Nos quieren ver la cara de tontos
Raymundo Riva Palacio
Desde
el domingo pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
llena la arena pública con un discurso que a primera vista refleja un
compromiso pleno en la defensa de los mexicanos en el exterior, y muestra
indignación ante el asesinato de ocho conciudadanos por parte de un
supremacista en El Paso. Su retórica escala con los días. Dice que analizan si
acusan al asesino por terrorismo, sugiere su extradición y plantea, con el
interés de saber si Patrick Crusius, tenía cómplices, porque el gobierno está
preocupado que haya más personas que piensen como él. La secuencia de
intenciones es absurda. No porque Ebrard lo sea, sino porque quiere vernos la
cara de tontos. De acuerdo con el artículo 19 de
la Convención Interamericana contra el Terrorismo, México no tiene jurisdicción
en otro Estado, pero le ayuda al gobierno a desviar la atención de los temas
que lo aplastan, la inseguridad y el deterioro económico.
Desde el domingo pasado, el secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, Los señuelos son tragados por muchos, por el horror de la
matanza de El Paso y la cercanía por las víctimas mexicanas. Ebrard juega con
las emociones, propias de un gobierno que las transmite todo el tiempo para
construir el consenso para gobernar, dentro de una aparente estrategia que
estimula el sentimentalismo para olvidar otras preocupaciones y angustias. La
empatía del gobierno para con las víctimas se traduce en empatía de la sociedad
con su gobierno, que ha caminado estos días por un sendero donde no se mete con
el presidente Donald Trump, pese al repudio generalizado en su país y el mundo por
no comprometerse con una reforma para el control de armas, al tiempo de desplegar
juegos pirotécnicos mediante la retórica.
Insistir que quieren acusar a Crusius de terrorismo, es una táctica de
distracción. La discusión pública sobre terrorismo doméstico en Estados Unidos,
como se ha clasificado políticamente el ataque, no significa que vayan a acusar
al asesino de terrorista. Estados Unidos tiene una ley sobre terrorismo
doméstico, pero las autoridades texanas no tienen necesidad de ser demagogos y
tampoco perderán el tiempo con acusaciones que magnifican el homicidio, pero son
jurídicamente vulnerables. Crusius fue acusado de homicidio calificado, y habrá
nuevas acusaciones una vez que concluyan las investigaciones y se presenten a
un gran jurado del condado de El Paso. El fiscal quieren imputarle el delito de
crimen de odio y pedir la pena capital.
En ningún momento han hablado de acusarlo por actos terroristas. La
ley de terrorismo doméstico no incluye en esa categoría a los asesinatos
masivos. Un fuerte debate en Estados
Unidos es que esta insuficiencia refleja racismo, al calificar a jihadistas
como “terroristas” por ser musulmanes, mientras los terroristas
estadounidenses, son “lobos solitarios”. No existe tampoco una ley
internacional sobre el terrorismo, porque no hay acuerdo sobre su definición.
Ebrard dice que para México, Crusius es “terrorista”, y plantea
extraterritorialidad. Adelante querer su extradición, pero es un ardid
mediático. Aunque el asesinato no fue necesariamente aleatorio por la amenaza
contra los “hispanos” en su manifiesto, los abogados del gobierno mexicano,
tendrían que probar que Crusius iba directamente a matar a las personas que
asesinó. La Fiscalía General en todo caso, no tiene competencia, y la valoración
sobre la acusación chocará con esa realidad.
Todo esto lo saben Ebrard, el fiscal y el presidente. No son
ignorantes ni ingenuos. Es un juego de espejos. Lo más básico de la estratagema
es la “preocupación” que haya más personas que piensen como Crusius. Sobra. Ese
pensamiento existe desde la colonia en Estados Unidos, que motivó la Guerra
Civil que no resolvió el problema, que se arrastró el Siglo XX y no ha cesado.
El canciller juega para la gradería en la construcción de percepciones. Que la
atención se centre en El Paso, no en México. Los problemas están afuera, no
adentro. Regresamos a los 80’s, cuando el sistema político forzaba a hablar
mucho de lo exterior para no hablar de lo interior.
Sin embargo, en el mediano plazo, este discurso podría ser
contraproducente para el gobierno. El artículo 139 del Código Penal
Federal establece prisión de seis a 40 años y hasta mil 200 días de multa, por los
delitos que resulten, “al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas,
biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones,
explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro
medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios
públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o
sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la
autoridad para que tome una determinación”.
Elevar
la atención de los mexicanos sobre la posibilidad de acusar de terrorista a
quien comete ese tipo de crímenes, abre una puerta en México. Por ejemplo en
Minatitlán, donde en abril hubo una matanza de 14 personas confundidas con un grupo
de narcotraficantes. Un comando hizo lo mismo que Crusius: utilizó armas
largas, disparó aleatoriamente y causó terror. Bajo el criterio de Ebrard,
también son terroristas.
Los
familiares de las víctimas de Minatitlán podrían acusar a los asesinos de
terrorismo de acuerdo con el Código Penal, e ir más allá y acusar de omisión de
las autoridades estatales y federales para resolver la matanza, y de probable
complicidad del gobierno federal porque no combate narcotraficantes. Crusius y los
sicarios son lo mismo, aunque lo fraseen diferente. La estrategia que dice
Ebrard seguirá en El Paso, podría ser replicada en contra del gobierno en
Minatitlán. No sería este el único caso, pero la verborrea demagoga de las
autoridades lo presentan involuntariamente como un posible arquetipo para
juicios por terrorismo en México.
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