SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está en todo. Si pensaron gobernadores y alcaldes que no le metería mano al fondo que reciben para seguridad pública, pues se equivocaron. Ayer, en su conferencia mañanera, el mandatario anunció que ya tiene un pre-acuerdo con los gobernadores para modificar y reorientar el fondo de seguridad pública que se les asigna, a fin de mejorar los salarios y prestaciones de los policías, y para contratar más.

En pocas palabras, de una manera diplomática, el presidente intervendrá el fondo de seguridad para estados y municipios, y comenzará a monitorearlo de una manera estricta.

Pero, sobre todo, mediante acuerdos –para que no se sientan invadidos-, se encargará de que los policías reciban beneficios salariales y laborales. Y esa es una buena noticia de navidad y año nuevo para los policías, a los que la Revolución no les ha hecho justicia.

Hoy por hoy, con excepciones honrosas, el manejo de fondo de seguridad en estados y municipios es opaco. Se usa para mil cosas, menos para lo que se debe. Se dan casos tan lamentables, en que los policías tienen que parar labores, para exigir sus sueldos y prestaciones, porque el dinero que la Federación envía para sostener los sueldos de sus policías, instalaciones, patrullas, balas, armas, pertrechos, uniformes, equipos de radio comunicación y los centros de comunicación y comando, pues los usan para pagos del recibo del alumbrado público, por ejemplo; y hasta para el pago de laudos laborales.

Platicando con un jefe policial del estado, comentó que los municipios no cuentan con el número de elementos que por norma deben tener. La mayoría se mantiene con el menor número de empleados, aunque eso les represente un problema de prevención del delito. Tampoco se actualiza el parque vehicular, y menos el armamento.

AMLO dijo que este miércoles se estará concretando el convenio con los gobernadores, para reorientar el fondo de seguridad.

Será hoy miércoles cuando se discuta el tema de los salarios y capacitaciones a los policías del país, y de acuerdo con el jefe del Ejecutivo federal se busca un “acuerdo nacional”.

Durante su conferencia de prensa de este martes en Palacio Nacional, el mandatario federal sostuvo que incluso ya se llegó a un pre-acuerdo con los gobernadores; es decir, ya tiene avanzados los trámites y sólo será cuestión de protocolo para que en 2020 otro gallo les cante a los policías.

Los directamente beneficiados serán los policías estatales, que por la inseguridad se han ido haciendo menos. Recordemos que desde el inicio, el gobierno astudillista se fijó una meta de contratación para fortalecer a la Policía Estatal, pero no se logró. Al contrario, muchos elementos fueron despedidos porque comenzar a quejarse de los excesos de su jefe, el general Pedro Almazán Cervantes, quien sin mediar palabra los echó de la corporación, acusándolos de tener intereses oscuros.

Los policías estatales despedidos todavía andan navegando, peleando por sus liquidaciones, y otros pidiendo su reinstalación, que por ley no se les puede dar.

La meta es, por lo tanto, echar mano de los recursos que ya se tienen, reorientarlos y comenzar a favorecer a los que se fletan en las calles, carreteras y caminos para brindarnos seguridad.

AMLO seguramente ya se dio cuenta que mientras esto no cambie, los uniformados siempre serán la parte más delgada de su plan de seguridad.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Tren Maya se lleva mitad de presupuesto para el Turismo

“El remordimiento duerme durante la prosperidad, pero despierta como una conciencia amarga durante la adversidad”: Jean Jacques Rousseau.

Mis estimados, la construcción del Tren Maya va viento en popa, pues la consulta -verdadera u simulada- obtuvo un rotundo éxito.

Según Adelfo Regino Montes, director General del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), se hicieron más de 55 acuerdos generales y participaron 5 mil 237 autoridades tradicionales de 987 comunidades indígenas, con una participación de al menos 70 por ciento de la población.

Y de manera adicional se realizó una consulta a la población en general que incluyó a 84 municipios, de Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Yucatán y Tabasco. De esta consulta, 92.3 por ciento de la población votó la aprobación de la construcción del tren. Lo confirmó la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaria de Gobernación (Segob), Diana Álvarez Maury.

Sin embargo, activistas opuestos a la construcción del tren maya dijeron a la agencia Reuters que la consulta estuvo plagada de irregularidades, en un proceso que calificaron de simulación, y que busca dar una legitimidad al proyecto.

