Categoría: Zihuatanejo

López Obrador sí va por Peña

Raymundo Riva Palacio

El pacto entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto para no perseguirlo, comenzó a disolverse. La Fiscalía General de la República abrió sus cartas y empezó a investigar al ex presidente y a su familia. Hizo lo mismo también con el ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y con su familia. La pandemia de la covid-19 y la crisis económica deben haberle mostrado que requiere oxígeno para que no se colapse su proyecto político-electoral rumbo a las elecciones federales del próximo año, y necesita renovar su retórica anti corrupción al más alto nivel. Y qué mejor que su antecesor.

La Fiscalía General ha buscado ocultar las investigaciones, que recaen en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDE), que sin embargo no la canalizó a través de la Unidad sobre Delitos Cometidos por Servidores, sino por la que se especializa en delitos de Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE). El responsable de la SEIDE es Juan Ramos, quien tiene una larga experiencia en el área de seguridad pública y trabajó en el gobierno de Vicente Fox como fundador y subsecretario de Seguridad Pública, bajo las órdenes de Alejandro Gertz Manero, también su jefe actual.

Son varias las carpetas de investigación abiertas sobre Peña Nieto y Videgaray, que tienen que ver con sus propiedades. Una de ellas, la FED/SEIDF/UEIDAPLE-CDMX/00003241/2020, rastreó sus propiedades en el estado de México. Peña Nieto, que es oriundo del estado donde mantiene su residencia, tiene propiedades en varias partes de la entidad, una parte de ellas previas a que fuera incluso gobernador. Videgaray, que trabajó en el estado de México desde 2005 aproximadamente, antes de ser diputados y miembro del gabinete, adquirió una casa de descanso en Malinalco, que en el momento en que se supo de ella, por el involucramiento del Grupo Higa en la transacción inmobiliaria, desencadenó un escándalo.

Otra carpeta de investigación, la FED/SEIDF/UEIDAPLE-CDMX/0000329/2020, en donde se incluye en la averiguación a su ex esposa Angélica Rivera y a los cuatro hijos producto de su primer matrimonio con Mónica Pretelin, quien falleció antes de que llegara a la Presidencia, busca detectar si sirvieron como prestanombres en la adquisición de propiedades, compraventa de inmuebles, constitución de empresas o protocolización de actas jurídicas. En esa misma carpeta se incluyó a Videgaray, a su ex esposa y a sus tres hijos, con el mismo propósito.

Las investigaciones no son iguales. En la pesquisa sobre Videgaray y su familia no aparecen empresas en donde se tenga sospecha de que haya estado involucrado, o que se hubieran prestado para operaciones opacas. En la abierta sobre Peña Nieto y su familia hay ocho empresas donde la Fiscalía General quiere determinar si es o son propietarios, o qué tipo de uso le dieron a algunas de las empresas.

Por ejemplo, una que llama la atención en donde se busca si tiene vinculación, es Interacción Biomédica, que fue proveedora de varias instituciones en el estado de México aún después, incluso, que apareciera en 2017 en la lista del SAT como una “empresa fantasma”. Hay otras dos empresas, Grupo Higa, que fue utilizada como intermediaria inmobiliaria en la adquisición de la famosa casa blanca de la señora Rivera, y Aeronaves Eolo Plus, que pertenecen a la misma persona, Juan Armando Hinojosa, un empresario nacido en Sinaloa pero que construyó sus empresas y fortuna en el estado de México, años antes de que Peña Nieto fuera gobernador. 

La investigación sobre las propiedades o posibles propiedades de Videgaray y de su familia se limitan al estado de México, a diferencia de Peña Nieto y su familia, a quienes también están buscando en Morelos. En el caso de esta entidad, se involucró a la Agencia de Investigación Criminal, que ha estado participando en la búsqueda de esas propiedades, de acuerdo con la carpeta iniciada en mayo, la FGR/CMI/AIC/PFM/DGIPAM/10674/2020, a diferencia de las anteriores, que se abrieron en marzo.

Las carpetas iniciadas contra Peña Nieto reflejan el final del pacto informal de inmunidad que se fue trabajando dos meses antes de la elección presidencial en 2018, a cambio que el ex presidente no interfiriera en la campaña ni en el proceso. En varias ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido a Peña Nieto por haber sacado las manos de la elección, y en privado expresa tener simpatía por él. Numerosas ocasiones que le ha preguntado la prensa si va a actuar judicialmente contra él, López Obrador ha respondido con evasivas.

El blindaje a Peña Nieto le generó muchos problemas a López Obrador con el ala radical de su movimiento, por la frivolidad pública con la que se comportaba el ex presidente, por lo que en junio del año pasado le mandaron decir que sería conveniente que saliera del país con discreción y que se mantuviera alejado de los reflectores públicos. Gradualmente así lo hizo Peña Nieto, quien tiene como base a Madrid, donde lo visitan regularmente sus hijos. 

