Categoría: Editorial

Guadalupe Correa-Cabrera

El tema de la transparencia en el financiamiento a medios de comunicación en nuestro país y en el mundo en general es clave. Es preciso encontrar vías diversas para poder tener un debate justo al respecto, pues están en juego la información misma y el futuro del periodismo a nivel general.

Hace algunos días tuve la oportunidad de participar como parte del Jurado en el Premio Nacional de Periodismo 2020—que será entregado, por categoría, este viernes 19 de noviembre. En el proceso de evaluación de los trabajos como parte de este ejercicio, pude reafirmar una inquietud que mantengo desde hace un par de años sobre las agendas y el financiamiento que determinan de lo que se va a hablar en los medios de comunicación, es decir, los temas prioritarios en las agendas de medios y quiénes son los actores influyentes en el periodismo.

Me referiré ahora exclusivamente al caso de México, pero reconozco que las dinámicas que aquí se identifican operan a nivel global y plantean una problemática que debemos abordar con rigor y profundidad. Es claro que quien tiene acceso a financiamiento puede realizar mejor su trabajo, ampliar sus esferas de influencia y destacar en cualquier profesión, ya sea en la labor periodística, la academia o la ciencia, el arte, los negocios y hasta el trabajo social. También es evidente que en un mundo tan desigual como en el que vivimos, los apoyos se concentran en pocas manos o en pocas mentes, y son los grupos más poderosos y ricos los que determinan las agendas de trabajo en la ciencia, el arte, la tecnología y los espacios de información.

El financiamiento a medios de comunicación es un tema bastante delicado en un contexto de gran precariedad en la carrera periodística. Sabemos que la gran oferta de medios alterativos y la crisis económica han dejado a muchos medios (en especial a los pequeños), y a muchos reporteros, a merced de quienes quieran y puedan apoyar su trabajo, en especial a merced de los dueños del gran capital. La información es sinónimo de poder y quien controla la economía, controla los medios de comunicación y también la política a nivel global. En México se observa una concentración del financiamiento a medios en pocas manos y una oferta del mismo dominada por grandes grupos de interés y gobiernos extranjeros.

El financiamiento público a los medios de comunicación ha estado fuertemente cuestionado y son bien conocidos sus efectos perversos en lo que se refiere a la protección a políticos o gobiernos corruptos. Existe un cierto consenso respecto a la necesidad de transparentar los recursos públicos dirigidos a esta profesión para evitar el llamado periodismo “chayotero”. También se reconoce el fenómeno de la “plata” o el “plomo” en contextos o regiones dominados por la delincuencia organizada. Recuerdo, por ejemplo, cómo llegaron a silenciar a los medios de comunicación en Tamaulipas los grupos criminales que se disputaban el control del territorio, el narcotráfico y todo lo demás, bajo un esquema de paramilitarismo delincuencial.

No obstante los efectos nefastos en el periodismo del financiamiento público selectivo—y en defensa de ciertas agendas de administraciones o servidores públicos corruptos—así como del control de medios locales por parte de algunos grupos criminales, también destacan los intereses poco transparentes del gran capital privado. El financiamiento privado a medios de comunicación parece ser de una dimensión muy superior a cualquier otra fuente monetaria de apoyo al periodismo. Si se hace un análisis de los mejores trabajos periodísticos, de las agencias de medios que dominan el espacio público (incluyendo aquellas que defienden o dan acompañamiento al gremio), así como de los principales premios de periodismo en el país, estos parecen estar financiados en gran medida por fundaciones de poderosos empresarios o grupos económicos (la mayor parte extranjeros), así como por agencias gubernamentales de los países más poderosos del mundo occidental.

Si uno hace un análisis de esas redes de financiamiento y de las agendas de esos grupos, es posible identificar elementos comunes y relaciones interesantes que nos explican el porqué de un enfoque en ciertos temas por parte de los medios de comunicación o reporteros más relevantes del país. Existe actualmente un enfoque en trabajos sobre feminismo, violencia de género, diversidad sexual, desaparecidos, seguridad con enfoque en lo local, cambio climático, salud pública, entre otros. Dichos temas también son centrales en las agendas del gran capital transnacional o de las fundaciones a través de las cuáles este último canaliza sus recursos y justifica su gasto para apoyar causas concretas que, por supuesto, benefician sus intereses.

En resumen, las grandes fundaciones u organizaciones filantro-capitalistas que financian medios de comunicación en el mundo, además de hacer aparentemente buenas obras, representan los intereses de sus creadores quienes, por lo general, son los dueños del gran capital internacional. Por otro lado, las agencias de gobiernos extranjeros apoyan agendas informativas que avanzan los intereses geopolíticos de grandes potencias. Si uno investiga los temas que apoyan estos gobiernos y fundaciones, coinciden claramente con sus objetivos de adquirir cada vez más poder y más recursos.

No hace falta hacer mención a proyectos de comunicación individuales, ni a sus financistas específicos. Solamente hay que revisar los trabajos individuales o los esfuerzos de periodismo colaborativo más exitosos, más premiados y más influyentes. También hay que revisar el financiamiento internacional a los premios de periodismo que apoyan al talento mexicano. En muchas ocasiones hablamos de los mismos financistas y de las mismas agencias internacionales o de gobiernos extranjeros.

Hay quienes consideran loables los apoyos del gran capital a los medios de comunicación—sobre todo a periodistas “independientes” o a los pequeños medios locales. En el actual contexto de precariedad en el periodismo y considerando cómo se presentan las temáticas inclusivas de apoyo a temas diversos y con un supuesto enfoque en las minorías o en el medio ambiente, todos estos esfuerzos parecen en realidad encomiables. Si uno hace una lista de los temas y trabajos apoyados mediante el capital internacional parecería que aquellos que lucraron con las guerras y la pobreza del mundo, especularon en las bolsas de valores internacionales empobreciendo a naciones, o promovieron golpes de estado (duros o blandos) en beneficio del capital occidental, promueven ahora supuestamente las causas “más justas” y los valores “más nobles del mundo”.

Resulta irónico que los más ricos y poderosos de repente se volvieron buenos o benevolentes y ahora deciden qué proyectos de buen periodismo promover para beneficio de la humanidad. Quizás promuevan efectivamente buenos trabajos y a periodistas talentosos, y apoyen selectivamente causas nobles, pero de ahí a que podamos defenderlos a capa y espada o adscribirles valores extraordinarios sería demasiado ingenuo o quizás hasta indolente de nuestra parte. El hacer esto significaría ignorar o no entender que dichos actores se siguen beneficiando de no pagar impuestos por sus donaciones, y pueden canalizar estos recursos para continuar apoyando sus causas materiales, ideológicas, políticas o incluso geopolíticas (en caso de proyectos hegemónicos).

En este contexto complejo, se requiere tomar conciencia y conocer los orígenes del financiamiento privado a medios de comunicación. Con esto no se demoniza a priori el apoyo por parte de gobiernos extranjeros, agencias internacionales o fundaciones filantrópicas de capital transnacional. Tampoco se juzgan—como perversas o benevolentes—sin analizar antecedentes, las causas de quienes otorgan financiamientos.

Alejandro Calvillo

Se han hecho públicas las interferencias de funcionarios y dependencias de la 4T en contra del principio que estableció el presidente de separar el poder político del económico. Más allá de filias y fobias políticas frente a la actual administración, es claro que esta separación entre los poderes políticos y económicos, aunque no sea plena, marca una distancia enorme frente a las administraciones anteriores sometidas a los intereses económicos.

La exhibición de los multimillonarios favores fiscales a las grandes corporaciones, la elaboración de diversas normas oficiales mexicanas que, en muchos casos, están poniendo el interés público por encima del de las corporaciones y la decisión de retirar a grupos de presión de las corporaciones de varias dependencias públicas, muestran un paso importante en establecer una sana distancia con quienes ejercían gran parte del poder político desde el poder económico.

