Raymundo Riva Palacio
Emilio Lozoya ha dado muestras muy importantes de inteligencia estratégica. En dos días de juicio ha puesto a volar el imaginario de una Nación que quiere sangre de corruptos, le ha inyectado helio a los sueños del Presidente para que pueda cumplir el mandato de 30 millones de votos y derruir el sistema político que enfrentó sin éxito casi dos décadas, y subordinado a la Fiscalía General a sus tiempos, formas y deseos. Con apenas probaditas, no ha aportado absolutamente ninguna de las pruebas que ofreció para no pisar la cárcel, está alistándose para irse a vivir a la casa de sus padres y vivir en libertad provisional mientras lo cuida la Guardia Nacional, al tiempo de ir construyendo la idea de que es inocente y vengarse de quienes siente y cree que lo abandonaron y traicionaron.
Por segundo día consecutivo se declaró inocente de las imputaciones que le hace la Fiscalía por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de Odebrecht, como el martes hizo lo mismo en el tema de Agronitrogenados. Además, repitió la misma frase preparada por la defensa: “En relación con los hechos que se me imputan, fui intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado”. Sus abogados añadieron que Lozoya “fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso en el marco de un aparato organizado de poder”.
La estrategia de Lozoya es tramposa, lo que no habla mal de él necesariamente, sino de la Fiscalía General, donde si el fiscal Alejandro Gertz Manero no empieza a exigirle pruebas, terminará pidiéndole perdón, para llevar al extremo grotesco lo que está sucediendo. Lozoya está utilizando la retórica para confundir. No puede declararse inocente si al mismo tiempo afirma estar negociando con la Fiscalía para convertirse en testigo colaborador. Para apelar al criterio de oportunidad, que es lo que busca le otorguen para disminuir sus penas o que le condonen sus actos criminales, como establece ese recurso, primero tiene que ser culpable de un delito. Si fuera inocente, no tendría necesidad de recurrir a esa figura.
Lo que dicen sus abogados también es engañoso. Cuando afirman que fue “un instrumento no doloso”, se refiere al artículo 13, fracción IV del Código Penal, sobre las personas responsables de delitos. Los abogados la conocen como la “autoría mediata”, que significa que la persona incurrió en un delito sin saber que estaba cometiéndolo, por lo que es inocente. Los expertos sostienen que esa fracción no se aplica en el caso de Lozoya. La propia búsqueda del criterio de oportunidad y los testimonios de los ex ejecutivos de Odebrecht sobre los sobornos por unos 10.5 millones de dólares al ex director de Pemex, lo contradicen.
Los fiscales aún no lo confrontan porque se encuentran en la presentación de las imputaciones. Lozoya igualmente ha respondido, y colocado las piezas sobre el ajedrez que está jugando. El martes y miércoles dijo que daría los nombres de las personas que lo presionaron, dejando ver su estrategia: está preparando una acusación directa contra el expresidente Enrique Peña Nieto, y el ex secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Ellos dos son los primeros objetivos claros cuyas siluetas dejó ver en los dos primeros días de audiencias.
Sus cabezas son las que había ofrecido desde un principio a Gertz Manero, en su “Declaración Nitrogenados”, descrita en este espacio, donde los acusó de haber sido los arquitectos de un mecanismo de corrupción desde el poder mismo, como lo han parafraseado sus abogados. Eso ya lo sabía Gertz Manero, quien después de 48 horas de juicio, aún no tiene nada en las manos de todo lo que ofreció. Por ejemplo, no ha entregado ninguno de los videos que se comprometió, manteniendo en la oscuridad a los fiscales sobre la valía y contundencia de ellos.
Lozoya está manejando el juicio en sus tiempos. Ayer mismo le solicitó al juez de control definir el miércoles su situación jurídica con respecto al Caso Odebrecht. Las jugadas las está definiendo el ex director de Pemex, junto con los tiempos del juicio. La Fiscalía General, al solicitar el martes la ampliación a seis meses para que puedan acumular pruebas le regaló a Lozoya un primer periodo para que pueda ir administrando la documentación para construir el caso de corrupción contra los gobiernos de Peña Nieto y, eventualmente, Felipe Calderón.
Los tiempos le funcionarán políticamente bien a López Obrador, pero hasta un cierto límite. El Presidente no podrá mantener el discurso de lo mucho que aportará Lozoya para mostrar la corrupción del pasado si, en efecto, no produce las pruebas esperadas. Probablemente en Palacio Nacional no hay angustia todavía por la falta de pruebas, pero en la Fiscalía General deben estar preocupados. El juicio ya comenzó y no les ha dado nada todavía. Lo único que han recibido son frases y promesas ante el juez, pero dentro de su propia estrategia de defensa.
La Fiscalía General ha cumplido con lo que le pidió Lozoya a través de su padre: no pisaría la cárcel cuando llegara a México, ir del aeropuerto de la Ciudad de México a un hospital, y de ahí a su casa. Tampoco dio algo políticamente útil para la narrativa del Presidente, como la fotografía al llegar a México. La imagen al entrar a la cárcel no existe porque ni siquiera estuvo cerca del reclusorio. Entonces, nada para el caso jurídico, nada para la semiótica. El trato a Lozoya es notoriamente excepcional a cambio de migajas y promesas de un poco de pan. Es una burla.
Gertz Manero tendría que estar revisando si a todo lo que hizo para que Lozoya regresara a México, le ha faltado una segunda parte de estrategia, antes de que junto con López Obrador empiece a perder todas sus piezas en el astuto ajedrez que está jugando Lozoya.
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