden pre pandémico. Pero ahora tal estrategia está condenada a fracasar frente a los datos que comienzan a surgir y la amenaza de un nuevo ciclo de contagios. Tendríamos que asumir la lección y entender que nos encontramos ante una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor.

Pero no solo tendría que cambiar la estrategia planetaria para enfrentarlo. Los gobiernos también tendrían que hacerlo de manera distinta al interior de sus propias fronteras.

En México se montó una logística de vacunación bajo la lógica de que se trataba de una intervención de emergencia y extraordinaria. Nada para presumir, pero se logró un cometido aceptable (ligeramente por debajo de Brasil, Colombia, Argentina o Turquía países con los cuales podría compararse).

Pero los nuevos datos revelan que el Covid llegó para quedarse y con él la necesidad de nuevas y reiteradas vacunaciones masivas. Lo que creíamos sería una campaña de una vez y para siempre de erradicación del virus, se convertirá en una tarea permanente de una forma u otra. Esto entraña una nueva estrategia. Por un lado, para no utilizar enormes contingentes de brigadas extraordinarias, ni hacer uso de escuelas y edificios públicos que se han reintegrado a sus rutinas. Y por otro, para permitir a los ciudadanos recurrir a la vacunación en farmacias o clínicas de barrio en cualquier momento, sin limitarlo a breves y restrictivos periodos.

Se entiende que el gobierno de la 4T haya asumido la responsabilidad absoluta del esfuerzo para inocular a la población a lo largo de 2021. Se trataba de un fenómeno demasiado intempestivo y desconocido. Pero ahora tendríamos que incorporar a la sociedad en su conjunto, sus recursos y su infraestructura, para hacer de la forzada convivencia con este virus una tarea de todos. Habrá que aprender a vivir con el Covid, si es que queremos vivir, punto.

Martín Moreno

Furioso por el reportaje de Latinus (63) mediante el cual se descubrieron y revelaron las corruptelas del Ejército mexicano en la construcción de la Base Militar Aérea de Santa Lucía, López Obrador respondió fiel a su naturaleza: si tienes una uña mala, córtate la mano. AMLO ordena que obras y proyectos de Gobierno se mantengan bajo opacidad, sin transparencia, sin licitación pública y por asignación directa, con el fin de reservar información y evitar así que se siga exhibiendo la corrupción de la 4T. Es un decreto autoritario que nos ubica rumbo a una dictadura política.

De aplicarse el decretazo “por razones de seguridad nacional”, ningún ciudadano podría ampararse ante los atropellos del Gobierno. ¿Cuánto costarán las obras y quiénes las realizarán? Será imposible saberlo. Prohibido preguntar. Prohibido informar. Prohibido rendir cuentas. Prohibido ampararse.

López Obrador se ha percatado que a la mitad del camino, su Gobierno ha fracasado en economía, seguridad, crecimiento, salud, pandemia, medio ambiente, y en prácticamente todos los rubros y mediciones. Y eso nada tiene que ver con la popularidad presidencial: una cosa es la simpatía personal hacia el gobernante y otra, muy diferente, es la evaluación ciudadana respecto a la eficacia a la hora de gobernar. ¿Y cuál es el veredicto? La 4T sale reprobada en su gestión de Gobierno.

Y ante el fracaso, AMLO muestra no sólo autoritarismo, sino también desesperación con el decretazo autoritario. Y ello lo está llevando a cometer locuras dictatoriales que seguramente acabarán en la Corte.

Aún más:

Los armatostes presidenciales: la Base Militar Aérea de Santa Lucía (no es un Aeropuerto), el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, son proyectos-caprichos caros, inviables e ineficientes. AMLO lo sabe también y de ahí su obsesión de entregárselos al Ejército para que los construyan, vigilen, administren y exploten en lo financiero. Es parte de su estrategia para militarizar al país.

¿Cuál es el miedo de López Obrador?

Que ante el desastre de su régimen, Morena pierda las elecciones presidenciales de 2024 – algo cada vez más posible, probable y viable-, y que el nuevo Presidente (a), cancele sus onerosos proyectos. Por ejemplo: que Santa Lucía solamente se dedique a tareas militares, o aplicar a Dos Bocas una reconversión industrial para que deje de ser refinería, o bien, que el trenecito del sureste sea cancelado o concesionado por inviable. ¿Esto sería posible si la oposición gana la próxima presidencial? Sí, lo es.

¿Y cómo pretende AMLO blindar sus armatostes?

Entregándoselos al Ejército en custodia. Que sean los militares quienes le garanticen, más allá del 2024, que sus obras -es un decir- permanezcan y prevalezcan como legado histórico y que por ellas López Obrador sea recordado en la historia, a pesar de que los tres proyectos están condenados al fracaso.

¿Y cómo convencer a los militares de ser leales a AMLO más allá de su sexenio?

Mediante una vieja pero funcional fórmula: comprándolos con dinero. Sobornando al Ejército. Coptando a los altos mandos castrenses.

Hasta hoy, le ha funcionado.

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El honor del actual Secretario de la Defensa Nacional tiene precio.

El General Luis Cresencio Sandoval está a la venta.

El Ejército mexicano puede ser comprado por un político civil.

Sí: se vendió más rápido el General Secretario que el avión presidencial.

Porque cuando Sandoval llama a los mexicanos a ser parte de la autollamada Cuarta Transformación a través de un panfleto oral: “Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha…”, no sólo se está convirtiendo en mercenario con fusil, sino también, en vulgar matraquero de la 4T al hacer un exhorto público para pertenecer a un movimiento político, violando la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que en su Artículo 17, señala en su parte medular:

“Queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo, inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente…”.

El General Sandoval habla como militar pero opera como político. ¿Cómo?  Vendiendo lealtades a un partido a cambio de dinero.

A este Ejército encabezado por el soldado Cresencio Sandoval, el Presidente civil lo ha comprado a base de muchos millones de pesos. De miles de millones de pesos. AMLO les regaló a los militares los contratos para construir la Base Militar de Santa Lucía y ordenó que todos los beneficios de administración financiera se vayan a los bolsillos de los militares. Y algo similar ocurre con el Tren Maya. Con dinero, AMLO tiene en la bolsa al indigno Sandoval y a los generales, hoy convertidos en voceros del Gobierno en turno. Vamos, ni en los años dorados del PRI se veía tal abyección del Ejército hacia el Gobierno.

