Los nudos
de Ayotzinapa
Raymundo
Riva Palacio
Las
contradicciones no son lo único que tiene metido al gobierno federal en un
problema de difícil solución en el Caso Ayotzinapa. La acotación que se
pretende hacer en la nueva investigación, difícilmente podrá ser lograda. El
subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, abrió el coliseo para ofrecer
sangre a los mexicanos, al denunciar al ex procurador general, Jesús Murillo Karam,
y al ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, como
responsables de un proceso que, por decisiones del juez federal Samuel Ventura,
fueron liberados 77 presuntos responsables del crimen contra 43 normalistas. La
Fiscalía General irá por ellos y puede llegar a detenerlos incluso, pero echada
la rueda a andar, no se podrá parar.
Encinas es
la representación de esa contradicción. En enero pasado, al instalar la
Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, dijo que el punto de partida
serían los informes del grupo independiente de expertos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y el equipo forense argentino, que fue el
primer grupo extranjero que trabajó con los padres de los normalistas. Los dos
concluyeron que varios testimonios claves habían sido obtenidos mediante
torturas, lo que violaba el debido proceso. La izquierda, entre otros, elogió
el trabajo y reiteró que había sido un crimen de Estado, donde participaron
soldados y policías federales.
En
reconocimiento abierto del gobierno al trabajo del grupo de expertos, el fiscal
general, Alejandro Gertz Manero, nombró a su secretario técnico, Omar Trejo,
jefe de la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa. Poco tiempo pasó para que en
el nuevo el gobierno vieran que las cosas no eran como las creían. Ni al
presidente Andrés Manuel López Obrador ni a Encinas, les gustó el rumbo de
aquello que inicialmente celebraron cuando en septiembre del año pasado, el
Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno de Circuito, con sede en Reynosa, le
dio el marco jurídico a la Comisión de la Verdad que querían formar, y le dio
la razón a tres presuntos culpables del crimen, incluido Gildardo López
Astudillo, “El Gil”, que los habían torturado para auto incriminarse.
Ahora, el
presidente y el subsecretario se quejan del Poder Judicial, mostrando claro
antagonismo con su postura de hace meses. No se sabe cómo va a cuadrar las
cosas Encinas, pero si la línea que persigue es procesar solamente a Murillo
Karam y Zerón, lo va a rebasar el caso. Si no alcanza a ver el mediano y largo
plazo de lo que inició, le faltarán brazos para nadar a puerto seguro. Junto con
el ala más beligerante alrededor del presidente, acusó al 27 Batallón de
Infantería, con asiento en Iguala, de responsabilidad en el crimen, por lo cual
debería llamar a declarar a su entonces jefe, el coronel José Rodríguez Pérez.
También al jefe de la 35ª Zona Militar, el general Alejandro Saavedra
Hernández, a quien el gobierno de Guerrero le informó lo que estaba sucediendo,
así como al ex subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, con quien el ex
gobernador Ángel Heladio Aguirre hizo lo mismo. No menos importante el jefe de
la Zona Naval en Acapulco en ese entonces, el almirante Rafael Ojeda, actual
secretario de la Marina.
Y hay más.
Alfredo Higuera Bernal, quien durante los dos últimos años del gobierno de Peña
Nieto tuvo a su cargo la investigación del Caso Ayotzinapa, fue nombrado por
Gertz Manero subprocurador especializado para Investigaciones de la
Delincuencia Organizada. También ratificó a Roberto Ochoa como
subprocurador de Procesos, responsable antes y ahora de revisar las
resoluciones de los tribunales y los cierres de instrucción. El actual jefe de la Agencia de Investigación Criminal, que
también depende de la Fiscalía, Vidal DíazLeal Ochoa, era el responsable de
inteligencia de la PGR en los tiempos de la desaparición de los normalistas.
Es decir, el
gobierno de López Obrador cuenta con personas que conocen a fondo el caso, la
información y los contextos de cómo y cuánto avanzó la investigación. En los
archivos del Centro Nacional de Inteligencia, antes el CISEN, deben estar las
minutas del Grupo de Coordinación Guerrero, donde se documentó la penetración
de los grupos criminales Guerreros Unidos y Los Rojos en
las estructuras políticas de Guerrero, sin que se hiciera nada a nivel
federal. Esas minutas, que oficialmente no existen, podrán darle al
gobierno una idea muy clara del entramado político-criminal que se vivía en
2014, cuando desaparecieron los normalistas, aunque no les gustará. Esa red
corrupta y criminal involucraba a miembros del PRD, el PT y Morena, que tenían
relaciones estrechas con la corriente perredista de “Los Chuchos”, y con los
morenistas René Bejarano y Dolores Padierna. Un ex funcionario que participó en
esa reuniones reveló que las razones por las cuales nunca se procedió eran
“políticas”—no querían involucrar a la izquierda con el crimen contra los
normalistas.
Este mapa
de vínculos sobre los funcionarios y ex funcionarios que sabían lo que sucedía
en Guerrero, lo que pasó aquella noche en Iguala en septiembre de 2014 y su
investigación, perfila la trampa en la que se metió Encinas con sus palabras
ligeras. A menos, claro, que como demanda el núcleo duro de López Obrador, lleve
al paredón político a miembros del Ejército y de la Marina, a comandantes de la
Policía Judicial, a tres administraciones de la vieja PGR, a quienes Gertz
Manero recicló, y a líderes de su coalición de gobierno, para documentar lo que
han dicho durante cinco años, que fue “un crimen de Estado”. Estos nudos no
serán fáciles de deshacer. Menos aún, de encontrar la verdad legal a lo que
sucedió con los jóvenes sin ahogarse en sus contradicciones.
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