Según los inconformes, durante las asambleas no se daba la información clara y accesible, o que no respondían a la críticas y duda de la gente de las comunidades.

Carlos Escoffiè, defensor de Derechos Humanos que trabaja con comunidades mayas, se quejó de ello.

No obstante, haya sido como haya sido, el proyecto del tren maya se ejecutará, se oponga quien se oponga, pues es el gigante de obra del sexenio del presidente AMLO. Así lo señala el documento del presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Desde agosto se dio a conocer que el Consorcio Integrado por Key Capital, Sernemex Ingeniería y Sistemas ganó la licitación para realizar los estudios de ingeniería básica para el Tren Maya. Estos datos indican que con consulta o sin ella, el tren maya se iba a desarrollar, aunque esta magna obra se lleve la mitad del recurso destinados a la promoción del turismo, pues así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario contó que cuentan con un presupuesto de alrededor de 120 mil millones de pesos. “Ya tenemos seguros alrededor de 60 mil millones de pesos, ambos montos de ingresos se han obtenido por el cobro de impuestos a los turistas”.

Y añadió: “Ese dinero se usaba supuestamente para promover el turismo, y se demostró que no se le daba ese uso, la mayor parte se usaba para pagar publicidad del gobierno a empresas de comunicación; ahora se decide que ese fondo, que es de alrededor de 8 mil millones de pesos, se utilice para la construcción de esta obra, por eso hablo de los 60 mil millones de pesos que tenemos seguros, hasta el 2024. El resto será financiado con presupuesto público, no deuda”, aclaró.

Estaría bien, sin embargo, que se pusiera de acuerdo el mandatario con el titular de SECTUR, ya que Miguel Torruco Marqués aseguró que la obra del Tren Maya será edificada en su mayoría con inversión privada.

Todo, ante la angustia del sector turístico, principalmente de Quintana Roo, quienes fueron los primeros en oponerse a que el dinero recaudado por los impuestos al turismo sea invertido en la obra del Tren Maya. En ese entonces, los empresarios hicieron declaraciones fuertes al gobierno del presidente AMLO, por dar otro uso a los recursos destinados a la promoción del país. Asimismo, los empresarios criticaron al mandatario por impulsar una controversial consulta pública antes de asumir el poder para cancelar la construcción de un millonario aeropuerto en la Ciudad de México, sin el aval del organismo como árbitro electoral.

“Es preocupante los que hace el presidente AMLO, pues para la consulta del proyecto del tren debió respaldar la consulta el organismo; es preocupante las decisiones que toma el presidente AMLO, sobre todo por la desviación de los fondos recabados por el impuesto al turismo”, dijeron.

No obstante, el mandatario anunció con una sonrisa de oreja a oreja, que la primera semana de enero inicia la primera licitación para la construcción de aproximadamente 800 kilómetros, tramo en donde ya existe ingeniería básica, mencionó el mandatario en su conferencia matutina.

Además dijo el mandatario que las obras comenzarán a finales de marzo y principio de abril, “por lo que convocaremos a los grandes empresarios de México”.

Y lanzó el llamado a las empresas para que vayan preparándose para la licitación, pues el pasado 13 de diciembre le fueron entregados al gobierno los estudios de ingeniería básica, y es sólo cuestión de trámite para arrancar con la obra.

Se auguró por la Federación que dicha obra del Tren Maya estaba orientada a incrementar el turismo en el Sureste; no obstante, el proyecto -según activistas- va orientado a incrementar la derrama económica del turismo mayormente en la Península de Yucatán, para crear empleos e impulsar el desarrollo sostenible y propiciar el reordenamiento territorial de esa región, pues en sí la ruta por donde va pasar el tren es Yucatán.

Sin duda, mis estimados, el Tren Maya es la obra de infraestructura más importante del sexenio lópezobradorista, un ambicioso plan de desarrollo socioeconómico y turístico increíble, de eso no queda duda. Seguro que será enriquecedora la obra para esa zona del Sureste.

Pero lo incongruente de la Federación es desviar el fondo destinado para la promoción del turismo de otros destinos, para usarlo en esa obra, porque finamente sin promoción turística, aunque tengan un tren maya de súper lujo, no hay nada garantizado. Sin contar con el posible daño al medio ambiente, ya que los expertos señalan que partirá en dos 8 importantes áreas naturales protegidas.

