Categoría: Politica

Armando Ríos Piter

EXCELSIOR

05.10.2020

Por una #SociedadHorizontal

El país empieza a perder la brújula, de ello dan cuenta tres temas que ocuparon la conversación a lo largo de la semana pasada.

El jueves pasado, debido a la decisión del Poder Judicial de avalar la consulta dirigida contra los ex presidentes, hubo una fuerte crítica a los seis ministros que votaron a favor de que si se pueda realizar la consulta. Sin embargo, AMLO no logró a plenitud lo que quería. Los ministros cambiaron la pregunta por una tan ambigua, que la intención de mandar a la hoguera a los ex mandatarios, se convirtió en un planteamiento barroco. De esta forma, “esclarecer las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”, puede englobar cualquier cosa, incluso el enjuiciamiento al propio AMLO.

La Corte hizo una maroma constitucional para salir lo mejor librada posible. Cedió a la presión del presidente y satisfizo su intención política, pero también dejó margen de maniobra para la propia oposición. Ahora seguramente vendrá una dura batalla por conquistar la narrativa. El presidente y los suyos seguramente dirán que van a juzgar a los ex presidentes. Habrá que esperar la respuesta de los contrarios a López Obrador, quienes seguramente buscarán sembrar su propia ruta. En cualquier caso, aún falta saber si en el presupuesto vendrán los casi 8 mil millones de pesos que requeriría el INE para desahogar la multicitada consulta.

Posteriormente, debido a que se ausentaron 53 diputados de la bancada de Morena durante la sesión del pasado jueves, la oposición -junto con el Partido del Trabajo- logró reventar la votación en la que se pretendía extinguir 109 fondos y fideicomisos. La intención de la SHCP era reorientar hasta 98 mil 478 millones de pesos, pero cuando se pidió la verificación del quórum, solo estaban presentes 239 legisladores por lo que se tuvo que parar la sesión.

Entre los temas que atienden esos fideicomisos están los Desastres Naturales, la Inversión y Estímulos al Cine, el Cambio Climático, el financiamiento rural, la investigación científica, el deporte de alto rendimiento, la protección a defensores de derechos humanos y periodistas y el apoyo a ahorradores defraudados. Aún cuando las autoridades han tratado de explicar que la desaparición de los fideicomisos no significará que desaparezcan los apoyos para estos rubros, en los hechos los sectores afectados no lo creen. La idea de que esos recursos se usarán para fondear las prioridades presidenciales -obras y programas sociales- se mantiene latente, por lo que hay un gran malestar en muchos sectores.

Por último, la semana cerró con una amplia movilización popular, tras la declaración del presidente en la que señaló que renunciaría “a la primera manifestación de 100 mil personas” y cuando viera que en las encuestas ya no tiene apoyo. Ante este planteamiento, el Frente Nacional Anti AMLO dio una respuesta rápida y contundente. El sábado 3 de octubre se movilizaron -según las cifras de la propia organización- unas 153 mil personas hacia la plancha del zócalo, con la consigna de que AMLO renuncie a su encargo antes del 30 de noviembre.

Este movimiento, cuya cabeza más visible es Gilberto Lozano, cobró visibilidad hace unos días después de que se apostó sobre avenida Juárez y parte de Paseo de la Reforma. Con consignas en contra del gobierno federal, han articulado una amplia presencia en redes sociales que se convirtió en los hechos, en la primera toma de la plancha del zócalo -por lo menos de las últimas dos décadas- por parte de un movimiento que no es de izquierda.

Parecería que se empieza a perder la brújula. El gobierno ha apostado a lo simbólico. La solución de los problemas ha quedado en pausa. Se gasta el capital político en temas como el juicio a expresidentes, mientras se pierde orden en la bancada de la mayoría para impulsar prioridades. Al mismo tiempo se genera malestar y zozobra en muchísimos grupos por pretender eliminar los fideicomisos. Mientras tanto, la oposición social se agrupa y toma las calles.