Sin embargo, dentro del gobierno, dependencias y funcionarios siguen actuando públicamente en defensa de los intereses de estas grandes corporaciones, en contra del interés público. Al menos existen dos casos públicos y bien documentados de las felonías dentro de la 4T. Trataremos uno de ellos y en otra ocasión el segundo.

El primero tiene que ver con los vapeadores. Estos productos de los que seguramente ha recibido usted propaganda todos los días a través de las redes sociales, propaganda que ofrece alternativas al humo del tabaco y que esta pagada por la mayor empresa global de tabaco: Philip Morris (PM). En contexto, hay que decir que frente a las políticas contra el consumo de tabaco (impuestos, áreas libres de humo del tabaco, restricción de publicidad y venta, etiquetados) que en muchos casos han logrado estigmatizar el fumar, las tabacaleras ven un gran negocio en los vapeadores.

Hay que recordar que la publicidad de cigarrillos trataba de asociar el fumar con la aventura, el campo, la belleza, la seducción, incluso, con la propia liberación femenina. Con la información sobre los daños del tabaquismo, negada por la industria durante decenios, y con las políticas regulatorias a su venta, etiquetado, promoción y consumo, las perspectivas de crecimiento de las tabacaleras se han alterado. En este contexto, las tabacaleras desarrollan una estrategia multimillonaria para llevar a los consumidores a los vapeadores, sean cigarrillos electrónicos que tienen en su líquido nicotina o productos de tabaco comprimido calentado

La propaganda de PM se centra en presentar los vapeadores como una alternativa para dejar de fumar cigarrillos tradicionales, como una alternativa al humo del tabaco. Es decir, las tabacaleras, detrás de estos productos, se presentan como preocupadas por la salud de los fumadores brindando una opción que publicitan que es más saludable, ocultando sus daños, haciendo entender que su propaganda se dirige a los fumadores, a las personas que son ya adictas a la nicotina.

La evidencia demuestra que ese no es su público objetivo. Lo que está claro es que el objetivo principal de las tabacaleras, que ahora promueven los diversos tipos de vapeadores, son los jóvenes El vapeo ha sido muy atractivo para los estudiantes de secundaria y preparatoria, a lo que ayuda mucho que se trate de un aparato tecnológico, electrónico, en el entorno actual de los jóvenes rodeados de celulares, ipods, etc.

En un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, titulado “Tendencias en el vapeo de los adolescentes 2017-2019”, los investigadores indican que entre esos años se registró que el vapeo presentó el mayor aumento en el consumo de una sustancia en los últimos 44 años, desde que existe el reporte Monitoring the Future. Los investigadores mostraron preocupación por el aumento a la adicción a la nicotina que el vapeo estaba provocando entre los jóvenes. Es decir, la evidencia demuestra que estos productos no son una salida, son una entrada a la adicción a la nicotina que las empresas tabacaleras buscan para tener consumidores de por vida. No importa que con este consumo acorten la esperanza de vida de los jóvenes que logran enganchar.

En este contexto es que en febrero de 2020, promovido por la Subsecretaría de Prevención de la Salud y por el propio secretario de Salud, el presidente decretó la prohibición de la importación y exportación de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado. Sin embargo, vino un segundo decreto promovido por la Secretaría de Economía que modificaba el primer decreto permitiendo la importación y exportación de productos de tabaco calentado. Este segundo decreto estaba dirigido a favorecer directamente a Philip Morris que controlaba ese mercado de productos de tabaco calentado en México. La reacción no se dejo esperar por parte de las organizaciones, expertos e instituciones que trabajan para la salud pública. El propio presidente explicó, abiertamente, que el cambio se había dado por interferencia de la Secretaría de Economía. El presidente reconoció que la autoridad en la materia era la Secretaría de Salud y expidió un tercer decreto que volvía a la prohibición de importar y exportar estos productos, incluyendo los cartuchos.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a raíz de un proceso complejo de amparos que fueron por un lado otorgados y negados por diversos jueces, otorgó amparos particulares, no de aplicación general, para la producción y comercialización de cigarros electrónicos.

El asunto obliga a que estas prohibiciones se establezcan directamente en la Ley General del Control del Tabaco, para evitar el caos que surge a través de las múltiples acciones legales de las corporaciones y sus aliados y un poder judicial que puede ir en un sentido u otro.

Un asunto similar ocurrió con el decreto del presidente para el retiro del herbicida glifosato y la prohibición del maíz transgénico. El texto que se envió al jurídico de presidencia para su publicación fue alterado por la interferencia del secretario de Agricultura. Al darse a conocer la versión modificada, se evidenció la felonía para favorecer a las corporaciones de los agroquímicos y los transgénicos, lidereadas por Bayer y Monsanto, que públicamente se habían manifestado contra estas prohibiciones. Ante las denuncias del cambio sustancial al decreto, este fue retirado y se volvió al original que fue publicado en diciembre de 2020.

Los actos de felonía, de traición, a principios que enarbola el presidente como esencia de la 4T, siguen haciendo de las suyas a favor de las corporaciones. Lo más reciente ocurrió en la COP 26 de cambio climático en Glasgow, asunto que será materia de otra colaboración.

Martín Moreno

La Reforma Eléctrica del binomio Bartlett-López Obrador, no está aplazada. No. Está muerta.

La mató Estados Unidos.

La mató la soberbia estúpida de Manuel Bartlett.

Así, la regresiva, cara y contaminante Reforma Eléctrica obradorista, se fue a la congeladora. Pasó a mejor vida. Se murió.

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El embajador de EU en México, Ken Salazar, visitó el miércoles 3 de noviembre Palacio Nacional. El diplomático extranjero más poderoso en nuestro país no se reúne con subalternos. Sabemos que habló directamente con el presidente de la República para mostrar las cartas enviadas desde Washington y que poco después subiría Salazar a su cuenta de TW: las “serias preocupaciones” que la administración Biden tenía respecto a la propuesta de Reforma Eléctrica enviada al Congreso mexicano. Bajo la sutil persuasión de la diplomacia, el mensaje entre líneas presentado a López Obrador era uno y firme: no queremos esa reforma. Dañará nuestras relaciones bilaterales.

Cuando salió de esa reunión en Palacio Nacional, Salazar sabía que la polémica Reforma Eléctrica – emblema de la ideología setentera y trasnochada de la pareja AMLO- Bartlett y punta de lanza del régimen para retornar al monopolio eléctrico más por razones ideológicas que tecnológicas-, estaba muerta. Un embajador norteamericano está para defender los intereses de su país y no para obedecer a otros presidentes.

¿A cuáles intereses nos referimos?

La tumba de la Reforma Eléctrica bartlettiana-obradorista se comenzó a cavar horas antes en Washington, entre los pasillos del Congreso estadounidense, cuando alrededor de 40 republicanos enviaron una carta al secretario de Estado Antony Blinken, a la secretaria de Comercio, Gina M. Raimondo, y a la secretaria de Energía, Jennifer M. Granholm, en la cual expresaban su “profunda preocupación” ante la intención del gobierno de AMLO por excluir a las empresas privadas del sector energético mexicano, lo cual violaba de manera abierta el T-MEC (Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá), así como compromisos internacionales. Era una locura lo que López Obrador pretendía hacer con la energía en México.

“Los informes recientes de acciones discriminatorias contra empresas estadounidenses, requieren una respuesta oportuna y clara. Nosotros los instamos a que redoblen sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas para que detengan las acciones discriminatorias y proporcionen a las empresas estadounidenses que operan o comercian con México en igualdad de condiciones”, advierte la durísima carta de los congresistas republicanos. “El gobierno mexicano pretende dar a Pemex y a la CFE un trato preferencial, en una clara contradicción con el T-MEC”, apunta la misiva que también fue entregada por el embajador Salazar al gobierno mexicano.

