Opinion | - Part 237

El republicano dudoso

Como si no tuviéramos problemas que enfrentar, esta semana buena parte de la conversación pública (léase medios, redes sociales y charlas de sobremesa) giró en torno a la especulación de que López Obrador se reelija al final de su sexenio en 2024. Enrique Krauze, incluso, propuso lanzar un Frente Nacional Antireeleccionista que podría ser encabezado por el mismísimo Cuauhtémoc Cárdenas. Como es sabido López Obrador acudió a un notario público para certificar su decisión explícita de nunca intentar eso de lo que ahora se le acusa. Inmediatamente sus críticos advirtieron que esa promesa notarial no elimina el peligro. Primero, porque es un documento que no tiene valor jurídico, simplemente acredita que en tal fecha esa era su voluntad. Tendría el mismo carácter que un testamento que igual puede cambiarse cualquier otro día. Y segundo, porque la reelección no es el único camino para mantenerse en Palacio Nacional, la otra vía es la extensión del mandato mediante un cambio en la constitución. Aunque conseguirlo supondría un brete jurídico, en estricto sentido esa opción no requeriría presentarse a unas elecciones.

Desde luego el temor no es gratuito. Se originó con el albazo que propinó el congreso estatal de Baja California mediante el cual se extendió el mandato del Gobernador de Morena recién elegido. Como se recordará, las elecciones en aquél estado fueron convocadas para cubrir un período de apenas dos años, obedeciendo al deseo de recorrer así el calendario estatal y empatarlo con las elecciones federales intermedias de 2021. Pero una vez en el poder, el Gobernador elegido, Jaime Bonilla (un empresario ex priista que supo leer a tiempo el cambio de aires políticos), encontró que 24 meses no justificaban ni el esfuerzo ni los gastos de campaña y movió los hilos para que los diputados locales le ampliaran la chamba para continuar hasta el 2024, es decir en total cinco años. El problema, claro, es que los ciudadanos habían elegido a un funcionario para el término de dos años, sin derecho a reelección según reza la convocatoria, lo cual supondría un abuso inexplicable de parte de los generosos legisladores locales. Curiosamente la mayor parte de ellos eran panistas, algunos en proceso de cambiar a Morena y en medio de muchas acusaciones de haber sido convenientemente “maiceados”. El tema seguramente habrá de resolverse en la Suprema Corte.

Pero el caso de Baja California encendió las alarmas entre todos aquellos que ven a López Obrador como enterrador de la democracia. Suponen, incluso, que puede tratarse de un laboratorio de lo que podría suceder luego a nivel federal. No obstante el Presidente ha declarado reiteradamente que es un republicano de cepa y cita a Francisco I Madero, el antirreleccionista, como uno de sus referentes históricos. Una y otra vez ha dicho que no seguirá en el poder al final de su mandato y ahora lo ha afirmado ante notario público. Pero se habría ahorrado toda este desgaste de paja si simplemente hubiese hecho un deslinde crítico con lo que está pasando en Baja California. Por el contrario, sus intervenciones al respecto no han podido ser más ambiguas. Interpelado en las mañaneras al respecto, solo ha dicho que él no metió las manos, que se trata de un asunto regional y que, en todo caso, las autoridades federales electorales y la Suprema Corte tendrán la última palabra. Sobre esto último tiene razón, sobre lo primero hay más dudas. López Obrador no es de Morena sino al revés. Se trata de un partido hecho en torno a su persona y cuesta trabajo creer que el congreso local y el mismo Gobernador hubieran perpetrado esta patraña si el líder nacional se hubiera opuesto. Cabe la posibilidad de que lo hicieran sin consultarlo, pero no tengo dudas de que, de haberlo deseado, él tenía capacidad de pararlo una vez que se puso en marcha.

Quiero pensar que López Obrador es sincero cuando afirma que no traicionará su palabra en 2024, lo que no me explico son las ganas de complicarse innecesariamente las tareas de Gobierno. La 4T habría podido quitarse muchos obstáculos y molestias si el Presidente usara menos explicaciones e impartiera menos lecciones verbales; si no ofendiera a las tradiciones republicanas con encuestas a mano alzada para presumirlas como la voz del pueblo, si no desafiara y descalificara a sus adversarios todos los días casi siempre con razón pero a veces sin ella. Horas antes de firmar notarialmente su intención antirreleccionista, dijo en la conferencia mañanera que gobernaría “hasta que el pueblo quiera”. Se refería a que incluso podría salir antes, si es que un referéndum se lo pedía. Pero sus críticos lo sacaron de contexto para insistir que era una amenaza velada para perpetuarse en el poder. Entre tantos dimes y diretes estamos dejando de ver la transferencia real que comienza a darse a favor de los pobres y el avance lento pero profundo en contra de la corrupción. Hay cambios valiosos, pero difíciles de percibir con tanto ruido. Lo dicho, López Obrador siempre se las arregla para darles municiones a sus adversarios.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Tres cosas marcaron el quinto aniversario del Caso Ayotzinapa. No, no fueron las marchas, ni las manifestaciones, ni los gritos de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, ni la comparecencia de los padres en la tribuna de la Cámara de Diputados. Nada de esto es novedoso, realmente.

Lo verdaderamente impactante han sido dos cosas: primero, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se puso la camiseta del caso, literalmente, y reiteró la oferta de dos recompensas para esclarecer el caso: Una, de 1.5 millones de pesos para quienes aporten datos fidedignos de la ubicación de los 43 normalistas que fueron desaparecidos en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014. Y otra de 10 millones de pesos, para dar con el paradero de un sujeto identificado como Alejandro Tenescalo, de quien poco se sabe, salvo que habría sido el cerebro de la cacería de muchachos y su posterior desaparición. Al parecer, Tenescalo es el eslabón perdido del Caso Ayotzinapa, y su localización es crucial para desentrañar la verdad de aquella fatídica noche, que no sólo se llevó a 43 jóvenes normalistas, sino que acabó con un gobierno estatal, con el PRD, y con el gobierno de la República, encabezado por Enrique Peña Nieto.

Nadie puede dudar de que a partir de la desaparición de estudiantes, nada fue igual para Peña Nieto. Jamás se pudo recuperar el presidente de toda la serie de pifias en que lo metieron sus muchachos, los Golden Boy que lo acompañaron en su gobierno. Pero específicamente el entonces titular de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien fue el que manejó la agenda del caso, incluyendo las reuniones del presidente con los padres de los normalistas desaparecidos.

