Detrás de la Operación Berlín
Raymundo Riva Palacio
Se ha publicado y documentado que desde una casona en Coyoacán, tres
empresarios que pertenecen financiaron la elaboración de materiales para desacreditar
a Andrés Manuel López Obrador en su tercer intento por la Presidencia. Los
empresarios contrataron a profesionales multidisciplinarios para ese trabajo,
que comenzó con el respaldo de la candidatura de Josefina Vázquez Mota para la
gubernatura del estado de México, y se prolongó con el apoyo del candidato
frentista Ricardo Anaya. El grupo lo encabezó Fernando García Ramírez,
compañero de páginas en El Financiero,
y que durante largo tiempo fue editor de la revista Letras Libres que fundó y dirige el historiador Enrique Krauze.
La semana pasada Eje Central -de
donde quien esto escribe es socio-, publicó un reportaje titulado “Operación
Berlín: conjura Anti Amlo”, que daba cuenta del trabajo realizado, que provocó
reacciones de la diputada Tatiana Clouthier, ex coordinadora de la campaña
presidencial de López Obrador, que en un libro de próxima aparición, citado en
el reportaje, aporta datos generales, algunos de los que coinciden con el
trabajo periodístico. El reportaje no era una denuncia, ni reveló nada ilegal
en esas acciones. Buscaba aportar elementos de información para entender cómo
opera nuestro sistema político y sus fenómenos mediáticos.
El reportaje coincidió con una dinámica que traía su propia velocidad
dentro de la Presidencia, y tomó rutas perniciosas. El día que apareció
“Operación Berlín”, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la
Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló en la comparecencia mañanera en Palacio Nacional, que
estaban investigando a varias empresas por presuntos delitos electorales, el
financiamiento de campañas negras
contra el candidato López Obrador, y eventualmente lavado de dinero.
Nieto hizo pública una red de vínculos de empresas e individuos para
anticipar que se procedería legalmente contra los responsables de esa campaña,
citando a los empresarios que había identificado el reportaje como quienes
financiaron el trabajo periodístico y de propaganda contra López Obrador. Nieto
replicó de lo que había hecho un mes antes contra el comisionado presidente de
la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, donde en respuesta
a comentarios sobre las ternas presidenciales sobre nuevos consejeros en el órgano
autónomo, lo acusó de conflictos de interés y a sus familiares de lavado de
dinero.
En ambos casos se puede argumentar que Nieto violó el secreto bancario y la
presunción de inocencia, al revelar detalles de transacciones bancarias que
transgredieron la secrecía financiera que exigen las instituciones
internacionales. Darlas a conocer, junto con la identificación de las personas
a las cuales está investigando, rompe con el debido proceso y, en un país de
leyes, tendría no sólo que anularse cualquier juicio que se emprenda contra
individuos y empresas por esa causa, sino que debería fincársele un proceso
legal en la Fiscalía por infringir la ley. Nieto se escudó en la eventual
violación de las leyes electorales para defenderse de que lo que está buscando
el gobierno que representa es una censura o, de acuerdo con la Constitución de
la Ciudad de México, una previa censura de la libertad de expresión.
Esta línea de pensamiento se liga con lo que sucedió con la secuela de
“Operación Berlín”. El énfasis en la crítica y denuncia -en algunos casos- no
fue contra quienes pagaron las campañas o quienes la desarrollaron, sino contra
Krauze. Su principal acusador es Ricardo Sevilla, uno de los principales
manufactureros de la propaganda contra López Obrador, la fuente principal del
reportaje que se mantuvo anónimo hasta que él reveló su identidad en un texto
que entregó al portal Aristegui Noticias, donde colocó a Krauze en el centro de
la conjura. El historiador, que ha sido el único objeto de crítica y denuesto,
considera que es víctima de un linchamiento mediático, lo que si se revisa el
comportamiento de las consecuencias de las revelaciones, tienen sentido.
Nieto no lo consideró relevante en su investigación, donde Krauze no
aparece por ningún lado, pero es la figura central de todo este episodio. Todo
esto huele a podrido. El tema brincó a la mañanera
en Palacio Nacional, donde al responder una pregunta expresa, el presidente
López Obrador dijo: “Yo he tenido con él algunas diferencias, pero tiene toda
la libertad para expresarse, para manifestarse. Nosotros no vamos a perseguir a
nadie por sus ideas. No vamos a utilizar, mucho menos, al Estado para
cuestionar a escritores, a críticos”. Sus palabras podrían ser
tranquilizadoras, pero no lo son.
El patrón de insultos y calumnias contra Krauze es idéntico al que han
estimulado cercanos al presidente, francotiradores digitales a sueldo y simpatizantes.
Nadie que cuestione al presidente, aún cuando apoye a López Obrador, se ha
escapado de los epítetos y las difamaciones, regadas en las mañaneras y las redes sociales. En un texto que publicó en el
portal Sin Embargo Sanjuana Martínez,
cercana a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, y nueva directora
de Notimex, se refirió al hostigamiento a los periodistas que acuden todos los
días a Palacio Nacional por parte de los youtubers,
“la guardia pretoriana” del presidente.
La presión, el acoso, la violencia verbal y el discurso de odio no es
patrimonio de ellos, como se vio en el caso de Krauze. Se ha socializado contra
quen disienta del Ejecutivo. El texto de Martínez refleja preocupación por el
desbordamiento. Las libertades sí están en riesgo, la de pensamiento y la de
expresión. López Obrador es producto puro de la lucha por ampliarlas. Muchos de
los que ahora atacan sus fieles, contribuyeron, aún estando en desacuerdo con
sus ideas como Krauze, a que estas se ensancharan. No puede, ahora que está en
el poder, traicionarlas.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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