López Obrador acordó entonces con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, frenar la Reforma Eléctrica. Y así se le ordenó a los diputados de Morena.

Esa misma tarde de miércoles, los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados: el Partido Verde y el del Trabajo – tras recibir la comunicación directa de Palacio Nacional- informaron “diferir” la Reforma Eléctrica para dentro de medio año: el 15 de abril de 2022, con el pretexto de darle prioridad a la consulta sobre ratificación de mandato de AMLO.

La Reforma Eléctrica fue apagada por EU. Por los congresistas. Por el gobierno Biden. El embajador Salazar fue el vaso comunicante para advertirle al presidente de México que no la querían. Y por eso la enterraron.

Dentro de este episodio diplomático- energético, emerge un punto clave: la soberbia estúpida del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, quien a mediados de octubre pasado declaró lo que en Estados Unidos se consideró una amenaza directa hacia las empresas norteamericanas, una bravata surgida de la tradicional altanería de Bartlett, un error garrafal que encendió las alertas máximas en Washington y entre el empresariado mexicano:

“La CFE no indemnizará a las empresas con las que tiene contratos de suministro de energía, una vez que entre en vigor la reforma eléctrica y éstos sean cancelados”.

Aún más: dentro de su soberbia, Bartlett aseguró que la Reforma Eléctrica “va como está”, y hasta amenazó al Consejo Coordinador Empresarial (CCE): “No les conviene entrar en disputa (con el gobierno)”.

Pero la soberbia enceguece, y a Bartlett se le olvidó algo fundamental: en Estados Unidos no lo quieren porque no olvidan su evidente complacencia en el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, cuando Bartlett era secretario de Gobernación. Vamos, ni siquiera puede visitar EU porque sería aprehendido. De ahí que en su descabellado afán amenazador, Bartlett perdiera de vista ese pequeño detalle y le diera un tiro mortal a la reforma soñada por él y por su amigo el Presidente.

Bartlett olvida…pero Estados Unidos no olvida.

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Más allá de que AMLO y Morena no reúnen los votos suficientes para reformar la Constitución y lograr la Reforma Eléctrica. Más allá que el PRI prácticamente, en mayoría, les dio la espalda con esta reforma. Más allá que algunos aliados verdes ya la rechazaron. Más allá de todo esto, a AMLO, Bartlett y la 4T, se les olvidó algo clave: Estados Unidos.

Y EU rechaza la Reforma Eléctrica.

EU no la quiere.

EU la mató.

Alejandro Páez Varela

En los últimos meses, conforme crece la presión sobre Lorenzo Córdova, se ha organizado un movimiento para vincular la crisis de su presidente consejero con el Instituto Nacional Electoral. “Yo defiendo al INE”, dicen, como si el INE fuera Córdova o como si los errores del funcionario electoral fueran atribuibles al propio Instituto y sus destinos estuvieran inevitablemente unidos. Nada más lejano de la realidad. Y nada que no se haya visto antes.

Carlos Salinas de Gortari hizo todo para vincular los pasos apresurados del país hacia el liberalismo económico con la lucha democrática y los avances en materia política, forzados desde la izquierda. Y desde entonces se ha querido hacer ver que el neoliberalismo y la normalidad democrática van de la mano, nacieron juntas, y que así como se crearon instituciones independientes para regular y administrar los esfuerzos electorales, así se forjaron las reformas estructurales. Ambos esfuerzos habrán nacido por los mismos años pero no necesariamente tuvieron el mismo motor.

Como sabemos, las crisis económicas recurrentes de las décadas 1970 y 1980 condujeron a la implementación de políticas públicas neoliberales. Los organismos internacionales, que atraparon a México con la deuda, impusieron un modelo y obligaron el adelgazamiento del Estado, las privatizaciones masivas y las políticas restrictivas que se tradujeron en una sola cosa: apretar el cinturón de los ciudadanos. Los gobiernos de Salinas hasta el de Enrique Peña Nieto abatieron los movimientos sociales mientras que abrazaban al nuevo poder emergente: el capital. Así, a los llamados “pactos” para acomodar al país al liberalismo económico acudieron los empresarios como invitados especiales y los líderes corruptos de los sindicatos en calidad de sometidos. Los salarios de los obreros se hundieron y al mismo tiempo nació una casta de nuevos ricos creados básicamente con las concesiones que les entregó un Estado corruptor.

Casi al mismo tiempo, al interior del régimen se estaba dando una ruptura. En 1987 nacía la Corriente Democrática en el Partido Revolucionario Institucional, y Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo y otros como Rodolfo González Guevara empezaron una lucha por la democratización del país que los llevó a dejar el PRI y a lanzar, en 1988, una candidatura presidencial independiente con el Frente Democrático Nacional.

Ese 1988, el Gobierno cometió un fraude electoral y Carlos Salinas, su beneficiario, tuvo que convencerse que debía abrir caminos a la oposición si es que quería mantener la gobernabilidad. Pero también entendió que debía administrar la transición política. De esa manera es que emprendió dos caminos: uno, empezar la fusión del PRI con el PAN y, dos, crear una institución electoral independiente con el fin de simular elecciones limpias en la letra aunque en la práctica el mismo régimen siguiera administrando quien ganaba y quien perdía. Para Cárdenas y sus seguidores, Salinas tuvo palos; muchos murieron en esa lucha. Para los panistas, los intelectuales, los medios, los periodistas y los empresarios, las concesiones del poder.

Y luego, Salinas dio un paso inteligente: vincular la “modernización” entre comillas del país con la apertura democrática; aparentar que la creación de los órganos electorales independientes era suficiente para garantizar elecciones limpias, primero, y luego hacer creer que el impulso democratizador venía del Estado y era parte de las reformas estructurales que él mismo había impulsado. Con la ayuda de los intelectuales y los medios se impulsó una falsa narrativa del “Presidente modernizador”, que llevaba al país hacia el crecimiento económico y el bienestar y, a la vez, impulsaba el andamiaje para una sociedad democrática. Nada más lejano de la realidad.

Años más adelante, en 2006, ese falso discurso hizo crisis. El Instituto Federal Electoral, los intelectuales, los medios y los periodistas más escuchados sirvieron de tapadera al fraude cometido por los oligarcas y sus marionetas en el PAN. Impusieron a Felipe Calderón Hinojosa e hicieron todo para –como con Cárdenas– imponer la idea de que esa lucha, la de Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, era la de los “malos perdedores, arbitrarios y antidemocráticos”. Y si Francisco Barrio y Luis H. Álvarez habían tomado los puentes internacionales en la década de los 1980 y eso estaba bien, era “democrático”, la toma de Paseo de la Reforma fue la arbitrariedad. Y entonces los medios y los intelectuales hicieron su trabajo: hablar día y noche del bloqueo de esa arteria y convencer a la gente de que era obra de un obstinado comunista alborotador.

Como Salinas, en 2006 también fijaron la idea de que la izquierda es antidemocrática, se queja porque no sabe perder y quiere acabar con las instituciones; que los “modernizadores” son ellos, que el retroceso son los otros, y que el impulso democrático que se generó entonces es antidemocrático de origen y busca acabar con los “avances”.

Ahora, el movimiento “Yo defiendo al INE” tiene la misma inspiración del pasado. Los cuestionamientos a Lorenzo Córdova, dicen, son a la institución porque la izquierda odia las instituciones y quiere el control total. Córdova es la democracia y presionarlo es presionar a la democracia misma. Nada más lejano de la realidad.