Y para muestras, de falta de promoción, un botón: muy a pesar de lo que presume diariamente el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, en el sentido de que millones de turistas extranjeros arriban al país, en realidad México cayó en el ranking mundial del turismo si lo comparamos con 2018, ya que los aeropuertos del país recibieron a 8 millones 616 mil estadunidenses entre enero y octubre del presente año, equivalente a 25 mil personas; es decir, 0.3 por ciento menos que en el mismo periodo de 2018, siendo la primera vez que baja el flujo de viajeros de ese país en ocho años.

De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaria de Gobernación (Segob), no es significativa esa baja. Pero, con la pena, le digo al funcionario que por la inseguridad y por la falta de promoción, los turistas de Estados Unidos y Reino Unido se alejaron de México este año, y el asunto puede empeorar.

No pueden negar las autoridades que la Unión Americana históricamente ha sido el mercado más importante de turistas para el país, al enviar 6 de cada 10 viajeros por avión a México. Y Reino Unido sigue como el principal mercado europeo. Los turistas estadunidenses son los segundos después del turismo chino que más gastan, y los ingresos ocupan el cuarto lugar en ese tema, según la Organización Mundial del Turismo.

Pero lo grave del cuadro, es que el turismo estadunidense, desde el gobierno del presidente AMLO, desprecian a nuestro país, le miran todos los defectos a pesar que presume el presidente Trump mucha amistad y aprecio con el mandatario mexicano, pero es pura lengua, pues las alertas de no viajar a México por la inseguridad y violencia siguen siendo contantes por el gobierno estadounidense a sus connacionales; incluso, menciona a los estados y puertos por su nombre, y les dicen que no viajen a esos lugares por los altos índices delictivos que los acechan.

Cabe hacer mención que las mismas autoridades de Sectur mencionan que por la quiebra y cierre de la Agencia Thomas Cook, el pasado mes de septiembre menos británicos visitaran a México, y calcularon los funcionarios que nuestro país dejará de recibir 23 millones de dólares por el cierre de esta empresa.

Sin embargo, ni por eso toman medidas. El secretario de Turismo, por el contrario, no piensa en la promoción del país y tampoco en limpiarlo de los ríos de sangre que lo tiñen a diario. Prefieren destinar los recursos del impuesto al turista para el Tren Maya, y la promoción del país que siga pendiente. Incongruencia pura de los funcionarios.              

Editorial

El dinero de los partidos

El financiamiento público de los partidos suele ser uno de los elementos de las democracias competitivas. En consecuencia, está integrado en el sistema político mexicano. Sin embargo, no existe una regla única. No hay en el mundo uno idéntico a otro.

El jueves 12 de diciembre, el PRI y el PAN, junto con otros cuatro institutos políticos, votaron en contra de la reducción del financiamiento a la mitad, propuesta por Morena en la Cámara de Diputados. Ambos acusaron a este partido de querer deshacer el actual sistema político y buscar su predominio.

En el fondo, esos dos viejos partidos creen que ahora, más que nunca, requieren un fuerte subsidio del Estado para tratar de recuperar su votación anterior al 2018. No obstante, la idea de que los recursos que hoy reciben les resultan indispensables es mala por ser falsa. En la reciente elección federal, el PRI y el PAN incrementaron el dinero gastado, pero cayeron en número de votos obtenidos. El partido que más sufragios obtuvo fue el que menos dinero había recibido.

Las reglas del financiamiento no se limitan a las campañas electorales, como ocurre en muchos otros países, sino que comprende también el llamado gasto ordinario que se entrega mensualmente. La bolsa anual de dinero para todos los partidos se conforma al multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 30% de ese total se reparte entre los partidos de manera igualitaria y el resto se asigna a cada cual según el número de votos obtenido en la más reciente elección de diputados federales. Además, las entidades federativas cuentan con sendos mecanismos de subsidio a los partidos.

Morena ha planteado siempre que esa bolsa debe reducirse. No se trata sólo de canalizar unos 2 mil 500 millones anuales (la mitad del financiamiento actual) hacia otros gastos necesarios, sino también de bajar las erogaciones públicas que se destinan a sostener pesadas burocracias partidistas.

El proyecto de disminución del financiamiento a los partidos partió de reiteradas expresiones populares. El subsidio ha ido subiendo a una cantidad importante, más aún cuando la bolsa aumenta un 30% en los comicios intermedios y en un 50% en el año de la elección presidencial.