Estamos ante el reinicio de las investigaciones, y definitivamente esperamos sorpresas. Por ejemplo, el titular de la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en el país, informó ayer en presencia del mandatario federal, que el grupo científico que coordina ha hecho el análisis de 80 millones registros de llamadas de los teléfonos de los muchachos, “son 206 mil llamadas de interés que permitió una red de (…) Minuto a minuto de esta operación. No puedo dar el detalle, pero sí puedo decir que en ningún momento hubo contacto de algún estudiante con algún grupo delictivo ni con ninguno de sus integrantes”, dijo.

Esto en referencia a que le preguntaron si la indagatoria demuestra que los normalistas hayan tenido contacto con algún grupo delincuencial, que demuestre que estuvieron en Iguala no de manera fortuita, sino enviados por alguien más. Recordemos que oficialmente ellos fueron a esa ciudad por los camiones, porque en Chilpancingo la Policía Estatal les evitó la toma de las unidades. Pero los delincuentes detenidos han declarado que los confundieron con gente de Los Rojos, que habría acudido a Iguala a reventarles la plaza a los de Guerreros Unidos.

Encinas descarta esa posibilidad, aunque recordemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló en su recomendación del caso, que desde antes del ataque contra los jóvenes, la Normal Rural de Ayotzinapa estaba infiltrada por dos grupos de narcomenudistas, que operaban con autorización del Comité de Base Estudiantil, cuyo secretario general era David Flores Maldonado, La Parka.

Por lo tanto –y sin que esto implique incriminar a los jóvenes desaparecidos-, conviene preguntarse por qué nunca fue intervenida esa institución, cuyo director tuvo que reconocer que ahí opera un autogobierno, y que hay un comité que maneja a los estudiantes. De hecho, fueron los líderes de este comité los que comisionaron a los jóvenes para ir por camiones, aprovechando a los de recién ingreso. Por eso la mayoría de ellos son de primer año, porque recién iniciaba el ciclo escolar.

La segunda sorpresa de este quinto aniversario, es la versión del ex coordinador de la CRAC-PC, Eliseo Villar Castillo, quien viene afirmando en una serie de entrevistas vía telefónica desde la cárcel de Chilpancingo, que los muchachos fueron enterrados en un lugar inaccesible. Y que lo sabe porque tres reos que participaron en la masacre se lo dijeron. De hecho, esto ya se lo informaron los cuatro a Alejandro Encinas, en tres reuniones a los que los han convocado, en el penal de Cuernavaca. Indicó que existe, incluso, un mapa satelital de la zona donde estarían los muchachos.

Y hasta aquí todo parecería una especulación, o un mero momento de oportunidad para Eliseo Villar Castillo, para obtener su libertad. Sin embargo, Alejandro Encinas reconoció que, en efecto, se tiene otra línea de investigación y que no han acudido al lugar porque es una zona muy peligrosa, y están ideando una estrategia de seguridad para ir a explorarla. Esa zona está en la Sierra del estado.

Con estas novedades, así como el anuncio de la comparecencia de las autoridades estatales y federales, vemos que el caso avanza. Y es cuestión de tiempo para que el rompecabezas comience a tomar forma.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Senadores de Morena y PAN, empeñados en la venganza

“Un hombre que piensa en la venganza, mantiene sus heridas abiertas, que de otro modo habría sanado y estarían mejor.” Francis Bacon

Decíamos en este espacio, mis estimados, que se adelantó y calentó el proceso electoral del 2021; incluso, hay actores políticos que andan en franca campaña; no les importa violar los tiempos electorales, pues la ambición rompe el saco, dice el dicho popular.

El apetito por el poder, es más fuerte que el miedo a la ley.

Son muchos los que aspiran cargos al 2021. Algunos hacen campaña abierta en sus redes sociales, donde suben fotos y videos presumiendo discursos que nunca les vimos antes, ni cuando tuvieron cargos importantes en el gobierno o Congreso. Nunca los vimos defendiendo a los guerrerenses de tanta ingratitud oficial, se dedicaron a nadar de a muertito. Pero esos políticos guerrerenses ahora anuncian que aman a Guerrero y sus guerrerenses, ya que ven un estado con hambre, una entidad sin rumbo que requiere un cambio.

Y no sólo los del PRI, PRD y PAN andan en campaña, sino que también los de Morena, brincaron a la base, no sea que se les adelanten otros. Sin embargo, a los morenos habría que recordarles la frase del presidente Andrés Manuel López Obrador, meses atrás, cuando dijo que el funcionario que quiera participar en campañas para el proceso electoral 2021, debe renunciar por lo menos dos años antes de que inicie el proceso. O sea, ya. Y con ese mensaje el presidente les cortó las alas a varios personajes que aspiran a cargos de elección, pero que ocupan cargos de elección popular o cargos administrativos.

Además, el mandatario advirtió a los Servidores de la Nación, que su trabajo es censar y afiliar a los beneficiarios de los programas sociales, que no deben participar en actividades políticas, y que si hacen uso de los recursos federales o dedican tiempo de su trabajo para favorecer a candidatos o partidos, comenten un delito electoral. “Y les recuerdo que los delitos electorales son delitos graves y existe una fiscalía electoral que atiende estos asuntos”, les recalcó.

El mandatario pidió que si alguien tiene pruebas de algún servidor de la nación o servidor público, favoreciendo a candidatos, o ellos haciendo actividad política, que los denuncien. “Si sabes de algún funcionarios público que está haciendo labores partidistas, hay que denunciarlo y mucho más si están utilizando dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Ya se acabó el reparto de despensas y frijol con gorgojos, el tráfico con la pobreza de la gente, todo se fue al basurero de la historia”, expresó el mandatario convencido.

Bien pronto acabó el presidente AMLO con las aspiraciones políticas de muchos actores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Inclusive, en Guerrero principalmente, comenzaron a surgir encuestas que en lugar de abonar a la unidad por Guerrero, por parte de los actores políticos, vienen a romper toda concordia, en cuanto que siembran mayor competencia. Además, es muy pronto para perfilar a una persona, porque en política no hay nada escrito ni tampoco hay enemigos pequeños.

Lo cierto, es mis estimados, que las elecciones en Guerrero, en el próximo proceso electoral, serán más peleadas y peligrosas. Nadie tiene seguro el triunfo y menos en esta entidad, pues los guerrerenses se cuecen bien aparte. Y ya saben que quiénes son los dueños del estado, se apuntan como protagonistas para todo; así que no es fácil gobernar la entidad y peor ahora que ha avanzado el crimen organizado y ha rebasado límites insospechados.

