Lo inmoral de la 4T
Raymundo Riva Palacio
La moral para el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene dos caras. La
de sus adversarios y oponentes, donde todos son inmorales y por tanto
corruptos, y la de él, donde nadie es inmoral ni corrupto porque como él no lo
es, tampoco el resto. “Somos diferentes”, dice con frecuencia, “no somos
iguales”. Sus dos visiones de moral, sin embargo, se mueven bajo los mismos
referentes que en el pasado. Su aplicación es discrecional, y cuando se le
llega a confrontar con una contradicción, evade. Es lo que está tratando de
hacer luego que Carlos Urzúa, en su carta de renuncia como secretario de
Hacienda, denunció la existencia de conflictos de interés de “personajes
influyentes del actual gobierno”. López Obrador respondió: “Yo no veo conflicto
de interés”.
Tampoco lo vio nunca el ex presidente Enrique Peña Nieto por el escándalo
de la casa blanca, pero a finales de
noviembre de 2014, López Obrador dijo que era “un soborno, un moche” el hecho que una constructora que
hizo obra pública en el estado de México, hubiera adquirido una residencia para
su ex esposa. Dijo que con acciones como esa “supuesta” compra de la casa “se
está pisoteando, socavando, manchando, degradando la institución presidencial”.
Peña Nieto incurrió en un claro conflicto de interés. Se da cuando un
interés personal, familiar, profesional, laboral o de negocios puede afectar el
desempeño imparcial y objetivo de sus funciones públicas, y lo limita o le impide
cumplir plenamente con sus responsabilidades. Pero también se da cuando provoca
la percepción de corrupción que genera ilegitimidad, que es lo que sucedió en
el caso de la casa blanca.
La carta de Urzúa es clara, pero a la vez medrosa, al denunciar los
conflictos de interés, sin decir de quién se trata, o de qué se trata. Cuando
uno conecta sus reclamos de imposición de personas sin experiencia en el sector
hacendario, con influencia en Palacio Nacional que incurre en conflicto de
interés, es claro que se refiere al jefe de la Oficina de la Presidencia,
Alfonso Romo, un empresario que es responsable de la banca de desarrollo
-contra la ley que le da esa facultad sólo a la Secretaría de Hacienda-, que
apoya proyectos empresariales, como podrían ser los personales. También
controla a Margarita Ríos Farjat, jefa del Sistema de Administración Tributaria,
donde el sector empresarial es el más revisado de todos por ser el mayor
contribuyente.
Pero los conflictos de interés dentro del gobierno de la cuarta
transformación no se limitan a Romo. De hecho asombra el número de ellos que se
han hecho públicos sin que causen escándalo. Uno muy notorio es el del fiscal
general Alejandro Gertz Manero y Javier Coello Trejo, el abogado del ex
director de Pemex, Emilio Lozoya, revelado por Animal Político y Quinto
Elemento Lab. Coello Trejo representó a Gertz Manero en una denuncia penal para
investigar la muerte de su hermano. Es decir, tuvieron una relación profesional
importante que nunca reveló ninguno de los dos, hasta que fueron descubiertos,
y que arroja una sombra de sospecha sobre la imparcialidad y objetividad de
Gertz Manero en el proceso que se le sigue a Lozoya. Cuando le preguntaron a
López Obrador sobre esto, dijo que le tenía plena confianza al fiscal, que no
creía que fuera ilegal, aunque quizás sí moral, dejando esa decisión a su
colaborador. Por menos fustigó a Peña Nieto durante más de un año; en esta
ocasión, se lavó las manos.
Otro conflicto de interés, público, que no ha causado escozor, fue el
nombramiento de Omar Gómez Trejo como jefe de la Unidad Especial de
Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa. Gómez Trejo es un experto
en derechos humanos, pero el haber sido secretario ejecutivo del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes que rechazó la versión del
gobierno anterior sobre el Caso Ayotzinapa, lo coloca en un conflicto de
interés. Más allá de la objetividad con la que pueda desarrollar su trabajo, dados
sus antecedentes, siempre existirá la sospecha de parcialidad.
Otros conflictos de interés que no han trascendido a la opinión pública
pero que están generando incomodidad dentro del gobierno. El más importante es
el de José Luis Peña, esposo de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien
está vinculado a empresas que hacen negocios con Pemex. Este conflicto de
interés es el secreto a voces más sonoro dentro del gobierno y el más delicado.
El conflicto de interés se puede resolver notificando a la Función Pública
la existencia de un conflicto de interés, como lo hicieron la secretaria del
Trabajo, Luisa María Alcalde, los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, y de Comunicaciones y
Transportes, Javier Jiménez Espriú, y el consejero jurídico Julio Scherer,
donde dejaron claro en qué temas tocan esos linderos por cuestiones personales
o familiares. Cuando es más tenue la línea, como el caso de Peña, se debe
romper el vínculo.
El conflicto de interés pasa por reconocer su existencia y aislarlo para
evitar que se convierta en corrupción. El nuevo régimen que está tratando de
construir López Obrador está infectado de conflictos de intereses, como los
señalados, o el nepotismo. La negación absoluta de ello no lo ayuda, ni tampoco
el sofisma que todo el gobierno es honesto porque él lo es. Esta realidad, como
otras que estamos viendo, lo podría alcanzar con mayor fuerza que a Peña Nieto,
porque el número de casos de estas situaciones es mucho mayor de lo que fue en
el pasado. Cuidado. Hay que atender los síntomas antes de volverse enfermedad.
Nota: esta
columna tendrá un receso. Reiniciará su publicación el 24 de julio.
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