Carlos A. Pérez Ricart
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) lleva varios días en la prensa y no por las razones correctas.
Hay que decirlo como es: el Gobierno federal lleva ya un tiempo maltratando a este centro público de investigación. Algunos dirán que por torpeza; otros que lo hace con premeditación y precisión milimétrica. Los más dirán que la institución es el blanco elegido por Palacio Nacional; otros vemos en la dirección de Conacyt la raíz y corazón de los agravios. Sobre los motivos reales del maltrato tampoco hay claridad. Lo cierto es que el maltrato existe: no verlo es no atreverse a mirar a los ojos.
La letanía de maltratos es larga y puede encontrarse en la hemeroteca con facilidad. Menciono algunos de los eventos que más escozor han causado a la comunidad: la extinción, ordenada desde Palacio Nacional, del principal fideicomiso dl CIDE; la ejecución por parte de Conacyt de una nueva normativa que precarizó (aún más) el Programa de Cátedras de esta institución y al cual están integrados varios de los investigadores más jóvenes (y más brillantes) del CIDE; la persecución por parte de la FGR contra investigadores del Conacyt y ex integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico bajo absurdas acusaciones de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero; la negativa de Conacyt por liberar —de una vez por todas— las reglas de operación de recursos obtenidos de manera externa por el CIDE y que ha provocado que la institución lleve más de un año incumpliendo obligaciones laborales establecidas en el contrato colectivo. Hay varios más, basta abrir los ojos.[1]
Es posible analizar esos eventos por separado e intentar justificarlos como una serie de desafortunadas impericias. Juntos constituyen, sin embargo, una serie de vejaciones que hace tiempo rebasaron el umbral de lo admisible. El último golpe llegó hace cuatro meses con la designación de un nuevo director interino no solamente ajeno a la comunidad, sino en las antípodas de muchos de los mejores valores de la institución.
Aunque el nuevo director interino describió sus tareas como administrativas y temporales, en el ejercicio de su poder ha mostrado todo lo contrario; debía ser puente entre el CIDE y la dirección del Conacyt; prefirió ser motor de desgobierno.
En solo cuatro meses el director interino removió de sus funciones administrativas a la secretaria académica del CIDE (la segunda persona más relevante en la jerarquía del centro) y al director de la sede Aguascalientes de la institución. Además, en un acto que terminó por cimbrar a la institución, canceló indebidamente y sin fundamento la realización de las comisiones académicas dictaminadoras, una serie de reuniones estatuarias de la que depende el futuro laboral de varios profesores. Ese mismo director interino es uno de los dos candidatos para ser designado como director permanente del CIDE en los próximos días. El rechazo de la comunidad —alumnado incluido— es casi unánime.
Según se desprende del plan de trabajo del (todavía) director interino y de las poquísimas conversaciones que ha mantenido con miembros de la comunidad, este pretende eliminar la “visión neoliberal” con la que, según él, se analizan en el CIDE los problemas del desarrollo de México. Su perspectiva es, casi con seguridad, la misma que predomina en las oficinas de Conacyt, así como en Palacio Nacional.
¿Qué es posible y deseable buscar un nuevo equilibrio entre tareas de docencia e investigación? Sí. ¿Qué el nuevo contexto político debería llevar a la comunidad del CIDE a reflexionar sobre su vinculación con el resto de la sociedad? También. ¿Qué pueden repensarse mecanismos que promuevan un ingreso más plural y de un mayor número de estudiantes? Sí ¿Qué parte de la comunidad del CIDE se benefició de cierta cercanía con administraciones anteriores y ahora pide una paradójica sana distancia? Admitámoslo ¿Qué es necesario replantear el tipo de ciencia social que se enseña en los centros públicos de investigación? Estoy convencido. ¿Qué caben uno o dos pupitres más en cada salón del CIDE y que no estaría mal que esos pupitres estuvieran ocupados por más estudiantes de preparatorias públicas? ¡Sí, enfáticamente!
Lo que no es admisible es tener ese tipo de debates —sanos, incluso necesarios— a partir de políticas públicas mal enfocadas, decisiones arbitrarias y, sobre todo, desde la soberbia.
Lo más lamentable de la crisis que vive el CIDE es que quienes han desatado el maltrato no promueven un modelo alternativo de educación superior. Ni tienen un plan viable para reformar una institución que está lejos de ser perfecta, ni parecen capacitados para hacer mejor las cosas de lo que se había hecho hasta ahora. En sus argumentos predomina la falta de un diagnóstico adecuado, la caricaturización del modelo a combatir y la descalificación del adversario.
Hay quienes aplaudiríamos —y acompañaríamos con gusto— una reflexión amplia sobre los perversos incentivos que dominan la ciencia social en México (y a escala global), así como el tipo de métricas que suelen utilizarse para llenar de contenido los conceptos de excelencia, institución de élite y vanguardia. El tema es que quienes hoy maltratan al CIDE actúan desde la sordera y el maltrato gratuito —eso no podemos aplaudirlo ni acompañarlo; nuestra obligación es denunciarlo.
Si el plan es generar una crisis de gobernanza en la institución, el Gobierno federal va por el camino correcto. Si, por el contrario, se pretende abrir un debate amplio sobre el papel del CIDE —y otros centros públicos de investigación— en el México contemporáneo, es necesario rectificar; no hacerlo es conducir al caos. Y allá no hay nada bueno.
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