Tal vez por eso el gobernador ha dicho que no es fácil gobernar Guerrero; sin embargo, siempre será un honor para un guerrerense gobernar la tierra que lo vio nacer.

Lástima que no vean de esa manera los políticos, pues la inseguridad y violencia azota al país en general. En todo el territorio nacional hay una a ola de violencia terrible, y requiere la atención de la Federación. Es cierto que en algunos estados se agudizó la criminalidad, pero desapareciendo los poderes en Tamaulipas y Guanajuato, como piden los senadores de Morena, no van a solucionar nada y menos por venganza de los senadores de Morena contra los del PAN, pues primero los panistas comenzaron a pedir la desaparición de poderes en Veracruz, donde gobierna morena con Cuitláhuac García, por los altos índices delictivos.

En respuesta, los senadores de la bancada de Morena piden desaparecer poderes en Tamaulipas y Guanajuato, estados gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), y exigen que se nombre un gobernador provisional, lo mismo que los panistas pidieron para Veracruz. Incluso ya en el Senado está la petición de revocación para los gobernadores panistas, y se discutirá la semana próxima.

Bien claro nos queda claro a los ciudadanos con estos pleitos entre senadores, que estamos en un ring político, pues en vez de legislar, están ocupados en meterse zancadilla y tirarse ganchos al hígado.

Increíble que estas mojigangas se hagan los chistosos vengándose y haciendo berrinches. Aun viendo los ríos de sangre que corren por todo el país, no les importa, ellos hacen circo para mantener entretenido al respetable público. No tiene abuela los senadores, esa es la realidad.

Y para muestra de que es venganza política a petición de los senadores de Morena y del PAN para la desaparición de poderes en Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz, es el reproche del presidente AMLO, quien ayer les mandó a decir que antes de pedir la desaparición de poderes, deben dialogar. “Apliquen procedimientos sin tintes políticos para hacer justicia”, expuso el mandatario, y les recordó que él fue víctima de un juicio de desafuero promovido por órdenes del presidente Vicente Fox, en 2005. “Y no puedo yo aceptar que nadie sea víctima, por cuestiones políticas, de un procedimiento establecido en la ley, pero que es promovido o impulsado por venganza, o para descalificar adversarios”.

Además, dijo que no sólo se afecta la imagen de los legisladores, sino también la de las instituciones, por lo que propuso que se arreglen.

Pero para acabar pronto, el mandatario les aconsejó a los senadores que esos asuntos no son de su competencia, que con todo respeto, corresponden a la Fiscalía General de la República, y al Poder Judicial. ¿Me están oyendo, inútiles? ¡Ah!, perdón, disculpen señores senadores, esa es letra de una canción de la Paquita del Barrio, mejor cómprense un GPS, son buenos para ubicarlos. Jojojo.

Nada van a arreglar desapareciendo los poderes en los estados; por el contrario, se agudizará la violencia, pues si un gobernador fue electo por la mayoría de ciudadanos y con todo no puede con el paquete, otro que impongan menos lo hará. Esto ya lo vivimos en Guerrero, cuando defenestraron a Ángel Aguirre e impusieron a Rogelio Ortega. Es hora de que tenemos un tiradero de obras, y la violencia no tuvo límites.

NO sean cabezas duras, vengativos; mejor apoyen a los gobernadores antes de andar incitando más la violencia.

Por cierto, bien pocos políticos son congruentes para hace señalamientos políticos. Luis Walton Aburto, después de anuncia su salida de Movimiento Ciudadano, recibió señalamientos y también felicitaciones por la decisión que tomó el empresario gasolinero. Pero dejó en claro que él no se define todavía como candidato de Morena: “Mi deseo sigue siendo la unión de todas las izquierdas, para ir juntos en los comicios de este año. No hay motivo para que los dirigentes de Morena en Guerrero se pongan nerviosos, yo no sé por qué los compañeros de Morena han hecho tantos sellamientos”, dijo en esa entrevista del noticiero de Capital Máxima.

Luis Walton Aburto, reveló además las razones por las que renunció a MC; relató que durante 12 años MC (antes Convergencia), respaldó a López Obrador, y relató también que en la elección de 2018, la dirigencia de MC decidió apoyar por la Presidencia de México al panista Ricardo Anaya, igual que el PRD.

En pocas palabras mis estimados, Luis Walton Aburto ha hecho más por el ahora presidente AMLO que todos los que se cuelgan la medalla de Morena; incluso, que el mismo Pablo Amílcar.

Todos los que señalan a Walton Aburto, deberían primero verse su trasero, porque todos tienen una larga cola que les pisen. Y no defiendo ni pretendo que quieran o reciban a Luis Walton en Morena, ni me interesa; lo que no se vale son los señalamientos que están haciendo en su contra, y todo por la ambición del poder. Y eso que son guerrerenses, ahora si no lo fueran, se matarían con su pura legua venenosa. Neta, qué mala puntada; no necesitan que vengan de otros estados a darles de cachetadas, ustedes se encargan de marcarse hasta dejarse pintos.

En Morena de plano se desquiciaron, sienten que todo aspirante que postule el Movimiento va a ganar arrasando otra vez. Tal vez sea así, pero sean prudentes, no sean altaneros, pues los militantes de Morena aseguran que Pablo Amílcar será su candidato, que aunque esté por abajo de las encuestas y le parezca a no a los demás contrincantes, Amílcar Ballesteros será el candidato de Morena a gobernador de Guerrero, porque según ellos es amigo del presidente AMLO, tanto Pablo como toda su familia, y quien pone al candidato a gobernador es presidente AMLO, dijeron. ¿Qué tal?

Pues veremos, dijo el ciego. Jojojo.

Mientras tanto, el Senador Félix Salgado Macedonio se relame los bigotes y pela los ojos de emoción cuando las encuestadoras lo ubican en la cima de Pie de la Cuesta. Lástima que el Toro sin Cerca no sabe echarse clavados ahí.

Editorial

Santa Lucía y la seguridad nacional

El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval lo sabe muy bien: la construcción del Aeropuerto Internacional Santa Lucía (AISL) que pretende el presidente de la República está lejos de ser un asunto de seguridad nacional. Sabe también que este concepto no puede ser invocado para que la justicia federal le de la razón al habitante del Palacio Nacional.

