Editorial

Silvano y sus promesas incumplidas

En junio del 2015 Silvano Aureoles celebró su triunfo electoral en Michoacán a pesar de las acusaciones de que había gastado ocho veces más del tope de 47 millones de pesos establecido por la ley. Entrevistado por Proceso aseguró en esa ocasión que eso era falso y que procuraría un gobierno transparente, luchar de manera frontal contra el crimen organizado, que solventaría una deuda estimada en 32 mil millones de pesos y entregaría un estado en paz, con tranquilidad y estabilidad.

Cuatro años después, esas promesas están muy lejos de ser una realidad, del octavo lugar con el que arrancó su gobierno ahora es el quinto estado con el mayor número de homicidios a nivel nacional, los carteles de la droga siguen controlando una buena parte del territorio, las autodefensas se mantienen en la costa y, más aún, el perredista ha sumido a la entidad en una crisis de gobernabilidad que se refleja en el reciente conflicto magisterial que desdeño pues prefirió viajar a España para vender el turismo michoacano mientras los maestros tomaban las vías ferroviarias causando un grave daño económico que ya no se va a poder reparar.

Silvano Aureoles llegó al gobierno de Michoacán con una estela de denuncias desde que fue presidente municipal de Zitácuaro (2002-2003), las cuales lo acusaban de haberse aprovechado del puesto para hacer negocios en la compra de terrenos, edificios y el desvío de 60 millones de pesos para la construcción del teatro municipal y que fueron usados para su campaña.

Las acusaciones rechazadas por el propio Aureoles en esa ocasión (Proceso 2016) quedaron plasmadas y con el tiempo forman parte de su biografía política que ahora vuelve a emerger con las sospechas de desvío de los recursos federales destinados a responder a las demandas de los maestros que decidieron realizar una serie de manifestaciones y bloqueos desde el pasado 14 de enero.

En cada una de las crisis que ha tenido en estos cuatro años de gobierno Aureoles ha resbalado su responsabilidad. En el caso de la inseguridad a sostenido que le corresponde al gobierno federal combatir el crimen organizado, sin tomar en cuenta que muchos de los delitos cometidos son del orden estatal; mientras que de la crisis generada por las protestas magisteriales sostiene que la tiene que resolver el gobierno de López Obrador, a quien le pidió usar la fuerza para desalojar a los maestros acampados en las vías férreas.

Silvano Aureoles ha destacado más por los escándalos o por decisiones contradictorias que por un buen gobierno. Habría que recordar que en aquella visita del Papa Francisco a Michoacán, trajo en helicóptero como invitada especial a la cantante Belinda y en la pasada campaña presidencial dio su respaldo y su voto al candidato del PRI, José Antonio Meade, en lugar de apoyar al panista Ricardo Anaya quien tenía el apoyo del perredismo.

En algún momento de la pasada elección Silvano Aureoles quiso ser candidato presidencial pero no recibió el apoyo de su partido que optó por el panista Anaya. Hoy su carrera política fenece dejando tras de sí una cauda de pasajes oscuros que habrán de salir una vez que su gobierno ya se acerca a su final.

Por cierto…Silvano Aureoles celebró que el exgobernador Jesús Reyna saldrá de la cárcel donde ha estado bajo los cargos de vínculos con los Caballeros Templarios, organización criminal de la que formó parte Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador Fausto Vallejo, hoy preso por colaborar con dicho cartel.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El PRI a nivel nacional acaba de darle un vuelco a su estrategia de renovación. Mejor dicho, acaba de cancelarla y lo que están promoviendo es la “unidad”, pase lo que pase.

Lo que comenzó como algo justo y necesario, y algo que las bases estaban demandando, ya no es posible. Arriesgarse a una purga en el marco del blanqueo de dinero por robo de combustible desde las entrañas mismas de Pemex, los dejaría tan diezmados, que difícilmente podrían llenar la membresía.

Sin embargo, seguimos pensando que la única opción que le queda al PRI es deslindarse de los ladrones y saqueadores. De los corruptos. De la mafia del poder, como la llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su campaña, y que finalmente resultó que era verdad, que esa mafia existía, y que no sólo se amafiaron políticos y empresarios para dividirse el poder en el país, sino para, literalmente, saquearlo, para apoderarse de los recursos nacionales y servir de monigotes a intereses extranjeros.

Para el pueblo, nada, sólo el hambre, la miseria, la muerte y la migración.

Es tan terrible todo esto, que una calificadora internacional que se encarga de catalogar la competitividad de las empresas, redujo al mínimo la posibilidad de Pemex de hacer negocios, justo ahora en que el presidente de la República está limpiando la casa. Por eso AMLO los llamó “hipócritas”, pues a sabiendas de que la reforma energética fue un vil fraude –ninguno de los contratos de inversión solicitados por empresarios extranjeros se ha concretado en el país, y por eso tanta hambre y falta de oportunidades-, y pese a que estaban enterados del vil saqueo de hidrocarburos en México, aun así los organismos internacionales toleraron esas prácticas y mantuvieron a Pemex como empresa solvente para hacer negocios dentro y fuera del país, cuando realmente estaba siendo desmantelada.

