La cacería de Winkler
Raymundo Riva Palacio
Finalmente, el Congreso de Veracruz cumplió un
objetivo, que se unieran las facciones de Morena que representaban los
intereses del gobernador Cuitláhuac García, de la secretaria de Energía, Rocío
Nahle, y del superdelagdo en el estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para
un propósito claro: tener la mayoría para suspender al fiscal del estado, Jorge
Winkler, y sacarlo del cargo. Requirieron una mayoría simple por ser una
suspensión con carácter temporal, que tendrá que ser calificada si se busca la
definitiva. En todo caso, fue anulado, y el fiscal heredado de la
administración de Miguel Ángel Yunes, que había aprovechado la pugna entre las
facciones de Morena, dejó de ser una pesadilla para el gobernador. El problema
es que para lograrlo, en Veracruz violaron flagrante y cínicamente la ley. Pero
vayamos por partes.
El martes se publicó una edición extraordinaria
de la Gaceta Oficial de Veracruz, el Tomo III,
donde se informó del “Acuerdo de la diputación permanente de la Sexagésima
Legislatura que como medida cautelar, control y defensa de la supremacía
constitucional, resuelve separar temporalmente al C. Jorge Winkler Ortiz del
cargo de fiscal general del estado por el presunto incumplimiento del mandato
constitucional de contar con certificación, revalidación y registro
correspondiente para la permanencia en el cargo”. Ipso facto, Winkler dejó la
Fiscalía y lo sustituyó Verónica Hernández, una abogada con larga experiencia
como notaria, fiscalista y derecho civil y administrativo, aunque de penalista
nada.
Al hacerlo, el Congreso violó el Acuerdo 08/XLIV/19 suscrito en la Reunión Conjunta de Seguridad de la XLIV Sesión
Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública el 8 de julio pasado, que
señala: “Se ratifica el Acuerdo 1/III-SE/2019 de la Comisión Permanente de
Certificación y Acreditación por el cual se instruye al Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública que, por conducto del centro Nacional
de Certificación y Acreditación, lleve a cabo la reforma correspondiente al
artículo Tercero Transitorio de los Lineamientos para la Emisión del
Certificado Único Policial, a fin de modificar el plazo establecido para que
las instituciones de seguridad pública cumplan los requisitos para la
expedición del CUP a todos sus integrantes, debiéndose ampliar el término a
dieciocho meses contados a partir del 10 de septiembre de 2019 y se publique en
el Diario Oficial de la Federación”.
Si alguien alega que la suspensión temporal de
Winkler se dio el 3 de septiembre, cuando ese acuerdo entraría en vigencia para
la obligatoriedad siete días después, hay otro documento con fecha del 17 de
mayo, el Acuerdo 1/IV-SE/2019, que
establece una prórroga de plazo de vigencia de las evaluaciones de control de
confianza: “La Comisión Permanente de Certificación y Acreditación del Consejo
Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de evaluar a los integrantes de
la Guardia Nacional, acuerda prorrogar por un periodo de un año el plazo de la
vigencia de las evaluaciones de control de confianza establecidas en el
Artículo 6, fracción V, de los Lineamientos para la emisión del Certificado
único Policial, de aquellos integrantes de las instituciones de seguridad
pública cuyo término de vigencia venza en los 12 meses siguientes a la
publicación de este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación”.
Es decir, desde mayo la ley protegía a Winkler,
como lo hacía con Eric Cisneros Burgos, secretario general de Gobierno
veracruzano, que tampoco tiene la certificación mandatada por la ley. No es el
único caso. Hay altos funcionarios, altos mandos y cientos de policías que no
cuentan con la certificación exigida. Hay altos funcionarios federales que
tampoco tienen la doble certificación, por lo que no tienen acceso a
información de calidad de los servicios de inteligencia extranjeros. Incluso,
cuando menos uno de ellos ha cancelado reuniones con algunos jefes de esas
agencias y declinado invitaciones para ir a Washington.
En este sentido, el gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador está actuando de forma idéntica al del ex
presidente Enrique Peña Nieto durante su primer año: no combate a criminales,
deja que los cárteles y las bandas se aniquilen entre sí, y pide prórroga para
la certificación de funcionarios y policías. La diferencia entre ambos es que
el gobierno de Peña Nieto no manipuló la ley de una manera tan públicamente
artera para utilizarla discrecionalmente contra un funcionario que le
incomodara a algún gobernador priista.
Los resultados de Winkler en la Fiscalía
veracruzana están lejos de ser los mínimamente esperados. La violencia en el
estado continúa teniendo la impunidad por omisión o comisión como su común denominador,
sin que el fiscal haya podido marcar un punto de inflexión. Es decir, si el
Congreso hubiera pensado en la seguridad de los veracruzanos, podría haber
encontrado la forma de despedirlo por incompetente. Incluso, se podrían haber
explorado las vías para que dejara el cargo porque su presencia generaba una
creciente inestabilidad política, en perjuicio de los ciudadanos. Pero eso no
es lo que estaba en la cabeza de los legisladores evidentemente. Tomaron la
decisión de cazarlo.
La manera por la que optaron para suspenderlo,
como se demostró párrafos arriba, es una violación a la ley y a los acuerdos
que el propio gobernador García suscribió con sus pares y el gobierno federal. Violar
la ley para que se alinean las fuerzas veracruzanas al gobernador es una
ruptura del Estado de Derecho. A muchos no les importa eso en México, hoy y
antes, para ser claros, pero ante las dificultades que enfrenta la economía
mexicana y la creciente incertidumbre jurídica que está transmitiendo el
gobierno, no le conviene al presidente ni al país la reiteración de atropellos
como el que se acaba de dar en Veracruz.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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