(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Hay un hartazgo persistente en el país por la inseguridad.
En la mayoría de las entidades federativas, encabezando la Ciudad de México y
el Estado de México, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos es
demasiado alta.
Y si en algunos lugares, Guerrero entre ellos, podemos
presumir que el índice de violencia ha disminuido, eso no significa que el
problema está resuelto, y que falta mucho para que los mexicanos nos podamos
sentir seguros incluso en nuestra propia casa.
Salir de copras, de antro, de vacaciones, ir al banco, e
incluso ir a la escuela por los hijos, se ha convertido en ocasión de estrés
por la percepción de violencia.
Mientras hay todavía autoridades que mostrando cada día más
alejamiento e insensibilidad social, que se atreven a minimizar el problema de
la inseguridad y violencia que tienen asolada a la población, la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2019 (ENVIPE) que
publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), viene a
confirmar que la escalada delincuencial sigue siendo el problema número uno del
país, y de muchos estados.
¿Qué es lo que mide esta encuesta? Tiene algunos
indicadores, que en suma resultan útiles para medir qué tanto ha cambiado la
sensación o percepción de inseguridad entre la gente, lo cual es importante
porque es lo que realmente impacta desde el punto de vista político y social.
Esa es la realidad cotidiana y cada vez se tiene mayor
cercanía con víctimas de delitos (algo que antes era esporádico), de todos
aquellos afortunados que no viven aún la traumática experiencia de ser agredidos
o afectados en su patrimonio; o, lo más grave, tener desaparecido o haber
perdido a un ser querido a manos de la delincuencia.
Si somos honestos, esto anula toda credibilidad a cualquier
balance gubernamental que diga que están cumpliendo como deberían para
garantizar la seguridad a los ciudadanos.
El gobierno federal sabe que esto apenas comienza. Que la
Guardia Nacional es un proyecto todavía inacabado, y que si bien se tienen
altas expectativas por este modelo, no significa que será algo fácil, sobre
todo si desde los estados y municipios no se hace lo propio; o, lo que es peor,
si se hace todo lo contrario, como sucedió en Tamaulipas, donde la Fiscalía
General de la República ya investiga un grave caso de la ejecución
extrajudicial de 8 personas, en lo que fue una bien planeada puesta en escena
para hacerlos parecer como delincuentes.
Guanajuato, Veracruz y Jalisco, están que arden. Y la Ciudad
de México y el Estado de México, que antes tenían cifras moderadas, son ahora
pasto de grupos antagónicos que se pelean los territorios a sangre y fuego,
pero donde también se da el mayor número de feminicidios y desapariciones.
Jalisco es caso aparte. Como estado sede del CJNG, los altos
niveles de percepción de inseguridad de 78.9 por ciento que revela la ENVIPE
son totalmente comprensibles. Ahí se dan continuos desafíos de las mafias a las
autoridades, que van desde ataques orquestados a funcionarios de la Fiscalía,
amenazas cumplidas a jefes policiales, la aparición constante de casas del
terror en las que se secuestra, se tortura, se mata y se mutila.
Lo más reciente son las fosas clandestinas en Zapopan y
Tala, donde se han encontrado en las últimas semanas casi 200 bolsas con restos
humanos. Sin dejar de mencionar la aparición diaria de cadáveres por calles de
todos los municipios del Área Metropolitana y las ejecuciones a plena luz del
día y en los sitios más transitados, luego de los cuales, en rara ocasión hay
detenidos.
Producto de toda la ineficiencia policial y de procuración
de justicia, atrofiadas por los altos niveles de corrupción que provocan una
impunidad casi absoluta, es, según la ENVIPE 2019, que 24.7 millones de mexicanos
y uno de cada tres hogares haya sido víctima de algún delito, y que el costo de
ello ascienda a 286 mil millones de pesos, que equivale al 1.5 por ciento del
PIB y 6 mil 468 pesos per cápita.
El hartazgo por la impunidad se expresa en que 93.2 por ciento
de los delitos no se denuncia y que prácticamente todos los actores públicos
que tienen que ver en el tema de la seguridad estén reprobados en confianza
ciudadana, a excepción de soldados y marinos. Los más corruptos son
considerados los agentes de tránsito (76.6), jueces (68.4), policía municipal
(67.9), ministerios públicos (62.3), Fiscalías (60.6) y la Policía Federal (55.2).