En este contexto, el PRI se ha ido plegando a los nuevos tiempos e incluso en el asunto de la Guardia Nacional se tornó aliado de Morena, el partido lópezobradorista.

Pero, por otro lado, el PRI está pasmado ante la exposición de abusos y corrupción. Les descubrieron el pastel y no saben qué hacer. Este problema también lo tiene el PAN. Simplemente jamás podrán justificar el tamaño de la corrupción que fueron capaces de crear y de tolerar, mientras el pueblo se empobrecía, al grado de que si al final del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1994, México sumaba 20 millones de pobres, para 2018, al término del gobierno de Enrique Peña Nieto, esa cifra había crecido 3 veces, hasta 60 millones de personas empobrecidas al máximo, con millones de jóvenes sin opciones de empleo, y con un sector empresarial también empequeñecido por el bajo consumo y la multiplicación de impuestos, así como el encarecimiento de insumos como gasolina, luz, teléfono y gas.

Pero si pensábamos que lo que sucedió en los estados, donde los gobernadores se cebaron sobre el dinero público, era lo más grave, pues nos equivocamos; había algo más, y esto se daba en el seno mismo del gobierno de la República. Por eso nunca se actuó realmente en contra de la corrupción de gobernadores, pese a escándalos tan graves como el de Javier Duarte, gobernador de Veracruz, que llegó al grado de inyectar agua a niños con cáncer, para robarse el recurso destinado a ese programa de Salud. Es decir, que  la corrupción llegó a tal nivel, que el gobierno federal y los gobiernos estatales incurrieron en casos graves de violaciones a los derechos humanos, que son también crímenes de lesa humanidad, pues dejar morir a niños enfermos de cáncer no puede catalogarse de otra manera.

Pero en el marco del huachicolazo, el partido ha sido incapaz de expulsar a los sátrapas, como el jefe del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, que se dio el lujo de ampararse en cuanto comenzaron las investigaciones. Sin embargo, nada de lo que sucede en Pemex hubiera sido posible sin el visto bueno de Romero Deschamps, el hombre fuerte de por lo menos 5 sexenios, y quien el PRI siempre aseguró una poltrona sea en el Senado, sea en la Cámara de Diputados.

Ayer, por fin, el ex gobernador René Juárez Cisneros, llamó desde la Cámara de Diputados a la unidad del país, y a evitar que la nación se divida entre buenos y malos. Refrendó que PRI está a favor de la lucha que está dando el presidente de la República contra el robo de combustible. “Nos parece que es una determinación correcta, atacar un mal que nos ha dañado y nos afecta como nación. No importa que no coincidamos en la forma o en el cómo, me parece que la decisión es correcta”, agregó el efímero presidente nacional del PRI. Pero la de René Juárez es una voz aislada. No representa en realidad la postura de su partido. Al contrario, el PRI le está apostando a la amnesia social, y a que el gobierno federal asuma solo las consecuencias de esta guerra que puede resultar fatal, pues el presidente López Obrador no está exento de un atentado, dada la magnitud de los intereses económicos y políticos que está tocando. El PRI puede cambiar su historia ante los electores del país, llevando su discurso a la práctica. La purga es urgente.

Editorial

Leer noticias y no morir en el intento

Es evidente que la información juega un papel central en nuestra vida personal y comunitaria. Tener información en cantidad y calidad suficiente es indispensable para tomar buenas decisiones. Nos ayuda a formar nuestra opinión acerca de cómo los eventos se correlacionan, permitiéndonos hacer hipótesis que explican el mundo; nos auxilia a unir medios con fines, escogiendo el camino que pensamos mejor; nos posibilita evitar el peligro, o ir en ayuda de los(as) que se encuentran en él. La información da contenido a los criterios que guían nuestras decisiones -las conductas y valores que consideramos modelos y que forman nuestras identidades y racionalidades-. Tener buena información es indispensable para la supervivencia de las personas y de las sociedades; así como para el mantenimiento de la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas. Gracias a ella vivimos más y en un entorno más justo.

Sin embargo, la mera disponibilidad de datos, y las tendencias que se generan como resultado de su consumo, no resuelve el problema de cómo interpretarlos. El hecho que millones de personas en el mundo sepan, más o menos en tiempo real, qué sucede en torno a determinados eventos señala que éstos son importantes. No obstante, saber lo que todos(as) saben no siempre es equivalente a identificar los problemas centrales, que es lo que -a la larga- permite encontrar soluciones. Para entender la información es indispensable poder relacionarla con otros datos, lo que a su vez requiere la capacidad de ponderar: distinguir lo importante de lo que no lo es. “¿Qué implicaciones tiene esto, en el mediano y largo plazo?”, “¿Qué significa esto?” son preguntas que es necesario responder para tener guías de interpretación.

En el fondo, para leer las noticias es necesario tener una hipótesis sobre el misterio del mal, que vaya más allá de establecer una estrategia para no convertirse en sus víctimas. Particularmente en estos últimos días, nos hemos confrontado a tragedias terribles y dramáticas, que lanzan al abismo a las personas y a las comunidades. A pesar de esto, la realidad misma, la dignidad humana y los ejemplos luminosos de personas que, aún en medio de la tragedia, muestran esperanza y valentía al confiar en los demás, nos sugieren que hay otras posibilidades. Existen otros criterios, otros modelos, para ponderar la información, para distinguir lo relevante de lo que no lo es.

