Día: 25 julio, 2022

Por Joel Solís Vargas

A reserva del desenlace que pueda tener en tribunales la declaratoria del Tren Maya como obra de seguridad nacional -porque en un sistema democrático son los tribunales los que tienen la última palabra-, en este momento puede decirse que la solución que ha dado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la parálisis en que un amparo tenía a su proyecto insignia no es de un régimen democrático, sino típica de uno autoritario. Y no ha sido la única vez; esta solución ha sido recurrente en este régimen.

Hay que reconocer que las democracias aburren y desesperan a muchos ciudadanos, a la mayoría, porque no ven pronto los cambios que el sistema les promete y que ellos anhelan. Pero la característica más valiosa de la democracia no es su velocidad para cumplir los anhelos ciudadanos, sino su capacidad para hacerlo en modo consensuado. La característica principal de la democracia es la libertad, política y social.

El ciudadano puede elegir (en modo activo o pasivo) un régimen autoritario o una democracia. Hay muchos que, en ambos casos, terminan por arrepentirse, pero los costos en vidas y oportunidades que hay que pagar son muy distintos en uno y otro; la diferencia entre ambos es abismal.

Es indudable que un régimen autoritario es mucho más eficiente que uno democrático para hacer realidad los proyectos del grupo o del individuo gobernante. La explicación es simple: el autócrata, y más el dictador, no tiene contrapesos que le cuestionen o le objeten sus decisiones o sus actos. Es más rápido y eficiente, sí, pero eso puede ser un gran peligro para la democracia, porque abre las puertas a la dictadura.

Las dictaduras derivan de la democracia, del enojo, de la insatisfacción de la gente, que opta por la posibilidad de resolver los problemas de una buena vez. Es la historia, que transcurre en ciclos y siempre vuelve al punto de partida, si bien en otro nivel de desarrollo.

Dice el clásico que quien no conoce (por no estudiarla) su historia está condenado a repetirla, pero hay quienes la repiten aunque la conozcan y la estudien.

Dos dictadores que luego serían figuras centrales de la Segunda Guerra Mundial ascendieron al poder en los años previos a ésta: José Stalin en los años 20 en la entonces Unión Soviética, y Adolfo Hitler en los años 30 en Alemania. La historia es muy conocida: el primero llegó por la vía de un golpe de Estado disfrazado de decisión parlamentaria y el otro llegó por la vía democrática, en elecciones más o menos libres. A la postre, ambos causaron la muerte de millones de personas, de manera directa o indirecta.

Pero ambos son muestra de que un régimen autoritario es mucho más capaz que uno democrático de emprender cambios de gran envergadura en sus naciones y en sus sociedades en plazos muy cortos.

Alemania estaba no sólo devastada por su derrota en la Primera Guerra Mundial, sino que además sobrevivía aplastada por los acuerdos del  Tratado de Versalles, que le obligaban a pagar compensación a los países vencedores por todos los gastos que les ocasionó al forzarlos a entrar al conflicto armado.

La Unión Soviética era un vastísimo país rural, sin caminos, sin industrias, sin economía. Era un desastre. Eso hizo que Hitler pensara que en tres meses la tendría sometida por completo.

Pero ambos dictadores habían decidido en secreto que levantarían su respectiva industria nacional hasta sobrepasar a las economías de Occidente, las más vigorosas del mundo entonces. Y lo lograron: a Hitler le tomó seis años, de 1933 a 1939, poner su aparato militar a punto para emprender la guerra que en sus delirios lo llevaría a dominar el mundo. Y, en efecto, tenía las armas más modernas conocidas hasta entonces. Stalin tomó una ruta algo distinta: mientras empujaba la industrialización acelerada de su país dedicaba mucho de su tiempo a purgar al Partido Comunista, al Ejército Rojo y a la sociedad soviética de los traidores, los revisionistas, los capitalistas, los contrarrevolucionarios, cientos de miles de los cuales fueron a morir en el paredón de fusilamientos o en algún helado campo siberiano del Gulag.