La demanda de reducir este financiamiento no sólo tiene años sino que en 2018 fue una insistente promesa de Morena y su candidato a la Presidencia, los cuales admiten su existencia pero rebaten la cuantía. Es así de simple.

Durante meses se sostuvieron diálogos entre varios partidos en aras de alcanzar la mayoría requerida para emitir una nueva norma. Hace unos días se vio claro que no sería posible, pero al proyecto ya se le había dado publicidad y estaba listo para ser votado en el pleno de San Lázaro.

Morena no quiso más demoras porque nada indicaba que la situación fuera a cambiar y, además, su obligación era cumplir con una promesa política de campaña aún cuando no fuera posible alcanzar el éxito por ahora.

La mayoría absoluta de la Cámara de Diputados (274 votos) se ha pronunciado por bajar el subsidio a los partidos pero, en México, la norma es constitucional y para modificarla se requiere dos tercios en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.

En síntesis, los responsables de que el próximo año se sigan erogando unos 5 mil millones de pesos en gastos de operación de los partidos son quienes han votado en contra: PAN, PRI, MC, PVEM, PRD y PT.

El debate sobre este tema, sin embargo, continuará.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Dan pena ajena los Fox, Vicente y Marta. Tras la desgracia de Felipe Calderón, al caer el hombre fuerte de su sexenio, y al trascender que Hacienda investiga a la “pareja presidencial” (así les gustaba a Vicente y a su Martuchis que les dijeran), por fraude fiscal, el guanajuatense se exhibió en toda su bajeza en estos días, cuando retomó sus habituales tuitazos, pero ahora ya no para confrontarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino para elogiarlo y para aplaudirle.

¿Creerá Fox que “Lopitos –como a él le gusta decirle al presidente- cambiará de opinión sólo porque ahora le eche porras?

AMLO ya dijo claramente lo que hizo Fox en su sexenio, además de liberar a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, de la cárcel de Puente Grande, Jalisco. Diría el presidente que lo único que hicieron Vicente y Marta Sahagún fue “salir de pobres”.

Y así fue. Una información presentada este día por el medio digital Sinembargo, con base en documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, los Fox dejaron el poder, pero continuaron jalando recursos tanto del sector público, como del sector privado nacional e internacional, para sus organizaciones no gubernamentales, pero en la más completa opacidad administrativa y fiscal.

“Entre 2007 y 2018, percibieron 583 millones 876 mil 822, a un ritmo de 37 millones 671 mil 965 pesos por año”, cita el reportaje.

¿De dónde llegó ese dinero, y en qué se gastó? Todo eso tendrán que explicarlo ahora Fox y su Martuchis.

Del Estado tenían seguridad y la pensión vitalicia que se les asignaba a los expresidentes y luego a sus viudas, hasta su muerte, así como donativos.

Pero los Fox no actuaban solos. Para eso están los hijos de Martha Sahagún y también los adoptados de Vicente Fox, Vicentillo y Rodrigo Fox de la Concha, haciendo una verdadera pandilla de vivales.

De los primeros se dice que eran socios del chino Zhenly Ye Gong en el negocio del tráfico del precursor de las metanfetaminas, y que el dinero que se le confiscó a éste era en realidad de los hijos de Marta.

Y a Rodrigo Fox de la Concha se le investiga por presunto fraude fiscal, para lo cual 13 empresas de los Fox están en revisión.

No es pare menos que Vicente haya cambiado de la noche a la mañana, y que ahora sea puro amor hacia AMLO y su Cuarta Transformación, pues no había un día en que no le espetera y refutara sus iniciativas.

Pero esto no es nuevo. Algo similar hizo Fox cuando decidió apoyar a Enrique Peña Nieto en las elecciones de 2012, y no a la candidata de su partido, Josefina Vázquez Mota. El hombre que fue el primer gobernante de la derecha se alió con el PRI, y apenas hace unos días reapareció ante estudiantes universitarios, ante quienes aclaró que ya no forma parte del PAN, pero que está dispuesto a trabajar por su fortalecimiento.

¿De verdad? Habría que preguntarles ahora a los panistas si quieren seguir con este lastre o caminar solos, pues les sería más beneficioso deslindarse de estos dos gandallas, que llevaron a México a la peor de las pobrezas e inseguridad.

Los mexicanos nos preguntamos dónde está la justicia, y por qué estos sujetos siguen libres, todavía haciendo política de baja calaña.