Pero Lorenzo Córdova, como vimos en su comparecencia el viernes pasado en la Cámara de Diputados, ha caído en su propio juego. Se convirtió en un activo de la oposición y se presta a su discurso porque le conviene. Acepta el alegato de que la institución es él, y se abraza de PAN y PRI para defenderse aunque eso signifique renunciar a la neutralidad que supone su encargo. Es decir, renuncia a conservar la institución por encima de él mismo. Y lo que vemos es la corrupción del cargo acompañada con la propia. Nada que no se haya visto antes.

México vive momentos intensos en materia política. La oposición va de tumbo en tumbo; como –lo lamento por la institución–, el mismo Lorenzo Córdova. Ni él ni el bloque opositor han aprendido que no aplican las viejas fórmulas; no aplica apropiarse de las instituciones y creer que ellos son la sociedad. Deberían aprender a leer con más atención hacia dónde está caminando México; deberían reconocer que la gente está más interesada que nunca en la política y que no es fácil manipularla. Córdova no es el INE. Y el solo hecho de tener que escribirlo y decirlo así (“Córdova no es el INE”) me dice qué tan anquilosados están, y qué tan lejanos de la realidad se han quedado.

Jorge Zepeda Patterson

No resulta fácil para un simpatizante de la izquierda, sea que profese una versión radical o una versión socialdemócrata, coincidir con la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de entregar porciones importantes de la vida pública al Ejército. El anuncio de que se creará una empresa operada por los militares para administrar y recibir los ingresos que aporten el Tren Maya, el proyecto del corredor Interoceánico, el Puerto de Coatzacoalcos, el aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, y los aeropuertos por construirse en Chetumal, Tulum y Palenque confirman el deseo del mandatario de consolidar el poder de los soldados frente al resto del Gobierno y el conjunto de la sociedad. Se trata justamente de los proyectos más ambiciosos del Gobierno; al convertir a las Fuerzas Armadas en el beneficiario directo de estas cuantiosas inversiones, habría que asumir que al final del sexenio sería el estamento más favorecido por la llamada Cuarta Transformación. Y, por otro lado, tampoco podemos olvidar el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a las Cámaras para poner a la Guardia Nacional bajo control de las Fuerzas Armadas. La formación de esta fuerza había sido aprobada a condición de que fuera un organismo civil, sujeto a códigos civiles; ahora se intentaría convertirla en una dependencia de los militares. ¿Cómo no preocuparse de esta pinza que otorga a los soldados una capacidad económica autónoma y control de una porción de la administración pública, por un lado, y un poder policiaco y político frente a los ciudadanos, por otro?

Esta decisión se nutre de la idea de que el Ejército es la institución más confiable y disciplinada del Estado mexicano; algo en lo que quizá coincidimos todos. Pero al ser el actor al que la sociedad entrega los recursos para el ejercicio de la fuerza, es también el que menos implicado tendría que estar en las tareas relacionadas con el ejercicio de la autoridad, la economía o el derecho.

“Si estos bienes se lo dejamos a Fonatur o a la Secretaría de Comunicaciones no aguantan ni la primera embestida. Acuérdense lo que hicieron con Fonatur, que vendían terrenos a siete pesos el metro cuadrado en zona turística”, dijo el Presidente el jueves pasado.  Sin duda es cierto, pero López Obrador también tendría que acordarse de que se trata del mismo ejército que actuó a voluntad de Felipe Calderón o de Gustavo Díaz Ordaz y el mismo que desapareció a luchadores sociales a lo largo de años en la llamada “Guerra Sucia”.

Y por lo demás, el Presidente tendría que percibir lo desconcertante que resulta para su propio Gobierno asumir que los administradores públicos, que él ha traído, no son de confianza, mientras que los soldados que pertenecen al régimen anterior sí lo son. Su propia frase “no aguantan ni la primera embestida”, refiriéndose a los funcionarios actuales y futuros, echa por tierra el pañuelito blanco que suele agitar en lo alto para festejar el fin de la corrupción.

Incluso aceptando que el Ejército es más confiable como administrador que el propio gabinete o los cuadros obradoristas, entregar parcelas completas de la administración pública a los militares, equivale a renunciar al mandato de construir un servicio público decente y profesional al que estaría obligado un movimiento que ha prometido el cambio.

Los errores y autoritarismos de los presidentes priistas son evidentes, pero habría que concederles el mérito histórico de mantener al Ejército acotado frente al poder civil. Después de la Revolución Mexicana tomó casi medio siglo sacar a los generales del poder político y el siguiente medio siglo para consolidar esta tradición. En buena medida gracias a ello, México se ahorró las tragedias golpistas que vivieron prácticamente todos los demás países de América Latina. En buena lógica el Ejército fue asumido como un recurso de “úsese en caso de incendio”; literalmente, porque durante décadas se ganaron el respeto de la sociedad en situaciones de emergencia y poco más.

Por todo lo anterior resulta incomprensible la disposición de López Obrador para convertir a las Fuerzas Armadas en un poderoso protagonista de la vida civil. La construcción de un orden democrático lo desaconseja, la historia mundial y nacional de las luchas de izquierda o populares lo repele, el sentido común lo rechaza.

Los riesgos de este “empoderamiento” castrense están a la vista. En el mejor de los casos, le otorga al Presidente que esté en funciones, en su calidad de Comandante Supremo, un poder con autonomía favorable a tentaciones autoritarias o represivas. En ese sentido, AMLO podría estarle poniendo la cama a un mandatario que en el futuro lo utilice sin límites ni cortapisas en contra de la sociedad. O peor aun, ofreciendo a los generales razones y recursos para decidir actuar al margen del poder civil. Si ellos mismos terminan sintiéndose mejores administradores que los funcionarios, argumento del Presidente, ¿cuánto tiempo pasará antes de que comiencen a ofrecerse para corregir o resolver lo que a su juicio hacen mal los civiles?

López Obrador se ha referido a sí mismo como un demócrata, como un luchador de izquierda, como un humanista y como un hombre amante del amor y la paz. Difícil entender como encaja el fortalecimiento de los generales en esa ecuación.

En la Antigua Roma el Senado solía alejar de la ciudad a los mandos con tropa para evitar tentaciones; las grandes legiones tenían prohibido cruzar el río Rubicón, que se encontraba a cientos de kilómetros de la metrópoli. Todo con el propósito de no poner a la ciudad de Roma a merced de un general. Justamente el fin de la república sobrevino cuando Julio César decidió cruzar el río con sus legiones desoyendo el mandato. López Obrador entrega las obras más importantes de su Gobierno al Ejército con el propósito de que nunca se privaticen y pertenezcan al Estado de manera irreversible. Pero no las está entregando a la Nación solamente, sino al ejército en particular. Y ese empoderamiento también podría ser irreversible. ¿Quién va a ser el valiente que los vuelva a meter en sus cuarteles o los haga cruzar de regreso el Rubicón?

Rubén Martín

La violencia estatal, es decir las distintas formas de represión, ha sido parte constitutiva del régimen político mexicano. El Estado controlado por los gobiernos posrevolucionarios, a la par que creaba un limitado estado de bienestar y controlaban los gremios a través de sectores del partido oficial, ordenaban la dura represión en contra de los disidentes políticos del régimen. A lo largo de la historia del siglo pasado, el Estado autoritario priista ordenó varias matanzas, torturas, desapariciones, encarcelamientos y ejecuciones extrajudiciales para tratar de parar y contener huelgas, movilizaciones, y protestas sociales de diverso tipo en todo el país.

A medida que la legitimidad del régimen priista menguaba, la violencia estatal aumentaba. Para la memoria quedan matanzas como las de Tlatelolco en octubre de 1968, el Halconazo del 10 de junio de 1971, la represión contra movimientos sindicales como el de los electricistas en 1976 y el largo periodo de contrainsurgencia conocido como la Guerra Sucia cometido por el Estado entre la década de 1960 y 1980.