El escenario se vuelve cada vez más complejo. Valdría la pena hacer un alto en el camino, revisar más a fondo los problemas, afinar los objetivos y pensar nuevas respuestas. A nadie le conviene que el país pierda brújula. La #SociedadHorizontal esta atenta.

Julio César Hernández Martínez

Hace unos días se dio a conocer  el proyecto de Luis María Aguilar,  Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la “revisión de la constitucionalidad de la materia de consulta popular 1/2020”.  Como sabemos mediante escrito presentado el 15 de septiembre ante la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó una petición de consulta popular proponiendo la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

Por acuerdo del Presidente de la SCJN se admitió a trámite el expediente relativo a la revisión de la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y se ordenó su remisión al Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. Como señalamos hace un mes en estas mismas paginas, la propuesta de López Obrador tiene un tinte político y carece de sustento jurídico. No existe materia para someter a consulta popular el juicio a Expresidentes, ya que es competencia de las autoridades respectivas como la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial Federal el determinar la existencia de posibles delitos. Deben respetarse los garantías constitucionales de  presunción de inocencia y el de debido proceso.                        

En un documento de 43 paginas se da a conocer la postura del Ministro Luis María Aguilar en donde se pronuncia porque la SCJN declare inconstitucional la pretensión de someter a consulta pública el juicio a Expresidentes. Ahí se señalan diversas razones para declarar la no procedencia de esta propuesta de consulta pública:

*Los derechos humanos protegen a todas las personas sin importar si se trata de la mayoría o de una minoría.

* La Constitución de México determina temas que no pueden ser parte de una consulta popular.

*No puede realizarse una consulta popular que condicione la vigencia de los derechos humanos a lo que decidan las mayorías.

*La consulta popular no puede tener por objeto la restricción de los derechos de las personas, lo que implica necesariamente, que tampoco puede consultarse si las autoridades pueden o deben proteger los derechos humanos, pues esa es su obligación constitucional.

* A la ciudadanía no le corresponde decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública, la participación ciudadana tiene otros medios de interacción en esa dimensión, a ella compete obligadamente denunciar los hechos delictivos que los que tengan noticia y coadyuvar, en su caso, con las instituciones del Estado.

* El objeto de la consulta popular que se solicita, se considera inconstitucional, pues someter a consulta si la mayoría está de acuerdo o no en que las autoridades competentes investiguen, persigan y sancionen los delitos que pudieran ser cometidos por los expresidentes de la República, implica sujetar a la condición o elección de una porción de la población, cualquiera que sea su número, si las autoridades deben cumplir con sus obligaciones de protección de los derechos humanos, pero sobre todo, implicaría desvirtuar la finalidad de la consulta popular que, como derecho humano, busca maximizar la voz de la ciudadanía y fortalecer sus derechos, nunca disminuirlos, como podría suceder si el resultado de una eventual consulta a favor de no investigar, perseguir y sancionar los delitos, lo cual generaría un fraude a la Constitución y al pueblo de México.

*El objeto de la consulta popular puede afectar el principio de igualdad, dado que todas las personas tienen derecho a recibir el mismo trato y, en este caso específico, no está justificado por qué a unas personas se les somete al escrutinio público para determinar si se les debe investigar y, en su caso, sancionar penalmente, mientras que al resto de las personas no se les da ese mismo tratamiento.

            Son argumentos interesantes y valiosos que se exponen en dicho proyecto. Está programado que en la primera semana de octubre, el pleno de la SCJN integrado por 11 ministras y ministros, se pronuncie por respecto de este tema que ha causado controversia en las recientes semanas. Es previsible  que se declare inconstitucional la materia de consulta popular. El respeto a los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos debe ser un compromiso ineludible de la Suprema Corte de Justicia de la  Nación.

Armando Ríos Piter

El miércoles 23 anuncié en el Puerto de Acapulco mi reincorporación al trabajo político desde las filas de Movimiento Ciudadano. Llevo casi tres años sin militancia partidista a partir de que renuncié al PRD. Los dos últimos años, después de terminar mi labor como senador, he estado dedicado a actividades privadas, pero siempre atento al entorno político y económico.