Sobornar al Ejército desde Palacio Nacional -para el Presupuesto 2022 se autorizó que los dineros para los militares crezcan en 22 por ciento-, no sólo ha degradado al propio Ejército y arrodillado a Sandoval y generales a los pies del Presidente. No. Ha ido más allá: ha fomentado la corrupción entre el propio Ejército y los civiles. Como nunca.

Allí está el valioso y revelador reportaje de la colega Isabella González en Latinus, bajo la conducción del periodista Carlos Loret de Mola, mediante el cual se comprueba que tras la revisión de 966 contratos en la construcción de Santa Lucía, se “encontró empresas fantasma, compañías acusadas de desvío de recursos que reciben contratos, proveedores dedicados a rentar juegos infantiles a los que les rentaron tractocamiones, y hasta un señor en una pequeña tlapalería que según los papeles, es el principal contratista del aeropuerto”, según explicó Loret. Es decir: corrupción, corrupción, corrupción.

Eso es precisamente lo que AMLO, el Ejército y la 4T, quieren evitar mediante el decretazo autoritario del lunes pasado: que ya no se sigan descubriendo y documentando los actos de corrupción del régimen y se hagan públicos en algunos medios. Es censura innegable.

¡Únanse a la cuatroté!, es el virtual grito de guerra del soldado Sandoval.

Así, el Secretario de la Defensa Nacional de México vendió su honor a cambio de dinero.

Y todo, por los miedos de López Obrador para 2024.

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A México se le está militarizando. Sí, como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua. Militarizar para proteger los excesos de los dictadores y lanzar la amenaza abierta, desnuda, en contra de opositores y ciudadanos: si te metes conmigo, te metes con los soldados.

El decreto de AMLO busca ubicar a nuestro país en la oscuridad financiera pública, en solapar la corrupción y la impunidad dentro del Gobierno, y en despojar a los mexicanos del derecho a la información pública.

México militarizado.

Ejército vendido.

Decretazo autoritario.

Y un Presidente entre delirios y locuras.

Adela Navarro Bello

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien se precia de ser democrático, respetuoso de la Ley, honesto, transparente, este lunes sorprendió con un decreto que lo hace ver todo lo contrario a lo que presume.

Publicó en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, un decreto para declarar “de interés público y seguridad nacional”, prácticamente todas las obras que realiza el gobierno de la República, y, además, instruir a las dependencias federales a otorgarles, a esos proyectos, todos los permisos, licencias o dictámenes necesarios para su inicio, sin cortapisa, en un plazo de cinco días, a partir de los cuales la resolución se toma en positivo.

A la letra, el decreto presidencial dice:

“Artículo Primero: Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

“Artículo Segundo: Se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.

“La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.

“Artículo Tercero: La autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva”.

Dos temas son los que ocupan y preocupan, por violentar otras leyes y derechos. El primero, el declarar todas las obras del gobierno de AMLO, “de interés público y seguridad nacional”, lo cual, en automático, blinda y reserva la información al respecto para el ojo ciudadano. Contratos, convenios, presupuestos, empresas participantes, desarrollo de la obra, financiamiento de la misma, todo, queda reservado por tratarse de un tema de “interés público y seguridad nacional”.

En una fracción reformada al Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el año 2014, quedó determinada tal premisa:

“I.- Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información”.

Así, aunque el presidente ha dicho que “esto no tiene nada qué ver con la transparencia, las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas”, la realidad es que sí. Está inscrito en la Ley que se reserva por razones de “interés público y seguridad nacional”, precisamente los dos conceptos que, en el artículo primero del decreto de López Obrador, se declaran las obras del gobierno de México.

En estas condiciones, después de la oposición y de algunas barras de abogados, fueron los consejeros del INAI, quienes acordaron presentar una controversia constitucional “con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo”, resolvieron en el pleno, el cual tiene un máximo de 30 días para presentar el instrumento legal.

El otro tema que ocupa, es el de eximir de los requisitos legales para la construcción de las obras, todos los proyectos del gobierno de López Obrador. Así lo decreta cuando instruye a todas las dependencias federales a que otorguen, de manera provisional en cinco días, los dictámenes, permisos o licencias que se requieran para el arranque de la obra. Además, que, a partir del quinto día, “sin que se emita una autorización provisional expresa, se considere resuelta en sentido positivo”.

El decreto del presidente López Obrador, es básicamente, un “hágase mi voluntad”, por encima de la Ley, de los reglamentos, de las competencias, la normatividad. El gobierno de la República, o uno estatal o municipal, deben, como las empresas y la iniciativa privada, cumplir con una serie, ciertamente extenuante, de requisitos en los tres órdenes de gobierno, para poder iniciar una construcción, además de cumplir con otros trámites para echar a andar la empresa de la que se trate.

López Obrador pretende con su decreto, que el gobierno de la República sea liberado de toda esa carga normativa e iniciar a construir a su libre albedrio, allende si incumple con el medio ambiente, con la certeza jurídica de la tierra, con las normas regulativas, con la seguridad social, la protección civil, el pago de derechos a otros órdenes de gobierno, y decenas de trámites más que se deben cumplir para, en un Estado de Derecho, contribuir a un desarrollo ordenado, justo y en armonía con el entorno social, político y económico.

Justifica el presidente que su decreto tiene dos objetivos que nada tienen que ver con la opacidad y la corrupción: “es un decreto para agilizar trámites, y que los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el tema ya, para que los trámites que tengan qué hacer sean más expeditos”, además para evitar “amparos”, pues dice que un amparo le puede detener la obra, y él tiene que terminarlas.

Ciertamente, en un Estado de Derecho la justicia estará con aquel a quien le asista la razón, y si no es el gobierno, por haber incumplido un requisito o violentado algún derecho, así se determinará, pero es evidente que el presidente no quiere atravesar por el camino de la certeza jurídica, sino por la ruta de su voluntad.