Ese estatus ya cambió. La investigación contra el ex presidente se inició y la Fiscalía está acumulando documentación que podrá utilizar en el proceso contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, que acordó con Gertz Manero, hablar de la corrupción de ambos. Ese caso, con las imputaciones a políticos que aceptó hacer, se empalmará con el proceso electoral del próximo año, donde Morena se juega su mayoría en la Cámara de Diputados. Ante la crisis económica derivada de la pandemia, López Obrador necesita un tema sobre el cual hable la gente y refuerce, al mismo tiempo, su cruzada contra la corrupción, que tantos réditos le dio en 2018, para seguir ganando elecciones.

Nota: En la columna anterior, se mencionó a José Antonio González Anaya como cuñado del ex presidente Carlos Salinas. El parentesco correcto es concuño.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Jaime Ojendiz Realeño

Con el 23 por ciento de camas Covid-19 ocupadas, Zihuatanejo enfrenta la semana crítica para definir si Guerrero regresa a semáforo rojo y suspende actividades económicas, este martes la Secretaría de Salud Guerrero (Ssa), informó que subió a 258 el número de casos confirmados.

Las estadísticas emitidas por la Sectur durante la tarde del martes, sostienen que en Azueta ya hay 258 casos positivos y 36 defunciones, y se mantienen en el tercer lugar de contagios en Guerrero.

Esta semana es crucial para saber si se regresa al semáforo rojo debido a que mucha gente no entiende el riesgo que significa. El color rojo se establece cuando los hospitales están llenos, y hasta ahora lo que se ha hecho para mantenerlo en naranja es ampliar el número de camas para enfermos. Y no significa que disminuyeron los casos, por el contrario están aumentando.

Sobre esa situación, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05, Juan Manuel Álvarez Barajas, dijo que lo que se puede hacer es que los habitantes sigan las recomendaciones y de ese modo bajar los contagios, porque la fuente somos nosotros.

Sostieme que para el municipi de Azueta, esta semana es decisiva en el aumento o disminución de casos, “Zihuatanejo está en tercer lugar por eso creo que debemos tomar realce y evitar el contagio y bajar la movilidad”.

En ese sentido, dijo que los hoteles deben ponerse más estrictos con el turista que llega para que respete los lineamientos de salud.

Será fundamental que los operativos de verificación organizados por el Gobierno de Zihuatanejo se cumplan y se establezcan sanciones o de lo contrario se cerrarán playas como lo ha manifestado el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Al final, manifestó que la semana pasada se alcanzó el 100 por ciento de ocupación de las camas Covid-19 pero con el aumento de 25 camas en el Hospital Móvil y nueve de la Secretaría de Salud Guerrero ahora se tiene 23 por ciento de ocupación.

Referente a la advertencia de médicos a nivel nacional de abandonar hospitales si la población no acata medidas preventivas, dijo que coincide porque los doctores están dando la batalla y observan una apatía de un sector importante de la población. “También son los más susceptibles pero siguen trabajando por ética profesional”.

Jaime Ojendiz Realeño

Turisteros solicitan que se tomen medidas para frenar la movilidad de las personas, mientras que el Director de Salud, Onasis Pinzón Oregón, lamenta que la sociedad haya relajado la prevención del Covid-19.

Para el restaurantero y presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Playa La Ropa, Carlos Gutiérrez Farías, es necesario parar el transporte público ya que puede ser una de las principales fuentes de contagio.

Considera que solo deberían quedar en servicio lo taxis, y sobre todo que se cumplan con las cuestiones de salud en el transporte público.

En tanto que el pescador deportivo Joaquín Carrillo, expuso que para frenar la movilidad de las personas se debe ser muy estricto para que por lo menos cumplan las medidas básicas, y que el servicio que se preste se otorgue solo si cumplen dichas medidas.

“Nosotros estamos corriendo el riesgo de enfermar a nuestra familia por la atención que se le de da al turista, y ellos deben ser responsables con el cuidado”.

Dijo que en el caso de transporte público, no hay operativos y sanciones a los conductores que no porten cubre bocas, “está mal desde el momento que se les permite trabajar así, ellos por querer llevar pasaje suben a todos así lleven o no tapa bocas”.

Por separado, el Director de Salud Municipal, Onasis Pinzón Oregón, manifestó que se están redoblando esfuerzos entre gobierno y sociedad para no regresar al semáforo rojo, sin embargo cambiar al color naranja relajó a la población.

“No debemos de relajarnos, debemos tomar con mucha responsabilidad y cautela el tema de prevención, hay que decirle a la gente que todo depende del esfuerzo entre población y gobierno, pero si no se acatan las medidas de prevención y caen en ese relajamiento vamos a regresar a color rojo”.

Pinzón Oregón insiste en que el cambio de color en el semáforo no significa que el virus se haya ido y que más allá de relajarse, se deben intensificar las medidas de lavado constante de manos, uso del cubre bocas y la aplicación del distanciamiento social.

