Categoría: Politica

Juicio a expresidentes

POR JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ

            Desde el inicio de su gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado la posibilidad de someter a consulta popular la propuesta de enjuiciar a Expresidentes de la República por supuestos actos de corrupción y que dicho ejercicio se efectué junto con las elecciones de junio de 2021 . López Obrador sabe que es inviable jurídicamente su propuesta, pero en su  afán de consolidar su narrativa política- comunicacional ha insistido en ello.

            Sabemos que la consulta popular es el instrumento de participación ciudadana que permite a las ciudadanas y los ciudadanos ejercer su derecho constitucional expresar su opinión y decidir sobre temas de trascendencia nacional o regional. En nuestro país tiene su fundamento en los Artículos 26, Apartado A, y 35, fracción VIII, de la Construcción Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Federal de Consulta Popular.

            Puede ser convocada por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El presidente de la República;

b) El equivalente al 33 por ciento de las y los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión;

c) Al menos el 2 por ciento de la ciudadanía inscrita en la Lista Nominal de electoras y electores a nivel federal, en temas de trascendencia nacional.

d) El 2 por ciento de la Lista Nominal de electoras y electores de la entidad o entidades federativas que correspondan en temas de trascendencia regional.

La petición (cuando es hecha por el presidente o alguna de las Cámaras) debe ser aprobada por las mayorías de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. (Este requisito no aplica en el caso de que la petición provenga de la ciudadanía)

La Suprema Corte deberá resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y revisar que la pregunta no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo; en su caso, podrá realizar las modificaciones a la pregunta, a fin de garantizar que cumpla con los criterios anteriores.

El apartado 5o de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución indica que las consultas populares deberán ser realizadas el primer domingo de Agosto. Sin embargo, según el artículo 8 de la Ley Federal de Consulta Popular, esta debería realizarse el mismo día de la jornada electoral federal Ante esta diferencia de criterios se deberá atender al principio de supremacía constitucional por lo que la fecha de celebración de la consulta deberá ser el primer domingo de agosto como lo establece la Constitución. Si hay una participación de, al menos, el 40 por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electoras y electores, el resultado debe ser acatado por el presidente, las y los legisladores y otras autoridades.

La propuesta de López Obrador tiene un tinte político y carece de sustento jurídico. No existe materia para someter a consulta popular el juicio a Expresidentes o a cualquier ciudadano, ya que es competencia de las autoridades respectivas como la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial Federal el determinar la existencia de posibles delitos. En todo caso la participación de la ciudadanía debe ser el de aportar pruebas. Sabemos que deben respetarse los garantías constitucionales de  presunción de inocencia y el de debido proceso.  Por eso  afirmamos que los mexicanos debemos alejarnos de los caprichos políticos de nuestros gobernantes, así  como consolidar el Estado de Derecho  al cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen.            

Segundo Informe de Gobierno

Armando Ríos Piter

El día de mañana se presentará el segundo informe a la nación por parte del Presidente López Obrador. Más allá de lo que se pretenda presentar como logros, habrá que ver qué se plantea en torno a cómo se atenderá la difícil situación en materia económica, sanitaria y de seguridad. Además de que prevalecen complicaciones en distintos sectores de la administración pública, el tema político se complica a pasos agigantados pues día con día se acrecienta una crisis de proporciones aún no previsibles.

Con los videos de funcionarios del sexenio pasado y el de un familiar del presidente, uno y otro bando presentaron el primer esbozo público de una guerra profunda y sin cuartel, que amenaza con escalar. Frente al “combate a la corrupción del pasado”, vendrán los revires por los pecados que el actual gobierno pueda tener. El resultado final será evidenciar la degradación del sistema y la necesidad vital de sanearlo; sin embargo, la guerra también estará acompañada de una gran inestabilidad e incluso, de un preocupante riesgo de violencia política.

No obstante, en un escenario de malos resultados de cara al informe, AMLO decidió elevar su apuesta y someter a juicio a los ex presidentes de la República. Tras la declaración filtrada del ex director de Pemex, en la que aparecen los nombres de Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas, el presidente López Obrador pidió acelerar la reunión de un millón 500 mil firmas por parte de sus aliados para exigir una consulta popular que lleve a enjuiciar a los ex mandatarios; en caso de no lograrlo, sería el Congreso o él mismo quienes soliciten dicha consulta. 