Al menos Felipe tuvo la vergüenza de renunciar al PAN en el marco de la campaña de 2018, pero con la intención de posicionar a su mujer. Ambos, Felipe y Margarita –que se sabe ya no son esposos- están empeñados en crear un nuevo partido político denominado México Libre.

Tras la caída de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal en tiempos de Felipe Calderón, y la evidencia de que fue aliado del Cartel de Sinaloa, la gente está pidiendo que no se le entregue su registro a ese partido, pues en efecto sería una doble estocada al pueblo mexicano. Y de verdad lo sería. Tantas muertes, tantos desaparecidos, tanta impunidad, es la cauda que arrastrará México Libre, y hasta el nombrecito que eligieron ofende.

Ni Felipe ni Fox tendrán descanso en esta patria. Como a Caín, la tierra que un día gobernaron los vomita, y ellos tendrán que cargar con esa maldición.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Congreso de Guerrero aprueba Ley de Ingresos 2020

“Hemos de ser sinceros con nosotros mismos y conocernos bien para ejercer con los demás esa benévola simulación que se llama amor y bondad”: Aurora.

Mis estimados, las buenas noticias en relación al turismo continúan para este bello destino turístico, pues Ixtapa-Zihuatanejo registra excelentes índices de ocupación hotelera, de hasta 86.8 por ciento.

Son datos extraordinarios, ya que aún no llegan las vacaciones de fin de año, pero el destino turístico lleva al menos cuatros fines de semana pasando del 80 por ciento de ocupación. Aun con los problemas económicos y de inseguridad que vivimos, los visitantes nacionales y extranjeros eligen el destino de playa para vacacionar.

Las buenas referencias tienen animado al sector turístico que auguran que si Ixtapa-Zihuatanejo, sigue con estos índices altos de ocupación, seguro a partir del 20 de diciembre el puerto rebasará el 100 por ciento, pues en esa fecha inicia el periodo de vacaciones decembrinas de manera oficial.

Anuncian, no obstante, que cuidar el turismo es tarea de todos.

También el puerto de Acapulco alcanzó un 82 por ciento de ocupación este fin de semana; y el Pueblo Mágico Taxco de Alarcón 74 por ciento.

El promedio estatal de los destinos guerrerenses fue de 83 por ciento. ¡Wii! Excelentes datos para los destinos del estado de Guerrero, con seguridad la temporada será generosa al sector.

En otro tema, mis estimados, les cuento que después de tanto grito y exhibicionismo, la presidenta Adela Román Ocampo cedió ante las manifestaciones de los jubilados y pensionados del SUSPEG. La alcaldesa, con la finalidad de que ya no le hicieran escándalos, firmó un convenio con los dirigentes para pagar 29 millones de pesos, y se comprometió a que hoy lunes abonará los primeros 10 millones, y el resto lo trasferirán antes del 20 de diciembre.

Increíble, que le den tanta vuelta a un adeudo que tienen que resolver sea como sea. Se amarró el dedo antes de cortarse la alcaldesa y dijo que ese recurso va a salir de ingresos propios; pero primero –dijo Adela Román “Vamos a cubrir la nómina, aguinaldo y prima vacacional, de los compañeros que están laborando en el ayuntamiento y después saldamos esa deuda. ¿De dónde voy a sacar dinero? Eso yo lo resuelvo, deja ver que puerta tumbamos”, expresó.

Digo, ¿no podía la alcaldesa decir esto desde un principio y evitar los gritos? ¡Caray!, ¿qué canijos les pasa a los alcaldes? ¿Por qué sólo a punto de manifestaciones y gritos, escuchan, entienden y ceden? De veras que están alrevesados, toman el cargo y se vuelven sordos, ciegos y mudos ante los problemas de la gente, y esto del SUSPEG lo resolvieron porque se trata de una organización, a la pobre gente la traen vuelta y vuelta con puras promesas, hasta que se enfadan las personas y no vuelven más al ayuntamiento; por eso los alcaldes se atolondran y creen que todos los ciudadanos van a actuar de la misma forma, pero topan con pared. ¡Qué manera tan más tonta de conducirse!

Algunos alcaldes que tienen deuda con el ISSSPEG creen que con su cerrazón ya no van a pagar: de todos modos tienen que pagar, así que ¿para qué hacen circo?