En relación a los trámites, lo más acorde sería que su gobierno simplificara todos esos trámites, requisitos, normatividad y regulación que existen para autorizar el inicio de una construcción o la apertura de una empresa, es una deuda pendiente del gobierno federal. Pero no, para el presidente es más fácil eximirse a sí mismo, como representante del Estado Mexicano, de cumplir con los requisitos de Ley, que cambiar la misma para favorecer a todos, a la inversión en general.

Desafortunadamente, el gobierno de la República, no solo el actual, actúa a su conveniencia y provecho, porque seguramente, si alguno de los antecesores de López Obrador, hubiese emitido tal decreto, él habría sido el primero en manifestarse, en dudar, en presumir opacidad y corrupción.

Ahora, es buen momento que preguntarse, en la práctica, dónde quedó la prometida transparencia, la honestidad, la máxima publicidad de los contratos del gobierno, el respeto a las leyes y a las instituciones, porque en estos momentos, impera más el “hágase a mi voluntad”, que otra cuestión.

Carlos A. Pérez Ricart

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) lleva varios días en la prensa y no por las razones correctas.

Hay que decirlo como es: el Gobierno federal lleva ya un tiempo maltratando a este centro público de investigación. Algunos dirán que por torpeza; otros que lo hace con premeditación y precisión milimétrica. Los más dirán que la institución es el blanco elegido por Palacio Nacional; otros vemos en la dirección de Conacyt la raíz y corazón de los agravios. Sobre los motivos reales del maltrato tampoco hay claridad. Lo cierto es que el maltrato existe: no verlo es no atreverse a mirar a los ojos.

La letanía de maltratos es larga y puede encontrarse en la hemeroteca con facilidad. Menciono algunos de los eventos que más escozor han causado a la comunidad: la extinción, ordenada desde Palacio Nacional, del principal fideicomiso dl CIDE; la ejecución por parte de Conacyt de una nueva normativa que precarizó (aún más) el Programa de Cátedras de esta institución y al cual están integrados varios de los investigadores más jóvenes (y más brillantes) del CIDE; la persecución por parte de la FGR contra investigadores del Conacyt y ex integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico bajo absurdas acusaciones de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero; la negativa de Conacyt por liberar —de una vez por todas— las reglas de operación de recursos obtenidos de manera externa por el CIDE y que ha provocado que la institución lleve más de un año incumpliendo obligaciones laborales establecidas en el contrato colectivo. Hay varios más, basta abrir los ojos.[1]

Es posible analizar esos eventos por separado e intentar justificarlos como una serie de desafortunadas impericias. Juntos constituyen, sin embargo, una serie de vejaciones que hace tiempo rebasaron el umbral de lo admisible. El último golpe llegó hace cuatro meses con la designación de un nuevo director interino no solamente ajeno a la comunidad, sino en las antípodas de muchos de los mejores valores de la institución.

Aunque el nuevo director interino describió sus tareas como administrativas y temporales, en el ejercicio de su poder ha mostrado todo lo contrario; debía ser puente entre el CIDE y la dirección del Conacyt; prefirió ser motor de desgobierno.

En solo cuatro meses el director interino removió de sus funciones administrativas  a la secretaria académica del CIDE (la segunda persona más relevante en la jerarquía del centro) y al director de la sede Aguascalientes de la institución. Además, en un acto que terminó por cimbrar a la institución, canceló indebidamente y sin fundamento la realización de las comisiones académicas dictaminadoras, una serie de reuniones estatuarias de la que depende el futuro laboral de varios profesores. Ese mismo director interino es uno de los dos candidatos para ser designado como director permanente del CIDE en los próximos días. El rechazo de la comunidad —alumnado incluido— es casi unánime.

Según se desprende del plan de trabajo del (todavía) director interino y de las poquísimas conversaciones que ha mantenido con miembros de la comunidad, este pretende eliminar la “visión neoliberal” con la que, según él, se analizan en el CIDE los problemas del desarrollo de México. Su perspectiva es, casi con seguridad, la misma que predomina en las oficinas de Conacyt, así como en Palacio Nacional.

¿Qué es posible y deseable buscar un nuevo equilibrio entre tareas de docencia e investigación? Sí. ¿Qué el nuevo contexto político debería llevar a la comunidad del CIDE a reflexionar sobre su vinculación con el resto de la sociedad? También. ¿Qué pueden repensarse mecanismos que promuevan un ingreso más plural y de un mayor número de estudiantes? Sí ¿Qué parte de la comunidad del CIDE se benefició de cierta cercanía con administraciones anteriores y ahora pide una paradójica sana distancia? Admitámoslo ¿Qué es necesario replantear el tipo de ciencia social que se enseña en los centros públicos de investigación? Estoy convencido. ¿Qué caben uno o dos pupitres más en cada salón del CIDE y que no estaría mal que esos pupitres estuvieran ocupados por más estudiantes de preparatorias públicas? ¡Sí, enfáticamente!

Lo que no es admisible es tener ese tipo de debates —sanos, incluso necesarios— a partir de políticas públicas mal enfocadas, decisiones arbitrarias y, sobre todo, desde la soberbia.

Lo más lamentable de la crisis que vive el CIDE es que quienes han desatado el maltrato no promueven un modelo alternativo de educación superior. Ni tienen un plan viable para reformar una institución que está lejos de ser perfecta, ni parecen capacitados para hacer mejor las cosas de lo que se había hecho hasta ahora. En sus argumentos predomina la falta de un diagnóstico adecuado, la caricaturización del modelo a combatir y la descalificación del adversario.

Hay quienes aplaudiríamos —y acompañaríamos con gusto— una reflexión amplia sobre los perversos incentivos que dominan la ciencia social en México (y a escala global), así como el tipo de métricas que suelen utilizarse para llenar de contenido los conceptos de excelencia, institución de élite y vanguardia. El tema es que quienes hoy maltratan al CIDE actúan desde la sordera y el maltrato gratuito —eso no podemos aplaudirlo ni acompañarlo; nuestra obligación es denunciarlo.

