Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Reconversión del Cisen

*Fox, Calderón y Peña: uso faccioso de aparatos del Estado

*Centro Nacional de Inteligencia, necesario en 4ª Transformación

La reconversión del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a Centro Nacional de Inteligencia en la 4a Transformación no parece ser la más adecuada hasta el momento, tras la conclusión de su desmantelamiento durante la administración de Enrique Peña Nieto, en la cual fueron despedidos 1 mil 164 servidores públicos capacitados en el arte del espionaje, la inteligencia y la seguridad nacional. Sin duda, durante los últimos tres sexenios hubo sólo improvisados al frente de la seguridad nacional y las consecuencias de ello ahora se viven con una mayor violencia en todo el país, el crecimiento del crimen organizado, una corrupción desbordante en los tres Poderes de la Unión y un alto nivel de injusticia e impunidad agravante para los mexicanos.

Es indiscutible que todo gobierno necesita recolectar y procesar inteligencia. Sin duda, eso es parte de la materia prima requerida para prevenir algunos acontecimientos, es un elemento en la construcción de la gobernabilidad de un país. Desparecer el área de Inteligencia de un Estado es bastante cuestionable, pues dejaría todo ese campo en manos de las fuerzas armadas, las cuales tienen poderosos aparatos paralelos al del desaparecido Cisen. El pasado 30 de noviembre de 2018 se creó el Centro Nacional de Inteligencia, al entrar en vigor las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Al frente del CNI está el general en retiro Audomaro Martínez Zapata, con 70 años de edad y la mayor parte de su vida activo en las Fuerzas Armadas. Cuenta con una maestría en administración militar para la seguridad y defensa nacional y es profesor de tácticas militares en la Escuela Superior de Guerra. Sin duda cuenta con los atributos indispensables para encabezar el CNI.

El CNI asumió las funciones del Cisen, pero ahora bajo la supervisión de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, entre las cuales sobresale: “Operar tareas de inteligencia como parte del sistema de seguridad nacional que contribuyan a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, a dar sustento a la gobernabilidad y a fortalecer el Estado de Derecho”; “Procesar la información que generen sus operaciones, determinar su tendencia, valor, significado e interpretación específica y formular las conclusiones que se deriven de las evaluaciones correspondientes, con el propósito de salvaguardar la seguridad del país”; y “proponer medidas de prevención disuasión, contención y desactivación de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, las instituciones nacionales, la gobernabilidad democrática o el Estado de Derecho”.

El Centro Nacional de Inteligencia deberá reasumir las labores para preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. De ahí que resulten necesarios los servidores públicos capacitados en las artes del espionaje, la inteligencia y la seguridad nacional. No es buena idea el despido de decenas, cientos, de estos elementos. ¿A qué se dedicarán ahora estos espías? El CNI opera con quienes eran empleados del Cisen y hereda sus viejos vicios: opacidad, falta de transparencia, espionaje (escuchas ilegales), falta de control y vigilancia, además de opaco ejercicio del presupuesto público, el cual por cierto sólo es 16% menor este año en relación a 2018.

El argumento sobre el cual se basa la labor del nuevo Centro Nacional de Inteligencia es la consideración del presidente Andrés Manuel López Obrador de haber sido el Cisen un organismo encargado de elaborar archivos políticos usados por el Estado para perseguir opositores.

Los resultados del espionaje político ejercido por gobiernos anteriores quedó al descubierto con la apertura de expedientes de la Galería Uno del Archivo General de la Nación (AGN), en donde se integraron 1 mil 937 versiones públicas de instituciones, elaborados por las desaparecidas: Dirección Federal de Seguridad, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Esos expedientes, con 3 mil 201 legajos actualizados a julio de 2018, contienen información de escritores, intelectuales, periodistas, actores, empresarios, luchadores sociales, líderes sindicales, políticos extranjeros, narcotraficantes, ex presidentes y funcionarios públicos mexicanos. Asimismo, existen documentos sobre empresas, organizaciones populares, guerrillas, partidos políticos, organizaciones religiosas e instituciones públicas como policías y gobiernos estatales, embajadas y universidades públicas.

