¿Quién gobierna presidente?
Raymundo Riva Palacio
El fin de semana sucedieron eventos en
Michoacán de suma gravedad. En La Huacana, sometieron a una docena de soldados
y los vejaron, para exigir que les devolvieran armas incautadas. En Zamora,
decenas de camionetas que llevaban pintado en sus costados las siglas del Cártel
Jalisco Nueva Generación, asolaron la ciudad y mataron policías, en un desfile
de poder y desafío al Estado Mexicano. Lo hicieron porque quisieron y porque pudieron.
Si usted se pregunta en dónde estaba el presidente, que tendría que haber actuado,
la respuesta es: gritando que todo los males son culpa de la corrupción, dando
clases extraordinariamente fallidas de historia, y comiendo barbacoa.
Esto es inadmisible. Su indiferencia revela
irresponsabilidad. Las Fuerzas Armadas son la última frontera de la seguridad
nacional, y no se puede permitir que sean humilladas de la forma como lo fueron
en La Huacana. Su sometimiento es una subordinación del Estado Mexicano ante
criminales, y la claudicación de su papel garante de la seguridad de todos. El
abandono del gobierno del Ejército y el acotamiento que se hace a su labor
debilita a esa institución, al país, y deja a la intemperie a una sociedad que
está padeciendo los niveles de inseguridad y violencia más altos desde que se
tiene registros. El vacío gubernamental lo llenan los cárteles de las drogas y
las pandillas.
Zamora es el ejemplo. En la madrugada del
domingo, alrededor de 30 camionetas presumiblemente del CJNG, entraron en esa
importante ciudad para sembrar terror y atacar objetivos precisos de
funcionarios del Ayuntamiento y el hospital regional. Dispararon contra
policías municipales e incendiaron vehículos, durante el tiempo en que fueron
los dueños de todo. Zamora tiene 400 policías municipales, divididos en tres
turnos, por lo que a la llegada del convoy probablemente estaban trabajando
máximo unos 133 elementos. Si resultaron cuatro policías muertos y siete
lesionados, significa, de acuerdo con este cálculo empírico, que casi el 10% de
la fuerza policial municipal fue víctima de los criminales, que debieron haber
sumado cuando menos unos 200 atacantes.
No necesariamente los agresores pertenecen al
mismo grupo. En Zamora sí opera el CJNG, legado del Cártel de los Hermanos
Beltrán Leyva, que hasta 2008 eran los responsables del tráfico de metanfetaminas
en toda esa región del Cártel del Pacífico. La Huacana se encuentra en Tierra
Caliente, en la zona de Apatzingán, donde pelean por el control de esa zona el
CJNG, Los Caballeros Templarios y la banda de Los Viagras, un grupo de ocho hermanos
que fueron sus aliados y ahora luchan por el control del tráfico de drogas
sintéticas. La captura de los militares de la Quinta Compañía de Infantería No
Encuadrada, fue para exigirles que les devolvieran las armas que habían
incautado durante un operativo, entre ellas una Barrett, que es una arma
reglamentaria de las fuerzas especiales de varios ejércitos del mundo.
Era casi pedirles que le regresaran su arma
para que los mataran. La descripción no está alejada de la realidad. El
presidente López Obrador ha hecho diversas propuestas, dentro de su idea de
estrategia de seguridad pública, como atacar las causas socioeconómicas
–solución de largo plazo-, porque no hay mexicanos malos sino que en realidad
son buenos y necesitan ser encauzados –principio moral equívoco-, con el
planteamiento de fondo de dar abrazos en lugar de tirar balazos –utopía
política-. Su plan de mediano y largo plazo es que no combatirá a los cárteles
de las drogas ni a las bandas –salvo que se le crucen, como sucedió en La
Huacana-, y en su plan nacional piensa concederles amnistía para que se
reintegren a la sociedad, como parte de la reconciliación.
Todos los días, en una buena parte del país, los
cárteles y las bandas criminales, se ríen de él en la práctica. Mientras no los
toca ni en el discurso, avanzan territorialmente y arrebatan espacios a las
instituciones. La falta de reflejos del presidente en el tema de la seguridad,
o su silencio porque no tiene respuestas concretas que dar, crean estos vacíos
en donde los grupos criminales se mueven sin alteración ni preocupación de que
el gobierno federal salga a enfrentarlos. Los adversarios de los criminales son
los criminales, no las fuerzas federales que, por omisión y comisión, se han
vuelto involuntarios cómplices de la violencia.
Este lunes fue el mejor ejemplo de esta
proposición. Durante la conferencia de prensa matinal en Palacio Nacional, le
preguntaron que si ante los eventos en Michoacán adelantaría la llegada de la
Guardia Nacional a ese estado. López Obrador divagó. Sin tener conexión
absoluta con el tema en referencia, reiteró lo que ha estado diciendo en los
últimos días sobre el abasto de las medicinas y lo que estaba haciendo su gobierno.
Al final, ambiguamente, dijo que se estaba trabajando en ello. ¿En qué? Quién
sabe qué pasaba en ese momento por la cabeza del presidente.
Así, ni se puede, ni se debe. La tolerancia
presidencial para que cualquier grupo pueda enfrentar y humillar a las Fuerzas
Armadas debilita al Ejército y lo debilita a él como jefe del Ejecutivo y
comandante en jefe castrense. ¿Con qué autoridad puede hablarle a los militares
cuando permite que los humillen? López Obrador ha entregado la seguridad
pública a las Fuerzas Armadas, pero este tipo de laxitud e indiferencia política
muestran que en el fondo, no hay el respaldo que afirma tener para con ellas.
El doble discurso presidencial beneficia a criminales, no respalda a las
Fuerzas Armadas. El vacío que deja con ello hace dudar de quién realmente manda
en el país, si el presidente constitucional o los cárteles de la droga.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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