Es, en todo caso, como todos los puertos aéreos y marítimos, una instalación estratégica. Sobre todo ahora, que, como desde hace 70 años, es utilizado por la Fuerza Aérea Mexicana, esa institución que en México ha estado subordinada al Ejército de tierra.

Si las instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea hasta ahora no han o no habían sido catalogadas en ningún inventario oficial como estratégicas, como lo dice la Presidencia, es una omisión de la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional desde que éste se creó en el gobierno de Vicente Fox, en el 2005.

Ese registro fue una obligación que se estableció en la Ley de Seguridad Nacional (LSN), en cuya confección participó el ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, cuando era director del entonces Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), ahora Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Pero de ahí a parapetarse en la seguridad nacional hay una gran diferencia. La seguridad nacional es mucho más que instalaciones estratégicas, así sean militares. Lo militar es uno de los componentes de ese concepto tan manido políticamente.

La seguridad nacional refiere a todas las condiciones que genera un país para su estabilidad, integridad y permanencia. En razón de ellas se previene de las amenazas y riesgos, preserva su soberanía e independencia, defiende su territorio, mantiene el orden constitucional democrático, la unidad de la Federación y genera las condiciones de desarrollo social, económico y político.

Con esta definición, que el general Sandoval conoce muy bien, es claro que la seguridad nacional no pasa por la ampliación de un aeropuerto al gusto presidencial. Por eso es desproporcionado recurrir a ese concepto para que el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México eche abajo las suspensiones judiciales que hay en contra de la obra.

Según los opositores al AISL, aglutinados en el colectivo #NoMasDerroches, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le argumentó al juez que la suspensión definitiva de la construcción “pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional”.

Una revisión de la LSN permite ver que los puertos aéreos y navales, como en cualquier país, deben ser protegidos de ataques que amenacen la seguridad nacional.

Pero no son las únicas amenazas potenciales. La ley menciona también al sabotaje, el terrorismo, el espionaje, la rebelión, la traición a la patria, el genocidio, actos que impidan actuar con la delincuencia organizada, actos de interferencia extranjera para afectar al Estado mexicano, actos en contra de la unidad de la Federación, tráfico ilegal de materiales nucleares, armas químicas y bactereológicas, bloqueo de las actividades de inteligencia o contrainteligencia o ataques a la infraestructura estratégica de los servicios públicos.

Son escenarios en que la seguridad nacional se puede ver comprometida, pero en cada caso se presupone una respuesta del Estado para neutralizar tal amenaza.

Los gobiernos suelen invocar a la seguridad nacional para conseguir sus propósitos o despropósitos. Uno de los más conocidos fue el del presidente Richard Nixon de enjuiciar a los diarios The New York Times y The Washington Post por revelar los “Papeles del Pentágono” sobre la guerra en Vietnam.

Cuando se publicaron, la Casa Blanca argumentó que los periódicos ponían en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos porque la guerra estaba en curso. El caso llegó a la Suprema Corte y los jueces constitucionales estadunidenses resolvieron que se trataba de un asunto de interés público en el que prevalecía el derecho a la información, además de que el gobierno de Nixon no pudo demostrar en qué se afectaba la seguridad nacional.

Si la justicia mexicana declara que la construcción de un aeropuerto es un asunto de seguridad nacional, nos podría alejar más de los Estados modernos.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hay un hartazgo persistente en el país por la inseguridad. En la mayoría de las entidades federativas, encabezando la Ciudad de México y el Estado de México, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos es demasiado alta.

Y si en algunos lugares, Guerrero entre ellos, podemos presumir que el índice de violencia ha disminuido, eso no significa que el problema está resuelto, y que falta mucho para que los mexicanos nos podamos sentir seguros incluso en nuestra propia casa.

Salir de copras, de antro, de vacaciones, ir al banco, e incluso ir a la escuela por los hijos, se ha convertido en ocasión de estrés por la percepción de violencia.

Mientras hay todavía autoridades que mostrando cada día más alejamiento e insensibilidad social, que se atreven a minimizar el problema de la inseguridad y violencia que tienen asolada a la población, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2019 (ENVIPE) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), viene a confirmar que la escalada delincuencial sigue siendo el problema número uno del país, y de muchos estados.

¿Qué es lo que mide esta encuesta? Tiene algunos indicadores, que en suma resultan útiles para medir qué tanto ha cambiado la sensación o percepción de inseguridad entre la gente, lo cual es importante porque es lo que realmente impacta desde el punto de vista político y social.

Esa es la realidad cotidiana y cada vez se tiene mayor cercanía con víctimas de delitos (algo que antes era esporádico), de todos aquellos afortunados que no viven aún la traumática experiencia de ser agredidos o afectados en su patrimonio; o, lo más grave, tener desaparecido o haber perdido a un ser querido a manos de la delincuencia.

Si somos honestos, esto anula toda credibilidad a cualquier balance gubernamental que diga que están cumpliendo como deberían para garantizar la seguridad a los ciudadanos.

El gobierno federal sabe que esto apenas comienza. Que la Guardia Nacional es un proyecto todavía inacabado, y que si bien se tienen altas expectativas por este modelo, no significa que será algo fácil, sobre todo si desde los estados y municipios no se hace lo propio; o, lo que es peor, si se hace todo lo contrario, como sucedió en Tamaulipas, donde la Fiscalía General de la República ya investiga un grave caso de la ejecución extrajudicial de 8 personas, en lo que fue una bien planeada puesta en escena para hacerlos parecer como delincuentes.

Guanajuato, Veracruz y Jalisco, están que arden. Y la Ciudad de México y el Estado de México, que antes tenían cifras moderadas, son ahora pasto de grupos antagónicos que se pelean los territorios a sangre y fuego, pero donde también se da el mayor número de feminicidios y desapariciones.

Jalisco es caso aparte. Como estado sede del CJNG, los altos niveles de percepción de inseguridad de 78.9 por ciento que revela la ENVIPE son totalmente comprensibles. Ahí se dan continuos desafíos de las mafias a las autoridades, que van desde ataques orquestados a funcionarios de la Fiscalía, amenazas cumplidas a jefes policiales, la aparición constante de casas del terror en las que se secuestra, se tortura, se mata y se mutila.

Lo más reciente son las fosas clandestinas en Zapopan y Tala, donde se han encontrado en las últimas semanas casi 200 bolsas con restos humanos. Sin dejar de mencionar la aparición diaria de cadáveres por calles de todos los municipios del Área Metropolitana y las ejecuciones a plena luz del día y en los sitios más transitados, luego de los cuales, en rara ocasión hay detenidos.