Ante la ausencia de resultados favorables en infinidad de rubros, el argumento del “combate a la corrupción”, ha resultado también ser un pretexto ideal para movilizar, aglutinar y consolidar al segmento más cercano al proyecto presidencial. El juicio a los ex presidentes parecería también ser parte de una estrategia para empujar a Morena de cara a la elección intermedia. 

El problema real es que la justicia a mano alzada, es la derrota de la ley; también podría ser la derrota de la política como herramienta para perseguir la estabilidad. La polarización y la confrontación pública escalan día con día. Al mismo tiempo, parecería que ambos bandos tienen claro cómo exhibir a los contrincantes, pero ignoran como terminará el conflicto. Empieza a asomarse una crisis política que puede eclipsar las crisis que ya sufrimos.

Seguramente en su discurso de mañana, el presidente nos hablará sobre su lucha contra la corrupción, pero es importante que la autoridad nos dé respuestas sobre los temas que hoy golpean lastimosamente a la población:

  1. Llevamos mas de 60 mil muertos por Covid-19. Según los expertos epidemiólogos, en otoño podría haber un incremento preocupante de contagios y decesos. ¿Qué cambios hará el gobierno para enfrentar este riesgo?
  • El secretario de Hacienda, Arturo Herrera ha dicho que en 2021, México vivirá “la crisis más fuerte desde 1932”. ¿Cómo servirá el paquete fiscal para alivianar esta situación? ¿Cuáles serán las políticas que nos ayuden a reactivar la economía?
  • La entrada a clases en el contexto de la pandemia ha implicado que millones de niños reciban enseñanza por vía de la televisión, con el riesgo real de que la ruta definida no funcione. ¿Cómo evaluará y corregirá para que no se pierda el ciclo escolar?
  • El número de homicidios dolosos se mantiene en cifras alarmantes, por lo que 2020 podría ser un año más violento que el 2019. ¿Habrá cambios en la estrategia de seguridad para evitarlo?

Atender a las MiPymes

Armando Ríos Piter

Sin duda alguna, un tema muy preocupante en este momento para la mayoría de les mexicanos, es el económico. El FMI ha proyectado que el PIB en México caerá  10.5% y que nuestro país será uno de los que peor desempeño tendrá frente a la pandemia. Adicionalmente, mas allá del Coronavirus, según datos del Inegi, llevamos poco más de 13 meses en que la economía decrece.

Según la “Encuesta sobre el Impacto Generado por Covid-19 en las Empresas (ECOVID-IE) 2020” que presentó recientemente también el Inegi, de un total de un millón 873 mil empresas que existen en el país, 59.6% de éstas instrumentaron paros técnicos como medida de prevención por la pandemia, sus ingresos cayeron un 91.3% y la demanda de consumo cayó 72.6%. Entre éstas, 93.4% de las microempresas cerraron temporalmente 21 días o más, con pérdidas de ingresos superiores al promedio.

Sirvan estos datos pues aún cuando las MiPymes -aquellas que tienen de uno a 10 empleados- representan 95.4% del total de las empresas en el país, producen prácticamente la mitad del PIB y generan 7 de cada 10 empleos, solo 7.8% obtuvo algún tipo de ayuda por parte del gobierno según el citado estudio. Es decir, pese a que el gobierno federal dijo que daría 3 millones de apoyos de 25 mil pesos a este segmento productivo, ni siquiera la décima parte de los potenciales beneficiarios declaró recibir alguno de ellos.

Los pequeños negocios tendrán que salir adelante por su propio esfuerzo, habida cuenta de que prácticamente no han recibido impulso alguno por parte de la autoridad.

La pandemia también desnudó la trágica situación que presenta nuestro mercado laboral. No solo se ha evidenciado que millones de mexicanos viven al día (15 millones de personas trabajan empleadas con un salario que es insuficiente para adquirir la canasta básica para su familia), sino que una gran parte de ellos lo hace en la informalidad.