La violencia estatal no paró ahí y tampoco cesó con el relevo de partido en el poder, al pasar del Revolucionario Institucional (PRI) a Acción Nacional (PAN). Represiones como las de Atenco en mayo de 2006 y contra la revuelta popular de Oaxaca en noviembre de ese mismo año confirman que la violencia estatal y todas sus formas represivas no eran privativas del PRI, sino que continuaron en  el periodo que algunos calificaron ingenuamente como “transición a la democracia”.

Desde hace décadas las víctimas directas de estos hechos represivos así como sus familiares han levantado el reclamo de exigir justicia y castigo para los culpables. Pero hasta ahora esta justicia y la reparación de daños que han dejado estas múltiples violencias estatales, permanecen impunes.

Una leve esperanza se abrió en 2001, al comienzo del sexenio del panista Vicente Fox Quezada con el anuncio de la creación de la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) que llevó a cabo un trabajo de investigación en archivos y entrevistas con víctimas de la violencia estatal. Pero al final, Fox se alió con los responsables de la represión y decidió cancelar la fiscalía especial y apenas se conoció una versión incompleta del informe preparado por la Femospp.  Pero la justicia no llegó para las víctimas de masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o torturas.

La esperanza de dar justicia a las víctimas se abrió nuevamente con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en junio de 2018. Ya como presidente electo, se reunió con distintas organizaciones de familiares que padecieron hechos represivos del pasado y con las organizaciones de las víctimas del presente y se comprometió a crear una gran comisión de la verdad para esclarecer estas violencias estatales. Ya en el gobierno, López Obrador ordenó crear la Comisión de la Verdad para el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Es en este contexto que se anunció el pasado 2 de octubre la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”.

Y acto seguido se abrió una convocatoria para elegir a cinco comisionados provenientes de la sociedad civil. El pasado 29 de octubre se dio a conocer el nombre estas personas que vienen del trabajo en derechos humanos en organizaciones de la sociedad civil: Abel Barrera Hernández, Eugenia Allier Montaño, Aleyda García Aguirre, David de Jesús Fernández Dávalos y Carlos Alonso Pérez Ricart. Todos ellos tienen una trayectoria respetable en el campo de la defensa de derechos humanos, pero a pesar de ello algunos colectivos de familiares de víctimas y expertos han puesto en duda los alcances de que dicha comisión cumpla con las expectativas de que el Estado mexicano sea obligado a brindar justicia y reparación del daño a miles de victimas de las múltiples represiones políticas.

Uno de ellos es Jacobo Dayán, experto en Justicia Transicional y Derechos Humanos. En entrevista para Radio Universidad de Guadalajara (https://bit.ly/3BTGqLI), Dayán sostuvo que una de las limitantes más importantes es que la Comisión de la Verdad está integrada mayoritariamente por funcionarios públicos de las siguientes dependencias: Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Archivo General de la Nación, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Todos ellos tienen voz y voto. En cambio, los cinco consejeros ciudadanos tienen qué nombrar a uno de ellos para votar en la comisión, el resto no tiene derecho. Es decir, hay una exagerada presencia de representantes de gobierno en detrimento de expertos independientes de la sociedad civil, ya sea nacional o internacional.

Otra limitación observada por Dayán es que el decreto que crea la Comisión de la Verdad no obliga al ejército a abrir sus archivos e instalaciones para ser investigados; y se considera como limitante, que se ponga fecha de término de trabajo de la comisión a septiembre de 2024, cuando la experiencia en otros países indica que se debe dejar abierto al tiempo necesario para hacer una investigación a fondo sobre las violencias estatales investigadas.

Uno de los más severos cuestionamientos es que el mandato de investigación para la Comisión de la Verdad se limita hasta el año 1995, por lo tanto dejando fuera de su alcance indagar en las violencias estatales que se han cometido de 1996 en adelante, entre ellas la masacre de Acteal, cometida por paramilitares protegidos por el Estado en diciembre de 1997.

Lo más injustificable es que esta comisión no indagará el fenómeno de las desapariciones, fosas clandestinas y el periodo de guerra informal que la sociedad mexicana vive a partir de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”, decretada desde el sexenio del panista Felipe Calderón en diciembre de 2006.

Otro de los cuestionamientos a esta comisión, de mayoría gubernamental como bien ha subrayado Jacobo Dayán, es que su función se centrará en investigar y presentar un informe, dejando al aparato ordinario de procuración de justicia la tarea de perseguir a los posibles responsables. Tendría otra función si desde su decreto de creación se hubiera dotado a esta comisión de funciones jurisdiccionales extraordinarios que la facultaran incluso para perseguir y enjuiciar a posibles responsables de ordenar y cometer hechos represivos y violaciones graves a los derechos humanos.

Vamos a ver si el enorme peso que López Obrador ha dado a las fuerzas militares no se constituye en un obstáculo para las investigaciones de la Comisión de la Verdad. Muchos de los hechos represivos del Estado mexicano fueron operados directamente por los militares, como el arrasamiento de pueblos en Guerrero, los vuelos de la muerte en Acapulco y en Chapala, o las torturas y desapariciones de disidentes cometidas en instalaciones militares. Veremos si la cercanía de este gobierno con los militares no se convierte en un obstáculo para los fines de brindar justicia a las víctimas de las violencias estatales. Con todas estas limitaciones, será difícil que esta Comisión de la Verdad procure verdad y justicia para todas las víctimas que han padecido la violencia estatal en más de cinco décadas.

A pesar de todo lo anterior, muchas familias que han padecido las múltiples represiones esperan que ahora sí, por fin, llegue la justicia y la reparación del daño que ellos o sus familiares han padecido del Estado mexicano. Tienen derecho a exigir esta justicia.

Jorge Javier Romero Vadillo

México nunca se ha caracterizado por la solidez de su orden jurídico. Desde el nacimiento de la República, con la Constitución de 1824, el país ha vivido dificultades ingentes en la construcción de un Estado de derecho, con reglas claras, aceptadas de manera general y con capacidad estatal para ejecutarlas eficazmente.

La historia constitucional de México ha sido la de una serie de fracasos sucesivos y las dos Constituciones que han tenido una vigencia formal relativamente larga: la de 1857 –en teoría en vigor hasta 1916– y la actual, surgida del Constituyente de 1916–17, pero con centenares de reformas desde entonces, han sido en la práctica sustituidas por un arreglo institucional que mezclaba elementos constitucionales formales con reglas no escritas pero aceptadas, una suerte de Constitución consuetudinaria que modificaba y complementaba a la ley escrita.

Y de ahí hacia abajo, toda la jerarquía jurídica, hasta el último reglamento, se ha enfrentado a la incapacidad real del Estado de aplicar con eficacia las normas y a la falta de aceptación social del orden legal, dos aspectos del mismo problema, pues sin aceptación generalizada no hay Estado capaz de ejecutar con eficacia la ley en los casos en los que esta se viole. Un Estado débil, con serios problemas de agencia, donde cada funcionario se apropiaba patrimonialmente de su parcela de poder y ejercía su autoridad en beneficio personal, condujo a que la práctica común fuera la negociación personalizada de la desobediencia de la ley y el uso faccioso de la justicia y el orden jurídico para favorecer a aquellos que podían pagar por la protección estatal.

Es historia apenas ha comenzado a cambiar en las últimas tres décadas. Gradualmente se han creado espacios estatales efectivamente regidos por las normas formales, como el electoral. La transformación de la Suprema Corte de Justicia en un tribunal de constitucionalidad durante la última década del siglo pasado ha sido crucial en el lento proceso de construcción de un Estado donde los derechos sean universalmente exigibles y el ejercicio del poder esté limitado efectivamente por la ley, pero en la vida cotidiana de las personas poco ha cambiado. La justicia sigue siendo inaccesible para la mayoría, la legalidad sigue siendo una frontera para la negociación, donde los más poderosos sacan ventaja, mientras los más pobre se ven sometidos a la arbitrariedad, la extorsión y el abuso de poder por parte de las autoridades. Como en el famoso corrido de La cárcel de Cananea, en México a la gente se le procesa por culpa de su torpeza o por su pobreza, no por lo que dice la ley.

