El enigma de Nuevo Laredo
Raymundo Riva Palacio
Desde hace más de una década, la violencia en Tamaulipas ha sido muy
difícil de explicar, no por sus desenlaces sanguinarios sin escrúpulos, sino
por la complejidad de la anatomía del fenómeno. Durante años se ha tejido una
red de políticos, empresarios, líderes sindicales, activistas y periodistas
vinculados a organizaciones criminales, pero al mismo tiempo, políticos,
líderes sindicales, activistas y periodistas han enfrentado a los cárteles y en
muchos casos, sufrido las consecuencias; es decir, el exilio o la muerte. El
gran marco que envuelve a todos es la sociedad, mujeres, hombres, hijas, hijos,
madres, padres, familiares, amigas, amigos, conocidos, que quedan en medio de
todo, sin trincheras donde guarecerse y a la merced de aquél que, en ese
momento, tenga la mayor capacidad de fuego.
Hoy es turno de Nuevo Laredo, la gran frontera mexicana del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, desde donde arranca la superautopista IH
35 que conecta hasta Toronto y sirve de distribuidor para alrededor de 100 mil
millones de dólares de productos que exporta México anualmente a esa región, que
lleva años atrapada entre esos dos fuegos. En los últimos días ha estado en el
ojo nacional porque un grupo de gasolineras se negó a abastecer de combustible
a militares por las amenazas del narcotráfico, y por la difusión de la denuncia
del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, de una posible ejecución
extrajudicial de cinco hombres
y tres mujeres.
Las autoridades estatales iniciaron una investigación, a lo que se sumó,
con la suya propia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, frente al
repudio que ha levantado este caso, que comenzó con una balacera entre Las Tropas del Infierno, el brazo armado
del Cártel del Noreste, una escisión
de Los Zetas, y policías municipales.
El Comité de Derechos Humanos afirmó que había sido un “montaje” y que los
policías los habían asesinado. Lo que parece claro no es tan claro, y habría
que caminar de manera muy prudente en esa investigación al haber antecedentes
de eventos similares montados,
empero, por el CDN.
El pleito armado entre Las Tropas del
Infierno y la policía municipal comenzó el 19 de agosto pasado, cuando inició
un operativo contra los grupos criminales. Los municipales estaban instalando
un filtro de seguridad en la carretera que conduce a Piedras Negras, Coahuila,
cuando un presunto comando del CDN llegó a ese punto y comenzó a dispararles.
Tres policías resultaron heridos, y uno murió en el hospital. El 27 de agosto,
un grupo especial de la policía estatal enviado como refuerzo, fue atacado en
las inmediaciones del aeropuerto por presuntos miembros de ese cártel, donde
murieron siete personas.
Esa misma noche, decenas de personas fueron al hotel donde se hospedan para
impedir la entrada y salida de personas y vehículos. Algunos de ellos llevaban
niños en brazos que colocaron como escudo, demandando la salida de la estatal
de Nuevo Laredo. Al día siguiente, cuando la policía municipal iba a trasladar
a tres internos del Centro de Ejecución y Sanciones a una cárcel federal, uno
de ellos líder del CDN, estalló una protesta de aparentes familiares que acusaron
a la policía de movilizaciones irregulares. En medio de la confusión, los
policías fueron atacados dentro del Centro y perseguidos hasta el hotel donde
se hospedan.
La siguiente acción, el 4 de septiembre, fue resultado de las amenazas a
los gasolineras para que no vendieran combustible ni a policías ni a militares,
que trajo a Nuevo Laredo a la atención nacional. Desde entonces, antes las
presiones del gobierno federal para que no discriminen el servicio -el recurso
legal para forzarlas a vender combustible a quien lo solicite-, el CDN extendió
sus amenazas a todo tipo de comercio, para que no les vendan ningún producto.
Esta historia ya la hemos visto otras veces, en otras ciudades. Ante la
presión contra los delincuentes, los cárteles movilizan a la sociedad a través
de sus amplios tentáculos mediante la complicidad o el temor, generando
acciones cívicas en su contra y utilizando las redes sociales para denunciar
“abusos policiales” y “desapariciones”, que detonan de manera natural acciones
jurídicas basadas en presuntas violaciones a los derechos humanos. Las
comisiones que los defienden intervienen, en algunas partes de manera auténtica
y en otras movilizadas por los grupos delincuenciales. El propósito de los
criminales, al utilizar a la sociedad y a órganos como las comisiones de
derechos humanos, es paralizar las acciones policiales y militares.
En el caso de Nuevo Laredo, la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas
informó el jueves que suspendió temporalmente a los policías involucrados en la
presunta ejecución de ocho personas el 5 de septiembre en Valles de Anáhuac, un
fraccionamiento semi abandonado, en reacción a la difusión que tuvo la denuncia
del Comité de Derechos Humanos. La acción gubernamental neutralizará
indirectamente los operativos.
La razón de porqué la policía municipal en Nuevo Laredo realizaba los
operativos, es porque en junio de 2018, tras una serie de hechos similares, la
Marina tuvo que suspenderlos ante medidas cautelares que le impedían operar en
esa región tamaulipeca. No hay información suficientemente creíble para saber
cuál es el fondo de lo que está sucediendo hoy en esa ciudad, cuyo control
disputa el Cártel Jalisco Nueva
Generación. ¿Estén ellos detrás de todo? ¿El CDN? ¿Trabajan en coordinación
con alguna autoridad? Tampoco podemos olvidar que las ejecuciones
extrajudiciales no son ajenas a la violencia que vivimos desde hace dos décadas.
Uno pensaría que la investigación alumbrará el camino al origen de lo que
sucede en Nuevo Laredo. Sin embargo, la experiencia dice que una vez más, no
sabremos qué tan podrido está México.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