Alrededor del 56% de la población trabaja fuera de la formalidad laboral; esto implica que más de la mitad de los trabajadores en el país se encuentra en condiciones de vulnerabilidad laboral por ser micronegocios no registrados, ocupados por cuenta propia, que carecen de seguro social, jubilación, vacaciones u otras prestaciones.  Los meseros, el personal de limpieza, los taqueros, vendedores ambulantes y trabajadores de la construcción entre otros. Para algunos de estos no solo no ha habido apoyo, sino agresividad por parte de las autoridades locales.

Tal es el caso del desalojo violento que sufrió Marven, la vendedora de tacos de canasta, quien se hizo famosa como #LadyTacos tras protagonizar un desalojo violento de comerciantes en el centro de la CDMX. Al ser entrevistada dijo: “Nosotros trabajamos de manera honrada, salimos a las calles a buscar sustento no a delinquir y la agresividad de las autoridades nos deja en claro que aquí en México uno tiene que ser ratero para que te dejen ser y no se vale”. Otro ejemplo fue la noticia de que 140 triciclos fueron decomisados en Polanco por no cumplir con el semáforo naranja del 30% de ocupación del espacio público.

Sirvan estas consideraciones para entender que la crisis que vivimos exige que se de un debate profundo sobre el tema económico. Tenemos un mercado en el que las MiPymes predominan pero no crecen; hemos permitido que los ingresos de millones sean tan bajos para solo poder sobrevivir y que la informalidad predomine en nuestra economía, con graves distorsiones de corto, mediano y largo plazo.

Aún no queda claro porqué el gobierno decidió no apoyar a las Mipymes, pese a que representan el segmento más grande y el eslabón mas débil de la cadena. No obstante, las cifras dejan claro que hoy es prioritario revisar la situación de este segmento, así como incrementar la formalidad en el país.

La Ley Oaxaca, prohibición equivocada

Armando Ríos Piter

En el arranque del mes de agosto, el Congreso local de Oaxaca aprobó una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de prohibir la venta o distribución gratuita de productos “no saludables” a menores de edad, en particular las bebidas azucaradas y los alimentos envasados de alto contenido calórico. La prohibición aplicará para negocios y escuelas, adicionalmente se prohibirá la existencia de “distribuidores automáticos y máquinas expendedoras”. El objetivo según lo confirmaron los legisladores de Morena es reducir el número de menores con diabetes e hipertensión.

Todo indica que esta ley es la respuesta de política pública a los dichos del subsecretario López Gatell, quien ante los malos resultados en la atención de la pandemia del Covid-19 -con ya casi 60 mil muertos- ha enfatizado la comorbilidad que existe debido a enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. En lugar de promover el uso del cubre bocas y ayudar a que la gente en el país tome amplia conciencia de la dimensión de la enfermedad, la obesidad prevaleciente ha sido la narrativa preferida del funcionario.

Mas allá de que la atención al problema de obesidad en el país sea motivada con el fin de ocultar los errores en la estrategia gubernamental frente al Coronavirus, se abre una gran oportunidad para atender el grave problema de salud que provoca el excesivo consumo de alimentos con alto contenido calórico, aunado a pésimos hábitos de ejercicio físico. Desde que en el Senado impulsé el impuesto de un peso por cada litro de refresco hace ya siete años, hemos  insistido en la necesidad de una política integral que atienda el problema, en beneficio de la sociedad, el sistema de salud mexicano y las finanzas públicas nacionales.

El Instituto Nacional de Salud Pública señaló que en 2017, las principales causas de muerte para la población general fueron: las enfermedades del corazón (20.1%), seguida de diabetes (15.2%), tumores malignos (12%), enfermedades del hígado (5.5%) y accidentes (5.2%). Aún cuando no es la única causa, una de cada tres muertes en el país podría estar correlacionada con problemas de obesidad.

La llamada “Ley Oaxaca” es un nuevo ejemplo de “buenas intenciones”, pero con mal entendimiento de política pública. Además, el remedio podría ser peor que la propia enfermedad.

Esta demostrado que la prohibición per se no inhibe el comportamiento de la gente. Tan solo recordar que hoy está prohibida la venta de alcohol y tabaco a menores de edad, sin que ello haya evitado que persista en todos los rincones de México. Además de que se lastima la libertad de elección y el desarrollo de la personalidad, la prohibición se convierte en una peligrosa excusa para que el gobierno se desentienda de resolver a fondo el tema de obesidad; “prohibamos la venta a niños y se acabó el problema”.

