Cuidado con Pemex
Raymundo Riva Palacio
Todo lo que se puede hacer está haciendo el presidente Andrés Manuel López
Obrador para capitalizar Pemex y persuadir a los mercados y a las calificadoras
que la ingeniería financiera que se le aplica le permitirá salir del hoyo en el
que se encuentra. No ha regateado nada para que no le bajen el grado de
inversión, que arrastraría la deuda soberana y con ello al país entero. El
esfuerzo del presidente es muy importante, pero están olvidando importantes
detalles en Palacio Nacional que no tienen que ver con lo cual comulga, la
lucha contra la corrupción, sino con un aspecto que no han visto con claridad: la
estrategia para limpiar al país también puede destruirlo.
Expliquémonos, para que no haya duda. La lucha contra la corrupción debe
profundizarse para desterrarla de Pemex o de donde se encuentre. Pero no debe
plantearse como si lo que estuviera corrupto es la institución. ¿Es Pemex el corrupto
o son corruptas corruptos sus funcionarios? La forma como el gobierno está
desdoblando el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, al que se acusa
por lavado de dinero, lo ha rebasado. No es él presunto responsable de un
delito grave, sino la institución. Lozoya, en la ruta seguda, es más chico que Pemex,
y la empresa estatal es el primer blanco para fumigar. Por ello, el fiscal
general Alejandro Gertz Manero inició investigaciones sobre el Consejo de
Administración, que tomaba las decisiones estratégicas, y sobre PMI Comercio
Internacional, que es una filial de Pemex registrada en Houston, para
comercializar el petróleo mexicano en el exterior. Mucho cuidado.
Mezclar personas con instituciones suele ser un problema semántico
mexicano, y estamos tan acostumbrados a ello que no hacemos distinciones.
Existen y, en el caso Lozoya son fundamentales. Si permea en el mundo que la
corrupción de la que acusan a Lozoya fue por un problema sistémico, y que en la
principal empresa del Estado existía un mecanismo para robar a la nación, el
menor problema será Lozoya, o el ex presidente Enrique Peña Nieto, o el ex
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, o todos los integrantes del Consejo de
Administración de Pemex. El problema será del país, del gobierno y como
consecuencia, de los mexicanos, porque sería Pemex a quien se le señalaría como
corrupta y mientras se deslindan responsabilidades, la apretarían
financieramente en el mundo.
Un ejemplo para analizar es el de Petróleos de Venezuela, conocida por su
acrónimo PDVSA, cuya crisis fue resultado de la corrupción de la burocracia,
tanto civil como militar, que hicieron negocios a cambio de comisiones con
empresarios locales. Los actos de corrupción propiciaron un descuido en la
actividad petrolera venezolana, donde la falta de inversión en la producción
propiciaron la caída de su plataforma petrolera y el incremento en los costos
de administración. Las ganancias de PDVSA no alcanzaban para reanimar la
empresa, ante el tipo de componendas que tenían sus directivos con empresarios,
que resultaban beneficiados por el tipo de contratos que les daban los
ejecutivos venezolanos a cambio de sobornos.
Esto se paró abruptamente cuando se metió Estados Unidos. La última acción
fue el 28 de enero pasado, al designar el Departamento del Tesoro a PDVSA como
sujeta a sanciones en Estados Unidos, por lo que toda las
propiedades y los intereses de la empresa en la jurisdicción de ese país,
fueron bloqueadas y se prohibió realizar transacciones con la compañía.
Paralelamente, el Tesoro cortó el acceso al Banco Central de Venezuela a
divisas, y limitó sus transacciones financieras internacionales. Desde 2017 ya
no puede acceder a financiamiento para su deuda en los mercados estadounidenses,
que es una de las razones por las que detonó su crisis.
Es cierto que el problema de corrupción en Venezuela es distinto al de
México, pero si se analiza el discurso de sus líderes, es más grave lo que
sucede aquí. El presidente Nicolás Maduro rechaza las acusaciones y asegura que
es una agresión más del presidente Donald Trump. López Obrador dice que la
corrupción es profunda -por eso envió a dirigir Pemex a su amigo Octavio Romero
Oropeza-, y Gertz Manero, respalda esa línea discursiva al señalar que el
Consejo de Administración deberá responder por los actos de Lozoya. En el caso
mexicano, el Tesoro estadounidense no tendría que investigar a Pemex; el gobierno
lópezobradorista ya lo hizo y ya concluyó: es corrupta.
Sin darse cuenta, el gobierno mexicano abrió la Caja de Pandora. Si Pemex
es corrupto y también la estadounidense PMI Comercio Internacional, que aunque
no son empresas públicas que operan dentro de las bolsas de valores si pasan
sus recursos a través del sistema financiero en Estados Unidos, entonces son
sujetos a investigaciones del Tesoro y el Departamento de Justicia. En
cualquier momento se podría anunciar que están investigando la corrupción en
Pemex, por presuntos daños patrimoniales en Estados Unidos y, como siguiente
paso, emitir sanciones como las que impusieron a PDVSA. En el hipótetico caso
que eso sucediera, los 100 mil millones de dólares de deuda de Pemex, tendrían
serias dificultades para refinanciarse, y la empresa sería acotada para vender
petróleo en el mundo.
Las consecuencias serían catastróficas.
El presidente López Obrador no puede permitir que ese escenario exista, y
no es difícil neutralizarlo. Los casos de corrupción los debe individualizar,
separando a las instituciones, y blindando a Pemex. La institución después de
todo, no era la corrupta, Quienes la manejaban y administrada, en el peor de
los casos, son los responsables y deben ir a la cárcel. Pero no deben arrastrar
al precipicio a Pemex, que es lo que están haciendo en estos momentos.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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