Porque no sólo la alcaldesa porteña hizo sufrir por meses a los pensionados y jubilados del ISSSPEG, son varios los alcaldes del estado que adeudan y se siguen haciendo ojo de hormiga prieta.

Y en relación a la inseguridad y violencia que continúa azotando al municipio de Acapulco, la alcaldesa porteña indica que siguen trabajando en ello, que no bajan la guardia; sin embargo, los índices delictivos en el puerto de Acapulco siguen creciendo, aunque con todas esas desgracias el turismo sigue llegando al destino turístico pues es el puerto más grande del estado suriano y el que más recursos genera.

Con todo, siguen siendo preocupante las respuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, con relación a la inseguridad y violencia que golpea con furia el país. El mandatario federal relató que el flagelo de la inseguridad en México se agravó por la complicidad entre delincuentes y autoridades, y que su gobierno heredó ya los altos índices de inseguridad, que no se generaron en su gobierno. Insiste el presidente que en su administración no habrá contubernio con el crimen y aseguró que con autoridad moral pacificará al país.

“Ahora nos estamos dando cuenta, hay ya noticias de cómo estaba el asunto, de cómo los encargados de garantizar la seguridad estaban trabajando para la delincuencia, al servicio de la delincuencia; eso fue lo empeoro la situación de inseguridad en nuestro país. Porque cuando no hay una frontera bien definida entre autoridad y delincuencia, cuando hay contubernio, cuando es lo mismo en la delincuencia con la autoridad, pues entonces no hay remedio”, afirmó. ¿Qué tal?

La pregunta del millón: “¿Usted cree que el presidente AMLO desconocía semejante trance del gobierno? Esto es un cuento guajiro, los que andan en política saben y conocen el teje y maneje de cada ayuntamiento, estado y presidencia de la República, como él mismo dijo un día, que los presidentes saben todo. Y él fue jefe de gobierno en la capital del país y hace muchos años que sabe bien cómo masca la iguana en México, en todos los rubros, no sólo el de la seguridad, pues si hay alguien que conoce todo el país como la palma de su mano es el presidente AMLO.

De seguridad, sabía bien el presidente cómo se moneaba y operaban los gatos pardos en todo el México lindo y querido. Que no nos venga con cuentos chinos el mandatario federal, que con autoridad moral pacífica va a combatir a los crimínales. Eso es un chiste mal contado. Que recuerde el mandatario federal que los malvados no actúan con autoridad moral, ni tampoco los mexicanos seguirán soportando la violencia. Insisto: la gente prefiere estar pobre comiendo frijoles y tortillas, pero en familia, con sus hijos en casa juntos, no huyendo como animales salvajes, perdidos, asesinados.

Ya no queremos justificaciones de las autoridades, sino que ejerzan su poder, que hagan cumplir la ley y que dejen de culpase entre ustedes. O como decía el empresario Alejandro Martí: si no pueden, renuncien.

¿Y qué creen? La buena noticia es para los 81 municipios del estado, pues el Congreso de Guerrero aprobó el Presupuesto de Egresos, el cual asciende a 61 mil 800 millones de pesos para 2020, cantidad que presenta un incremento del 3.2 por ciento, que se traducen en mil 925 millones de pesos más, en comparación con lo aprobado en 2019, que fue de 59 mil 875 millones de pesos.

Cabe hacer mención, mis estimados, que según comentarios los diputados se jalonearon mucho, pues ustedes saben cómo masca la iguana en ese recinto, y no crean que a los legisladores morenistas no les gusta la lana de borrego, con estos fríos y crisis se necesita billete para cubrirse.

Se dice, pues, en los corrillos del Congreso, que el titular de la Secretaria de Finanzas del gobierno estatal, Tulio Pérez Calvo, y el subsecretario, Eduardo Montaño Salinas, acudieron al Congreso y sostuvieron reuniones privadas con diputados de todos los grupos parlamentarios. Es decir, los funcionarios estatales fueron a ajustar el presupuesto al Congreso, ya que se reunieron a solas con los diputados hasta llegarles al precio, perdón, digo hasta alcanzar acuerdos.