Por otro lado, preocupa que con una caída prevista de 10.5% del PIB para 2020, los “changarros” sufren de inanición. Recientemente la Alianza de Pequeños Comerciantes informó que han cerrado 1 de cada 5 misceláneas por la caída en las ventas y la falta de apoyos gubernamentales. Cabe recordar que el 60% de los ingresos de estos expendios y negocios dependen de este tipo de poductos. Los establecimientos que mayor afectación tendrían por esta decisión, serían alrededor de 400 mil micro y pequeños puntos de venta, en uno de los peores momentos de la historia económica del país.

Mejorar el enfoque de los impuestos para incentivar “reformulaciones” en los productos, así como enfocar el destino de los recursos recaudados sería mucho más loable que simplemente seguir con la inercia en que 29 entidades ya se han manifestado por impulsar proyectos legislativos similares. Además, se requiere revisar a fondo lo que predetermina el consumo, la falta de alternativas saludables, la publicidad engañosa y la información que les llega a las familias.

¿Más cambios en salud?

Armando Ríos Piter

La descentralización del sector salud en México arrrancó en la década de los ochenta con el propósito de redefinir las funciones y atribuciones tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales. El llamado “cambio estructural para la atención de la salud”, comprendió una renovación legislativa y una reforma administrativa que buscó universalizar la prestación de servicios de salud, haciéndolos extensivos para todos los mexicanos.

Con el paso del tiempo, el objetivo de proveer servicios de salud con eficiencia, calidad y equidad a la población abierta, no se logró a cabalidad. No se logró abatir la dependencia de los estados y municipios respecto del gobierno central y la confusión en relación con las atribuciones de los distintos órdenes de gobierno creó grandes vacios en la rendición de cuentas.

La creación del Seguro Popular significó una mejora sustantiva por la “certidumbre” financiera sustentada en aportaciones federales y estatales, el incremento en la atención a personas “no aseguradas”, la reducción del “gasto de bolsillo” de los usuarios de menores ingresos y la claridad respecto al catálogo de servicios brindados. Adicionalmente, sentó las bases para un crecimiento del sistema de salud de acuerdo a la demanda descentralizada y problemáticas regionales.

No obstante, pese a que el diseño original partió de un buen diagnóstico, con el paso del tiempo se presentaron problemas. La asignación de recursos presupuestales como porcentaje del PIB no creció sustantivamente (5.6% frente al 9% del PIB en paises de la OCDE). Por otro lado,en varios informes de la ASF, se enfatizó la deficiente rendición de cuentas del ejercicio de los recursos financieros, principalmente de los gobiernos estatales. Derivado de ello, la población más pobre del país -46% de los hogares afiliados- en 2015 seguía pagando de su bolsillo la atención médica, hospitalaria o medicamentos.

Frente a esta situación,  en lugar de eliminar las áreas de corrupción, blindar los mecanismos para la atención e incrementar los recursos presupuestales como porcentaje del PIB, la decisión del gobierno de López Obrador fue extinguir al Seguro Popular y empezar desde cero.

En sustitución se creó el Instituto Nacional de Salud y Bienestar (Insabi), buscando re-centralizar el sistema de salud. Hasta hoy, pese a la promesa de “universalizar de forma gratuita los servicios en la materia”, persisten enormes confusiones en torno a las reglas de operación del Insabi, deficiencias graves en temas tan dolorosos como la falta de medicamentos y servicios, así como falta de claridad sobre la sostenibilidad financiera.

Por eso preocupa profundamente que la semana pasada, el gobierno Federal planteara nuevos cambios en el sistema de salud como disolver la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y que sus áreas se conviertan en elementos de la Subsecretaría de Hugo López-Gatell. Este organismo tiene la responsabilidad de garantizar la eficacia, seguridad y calidad de productos que se consumen en el país, que representan alrededor del 9.6%% del PIB (44 centavos de cada peso que gastan en promedio las familias mexicanas) y 11% de nuestras exportaciones.