Decidí hacerlo en estas fechas ya que el 26 de septiembre marca una fecha trascendente para la vida del país y también en mi vida personal. Hace seis años se dio la terrible noche de Iguala en la que jóvenes normalistas fueron atacados y desaparecidos por los policías que debían cuidarlos. La corrupción y la impunidad que desnudaron esos hechos, marcaron a México. También me marcaron como ser humano.

Renuncié a la candidatura a gobernador del estado de Guerrero que hasta entonces era por mucho la mejor posicionada. Al ser autoridades municipales perredistas las involucradas en aquellos lamentables hechos, exigí que quienes tenían responsabilidad política en los hechos no intervinieran en el proyecto que yo pretendía encabezar. No fui escuchado por la cúpula del partido, pensaban que todo podía seguir igual. Con gran frustración tuve que retirarme de un sueño que anhelé desde chico, sin embargo hoy mas que nunca reitero que los principios están por encima de cualquier cargo público.

Consciente de la necesidad de un cambio de raíz en México, busqué ser candidato independiente a la Presidencia de la República. A lo largo y ancho de todo el país reiteré que los partidos políticos habían dejado de ser un instrumento de la sociedad y se habían convertido en espacios acaparados por cúpulas; en organizaciones que antes de ver por los intereses de la gente, solo veían por los suyos propios. Dije que los partidos requerían cambiar, ponerse al servicio de los ciudadanos.

Tras el reconocimiento de miles de firmas por parte del Instituto Nacional Electoral, de un día para otro nos cambiaron las reglas y las desconocieron, señalándonos de fraude. Pese a que el Tribunal Electoral nos dio la razón, no logré mi objetivo de estar en la boleta del 2018. Fue un duro golpe, pero en lugar de frustrarme, me levanté, aprendí de los errores y aquí estoy. Hoy sigo defendiendo que cada una de las miles de personas que nos apoyaron fueron de “carne y hueso”, hombres y mujeres que compartieron con nosotros el sueño de que las personas en México no sean excluidas por los intereses de siempre.

También he dicho que no es sano concebir una democracia sin los partidos. En tanto no haya nuevas fórmulas para la organización política en una democracia, el valor de los partidos es fundamental para ordenar al debate público, para procesar los diferendos y construir acuerdos. Por ello, frente a los excesos que se han vivido, es indispensable que éstos se depuren, reconstruyan y proyecten como verdaderos vehículos de la sociedad para alcanzar el poder institucional y que este sea instrumento del poder popular.

Dinamizar el diálogo popular, promover la empatía por los demás y ponernos en los zapatos del otro, ayudará a resolver la polarización que hoy vivimos. Por eso estoy convencido de que la decisión de Movimiento Ciudadano de hacer una alianza con la sociedad y sus causas, más allá de las estructuras partidistas tradicionales, nos permitirá construir soluciones junto con la gente. Frente a la corrupción y la impunidad del pasado y el desencanto del presente, hoy seremos la opción de futuro. Agradezco la confianza. Para mí se abre una nueva oportunidad para la construcción del México que merecemos. ¡A trabajar duro y con pasión!

Armando Ríos Piter

La forma en que un gobierno reacciona frente a las crisis, la manera en la que atiende los problemas y da respuesta a los cuestionamientos, define con toda claridad la huella que habrá de imprimir en la historia. Sobran ejemplos en los que por error de algunos funcionarios, mal diagnóstico o de plano, insensibilidad del mandatario en turno, asuntos que podrían resolverse, llegan a escalar y convertirse en graves conflictos sociales. Sirvan estas consideraciones para analizar lo que hoy ocurre en Chihuahua en torno al agua en la presa de la Boquilla.

Desde 1944, México y Estados Unidos se distribuyen el agua de los ríos que comparten a lo largo de su zona fronteriza, principalmente para destinarla a la producción agrícola de ambas naciones. Actualmente México le debe 399 mil millones de metros cúbicos de agua del río Bravo debido a que durante el ciclo anterior incumplió con pagar la cuota correspondiente. México tiene hasta el 24 de octubre para pagarle a Estados Unidos lo que aún tiene pendiente.