Según por ese detalle, el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública fue votado poco antes de las 2 de la madrugada del pasado sábado, tras casi siete horas de deliberación y de reuniones entre las diferentes bancadas y la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Finalmente, acordaron la idea y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfredo Sánchez Esquivel, emocionado anunció que de los 61 mil 800 millones aprobados para 2020, 35 mil 856 millones son para el Poder Ejecutivo. ¡Glup, glup! Seguimos: 856 millones para el Poder Judicial;  4 mil 600 millones para órganos autónomos; para municipios 14 mil 300 millones; y mil 400 millones para provisiones salariales.

Después, el diputado Sánchez Esquivel se echó su choro mareador, contando que van a vigilar y fiscalizar los recursos para que se apliquen de manera eficiente y trasparente, pues aseguró que serán evaluados en función del impacto socio económico.

También indicó que “la distribución del presupuesto en los 81 municipios del estado permitirá sentar las bases de un desarrollo sostenible y equilibrado en la economía estatal” dijo, el legislador de Morena.

Puro cuento de los diputados, siempre dicen lo mismo. ¡Feliz semana de posadas, mis estimados! 

Editorial

Los efectos del misil García Luna

Todavía no zarpa el barco y ya recibió un misil por debajo de la línea de flotación. Cuando el partido de los Calderón, México Libre, está a punto de lograr las asambleas necesarias para convertirse en obtener el registro recibe un golpe letal: la detención de Genaro García Luna no sólo pone en duda hasta dónde sabía Felipe Calderón, sino cuál será su oferta en materia de seguridad después de semejante fracaso.

Cualquiera de las dos posibles respuestas a la primera pregunta es letal para el ex Presidente. Si no conocía las actividades de García Luna, sus arreglos y sus corruptelas estamos frente a un personaje que vivió engañado y engañándonos con una estrategia que él nunca controló. Si la respuesta es sí, la cosa es mucho peor, pues implica que la estrategia de seguridad calderonista fue sólo una farsa, una simulación para favorecer a un solo cartel, una guerra que buscaba administrar la violencia para seguir con la misma corrupción de siempre.

Es muy probable que la respuesta esté en medio, que el Presidente nunca haya tenido control completo y que haya tomado decisiones pragmáticas que iban en contra de su propia política. Ningún Presidente, ni siquiera el poderosísimo López Obrador o antes Carlos Salinas, tiene ni puede tener control, ya no digamos absoluto sino suficiente, en este tema porque, y este es el verdadero mal, el crimen organizado está enraizado en las instituciones del Estado mexicano, llámese fuerzas armadas, policía federal, poder judicial, fiscalía, etcétera.

De hecho, se sabe que Calderón desconfiaba de todos sus colaboradores en materia de seguridad y tenía la costumbre de confrontarlos permanentemente, lo que aparentemente tampoco sirvió de mucho. El resultado del misil García Luna es que la ya de por sí cuestionada política de seguridad implementada por Calderón quedó desnuda y la oferta electoral de su partido, desbaratada.

El Gobierno de López Obrador va a festejar, con toda razón, la derrota definitiva del modelo calderonista de seguridad. El riesgo es que se queden en la retórica del “se los dije” y “la derrota moral de la oposición” y no vean que la política de seguridad que está implementando el actual Gobierno nos está llevando al mismo derrotero.

Para decir qué estuvo mal nos basta y sobra la campaña, pero que un año después no exista una política clara, sistemática y coherente en materia de seguridad es muy preocupante. La Guardia Nacional y el la aniquilación por decreto de la corrupción no bastan. No es suficiente para las condiciones de podredumbre que imperan en casi todo el país.

Primero porque las corrupción de nuestras instituciones va más allá de cualquier voluntad presidencial; es un cáncer que está en la médula. Segundo porque si a la Guardia Nacional no se le da este año un impulso definitivo hacia la institucionalización corre el riesgo de corromperse como lo han hecho todas las que anteriormente se encargaron de combatir el crimen organizado y terminaron asimilándose.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

A diferencia de lo que sucedió a nivel nacional, cuando se aprobó en la Cámara de Diputados el presupuesto de 2020 para el país –momento que fue cardiaco para Morena por la toma del recinto legislativo y las quejas de la oposición- este fin de semana se aprobó el presupuesto de Guerrero para el próximo año, sin grandes espavientos.

Más bien, se trató de un proceso aterciopelado, demasiado si consideramos que la mayoría en el Congreso local la tiene Morena, partido que bien pudo hacer cambios y reasignaciones a su antojo.