Cada vez que leemos noticias nos enfrentamos a una oportunidad de reflexión y a una elección. ¿Qué criterio usaré para interpretar la información? ¿Qué opinión me merecen los acontecimientos? ¿Existen aproximaciones que me dan una visión unificada de la realidad? Esta visión ¿me posibilita colaborar con los(as) demás para encontrar soluciones, o solamente me encierra en mi mismo(a)? Una ciudadanía activa y responsable se construye desde estas actitudes básicas. Para leer noticias y no morir en el intento debemos acostumbrarnos a pensar y ponderar, rumiar y cavilar sobre lo que hemos leído; después de leer, el silencio. Los significados no aparecerán de manera evidente ni a la primera, pero es esencial que realicemos estos ejercicios. En estos tiempos, nuestra democracia requiere ciudadanos razonables y ecuánimes, adultos, que vivan hasta las últimas consecuencias las implicaciones de su capacidad de elección.

¿Y después de Tlahuelilpan…?

Pablo Raphael

Una semana antes de la desgracia, un grupo de soldados que custodiaba los ductos de Pemex en la zona de Tlahuelilpan, Hidalgo, fue agredido por huachicoleros. Tres elementos del Ejército fueron retenidos contra su voluntad y 72 horas después los criminales liberaron al último. 

Desde 2014 hay reportes de seguridad que refieren a la banda criminal que administraba las tomas clandestinas en esa región. La comunidad sabe que su base no está en Tlahuelilpan, sino en la población vecina de Teltipán de Juárez. 

Entre los líderes huachicoleros destacaba Julio César Zúñiga Cruz, apodado por sus compañeros como La Parka. Se trata del mismo sujeto que, 24 horas después del incendio, fue baleado en la carretera Mixquiahuala-Tlahuelilpan y murió antes de llegar al hospital. 

Sería ingenuo suponer que no hay vínculo­ entre los tres eventos: el secuestro de soldados, el incendio de la toma clandestina y el asesinato de Zúñiga Cruz. Sin embargo, no existe todavía información suficiente para ligar, en una narrativa comprensible, los elementos que explicarían la tragedia responsable de segar una centena de vidas humanas. 

Rubén Salazar, consultor en seguridad para asuntos energéticos de Etellekt, señala que el robo de combustible en los ductos de Pemex no es un hecho nuevo: hay registro de tomas clandestinas desde que se instaló el ducto que se extiende de Tuxpan a la refinería de Tula. 

Sin embargo, es a partir del año 2004 cuando el robo hormiga se transformó en un negocio ligado a los grandes cárteles del crimen organizado. En Hidalgo, concretamente, fueron Los Zetas –encabezados en ese momento por Heriberto Lazcano Lazcano, alias El Lazca–, quienes escalaron en volumen y sofisticación este negocio criminal. 

Los Zetas contrataron a pequeños grupos locales para que robaran el combustible y luego se hicieron cargo de comercializarlo a granel. 

Subraya Rubén Salazar que, hacia 2009, el gobierno de Felipe Calderón compartió con las autoridades de 400 municipios los planos de los ductos de Pemex por donde fluye el combustible. El propósito, se dijo, fue sumar a ese ámbito de gobierno en el combate contra los huachicoleros. 

¿Inocencia o perversidad? Después de esa decisión, los planos de esos ductos cayeron en las manos equivocadas. Las empresas criminales dedicadas al robo y comercialización de hidrocarburos compraron predios y construcciones adyacentes a los tubos para potenciar, con mayor comodidad, el hurto. 

Gonzalo Monroy, experto de la consultora GMEC, advierte que, al principio, el combustible robado se revendía entre transportistas que requerían volúmenes grandes de diésel o gasolina, pero a partir de 2014 la población civil también decidió adquirir el combustible ilegal, debido a la diferencia de precios. 

“¡Vamos por la gasolina de a diez!”, cuenta el reportero Alejandro Torres Castañeda, de Noticiario Retrovisor, que convocaba la gente de la región. El ahorro de ocho o nueve pesos por litro de gasolina no es argumento menor, sobre todo en épocas de dificultad económica. 

El negocio de combustible robado se volvió aún más jugoso y masivo en los últimos cuatro años. El gobierno de la República asegura que, sólo en 2018, fueron extraídos ilegalmente más de 60 mil millones de pesos en combustible, lo cual implicaría que, durante la última década, Pemex sufrió pérdidas aproximadas por 250 mil millones de pesos relacionadas con esta forma corrupta de extracción. 

Mientras esto ocurría, germinaron las pequeñas organizaciones responsables del robo hormiga a lo largo de la geografía por donde corren los ductos de la paraestatal. Lo mismo en Nopalucan de la Granja que en Palmarito, Puebla, en Acambay, Estado de México, o en Mixquiahuala, o Teltipán de Juárez, en Hidalgo. 