Si el plan es generar una crisis de gobernanza en la institución, el Gobierno federal va por el camino correcto. Si, por el contrario, se pretende abrir un debate amplio sobre el papel del CIDE —y otros centros públicos de investigación— en el México contemporáneo, es necesario rectificar; no hacerlo es conducir al caos. Y allá no hay nada bueno.

Rubén Martín

Con más de 300 mil muertos, casi 95 mil desaparecidos reconocidos oficialmente, más de 52 mil cuerpos sin identificar, tres mil fosas clandestinas y una estela de episodios con su reguero de masacres, cuerpos colgados, desmembrados y torturados, México vive una crisis excepcional de violencia organizada, nombrada desde el ámbito de los derechos humanos como una crisis humanitaria de grandes proporciones.

Por su magnitud, México vive una guerra informal que no es reconocida por las autoridades de todos los niveles, dedicándose apenas a administrar esta violencia que azota a la mayoría de la población, especialmente a los más pobres, y donde muchas veces la violencia es funcional para la imposición de distintas dinámicas de acumulación de capital como ocurre con frecuencia en megaproyectos estatales o privados.

Este es el contexto en el que llega a México el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) en el que cuatro de diez de sus integrantes se encontrarán con familias organizadas que tienen desaparecidos, víctimas de violencia, organizaciones civiles de derechos humanos, autoridades y distintos sectores sociales para recoger testimonios, reportes, análisis y con todo ese material, realizar un informe que será presentado en marzo del próximo año para compartir sus conclusiones y recomendaciones.

La delegación del CED estará recorriendo el país del 15 al 26 de noviembre y está compuesta por Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité y jefe de la Delegación, por Juan-Pablo Albán Alencastro, Juan-José López Ortega y Horacio Ravenna.

El CED es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Partes. Desde su creación, es la primera ocasión que el CED lleva a cabo una visita a un país miembro firmante de la Convención contra desaparición forzada, y como ha subrayado el mismo CED, habían solicitado la visita de trabajo a México desde el año 2013, al inicio del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, sin embargo esta fue negada.

Ante esta negativa del gobierno de Peña Nieto y ante el notable crecimiento del fenómeno de las desapariciones, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió “enérgicamente” al Estado mexicano reconocer la competencia del Comité en agosto de 2016. Pero el gobierno siguió siendo omiso.

Si ahora el CED está en México es gracias a las exigencias y tenacidad de las madres organizadas que buscan a sus desaparecidos. En el año 2018, María Herrera, una madre michoacana que ha sufrido la pérdida de cuatro de sus hijos, exigió que el gobierno mexicano aceptara la visita de la CED ante instancias jurídicas.

En 2019, a comienzos del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, María Herrera, acompañada de organizaciones de derechos humanos, ganó un amparo para exigir al gobierno esta petición. Para sorpresa de María Herrera y abogados, la Secretaría de Relaciones Exteriores, impugnó la decisión. La presión de las familias llevó a que en agosto de 2019, finalmente, el gobierno mexicano aceptara la visita que ahora se concreta.

Aunque es la primera visita al país, el CED ya se había pronunciado sobre la grave situación de las desapariciones forzadas en México: en su primer informe, reconoció que en México hay un contexto de “desapariciones generalizadas en gran parte del territorio”. Además México es el segundo país del mundo en solicitar acciones urgentes al CED, por atrás de Iraq. De un total de 1,031 acciones urgentes solicitadas en el mundo, 424 corresponden a México, recordó en un artículo reciente el Centro Prodh.

Los integrantes de la CED que llevan a cabo la visita a México ya han empezado a recoger testimonios dolorosos, conmovedores y con la esperanza de que esta visita contribuya a cambiar el contexto de desapariciones generalizadas que existe en el país. El jueves, en Monterrey, los integrantes del CED escucharon a madres de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León que en ese estado hay 5,790 personas desaparecidas, 2,089 personas sin identificar, 410 desconocidas que se encuentran en fosas comunes, y seis grandes campos de exterminio donde han sido detectados hasta 600 mil restos orgánicos de humanos (Proceso, 18 noviembre 2021).

Ese mismo día, en Nayarit los colectivos de familias denunciaron la crisis forense que existe en el estado así como el crecimiento de fosas clandestinas y también expresaron su preocupación por la seguridad de los familiares de las víctimas, ya que “están en riesgo, toda vez que son tan visibles y alzan la voz frente a estas violaciones de derechos humanos”. En Nayarit también se denunció que el órgano de procurar justicia, la Fiscalía General del Estado de Nayarit, ha actuado en realidad como parte de la “estructura criminal” y ha cometido crímenes de lesa humanidad (La Jornada, 19 noviembre 2021).

Juan José López Ortega, representante del CED, estuvo la mañana de viernes pasado en Guadalajara, en una reunión con más de 50 representantes de organizaciones de familiares, quienes expusieron tanto los casos individuales y masivos de desapariciones, crisis forense y respuesta burocrática poco eficiente del gobierno de Jalisco. Y escuchó también las denuncias de que se cometen desapariciones forzadas en Jalisco, como quedó evidenciado en el episodio represivo conocido como el Halconazo tapatío, del 5 de junio de 2020. En ese episodio el gobernador de Jalisco reconoció que la Fiscalía estatal está infiltrada por el crimen organizado.

Relatos y testimonios como estos recogerán los enviados del Comité Contra Desapariciones Forzadas de la ONU a la largo del país durante una semana más. Los familiares de desaparecidos tienen esperanza de que sus testimonios, evidencias e indagaciones que los integrantes del CED recojan en su gira en México produzca un informe contundente que obligue al Estado mexicano a dar una respuesta eficaz a la exigencia de presentar con vida a los casi 100 mil desaparecidos que hay en México.

Pero por más que esté justificada esta esperanza, ningún organismo de la ONU “salvará” a México de esta crisis de violencia generalizada. Es necesario que desde abajo se articulen las familias y la sociedad se movilice masivamente de forma solidaria para poner freno a esta guerra informal que padecemos. La salida no vendrá de la ONU y del Estado mexicano, que es cómplice por comisión u omisión de esta crisis por desapariciones y los episodios brutales de violencia. Tendrá que ser buscarse con la sociedad organizada desde abajo.

