Categoría: Opinion

Lilia Arellano

“Aconsejar economía a los pobres es a la vez grotesco e insultante”: Oscar Wilde

• De tumbo en tumbo derrumban la economía
• 10 millones más de pobres con el gobierno de López Obrador
• Replica Donald Trump vulgaridades de “cultos” presidenciales

Ciudad de México, 26 de abril de 2022.- Dentro de los rotundos fracasos de la administración del presidente López Obrador destaca  el registrado en materia económica. A la fecha, la economía registra un crecimiento negativo y desde ahora los analistas nacionales y extranjeros advierten, nuevamente,  de un sexenio perdido en la materia, con el consecuente aumento de la pobreza y la pobreza extrema a lo largo y ancho del territorio nacional, así como en la disminución de los índices de desarrollo social, como seguridad y salud.  Lejos de ocuparse de elaborar una estrategia para sacar al país de semejante hoyo, el tabasqueño se enfrasca en pleitos usando todo el poder presidencial en contra de Eugenio Derbez o de Loret de Mola o se ocupa en buscar calificativos para quienes no opinan como él.

La economía mexicana tuvo en 2019, un decrecimiento de menos 0.1%, después de crecer 2.2% en el último año de la gestión del ex presidente Enrique Peña Nieto; en 2020, por efecto de la pandemia y la política del tabasqueño para hacerle frente, se hundió -8.2%, su peor caída desde la Gran Depresión de 1932; en 2021 la economía nacional “rebotó” 4.8%, insuficiente para cubrir las pérdidas del año anterior; y para este 2022, los analistas nacionales y extranjeros estiman una par de puntos más de recuperación o sea todavía faltarán 3 puntos para recuperar lo perdido el 2020. Tal vez y sólo tal vez la recuperación se dé hasta el final de esta gestión federal.

El Fondo Monetario Internacional estima “La pandemia hizo retroceder a todo el mundo en 2020, pero el desplome de México fue más profundo por la falta de estímulos fiscales, de modo que la economía recibió el impacto directo del Covid-19 y ahora tomará más tiempo recuperar el nivel que tenía antes de la crisis sanitaria”. El ambiente para la inversión, según los especialistas,  no era bueno desde antes de la pandemia y en la actualidad muestra atonía, lo que limita el crecimiento económico a futuro. “La llegada de capitales requiere confianza de los inversionistas, pero con la pandemia y las mayores alzas de tasas de interés previstas para 2022 todavía hay mucha incertidumbre”.

En el ranking de las economías más grandes del mundo desde el inició de la pandemia del Covid-19, la de México pasó del lugar 15 al 17. Es el peor puesto ocupado por el país desde 1988, cuando ocupaba el mismo sitio en una lista de 190 naciones. En ese año, México se preparaba para salir de la crisis de la deuda externa, tenía una inflación galopante de 51.7% y el peso se devaluó 14% frente al dólar. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la economía mexicana valdrá un billón 380 mil millones de dólares el año que viene. En contraste, la economía de Irán tendrá un valor de un billón 783 mil millones de dólares y la de Indonesia, un billón 411 mil millones. La primera nación superó a México en 2021 y la segunda lo hará en 2023. Según las proyecciones del Fondo, y al menos hasta 2027, México se va a mantener en el lugar 17 del ranking, por debajo de Irán e Indonesia.

Cabe recordar que a principios de siglo, México presumía una economía el doble de grande dela de Irán, de 757 mil millones de dólares contra 331 mil millones, y cuatro veces mayor a la de Indonesia, cuyo valor era de 175 mil millones. Sin embargo, el PIB de México se expandió 1.6% cada año; en cambio, Irán ha crecido a tasas promedio de casi el doble, 2.9%, y el de Indonesia del triple, 4.9%. Desde que inicio este siglo, nuestro país ha sido rebasado por Brasil, Rusia, India, España, Corea del Sur, Australia, Irán y el año venidero lo será por Indonesia. México llegó a ser parte del top 10 de economías más grandes entre 1993 y 2003, incluso alcanzó el octavo lugar en los primeros tres años del gobierno de Vicente Fox.

El potencial de crecimiento económico del país ha sido vulnerado por la política seguida por el régimen cuarta transformación al empujar la caída de la inversión desde la cancelación del  Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, lo cual detonó la incertidumbre en las condiciones para invertir y en la predominancia del Estado de Derecho. “La inversión fija bruta total se ubicó en 18.5% del PIB en 2021, su segundo nivel más bajo  desde 1995. Las perspectivas para la inversión en 2022 son poco alentadoras a la luz de las incertidumbres asociadas a la pandemia y varias políticas del gobierno”.

CRECE POBREZA

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos por la crisis de Covid-19 y por la política del gobierno del presidente López Obrador para enfrentarla. Al presentar el Informe de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (IEPDS)) 2020, reportó 70.9 millones de pobres por ingreso, el 56.7% de la población. En contraste, en 2018, 61.1 millones de mexicanos ganaban por debajo de la línea de pobreza, lo que representaba el 48.8% del total de habitantes. Calcularon un aumento de entre 6.1 y 10.7 millones de personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, hasta un total de 31.7 millones de mexicanos, un 25.3% de la población. Esto es: uno de cada cuatro mexicanos padece pobreza extrema por ingresos desde esa fecha. En 2018, había 21 millones de personas por debajo de la línea de pobreza extrema, el equivalente a 16.8% de los habitantes.

Así, México se ubicó como el cuarto acrecentando el porcentaje de personas en situación de pobreza y el quinto que más aumentaría en pobreza extrema entre los países latinoamericanos. Entre 2018 y 2020, el ingreso corriente total per cápita disminuyó 6.9 por ciento, lo que se explica por la caída de todas las fuentes de ingresos, salvo las transferencias monetarias totales, que aumentaron 16.2 por ciento, al pasar de 639 a 743.51 pesos, de acuerdo a datos oficiales. Los datos entregados señalan: entre 2018 y 2020 se presentó un aumento de 12 por ciento en la carencia por acceso a los servicios de salud, pasando de 16.2% a 28.2 por ciento. En total, en 19 estados del país aumentaron los niveles de pobreza. Las tres entidades con mayores incrementos fueron Quintana Roo (de 30.2  a 47.3%), Baja California Sur (de 18.6 a 27.6%) y Tlaxcala (de 51.0% a 59.3 por ciento).

Durante este gobierno, cayeron los índices relacionados con el bienestar social, ya que hay más de 55 millones de pobres, más personas gananDO menos de lo necesario para adquirir la canasta básica y disminuyó también el acceso a la salud. De acuerdo con el Compendio Estadístico del sector no lucrativo 2021, elaborado por el Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi), México también perdió lo ganado en varios años en materia de rezago educativo y en acceso a alimentación adecuada.