Se trata de un tema central de la trayectoria histórica del país. Su reversión es compleja y requiere de cambios institucionales profundos, donde no es menor el tema de la legitimidad de la dominación Estatal. El consenso social en torno a la ley se construye gradualmente, pero requiere del reconocimiento social de la justeza de la autoridad, de la imparcialidad de los jueces y de una percepción general de que la ley es el mejor marco para dirimir el conflicto social. Puede tener momentos fundacionales, con pactos constitucionales muy incluyentes, pero es una construcción incremental que tarda generaciones en completarse. Desde luego nunca es resultado de un acto moral de un líder iluminado.

¿Por qué es importante un orden jurídico eficaz? Pues, como dicen en su presentación el World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial), un “estado de derecho eficaz reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de las injusticias, grandes y pequeñas. Es la base de las comunidades justas, con oportunidades y paz, que sustentan el desarrollo, el gobierno responsable y el respeto de los derechos fundamentales”. Es la experiencia cotidiana de las personas la que resulta relevante a la hora de evaluar si realmente existe un Estado de derecho de acceso universal, por lo que la mejor manera de evaluar la vigencia real del orden jurídico como igualdad sustantiva ante la ley, es preguntarle a la gente su percepción y sus vivencias en relación con las autoridades y con la justicia.

El Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por su sigla en inglés), es una organización interdisciplinaria e independiente, fundada a partir de una iniciativa de la Asociación Norteamericana de Abogados en 2006; desde entonces ha impulsado investigación relevante sobre el orden jurídico en el mundo y ha creado un índice global de imperio de la ley, basado en encuestas con población abierta y entrevistas a profundidad con profesionales del derecho. Es, sin duda, un instrumento muy útil para medir avances y retrocesos en el desarrollo del Estado de derecho en 139 países del mundo.

No resulta sorprendente que México no quede muy bien situado en este índice global. En el estudio de este año, nuestro país ocupó el lugar 113 de los 139 analizados con una metodología común, y bajó un lugar respecto al año pasado. Vale la pena ver cómo se ha movido la percepción social respecto al orden jurídico en México desde que comenzó a publicarse el índice, en 2009. Un aspecto relevante analizado por el índice es el relativo a la medición de ausencia de corrupción, donde este año México quedó en un desastroso lugar 135, solo mejor que Uganda, Camerún, Camboya y la República Democrática del Congo. Este dato provocó la furia presidencial y el índice fue descalificado como un documento elaborado por enemigos del gobierno, con información sesgada y falsa, por la encargada de los desmentidos gubernamentales de los miércoles.

Si no fuera porque el Presidente se toma todo personal y pretende convencernos de que ya nos condujo a la Arcadia de la honradez pública, el índice sería muy útil para un gobierno realmente empeñado en combatir la corrupción. Desde 2018, además, la oficina en México del WJP, dirigida por Alejandro González, hace estudios con información de las entidades federativas, muy valiosos para detectar los problemas del imperio de la ley en el ámbito local. Se trata de un trabajo notable, pero como proviene de una agencia independiente no gubernamental, enseguida resulta sospechoso para López Obrador, sobre todo cuando muestra que no basta con declarar el fin de la corrupción y la arbitrariedad para que estas desaparezcan.

Dolia Estévez

En violación del decreto que prohíbe exhibir nombres de funcionarios en edificios federales y de la política del Presidente López Obrador de no usar la obra pública para la promoción personal, el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el Embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, develaron una placa que glorifica el nombre del priista estatal en un nuevo recinto en el Instituto Cultural Mexicano (ICM), propiedad del Estado.

En 1983, Miguel de la Madrid decretó que “las obras públicas no deben ser aprovechadas para exaltar el culto a la personalidad de quienes actúan en el servicio público, durante el tiempo de su encargo…”. Con base en ese postulado, emitió un decreto para “suprimir” los nombres del Presidente y de los funcionarios públicos, “en las placas que se fijan con motivo de la inauguración de las obras públicas que realicen la Administración Pública Federal, centralizada o paraestatal el Departamento del Distrito Federal y sus entidades, o los Gobiernos locales, cuando se trate de obras llevadas a cabo con recursos federales (“Acuerdo por el que se dispone se supriman los nombres… Diario Oficial, 05/04/1983).

Hasta la semana pasada, no había ninguna placa con nombres de funcionarios, ni en la sede de la Embajada ni en el Instituto Cultural Mexicano, que infringiera dicho acuerdo. La placa de Murat es la primera.

Ubicada en la pared exterior de un edificio que no hace muchos años era la Sección Consular de la Embajada de México, la placa en el nuevo taller dice: “Laboratorio Matías Romero; Lanzado por el Gobernador del estado libre y soberano de Oaxaca, Alejandro I. Murat Hinojosa”.

Sobra decir que el ICM no pertenece al Gobierno de Oaxaca. Es una obra pública comprada con dinero federal, por tanto, rige el acuerdo de 1983. La responsabilidad de hacer cumplir la normativa no es del Gobernador sino de Moctezuma, quien tiene encomendadas las propiedades diplomáticas del Estado mientras sea Embajador.

Ya ni la arrogancia de Carlos Salinas de Gortari. La placa de la inauguración en 1989 de la Embajada de México, sobre Avenida Pensilvania, no lleva su nombre. Puntualmente dice: “El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos declaró inaugurado este edificio destinado a la Embajada…”.

El Gobernador de Oaxaca, el cuarto estado más pobre de México, pagó por la inauguración del taller en el marco del llamado “Mes de Oaxaca en Estados Unidos”. El mantenimiento correría por cuenta del erario de su estado. La placa con el nombre de Murat, que él mismo mandó hacer en Oaxaca, es un pago a perpetuidad… si no la cambian.

Murat y Moctezuma también develaron un busto de Matías Romero en un salón de juntas en el octavo piso de la Embajada. Murat se dijo “orgulloso” de la “entrega” a la legación mexicana de los símbolos conmemorativos al distinguido diplomático, empresario, autor y estadista oriundo de Oaxaca.

El súbito impulso por reconocer al ilustre mexicano, no deja de llamar la atención, más aún cuando un intento reciente por instalar un pedestal en su honor en la esquina de las calles 14 e I, donde vivió intermitentemente 24 años, no prosperó. El permiso que otorgó el Gobierno del Distrito de Columbia de la Ciudad de Washington, venció el año pasado, me dicen fuentes del municipio.

Moctezuma no es el primer diplomático de la 4T en incumplir el compromiso de AMLO. El año pasado, el Cónsul de San Antonio, Rubén Minutti invitó a Yasmín Esquivel a inaugurar una sala de lactancia que lleva su nombre.

La actuación de Minutti, quien buscaba quedar bien con la Ministra, presuntamente iba a ser objeto de una investigación por parte del Órgano Interno de Control en la SRE, pero se desconoce si el caso procedió o si el cónsul fue sancionado.

Hasta la semana pasada, no había ninguna placa con nombres de funcionarios, ni en la sede de la Embajada ni en el ICM. Foto: Dolia Estévez

La gira del Gobernador es una idea un tanto original de Moctezuma. Tras la desaparición de las oficinas de Pro México bajo el actual Gobierno, las embajadas en el mundo han asumido el papel de promotores de la inversión y de la cultura en los estados. Moctezuma espera traer a más gobernadores el próximo año.