Jorge Zepeda Patterson

A mi juicio lo más importante de la reunión de Biden, Trudeau y López Obrador no reside en los acuerdos logrados o el intercambio de ideas, siempre imprescindibles entre vecinos, sino en la manera en que tales acuerdos y compromisos modernizan la perspectiva del Presidente mexicano y, en cierta manera, matizan las posiciones más controvertidas de su administración.

Me parece que la mayor virtud de Andrés Manuel López Obrador es que ha buscado gobernar teniendo en cuenta a los pobres y sus genuinos reclamos. Más allá de los aciertos y desaciertos de la Cuarta Transformación, el mero arribo de un Gobierno que abre la esperanza a las mayorías abandonadas conjuró por el momento el riesgo de estallidos sociales e ingobernabilidad.

Conducir a nuestro país desde la agenda del “México profundo” es un acierto, pero proponer soluciones con la mentalidad del México profundo puede convertirse en un desatino. Y es que se trata de dos cosas distintas. Nada que reprochar al planteamiento de AMLO de considerar que ha llegado el momento de atender a los desesperanzados, bajo la consigna de “primero los pobres”. El problema es cuando las soluciones que se ofrecen surgen esencialmente de la perspectiva, la visión del mundo y los recursos de este México profundo. López Obrador es el Presidente mexicano que mejor conoce la geografía del país y sus habitantes; pero por desgracia también es el Presidente mexicano que menos contacto ha tenido con la realidad internacional o las tendencias mundiales en muchos campos.

Esto no significa que AMLO sea un ignorante en lo que toca al mundo ni mucho menos. Resultan sorprendentes las relaciones personales que ha entablado con líderes de oposición e incluso con empresarios importantes de otros países. Está bien enterado de los temas de historia y política internacional que le interesan. Pero lo cierto es que ha viajado poco y su exposición a muchos otros aspectos de la vida contemporánea internacional es escasa. Quizá a ello se deba el manejo más bien plano con el que encara temas de la agenda moderna progresista, en el que el feminismo, los derechos humanos o el medio ambiente forman una parte sustantiva. Son asuntos complejos y cargados de matices sobre los cuales la comunidad internacional ha debatido largamente en los últimos años. Pero son debates que resultan ajenos a la experiencia o al interés del Presidente y, por consiguiente, suele encararlos en una versión más bien reduccionista. Una y otra vez AMLO ha dicho que “el pueblo es sabio” y esa debe ser la fuente de la que se abreve para encontrar las soluciones para los problemas del país. Y ciertamente se trata de una perspectiva que no debe estar ausente en el diseño de soluciones y políticas públicas; pero también es cierto que la ciencia y la humanidad en su conjunto están inmersas en un proceso continuo en busca de alternativas y posibilidades, algo sobre lo cual el Presidente no parece particularmente interesado.

Fue importante que el mandatario mexicano y su comitiva, en los distintos paneles, pudieran hacer ver a sus socios nuestros criterios y realidades. Pero tanto o más importantes es que este encuentro puede influir en las propias perspectivas de AMLO, justamente porque su mayor déficit, en lo que toca a su trayectoria personal como Jefe de Estado, reside en su manejo de temas globales.

Las perspectivas y compromisos que López Obrador asume tras este tipo de encuentros me parece que lo beneficia enormemente en su calidad de gobernante. Le puede tener sin cuidado buena parte de los asuntos que el resto de los mandatarios del mundo discuten en sus múltiples encuentros, de allí su reiterada ausencia en todos estos foros, fiel a su consigna de que la mejor política exterior es la política interior. Pero AMLO ha gobernado con la convicción de que el intercambio comercial y la integración industrial con Estados Unidos resultan fundamentales para la prosperidad de los mexicanos. En ese sentido considera que esta “política exterior” es una manera de hacer política interior, de allí su interés personal en la definición del nuevo TLC o su empeño por llevar las mejores relaciones posibles con Trump, y ahora con Biden.

Pese a sus conocidas críticas al mercado internacional, a la globalización indiscriminada o al neoliberalismo imperante en el mundo, en el encuentro recién terminado fue quizá el más ambicioso, al afirmar que los tres países tenían que acelerar su proceso de integración para neutralizar el protagonismo de China en términos comerciales y productivos. Algo quizá políticamente incorrecto, pero impecable en términos de la oportunidad histórica que significa para México convertirse en una opción para las fábricas occidentales asentadas en tierras asiáticas.

Pero eso, a su vez, obliga a México a empujar agendas laborales, ambientales, jurídicas y, en general, procesos de apertura y competencia empresarial y financiera que no necesariamente están en el programa de la 4T y en ocasiones, incluso, son contrarias a ella. Los propios deseos del Presidente para acelerar la integración tenderían a limar algunos de los aspectos más cuestionados de las políticas públicas del Gobierno.

Por eso es que este viaje es trascendente. Ser consecuente con los acuerdos asumidos, le llevarían a seguir gobernando con las urgencias y prioridades del México profundo, pero con las políticas al alcance de un México global y moderno. El modelo de desarrollo estabilizador de los años 50 y 60, profundamente estatista y nacionalista, que en ocasiones el Presidente parece tener como referencia, no es precisamente el más compatible con los desafíos de los procesos de integración de la economía mundial actual. Esto no significa, desde luego, que en aras de tal integración el Estado mexicano debe ceder frente a las exigencias expoliadoras de potencias y trasnacionales. Solo se trata de que el Presidente tenga la flexibilidad para encontrar en las oportunidades que ofrece la economía global las opciones para insertar a México en los escenarios que más beneficien a los millones de pobres a los que les urge un futuro diferente. En ese sentido, esta gira fue un paso importante.

Jorge Javier Romero Vadillo

¿A qué se debe el encono de Morena contra el Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué tanto odio sobre todo contra el consejero presidente Lorenzo Córdova y contra el consejero Ciro Murayama? Una campaña de denuestos orquestados que reverbera como lugar común entre los seguidores más obtusos del Presidente de la República y su partido ha marcado la relación con el órgano del Estado encargado de organizar las elecciones, como si se tratara de un bastión reaccionario a demoler para poder consolidar el nuevo régimen al que dicen aspirar. Pero ¿qué les ha hecho el INE que tanto furor les causa?

