IRZA
CHILPANCINGO. De las 315
estancias infantiles que operan en Guerrero, sólo 54 cumplen con los requisitos
que establece el programa federal y se investigan irregularidades en la
atención a los infantes, padrones de niños alterados, inmuebles inseguros y
cobro de cuotas a un servicio que ya estaba subsidiado.
Eso reveló este jueves el delegado del gobierno federal en Guerrero,
Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien ofreció una conferencia de prensa en
las instalaciones de la ex Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), ahora del Bienestar, en la colonia Burócratas, en donde
habitualmente despacha este funcionario.
El funcionario federal indicó que ofrecía esa conferencia para desmentir
que el programa de estancias infantiles sólo se va a aplicar en 23 municipios
como se indicaba en unas reglas de operación, que dijo sólo eran sólo “una
propuesta”.
Aseveró que “no son reglas emitidas” y que este jueves es el
plazo límite para que se emitan estas normas: “esos 23 municipios son
solamente para identificar los municipios indígenas que serán susceptibles de
atención en el programa, pero no es cierto que se quiten los demás municipios y
que se quedarán sin ese derecho”.
Pablo Amílcar Sandoval reiteró que el objetivo de este programa es que
los beneficios “llegarán de manera directa a madres y padres que los
recibirán en todos los municipios donde hasta ahora ha funcionado el programa
de estancias”.
Explicó que el objetivo principal del programa es atender a los
municipios en los que el ingreso per cápita esté por debajo de la línea de
bienestar, pero en Guerrero el 64 por ciento de las estancias están en los 12
municipios que tienen muy bajo de nivel de marginación como por ejemplo
Acapulco, Chilpancingo e Iguala”.
Abundó que en el programa en Guerrero se reporta que el 88 por ciento de
las estancias son “viables”, pero que en las cédulas de los
supervisores que tienen en su poder se reporta otra situación: “sólo el 16
por ciento, es decir 54 estancias están en condición de estar en funciones”.
Sandoval Ballesteros manifestó que entre las irregularidades
administrativas que encontraron entre lo que reporta el sistema y las cédulas
de los supervisores “como por ejemplo en la atención a los infantes; el
padrón alterado de niños, hay casos en los que las estancias y sus inmuebles no
son viables y con deficiencias tienen un rango alto; inmuebles inseguros sin
servicios de calidad”.
Agregó que entre esas irregularidades detectaron que había algunas
estancias infantiles que a pesar de que recibían un subsidio del gobierno
federal, cobraban cuotas de 500 y hasta mil 400 pesos mensuales: “se
trataba de un modelo de atención privatizante subsidiado con recursos públicos,
muy pocas estancias no cobraban, como las ubicadas en la Montaña de
Guerrero”. Agregó que en este proceso de revisión encontraron
“documentos apócrifos, declaraciones en falsedad; esto es parte del
proceso de investigación que se está abriendo, necesitamos pruebas para turnar
a las autoridades correspondientes y es un proceso interno que está por concluirse”.
Pero que además en esta revisión del programa no se sabe quiénes son los
dueños de las estancias y que sólo se sabe de los encargados o encargadas con
registro oficial.
Hizo un llamado a “no politizar este tema, los beneficiarios
finales que son madres y niños seguirán recibiendo estos beneficios, habrá un
programa a través del DIF y de la Secretaría de Salud para supervisar las
estancias de manera más estricta y determinar las estancias idóneas para
beneficiar a madres de este programa”.
Indicó que buscan que “no haya actos de corrupción en el ejercicio
de recursos públicos; no habrá municipios excluidos en este programa y se verá
el apoyo de manera directa a los padres de familia”.
Agregó que en este programa se destinaron 129 millones el año pasado, de
los cuales se invertían 95 millones de pesos para subsidiar de manera directa a
los niños en las estancias y que 34 millones de pesos se utilizaban para el
pago de seguros, para apoyos por 70 mil pesos para estancias nuevas o
remodelaciones y paquetes mensuales de 10 mil pesos para materiales didácticos.
Finalizó diciendo que respetan el planteamiento de que el gobierno
estatal y el Congreso del Estado estén proponiendo que se harán cargo de
subsidiar este programa con recursos combinados: “nos parece bien que
asuman esa responsabilidad, nosotros tendremos una relación directamente con
los padres de familia”.