El propósito de la gira de Murat fue desarrollar un programa de promoción económica y cultural en su estado, que dominó la agenda del personal de la Embajada a lo lago de toda la semana pasada. Las actividades iniciaron con la inauguración de dos espectaculares alebrijes en Rockefeller Center, en el corazón de Manhattan.

En el más rancio estilo priista, Murat y su esposa, blindados por un séquito de más de 30 personas que incluyó a los secretarios de turismo y economía estatales, al director de comunicación (yerno de Moctezuma), a funcionarios diversos, camarógrafos, fotógrafos y a un par de reporteros locales, almorzaron con empresarios, inauguraron salas y el Altar de Muertos, montaron guardia frente al monumento a Juárez y presenciaron bailes y música de artistas e interpretes traídos de Oaxaca.

Murat, quien en todo momento estuvo acompañado de Moctezuma, pagó por todo. Hasta por el papel picado de la decoración en el ICM. No pronunció discurso que no mencionara en términos elogiosos a AMLO.

El hijo de José Murat no es ajeno a la controversia. De acuerdo a una investigación de The New York Times, Alejandro Murat y su familia son dueños de propiedades inmobiliarias de gran valor en Estados Unidos. “Con los años, él (Alejandro Murat) y los miembros de su familia inmediata –empezando por su padre, exgobernador de Oaxaca– han comprado al menos seis propiedades, incluyendo dos condominios cerca de una estación de esquí en Utah, otro en la playa en el sur de Texas y por lo menos una en Manhattan”. Murat lo negó (Mexican Political Family has close ties to ruling party, and homes in the U.S., The New York Times 10/02/2015).

Bastó la aparatosa visita de un polémico político priista para arrojar a las aguas del Potomac el compromiso de AMLO de acabar con el culto a la personalidad que tanto daño hace a México.

Rubén Martín

La retórica simplista y maniquea del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el gobierno de la Cuarta Transformación de clasificar a todos sus opositores o disidentes como conservadores, mientras él y sus seguidores se clasifican a sí mismos como liberales y transformadores, es un discurso que sirve para mover y unificar a sus bases de simpatizantes, pero que deja fuera de este binarismo a un amplio campo de luchas sociales y políticas que no pueden ni quieren ser clasificadas en los bandos liberales o conservadores.

El abuso de esta retórica política simplificadora ha provocado varias polémicas al descalificar a movimientos sociales como el feminista, ecologista o defensores del territorio, como conservadores o incluso de extrema derecha.

El presidente López Obrador lo volvió a hacer el pasado viernes 29 de octubre en su conferencia de prensa mañana, desde Campeche, al responder una pregunta que se le planteó sobre los opositores al megaproyecto del Tren Maya. Inicialmente respondió: “Bueno, la mayoría de la gente está a favor del Tren Maya y yo lo agradezco mucho, porque hay opositores, tenemos de adversarios a los conservadores que se oponen a todo (cursivas mías) , que quisieran que nos fuese mal”.

Luego al abundar en otra interpelación López Obrador soltó la frase que incendió el debate público al sostener que ciertas causas como el feminismo, ecologismo y la defensa de los derechos humanos fueron alentadas, incluso financiadas, por los mismos que diseñaron las políticas neoliberales. “(…) más que nada son grupos que tienen que ver con una forma que encontraron de trabajar. ¿Qué hizo el neoliberalismo o qué hicieron los que diseñaron para su beneficio la política neoliberal, qué hicieron? Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Entonces, se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales.  Muy nobles todas estas causas, muy nobles, pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar todas estas nuevas causas para que no reparáramos, para que no volteáramos a ver que estaban saqueando al mundo y que el tema de la desigualdad en lo económico y en lo social quedara afuera del centro del debate. Por eso no hablaba de corrupción, se dejó de hablar de explotación, de opresión, de clasismo, de racismo”.

Esas agencias internacionales “que apoyaban el modelo neoliberal”, añadió el mandatario siguen financiando “a grupos ambientalistas, defensores de la libertad” e incluso a quienes se oponen a uno de los proyectos insignia del actual gobierno: el Tren Maya, “que recibían dinero de la embajada de Estados Unidos, como también las asociaciones de Claudio X. González”.

Estas desafortunadas declaraciones encendieron rápidamente las redes sociales y alentaron la tóxica polarización de proAMLO o antiAMLO. Pero esta polarización no permite reconocer con claridad que más allá de estas posturas políticas centradas en la disputa del poder estatal, hay luchas y movimientos sociales organizados que están defendiendo causas políticas que no tienen qué ver con la disputa del poder estatal.

Si bien es cierto que hay muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan acompañando luchas sociales y que reciben financiamiento de organismos o fundaciones internacionales o nacionales, la mayoría de los movimientos sociales que el presidente quiere encasillas como “conservadores”, se organizan y financian por sí mismos, como hacen la miríada de colectivas que componen el amplio movimiento feminista en México, o los pueblos organizados en comunidad para defender sus territorios del extractivismo y los megaproyectos tan vivos ahora como en el periodo neoliberal, declarado ya difundo por el actual gobierno.

No es que no haya intereses geopolíticos, de agencias internacionales o que la derecha conservadora del país no pretenda intervenir en la lucha por el poder estatal en México. Sería ingenuo no admitirlo. Pero es obtuso del presidente y los promotores de su proyecto no reconocer que hay otros sujetos políticos que escapan a la polarización liberal – conservador.

Uno de ellos son los pueblos mayas de la península de Yucatán que se oponen al Tren Maya. Vuelvo a ellos porque la oposición a este megaproyecto fue lo que dio pie a las declaraciones de López Obrador.

Apenas tres días antes de las declaraciones del presidente, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, declaró ante una comisión de senadores que el gobierno tenía bien identificados a las “327 personas han interpuesto 25 amparos contra el proyecto y señaló que 49 personas físicas y morales se repiten en todos los amparos y se tienen identificadas a seis organizaciones de la sociedad civil detrás de estos” (La Jornada, 26 octubre 2021).

Luego sin prueba alguna, Jiménez Pons sostuvo que detrás de esos amparos “están organizaciones como el Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) e Indignación, grupos que no nos quieren. Es obvio que está la extrema derecha en la zona. Hay grupos mucho muy conservadores”. Otra vez se mete en el costal “conservador” a todos aquellos que no comulgan con el proyecto de la 4T.

Pero no es Frena, ni grupos conservadores de extrema derecha quienes se oponen al Ten Maya, como dice el titular de Fonatur. Son comunidades mayas organizada en redes más amplias, como es la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, quien reaccionó a las acusaciones de Jiménez Pons con un contundente comunicado: “Acusamos al gobierno federal de racista y promotor de la violencia contra los indígenas. La ridiculez inaudita e insensata de etiquetarnos como ‘grupo de ultraderecha’ habla por sí sola de la propensión a la mentira, la simulación y la mala fe del gobierno federal y del señor Jiménez Pons, director del Fonatur. (…) la única alianza de la ultraderecha de Yucatán en relación con el mal llamado Tren Maya es la complicidad que se ha establecido entre los gobiernos estatal (del panista Mauricio Vila) y municipales (como el del panista Renán Barrera en Mérida) con el gobierno federal mexicano para imponer y echar adelante el proyecto etnocida del presidente López, violando abiertamente los derechos del pueblo Maya”.

Las comunidades organizadas en la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal se oponen a este megaproyecto no porque formen parte de los “conservadores” opositores a la 4T; se oponen a esta obra porque temen que los despoje del territorio y de sus medios de vida.