Medicinas del Extranjero

Armando Ríos Piter

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la compra de medicamentos a través de licitaciones públicas en el extranjero. Se dijo que el objetivo del convenio es garantizar “integridad, transparencia, competencia efectiva y un mejor valor del dinero”.

Dicha firma ocurre después de que el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público que permitirá al Estado mexicano comprar medicamentos fuera del país. El texto aprobado establece: “Queda exceptuada de la aplicación de la presente Ley la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud que contraten las dependencias y/o entidades con organismos intergubernamentales internacionales”.

Sin pasar por comisiones, la reforma fue dada a conocer de manera directa al pleno del Senado. Con un total de 56 a favor y 35 en contra, fue aprobada y enviada de inmediato al Ejecutivo federal para garantizar su entrada en vigor. Los senadores de Morena argumentaron a favor para combatir la corrupción y especialmente los altos precios de medicinas prevalecientes en el país, así como garantizar el abasto para las instituciones públicas de salud. Por su parte, los legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD votaron en contra.

Los opositores a la reforma dijeron que promoverán una acción de inconstitucionalidad porque ésta viola el artículo 134 Constitucional. La aprobación por parte de Morena, PT, PES, PVEM y Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, hizo que en el Senado retumbara la frase: “Se anticipa el surgimiento del PRI-MOR” y “un eventual rompimiento del llamado Bloque de Contención”.

Entre las principales preocupaciones que persisten ante la citada modificación están:

  1. Que las adjudicaciones y compras sin licitación continuén como la excepción y no la regla, lo que es contrario al artículo 134 constitucional. Esta crítica recuerda que durante el período que lleva la administración de AMLO, el 70% de las adquisiciones han sido por la vía directa, según datos de Transparencia Internacional. Adicionalmente, la reforma también podría implicar una violación al nuevo Tratado Comercial, T-MEC, en el cual la regla de competencia comercial establece que debe promoverse la participación “transparente” y “abierta” hacia los proveedores interesados y que éstos presenten sus ofertas sin restricciones.
  2. Según un estudio del colectivo #NoAlHuachicolDeMedicinas, la mayor frecuencia de casos de no surtimiento de medicamentos se concentra en tratamientos para enfermedades como: diabetes (15.3%), hipertensión (14.3%), cáncer (8.6%), VIH (7.3%) y fallo renal (3.5%). Según dicho diagnóstico, el 48.7% de los casos corresponde al ISSSTE, el 25.1% al IMSS, el 15.9% al Seguro Popular, ahora desaparecido, donde el mayor número de reportes recibidos se presenta en la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Chihuahua.
  3. Es indispensable saber cuál será el impacto al empleo nacional por esta decisión. Con una inversión que habrá de redirigirse hacia fuera del país, es necesario identificar cual será el costo en términos laborales, considerando la crisis que hay en el país y que hay 250 plantas del sector que generan 600 mil empleos directos e indirectos. ¿Qué afectaciones generarán estas compras internacionales al sector y al trabajo que generan?

Las Pensiones en México

Armando Ríos Piter

27.07.2020

El gobierno federal presentó un proyecto de reforma al sistema de pensiones. Junto con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) plantearon la reducción de las semanas de cotización de mil 250 (25 años) a 750 (15 años). Se ha dicho que esta propuesta de modificación al régimen de pensiones, tiene como punto de partida la nueva dimensión social de las empresas y busca mejorar el salario mínimo de los trabajadores.

La propuesta también plantea un incremento de las aportaciones patronales, las cuales pasarían de 5.15 a 13.87 por ciento. Mientras tanto, las de los trabajadores no varían y las del Estado cambiarían su composición para beneficiar sólo a los trabajadores de menores ingresos. También se plantea la reducción de comisiones de las Afores, por debajo del uno por ciento y se establece que la edad mínima para las pensiones sea a partir de 60 años.

El documento presentado ha sido muy aplaudido pues promueve que el trabajador promedio aumente su pensión en 40 por ciento. El Consejo Coordinador Empresarial ha subrayado que los objetivos que busca generar la reforma presentada son: 1) Lograr un ahorro adecuado; 2) Tener criterios de elegibilidad razonables; y 3) Garantizar ingresos a los pensionados por encima de la línea de bienestar.