Desde los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se llevó a cabo el desmantelamiento del Cisen, un órgano fortalecido por Ernesto Zedillo, el cual no era del total agrado de los panistas. Fox le quitó presupuesto así como atribuciones y personal. Desde la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel se opuso a ello y empujo a Eduardo Medina Mora como su director. El primer gobierno federal panista creó la Secretaría de Seguridad Pública, con Alejandro Gertz Manero al frente, enfrentado con Creel y con Rafael Macedo de la Concha, quien estaba como titular de la Procuraduría General de la República. Gertz se dedicó a desarticular las áreas de seguridad heredadas. Al mismo tiempo, Adolfo Aguilar Zínser fue colocado al frente de una Comisión Nacional de Seguridad, en la cual se pretendía que todas las áreas de seguridad, del Ejército, la Marina y el Cisen, rindieran cuentas, pero este mecanismo no funcionó.

Durante el gobierno de Felipe Calderón se crearon centros de fusión de inteligencia en México con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, como parte de una estrategia contra el crimen organizado, confirmó Guillermo Valdés Castellanos, ex titular del Cisen en la administración del michoacano. En algunos de estos centros de inteligencia incluso participaban agencias estadounidenses. Un documento desclasificado por el Pentágono en 2010, escrito por Pwill Weschler, cabeza de la oficina antinarcóticos y amenazas globales del Pentágono, explica que el “Centro De Fusión México”, cuenta con 10 computadoras que operan con protocolos secretos y conectadas a comunicaciones de inteligencia de EU. También dos estaciones para monitoreo satelital y equipo de comunicación segura de datos y voz. ¿Siguen operando?

Cabe destacar la violencia en México se aceleró a partir del gobierno de Felipe Calderón, en 2008, y se apremió en 2011, con casi 17 mil muertos sólo en ese año, originada por grupos de delincuencia organizada con gran poder económico, social y militar, combinado con un largo historial de corrupción y complicidad institucional, en buena parte a nivel local.

Enrique Peña Nieto siguió el proceso de desmantelamiento del Cisen y terminó cerrándolo, no sin antes darle un uso faccioso para beneficiar a los grupos políticos del Estado de México y de Hidalgo. Durante los primeros años de la administración del mexiquense, el Cisen solicitó al Poder Judicial la intervención de 2 mil 789 comunicaciones privadas, mientras en todo el sexenio de Felipe Calderón sólo pidieron 319. El máximo de solicitudes para espiar privados se alcanzó durante 2016, pues hasta el 5 de diciembre ya llevaban 844 trámites de este tipo.

El espionaje político durante la gestión federal de EPN se hizo prácticamente sin control. Dos días después de iniciar las campañas presidenciales de 2018, la entonces PGR compró por más de 4 millones de dólares un software espía para geolocalización de celulares. Esta herramienta y otras similares para la intercepción de comunicaciones, fueron utilizadas de manera arbitraria poniendo en riesgo derechos fundamentales como el de la privacidad, el acceso a la información y presunción de inocencia.

Las principales instituciones de seguridad tanto a nivel nacional como estatal, adquirieron y utilizaron hardware y software para fines de espionaje. Su compra no es ilegal, pero si su uso sin cumplir con las leyes que marca la Constitución. Entre 2016 y 2017, solamente alrededor del uno por ciento de las veces que se ejerció Localización Geográfica en Tiempo Real se hizo con una autorización judicial previa.

Otras herramientas de espionaje, programas y equipos, fueron adquiridos por el gobierno federal y las entidades federativas, las cuales en la actualidad siguen activas. Una de éstas es el programa Tayopa, el cual fue desarrollado bajo el mando de Jesús Murillo Karam y consistió en el armado de camionetas para espionaje, cuyo costo aproximadamente fue de 8 millones de dólares. Las plataformas adquiridas el sexenio pasado, las cuales siguen utilizándose para interceptar llamadas telefónicas y extraer información de los celulares, son JCI para AT&T y Trinity para Telcel y Movistar.

Equipos similares fueron adquiridos por gobiernos de las entidades federativas. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo compró el 10 de marzo de 2017 un “software para geolocalización” con 2 mil 700 consultas marca Geomatrix por el precio de un millón 879 mil 200 pesos; en noviembre de 2016, Rodolfo García Garza, entonces titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, autorizó la adquisición de un “Sistema de intercepción y localización de teléfonos (G12 de la marcar Verint), cuyo costo fue de 25 millones 520 mil pesos; Baja California hizo lo mismo con equipo de vigilancia, análisis de comunicaciones y forense celular para la Procuraduría General de Justicia del Estado por 16 millones de pesos.

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