Boletín
Chilpancingo, Gro.- La diputada Gladys Cortés Genchi propuso una reforma al Código Penal del Estado de Guerrero para aumentar la pena de tres a siete años de prisión a quienes motiven, promuevan o provoquen de manera ilícita uno o más incendios que afecten áreas verdes en suelo urbano o rural.
La iniciativa también contempla agravantes que permitirían incrementar la pena hasta en una mitad adicional en casos de reincidencia, comisión dolosa comprobada, omisión o complicidad.
Durante la sesión de este miércoles, la propuesta —turnada a la Comisión de Justicia— destaca que cada año Guerrero enfrenta una creciente problemática derivada de los incendios forestales, cuya frecuencia y magnitud amenazan de manera grave la integridad de los ecosistemas, la biodiversidad, los servicios ambientales y el bienestar de la población.
La legisladora señaló que, en la mayoría de los casos, estos incendios son provocados o facilitados por acciones humanas dolosas, negligentes o por omisiones de autoridades, lo que ocasiona una pérdida irreparable del capital natural. Entre las consecuencias se encuentran la deforestación acelerada, erosión del suelo, disminución de la biodiversidad, incremento de emisiones de gases de efecto invernadero —que intensifican el cambio climático—, afectaciones a la salud por la exposición al humo y partículas contaminantes, así como daños al patrimonio natural y cultural, con impactos negativos en la economía local.
Explicó que el incremento drástico en la afectación forestal evidencia la urgencia de reforzar el marco legal vigente, lo que justifica su propuesta de reforma para aumentar significativamente las penas y sanciones económicas a quienes provoquen incendios o manejen el fuego de manera negligente, con el fin de disuadir conductas que ponen en riesgo los ecosistemas, las comunidades y los recursos naturales.
Finalmente, la diputada subrayó que su propuesta busca fortalecer la protección penal del medio ambiente en Guerrero, armonizando la legislación estatal con las mejores prácticas nacionales e internacionales. Asimismo, representa un avance hacia el reconocimiento de los derechos de la naturaleza como eje rector de la política ambiental, al garantizar el derecho humano a un ambiente sano, proteger los ecosistemas como bienes jurídicos autónomos y establecer una respuesta penal proporcional, justa y efectiva frente a una de las principales amenazas ecológicas.
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