Producto de toda la ineficiencia policial y de procuración de justicia, atrofiadas por los altos niveles de corrupción que provocan una impunidad casi absoluta, es, según la ENVIPE 2019, que 24.7 millones de mexicanos y uno de cada tres hogares haya sido víctima de algún delito, y que el costo de ello ascienda a 286 mil millones de pesos, que equivale al 1.5 por ciento del PIB y 6 mil 468 pesos per cápita.

El hartazgo por la impunidad se expresa en que 93.2 por ciento de los delitos no se denuncia y que prácticamente todos los actores públicos que tienen que ver en el tema de la seguridad estén reprobados en confianza ciudadana, a excepción de soldados y marinos. Los más corruptos son considerados los agentes de tránsito (76.6), jueces (68.4), policía municipal (67.9), ministerios públicos (62.3), Fiscalías (60.6) y la Policía Federal (55.2).

Editorial…

Los otros migrantes

Ellos llegaron en medio de la confusión local por entender la situación y presencia de los migrantes centroamericanos que buscan pedir asilo en El paso Texas para protegerse de la violencia y circunstancias inhumanas de sus países, pero ellos no vienen de otra nación, sino de Michoacán y Zacatecas.

Llegaron y subieron la joroba de los puentes, donde han permanecido, soportando la lluvia, el frío de la noche y calor del mediodía que caracteriza a esta frontera, y desde allí insisten en que los reciban las autoridades migratorias de Estados Unidos para hacer su trámite correspondiente y ejercer su derecho a asilarse en un país que les brinda la seguridad que el suyo no les garantiza.

Sus historias personales son tan impresionantes como las de los centroamericanos, están quienes perdieron a su familia completa por actos de violencia de la delincuencia organizada que se obstinó en extinguirla, aunque sólo uno de sus miembros hubiera cometido el pecado de trabajar o auxiliar a agentes enemigos, y hay quienes presentan lesiones de arma de fuego y cicatrices como si fueran veteranos de una guerra declarada.

Una de las migrantes, me afirmó, aún está viva porque alcanzó a tomar el autobús que iba saliendo de su pueblo antes de que los sicarios la ubicaran y la ejecutaran como hicieron con el resto de su familia, y me manifestó que el crimen fue de su esposo, que desató la ira delincuencial al incorporarse a las fuerzas de autodefensa de su pueblo en Michoacán y enfrentar junto con los demás a los narcotraficantes que ya los tenían asolados.

Los migrantes de Zacatecas presentan una variedad de argumentos que remiten al hostigamiento permanente e impune de los Zetas que se han apoderado del Estado, pero además de su bajísimo nivel de ingresos y recursos para seguir sobreviviendo en su propia tierra, la falta de seguridad social y la pobreza generacional los ha derrotado en la defensa de su terruño y los orilla a buscar opciones de vida en un país ajeno y extraño.

Los juarenses discuten en diferentes círculos ¿cuál debe ser la actitud correcta? Pero es una discusión que no pasa de las palabras; están convencidos de que no pueden ser discriminatorios contra ellos, pues si no lo hicieron contra los extranjeros, menos lo pueden hacer contra los mexicanos, pero, hasta algunos con autoridad, dicen que no podemos ser demasiado generosos, porque se va a correr la voz entre los mexicanos al sur que en Juárez son bienvenidos todos ellos, ¿y luego qué hacemos?

Nunca faltan idiotas como estos por el camino.

Los mexicanos tienen derecho a transitar y viajar por todo el país, y buscar mejores opciones de vida en todo el territorio sin mayor limitación que sus recursos y posibilidades, y si han llegado a Juárez con el sueño de recibir asilo en Estados Unidos, no tardarán en darse cuenta que es sólo un sueño imposible, porque con suerte uno de cada 100 será aceptado debido al entramado de filtros norteamericanos que buscan evitar el ingreso de las personas que no les son agradables (y actualmente los mexicanos no somos bien vistos por ellos).

De esta misma manera llegamos a Juárez miles y miles de mexicanos que, cuando comprobamos que cruzar el río tomaría un largo tiempo, mejor nos acomodamos aquí y forjamos relaciones, trabajos, y familia; la característica de los juarenses es que vivimos aquí, pero no nacimos aquí, y cuando somos más de 600 mil “no nativos” los que estamos aquí, mil quinientos, o dos mil más, son simplemente gotas de agua en una alberca.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En pleno fragor por el quinto aniversario del caso Ayotzinapa, se pierde la noticia de la reciente encuesta de Reporte Índigo, publicada este martes, que confirma que es el senador Félix Salgado Macedonio, del Morena, encabeza las preferencias electorales con 40.7 por ciento, de cara al proceso de 2021.

Le sigue Manuel Añorve Baños, con 35 por ciento; y Mario Moreno Arcos, con 33.8 por ciento, ambos militantes del PRI.

Dentro de Morena, también figuran entre los aspirantes al gobierno estatal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, delegado de programas sociales del gobierno federal; y Adela Román Ocampo, presidenta municipal de Acapulco, con apenas 7.5 por ciento de potenciales sufragios.

En pocas palabras, Félix no tiene en este momento competidor visible dentro de su partido, pues tanto Pablo Amílcar como Adela Román están demasiado lejos del senador. Bueno, ni siquiera se podrían igualar con el principal aspirante del PRD, Carlos Reyes Torres, quien reporta hasta ahora 12 por ciento de la preferencia electoral.

En Morena figuran también el ex alcalde acapulqueño Alberto López Rosas, con 6.9 por ciento. Y Gilberto Herrera Ruiz, con 6.3 por ciento.

En el PRI es donde se observa mayor competencia entre los actores políticos. Bueno, concretamente con dos de ellos: El senador Manuel Añorve tiene 35.8 por ciento de la preferencia electoral; seguido de Mario Moreno Arcos, titular de Desarrollo Social, con 33.8 puntos. Además, Alicia Zamora Villaba con 5.3 por ciento; y Héctor Apreza Patrón con 3.3 por ciento. Estos dos últimos son marginales y si acaso podrían aspirar a declinar por alguno de los primeros.

En el PRD está a la cabeza, como ya dijimos, Carlos Reyes Torres con 14.8 por ciento. Seguido de Bernardo Ortega Jiménez con 9.3 por ciento. Y no hay más.