Las bandas recolectoras del huachicol no son las responsables de vender el producto al mayoreo, porque esa es tarea de los cárteles grandes. Se añade, en este contexto, la pugna por el territorio de la criminalidad que han emprendido esas empresas de talla mayúscula.

La región donde se encuentran las poblaciones de Tlahuelilpan, Mixquiahuiala, Teltipán y Tula sufre hoy en día la disputa violenta entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los antiguos Zetas. 

Hasta el fin de semana de la tragedia, el grupo criminal que controlaba el tramo preciso del ducto que hizo explosión estaba bajo las órdenes de una banda cuyo centro de operaciones está en Teltipán de Juárez. Y, en efecto, Julio César Zúñiga Cruz, alias La Parka, era una de las cabezas de esa organización local. 

Fuentes reporteriles de Tula informan que dicho sujeto habría participado en el secuestro de los soldados ocurrido la semana previa al accidente, hecho que lo colocó bajo la mira de autoridades y enemigos, incluso antes de que sucediera la tragedia. 

Pero Zúñiga Cruz no era el único líder huachicolero de la región, ni su asesinato desmantela el negocio o las operaciones de la organización para la cual trabajaba. El sujeto es una mera hebra del extenso tejido empresarial detrás del robo de combustible en la zona de Tula. 

Afirma el presidente municipal de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz Frías, que en su pueblo la gente no es huachicolera, y tiene razón: los huachicoleros viven y despachan en Teltipán de Juárez y, excepto a Zúñiga Cruz, hasta el día de hoy a nadie más le ha sucedido nada.

La credibilidad en la lucha contra el control del territorio que tienen las grandes organizaciones del crimen organizado depende en este momento de la manera como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador atienda la crisis de Tlahuelilpan. 

Dejar las cosas como están en términos criminales, aunque se repartan apoyos sociales al por mayor, sería una simulación. 

Desmantelar la banda de Teltipán de Juárez que secuestró soldados, provocó la fuga del ducto de Tlahuelilpan y controla la región de Tula es un mandato que la realidad impuso como ineluctable.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

*Sectur fija metas en México

*Funcionarios trabajan en la certificación de Ixtapa-Zihuatanejo

Mis estimados, después de los dimes y diretes contra el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, por haber desaparecido el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el funcionario puso los puntos sobre las íes sobre este tema y expuso los motivos de la liquidación de ese organismo, exhibiendo las corruptelas en que incurrían los funcionarios.

El secretario dejó ver que el Consejo de Promoción Turística de México, contaba con 23 delegaciones por el mundo y cada una de ellas manejaba un presupuesto de varios miles de millones de pesos anuales; sin embargo, mencionó el secretario que hay un problema estructural en el sector y que el reto del gobierno de AMLO será revertir la situación, pues expuso que la media mundial del sector turístico representa 10.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero en México apenas supone 8.8 por ciento.

No obstante, admitió Torruco Marqués que actualmente el sector representa casi 41 millones 500 mil turistas por año, lo que supone cerca de 23 millones de dólares (500 mil millones de pesos) por año. Entonces, no está tan mal estructurado como dice. Es cierto que se fugaba mucho dinero en esas 23 delegaciones en el mundo, pero si arribaron 41 millones 500 mil turistas, quiere decir que sí funcionaban las delegaciones.

Sin embargo, y sin dejar de preocuparnos por la promoción de los destinos turísticos, apuntamos que una cosa es la promoción y otra la generación de empleos, pues si no hay turismo tampoco hay empleo.

La meta del gobierno de AMLO es cambiar el dilema y no sólo promover que vengan los visitantes, sino también la generación de empleos, y para eso proponen construir 22 mil cuartos de hotel. Asegura el secretario de Turismo que cada cuarto representa la creación de un puesto y medio de trabajo directo, así como tres y medio indirecto.

Sin embargo, cita el secretario de Sectur y dice que si aspiran alcanzar la media internacional del PIB y que para eso están trabajando. “Elevaremos el gasto per cápita y la captación de divisas”, dijo.

Aceptó el titular de la Sectur que en el primer rubro México hoy está en lugar número 40 a nivel mundial. Comparativamente hablando, expuso que en 1994 estábamos en la posición 90 en captación de divisas. Es así, dijo Torruco Marqués, como se mide la importancia de un país en el sector, “y ahora nos encontramos en el 15; nuestro referente será llegar a ese noveno lugar para estar entre los 10 primeros”.

Pero si no hay un plan de promoción al país en el mundo dudo que alcancen las metas. Si bien es cierto que había muchas fugas de dinero en las delegaciones, debieron corregirlas, pero que sigan promoviendo al México lindo y querido, pues no sólo en el CPTM había fuga de miles de millones de pesos. La verdad es que en casi todo los organismos e instituciones se tenían las mismas prácticas saqueadoras.

No obstante, la promoción turística es bien importante para el país, como lo plantea el secretario de Turismo. Por ejemplo, dijo que en ferias como la Fitur promoverán al sector. Tal vez funcione pero no será al nivel de la promoción que hacían las 23 delegaciones en el mundo. Esto es real y vale la pena ponerlo a discusión, mis estimados, sobre todo los sectores turísticos.