En este contexto, la sequía  que actualmente azota a Chihuahua, propicia una fuerte dependencia por parte de los productores del agua almacenada en las presas. Se ha generado una enorme polémica entre los campesinos y el gobierno federal. Los primeros exigen se les permita aprovechar el agua de la presa para sus cultivos, mientras que las autoridades insisten en cumplir el pago de agua comprometido en el acuerdo bilateral.

Derivado de esta tensión, el 9 de septiembre se dio un enfrentamiento entre campesinos y elementos de la Guardia Nacional por el control de la presa La Boquilla, localizada en el municipio de San Fancisco de Conchos. Una mujer y su marido que habían participado en la manifestación, fueron atacados a balazos por los uniformados, lo que derivó en la muerte de Jessica Silva y en lesiones graves de su esposo Jaime Torres.

Distintos actores políticos manifestaron su indignación por lo sucedido, exigiendo “la entrega” de los elementos que cometieron el crimen. En respuesta, AMLO ha declarado que detrás del conflicto por el agua en la entidad se encuentran exgobernadores del PRI, así como políticos del PAN, líderes de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH) y de otras organizaciones de productores.

La semana pasada, la confrontación escaló debido al “congelamiento”  de al menos 50 cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, bajo el argumento de haber detectado movimientos irregulares en el sistema financiero.  Entre estas se encuentra la del exgobernador José Reyes Baeza, Salvador Alcántar, de Eliseo Compeán, alcalde de Delicias,de organizaciones de productores de la región centro-sur del estado de Chihuahua tales como la Sociedad de Responsabilidad Limitada Río Conchos y la AURECH.

El riesgo de que el conflicto se desborde, crece día con día. En lugar de tensarlo más, es fundamental que el gobierno reaccione y haga política para solucionarlo.

Armando Ríos Piter

La forma en que un gobierno reacciona frente a las crisis, la manera en la que atiende los problemas y da respuesta a los cuestionamientos, define con toda claridad la huella que habrá de imprimir en la historia. Sobran ejemplos en los que por error de algunos funcionarios, mal diagnóstico o de plano, insensibilidad del mandatario en turno, asuntos que podrían resolverse, llegan a escalar y convertirse en graves conflictos sociales. Sirvan estas consideraciones para analizar lo que hoy ocurre en Chihuahua en torno al agua en la presa de la Boquilla.

Desde 1944, México y Estados Unidos se distribuyen el agua de los ríos que comparten a lo largo de su zona fronteriza, principalmente para destinarla a la producción agrícola de ambas naciones. Actualmente México le debe 399 mil millones de metros cúbicos de agua del río Bravo debido a que durante el ciclo anterior incumplió con pagar la cuota correspondiente. México tiene hasta el 24 de octubre para pagarle a Estados Unidos lo que aún tiene pendiente.

En este contexto, la sequía  que actualmente azota a Chihuahua, propicia una fuerte dependencia por parte de los productores del agua almacenada en las presas. Se ha generado una enorme polémica entre los campesinos y el gobierno federal. Los primeros exigen se les permita aprovechar el agua de la presa para sus cultivos, mientras que las autoridades insisten en cumplir el pago de agua comprometido en el acuerdo bilateral.

Derivado de esta tensión, el 9 de septiembre se dio un enfrentamiento entre campesinos y elementos de la Guardia Nacional por el control de la presa La Boquilla, localizada en el municipio de San Fancisco de Conchos. Una mujer y su marido que habían participado en la manifestación, fueron atacados a balazos por los uniformados, lo que derivó en la muerte de Jessica Silva y en lesiones graves de su esposo Jaime Torres.

Distintos actores políticos manifestaron su indignación por lo sucedido, exigiendo “la entrega” de los elementos que cometieron el crimen. En respuesta, AMLO ha declarado que detrás del conflicto por el agua en la entidad se encuentran exgobernadores del PRI, así como políticos del PAN, líderes de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH) y de otras organizaciones de productores.