La venganza de Lozoya (y III)

Raymundo Riva Palacio

¿Qué hará Emilio Lozoya como parte del acuerdo con la Fiscalía General para aportar información sobre Odebrecht y la compra de Nitrogenados que realizó como parte del equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto y director de Pemex? Primero reconocer que fue corrupto, para entonces tratar de limpiar su imagen, alegando que los beneficios no fueron para él, y quedar en libertad. En el proceso, disparar con escopeta para dañar la reputación de cuatro ex secretarios de Hacienda, dos ex senadores cercanos al ex presidente Felipe Calderón, un gobernador de Morena y, para ayudar al fiscal general Alejandro Gertz Manero, sentar las bases para involucrar al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué tanto de ello podrá judicializarse? Difícil saberlo ahora, pero detonará un escándalo que empalmará con el proceso electoral de 2021.

La llegada de Lozoya a México ha levantado muchas expectativas, por creerse que es la piedra angular que descubra la estructura de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien junto con el ex secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, ha definido como las cabezas de la inmoralidad en el sexenio pasado. Lozoya presentó declaraciones escritas al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para negociar su libertad y la de su familia a cambio de información.

Sus declaraciones ministeriales salpicarán al PRI, PAN y Morena en diferente grado. En el caso de los partidos de oposición, la estrategia que empleará, según personas que conocen la negociación con la Fiscalía General, involucrará a Peña Nieto, a Videgaray, y hablará especulativamente sobre el posible conocimiento de lo que hizo el ex director de Pemex de otros dos secretarios de Hacienda en la administración peñista, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya. La Fiscalía General no tiene nada contra ellos, salvo lo que serán los dichos de Lozoya, pero políticamente ayuda a los objetivos del gobierno. Meade tiene potencial para ser candidato a la Presidencia en 2024, y González Anaya captura el imaginario al ser cuñado del ex presidente Carlos Salinas.

Otro ex secretario de Hacienda está en el contexto político del proceso contra Lozoya, Ernesto Cordero. El ex secretario, expulsado del PAN, no está involucrado en las investigaciones -como tampoco Meade o González Anaya-, pero su nombre sirve con fines políticos, con el propósito de armar un caso con supuestos dichos de Luis Alberto de Meneses Weyll, quien era el director de Obedrecht en México, sobre dinero del conglomerado brasileño en elecciones. De Meneses Weyll identificó a Lozoya desde 2016, de haberle dado más de 10 millones de dólares para que le ayudara con contratos gubernamentales, pero a ningún otro alto funcionario.

El nombre de Cordero, de acuerdo con la estrategia política negociada con Lozoya, brincaría en la investigación que se quiere hacer contra los ex senadores panistas Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas, por presuntamente haber recibido dinero en pago por su apoyo para que se aprobara la Reforma Energética. Los tres fueron expulsados del PAN y son cercanos al ex presidente Felipe Calderón, el enemigo más odiado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La paradoja es que a Ricardo Anaya, que como líder del PAN empujó la expulsión, también quiere vinculársele en los pagos a panistas durante la negociación y aprobación de la Reforma Energética.

Los nombres de otros senadores brincarán en esta variante política del proceso judicial contra Lozoya. Uno es el del priista David Penchyna, quien hizo gran parte del trabajo de negociación con la oposición para lograr su apoyo en esa reforma, y el otro es Miguel Barbosa, quien en ese momento estaba en el PRD. A Barbosa, de acuerdo con el plan, lo involucrarán para luego purificarlo. La estrategia establece que Lozoya hablará de su conversación con el actual gobernador de Puebla en Londres, durante una visita de Estado en junio de 2015, donde le dice que su hermano fue adscrito a un área central de Pemex, como había solicitado, y le menciona que ya le envió dinero. Lo que se pretende es que Barbosa agradezca el trato a su hermano, pero niegue lo segundo, con lo que quedaría libre de sospecha de corrupción—no de influyentismo. 

Las declaraciones de Lozoya le permitirían vengarse de Videgaray, ayudar a dañar la imagen del equipo hacendario en el sexenio de Peña Nieto, golpear a Calderón de cara a las elecciones federales del próximo año y, como ingrediente adicional, ayudar a Gertz Manero a cobrarle facturas a Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. La relación entre los dos es mala desde que inició el gobierno, y ha empeorado. 

Nieto presionó recientemente a Gertz señalando que Lozoya estaba involucrado en el robo de combustible, y el fiscal respondió que el jefe de la UIF, entrega casos judicialmente muy débiles. Política y mediáticamente, el ex director de Pemex contribuirá en la embestida. La intención es que Lozoya abra las imputaciones a los asesores de los líderes de los partidos del PAN y el PRD, en donde involucraría a Nieto, quien inició una investigación en su contra por corrupción como fiscal Especializado en Delitos Electorales, de donde fue cesado en medio de polémica y respaldado fuertemente por el PAN y el PRD.

El plan trazado por la Fiscalía para darle impunidad a Lozoya a cambio de que le ayude a construir un caso de corrupción contra panistas y priistas durante la administración de Peña Nieto se sostiene, hasta este momento, en los dichos y las promesas de Lozoya. Falta que sus dichos se judicialicen y resistan la respuesta de los imputados. Sólo entonces se verá la solidez de las acusaciones de Lozoya y probar que no sólo se trató de una venganza únicamente con fines político y electorales. 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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