El secreto de “Rafael”
Raymundo Riva Palacio
La crisis causada por la insurrección -hasta ahora pacífica- de la Policía
Federal, obligó al presidente Andrés Manuel López Obrador a hacer lo que no
quería que sucediera: ver al retrovisor. El secretario de Seguridad Pública
Ciudadana, Alfonso Durazo, desdobló “la mano negra” detrás de la protesta,
disparando en varias direcciones. La que visiblemente parecía más importante,
es el viejo ajuste de cuentas de López Obrador con Felipe Calderón -el ex
presidente que realmente odia- desde la elección presidencial de 2006, a quien
Durazo prácticamente responsabilizó de toda la putrefacción de la Policía
Federal, aunque en realidad fue quien la reconstruyó del desastre que dejó
Vicente Fox, en cuyo gobierno trabajaron varios miembros del gabinete actual. Pero
el retrovisor no tiene el alcance de 12 años, sino de cuatro. El dato puntual
es la auditoría que se hará a la cuenta pública de 2018 en las áreas de
seguridad, y al esclarecimiento de la compra de un sistema llamado “Rafael” en
2015.
Durazo no precisó el tipo de compra en ese año, al proporcionar información
parcial. “Rafael” no es un sistema, sino es una empresa israelita, Rafael Advance
Defense Systems Ltd.,
con sede en Tel Aviv, que de acuerdo con un perfil empresarial de la compañía,
“desarrolla y comercializa tecnologías para mercados civiles de alto
crecimiento basado en tecnologías de defensa”, que abarca los campos de
soluciones de seguriad y ciberseguridad. De acuerdo con los expertos, tiene
equipos de telecomunicaciones con una plataforma de fusión de datos. Tampoco
aportó la información completa para poder revisar la partida que señaló fue por
dos mil 458 millonnes de pesos, de los cuales, dice, hay pagos pendietes por
mil 300 millones.
Pero más allá de
los detalles de ese contrato, es quiénes fueron los responsables de ello.
Aunque por razones legales la adquisición tuvo que ser firmada por el coordinador de
Servicios Generales del Órgano Administrativo Desconcentrado de la Policía
Federal, Eduardo Zavala, las decisiones sobre qué comprar y a quién, no
dependían de él. En ese entonces, la estructura de la Comisión Nacional de
Seguridad, que remplazó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal cuando fue
absorbida por la Secretaría de Gobernación al iniciar el gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto, la encabezaba Monte Alejandro Rubido, quien
había sustituido en marzo de 2014 a Manuel Mondragón y Kalb, quien desarrolló
el primer plan de seguridad, desde ese entonces, para Durazo, a petición de él,
que fue el primer diagnóstico que tuvo en sus manos López Obrador.
Como comisionado general de la Policía Federal se encontraba Enrique
Galindo, responsable de la matanza en Tanhuato en 2015, y que fue
destituido después del fallido y trágico operativo en Nochixtlán, Oaxaca en 2016. Pero
la pieza crucial en el entramado de la seguridad pública en aquellos años
estaba en Frida Martínez, que como se publicó en este espacio en febrero pasado, “es muy
cercana a uno de los hermanos del actual coordinador de la bancada del PRI en
el Senado, y que había sido directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones
de la Oficialía Mayor de Hidalgo, cuando Osorio Chong era gobernador. Al
iniciar el sexenio peñista, el secretario de Gobernación la nombró jefa de la
Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del CISEN, de donde la
trasladó a la Policía Federal, como secretaria general. Desde ese cargo manejó
un creciente presupuesto donde hay fuertes sumas de dinero que se desconocen
por qué fueron manejados dentro del rubro de seguridad nacional, por lo que no
tenían que rendir cuentas a nadie.
“Bajo su administración en la Policía
Federal se canceló el pago de equipos y sensores de vigilancia en el penal de
El Altiplano, aprovechado por Joaquín El ChapoGuzmán para fugarse
en 2015, se dejaron de proporcionar uniformes a los federales, a quienes también
los abandonaron muchas veces al no pagar su hospedaje cuando estaban de
comisión, obligándolos a dormir en la intemperie. El problema de los contratos
de alimentos se ubica sobre todo en el campo de las cárceles, que el gobierno
de López Obrador está arrastrando porque actualmente no han podido pagar la
alimentación en los penales”.
Las explicaciones de López Obrador
sobre las razones para acabar con la Policía Federal y tener una Guardia
Nacional manejada y controlada por militares, se expuso en esa columna, tienen
nombre y apellido, el de Miguel Ángel Osorio Chong, el autor intelectual de la
fusión de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en Gobernación, aunque el
presidente no lo hubiera mencionado. Aún hoy, no han mencionado ningún nombre,
López Obrador o Durazo, pero ya establecieron los años en los cuales están
revisando posibles actos de corrupción. Son 2015 y 2018, donde van a revisar
las cuentas de Gobernación. Osorio Chong dejó la titularidad de ese despacho en
enero del año pasado, pero su sucesor,
Alfonso Navarrete Prida no quedó satisfecho con la entrega-recepción de
su antecesor. Había 20 millones de pesos que no se habían podido documentar de
la gestión anterior, y no aceptó esa entrega.
La crisis que se vive con la rebelión
de la Policía Federal obligó al gobierno actual a buscar responsables. Durazo
se remontó 12 años a la destrucción de la Policía Federal, pero se ha
documentado en este espacio, desde noviembre de 2012, cómo fue el gobierno de
Peña Nieto el que desmanteló todo lo que se había hecho y ocasionó con su
incompetencia, la espiral de violencia que le dejó al gobierno de López
Obrador. El presidente hace bien en voltear al pasado para encontrar las
fuentes del problema de la inseguridad. La Policía Federal y el manejo de sus
dineros en el sexenio anterior apesta, y es necesario airear esa caja negra y
aclarar si “Rafael” es el principio