La semana pasada, la confrontación escaló debido al “congelamiento”  de al menos 50 cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, bajo el argumento de haber detectado movimientos irregulares en el sistema financiero.  Entre estas se encuentra la del exgobernador José Reyes Baeza, Salvador Alcántar, de Eliseo Compeán, alcalde de Delicias,de organizaciones de productores de la región centro-sur del estado de Chihuahua tales como la Sociedad de Responsabilidad Limitada Río Conchos y la AURECH.

El riesgo de que el conflicto se desborde, crece día con día. En lugar de tensarlo más, es fundamental que el gobierno reaccione y haga política para solucionarlo.

Julio César Hernández Martínez

            Vivimos en México tiempos convulsos. La pandemia del covid 19 ha ocasionado daños en la salud física y mental de millones de personas. El retroceso en la economía también es de gravedad y según proyecciones realizados por analistas, tardaremos cerca de 4 años para recobrar el nivel de crecimiento que se tenía hasta antes de a llegada de la pandemia.

            En cuanto a nuestra democracia, estamos presenciando un acoso a las libertades plasmadas en la Constitución de 1917, producto de luchas, confrontaciones y revoluciones. Desde el poder público federal es evidente dicha pretensión.  Las conferencias mañaneras del Presidente López Obrador se han convertido es una maquinaria de propaganda y ataque político. Todos los días se lanzan calificativos, adjetivos y ofensas a los que considera como adversarios políticos. Conservadores, fantoches, hampa del periodismo, señoritingo, pelele, titere, puchos, politiquero, siniestro, canallin chachalaca, zopilote, demagogo, minoría rapaz, mafiosos, fresas, fifis son algunos ejemplos. Lo peor es que esta conducta del Presidente de la República sirve como ejemplo para que sus seguidores y colaboradores lo hagan a lo largo y ancho de nuestro país.

Los teóricos afirman que la democracia es una forma de vida que busca el bien común de los integrantes de la sociedad; requiere de la participación de las y los ciudadanos y de la práctica de valores que deben darse en nuestra convivencia. La democracia como forma de vida está relacionada con los ideales que se consideran lo mejor para el bien de la sociedad. Dichos ideales están relacionados con algunos valores que deben practicarse como son la igualdad, libertad, justicia y solidaridad.

El carácter político de la democracia, se relaciona con que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus gobernantes y los miembros de la sociedad puedan ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones y responsabilidades. El carácter social de la democracia se refiere al modo de vivir y convivir en la sociedad; se basa en el valor de la igualdad y se muestra en que sus integrantes pueden verse y tratarse como iguales. Un gobierno democrático debe guiar sus decisiones a partir de los ideales y valores de la sociedad, buscando siempre atender sus necesidades, por hacer valer la ley para todos y solucionar los conflictos entre grupos sociales diferentes.

            Steven Levitsky y Daniel Ziblatt publicaron en 2018 su obra “Como mueren las democracias” en donde analizan como se debilitan o desaparecen instituciones democráticas en diversos países del mundo, identificando al autoritarismo como una de las causas.  Una de las premisas de la obra se resume “Para poder mantener a raya a las personas autoritarias, en primer lugar hay que saber reconocerlas. Por desgracia, no existe ningún sistema de alerta anticipada infalible. Muchas personas autoritarias pueden ser identificadas fácilmente antes de llegar al poder…ahora bien, los políticos no siempre revelan la magnitud de su autoritarismo antes de ascender al poder”. Ambos autores analizan numerosos ejemplos que permite concluir  como no es necesario , en ocasiones, un golpe violento para acabar con un sistema democrático sino un mero deslizamiento paulatino y gradual hacia el autoritarismo puede ser mucho más efectivo y práctico.