El MC y el PAN no presentan candidato ganador, con lo cual se deduce que la pelea será entre priístas y morenistas, teniendo al PRD o bien en alianza, o bien en el cabuz de tren electoral; algo lamentable para un partido que detentó dos veces la gubernatura del estado, y que fue también mayoría en el Poder Legislativo, así como la primera fuerza en ayuntamientos.

Es debido a estos números que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero ha propuesto que el PRD vaya en alianza con el PRI, para sacar adelante una candidatura conjunta en la que, obviamente, el tricolor sería el beneficiario directo, concretamente el senador Manuel Añorve Baños, si tomamos en cuenta que es el mejor posicionado.

¿Qué definirá la candidatura en el PRI? Si es por encuesta, la diferencia entre Añorve y Mario es muy cerrada, de apenas 2 puntos porcentuales. A esto, los expertos llaman “empate técnico”. Entonces, el tricolor estaría empantanado entre dos figuras que tienen prácticamente el mismo nivel de aceptación, con lo cual corre el riesgo de generar una grave disidencia si no elige al correcto, como sucedió en 2010, cuando Aguirre se les salió del carril cuando fue nominado Añorve.

En esta ocasión podría suceder lo mismo, sobre todo porque los Moreno Arcos son gente más cercana a Aguirre que a cualquier otro liderazgo del PRI. Tan es así, que Ricardo Moreno Arcos fue diputado local por el PRD, y a Mario lo marginaron en la selección de candidatos para le elección de 2015, precisamente porque se le estigmatizó como uno de los hombres de Aguirre.

Pero hoy que todo cayó del lado de los disidentes, y que muchos ya volvieron al PRI, como los Salgado Leyva, y Sofío Ramírez Hernández, por citar a los más visibles, todos esos viejos agravios están caducados y se tendrán que buscar nuevas fortalezas y debilidades para tomar una decisión.

En Morena, sin embargo, parece que las cosas están demasiado claras. Y aunque falta mucho tiempo para la elección, no vemos por dónde se puedan levantar Pablo Amílcar o Adela Román. Tampoco vemos cómo en un escenario tan definido pueda meterse el ex emecista Luis Walton Aburto. Una jugada así, simplemente no se justificaría.

Pablo y Adela pudieran cobijarse en la fortaleza de Morena, porque es el partido que mayor preferencia tiene en Guerrero, también con 63 puntos porcentuales, seguido del PRI, con 16 puntos El PRD, con 7 por ciento. El PAN con 4.4 por ciento. El MC, con 3.3 y un 6.2 por ciento que aún no decide.

Sin observamos, aún si todos los partidos opositores a Morena fueran en alianza, sumarían apenas poco más de la mitad de la preferencia que tiene Morena. De ahí que los perredistas digan que no vale la pena el sacrificio de ir aliado con el PRI, y piensan competir con candidato propio, para ir labrando su recuperación. ¿Será?

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Guerrero depende de la Federación

“La tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre”: Mahatma Gandhi

Mis estimados, les cuento que hay varias versiones de funcionarios de los tres niveles de gobierno, quienes exponen que estados y municipios recibirán menos recursos federales el próximo año, y hacen comentarios que no abonan en nada al desarrollo local, pues cada entidad tiene su historia y Guerrero, aparte de sus problemas ancestrales que vive, es un estado pobre.

El pueblo guerrerense es el que más depende de la Federación, pues apenas 2.4 por ciento de sus ingresos totales es propio. Es, pues, muy importante que conozcamos la distribución del recurso porque hay diputados y senadores que ni idea tienen de cómo se distribuye el presupuesto, pues aunque ellos lo aprueban, desconocen qué porcentajes se destina a cada rubro en lo estatal y municipal.

Si bien es cierto que el gasto federalizado para 2020 asciende 1.97 billones de pesos, el monto es menor en 0.5 por ciento real, con relación al aprobado en 2019.

El gasto federalizado se integra por participaciones, aportaciones, convenio de coordinación en materia de centralización y reasignación, y subsidios.

Para que vayan entendiendo, mis estimados, el total de recursos para los gobiernos locales incluye 47.9 por ciento correspondientes al pago de participaciones; 41.4 por ciento a las aportaciones federales que se canalizan a destinos específicos como educación, salud, infraestructura social y seguridad pública; y el restante a 10.7 por ciento, para otros conceptos en los que se encuentran las asignaciones para convenios de coordinación, subsidios y otros gastos.

En este sentido, la caída real de 0.5 del gasto federalizado impactará las participaciones en 0.9; 0.2 en aportaciones; 1.7 por ciento en protección social; y 0.3 por ciento en convenios.

Ramo 23

El Ramo 23, que se refiere al dinero correspondiente al derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo, así como el Fondo Metropolitano, Fondo Regional y otros subsidios que se entregan a las entidades para impulsar el desarrollo regional, registró un crecimiento del 8.1 por ciento.

Y aquí quería llegar, ya que el ramo 23 fue el único que aumentó, y en realidad es el que beneficia en cierto grado al estado y municipios guerrerenses.

Sin embargo, el Ramo 28 y 33, que son los rubros más importantes del gasto federalizado, el cual depende de la Recaudación Federal Participable y, por ende, de la actividad económica, aunque se puede ejercer de manera libre en los estados y municipios, aquí en conjunto se redujeron en 0.9 por cierto.

Esto indica, según expertos, que la recaudación en estados y municipios será muy débil en 2020, por la tendencia de desaceleración de la economía mexicana.

Es decir, la entrega es para que vayan midiendo el agua a los camotes en lo económico. Y aunque es muy importante que les muestre el cuadro fiscal, pues no es alentador para los guerrerenses, pero por falta de espacio les debo el rubro 28 y 33.

Con estos datos le demostramos al senador Félix Salgado Macedonio, que si disminuyó el presupuesto en 0.5 por ciento; porcentaje que si lo deducimos de los billones del presupuesto de egresos, es harto dinero.

El legislador guerrerense aseguró que el presupuesto económico del 2020 para Guerrero viene bien y que los recortes que se hicieron al campo y turismo es dinero que iba a gastos para los que estaban antes, que se gastaban en viajes, hoteles y vinos de lujo, cuando supuestamente salían del país a promover el turismo en Guerrero.

Lo mismo ocurrió con la reducción del presupuesto para el campo, porque el dinero se iba a la corrupción y ahora ya no va haber eso, refirió el senador Félix Salgado.