Hay que recordar que la implementación del nuevo sistema de pensiones a través de las Afores, tuvo como objetivo principal evitar los problemas que presentaban los sistemas de pensiones públicos en México. El cambio de la estructura poblacional, derivado del incremento en la esperanza de vida, ocasionó que la proporción de los trabajadores activos con respecto a los retirados disminuyera notablemente, lo que impactó los fondos disponibles para cubrir el pago de las pensiones futuras. Esta situación buscó corregirse a través de cuentas individualizadas.

Después 20 años, se ha comprobado que la baja cuota de aportación obligatoria es la causa principal por la que los trabajadores al final de su vida laboral, no cuenten con una buena pensión. Se ha visto que las personas no ahorran lo suficiente en nuestro país y por ello se propone incrementar las aportaciones por parte del empleador. Por ello, el hecho de que sea el sector privado a través del CCE quien haga el planteamiento, resulta sumamente importante.

La presentación conjunta con la CTM y el propio gobierno, dan una señal positiva de acercamiento, en un momento en el que ha prevalecido la tensión entre autoridades y la iniciativa privada. Al mismo tiempo, es una señal que disminuye las preocupaciones que existían en torno a las Afores. Cabe recordar que la iniciativa de un diputado morenista para que el Banco de Bienestar administrara los Fondos para el Retiro, encendió las alarmas de que el gobierno pretendiera “estatizar” el dinero de las Afores como ocurrió en Argentina.

Por lo pronto habrá que reconocer el acuerdo, sin embargo, también será necesario socializar la propuesta, más allá de la cúpula empresarial, para sondear mas a fondo si el incremento en las cuotas es sostenible. En un momento en que la economía se ecuentra en franca caída del PIB debido al Coronavirus y en un nuevo entorno laboral deribado del T-MEC, un planteamiento como este implica un incremento adicional en los costos laborales.

Es importante que haya una gran difusión de la propuesta por parte de los legisladores que tendrán que revisarla. No hay que ignorar que también se corre el riesgo de que en un mercado laboral sumamente segmentado como el mexicano, donde el empleo informal es predominante, en lugar de alentar las contrataciones formales, un incremento de estos costos pueda elevar las contrataciones informales.

El virus daña la economia

Julio César Hernandez Martínez

Esta semana Alicia Bárcena, Secretaria General de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dio a conocer el estudio “5º informe especial covid 19”, el cual contiene análisis y estimaciones acerca de los daños a la economía en nuestro continente. El informe señala que el deterioro del panorama económico es generalizado en el mundo y en particular los  6 países con mayor crecimiento negativo serán Argentina, Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela  y México.

El tamaño del choque económico que está dándose en el lado de la oferta y la demanda, ampliará las brechas de desigualdad en la distribución del ingreso en todos los países. Estima que el Producto Interno Bruto per cápita de la región de 2020 será igual al que tuvimos en el año 2010, lo que evidencia una década pérdida. Se calcula el desplome del PIB de aproximadamente 9.1%.

El freno de las actividades económicas llevará a la tasa de desempleo al 13.5%, lo que implica un aumento del 5.4% comparado con 2019 y elevará el número de personas sin trabajo hasta 44.1 millones, un incremento de cerca de 18 millones con respecto al año anterior.

Asimismo la disminución en las remesas puede ser de 20% como lo estima el Banco Interamericano de Desarrollo. Los países afectados serán Haití, El Salvador, Honduras, Jamaica, Guatemala, Guyana y Nicaragua. En cuanto al flujo que todavía persiste hacia México puede tratarse de los ahorros que tienen nuestros compatriotas, que han guardado celosamente por largo tiempo y que ahora envían a sus familiares para mitigar las afectaciones que tienen en sus hogares.

Este documento señala que la pobreza extrema pasará de 68 a 96 millones de personas. Esto significa que habrá un retroceso de 15 años, resultado del impacto de la crisis; los sectores de la población que afrontarían esta pandemia con mayores desventajas serán: mujeres; trabajadores del sector formal e informal; desempleados; pymes; jornaleros agrícolas y los estudiantes con falta de tecnología para continuar su aprendizaje.