Pero para el tabasqueño lo sobresaliente e importante es haber sido calificado de socialista por un capitalista como Donald Trump y, caerle bien al pelirrojo merece su atención mañanera aunque eso le cueste al país cubrir la nómina de 28 mil soldados al servicio de EU.

DE LOS PASILLOS

Durante su conferencia mañanera de este martes, el presidente  demandó a la analista política Denise Dresser una disculpa pública por un mensaje de ésta en sus redes sociales respecto a las declaraciones del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su entrevista con Marcelo Ebrad, secretario de Relaciones Exteriores. “Trump exigió y AMLO entregó. Trump amenazó y AMLO cedió. Trump demandó militarizar la frontera y AMLO cumplió. Trump impuso condiciones y AMLO cedió soberanía. En pocas palabras, y citando el lenguaje de la 4T: Trump “se la metió doblada”, escribió Dresser. En respuesta a la “vulgaridad” que le adjudicó López Obrador a Dresser, ésta respondió que es una cita directa de su colaborador, Paco Ignacio Taibo II. “A él debería reclamarle la expresión “altamente elegante” que analizó. Pero prefieren escudriñar/manipular tuits y distraer en vez de gobernar”, destacó…Y le faltó a Denise recordarle al tabasqueño otra vulgaridad del titular del Fondo de Cultura: “no tengo pelos en la lengua porque me la afeito y la uso con singular alegría”, ¿para el nacido en Gijón, España, nacionalizado después de vivir 25 años en México no hay ninguna exigencia? El es parte de la burocracia de la 4T…

El manejo de la política exterior se presenta muy distinto en el Senado. Ricardo Monreal envió una a carta al gobernador de Texas, Greg Abbott, para solicitar, con todo respeto a su país, estado, instituciones jurídicas y a su persona, interceda para que a Melissa Elizabeth Lucio, ciudadana mexicana, le sea conmutada la pena de muerte y se le aplique una sanción acorde con el daño provocado.El presidente de la Junta de Coordinación Política apela, en la carta, a las relaciones diplomáticas y a los lazos de amistad que nos unen y que se han fortalecido bajo su gobierno. Explica que no quiere interferir con su leyes y soberanía, pero para nosotros la pena de muerte atenta contra los derechos humanos. Por ahora la gestión va por un camino positivo.

César Antonio Aguirre Noyola

“Parte de la ingeniería político electoral de la Cuarta Transformación”

OCTAVA PARTE

Andrés Manuel López Obrador fue nombrado presidente de los Estados Unidos Mexicanos en la jornada electoral celebrada el domingo 1 de julio de 2018 por un período de casi seis años (reformas a la Ley Fundamental mexicana establecieron en un artículo transitorio que el presidente de la República elegido en el año de 2018 duraría en su encargo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2024, es decir, por un período de cinco años y diez meses). Esa es la regla que existía en aquel entonces y sobre la cual se desarrolló el proceso electoral federal 2017-2018 y a la que debía, por lo tanto, sujetarse la persona que ganara la competencia por la titularidad del Poder Ejecutivo federal que se encontraba en disputa: “cinco años y diez meses” es la duración en el encargo por la que la ciudadanía votó y debe privilegiarse la supremacía del voto popular).

Un año después, o sea en 2019, se hacen reformas a la Carta Magna del país para introducir la figura de la democracia participativa llamada Revocación de Mandato. Qué bueno que esta institución democrática se haya instalado en el texto constitucional, sin embargo, atendiendo a los principios de certeza, de derechos adquiridos por los representantes populares, por la no irretroactividad de las leyes en perjuicio de persona alguna y por el respeto de la voluntad colectiva a través del sufragio, esta dinámica de participación ciudadana no es aplicable , sobre toda base jurídica, a los representantes populares en funciones a la entrada en vigor de la referida reforma, eso incluye, lógicamente, a Andrés Manuel López Obrador.

Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alineados a la voluntad del huésped del Palacio Nacional, avalaron la procedencia de este ejercicio democrático respecto con la investidura de Andrés Manuel López Obrador.

El 14 de septiembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley reglamentaria (Ley Federal de Revocación de Mandato), entrando en vigor el día 15 de septiembre del mismo año, ello por mandato del primer artículo transitorio del decreto respectivo.

En el contexto del repunte de contagios de la variante ómicron del virus SARS-CoV-2, y las crisis sanitaria, económica, laboral y de inseguridad que aquejan a la nación en la actualidad, llevar a cabo una consulta de esta naturaleza en estos tiempos fue innecesario, fue egocentrista, fue un show mediático, fue un despilfarro económico y fue con fines electorales.

Innecesario. Soy reiterativo en este renglón, si AMLO fue electo por un período de cinco años y diez meses por la voluntad popular en la jornada comicial del domingo 1 de julio de 2018, resultaba innecesario llevar a cabo esta consulta ciudadana, en virtud de que únicamente tiene que cumplir con el período mandatado por la mayoritaria decisión colectiva.

Egocentrista. Continuamente nos enteramos que los resultados de encuestas realizadas por serios diarios de circulación nacional y prestigiadas empresas encuestadoras le dan al presidente de la República una aceptación que oscila entre el 55 y 65% derivado de su desempeño al frente de la Administración Pública Federal. Con estos datos a la mano, surge una interrogante: ¿qué sentido tiene convocar a la ciudadanía a una dinámica de participación de este tipo, cuando el resultado está más que a la vista y todo mundo lo puede deducir?, simplemente es arrogancia, presunción, egocentrismo… un culto a la personalidad. Recordemos que a López Obrador no le interesa resolver los problemas del país, lo que realmente le interesa es conservar, y preferentemente aumentar, su popularidad.

Show mediático. Una de las características que debe dar origen a un proceso de esta clase es que debe ser impulsado por la sociedad indignada y harta respecto con un gobernante determinado. Empero, esta esencia se prostituye o se distorsiona a partir de que quienes lo están solicitando es el propio AMLO (sujeto que será sometido a la supuesta revocación de su mandato), funcionarios de su gabinete y dirigentes de su partido político (Movimiento de Regeneración Nacional).

Despilfarro económico. Casi 2 mil millones de pesos costó el ejercicio de Revocación de Mandato proyectado a realizarse el domingo 10 de abril del presente año… tirados a la basura. Pensándolo bien, ese capital se pudiera emplear, por ejemplo, en aterrizar el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), en apoyos destinados al campo, en subsidios para micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), etcétera.