El rencor presidencial contra la autoridad electoral podría tener su origen en el supuesto agravio causado contra su candidatura en 2006, el tan alegado como mítico fraude que, según la épica lópezobradorista, le dio injustamente el triunfo a Felipe Calderón. Sin embargo, en todo caso el actor malévolo fue el IFE, un instituto distinto, cuyo Consejo General estaba integrado por personas completamente diferentes a quienes hoy encabezan hoy a la autoridad electoral. Después de aquella malhadada elección, hubo una reforma constitucional que incluso destituyó a los consejeros y cambió sustancialmente las reglas al gusto de quien se consideraba víctima de entuerto y desde entonces las reformas se sucedieron, impulsadas por los propios partidos políticos y alcanzadas con mayorías calificadas. Así, resulta muy retorcido atribuirles a los consejeros actuales la culpa de lo ocurrido hace tres lustros.

Por otra parte, más allá de los insultos y los aspavientos, en lo que va de la existencia del actual INE no ha habido un solo conflicto postelectoral relevante, pues todos los litigios en torno a campañas y resultados se han resuelto en el marco de la ley y los diferentes actores han terminado aceptando los fallos del Tribunal Electoral, el cual en muchas ocasiones ha revertido los acuerdos del INE, mientras que en otras ocasiones los ha ratificado. Ese solo hecho es prueba de que el sistema electoral es funcional. Tanto en 2018 como en las elecciones de este año, lo mismo que en los comicios locales que le ha tocado gestionar al INE, la ciudadanía ha podido votar en libertad, las casillas se han instalado y los resultados han fluido oportunamente. Quien recuerde el clima creado por las protestas postelectorales de los años ochenta y noventa del siglo pasado no podrá más que reconocer el enorme avance que en la normalización de la competencia política ha representado la existencia de una autoridad electoral no controlada desde el gobierno federal o desde los gobiernos locales.

La existencia misma de Morena como un partido competitivo, que irrumpió hace apenas siete años en la escena política y hoy es con mucho la primera fuerza electoral del país, es prueba del enorme avance democrático vivido por México durante el último cuarto de siglo. Es insostenible, sin recurrir a falsedades históricas, que fue el vuelco electoral de 2018 el momento inaugural de la auténtica democracia. Y es todavía más insostenible acusar a los consejeros del INE de actores empeñados en cerrarle el paso al cambio cuando cada uno de los triunfos de la coalición presidencial ha sido producto de elecciones impecables.

¿Por qué les irrita entonces tanto al Presidente de la República y a su partido la actuación del INE? Todas las decisiones del órgano electoral tienen como referencia un marco normativo especialmente detallado y todas sus actuaciones se hace con la vigilancia de representantes de los partidos políticos. Pocos espacios estatales son tan transparentes como el electoral. Una de las cantaletas recurrentes de López Obrador y sus jilgueros es que el INE es muy oneroso y han sembrado la imagen entre sus huestes de corrupción en el manejo de los recursos, además de difundir la especie de que los consejeros viven una vida opulenta a costa del erario.

Empero, ni un solo peso se gasta en el INE sin rendir cuentas. El órgano de fiscalización del instituto es nombrado directamente por el Congreso y la mitad de los recursos presupuestales están etiquetados constitucionalmente para los partidos políticos. Otra buena parte del gasto del INE se va a una tarea de Estado fundamental: la de la identificación de la ciudadanía, mientras que todo lo gastado en los procesos electorales está claramente justificado por las funciones que la ley le otorga.

Así, solo la demagogia y una aviesa intención de reversión autoritaria pueden explicar el empeño del gobierno y su partido en desprestigiar al INE. El majadero trato dado por los diputados de Morena a Lorenzo Córdova el día de su comparecencia para explicar la solicitud presupuestal del instituto estuvo claramente orquestado y tuvo tintes de linchamiento propio de un comité de salud pública. Frente al cañamazo vulgar de los legisladores oficialistas, Córdova hizo filigrana con su seriedad y aplomo y contuvo la grosería con argumentaciones sólidas. De poco sirvieron al final las razones, pues la mayoría sorda de la Cámara, en una muestra de levanta dedos que no se veía desde los tiempos más oscuros de la unanimidad priista, decidió negarle al INE los recursos supletorios para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato en caso de que se presente la solicitud con el número de firmas necesario.

Los tramposos de Morena no ocultan sus torcidas intenciones de desprestigiar al INE y mostrarlo como parcial o incapaz. No solo quieren forzarlo a hacer una consulta sin los recursos indispensables, sino que le están poniendo una trampa con la recolección misma de firmas para llamara a la consulta. El evidente fraude a la ley que hacen al pedir apoyos para una inconstitucional e innecesaria ratificación de mandato es, además de un recurso para simular una suerte de reelección de su caudillo, una emboscada contra el órgano electoral, pues en estricto derecho debería desechar las firmas obtenidas mediante engaño, con lo cual provocaría la ira del Júpiter Tonante de Palacio Nacional.

La pervivencia del INE es crucial para la supervivencia de la democracia mexicana. Ya ha anunciado el Presidente su iniciativa para demolerlo. El resto de las fuerzas políticas tienen la responsabilidad de contener ese atentado contra un patrimonio institucional colectivo.

Alejandro Páez Varela

Herido de una costilla a otra, el bloque opositor no ha podido reorganizarse aunque ha hecho algunos intentos de acciones conjuntas. En 2021, en la elección federal donde tenía posibilidades de recuperarse (en las intermedias pierde casi siempre la fuerza en el poder), cedió territorio y apenas con mentiras piadosas pudo maquillar su debacle. Pero su realidad es muy difícil. Tan difícil, que cuando Marko Cortés hablaba de una catástrofe para el PAN en 2022 se quedaba corto porque sus socios caminan hacia su desaparición. Si el PRD llega con registro al 2025 será un milagro. Y si el PRI retiene dos gubernaturas antes de las presidenciales de 2024 deberá agradecérselo a la vida.