Es verdad, que ese sector era una cueva de ladrones, pero insisto que no pueden dejar la promoción del país a un lado. Esto sí es preocupante. Después de ver las cifras de turistas que arribaron al país el año pasado, preocupa más, y peor la mala imagen que tiene el México lindo y querido derivado de la violencia.

Hoy más que nunca es urgente la promoción de las bellezas del país al mundo para limpiar la mala imagen que tiene, pues no sólo los Estados Unidos ha puesto mal al país ante sus connacionales, sino que en otras naciones también lo han hecho y eso le pega a México, aunque no captemos turismo de esas naciones.

Los gobernantes piden hablar bien de nuestros destinos de playa, pero otros medios de comunicación internaciones, así como las redes sociales, nos meten zancadilla con los dos pies y así no se puede. No obstante, sigamos a la espera que con el plan del secretario de Turismo puedan atraer turistas al país y, como dijo, alcanzar la media mundial del sector turístico que representa un 10.4 por ciento de los ingresos netos de la nación por año.

Mientras se acomoda el secretario de Turismo federal, la Plataforma de Turismo Mundial TripAdvisor reconoció a Ixtapa-Zihuatanejo dentro del top 10 de destinos más populares para vacacionar. Esto relacionado por altas cifras de ocupación hotelera en la pasada temporada vacacional. Así mismo, el TripAdviso ubicó a Playa La Ropa en el lugar número 10 como la playa más popular de México, entre otros ganadores; por ejemplo, en la categoría de hoteles de lujo se encuentran Cala del Mar Resort, Spa Ixtapa, Casa que Canta, Marea y Amuleto, entre otros.

Sin duda que estos reconocimientos vendrán a abonar a la imagen del puerto, ya que el presidente Jorge Sánchez Allec pidió a su gabinete turístico trabajar en la certificación de Ixtapa-Zihuatanejo, según informó el secretario de Turismo municipal, Jesús Gallegos Galván. ¿Ya ven por qué les digo, que Ixtapa-Zihuatanejo es el puerto más bonito de México?, aunque reparen otros, pues. Jejeje.

Sin embargo, dijera un amigo, no todo es felicidad, siempre tienen que surgir los prietos en el arroz. Esta vez, con todo el dolor de mi corazón le voy a dar una raspadita a la regidora Elva Negrete, de extracción priista. La edil tiene sentimiento porque no le han dado dinero como en otras administraciones en las que ella ha ocupado el cargo de regidora. Olvida que se acabaron los tiempos de vacas gordas y son tiempos de vacas flacas. El tema de la austeridad le ha pegado a los tres niveles de gobierno, sean PRI, Morena o PRD, y tal parece que la regidora González Negrete no entiende de eso, que ya no es lo mismo que antes. Porque aunque el gobierno del puerto sea tricolor, todos tienen que entrarle a la austeridad, y es injusto lo que ella pide, pues hasta reconoce que ya le dan 4 mil pesos para gasolina y lloriquea porque los gastos de gestoría que manejan para comprobar los regidores ascienden a 15 mil pesos al mes, 5 mil pesos menos que lo que les daban en la pasada administración. Y todavía recalca. “Calculo que nos quedan 500 pesos diarios para dar una respuesta a los ciudadanos, es poco, hace falta”.

No la chifle regidora, porque es cantada.

Los regidores, sin embargo, siempre se han manejado por dinero. Quedaron muy mal acostumbrados, igual que los diputados; sino ven el billete, no aprueban, y levantan la mano hasta que les muestran la lana. Entonces si rápido firman lo que sea.

El cabildo nunca ha desempañado su papel, como es su responsabilidad; si lo hicieran, otro gallo le cantaría al municipio. Todo lo mueven con dinero. Ahora, Elba González debiera estar agradecida de ser regidora porque ella nunca ha hecho nada por el PRI para merecer la regiduría. Hay otras distinguidas priistas que merecían estar en su lugar, y no lo están porque no tienen padrinos como ella. El alcalde debe decirle a González Negrete, con esa actitud “no me ayudes, comadre”.

Y si quiere recursos, que se los gane, porque el dinero no es del presidente, es dinero que se obtiene de los impuestos que paga el pueblo; y primero que se lo gane trabajando, porque los ediles nunca atienden a la gente; primero, ni están en sus cubículos, andan desayunando en restaurantes caros. Mentira que apoyan a los ciudadanos, los traen vuelta y vuelta a los pobres, y si les dan 200 pesos es mucho.

Y no se sienta, mi estimada Elva González, pero no se vale su actitud. Cuántas personas que trabajan de sol a sol, y ya quisieran ganar tan siquiera los 4 mil pesos que usted recibe para la gasolina, que por cierto no los gasta en un mes de ir a casa diario, porque gestiones no hacen. Repito, perdón regidora no quise ofender; mi intención es que se acoplen a los tiempos que vivimos. ¡Feliz día, mis estimados!  

Opulencia, despilfarro, exceso… pero pocos nombres

En menos de dos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha exhibido la opulencia que en el servicio público se aprovechó a cargo, naturalmente, del erario.