Fines electorales. Fue un termómetro y, a la vez, un instrumento electoral porque la intención es influir —como lo hizo en los comicios de 2021— en las elecciones de 2022 donde se elegirán entre otros puestos a las personas de titulares de 6 gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

La Revocación de mandato se llevó a cabo, simplemente porque que fue un deseo, un capricho, un sueño dorado del presidente para alimentar su arrogancia, porque le encantan las cortinas de humo, porque quiere seguir evidenciando al INE para tener elementos de proponer su extinción y reemplazo, y porque está pavimentando el terreno para las elecciones de este año, pero principalmente para las que se efectuarán en 2024.

Sabia virtud de conocer el tiempo.

César Antonio Aguirre Noyola

Investigador en materias política y electoral.

Álvaro Delgado

No hay más alta traición de una persona que la traición a su patria y por eso enfurecen quienes son acusados en México de cometer este delito que significa, entre las quince formas que define la ley, realizar “actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o Gobierno extranjero”.

Pero la razón de la furia por este duro señalamiento no es por el castigo económico en el caso remoto de que la sentencia de culpabilidad quede firme, y que es de hasta 50 mil pesos de multa, tampoco por la cárcel de cinco a 40 años, ni siquiera por la deshonra pública de quien lo comete y de su descendencia, sino por los efectos políticos y electorales inmediatos.

Al traidor a la patria, aun si no se le mete a la cárcel ni se le multa, se le desprecia y, naturalmente, se le castiga. Hasta 2005 implicaba pena de muerte, pero ahora la sanción principal es política y electoral a través del voto.

Por eso Morena y sus aliados han decidido denunciar y exhibir como traidores a la patria a los diputados del bloque PRI, PAN, PRD y del partido Movimiento Ciudadano –el flamante combo McPRIAN– por desechar la Reforma Constitucional del Presidente Andrés Manuel López Obrador y garantizar los intereses de las empresas energéticas extranjeras, entre ellas la española Iberdrola.

Es importante puntualizarlo: la denuncia de Morena ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los 223 diputados de oposición no prosperará, como nos prosperó la que López Obrador presentó por traición a la patria, en febrero de 2014, contra Enrique Peña Nieto por las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para favorecer a extranjeros, avalada en ese entonces, y quizá ahora también, con sobornos.

El Fiscal Alejandro Gertz Manero preferiría, ahora que tan cercano está a la oposición, abrir carpetas de investigación, si no es que ya lo ha hecho, contra José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente, o del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Beltrán, para alegar que fue removido del cargo en represalia.

En todo caso, el tema no es jurídico, sino eminentemente político. Y por eso también la oposición ha revirado con la imputación de traición a la patria a López Obrador con base en lo que dice Donald Trump, el mentiroso y antimexicano expresidente de Estados Unidos.

Qué curioso: ¡Un extranjero en campaña es la fuente de la oposición para acusar al Presidente de México!

“Presidente López Obrador, ¿se le pasó contestarle a Donald Trump en su mañanera? Porque más allá de la falta de respeto a su persona, es un agravio a nuestro país”, escribió este lunes Marko Cortés, el presidente del PAN, principal partido de oposición de México.

“Recuerde que ‘el que calla otorga’ y ‘doblegarse como nadie’ ante Trump sí es traición a la patria”, le imputó el dirigente que emplazó al Presidente de México a frenar “el odio y violencia” de “Morena y sus secuaces”, a los que también llamó… “traidores a la patria”.

Otro dirigente partidista de la coalición Va por México, el perredista Jesús Zambrano, abrazó también a Trump para acusar a López Obrador, a quien hasta tuteó: “Doblarte ante las amenazas de Trump y militarizar tu frontera para impedir que los migrantes lleguen a Estados Unidos, eso sí es ¡traición a la patria!”

Y como una sinfonía, con Trump como su ídolo, la oposición partidaria, intelectual y mediática –hasta Vicente Fox desde su irrelevancia– ahora pretende endilgarle a López Obrador el monopolio de la traición a la patria.

Ahora falta, sin embargo, que el tema pase por el tamiz de lo que la ley establece y sobre todo del escrutinio de la sociedad.

¿Quiénes cometen el delito de traición a la patria, que define el artículo 123 del Código Penal Federal en quince formas, específicamente en la entrega de los recursos de la nación?

Además de cometer este delito la persona mexicana que “realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”, el aparato 12 establece que lo será también quien “trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración”.

Y el apartado 13 indica que el traidor a la patria el mexicano que “reciba cualquier beneficio, o acepte promesa de recibirlo, con el fin de realizar alguno de los actos señalados en este artículo”.

Más que en la FGR, serán los mexicanos los que ponderen quiénes, con sus actuaciones, han traicionado a México.

Habrá quienes, efectivamente, tomen como válidos los dichos de Trump y otros de su tamaño, pero otros no olvidarán la entrega de recursos de la nación a las empresas extranjeras, por ejemplo en materia energética, con los sobornos documentados de la brasileña Odebrecht a Peña Nieto y a su consejero Luis Videgaray.

Habrá quienes recuerden cómo con estos sobornos de extranjeros también se corrompió a Emilio Lozoya, al excandidato presidencial Ricardo Anaya y a senadores panistas afines a Felipe Calderón, un empleado de Iberdrola que también consintió violaciones a la soberanía nacional con operativos como el Rápido y furioso que muchos quisieran que se olvide.

En suma: Si usted no quiere que le digan ladrón, no robe; si no quiere ser tildado de corrupto, no corrompa ni se corrompa, y si no quiere ser llamado traidor a la patria, no traicione a México.

Lilia Arellano

“Aferrarse. Renunciar. A veces, son una misma cosa”: C. J. Tudor

• Gertz Manero con la lumbre en los aparejos
• Exige oposición remoción o renuncia del Fiscal
• Se exhibe públicamente la podredumbre de la 4T

Ciudad de México, 25 de abril de 2022.- El trío encargado de garantizar la legalidad, la columna vertebral para darle certeza jurídica al mandato de López Obrador, se encuentra enfrascado en un lío en el cual han demostrado la gran podredumbre existente en la 4T. El ex consejero jurídico, no solamente ha hecho surgir nuevas leyes y reglamentos sino reformas constitucionales y por lo tanto es difícil creer no tenía todo tipo de comunicación con su jefe quien, además, extendió todas sus responsabilidades y lo mismo actuaba en razón de su profesión que en el manejo político de gran nivel. El Fiscal se caracterizó ya por ser el primero en ocupar esa posición y desde ella convertirse en un delincuente confeso. El ministro presidente de la SCJN, quien agrega a este encargo la presidencia del Consejo de la Judicatura se ha declarado y se le considera un fiel servidor de AMLO..

