La
dificultad de lidiar con Trump
Raymundo
Riva Palacio
Por más
esfuerzos que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de quedar bien con
el presidente Donald Trump, simplemente no puede. Por más miel trata de rociar
para mejorar su relación con él, la respuesta siempre es hostil y agresiva. En
los últimos días, el poderoso jefe de la Casa Blanca decidió romper acuerdos no
escritos con el gobierno de México. En junio de 2016 escogió a México como su
principal enemigo al anunciar su candidatura presidencial, y la semana pasada
se olvidó de China, Corea del Norte e Irán, para montar en México la plataforma
de despegue de su reelección presidencial, que anunciará dentro de dos semanas.
Trump juega
con habilidad la realidad alterna y la siembra de imágenes en el electorado
estadounidense para crear el nuevo momentum. Primero habló de
elevación de aranceles en represalia por no haber hecho lo suficiente para
frenar la migración indocumentada a Estados Unidos a través del territorio
mexicano, y luego mencionó que van 25 años de mucho hablar de los mexicanos y
nada de acción. Ese año marca el inicio del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, lo que explica el porqué en uno de sus últimos tweets,
afirma que si no hace México lo que quiere, empresas y trabajos regresarán a
Estados Unidos. Migración y comercio vinculados fuertemente, con el “America
First”, su lema de campaña y eje de su política, injertados una vez más en el
imaginario colectivo estadounidense.
En México,
el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha terminado de entender a Trump
para responderle o ignorarlo, pese a que son iguales al manejar ambos con
regularidad y desparpajo la realidad alterna para construir consensos de
gobierno. Sus respuestas han sido contradictorias y sin estrategia, pese a que
tendría argumentos para explicar que lo dicho por el estadounidense es mentira,
y que los compromisos entre los dos países, no se han incumplido, como lo
asegura. Las cosas realmente no han cambiado desde que llegaron a un acuerdo el
17 de marzo, como publicó esta columna, cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, tuvo una reunión de emergencia con la entonces secretaria de Seguridad
Territorial, Kirjsten Nielsen –solicitada por esta-, en el aeropuerto de Miami.
Las
diferencias habían comenzado casi desde que inició el gobierno de López
Obrador, cuando se integró un grupo de trabajo para revisar el tema migratorio,
encabezado por el coordinador de asesores de Sánchez Cordero, Jorge Alcocer, y
el subsecretario de Estrategia, Política y Planeación del Departamento de
Seguridad Territorial, James McCament. La primera reunión se llevó a cabo el 19
de enero, donde McCament planteó que México debía recibir a todos los
indocumentados deportados en las garitas, porque la política migratoria de
puertas abiertas y visas puesta en práctica por la nueva administración, había
generado un incremento significativo en la migración centroamericana.
México
rechazó la propuesta, y llegaron al acuerdo que recibiría diariamente un máximo
de 20 deportados con visas mexicanas, pero únicamente en Tijuana. La solución
no fue bien recibida en Washington, y se buscó un encuentro de Sánchez Cordero
con Nielsen, que se dio el 28 de febrero. Nielsen le dijo que la migración se
encontraba descontrolada y que para marzo estimaban tener más de 100 mil
deportaciones. Si no hacían nada, advirtió, Trump cerraría la frontera. Los dos
gobiernos reconocen lo atípico de la migración, al haberse registrado en el
primer trimestre 300 mil detenciones en territorio estadounidense, que fue casi
100 por ciento superior a las capturas en todo 2017. Las secretarias acordaron
que México ampliaría la recepción de migrantes: 20 diarios serían recibidos
además, en Mexicali y Ciudad Juárez.
Sánchez Cordero ofreció que si se cumplía la cuota establecida, se irían
incrementando de 10 en 10, hasta alcanzar un total de nueve mil deportados con
visas humanitarias mexicanas por mes.
López Obrador
aceptó los términos del acuerdo, que incluía que se incrementaran las
deportaciones en la frontera sur mexicana, y parecía que Trump también lo
haría. Nueve mil personas por mes, o 108 mil por año, era una cifra sin
precedente que otorgaba el gobierno mexicano, incorporadas a la Ley 235, como
se maneja técnica y legalmente lo que coloquialmente se conoce como “tercer
país seguro”. El arranque en México con deportaciones, fue impresionante, 13
mil en las tres primeras semanas, en mayo fueron 15 mil 654. En total, durante
el primer cuatrimestre se triplicó el número de deportaciones con respecto a
2018. En Estados Unidos, Trump no aguantó más la frustración y despidió a
Nielsen. Hasta ahora, no han cumplido los estadounidenses con la cuota aceptada
en Miami.
Paralelamente,
el presidente López Obrador mantuvo la promesa hecha a Jared Kushner, yerno de
Trump y el responsable de la relación con México, durante la cena que tuvieron
en la Ciudad de México, de que contendrían la migración centroamericana. Si los
acuerdos fueron cumplidos, entonces ¿qué es lo que sucedió con Trump?
Funcionarios mexicanos insisten en colocar el diferendo en el marco
político-electoral, pero quizás no están leyendo correctamente ni a Trump, ni
al gobierno de Estados Unidos. López Obrador respondió al amago comercial con
una respuesta política-política, pero todos han soslayado analizar porqué el
presidente estadounidense se volvió a referir el sábado al tema del
narcotráfico y los cárteles de la droga. Ahí está la clave.
Para Trump,
el problema de la migración es un tema de seguridad, y los aranceles son una
presión comercial para alcanzar un entendimiento en la materia. ¿Qué es lo que
no están entendiendo el presidente mexicano y sus asesores? El fondo del enojo,
que se abordará en la próxima columna.
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