En la democracia mexicana  debemos rechazar el autoritarismo en cualquiera de sus formas. El diálogo es el primer paso para  resolver diferencias. Debe ser un mecanismo muy importante para llegar a acuerdos respecto de algún asunto. En los conflictos o problemas que se presentan en la política y sociedad un aspecto muy importante es que las opiniones sean expresadas y que los grupos  lleguen a acuerdos con respecto a lo que podría ser la mejor alternativa para solucionar los problemas. En estos casos, los valores de la democracia deben ser la guía para resolver las diferencias que se presenten entre los políticos y los ciudadanos.   Para lograr el desarrollo integral de México y Guerrero, la defensa de la democracia es indispensable.

*La ciudad necesita un alcalde que esté enfocado en que nos recuperemos de la pandemia, aclara

Paul Medrano

“Ya sabía que eran tiempos complicados. Por las nuevas disposiciones del gobierno federal. Por la nueva realidad política del país. Aún así, decidimos asumir el reto de encabezar una administración municipal. Y de pronto, algo que no esperábamos: la pandemia ”, así inició Jorge Sánchez, la entrevista de ayer con el noticiero Despertar en la Noticia.

El munícipe admitió que la pandemia de Covid-19 fue un duro golpe para todos. “Nadie se imaginó que algún día Zihuatanejo cerraría hoteles y playas. Que iba a paralizarse. Aquí, 9 de cada 10 personas viven del turismo. Y si le dices al turismo ‘hoy no vengas’, ‘hoy no nos visites’, fue un golpe tremendo”.

Vía Facebook desde esta casa editora, al hablar sobre su futuro político, Sánchez Allec dijo que su atención está puesta en lo que será su tercer año de gobierno, “ese es mi futuro, me dedicaré a trabajar”, aclaró. Acerca sus posibles aspiraciones políticas, precisó que eso habrá de valorarlo más adelante.

“Hoy, soy presidente municipal de Zihuatanejo, estoy al frente de una ciudad que necesita que su presidente esté totalmente enfocado en que avancemos, en que vayamos para adelante, en que nos recuperemos, esa es mi prioridad”, sostuvo.

A pregunta expresa sobre el estado actual de la finanzas municipales, dijo que es un tema complejo, “pero nos agarró bien parados; en otras ocasiones un alcalde hubiera dicho ‘no tengo dinero’. Nosotros, en cambio, abrimos un programa alimentario, apoyamos al hospital general, para cuidar a nuestra gente, gracias a la administración pudimos hacer frente. Ahora estamos en espera de la reactivación, pero queremos más, queremos más obra pública para generar empleos”.

En una charla matutina con Mary Louie Doblado y Eleazar Arzate, recordó que su gobierno se enfrentó a una nueva realidad política, en la que los diputados y senadores ya no pueden gestionar obras y recursos para los municipios, “entonces lo tenemos que hacer los alcaldes es hacer una buena administración, transparente y honesta, así como un correcto manejo de recursos propios”.

Sánchez Allec reconoció que hay muchas cosas por hacer, como en el rubro seguridad, que si bien han bajado los índices, todavía es necesario trabajar más. También dijo que le gustaría solucionar todos los temas de infraestructura, “ nunca nos sentimos satisfechos, porque siempre hay cosas por hacer”.

Destacó que pondrá especial atención en el rescate de espacios públicos, pues recordó que anteriormente se hacían cuando mucho dos al año, “nosotros llevamos 15 por año y queremos rehabilitar todos, creemos que ahí radica la prevención del delito, que la juventud enfoque su energía en acciones positivas”.

Consideró que sí hay una diferencia entre su administración y los gobiernos anteriores, “creo que lo hemos hecho con honestidad y hacemos esfuerzos para erradicar la corrupción en el ayuntamiento. Cualquier pago recibe una factura legítima ante SHCP. Pero además, los impuestos de los ciudadanos se ven reflejados en las calles, en sus colonias, como hoy en la obra que iniciamos en la avenida Morelos”.

Informó que luego de una reunión entre alcaldes de Guerrero con el gobernador Héctor Astudillo, acordaron que para cuidar la economía, del 14 al 21 de septiembre, “vamos a mantenernos con los lineamientos del Semáforo Amarillo para desarrollar el tema económico”. Sin embargo, anunció que seguirá la vigilancia y el cumplimiento de medidas de prevención. Aclaró que la pandemia aún no termina y conminó a la población a mantener la medidas de prevención.

