Conspiración
contra López Obrador
Raymundo Riva
Palacio
El magistrado
electoral, José Luis Vargas, estalló una bomba en el Tribunal Electoral. Al
salir en defensa de su integridad ante un señalamiento en el periódico Reforma
de que la Unidad de Inteligencia Financiera lo investigaba por
inconsistencias en su evolución patrimonial, respondió escalando el conflicto.
La descalificación de Reforma no fue el puerto de destino, sino que
identificó al diario como parte de una “estrategia encabezada por un grupo
económico y político de ultraderecha” para apoderarse del control de las
decisiones del Tribunal Electoral”, y generar un proceso de desestabilización
del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dentro de ese grupo
ubicó a su contraparte, Reyes Rodríguez, como pieza clave de lo que llama una
“conspiración”.
Esta
“conspiración”, dejó entrever Vargas, quedó de manifiesto cuando
Reyes solicitó
1.2 millones de pesos para financiar un viaje a Alemania de varios abogados
panistas, Roberto Gil, y el neomorenista Germán Martínez, para que junto con más
de una decena de políticos y académicos participaran en un seminario sobre
América Latina en la Universidad de Heidelberg. El encuentro era en el
Instituto Max Planck, donde se iba a hacer un homenaje al profesor Dieter Nohlen,
estudioso de los procesos de transición democrática y para hablar sobre casos
regionales donde ven amenazas a la democracia. Vargas intervino para frenar la
aprobación del presupuesto.
El 28 de
agosto de este año, el Comité de Administración del Tribunal Electoral canceló
el presupuesto y el evento porque no había “elementos de beneficio
institucional (ni) fundamentos para realizar un seminario en Alemania”. Tres
días después, Rodríguez reaccionó drásticamente y renunció al Comité Académico
y Editorial del Tribunal. “Las directrices de la Escuela Judicial Electoral no
pueden estar sujetas a decisiones que injustificadamente interfieran con ese
espacio mínimo de libertad académica y de investigación”, se quejó el juez
electoral.
En la carta
pública que difundió Vargas el lunes, dijo que el propósito del seminario era
planear una estrategia desde diversas trincheras, para desestabilizar al
gobierno de López Obrador y mermar sus posibilidades electorales en 2021 y
2024. No queda claro cómo un foro académico sirva para encubrir el diseño de
una estrategia de ese y cualquier tipo, ni cómo determina que es una
“conspiración” y qué es una discusión. Menos clara es la razón por la cual Rodríguez
solicitó recursos para financiar el viaje de varios de los asistentes. Y todavía
más oscuro es el trasfondo de este nuevo pleito público.
Vargas sí lo
tiene claro. Rodríguez, apuntó en su carta abierta, tiene “furia” contra él, y
encabeza los esfuerzos dentro del Tribunal para minarlo. Opera, según se deduce
de su denuncia, con Martínez, quien el 5 de septiembre presentó junto con otros
dos senadores de Morena una iniciativa de Ley para recortar el periodo de
cuatro de los siete magistrados. El único fin, denunció Vargas, era controlar
la independencia del Tribunal Electoral. Dicho de otro modo, buscar un cambio
en la composición del tribunal, con el horizonte en las elecciones intermedias
de 2021 y presidenciales de 2024. La iniciativa fue rechazada en menos de 24
horas. Sin embargo, hay otros intereses que se cruzaron en ese episodio, por lo
que tener una mayoría en el Tribunal Electoral no siempre se relaciona
directamente con elecciones.
Vargas tiene
un pasado laboral panista, cercano a Santiago Creel y a Juan Molinar
Horcasitas, aunque llegó al Tribunal Electoral como propuesta del PRI. En 2011
se negó a anular la elección para la gubernatura en Michoacán, donde perdió
Luisa María Calderón, hermana del entonces presidente Felipe Calderón -que le
costó el cargo de fiscal de Delitos Electorales-, y en 2018 elaboró un dictamen
para anular la elección en Puebla, que ganó la panista Martha Erika Alonso.
Rodríguez también tiene raíces panistas, y durante la discusión sobre Puebla
tomó partido por la entonces presidenta del Tribunal, Janine Otálora, que se
enfrentó a Vargas. De acuerdo con personas que conocen las influencias y el
balance del poder dentro del Tribunal, Rodríguez era, antes que nada, una pieza
de Gil.
La
publicación de Reforma del lunes afloró una lucha de poder dentro
del Tribunal. El señalamiento que la Unidad de Inteligencia Financiera lo
estaba investigando por inconsistencias en su evolución patrimonial, fue
desmentido por el propio jefe del organismo, Santiago Nieto. La carta pública
de Vargas donde lanza las acusaciones respaldado en la información exhibida
como falsa por Nieto, tuvo respuestas inmediatas. Rodríguez desmintió la
imputación y Gil, ignorando el desmentido de Nieto, exigió a Vargas que
explicara de dónde había salido el dinero señalado por el periódico.
El Tribunal
Electoral no es una institución caracterizada por su discreción, pero no se recuerdan
acusaciones tan graves como las lanzadas por Vargas contra su propio compañero
de sala, personas y empresas. Se enmarcan también en una campaña de limpia que
desde hace meses lleva a cabo el presidente de la Suprema Corte de Justicia en
todo el Poder Judicial, Arturo Zaldívar, y que incluye el desmantelamiento de
una red de complicidades de abogados que llevan casos de gobernadores y
alcaldes, con jueces del Tribunal Electoral, que resuelven favorablemente por
sus clientes.
Vargas esboza
en su denuncia esta línea de acción, cuando señala que la publicación en Reforma
busca “boicotear reformas institucionales que tienen como fin transparentar
instituciones y acabar con los privilegios de grupos privados en las decisiones
de Estado”. El choque entre grupos de interés dentro del Poder Judicial está
resultando violento, y la purga de Zaldívar genera resistencias. Vargas no lo
menciona abiertamente, pero en su carta sugiere que iba a ser daño colateral de
lo que está haciendo Zaldívar, alineado al proyecto del presidente Andrés
Manuel López Obrador, con el cual coincide, por ahora, el juez electoral
Vargas.
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