Más allá de sus formas –para muchos cuestionables, e inclusive, desproporcionadas—desde el 1 de diciembre pasado el país se ha encontrado frente a una galería de excesos, comodidades y despilfarros imposibles de justificar.

En muchos sentidos, la opulencia con que se atendían los gobernantes se había tornado normalidad, pues en un país que ha vivido bajo un presidencialismo de contrapesos menores –hasta hoy— nadie entre la clase gobernante parecía dispuesto a señalar lo que a final de cuentas les beneficiaba a todos.

El espectáculo inició con la apertura de la residencia oficial de Los Pinos al público, con sus estancias palaciegas, su diferentes casas y salones, que aun con su desmantelamiento –por cierto, hasta hoy no explicado–, son testimonio de la vida de lujo para los gobernantes de un país donde la pobreza crece año con año.

Siguió con la exhibición del avión presidencial y sus amenidades, lujo llevado a marmóreas superficies, donde no había juegos de sala sino juegos de tronos acojinados y alcoba presidencial.

En su expresión más reciente, la revelación el pasado martes 29 del parque vehicular que tenía a su cargo el Estado Mayor Presidencial, se ha convertido en motivo de asombro, con sus vehículos de lujo, Audi y BMW, de blindaje especial y millonario costo; con sus decenas de camionetas que solían verse en caravanas de achichincles a los que se les facilitaba el paso o bien, de su extraño inventario de tractores, tractocamiones y motocicletas.

Aun falta por conocer la flota aérea del gobierno federal que se rematará en marzo.

Aun así, la exhibición adolece de nombres de los usuarios; de los beneficiarios concretos de esos excesos. Por ejemplo ¿en cuál casa vivía Peña Nieto? Quiénes usaban los vehículos de lujo? Conoceremos las bitácoras de vuelo para determinar cuándo estuvieron al servicio personal y familiar la alta burocracia?

Es asunto necesario porque, entre otras razones, lo pendular de la política hace renacer hasta los peores, que ahí está el matrimonio Calderón-Zavala presto a construir un nuevo partido; porque quienes no han llegado a la Presidencia se reconfiguran en otros cargos de elección popular y, sobretodo, por un sentido mínimo de derecho a saber en qué y por quién se usaron los bienes de la nación.

Lo tangible importa. Justo ayer se dio a conocer por el propio López Obrador que el director del Infonavit ganaba 700 mil pesos mensuales, una cantidad que rebasa toda noción salarial.

Si nos atenemos al desarrollo de estos meses fue en eso, los salarios, en donde inició el recuento de exhibición de excesos, pero nunca como hasta ayer se había mostrado el rostro feo de la indolencia con ese volumen de dinero ni en un área tan sensible para la población.

Escribo sensible porque Infonavit es la única alternativa para la clase trabajadora de adquirir una vivienda, aun en las condiciones persistentes de precarización de los derechos sociales.

“Los puntos” de Infonavit son objeto de broma constante; su tasa de interés y condiciones de crédito están diseñadas para no perjudicar la competitividad de los intereses leoninos que imponen los bancos privados, beneficiarios a su vez de los programas para combinar recursos… y aun así, cuando mucho alcanza para una vivienda mínima, en un sector apartado y con materiales de baja calidad.

Falta mucho por saber y es necesario saberlo con nombres. La sola revelación del salario en Infonavit ofende y, en este caso, es posible ponerle cara: la del priista hidalguense David Penchyna, un nombre que no se debe olvidar dado que con su ostentación impune ofende la desgracia de millones de mexicanos. Como él, faltan más, muchos más.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Resulta imposible no revisar lo que está sucediendo con el programa de Fertilizante, que a partir de este año pasa a ser de jurisdicción nacional. Primero, porque el gobierno federal, léase Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), determinó en diciembre pasado nominar a Héctor Manuel Popoca Boone para conducir este programa, y consumar su traspaso del estado a la federación, lo cual pasa forzosamente por la revisión de los padrones y el saneamiento de la corrupción que es inherente desde los inicios a este programa, que comenzó como un incentivo estatal para los productores, pero que durante el gobierno de René Júarez Cisneros, precisamente con Popoca Boone como secretario de Desarrollo Rural en Guerrero, le fue transferido de manera arbitraria a los ayuntamientos, pese a que estos no reciben una partida específica para ese asunto, razón por lo cual comenzaron a echar mano de los dineros del Ramo 33, que viene etiquetado por la Federación para obras sociales.

Hemos dicho que nadie fue capaz de revertir esta arbitrariedad. Al contrario, cada gobernador a partir de entonces dejó hacer y dejó pasar, condenando a los municipios y sus comunidades a un terrible rezago en su desarrollo.

Poco a poco, sin embargo, se fue cerrando la pinza. A la llegada del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Sedesol revisó los tremendos rezagos en materia de desarrollo humano en Guerrero, y llegó a la conclusión de que esto se debía a que los recursos del Ramo 33 se estaban desviando. La titular de la dependencia, Rosario Robles Berlanga, intentó por todos los medios prohibir el uso de esos dineros para la compra de fertilizante, pero la presión política del gobierno estatal, con Ángel Aguirre Rivero como gobernador, así como los presidentes municipales y partidos de la entidad, impidió el cambio.