Dijo que su mayor satisfacción al frente del gobierno municipal, es la construcción del pozo radial, la cual iniciará en octubre y se culminará en abril, “queremos devolverle agua potable a Zihuatanejo para los próximos 25 años”. También destacó la culminación de la ciclovía, la remodelación del paseo del pescador y los constantes programas de bacheo.

Precisó que, pese a los logros de su administración, no está conforme, “hoy que empieza mi tercero año de gobierno, empezamos una obra muy solicitada, que es la remodelación de la avenida Morelos”.

Armando Ríos Piter

La SCHP presentó el Paquete Fiscal 2021, con un presupuesto “conservador”, sin nuevos impuestos -salvo la actualización de algunos- ni deuda pública. En los criterios de política económica, se prevé un crecimiento del 4.6% para 2021 y se considera una caída final de 8% del PIB en 2020. Al mismo tiempo se considera un incremento en el gasto en Salud, Seguridad y Bienestar, además de recursos para el Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía.

Los programas y proyectos prioritarios implican 986,730 millones de pesos y representan el 21% del total del gasto programable. La tesis presidencial es que con este monto se impulsará el consumo “desde abajo” gracias a las transferencias directas. Sin embargo, dado que los programas para la productividad y la activación del empleo tendrían un desplome superior al 90% y considerando que los “proyectos prioritarios” no han sido verdaderamente atractivos para la iniciativa privada, persiste la duda si este presupuesto realmente impulsará el crecimiento en estos momentos críticos.

Más allá de que el paquete fiscal presentado para el 2021 carece de instrumentos suficientes para reactivar la economía, en el también persiste la erosión del aparato público. Si hay una crisis que día con día se ahonda en el país es la del gobierno como bien público y proveedor de servicios. La “austeridad republicana” se ha convertido en un slogan que ha justificado la eliminación de muchas herramientas gubernamentales con el fin de financiar las prioridades del mandatario en turno.

Miles de trabajadores de confianza despedidos del gobierno, recortes a programas y políticas públicas, achicamiento de áreas de gobierno, eliminación de gastos prioritarios por desconocimiento de su utilidad son algunas de las características de dicha “austeridad” que tanto se cacarea. Con ello, la crisis adminisitrativa que no se vé de inmediato, pero que día con día se agrava y hoy empieza a pesar. Sirva como ejemplo la eliminación de 10 subsecretarías, entre las cuales destaca la supresión de la importante Subsecretaría de Gobierno en la Secretaría de Gobernación.

Una simple revisión a diversos hechos ocurridos a lo largo de la semana pasada, dan muestra de que suprimir por suprimir, puede ser peligroso.

Un amplio grupo de campesinos en Chihuahua se apoderó de los cuartos de control de la Presa “La Boquilla”, pero cuando se retiraban para evitar una confrontación con los integrantes de la Guardia Nacional, éstos últimos abrieron fuego contra un matrimonio de productores, de los cuales la mujer murió y su pareja quedó gravemente herida. En la CDMX, un importante grupo de colectivos feministas tomó las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la falta de respuesta a sus peticiones. En Chiapas se presentaron tensiones sociales que llegaron a la violencia en Tila y Chamula. Por último, durante un enfrentamiento entre estudiantes y policías, un camión de la policía atropelló a normalistas en Tiripetío, Michoacán

Ahora que se ha recortado la Subsecretaría del Ramo en Gobernación, ¿cómo hará el gobierno federal para dar seguimiento y coadyuvar politicamente en la solución de estos conflictos locales? Con un presupuesto que ha recortado los recursos para infinidad de programas, servicios y bienes públicos, se incrementa el riesgo de desatender los problemas del país.