Así que cuando Hitler decide invadir la Unión Soviética, ésta ya no es el país rural que él recordaba, sino que tenía mucho con qué hacerle frente a sus ejércitos.

Ellos no lo habrían logrado si no hubieran sido dictadores, si hubieran tenido contrapesos a los cuales rendir cuentas o pedir permiso. Ejercieron su poder dictatorial en total libertad para lograr sus propósitos en tiempo récord. Pero, como suele ocurrir cuando un individuo concentra todo el poder del Estado, asesinaron, torturaron y mutilaron con toda impunidad y fueron responsables de millones de muertes, porque ese es el peligro de socavar y debilitar la democracia.

Así, ante la disyuntiva entre resultados tangibles inmediatos y libertades sociales, un verdadero demócrata elegirá siempre las libertades. Muchas personas piensan distinto y están en su derecho. Quizá no tienen presente que la humanidad, a lo largo de su historia, ha probado todas las formas de gobierno posibles, incluidas la democracia y la dictadura, y que ninguna la ha satisfecho a plenitud.

A pesar de todo ello, como dijo Winston Churchill, “la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás”.

Y lo que pasa en México, la sensación de decepción ciudadana ante los prometedores cambios que destronaron al viejo régimen priista del poder, es que la democracia decepcionó a las mayorías, que esperaban los grandes cambios para bien, de inmediato, pero estos no llegaron de inmediato, como suele ocurrir en las democracias, sino de manera muy gradual. Y la gente se cansó de esperar; 18 años fueron demasiado, y ganó la opción que promete, y trata de cumplir, cambios rápidos.

Pero esa pretensión de efectuar cambios rápidos en México se ha topado con un entramado de leyes diseñadas para operar en un régimen de pesos y contrapesos, que en apariencia todo lo complica, lo cual impide los cambios rápidos. Y entonces el régimen decide brincarse las leyes, con argumentos débiles y cuestionables.

Por eso ha optado por declarar de seguridad nacional obras civiles, que nada tienen que ver con la seguridad nacional, como el Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles, para no tener que rendir cuentas ni pedir permiso.

Es evidente la aspiración del régimen de tener la hegemonía política. Pero es peligroso cuando se abre la puerta a justificar que alguien aspire a tener la hegemonía, pues ésta es el pequeño diablillo que se introduce en la democracia, y puede acabar por hacerle mucho daño.

Trinidad Zamacona López

“Los servidores públicos son responsables de sus actos por acción o por omisión, por ello se sujetan a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, esto con respecto al Derecho Administrativo”.

Ya se cumplió más de un año de que se separó del cargo de Auditor Superior del Estado, Alfonso Damián Peralta, es por eso que el Congreso del Estado, emitió la convocatoria, y no fue elegido nadie, porque nadie alcanzó los votos necesarios para ser titular de dicha dependencia. Y desde entonces solo hay una encargada del despacho, figura que no existe en ninguna norma en el Estado de Guerrero.

En su lugar se nombró o designó a una encargada de despacho; y siempre he sostenido que ni la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 08, y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero Número 564, señalan en sus artículos que existen en dichas normas legales las figuras de encargados de despachos. Para el caso de que sean nombrados serán provisionales pero por un corto tiempo.

La ley 564, en su artículo 7º señala que la Auditoría General del Estado contara para el ejercicio de sus atribuciones con, un Auditor General, Tres Auditores Especiales, Un Director de Asuntos Jurídicos, un Director de Administración y Finanzas, y los demás servidores púbicos necesarios para el cumplimiento.