Sin embargo, lo que realmente importa de este fandango de los centavos es que sí habrá menos dinero para estados y municipios en 2020; no obstante, de todas las entidades federativas, Guerrero es el más afectado con la reducción del presupuesto económico, por su condición ancestral de pobreza.

Por eso, el territorio guerrerense es el que más depende de la Federación, y la entidad suriana es la que va a sentir la embestida de una crisis en el sector turismo y en el campo.

Muy a pesar a lo declarado por el senador Salgado Macedonio, la realidad es que aún no sabemos a cuánto asciendan las perdidas en ambos sectores. Por ejemplo, aun no se calculan las pérdidas de cosechas por falta de lluvia en Tierra Caliente, Costa Chica, la Montaña, Zona Norte Centro, Costa Grande y Acapulco Rural, donde se han reportado pérdidas por el temporal errático.

Los campesinos tratan de sacar al menos forraje para alimento de sus vacas, porque de plano el maíz no llegó ni a elote; sin embargo, han de decir que tienen el seguro catastrófico, pero eso en nada alivia. Son pobres 1,500 pesos por hectárea, que no cubren ni lo que ya gastaron los campesinos.

No podemos augurar lo que viene, pero sí podemos decir que es grave, sobre todo en el campo y turismo, porque de esos rubros viven la mayoría de los guerrerenses. De sobra sale decirles que la entidad tiene 40 municipios con vocación turística, que son los que van a sufrir la escasez. ¡Caray! ¿Por qué son cabezas dura los gobernantes?

Y por unos saqueadores pagan todos. No tienen que cobrarse con todos los guerreases; ¿qué culpa tienen el sector, que los ex funcionarios hayan desviado millones de pesos para otras cuestiones que no tenían relación con el turismo? Miren lo que reveló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): el funcionario expuso en su red social de Twitter que presentará una denuncia en contra de los funcionarios del extinto Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), por presuntos pagos excesivos y desvíos de recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero.

Y agregó el funcionario que coincidieron con la posición de la Secretaría de Turismo y su titular, Miguel Torruco, de que existen irregularidades. ¡Me lleva el tren Maya! ¿Qué carajos pretenden estos funcionarios? Para la publicidad del México lindo y querido no necesitan hacer tanto circo, ya dejen de mirar moros con tranchete y su mentada corrupción; destinen recursos para la promoción en el país y en el extranjero de los destinos mexicanos, porque si no lo hacen el turismo no vendrá a México durante la próxima temporada de invierno.

Insisto en esto porque del turismo vive un gran número de mexicanos, ésta es la tercera actividad económica del país, y tocando puertas en otras naciones no augura ningún resultado positivo, y menos con los altos índices delictivos que tiene en estos momentos de cabeza y teñido en sangre al destino turístico más importante, económicamente hablando, de México: me refiero a Cancún y su Riviera Maya; el destino vive su peor momento.

A Guerrero, como quiera, lo han etiquetado como un estado bronco, y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fue algo que dio el tiro de gracia a la entidad, que ahora pasó de ser un estado bronco a ser una entidad sumisa, donde permiten los ciudadanos que les desaparezcan a sus hijos estudiantes. En tono de burla lo dicen, que Guerrero es conocido ahora no por sus playas, sino que hoy es mundialmente reconocido por los 43 estudiantes desaparecidos.

Por cierto, en dos días se cumplen cinco años de la tragedia y nada se sabe del paradero de los muchachos; por el contrario, ya están libres varios de los inculpados en esos hechos, y esto indica que nunca sabremos qué fue lo que sucedió en realidad y dónde quedaron los muchachos.

Los padres de los jóvenes, así como estudiantes y otras organizaciones civiles, realizaron ayer un mitin en el Palacio de Justicia de Iguala de la Independencia, pues ellos aseguran que aquella noche fatídica del 26 de septiembre del 2014, las cámaras de vigilancia de ese recinto grabaron escenas que pueden ser reveladoras de cuando menos 17 estudiantes, por lo que exigen que esos videos sean presentados para esclarecer los hechos. Ellos aseguran que Centro de Control Computo y Comando C4), de Iguala, debe tener copias del video y debe entregarlas, exigió Felipe de la Cruz.

Y para hacerse escuchar, como ya es su costumbre, los padres y los alumnos cometieron actos vandálicos contra el edificio, le lanzaron piedras y petardos y destruyeron vidrios y ventanas; además, con aerosol realizaron pintas en las bardas.

Estos hechos los habían anunciado los padres de los 43 muchachos.

También en Acapulco, el Cabildo aprobó la instalación del monumento con el Número 43, en memoria de los estudiantes desaparecidos, el cual será colocado en la glorieta de la Costera Miguel Alemán, en la vía rápida.

Inmediatamente, el Antimonumento provocó reacciones fuertes del sector turístico; algunos decían que si ya era seguro que están muertos; otros preguntan a los ediles qué tiene que ver ese monumento con lo turístico. En las redes se acabaron a los regidores por aprobar ese Antimonumento en plena Costera; ellos dicen que aunque fueron hechos muy dolorosos y que ojalá nunca se vuelvan a repetir, en el puerto de Acapulco no debieron instalar ese símbolo y menos en la Costera, pues también el municipio de Acapulco vive hechos de violencia terribles, y han asesinado a centenares de personas inocentes incluso en plena costera y ciudad; entonces, van a pedir todos que les permitan poner cruces a sus deudos. “No debió aceptar el Cabildo esa propuesta”, dijeron prestadores de servicios. Sin embargo, mis estimados, aunque querremos ocultar el tema a nivel mundial, ese hecho marco para siempre a México.

Desde este espacio me solidarizo con los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos.

En la amnistía, las simpatías no importan

Es sorprendente que en las cárceles mexicanas exista una gran cantidad de personas que están ahí por lo que podía pasar como robo de famélico, es decir, aquel que se comete en estado de necesidad y sin violencia que, a efectos prácticos, es el que comúnmente imputan las cadenas de supermercados.

No se trata solo de precepción: 45 por ciento de las personas que están presas por delitos del fuero común llegaron ahí por infracciones de índole patrimonial, esto es, por robo, incumplimiento de obligaciones familiares, fraude, daños en propiedad ajena, entre otros.

Hasta la estadística más reciente presentada por el Inegi en 2018, con datos actualizados a 2016, del total de delitos patrimoniales, el robo representó 83 por ciento y del total de los delitos patrimoniales y, visto a detalle, el robo simple, robo a negocio y “otros robos”, que pueden no aplicarse bajo el supuesto de necesidad, representan alrededor del 70 por ciento de todo el robo que se comete en México.