Así lo dijo Pedro Uc, integrante de esta asamblea en una entrevista para Radio Universidad de Guadalajara: “el proyecto del Tren Maya está basado en un reordenamiento territorial en el que está planteada la construcción de por lo menos 15 o 20 ciudades que van a estar en el camino del tren en donde cada una de esas ciudades tendrá al menos 50 mil personas y esto va a generar un impacto muy fuerte en nuestra cultura maya, en el patrimonio cultural, en los espacios de agua como las lagunas y los cenotes; y está planteado para construir un corredor industrial en el que se plantea una línea de producción a través de fábricas y que esto va a servir para conectar con el otro tren, del istmo de Tehuantepec, y así abrir a los gobiernos esta parte del mundo y controlar los dos mares que hay en el istmo. Lo que nosotros vemos, y nos preocupa es el despojo de nuestro territorio y la destrucción de nuestro entorno…”.

En esa misma entrevista, vislumbró los riesgos que implica esta visión desde el desarrollismo capitalista de llevar “progreso” mediante la inversión pública a través de grandes megaproyectos: “Empezamos a tener conflicto con el término ‘desarrollo’ porque no entendíamos la palabra, es extraña en las comunidades que hablamos lengua maya. Y cuando vimos que el desarrollo estaba con las maquinarias que estaban tirando los árboles, están destruyendo la tierra, fumigando las abejas, contaminando el agua, todo este tipo de agresiones que sufre nuestro entrono y repercute en nuestra salud porque como pueblos mayas decimos que si el entorno tiene buena salud en consecuencia los seres humanos vamos a tener una salud para vivir bien. Sin embargo estos megaproyectos han venido a destruir a contaminar a acabar con muchos kilómetros de selva, de flores y sobre todo afectando la salud del agua que consumimos. Entonces, no lo vemos como una oportunidad, sino lo vemos como una amenaza de muerte y finalmente cuando nos quitan el territorio nos quitan la vida. Siempre hemos dicho que somos como los peces que si les quitan el agua obviamente se mueren. A nosotros si nos quitan el territorio, nos morimos. Y eso es lo que hace este gobierno que, curiosamente, ha declarado que se ha muerto el neoliberalismo”, denunció Pedro Uc.

Esta visión compleja con el territorio es la que los lleva a resistir los megaproyectos y a convertirse en sujetos políticos organizados para la defensa de sus modos de reproducción de la vida. Son las formas políticas que desde abajo se organizan para defender sus vida, pero que no caben en la retórica simplista de la 4T de poner en el bando conservador a todos los que no están de acuerdo con su proyecto.

Jorge Javier Romero Vadillo

Hace unos días, Tyler Cowen, articulista de Bloomberg, publicó un artículo pletórico de optimismo e ingenuidad en el que afirma que México está destinado a convertirse en una suerte de Dinamarca americana, simplemente como producto de una suerte de evolución natural provocada por la vinculación de su economía con la de los Estados Unidos. Como prueba de su predicción pone el testimonio de “muchos centroamericanos que dicen que México se esta volviendo muy parecido a Estados Unidos”.

El artículo de Cowen es bastante bobo y no merecería más que una mueca de sorna, de no ser porque algún reportero le preguntó al Presidente de la República su opinión sobre él. López Obrador reconoció no haber leído el texto, pero, dijo, Dinamarca “sí es mi modelo a seguir en lo que tiene que ver con un país extranjero” y con una simpleza parecida a la de Cowen, se lanzó a afirmar que los daneses no tenían pobreza porque allá no existe la corrupción.

No es la primera vez que López Obrador pone al país escandinavo como ejemplo y meta. En los días de la demolición del Seguro Popular y la creación del malhadado INSABI, ofreció que en unos meses México contaría con un sistema de Salud como el danés, lo cual no pudo haber sido tomado en serio ni por los más fieles seguidores, capaces de defender todos los disparates presidenciales con una vehemencia aterradora. Sin embargo, la aspiración presidencial resulta curiosa, sobre todo porque Francis Fukuyama, considerado por muchos el politólogo neoliberal por antonomasia, también ha usado a Dinamarca como la meta a alcanzar en cuanto a desarrollo político, social y económico.

La eutopía danesa de Fukuyama implica una sociedad imaginada que es próspera, democrática y segura, que está bien gobernada y registra bajos niveles de corrupción. Supongamos que López Obrador comparte estos objetivos y que en verdad él aspira a que México se transforme en la versión tropical del modelo escandinavo, lo que nos convertiría en el mismísimo paraíso terrenal, pues seríamos ricos y ordenados como daneses o suecos, pero con clima tropical. No creo que a alguien le disguste la idea de vivir en el edén, aunque es bien sabido que la idea de edén de los tabasqueños es bastante cuestionable.

El problema surge cuando se contrasta el sueño de Andrés con la vía que ha tomado para alcanzarlo. Ahí es cuando parece que el Presidente anda bastante desorientado y que ha tomado la ruta en sentido contrario a donde nos dice que quiere llegar, pues ¿cómo se llega a Dinamarca? Según Cowen casi no tenemos nada más que esperar a que la mano invisible nos conduzca por la senda del progreso. Fukuyama es mucho menos optimista, y ni siquiera tiene totalmente claro cómo es que Dinamarca misma ha llegado a ser Dinamarca. Sin embargo, los elementos que identifica como relevantes en el proceso de desarrollo de los órdenes sociales cercanos al tipo ideal danés implican un desarrollo institucional muy diferente al de los empeños de López Obrador.

En primer lugar, está el Estado. En este terreno, Fukuyama se aleja de los tópicos antiestatistas comunes a la ortodoxia neoliberal, pues en su ruta a Dinamarca lo primero que se requiere es un Estado fuerte. Hasta aquí parecería que López Obrador coincide: una de sus críticas al neoliberalismo es precisamente el desmantelamiento del Estado, así que de lo que se trata es echar abajo las privatizaciones neoliberales y reconstruir los monopolios estatales. El problema surge cuando vemos que la idea de Estado fuerte de Fukuyama es totalmente distinta a la del Presidente mexicano, pues se trata de un Estado moderno, impersonal, garante del orden y la seguridad, y fuente de los bienes públicos necesarios. Mucho más importante que el tamaño del sector público es su calidad, su profesionalismo, su capacidad técnica de la que se derivan los buenos resultados económicos y sociales. Nada más lejano al Estado clientelista, repartido como botín entre seguidores a los que se les pide un 90 por ciento de lealtad y un 10 por ciento de conocimientos.

La ruta a Dinamarca también pasa por la democracia. Otra coincidencia, dirán los corifeos, pues nuestro Presidente clama ser un demócrata. De nuevo, el problema está en el tipo de democracia requerida. Mientras que López Obrador defiende la democracia mayoritaria, la de la voluntad general encarnada en su persona, donde 30 millones de votos han hablado de una vez y para siempre, la democracia que conduce al desarrollo es la liberal, comprensiva de todas las instituciones del Estado, con imperio de la ley y rendición de cuentas, cuya calidad se mide no por la fuerza de la mayoría sino por el respeto y la consideración que merecen las minorías. Una democracia de consensos, no de hegemonía.

Y luego están las clases medias. Para López Obrador, estas son “aspiracionistas”, egoístas y conservadoras, la némesis de la pureza natural del pueblo. En cambio, en el camino a la eutopía danesa, la conversión de la clase trabajadora en clase media es valorada como un desarrollado inesperado que irrumpió en el camino hacia la revolución del proletariado. El edén escandinavo es una sociedad de clases medias y su repliegue es, según Fukuyama, uno de los grandes riesgos de retroceso hoy en las sociedades avanzadas. La clave para lograr el desarrollo de la clase media está en un sistema educativo que tenga éxito en situar a la gran mayoría de ciudadanos en niveles de formación elevados, también en el sentido contrario al que López Obrador ha conducido al sistema educativo mexicano, sometido a la inanidad presupuestal y condenado a la gobernabilidad corporativa en los niveles básicos, mientras se desmantela y ataca a la educación superior de calidad.

Si el Presidente cree que va rumbo a Dinamarca, está bastante norteado.