Frente a este fatal escenario, en Palacio Nacional se busca la forma menos dañina para el régimen y se busca la salida de Alejandro Gertz Manero de la titularidad de la Fiscalía General de la República. La estancia del funcionario en la dependencia ha causado daño e injusticia, no le resulta funcional a López Obrador pues no sólo se utilizó a la FGR para amagar y mantener a raya a funcionarios de sexenios anteriores, sino se utilizó la misma mecánica con servidores públicos de la 4T. La venganza y la revancha de estos funcionarios se verán en poco tiempo con el despido o renuncia de Gertz Manero del cargo actual. El pleito con Julio Scherer, ex consejero jurídico de la Presidencia, y la última denuncia de éste en su contra son punta de lanza contra el desprestigiado fiscal.

A pesar de la declaración del presidente señalando “el fiscal cuenta con toda mi confianza”, ante los escándalos en los que ha sido protagonista en los últimos meses, a Gertz Manero se le perdió la confianza por llevar a cabo una estrategia de procuración de justicia que persiguió durante más de tres años a funcionarios aliados y beneficio a políticos opositores. En la Fiscalía se dio prioridad a carpetas de investigación que involucran a funcionarios y ex funcionarios como Scherer; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el titular de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino; y el ex director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, mientras se trabajaba para dar beneficios personales a personajes como Emilio Lozoya o Ricardo Anaya o Alonso Ancira.

Gertz Manero pactó con Emilio Lozoya Thalmann para evitar que su esposa, Gilda Margarita Austin, y su hijo, Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, pisaran la cárcel durante su proceso judicial. El fiscal también operó con el PAN, especialmente con el diputado Santiago Creel, para congelar las investigaciones en su contra y de su familia, respecto a su relación con posibles factureras, y  para perfiles como Ricardo Anaya y el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. A cambio, el PAN apoyo a Gertz Manero en el Senado, donde le dieron un trato privilegiado y no lo cuestionaron por el proceso de Laura Morán y Alejandra Cuevas Morán, en el cual fue derrotado cuando los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron no había delito que perseguir y resolvieron su libertad. 

Todo indica que el relevo en la FGR será un respiro para el régimen, y para todos aquellos funcionarios perseguidos con expedientes armados con fines políticos y de venganza personal. En este escenario se da la denuncia, el viernes pasado de Scherer Ibarra contra Gertz Manero, Juan Ramos López, Manuel Granados Quiroz, Adriana Campos López y María Eugenia Castañón Osorio, a quienes acusa de tráfico de influencias y otros delitos como coalición de servidores públicos y asociación delictuosa. “En algunos casos he sido testigo y en otros víctima de hechos que involucran de manera directa, principalmente, al hoy fiscal de la República Alejandro Gertz Manero, y a otros servidores públicos de dicha fiscalía que pudieran constituir conductas delictivas, a través del uso faccioso de la Fiscalía, por intereses personales perversos”, subrayó Scherer en la denuncia.

En el documento presentado ante la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, Scherer acusa a Gertz Manero de haber utilizado de manera “facciosa” a la institución a su cargo en contra de su ex cuñada Laura Morán y su hija, Alejandra Cuevas Morán. Según Scherer, por no haber querido participar en este último caso, que involucra el fallecimiento del hermano del fiscal, Federico Gertz, hubo represalias en contra suya. Esto quedó patente cuando le indicó: “usted pudo haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo”.

Scherer negó “categóricamente haber cometido delito alguno” y la acusación de que formaba parte de una red de funcionarios quienes supuestamente ofrecían favores a personas involucradas en procesos judiciales para exculparlos es “totalmente falsa”. Hace un mes, Scherer publicó una carta en el semanario Proceso en el cual acusó a Gertz Manero y a Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación, de haberlo “extorsionado”, como ocurrió también en los casos del abogado Juan Collado, la cooperativa Cruz Azul y el proyecto del Viaducto Bicentenario. 

Tras esa denuncia, políticos, académicos y ciudadanos condenaron la actuación del fiscal  y pidieron su renuncia. El diputado panista, Jorge Triana, condenó al Fiscal por usar su posición con fines políticos. “Viven para golpear a la oposición”, señaló. Fernando Belaunzarán, del PRD, indicó: “Es una muestra más de la descomposición del grupo en el poder”. El historiador Enrique Krauze manifestó su solidaridad con Scherer Ibarra. “Cuando el poder público lo acosó, siempre estuve al lado de Julio Scherer Ibarra”, publicó.

Alonso Castillo Cuevas, cuya madre Alejandra Cuevas y su abuela Laura Morán fueron denunciadas por Alejandro Gertz de ser las causantes de la muerte de su hermano Federico, exigió la destitución del Fiscal. “Es un criminal que debe ser destituido, enjuiciado y encarcelado. A nosotros nos exigió incriminarnos con un delito que fabricó y por el cual mantuvo a Alejandra Cuevas 528 días encarcelada. Un criminal siniestro a cargo de la FGR”, recalcó. Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Queda de manifiesto que utiliza la institución para venganzas personales”.

El presidente debe  asumir es insostenible políticamente en su puesto el Fiscal Gertz Manero, y su discurso de “autoridad moral” se cae después del fallo en la SCJN en el caso de Laura Morán y Alejandra Cuevas, pues sus investigaciones carecerían de credibilidad después de haberse comprobado uso su poder para fabricar culpables. Para poder salir del paso debería acusarlo de violaciones graves a la Constitución, lo cual ameritaría llevarlo a prisión. Pero esto es sumamente difícil pues hay muchos casos controvertidos en el escritorio del Fiscal, como la investigación contra Julio Scherer, ex consejero jurídico de la Presidencia, y el ex titular de la UIF, Santiago Nieto, así como el relevante proceso que realizó el fiscal para exonerar al general Cienfuegos cuando AMLO se empeñó en sacarlo de la cárcel en Estados Unidos y traerlo a México. Eso sin dejar de lado el fraude al Infonavit con el contrato de movilización, la libertad otorgada a Alonso Ancira y la Estafa Maestra con Rosario Robles incluida.

AMLO analiza no es tan buena idea meter a la cárcel a alguien que ya no tiene que perder y sí mucho para hablar. Es más factible le pida a Gertz Manero la renuncia para llegar a un retiro negociado. Gertz se iría dignamente, aduciría la SCJN se equivocó pero no quiere dañar la imagen de la 4T. Tal vez hasta le asegurarían no llegaría a pisar la cárcel e incluso, para su tranquilidad, le pueden permitir nombrar a alguien de su confianza para sustituirlo. Esto sería claramente corrupción e impunidad para un funcionario más de la 4T, pero López Obrador se encargaría de mandar a sus seguidores a seguir repitiendo es el presidente más honesto de la historia, pues nunca un mandatario ha removido a un fiscal.