No es de extrañar que, tratándose de mujeres, 40 por ciento esté presa por robo y que, en el catálogo general de delitos destaquen algunos que tienen que ver con complicidad con sus parejas, tales como delitos contra la seguridad pública (16%), contra la vida y la integridad (14%), dato este último relevante, en tanto incluye aquellos casos de aborto que en numerosas entidades sigue siendo penado.

Poniendo las cosas en su justa dimensión, la población penitenciaria está mayoritariamente compuesta por pobres, vulnerables por condición social o económica y de género, frente a la presión que ejercen cúpulas de poder real. Lo que hay, por ejemplo, es la presión y vileza de las empresas de supermercados –testimonios abundan de siembra de empaques para aumentar cuantía—o de las grandes iglesias que se oponen al aborto.

Criminalizar mujeres, médicos o parteros, es tema obsesivo para los sectores más conservadores. Criminalizar adictos, que son enfermos, es obsesión de las cúpulas del securitarismo. Todos, fanáticos con poder.

Y es que, el sistema se ensaña con los vulnerables… y pobres como nadie, son los indígenas en este país. Hasta 2017, la cifra oficial de defensores de oficio bilingües con capacidad de entendimiento con un acusado era de 25 abogados con capacidad de atender a 19 variantes. Los datos son inaceptables en materia de justicia, primero por la distribución geográfica hace encontrar, por ejemplo, a un defensor hablante de náhuatl en Ciudad Juárez, pero ninguno en la Huasteca donde se concentra la mayor población que tiene esa como primera lengua.

Pero además de lo geográfico el rezago es grave. En México se reconocen 68 lenguas y 364 variantes dialectales. Por estándar internacional, las variantes deberían ser tratadas como lenguas en un sistema de justicia eficaz y la forma de resolverlo es con traductores. Hasta 2017, en México había 664 traductores registrados y con capacidad de asistir en juicio, pero sólo a los hablantes de 34 lenguas y 121 variantes dialectales.

México, lo sabemos, es país de pagadores que se cosechan en la pobreza, la vulnerabilidad y la ignorancia (afirmación medida por el Inegi en la población penitenciaria: solo 3.3% tiene licenciatura, ni uno maestría ni doctorado; 6.6% es analfabeta; 10% no tiene estudios; 30.4% tiene preescolar o primaria y 39.1% secundaria).

Es posible que haya una intencionalidad política en la propuesta de amnistía que hace días presentó el gobierno o que no la haya. La verdad no importa porque este no es asunto de simpatías políticas: en México hay personas que robaron para comer; que en realidad son víctimas de circunstancias y de un sistema de dominación brutal. Esos, pobres y vulnerables en su mayoría, configuran una sobrepoblación penitenciaria –fluctuante entre el 10 y el 30% adicional a la capacidad instalada– que hasta por pragmatismo gubernamental debe reducirse. Por lo tanto, oponerse a la amnistía, es un despropósito.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Por primera vez desde que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron desaparecidos, la máxima tribuna social en el país estará abierta para los padres de familia que tienen 5 años buscando a sus hijos, y que esperan hallar pronto, vivos o muertos.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó ayer -tal y como lo anunció el líder de la bancada de Morena, Mario Delgado-, abrir por primera vez la tribuna nacional a los padres de los normalistas, y eso sucederá pasado mañana jueves, día en que se cumplen 5 años de la desaparición de los muchachos.

En el marco de la glosa del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los padres tendrá su tiempo para exponer ante los diputados la situación del caso, y hacer un pronunciamiento por aquellos hechos que enlutaron al país entero, que conmovieron a la comunidad internacional, y que expusieron a un gobierno y a una sociedad podridos desde sus entrañas.

Justo cuando están programadas las comparecencias de varios secretarios, entre ellos el de Hacienda, Arturo Herrera, los diputados abrieron un espacio para uno de los padres.

Entonces, ojalá que no sea el vocero el que tome la palabra, porque él es un cetegista que se le pegó al movimiento, aunque ninguno de los desaparecidos sea su hijo.

Ojalá que tampoco tome la voz el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, empleado del Tlachinollan, organización defensora de los derechos humanos que dirige Abel Barrera, pues ha estado trascendiendo en estos últimos días que esa agrupación ya conoce el paradero de los estudiantes, al menos de oídas, y no exigido que se revise el sitio, además de que también le ha sado raja económica al caso, pues este tipo de organizaciones no gubernamentales suele recibir financiamiento internacional, y por lo tanto tienen que demostrar trabajo para seguir recibiendo dólares y euros de gobiernos y grupos homólogos de otros países.

Digo, no es que la labor de Tlachinollan en este asunto no sea valiosa, pero tampoco podemos soslayar que no es algo desinteresado, sino más bien parte de un quehacer que ya tomaron como un “modus vivendi”. Y, como tal, actúan para mantenerse vigentes.

Retomo, por ejemplo, lo dicho por el ex procurador general de justicia del estado, Iñaki Blanco, quien señaló que gracias a Tlachinollan –que se empeñó en denunciar que los detenidos por el caso fueron torturados, en lo que fue un abierto juego de juez y parte-, fue que los principales cabecillas del grupo delincuencial que atacó, detuvo y desapareció a los muchachos hoy están libres.

Incluso, Iñaki Blanco pidió investigar a Tlachinollan, que se revise qué juego están jugando; si de defensa de los agraviados, o de los victimarios.

Y si no se investiga al grupo de Abel Barrera, al menos que explique por qué, en efecto, se determinó a hacer ese doble juego.

Decíamos que algo se cocina en el ambiente. Se sabe que el comisionado especial para el Caso Ayotzinapa ha estado sosteniendo reuniones con todo tipo de personas; incluso con presos en penales locales, para ir tejiendo la trama de aquella fatídica noche y sus consecuencias, así como ir armando el rompecabezas con tiempos, lugares y personas.

Debe ser un trabajo descomunal, por cierto, algo que al gobierno anterior le tomó años construir, está siendo a hora deconstruido para volver a empezar.

Pero también se dice que la gente tiene miedo de hablar, sobre todo porque las reuniones con Encinas no son en privado, sino que siempre está presente el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, a quien no le tienen plena confianza.

Tal vez entonces Encinas deba considerar cerrar sus reuniones, sobre todo las que son confidenciales, atendiendo el llamado que hizo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para que todo aquel que tiene información que aportar, lo haga; con plenas garantías del gobierno federal.