Finalmente, en 2017, cuando el gobierno de Peña Nieto hizo una revisión de los programas sociales y de desarrollo, y eliminó muchos de ellos, algunos por ser innecesarios, otros por no haber dado resultados y otros más porque duplicaban el esfuerzo de diversas secretarías. Así fue que se eliminó el programa “Huerto Familiares” de la Sedesol, el cual utilizaban los presidentes municipales para justificar el desvío de recursos del Ramo 33 a la compra del fertilizante.

Con la llegada de AMLO, el gobernador logró que el presidente de la República centralizara el programa, y para este año se etiquetaron 650 millones de pesos (de los 1,200 que en realidad gastaban estados y municipios). Eso fue el acabose, porque por todos lados hubo presión para que se incrementara la cantidad etiquetada por los diputados federales, y el problema lo enfrentó Popoca Boone, a quien responsabilizaban de la caída de la inversión. Él explicó en su momento que los alcaldes compraban el fertilizante con un sobreprecio de 40 por ciento. En realidad eso fue lo último que declaró, antes de saberse que había sido quitado del programa.

Con el nombramiento que le fue otorgado 28 de diciembre de 2018, vía oficio (el cual fue expedido por la oficina del secretario del ramo y firmado por el mismo titular de la dependencia, el doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula), Popoca Boone comenzó a moverse, con el objetivo de consolidar la transferencia de este programa a la federación, y de inmediato anunció la revisión de los padrones, algo que siempre se ha prometido pero que nunca se ha hecho en realidad.

Anunció Popoca Boone que el programa sería de distribución directa a los campesinos, sin la intervención del gobierno estatal ni de los presidentes municipales, y que las compras de los insumos se harían a través de dos empresas federales que se crearían para ello. Además, comenzó a realizar asambleas comunitarias y ejidales en la Tierra Caliente, región a donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acudirá el 8 de febrero para marcar el arranque de este programa.

Pero el nombramiento de Popoca Boone fue impugnado por organizaciones afines a Morena –incluso connotados experredistas revestidos ahora de morenistas- así como por agrupaciones agrícolas ligadas al PRI. Le escupían en la cara sus antecedentes como servidor público y figura política, ligado al renejuarismo.

Bueno, ese prurito de morenistas y la presión de los priístas, por fin hizo agua. Lograron su objetivo, pues removieron a Popoca Boone para nombrar a un fuereño priísta al frente del programa de fertilizante. Se trata de Jorge Gage Francois, excoordinador de Ramas de Producción y Negocios de la Confederación Nacional Campesina (CNC), una organización de productores agrícolas ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pero esto no es lo más grave, sino el cambio de estrategia. De antemano se cancela la revisión del padrón y la construcción de uno nuevo. Se suprimen las asambleas comunitarias, que estaban siendo avaladas por la SADER, y se anuncia que para el reparto se utilizará el padrón que ya tiene la Sagadegro, cuyo titular es Juan José Castro Justo, así como el padrón del programa Procampo, ahora conocido como ProAgro.

Evidentemente hubo mano negra para revertir todo el proceso que ya había encaminado Popoca Boone, con base en las nuevas reglas del programa.

¿Así o se los envuelvo?

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

La corrupción crea miseria

La ASE se mueve a paso de tortuga

La corrupción, mis estimados, es el mal de todos los males; es una podredumbre que contaminó al país en general. Todos los mexicanos conocemos de qué tamaño es el boquete de pudrición que supura pus en nuestro México lindo y querido, y por eso el país tiene millones de personas en pobreza extrema, y que vive carencias muy severas en relación a la educación y salud, alimentación y vivienda.

Sin embargo, la magnitud del problema apenas se revela, y para muestras un botón: Durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, recordarán que siempre presumió el combate a la corrupción; no obstante, los datos oficiales muestran lo contrario. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por la organización Transparencia Internacional, puso al descubierto al ex presidente mexiquense, pues en su administración el país cayó 33 lugares en el ranking de posiciones, al pasar del lugar 105 en 2012 al 138 el año pasado.

Tan sólo en el último año, México cayó tres lugares respecto al 2017 y se ubicó en la posición 138 de 180 países, al obtener una calificación de 28 puntos sobre 100. México se ubica al final de la tabla, apenas por arriba de Guatemala y Nicaragua, naciones con crisis de gobernabilidad democrática. ¡Caray!, con razón los estados y municipios del país están infestados de delincuentes. Con estos datos, mis estimados, pueden darse una idea del porqué el país está en desdicha, con altos índices de criminalidad y pobreza, pues la corrupción tiene un tremendo impacto negativo para el desarrollo de la población. Al haber corrupción e impunidad, dos flagelos que van de la mano, se reducen los recursos públicos, y eso se refleja en menos recursos a rubros prioritarios para el progreso de los pueblos, como por ejemplo educación y salud.