La salida de Gertz Manero es complicada. Ya sea lo remuevan o presente su renuncia, hay candados que debe abrir el Senado, y aunque se trate de una salida política “pactada”, deben justificar esa decisión constitucionalmente con alguna falta administrativa grave o la comisión de un delito doloso que amerite prisión preventiva oficiosa. “Para su remoción, el fiscal o el Ejecutivo federal tendrían que justificar esa decisión en unos supuestos muy específicos que vienen en la Constitución y en la Ley General de la Fiscalía General de la República”, señala Alejandra Hernández, analista jurídica de la organización México Evalúa. O tal vez decidan enfermarlo de tal gravedad que no pueda cumplir con sus funciones. Otro circo por armar cuando lo mejor sería investigar u castigar.

Se ve muy difícil se arriesgue el Ejecutivo Federal a abrir un frente con alguna investigación criminal o un procedimiento administrativo contra Gertz Manero para, entonces, contar con una causa grave justificando su remoción, consideró Hernández, quien agregó si López Obrador lo remueve expondrá aún más la reputación y la credibilidad de la FGR. Por el contrario, si Gertz Manero presenta su renuncia, ésta pasaría por la aprobación del Senado, como lo marca la Constitución y la ley de la Fiscalía, y sería aprobada con mayoría simple.

DE LOS PASILLOS

Después de haber registrado un avance de apenas 0.4% en enero del 2022, la economía mexicana se estancó durante febrero, con solo uno por ciento. La pérdida de dinamismo en el nivel de la actividad económica se explica, principalmente, por contracciones en el sector industrial y agropecuario. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) muestra que la recuperación pospandemia en México sigue enfrentando presiones externas e internas. La caída más profunda se registró en las actividades primarias (agricultura, ganadería, caza, pesca y aprovechamiento forestal). De enero a febrero el sector cayó 3.8 por ciento. El sector secundario (industria manufacturera, construcción, minería y energía) se contrajo 1.0 por ciento. Las actividades terciarias (comercio y servicios) avanzaron 0.6 por ciento…

La Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM) integrada por alcaldesas y alcaldes de 21 municipios del país, capitales de estado, pertenecientes a diversos partidos políticos, encabezada por Renán Barrera Concha, Norma Bustamante Martínez de Mexicali, Luis Donaldo Colosio Riojas de Monterrey y Elia Margarita Moreno González de Colima, celebraron domingo y lunes en Querétaro una reunión de trabajo, para tratar el tema de la seguridad e intercambiar experiencias en materia de prevención del delito, acciones por la seguridad de la población y profesionalización de los elementos policiales.En esta ocasión en el municipio de Querétaro, gobernado por el panista Luis  Nava  se reunieron para abordar el tema de la prevención del delito y el cuidado de la integridad y el patrimonio de los habitantes, así como el tema de la asignación de presupuestos, como primeras acciones de la asociación.Los trabajos esta vez comprendieron los temas: dignificación y profesionalismo policial a cargo de Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua ; así como fortalecimiento institucional por parte de Enrique Galindo y Luis Donaldo Colosio, alcaldes de San Luis Potosí y Monterrey, respectivamente. Tuvieron la intervención de Kristian Hölge, Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y la de Juan Luis Ferrusca con Buenas Prácticas Querétaro. La reunión concluyó ayer con una visita al gobernador del estado, Mauricio Kuri González y una declaración conjunta de los alcaldes asistentes.

“Parte de la ingeniería político electoral de la Cuarta Transformación”

César Antonio Aguirre Noyola

SÉPTIMA PARTE

Con la finalidad de hilvanar la parte final de la entrega inmediata anterior con la que ahora se presenta, decía quien esto escribe que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al determinar que el flamante ejercicio de Revocación de Mandato fuera estrenado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, lo hacía transgrediendo varias normas y principios constitucionales. Y ponía de relieve inobservancia del principio de certeza albergado por el artículo 105, fracción II, inciso i), párrafo tercero de la Ley Fundamental mexicana “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”. Esto quiere decir que las reglas, las normas y las disposiciones que se aplicarán en un ejercicio democrático (llámese proceso electoral o revocación de mandato) deben publicarse a más tardar 90 días antes de comience el proceso electivo o revocatorio respectivo.

EL proceso electoral federal 2017-2018, cuya jornada comicial fue el primer domingo de julio de 2018, estableció como regla que la persona que fuera electa como presidente de la república en ese año, duraría en el encargo 5 años y diez meses (en virtud de que hubo un ajuste temporal); el artículo décimo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, lo dejó claramente plasmado en el tenor siguiente: “Las reformas a los artículos 65; 74, fracción IV y 83 de esta Constitución entrarán en vigor el 1o. de diciembre de 2018, por lo que el período presidencial comprendido entre los años 2018 y 2024 iniciará el 1o. de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2024”.

VIOLACIÓN AL VOTO POPULAR. El artículo 41 párrafo tercero de la Constitución federal asienta que “La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases…”. El día uno de julio de 2018 las personas salimos a votar por un candidato que se desempeñaría en la Presidencia de la República durante 5 años y diez meses (del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024) como ya lo abordé en el párrafo inmediato anterior: esa era la regla, y no existía la figura de Revocación de Mandato en el texto constitucional. Cuando afirmo que la implementación de esta dinámica de participación ciudadana en la figura del inquilino de Palacio Nacional violó el voto popular, es porque en aquel 2018 se sufragó sobre la idea de que una persona ocuparía un cargo por un tiempo determinado, y el intentar interrumpirlo representa una falta de respeto a la voluntad colectiva, a la decisión del electorado, al voto popular expresado en las urnas, el cual debe privilegiarse por encima de cualquier otra categoría.

VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DE PERSONA ALGUNA. El cardinal 14 de la Ley Fundamental del país, específicamente en su párrafo primero, plasma que “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Este principio constitucional está vigente y se explica de la siguiente forma: si AMLO fue electo por 5 años y diez meses el día domingo 1 de julio de 2018, su período debe concluir el 30 de septiembre de 2024, y ninguna modificación a la Constitución o publicación de alguna ley, puede pretender truncar ese período para el que fue designado, máxime que esta nueva disposición le afecta en los derechos adquiridos y en la expresión de la voluntad popular.

VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 83 CONSTITUCIONAL. El arábigo 83, primer párrafo, en la parte que interesa, refiere que “El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años”. Lógicamente esta porción normativa se encuentra estrechamente relacionada con el artículo décimo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, mismo que expresa: “Las reformas a los artículos 65; 74, fracción IV y 83 de esta Constitución entrarán en vigor el 1o. de diciembre de 2018, por lo que el período presidencial comprendido entre los años 2018 y 2024 iniciará el 1o. de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2024”. Esto es, el licenciado Andrés Manuel López Obrador fue electo para que diera cobertura a un sexenio de Gobierno (con la acotación de que a él le corresponden, por ajuste legal, un lapso de 5 años y diez meses).

Sabia virtud de conocer el tiempo.

César Antonio Aguirre Noyola

Investigador en materias política y electoral.