El paquete fiscal es un instrumento fundamental para establecer las prioridades del gobierno, sin embargo, priorizar no debe ser excusa para desatender aquello que no es prioritario para el gobierno. Es cierto que a lo largo de muchos años imperaron prácticas que generaron gastos excesivos. Era importante corregir los excesos y hacer más con menos. El problema es que los recortes han lastimado áreas importantes de la administración, dejando inoperantes muchas políticas públicas en el país

Armando Ríos Piter

La Comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoralpropuso al Consejo General, que sólo dos de siete organizaciones que solicitaron su registro como partido político podrían obtenerlo. El principal criterio para dicho planteamiento fue que solo éstas organizaciones cumplieron con los criterios que los consejeros establecieron para evaluar a las organizaciones, así como con los requisitos de número de asambleas y mínimo de militantes.

Sin embargo, en la reunión del pleno del Consejo General, sólo se aceptó darle registro al Patido Encuentro Solidario, cercano a grupos evangélicos, mientras que México Libre, relacionado con el ex presidente Felipe Calderón, quedó fuera. Vale la pena recordar los criterios establecidos por los consejeros fueron:

1. Si de una muestra de 10% de asistentes a asambleas, 50% reportaban que se les ofreció algún tipo de dádiva para asistir, se anularía tal asamblea.
2. Si los presidentes, secretarios, delegados y auxiliares de las asambleas pertenecían a alguna central obrera, ésta se anularía.
3. Con un solo ministro de culto que participara en una asamblea, ésta tendría que anularse.
4. Si el dinero aportado para la realización de una asamblea provenía de 20% o más de personas no identificadas, procedería la anulación.

Cabe subrayar que aún cuando estos criterios estuvieron previamente acordados, durante la sesión se modificaron, lo que seguramente será argumentado frente al Tribunal Electoral.

Las organizaciones Fuerza Social, relacionada con la CATEM de Pedro Haces, y Redes Sociales Progresistas, del yerno de la maestra Elba Esther Gordillo, no cumplieron con uno de los dos requisitos de asambleas y número mínimo de afiliaciones válidas por anulaciones relacionadas con irregularidades. En el caso de Grupo Social Promotor de México, antes Nueva Alianza, se le negó el registro por el criterio cualitativo sobre la participación de un gran número de integrantes de un sindicato en su organización.

La negación del registro como partido político a la organización México Libre fue porque 8.18% de los ingresos de la organización política no demostró con claridad su origen. Ante esta decisión tanto Felipe Calderón como Margarita Zavala calificaron de absurda la resolución, acusaron a los consejeros de mentir y de “cambiar las reglas del juego” en el último minuto.

En resumen, la negativa a las organizaciones para convertirse en partidos políticos tuvo que ver con el mal uso de la aplicación móvil, el ofrecimiento y/o entrega de dádivas, así como violaciones a la libertad de afiliación como parte del proceso de conformación de partidos políticos, dado que una de las principales restricciones que establece la ley electoral, es que la afiliación no puede ser corporativa.

Aun cuando todavía tendrán que acudir al Tribunal Electoral a defenderse frente a la decisión del INE, la negación a que existan nuevas fuerzas políticas -más allá del PES- le resulta favorable a Morena, que hubiera enfrentado la escisión de aquellos aliados que en 2018 contendieron bajo sus siglas y que ahora buscaban convertirse en partidos políticos por si mismos. Otro de los ganadores será el PAN, que hubiera sufrido un rompimiento interno en caso de que a México Libre se le hubiera aceptado el registro.

Hoy los partidos políticos son más un vehículo que permite “formalizar” la participación electoral, que un espacio homogéneo de ideas y visiones. Por ello, para partidos ya consolidados como Movimiento Ciudadano, se abre una interesante oportunidad para aglutinar las exigencias sociales que por “desencanto” hoy ha perdido Morena y que los partidos políticos tradicionales como el PRI, PAN o PRD no han logrado captar.

Conforme los mecanismos de información, comunicación y organización descentralizada han cobrado mas fuerza, los viejos instrumentos jerárquicos se han debilitado. Las nuevas herramientas tecnológicas han posibilitado el crecimiento exponencial de organizaciones donde la agrupación es cada vez más en torno a causas que en torno a ideologías.