Reprueban a López Obrador
Raymundo Riva Palacio
En el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
las libertades se deterioraron y la percepción de mayor corrupción aumentó. La
gobernabilidad declinó, pero el poder centralizado incrementó. Las palabras
sobre democracia, se ha quedado en una retórica hueca y sin sustento. El futuro
no pinta bien, como deja ver el Proyecto de Justicia Mundial, que en la primera
vez que mide al gobierno López Obrador, lo reprobó. Esta organización sin fines
de lucro con sede en Washington, que fue crítica con el gobierno de Enrique
Peña Nieto, muestra que si antes estábamos mal, ahora estamos peor.
Este miércoles fue dado a conocer mundialmente el Índice
2020 sobre el Estado de Derecho, una revisión sobre cómo se están aplicando las
leyes para combatir la corrupción, la pobreza y las enfermedades, cruzada con
las variables de seguridad, derechos, justicia y gobernabilidad, donde se ve lo
mal que le fue a México el año pasado. De 128 países, México se encuentra en el
lugar 104, una caída de tres lugares, superada sólo por los gobiernos
autócratas de Venezuela (128), Nicaragua (118) y Bolivia (121), y por Honduras
(116), cuyo gobierno está infectado por le crimen organizado. El gigante latinoamericano,
Brasil, está lejos, en el lugar 67, y Chile, la democracia más acabada de la
región, en el 26. Entre los países de ingresos medios y altos, a México sólo le
ganan en pérdida de libertades, Venezuela, Irán y Turquía.
El informe trae sorpresas amargas. Una es en el capítulo de
Ausencia de Corrupción, considera como formas de corrupción el soborno,
influyentismo de intereses públicos y privados, y desvío de recursos públicos
en el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo y los militares. El mandato de las
urnas a López Obrador de combatir la corrupción ha sido incumplido, y causó
decepción. La caída, en comparación con el último año del presidente Enrique
Peña Nieto, fue de 0.03 puntos. La percepción de que el presidente ha optado
por la impunidad impunidad, le costó al país en el ranking, al ser situado en
el lugar 121; superando sólo siete naciones que están peor evaluadas que
México.
El mismo sitio ocupa el capítulo Orden y Justicia, que mide
la manera como la sociedad evalúa qué tanto hace el gobierno por la seguridad
de las personas y su patrimonio. “La seguridad es uno de los aspectos que
definen cualquier sociedad de leyes, y es una función fundamental del Estado”,
dice el índice. “También es precondición de la concreción de los derechos y las
libertades que el Estado de Derecho busca promover”. La seguridad es la razón
por la cual nacieron los Estados modernos, para proveerlas a sus ciudadanos y
súbditos. El documento no aclara si la evaluación se dio antes o después
del cualiacanazo, la demostración más clara de la claudicación del Estado
mexicano a las leyes.
Los Derechos Fundamentales, que es otra de las categorías
del Proyecto de Justicia Mundial, se refiere a los derechos humanos y la
libertad de expresión. Una vez más, el Índice no registra todavía las largas
campañas de hostigamiento y control sobre la libertad de prensa, acompañadas
por un sistemático y masivo golpeteo en las redes sociales y, de manera
sobresaliente, en las comparecencias matutinas del presidente López Obrador en
Palacio Nacional. Tampoco incorpora el sentir y pensar de los mexicanos
del atraco a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde el
presidente nombró a una neófita en la materia que se rodeó de profesionales que
no son abogados, y que planteó una agenda de trabajo con intereses
particulares. No sería raro que el sitio 78 donde ubicaron a México en el
documento, tuviera un retroceso el próximo año, superior a la caída de 0.02
puntos en 2019.
Uno de los factores que registró el Proyecto de Justicia
Mundial como negativo, fue la pérdida de contrapesos que tiene el gobierno. Ese
factor cayó 0.01 puntos con respecto a 2019, al notarse la ausencia de
mecanismos de rendición de cuentas en los poderes del Estado así como en la
prensa. No entra el Índice en detalles de dónde se registró ese retroceso que
colocó a México en el lugar 89 de la tabla, pero se puede argumentar que los
mexicanos se empezaron a dar cuenta de la subordinación del Poder Legislativo,
en particular la Cámara de Diputados, y de la propia presidencia de la Suprema
Corte de Justicia, encabezada por Arturo Zaldívar, que parece apéndice de la
Conserjería Jurídica de la Presidencia, y melosamente solícito con López
Obrador.
La transparencia fue una de las reformas democráticas de
segunda generación que la sociedad civil -universidades y medios- forzó para
que el presidente Vicente Fox aceptara una legislación. La opacidad es una
característica de los regímenes autoritarios, y entre más transparente es un
gobierno al compartir su información y empoderar a la gente con herramientas
para que rinda cuenta, mayor fortaleza adquiere el sistema. El de López Obrador
es un gobierno esencialmente opaco, como las murallas al público al esconder
procesos de licitación resueltos en adjudicaciones directas o acciones de
seguridad pública. El Índice tiene a México en el lugar 36, que se puede
interpretar como inercial, donde no se avanzó, pero tampoco cayó.
La justicia en México, no extraña, también se empantanó. La
Justicia Civil (116) y la Justicia Criminal (119), reflejaron las deficiencias
en el sistema de procuración y administración de las leyes, y externalizaron
las dudas sobre su imparcialidad y eficiencia como mecanismo de resolución de
disputas. Esta parte, esencial del Estado de Derecho, tampoco pasó la prueba
del primer año de gobierno de López Obrador, que en materia de derechos y
libertades, para todo lo que se esperaba de él, ha sido decepcionante y
preocupante.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