El bloque opositor lleva años en un bucle. Da vueltas y vueltas en un espiral descendente, repitiendo sus mismos errores. La única novedad que agregó en años recientes fue la incorporación de los patrones a sus filas, lo cual no es un logro sino un acto de mínima honestidad: los grandes capitales han condimentado el caldo de los políticos durante décadas, llámense Roberto Hernández o Claudio X González. Lo demás es lo mismo. La oposición no quiere reinventarse. Y así, con sus mismos errores y sus mismas dolencias crónicas, intenta fundirse en un mismo cuerpo, cansado y artrítico, que no puede aspirar a más. Y este diagnóstico se conoce internamente pero se tapa hacia afuera, como el vendedor de fruta que pone la rosita en la tapa y esconde abajo la que se pudre.

Me extraña la imposibilidad de la oposición para ver más allá de sus barbas. Presiona a López Obrador justo por donde el Presidente resolverá: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, las medicinas, la infraestructura (Tren Maya, Dos Bocas, Transístmico). Enumero únicamente de lo más visible. Parece no conocer y no entender al Presidente. Contra viento y marea, este Gobierno entregará toda esa obra. Y cuando menos lo piense el bloque, AMLO estará inaugurando una a una esas obras que son históricas y, como sucedió con la meta de vacunación, los críticos no tendrán otra opción que cerrar la boca y apechugar. Lo he dicho antes: así pasó en la capital con, por ejemplo, los segundos pisos.

Y es curioso que el bloque opositor no aprieta por donde hay una debilidad sistémica: el combate a la corrupción. Más allá de los lugares comunes (que Felipa, que Pío), no tiene un discurso unánime en esa materia. Y podría. Contra todo lo que el Presidente desea, la Fiscalía General de la República (FGR) (y su ente anticorrupción), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no operan como un solo cuerpo y los resultados son apenas notorios, aislados y muy focalizados. Por distintas razones, estas oficinas no están articuladas y por sí solas tienen deficiencias institucionales (incluso formales) para ir por su cuenta. Y en tres años de 4T no han mostrado músculo.

Pero la oposición está metida en un bucle. Le meten toda la fuerza a temas que el Presidente va resolviendo y luego se ve obligada a guardar silencio. Decían que la falta de ortodoxia económica de AMLO nos llevarían a una crisis espeluznante, a más deuda, a inflación y etcétera, y que todos esos ladrillos –como el anuncio de 2006– desplomarían al país porque “AMLO es un peligro para México”. No sucedió. Apenas hablan ya de eso. Otro ejemplo: Felipe Calderón sacó una tabla donde “demostraba” que nos vacunarían en no sé cuántas décadas. No fue así. Ya no habla de ello y se veía contento –y cómo no, qué alivio– cuando se vacunó.

¿Por qué los críticos en los medios y la oposición no han desencadenado una campaña contra Alejandro Gertz Manero, como sí lo han hecho contra lo demás? Es una pregunta con varias respuestas. La principal es que no comen lumbre: quién de ellos, en su sano juicio, pediría que el brazo anticorrupción de la 4T funcione. Es como si los condenados a muerte en una prisión medieval criticaran a gritos a su verdugo por haber engordado o porque le queda feo el capuchón negro. Piénselo. Calderón y Vicente Fox nunca han calificado de ineficiente a Gertz Manero. Ni lo harán. Para que el Fiscal sea eficiente se necesita que vaya por ellos. Yo dudo que los persiga (y esa es otra respuesta a la pregunta de por qué lo tratan tan bien si es tan ineficiente): Gertz Manero es parte del mismo sistema que se le pidió sanear.

Sin embargo, la oposición como un todo ha caído en un círculo vicioso, una espiral, un bucle eterno en el que critica… y se ve obligada a guardar silencio porque le cierran la boca. Y la materia donde puede criticar no la toca porque si la toca, le muerden la cola. Por eso vemos a una oposición obsesionada con pocos temas. Las tendencias “críticas” que levanta en las redes, una semana cualquiera, son las mismas de antes de la pandemia: Ovidio, Felipa, Pío, la mamá de “El Chapo”. Los que más odian al Presidente (y, a mi gusto, los más estúpidos y con menos vocabulario) lo llaman “cacas” porque AMLO le dijo a los muchachos que unirse al crimen organizado no era “cool”, que era caca, algo que muchos pensamos. Pero hasta allí. Un bucle de pocos temas y pronto perderán varios de ellos. Creo que Dos Bocas, Tren Maya, AIFA y Transístemico dejarán de ser materia (como la economía o la vacunación) apenas se presenten.

En fin. Para mí, al ritmo que van los días, la mayor deuda de la 4T será en justicia y seguridad. La impunidad se enseñorea. Prendieron la luz antes de tiempo (sea a propósito o no) y las ratas corrieron a esconderse y así han estado tres años. Al sistema judicial no le han quitado una sola pluma. Los jueces podridos siguen donde estaban. Se da amparo a los que tienen dinero o poder político. Se mata a quien se quiere matar y pocas veces los asesinos pagan.

Pero la oposición no toca muchos de esos temas porque si los toca, le rompen en hocico. Entonces se cicla en lo mismo: Ovidio, Felipa, Pío, la mamá de “El Chapo”, Dos Bocas, Tren Maya, AIFA. Y en temas coyunturales: Reforma Eléctrica, algún escandalillo de poca monta, Presupuesto de Egresos, una palabra en un discurso, una letra mal dicha. O enchuecan la torre de control en una foto para tener materia. O truquean la foto del hijo del AMLO para que vista Armani o cualquiera de esas marcas caras. Nada, pues. Ah, y no hablan de corrupción, como debieran. Y no hablan porque si hablan, les rompen el hocico. Y entonces el bucle se vuelve eterno. Un bucle opositor, eterno. Y así quieren ganar elecciones. Así ganarán un carajo, como bien saben.

Carlos A. Pérez Ricart

No hay límites a lo peor. Con estas seis palabras empecé una columna escrita para este mismo espacio hace menos de dos meses. Hacía referencia a Daniel Ortega y a su incesante degradación como Presidente de Nicaragua.