Joel Solís Vargas

A estas alturas del partido, por si alguien aún lo dudaba, es tan claro como el agua que la mente simple del presidente López Obrador es sólo una apariencia, pues detrás de esa simpleza hay una mente compleja y sinuosa, aficionada a los juegos de varias bandas, como en el billar, como montar una distracción por un lado, para golpear bajo por otro.

Ello, por supuesto, sin dejar de señalar que tiene un ego del tamaño del mundo, en cuya satisfacción es capaz de gastarse el presupuesto de la nación, como quedó demostrado con el ejercicio inútil de revocación de mandato y como lo muestran cada día el nuevo aeropuerto (que no acaba de empezar a operar), el tren maya (que sigue adelante a pesar de todas las advertencias de destrucción de la naturaleza), como Pemex (que después de recibir, durante tres años del gobierno lopezobradorista, carretadas de millones de pesos no es capaz, ni siquiera por las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania, vender petróleo al extranjero) o como la refinería de Dos Bocas, que hasta el mismo Presidente acaba de admitir que costará mucho más de lo que prometió.

En el que es quizá el ejemplo más reciente de su afición por la jugada de varias bandas, López Obrador empujó hasta el final su propuesta de contrarreforma constitucional relacionada con la CFE. Desde un principio él sabía que no pasaría, porque no lograría los 50 y tantos votos adicionales que necesitaba para hacer la reforma constitucional, porque no tenía a su disposición tal número de embajadas para ofrecerlas a los diputados o a sus familiares.

¿Para qué siguió adelante en ese afán si sabía que no lo lograría? ¿Para meter luego una iniciativa de reforma a la Ley Minera (para lo cual no necesita los 50 y tantos votos adicionales) para nacionalizar el litio? ¿O para tener pretexto para atacar a los diputados de la oposición de ser traidores a la patria y excitar a sus huestes, como si de las falanges musolinistas se tratara, para acosarlos y amedrentarlos?

Es obvio que lo del litio es asunto menor, otra cortina de humo, pues ya la Constitución de 1917 establece que los recursos del subsuelo son propiedad de la nación y corresponde al Estado decidir sobre ellos. Lo que hace la reforma lopezobradorista a la Ley Minera es especificar que, en el caso del litio, toda la industria relacionada será operada directamente por el gobierno. Si eso dará resultado sin generar pérdidas a México, es un asunto que deberá dilucidarse en otros ámbitos, no en este escrito.

Así que parece que la tirada del presidente era poner a sus opositores en la picota: acusarlos de traición (una acusación nada ligera), exhibirlos ante el mundo y señalarlos para que sus seguidores, los más bravos y radicales, los acosen, los persigan y eventualmente los ataquen. El Presidente no ignora que esto puede ocurrir. Y cuando ocurra quizá lo lamentará en público o quizá dirá que “ellos se lo buscaron por traicionar al pueblo”.

Pero esta ruta elegida por López Obrador es sumamente peligrosa: atizar el odio contra los que votaron diferente y lanzar a sus huestes contra ellos, cual falanges de Musolini, puede desembocar en tragedias.

Pero no debió hacerlo. No sólo porque en una democracia es válido disentir y expresar en público el desacuerdo, sino porque la Constitución, esa que él juró defender, protege a los legisladores de acosos de este tipo.

El artículo 61 de la Carta Magna estipula que “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar”.

Sus seguidores (legisladores incluidos) cubrieron de insultos, imprecaciones y señalamientos a los diputados de la oposición.

Es curioso, pero parece que ahora quienes piden a gritos Vitacilina (pomada que han hecho famosa los simpatizantes del Presidente, de tanto recomendar su aplicación) son el partido en el poder, sus legisladores y sus simpatizantes.

El efecto de este ataque puede ser el mismo que cuando ataca a la prensa (y vaya que lo hace con ferocidad): cualquier hijo de vecino se sentirá con suficiente autoridad y autorización para atentar contra periodistas.

En Rusia, a quienes se oponen a la invasión a Ucrania (una decisión del presidente Putin) les llaman “enemigos del Estado”; en México les llaman “traidores a la patria”.

El fuero constitucional, en términos estrictos, consiste en la protección que tienen los legisladores por las opiniones y votaciones que emiten durante el desempeño de su encargo. Nuestra Constitución, sin embargo, sólo obliga a que diputados y senadores no sean reconvenidos por las opiniones que emiten.

Una breve reflexión sobre el espíritu del artículo 61 lleva por fuerza a la conclusión de que el bien jurídico protegido es el principio de representación, la función del legislador como representante popular, y no su mera libertad de expresión.

La Constitución protege sus opiniones y su voto porque, en teoría, son las opiniones y el voto del sector de la población que el legislador representa.

Si alguna reforma urge a la Constitución en este momento de crispación es la que debe hacerse precisamente al artículo 61, para ampliar su protección al legislador no sólo de reconvenciones por sus opiniones (todo fuera como eso), sino también de acusaciones, investigaciones, enjuiciamientos y campañas de linchamiento como la que el mundo está viendo ahora.

Y no sólo por sus opiniones; también por el sentido de sus votos.

César Antonio Aguirre Noyola

“Parte de la ingeniería político electoral de la Cuarta Transformación”

SEXTA PARTE

Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas el día 20 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, entre otras, al artículo 35 (se le inserta una fracción IX); 36 fracción III (se adiciona porción normativa); 41 fracción IV (se le agrega porción normativa); Artículo 41, base V, apartado B, inciso c), párrafos primero y segundo (se le anexa porción normativa); 41, base V, apartado C, párrafo primero (se le adiciona porción normativa);  81 (se actualiza); 84 párrafo séptimo (se actualiza); 99, párrafo cuarto, fracción III (se le hace un apéndice); 116, párrafo segundo, fracción I(se actualiza); y122, apartado A, fracción III (se actualiza), con las que se introduce al sistema normativo nacional la figura de Revocación de Mandato aplicable a la persona que ostente la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, a los gobernadores y gobernadoras de las entidades federativas, así como al jefe o a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por supuesto que se trata de una acción plausible a la que le damos la bienvenida con vítores y tambora.

Casi al cumplirse dos años de aquel acontecimiento que modificaba algunos arábigos de la Ley Fundamental mexicana, se da cumplimiento a lo ordenado en el numeral 8º, fracción IX, del artículo 35 de la propia Constitución federal (“El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria”), en ese sentido, el 14 de septiembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Revocación de Mandato, entrando en vigor el día 15 de septiembre del mismo año, ello por mandato del primer artículo transitorio del decreto respectivo. Este segundo suceso relacionado con la institución de Revocación de Mandato desde luego que fue acogido con gran algarabía por la gran mayoría del pueblo mexicano.

