Las desgracias de Cuitláhuac
Raymundo Riva Palacio
Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, no es más torpe porque no el
día no tiene mas horas, ni luce más ignorante, porque prefiere guardar
silencio. Su desgracia es que encabeza el estado más violento del país, y la
desgracia es que es protegido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que
pagó la confianza y el respaldo que le ha dado, con el escarnio masivo de las
redes sociales. El gobernador le dijo al presidente una mentira sobre la
masacre del martes en Coatzacoalcos, y el presidente la repitió al país desde
Palacio Nacional. Algo tiene que hacerse con el gobernador, por su incapacidad
de mando, falta de liderazgo, incompetencia como político, y lastre para López
Obrador. Pensar en un proceso de destitución en el Congreso, debe ser una
opción.
Veracruz necesita de un gobernador que gobierne. Requiere de un líder que
tenga a su equipo cohesionado, y no como sucede ahora, en pugna permanente con
el fiscal Jorge Winkler, que se ha trasladado a la falta de colaboración entre él
y el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, a quien ha
sostenido el gobernador, respaldado por el presidente, pese a haber sido
destituido en 2016 en la procuraduría de Nuevo León por presunta extorsión. El
dislocamiento del gobierno tiene a la violencia como su principal externalidad.
Es insólito que un estado donde la seguridad es la prioridad máxima, el
gabinete de seguridad esté peleado entre sí, al grado de no hablarse entre
ellos. Veracruz arrastra la violencia desde los gobiernos de Javier Duarte y
Miguel Ángel Yunes, pero se volvió campo de batalla entre el Cártel Jalisco
Nueva Generación y Los Zetas desde diciembre pasado, coincidiendo con la
llegada de García al poder.
Regresaron las matanzas, primero en Minatitlán, donde 14 personas -incluido
un bebé- fueron asesinadas en abril, y el martes en Coatzacoalcos, donde hasta
hoy suman 26 víctimas de un atentado en un table
dance donde un grupo armado presuntamente vinculado al CJNG tiró granadas,
incendió la puerta y bloqueó las salidas de emergencia. En delitos de alto
impacto como secuestro y robo con violencia, Veracruz está en los peores
lugares del país.
Según la consultora GLAC, en el primer semestre de este año Veracruz estaba
en el último lugar de secuestros; hasta abril, la tasa por 100 mil habitantes
era de 1.87 secuestros, contra la media nacional de 0.45. La incidencia
delictiva se incrementó este año en 122%, y la gestión de García ha sido tan
ineficiente, que la Cámara Nacional de Comercio y el Consejo Coordinador Empresarial
locales, propusieron un juicio político contra él y el alcalde de
Coatzacoalcos, Víctor Carranza, impuesto por la secretaria de Energía, Rocío
Nahle, que presume tener el control de ese municipio.
El descontrol que tiene el gobernador en el estado no puede ser escondido
por los esfuerzos presidenciales en la comunicación política. Ni siquiera en ese
campo pudo ser capaz García, y proporcionarle información fidedigna a López
Obrador sobre lo que sucedió en Coatzacoalcos la víspera. En su conferencia de
prensa, el presidente aseguró que el presunto autor material de la masacre
había sido puesto en libertad por la Fiscalía de Winkler. Documentos que se
hicieron públicos casi inmediatamente después de la afirmación del presidente, revelaron
que fue la Fiscalía General la que puso en libertad al presunto asesino porque
los delitos por los que lo habían detenido no eran graves, sin verificar sus antecedentes.
Esa falla en el área de inteligencia y la ausencia de una verificación en
las bases de datos policiales, devolvió en la calle a quien presuntamente
provocó la muerte de decenas de personas, como aparente represalia porque en
ese bar de mala muerte en Coatzacoalcos, “Caballo Blanco”, no vendían productos
con el sello del CJNG. Cuatro días antes, el 24, de acuerdo con el portal e-veracruz.mx,
el mismo grupo privó de su libertad y asesinó a Agustín Javier Ronson, junto
con otra persona, por esa razón. Un dramático video sobre su asesinato, por
ahorcamiento, comenzó a circular desde este miércoles en las redes sociales.
Tras el secuestro del dueño del
“Caballo Blanco”, la Marina detuvo en Coatzacoalcos a uno de los líderes del
CJNG. Cualquiera con un mínimo de conocimiento de los grupos criminales, podría
haber visto que la suma de los dos eventos anticipaba que habría una reacción
criminal. Eso fue lo que sucedió el martes. El CJNG volvió a dar una muestra de
fuerza y poder frente al Estado y el estado. Fue en Coatzacoalcos, donde el
deterioro ha sido continuo desde diciembre y que junto al cercano Minatitlán,
la zona petrolera, se ha vuelto en campo de batalla de los cárteles de la
droga.
El estado es ingobernable. Los
empresarios han emprendido el éxodo, los robos a la industria se multiplican. Sólo
en Coatzacoalcos, de acuerdo con la ONG Ciudadanos Unidos, hasta junio había
desaparecido entre el 30 y el 40% del sector productivo, ante la exigencia del derecho de piso. García no ha hecho nada
para frenar el éxodo empresarial. Tampoco los cuerpos de seguridad vislumbraron
el riesgo de lo que se venía acumulando.
La violencia se ha extendido, y
la procuración de justicia es inexistente. El gobernador, protegido por el
presidente. García se ha convertido en un lastre para López Obrador que lo está
arrastrando políticamente. Tiene que sacudírselo. Ese pie con gangrena le va a
subir por el cuerpo a menos que se lo corte. Tener un pelele no le funcionó en
un estado problemático, pero es mejor pagar el costro que el Congreso, dominado
por Morena, lo lleve a juicio político y lo destituya, a que siga contaminando
la cruzada de López Obrador.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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