El pasado 7 de noviembre Daniel Ortega, líder histórico del movimiento sandinista y Presidente de Nicaragua desde 2007, validó la máxima: No hay limites a lo peor. Ortega “ganó” la elección presidencial de su país con el 75% de los votos a su favor. Su “victoria” le abre la puerta a un cuarto mandado presidencial consecutivo y tercero desde que en 2014 él y su grupo cambiaran la Constitución para permitir la relección indefinida.

La elección del 7 de noviembre, como otras anteriores, fue una farsa. Una gran pantomima. En Nicaragua las autoridades electorales están controladas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), un partido político que desde hace mucho tiempo dejó de ser frente, sandinista, y de liberación; el padrón electoral lleva años sin auditarse; no es público y está amañado a conveniencia del líder; el día de la elección no hubo forma en que la comunidad internacional confirmase que se cumplieran mínimos estándares democráticos. A los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea y del Centro Carter se les prohibió la entrada al país. Lo más abyecto es, sin embargo, la falta de libertad política que hay en Nicaragua: las elecciones del 7 de noviembre se dieron en un contexto intolerable: siete probables candidatos presidenciales detenidos, tres partidos políticos ilegalizados, y más de treinta lideres políticos encarcelados. Otros tantos viven en el exilio. Todo eso abonó para que ninguna persona con mínimas posibilidades de triunfo pudiera enfrentarse a Ortega en la elección presidencial.

Aunque los números oficiales señalan que la participación electoral rebasó el 65 por ciento del padrón, Urnas Abiertas —un observatorio ciudadano formado para el monitoreo del proceso electoral— difundió que, según sus casi 1500 observadores repartidos por todo el país, la abstención rebasó el 80%. En ello concuerdan versiones periodísticas que, en todos sus reportes, muestran que los centros de votación se mantuvieron vacíos la mayor parte del día. En algunos lugares no asistió ni un solo votante.

El apoyo al régimen es mínimo. La encuesta con mayor credibilidad en Nicaragua, CID-Gallup, publicó que la intención de voto por Ortega no rebasaba el 19 por ciento. Esa misma encuesta demostró que la mayoría de la población no solo no iría a votar, sino que desconfiaba directamente de la autoridad electoral. De ahí que el supuesto apoyo del 75 por ciento de la votación en favor de Ortega no solo resulte inverosímil, sino jocoso. Un porcentaje ridículo.

Admitámoslo: la posición del Gobierno de México ante lo que sucede en Nicaragua no es fácil. Por un lado, debe buscar alejarse de las voces injerencistas que llegan desde Washington. Por el otro, en el marco de sus compromisos internacionales, debe buscar salidas políticas que garanticen el ejercicio de libertas políticas en el país centroamericano. Admitiendo la tensión y la complejidad del cuadro político, no puede aceptarse que la Cancillería de México siga sin condenar, así sea mínimamente, el estado de las cosas en Nicaragua.

La posición de México se había caracterizado, hasta ahora, por su pasividad y condescendencia con el régimen de Ortega: una llamada de atención, un tweet medianamente crítico, un exhorto que no leyó nadie. Después de las elecciones del 7 de noviembre, aunque tuvimos una oportunidad, nada de eso cambió.

El 12 de noviembre, en el marco de la clausura de la 51° Asamblea General de la OEA, varios países promovieron una resolución sobre la situación en Nicaragua. En ella se señalaba que las elecciones en ese país “no fueron libres ni transparentes ni tienen legitimidad democrática”. Se esperaría que México, como firmante y promotor de la Carta Democrática Interamericana hubiese apoyado la resolución. No fue así. La resolución terminó por ser aprobada por 25 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones. Entre las abstenciones estuvo la de México. Incluso Argentina, gran aliado estratégico durante en todo lo concerniente a la situación en Nicaragua, votó a favor de la resolución. Las otras seis abstenciones fueron de las delegaciones de Bolivia, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Dominicana y Belice —apenas para una hexagonal de Concacaf.

¿Que la OEA ha sido tomada por un grupito de funcionarios con perfiles antidemocráticos? Sí, es verdad. ¿Que la DEA jugó un papel importantísimo en legitimar el golpe de Estado contra el Gobierno de Bolivia en 2019? También es cierto ¿Que Luis Almagro ha vuelto a la OEA un espacio en el se impulsan agendas parcializadas? Cierto. No hay duda.

Sin embargo, se equivoca la Cancillería de México en hacer de Nicaragua una víctima de su —por demás legitima e incluso necesaria— disputa con la OEA y su inefable Secretaria General. Es posible hacer ambas cosas: repudiar la escalada autoritaria de Daniel Ortega en foros internacionales (y así cumplir con compromisos diplomáticos básicos) y, al mismo tiempo, continuar luchando, al interior y de forma inteligente, por transformar la OEA en un organismo verdaderamente plural.

Validar la elección de Ortega a través de la abstención en la Asamblea de la OEA  fue un error diplomático y político. Para comenzar, representa una piedrita más (¿y cuántas van ya?) en el zapato del actual Canciller en su lucha por llegar a Palacio Nacional. Puedo imaginar —desde ahora— a los críticos del círculo rojo en 2024 recordándole el infame voto. Además, la abstención en la OEA supone un retroceso en el objetivo del canciller por devolver a México al primer plano regional. Lo más importante, sin embargo, es que parece dar el mensaje de que sí, en efecto, el gobierno del Presidente López Obrador está dispuesto a coquetear con autoritarismos rancios.

Y ojo: no se trata de ser injerencista ni de montarse en la peor tradición de golpes de estado financiados desde Washington. Se trata de pintar una línea en donde hay que trazarla. De fijar posiciones donde hay que hacerlo: sin miedo a la crítica de la izquierda radical y sin dejarse avasallar por la lógica de la derecha antipopular. Se trata de gritar —fuera y dentro de nuestras fronteras— la frase que tanto sentido dio al movimiento político que ha encabezado el presidente los últimos treinta años: Democracia Ya, Patria para todos.