Con esos dos actos (el del 20 de diciembre de 2019 y el del 14 de septiembre de 2021) se ponía fin al manejo político de la interrupción del encargo de un representante popular, y se le otorgaba un tratamiento jurídico-democrático. Hasta esos momentos todo estaba bien.

Los días pasaron y poco a poco se dejaba al descubierto la intención de aprobar la ley reglamentaria antes de que el presidente de la república cumpliera la mitad de su periodo sexenal: entonces vino la solicitud por dirigentes del MORENA y por el propio Andrés Manuel López Obrador para que se llevara un ejercicio de esta clase donde su propia investidura iba ser objeto de escrutinio ciudadano.

Después de varias controversias jurídicas la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que sí era procedente la consulta ciudadana donde se le preguntara a las personas inscritas en la lista nominal de electores respecto con la interrupción del mandato del Ejecutivo Federal. A todas luces lo ministros y las ministras del Máximo Tribunal del País que avalaron esta aberración se evidenciaron como arrastrados, serviles, blandengues, pusilánimes y timoratos, haciendo añicos con su decisión la independencia e imparcialidad con que deben analizar y determinar los conflictos legales donde está involucrada la Carta Magna nacional que por cierto ellos juraron respetar y defender.

Los encargados de velar por la integridad de la Constitución, fueron los primeros en irrumpir varias de sus normas y principios.

PRINCIPIO DE CERTEZA. El tercer párrafo del inciso i) que se forma parte de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo que se transcribe: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”. Esto quiere decir que las reglas, las normas y las disposiciones que se aplicarán en un ejercicio democrático (llámese proceso electoral o revocación de mandato) deben publicarse a más tardar 90 días antes de comience el proceso electivo o revocatorio respectivo.

EL proceso electoral federal 2017-2018, cuya jornada comicial fue el primer domingo de julio de 2018, estableció como regla que la persona que fuera electa como presidente de la república en ese año, duraría en el encargo 5 años y diez meses (en virtud de que hubo un ajuste temporal); el artículo décimo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, lo dejó claramente plasmado en el tenor siguiente: “Las reformas a los artículos 65; 74, fracción IV y 83 de esta Constitución entrarán en vigor el 1o. de diciembre de 2018, por lo que el período presidencial comprendido entre los años 2018 y 2024 iniciará el 1o. de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2024”.

Sabia virtud de conocer el tiempo.

César Antonio Aguirre Noyola

Investigador en materias política y electoral.

César Antonio Aguirre Noyola

“Parte de la ingeniería político electoral de la Cuarta Transformación”

QUINTA PARTE

El fallo que recayó sobre la acción de inconstitucionalidad 151/2021, promovida respecto con varias porciones normativas de la Le Federal de Revocación de Mandato sólo alcanzó invalidar los artículos 19, fracción V, en la porción normativa “o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”; 32, último párrafo; 36, fracción IV, incisos a) y b); 41, último párrafo; 59 y 61.

A continuación fragmentos normativos invalidados:

Artículo 19 fracción V. La convocatoria para el proceso de revocación de mandato deberá contener, al menos, lo siguiente: V. …o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

Esta parte en futuros ejercicios de este tipo debe eliminarse, pues su inclusión en la interrogante que se inscribe en la boleta genera confusión, ambigüedad, convirtiéndose en un galimatías. Lo anterior, en razón de que el sentido original, la naturaleza de la institución, debe encaminarse a plantear la cuestión de la interrupción del cargo por pérdida de la confianza, y la respuesta tendría que ser con un monosílabo “sí” si se desea revocar o “no” si se desea la continuación del representante popular.

Artículo 32. “Los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato y se abstendrán de aplicar los recursos derivados del financiamiento público y del financiamiento privado para la realización de sus actividades ordinarias permanentes o sus actividades tendientes a la obtención del voto con el propósito de influir en las preferencias de las ciudadanas y los ciudadanos”.

En cuanto a este rubro, también es un acierto soslayar la intervención de los partidos políticos, pues ello contaminaría esta modalidad de participación ciudadana, que única y exclusivamente pertenece a las ciudadanas y a los ciudadanos.

Artículo 36. Para la emisión del voto en los procesos de revocación de mandato, el Instituto diseñará la papeleta conforme al modelo y contenido que apruebe el Consejo General, debiendo contener los siguientes datos: IV. Cuadros colocados simétricamente y en tamaño apropiado para facilitar su identificación por la ciudadanía al momento de emitir su voto en los siguientes términos:

a)        Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza.

b)        Que siga en la Presidencia de la República;

Esta invalidez tiene congruencia con la fracción V del artículo 19 que se suprimió con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (se busca ser lo más claro, sencillo y preciso con la pregunta, conservando la naturaleza de la figura).

Artículo 41. Los partidos políticos con registro nacional tendrán derecho a nombrar un representante ante cada mesa directiva de casilla, así como un representante general, bajo los términos, procedimientos y funciones dispuestos por la Ley General.

En virtud de que los partidos políticos tienen prohibido participar en esta dinámica democrática, lo lógico es pensar que tampoco deben acreditar representantes ante las mesas directivas de casilla, y generales, pues no se trata de un proceso electoral a través del cual se designan funcionarios.

Artículo 56. Concluido el cómputo distrital se remitirán los resultados a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, a fin de que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, con base en las copias certificadas de las actas de cómputo distrital del proceso de revocación de mandato, proceda informar al Consejo General en sesión pública el resultado de la sumatoria de los resultados consignados en dichas actas.

Artículo 61. Corresponde al Instituto vigilar y, en su caso, sancionar las infracciones a la presente Ley en los términos de la Ley General. Las decisiones podrán ser impugnadas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Corresponde a las autoridades competentes conocer y sancionar cualquier otra conducta que infrinja la presente Ley, en términos de las disposiciones aplicables”.

Estos fragmentos normativos resultan redundantes e innecesarios, pues para prever este sistema de medios de impugnación y sanciones se modificaron otros artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la fracción VI del artículo 41 (Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución), así como en la fracción III del artículo 99 (Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales, así como en materia de revocación de mandato).

Sabia virtud de conocer el tiempo.

César Antonio Aguirre Noyola

Investigador en materias política y electoral.

Lilia Arellano

“La  indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida”: Octavio Paz

• Inseguridad al límite
• Imperan crímenes y desapariciones forzadas
• RMA critica campaña contra “desobedientes”

Ciudad de México, 20 de abril de 2022.- Tras la farsa de la Revocación de Mandato y la confrontación impulsada desde Palacio Nacional en la discusión de la contra reforma eléctrica, dos derrotas al egocentrismo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se observan sin cambios las crisis multifactoriales de inseguridad en México; la economía sin avances reales con una trayectoria inercial y con recortes de previsión de crecimiento de organismos internacionales y nacionales; y la de salud, con graves y costosos errores en la cancelación de instancias funcionales y su sustitución por elefantes blancos agudizándose la escasez de medicamentos y tratamientos para enfermedades tan graves como el cáncer, la diabetes o la hipertensión, sin lograr hasta el momento encuentren en la administración actual la cuadratura del círculo.

