Motocicletas
asesinas: una réplica
Raymundo Riva
Palacio
La columna sobre “Motocicletas Asesinas”
publicada este miércoles, levantó críticas entre sectores de la industria y
aficionados a ese tipo de vehículo. Socializar el fenómeno creciente del
sicariato motorizado fue visto como la estigmatización de los motociclistas, y
prendió alertas ante un eventual nuevo orden normativo porque encarecería “un
sector dinámico y estratégico” de la economía nacional. La columna mencionó en
términos generales de las dificultades que enfrentarían las acciones para
evitar que las motocicletas se conviertan en transporte de asesinos, como está
sucediendo, por razones económicas y de movilidad, cuya complejidad, ante las
críticas recibidas, muestra que el tema es sensible, importante y de difícil
solución.
La reacción de la
industria es importante, y ayuda a ubicar el fenómeno. La regulación sobre la
motocicleta no resuelve el problema de la inseguridad, argumenta, sino por el
contrario, al afectar a un sector de la sociedad. Tiene un punto importante. La
regulación en este país ha sido fuente de corrupción, por lo que una acción de
esa naturaleza, la política pública correcta, en las condiciones actuales
mexicanas entraña el alto riesgo de no resolver el problema y estimular el
mercado ilegal de las policías.
Lo único que puede
resolver cualquier tipo de crimen, agrega, sin importar que sea cometido desde
un automóvil, una motocicleta o cualquier otro vehículo, es la acción policiaca
efectiva. El alegato es correcto, pero insuficiente. Una buena acción
policiaca, no blinda que no haya asesinatos desde una motocicleta, como se
viene dando en México y ha sucedido en otros países desde hace años. Lo que es
impecable en el argumento de la industria es la impunidad, como estimulador y
detonador del delito.
La última Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI,
señala que de cada 100 victimizaciones que ocurrieron en 2018, solamente el 10%
presentó denuncia ante las autoridades -punto de partida de la debilidad del
sistema judicial-, y únicamente en tres de cada 100 casos, la investigación
tuvo algún resultado. Vistas las estadísticas bajo una óptica distinta: 90 de
cada 100 víctimas no presentaron denuncia alguna en 2018, y de las 10 que sí lo
hicieron, en siete casos el delito fue impune.
La reacción a la
columna “Motocicletas Asesinas”, generó una serie de proposiciones
interesantes, que se suma a lo planteado en el texto de que la solución no
podría ser lineal por la complejidad del tema, y porque una acción como la
tomada en otras naciones, muchas veces revertidas, tenía implicaciones económicas
y de movilidad en este país.
De hecho, coincide
el análisis de la industria con la columna en que la motocicleta “es una
solución de movilidad y aliada en el desarrollo económico”. Hay datos para
soportar la valoración. Una encuesta realizada por la agencia Las Quince Letras
entre mil 500 usuarios de motocicletas, reveló que el 83% la utilizaban para su
actividad económica y herramienta de trabajo. La misma encuesta mostró que el
65% de los usuarios pertenecían a clase media y baja, por lo que se había
convertido en un vehículo accesible a la población menos favorecida, y explica
el porqué el incremento dramático en la venta de motocicletas.
La criminalización
de los motociclistas sería no sólo injusta, sino un error. No puede haber una
política pública que centre en ello la solución a un fenómeno violento que está
creciendo. Es ese sentido, como dice el análisis de la industria, “culpar a la
motocicleta es eludir la responsabilidad y quitar el foco del fondo real de la
problemática”. No puede haber una política preventiva contra el sicariato
motorizado que afecte la micromobilidad, como alega la industria, pero tampoco
no hacer nada a fin de no estigmatizarla, lo que se está vinculando de manera
incorrectamente automática.
El fenómeno de la
violencia utilizando a motocicletas es una realidad y crecerá en México, como
proliferó en otras ciudades de América Latina. Si no se ataja el fenómeno,
podrá convertirse en un serio problema de seguridad que afecte a quienes hoy,
al pedir con justicia que no se les estigmatice, y orille a soluciones
radicales porque el costo de hacerlas será menor que el beneficio, la
tranquilidad y certidumbre ciudadana.
La política
pública para evitar el florecimiento de esa tipología de delito no es un asunto
meramente punitivo. Se requiere una política preventiva, por lo que antes de
pensar en la regulación, el gobierno debe revisar sus capacidades de
investigación y de inteligencia. Para eso sirve la tecnología. Por ejemplo, si
todas las motocicletas están emplacadas y los motociclistas teóricamente tienen
una licencia de conducir -de automóvil o motocicleta-, las bases de datos
criminales, como Plataforma México -destrozada en el gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto- y que está tratando de restablecerse, deben trabajar coordinadamente
con los centros de inteligencia policial -C-5 o C-4- para actuar en tiempo real
contra el crimen, en motocicletas o en otra modalidad.
Esa es una acción
policial que no será suficiente si persiste la impunidad vigente. De acuerdo
con datos de la industria, durante el primer semestre se cometieron 95 mil 153
delitos de todo tipo en la Ciudad de México, que equivalen a 529 delitos
diarios. Tres de ellos, el 0.6%, son cometidos a bordo de una motocicleta.
Cuando se ve el fenómeno en lo particular, esos argumentos tienen que
matizarse, porque la contra posición sería no mencionar el fenómeno porque
afectaría a un grupo inocente. El fenómeno tiene que ser atajado por la
autoridad, mejorando y ampliando sus capacidades técnicas y de investigación. No
hay otro saque posible, y la inacción podría producir un problema nuevo con una
sociedad llena de ansiedad e impotencia ante una violencia que sienten nadie
contiene.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