Con el cambio de gobierno se destapó la cloaca y es inevitable la hediondez que alcanza a ex funcionarios de los tres niveles de gobierno, pues el gobierno de AMLO no se callará semejante asunto y en su momento va a revelarlo todo, como ya hizo en el caso del petróleo, e irá desenredando la madeja hasta dar con los culpables.

De hecho, volvió a decir el presidente López Obrador, que va a terminar con la corrupción, al costo que sea.

Sin embargo, en el tema llamado corrupción el estado de Guerrero no canta nada mal las rancheras, y el efecto nacional está metiendo al aro a los funcionarios estatales. El gobernador Héctor Astudillo Flores, el año pasado puso en marcha un plan de combate a la corrupción; no obstante, fue revelado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), que continúa un proceso resarcitorio contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), pues según la ASE dicho organismo paramunicipal, durante el periodo del presidente Evodio Velázquez Aguirre, incurrió en irregularidades financieras y cuatro ex funcionarios tendrán que devolver más de 100 millones de pesos al organismo. ¡Caracoles bien refritos!

¿Será que le va a caer la tartamuda al perredista Evodio Velázquez Aguirre? Dudo mucho que trascienda el caso. Dijo el auditor que en diciembre iniciaron el procedimiento resarcitorio contra cuatro ex funcionarios de la Capama, pero adivinen qué, el auditor Damián Peralta se negó a dar los nombres de los ex funcionarios, como ya es su costumbre, aludiendo que están en proceso y que los involucrados serán llamados de nueva cuenta por la ASE para concluir el procedimiento.

Damián Peralta aseguró que la ASE volverá a llamar a los ex funcionarios involucrados en este fraude y que estos tienen derecho a presentar la documentación que compruebe ese billetito. Pero sino solventan las observaciones financieras, indicó el auditor, se notificará a la Secretaría de Finanzas y Administración, para que se haga un procedimiento de ejecución fiscal y embargue los bienes con los que habrán de pagar los más de 100 millones de pesos. ¿Qué tal?

Lo malo del relato, mis estimados, es que los ciudadanos desconocemos en qué paran estos procesos, pues nunca se da a conocer si devuelven el recurso los ladrones ex funcionarios, si los inhabilitan por cinco años o si los encarcelan. Una cosa nos queda clara: nadie ha pisado la cárcel por robarle al pueblo.

Además, ese correctivo de la inhabilitación política es de risa loca; deberían inhabilitarlos de por vida para ocupar cargos públicos, pues para no variar el auditor Damián Peralta dijo que la ASE inhabilitó por cinco años al ex presidente de Leonardo Bravo (Chichihualco), Alfredo Alarcón Rodríguez, y a tres ex funcionarios más: el síndico, el tesorero y el director de obras públicas de ese municipio, en la administración 2015-2018, por la omisión en la presentación de la cuenta pública del 2017. Por eso hacen lo que les da la gana los funcionarios, pues los castigos son menores.

Al que también le van a cobrar los berrinches y le pasará la guillotina es al ex presidente del municipio de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena. La auditoría que viene para este angelito es del programa anual de 2018, pues le pusieron el dedito meñique en su foto al chilpancingueño, y si la suerte lo abandona le van a cobrar muy caro sus arranques de soberbia.

Los funcionarios del gobierno de Antonio Gaspar Beltrán, comienzan a cantar como los grillos a la oreja al ex alcalde Leyva Mena, que de plano solito cavó su propia tumba, políticamente hablando. Y dice un dicho popular que el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Jojojo.

Aunque yo no me trago el discurso de la ASE, pues ni están en la lista todos los que deberían estar, ni están todos los que son y que en su momento fueron señalados de desvíos de recursos; sin embargo, lo que ha trascendido en redes sociales, en relación al desvío de recursos por parte del gobierno del ex alcalde acapulqueño, el perredista Evodio Velázquez Aguirre, no tiene ninguna comparación con los 100 millones que reveló el auditor Damián Peralta. Se habla en realidad de una millonaria fortuna. Pero el ex alcalde se defiende y dice que no todo ese desfalco es de su administración, que hay otros muñecos involucrados, pero tampoco revela nombres.

Y decíamos, mis estimados, por el rebenque de la corrupción, la pobreza e inseguridad golpea duramente al municipio de Acapulco. El puerto  posee altos índices de personas pobres y en pobreza extrema. Es inimaginable que un puerto como Acapulco maneje estas listas de pobres. Existe un rezago en el municipio en todos los rubros; sin embargo, lo que tiene en la lona al puerto es la criminalidad. El destino de playa está a centímetros del abismo y de no ser rescatado urgentemente por la federación y el estado, el puerto turístico se disipará  como la brisa del mar. Ningún guerrerense en sus cinco sentidos, desea que eso ocurra con el puerto de Acapulco; sin embargo, es bien urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto y que hagan lo que corresponda para que los acapulqueños vivan en paz.

Les recuerdo que nadie debe estar por encima de la Ley; ese es el primer requisito para que haya orden en la entidad, por eso hay gobierno estatal, municipal y federal, cada cual en sus territorios. Todos debemos respetar las leyes, y es el gobierno quien debe meter orden en el estado y municipio. ¡Feliz día, mis estimados! 

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