La gestión de López Obrador sigue acumulando saldos fúnebres: más de 17 mil homicidios dolosos a la fecha; más de 98 mil desaparecidos; al menos 52 mil cuerpos sin identificar. La militarización del país, la cual se había comprometido a frenar y regresar a los uniformados a los cuarteles, se impulsa desde las oficinas del titular del Ejecutivo Federal; no hay una política sería en materia de justicia y paz; impera la protección a corruptos dentro de su gabinete y su familia; la impunidad aplica cínicamente para sus cercanos, no obstante las denuncias e investigaciones en el ámbito judicial; la ley es sometida a su autoridad o malversada para justificar persecuciones, venganzas y actos arbitrarios; la exaltación del odio y el desprecio a todo lo que se le opone caracterizan el gobierno de la 4T.

Luego de tres lustros de violencia, inseguridad, homicidios, desapariciones forzadas, masacres y deterioro del sistema de procuración de justicia, el miedo toma carta de naturalización entre la población mexicana. “Aquí nos toco vivir”, como diría Cristina Pacheco, y no hay de otra.]” Te aclimatas o te aclichingas”, como decían nuestros mayores, sin opciones intermedias, al menos por el momento. En lo que va del sexenio de López Obrador, entre el 1 de diciembre de 2018 y 14 de abril de 2022, México ha acumulado 117 mil 587 homicidios dolosos, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con los cuales se demuestra la grave crisis de violencia existente en el país.

A lo largo de 40 meses de la gestión del tabasqueño, los homicidios han mantenido una alarmante tendencia a la alza. En este periodo, el mes más violento ha sido octubre de 2020, con el registro de 3 mil 328 asesinatos. Según Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC “En marzo, los homicidios aumentaron respecto a los cuatro meses anteriores. Sin embargo, es el mes de marzo más bajo de los últimos cinco años, seis estados concentran el 50% de la incidencia de homicidio doloso en el país: en el primer trimestre del año, Guanajuato suma 766; Michoacán, 756; Estado de México, 629; Baja California, 593; Jalisco, 468; Sonora, 449. En conjunto, el Estado de México, Sonora, Guanajuato, Baja California y Michoacán, registraron un incremento de 262 homicidios entre febrero y marzo

Si se le compara con los gobiernos anteriores, la administración de López Obrador  se ha consolidado como la mayor en récord de homicidios dolosos, pues ningún otro sexenio en la historia del país acumula 117 mil 587 asesinatos, y contando. Dicha cifra representa un aumento del 65 por ciento en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto, el cual acumuló 72 mil 669 homicidios dolosos, significando un incremento de 48% respecto al periodo de Felipe Calderón, cuando se registraron 51 mil 169 asesinatos en México. Agravada por el cambio de estrategia contra la violencia de AMLO, caracterizada por la polémica máxima de “abrazos, no balazos”, la crisis de inseguridad persiste con enfrentamientos y ejecuciones entre miembros del crimen organizado contra las fuerzas armadas, así como entre grupos criminales rivales, contándose además con las ahora llamadas sin ningún rubor “bajas involuntarias”, término aplicado a quienes no debieron estar en el lugar en donde fueron asesinados.

Como es de esperarse en cada ocasión en la cual se rinde un informe al cual el primer mandatario considera un “ataque” a su proyecto, hay otros datos para cada renglón y, lejos de solidarizarse con las familias de los miles y miles de víctimas se expresan argumentos políticos, se abre fuego contra un pasado que, simplemente, ya pasó pero cuyas irresponsabilidades, incapacidades, y corrupción siguen vigentes y actuantes en la 4T.

98 MIL DESAPARICIONES EN MÉXICO

México está cerca de llegar a las 100 mil desapariciones, pues actualmente suma alrededor de 98 mil casos de personas desaparecidas, de las cuales, aproximadamente 3 mil se dieron durante 2022, alertó el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. Este organismo presentó el informe de la visita realizada a nuestro país entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021, con un recorrido por 13 estados del país y encabezando reuniones con 88 autoridades de los tres niveles de gobierno, así como con colectivos de víctimas, además de participar en algunas jornadas de búsqueda de personas. La crisis de desapariciones en México se intensificó en los últimos 15 años, pues el 98 por ciento de las desapariciones registradas actualmente se dieron entre 2006 y 2021, destacó Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité contra las Desapariciones de la ONU.

Ante esta situación, el CED hizo un llamado al Estado mexicano para implementar de manera urgente una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las desapariciones, misma obligadamente orientada a la prevención y no repetición de estas atrocidades. La mayoría de las víctimas de desapariciones son hombres jóvenes; sin embargo, se ha observado un incremento en las desapariciones de menores de edad y mujeres. También destacaron es el crimen organizado el principal participe y perpetrador de los delitos de desaparición forzada, siendo la mayoría cometidas  por las propias autoridades de todos los niveles: federal, estatal y municipal. Algunas de las causas de las desapariciones detectadas por el Comité de la ONU son: robo o sustracción de niñas y niños; ocultamiento de agresiones sexuales o feminicidios; reclutamiento de grupos del crimen organizado; represalias de criminales; y trata o explotación sexual. Faltó el renglón: venta de órganos.

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana para el primer trimestre del año. El sondeo destaca: “En marzo de 2022, 66.2 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Este porcentaje nacional no representa un cambio estadísticamente significativo con relación a los porcentajes registrados en marzo y diciembre de 2021, que fueron de 66.4 y 65.8 por ciento, respectivamente… En marzo de 2022, 71.1% de las mujeres y 60.4% de los hombres tuvieron una percepción de inseguridad. De acuerdo con esa encuesta, casi siete de cada diez adultos en México viven inseguros, cuando van a un cajero, cuando usan el transporte público y cuando caminan por las calles usadas cotidianamente.

 DE LOS PASILLOS

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, criticó la campaña contra diputados que no apoyaron la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador; hizo un llamado a sus compañeros de partido a actuar con serenidad y prudencia; y lamentó “no me dejan espacio para lograr acuerdos” en la Cámara Alta para construir las mayorías calificadas que se requieren. El también presidente de la Junta de Coordinación Política advirtió no es conveniente profundizar el odio ni el encono. El legislador zacatecano recordó que las minorías existen y la oposición es real, y además, aunque se enojen en Morena, “necesitamos el Bloque de Contención para aprobar las reformas constitucionales (…) y para enfrentar los grandes desafíos que México está presentando en este momento”