Pero mire lo que señala dicha norma, en su Artículo 10.- El Titular de la Auditoría General del Estado será el Auditor General nombrado por el Congreso bajo el procedimiento siguiente: I. La Comisión de Gobierno del Congreso formulará la propuesta correspondiente al Pleno del mismo; II. El Congreso aprobará, en su caso, por el voto de la mayoría de sus integrantes el nombramiento del Auditor General, quien protestará su cargo ante el Pleno del mismo y entrará en funciones al siguiente día hábil de su nombramiento; y III. En caso de que el candidato no obtenga la votación requerida, el Congreso instruirá a su Comisión de Gobierno a que presente una nueva propuesta. El mismo procedimiento se seguirá para la ratificación del nombramiento de Auditor General. Esto último en caso de que el titular sea ratificado en el caso de que desee seguir en el cargo.

Por su parte la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 08, en su numeral 11 señala que al frente de cada dependencia habrá un secretario de despacho, estos son nombrados libremente por el Gobernador del Estado.

En ninguna de las dos leyes encontramos a los encargados de despachos, por lo tanto los actos que realizan estos funcionarios son ilegales, mas tratándose de entes que se encargan de fiscalizar los entes públicos que manejan recursos económicos y que deben de ser auditados para verificar la transparencia y el uso adecuado de los mismos, por ello es que se deben de sujetar a los principios de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, principios establecidos tanto en la Constitución Política del Estado de Guerrero, la Constitución Federal, así como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, por ello es que para aquellos que violan la Constitución del Estado de Guerrero, o bien las leyes que ella emanen, por ello vamos a ver que dice la Ley Número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, en su artículo “9º Podrán ser sujetos de Responsabilidad Política, los servidores públicos que menciona el artículo 195.1 de la Constitución Local”.  Procede el juicio político contra el Gobernador del Estado, los Diputados, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Consejeros de la Judicatura Estatal por violaciones graves a la Constitución Federal y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, en los términos del párrafo segundo del artículo 110 de la Constitución Federal. Artículo 10.- Es procedente la Responsabilidad Política, a los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones realicen actos u omisiones que vulneren los principios fundamentales de la Constitución o infrinjan las leyes que regulan el manejo del patrimonio del Estado o de los Municipios. Artículo 11.- Además, procederá el finamiento de la Responsabilidad Política por las siguientes causas graves. VII. Cualquier infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Local y a las leyes federales o del Estado, cuando cause perjuicios graves a la Federación, al Estado de Guerrero, al municipio o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; en esto es donde encuadra la responsabilidad de los diputados de la LXIII legislatura del Estado de Guerrero.

Todos son responsables de lo que pasa en la Auditoría Superior del Estado, y a todos sus integrantes se les debe de fincar responsabilidad, por acción o bien por omisión, por no cumplir la Constitución del Estado y la Constitución Federal; los responsables del Poder Legislativo, saben que están violando la propia Constitución a la que prometieron cumplir y hacer cumplir cuando tomaron protesta del cargo.

Que es lo que fiscaliza la ASE, su función es auditar a los “Poderes del Estado, Ayuntamientos, Entes Públicos Estatales y Municipales, el Consejo Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los Fideicomisos Públicos y Privados que hayan recibido por cualquier título recursos públicos y, en general, cualquier persona física o moral, pública o privada que reciba, recaude, administre, custodie o aplique recursos públicos”; por eso es que su función es primordial en el Estado de Guerrero, y en cualquier otra entidad del país, los recursos públicos son de interés social, todos debemos de saber de qué forma se ejercen, sean federales, estatales o municipales.

La LXIII legislatura, no está midiendo las consecuencias jurídicas y políticas en las que están incurriendo; pero más los diputados que son los de oposición, ellos saben que tienen recursos legales para obligar a quienes dirigen el parlamento a que emitan la convocatoria para designar a dicho funcionario de este ente fiscalizador.

No pueden ni deben de basar la omisión de designar al titular de la ASE, en sus diferencias  políticas, o en que no se ponen de acuerdo en el reparto de los espacios en cada una de las áreas con las que cuenta dicha institución, damos un mal ejemplo como Estado al violar nuestra propia Constitución Política, al no respetar nuestro propio marco legal, y más de que la violación venga de donde se hacen las leyes, esa es la gravedad de lo que está pasando, en eso todos son responsables.