Del total de empresas que cerrarían, la mayoría corresponderán a microempresas, el sector más vulnerable de la cadena productiva. El impacto será muy diferente dependiendo del sector y el tipo de empresa. Rubros como el comercio, los hoteles y restaurante que cuentan con una gran cantidad de microempresas serán las mas golpeadas.

Las recomendaciones que da la CEPAL son las siguientes:

  • Apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que puedan afrontar los daños económicos que están afectándolos.
  • Ampliar el apoyo a los estratos medios que han sido afectados.
  • Dar estímulos fiscales a los sectores que lo requieran.
  • Aplicar bono alimentario que garantice recursos mínimos para las familias en situación de vulnerabilidad, pobres y de estratos medios. Sería de aproximadamente 67 dólares mensuales por lo menos.

            Por eso es importante que en México tomemos en cuenta este importante documento. El desafío para nuestros gobernantes es muy grande. Presidente de la República, Gobernadores y Alcaldes deben responder acertadamente. Esperemos que estén a la altura de las circunstancias y que sus decisiones solucionen los problemas de los mexicanos.

Defender la Autonomía del INE

Armando Ríos Piter

En fechas recientes, el presidente ha sido constante en sus ataques contra el Instituto Nacional Electoral. Ha dicho, “nosotros triunfamos porque fue una ola, era imposible hacer un fraude. Pero, en las elecciones anteriores, lo permitió el INE”. Ha reiterado que el órgano electoral es el “ejemplo más claro” de organismos “que no hicieron nada, que no los conoce la gente, y que los crearon para que se simulara y se hiciera la vista gorda”.

Es triste que con esta actitud, AMLO desconozca el importante proceso histórico que logró quitarle al presidente y su partido la organización fraudulenta de los procesos electorales. La izquierda luchó por décadas contra los fraudes electorales del régimen priísta. El IFE-INE ha permitido la competencia partidista y la alternancia en el poder.

Aunque en lo personal tuve un fuerte desencuentro con esta institución durante el proceso para lograr la candidatura independiente, motivado por lo que consideré fallas en la aplicación digital para recabar firmas, estoy convencido de que el INE es un pilar para la vida democrática del país. Existen áreas por mejorar, pero hay que entender que por encima de los personajes están las instituciones; se debe promover su evolución, no su destrucción.

Esta semana esta convocado el Congreso para definir el nombre de 4 Consejerías en el INE. Garantizar que sean elegidos dos hombres y dos mujeres totalmente independientes del poder es fundamental. Habrá que examinar a profundidad cada uno de los perfiles que integran las listas que revisará la Junta de Coordinación Política y que deberán votar dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

Por lo pronto es buena señal que  en el comité técnico que integró las quintetas propuestas, John Ackerman haya hecho un berrinche por no poder imponer a la amiga de su esposa. El #INEesDeTodos y no podemos permitir que un grupo en el poder intente imponerse en la conformación del árbitro electoral. Contar con un Consejo Autónomo es indispensable.

En lugar de atacar al INE, el gobierno debería convocarnos a atender problemas que aún prevalecen. Por ejemplo, ¿cómo acabar en 2021 con el encadenamiento maldito de las 6 palabras con C? Campañas políticas en donde se Compran de votos a Clientelas electorales; donde los Compadres de los Candidatos las financian ilicitamente, para después quedarse con Contratos de obra pública o introducir al Crimen en las instituciones una vez que ganan el poder.

Si verdaderamente se pretende acabar con la corrupción en México y fortalecer la vida democrática del país, es ahí donde el actual gobierno debería invertir recursos y fortalecer las capacidades institucionales.

Uso de efectivo. El manejo de dinero en efectivo que según datos de Integralia se ha incrementado de manera desproporcionada previo a las elecciones de 2000, 2006, 2012 y 2018. El circulante se usa para pagar mítines, entregables, despensas, así como la movilización y compra del voto. Fortalecer la coordinación institucional para mejorar la fiscalización es prioritario.

Instituciones. Las áreas de investigación especializadas como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales carecen de capacidades materiales y personal suficiente para castigar actividades ilícitas en torno a los delitos electorales. Dado que historicamente, los programas sociales se han utilizado en beneficio del partido en el poder a nivel federal y local, el cambio en el tipo penal debe ir acompañado de mayores recursos y autonomía institucional.

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