Todo lo contrario, los morenistas se portaron muy decentes y solidarios con el gobernador Héctor Astudillo Flores, cuyo equipo de Finanzas hizo un presupuesto acorde a las necesidades de la administración, pues recordemos que el gobernador en sus giras por la entidad suele hacer compromisos, que bien pudieron cambiarle los legisladores, ya que les asiste ese derecho.

Se esperaba, por ejemplo, que los diputados detectaran aquellos compromisos que tienen una buena carga política –entiéndase “quedar bien”- para reorientarlos a áreas más sensibles.

Pero nada. Al contrario, este proceso fue mucho menos traumáticos que en la era perredista. Recuerdo, por ejemplo, que cuando Zeferino Torreblanca necesitó del voto de los diputados para la aprobación de su presupuesto en 2008, el finado Armando Chavarría encabezaba a la poderosa bancada amarilla, y de inmediato le puso precio a cada voto. Incluso pidió negociar directamente con el gobernador a nombre de todos sus representados. Y como también Zeferino era de pocas pulgas y de armas tomar, pues aquel encontronazo fue de antología.

Es decir, que a cambio de la aprobación del presupuesto anual en los términos que lo planteaba el gobernador, los diputados vendían su voto al mejor postor. Entonces, los enviados del mandatario tenían que hacer una intensiva labor de conven$imiento (así con signo de pesos), para conseguir su objetivo. Una vez lograda la mayoría de votos, los votos contrarios ya no importaban. Y los opositores a ultranza sabían que nada les tocaría, así que eran los primeros en apuntarse al “chayote político”, válgase la expresión. Así es, no sólo los periodistas cobran chayote, también los políticos son como la Aventurera, se venden al mejor postor.

Esto era tan grave, que se decía que cada voto le costaba al gobernador en turno 1 millón de pesos, o más cuando se trataba de jefes de bancada o políticos con influencia.

También se usaba que a cada diputado se le reservaban varios millones de pesos para sus “bestiones”, dinero que ejercían a su antojo, sin vigilancia de parte de la Auditoría.

¿O por qué cree usted, amable lector, que Morena entró en un proceso de degradación muy vergonzoso en el Congreso? Pues porque está de por medio no sólo el presupuesto que maneja el Poder Legislativo, sino precisamente este tipo de negociaciones, en torno a las leyes de ingresos y al presupuesto anual, que es de lo más jugoso, según se escucha decir en los corrillos políticos.

De hecho, tanto el secretario de Finanzas, Tulio Pérez Calvo, como el subsecretario, estuvieron muy activos en el Congreso, siguiendo de cerca este proceso de aprobación del presupuesto. Para ello celebraron reuniones a puerta cerrada con cada bancada, pues se trataba de adecuar el presupuesto para reasignar los 200 millones de pesos que le toca poner al estado en el programa La Escuela es Nuestra, y que viene a sustituir al programa Escuelas al 100.

El proceso de aprobación les salió “planchadito”, y eso le complació al gobernador Héctor Astudillo. No es que no haya habido cambios al plan original; sí los hubo, pero controlados desde el Poder Ejecutivo y a petición de éste.

La entidad a ejercer en 2020 será de 61 mil 806 millones 7 pesos, que serán distribuidos como sigue: Salud, 109 millones de pesos; Educación (infraestructura educativa) 572 millones, ya incluidos los 200 millones de “La Escuela es Nuestra”.

Para la infraestructura carretera se asignaron 590 millones de pesos, en infraestructura hidráulica 398 millones, en Desarrollo Social 321 millones y para el campo, con inversión estatal habrá 340 millones de pesos.

El gobernador se dijo complacido porque al no haber cambios severos, se podrá hacer obra en los 81 municipios de la entidad, lo cual era su preocupación.

Además, se mantienen los programas sociales de su gobierno, como Un Cuarto Más, Pensión Guerrero, Apoyos a Madres Solteras, Discapacitados, Alerta de Género y Combate a la Corrupción. Sin embargo, desaparecerán otros como el de Estufas ecológicas, que ya será eliminado.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

¿Recordamos, amable lector, lectora, el numerito del extravío de armas de la Policía Preventiva del municipio de Acapulco? Aquel escandalillo, que desnudó al gobierno del perredista Evodio Velázquez Aguirre, destapó una cloaca en la corporación cuando fue intervenida por elementos de la Marina, pues resulta que 350 armas simplemente no aparecieron.

Ahora se dice que poco a poco se fueron recuperando, pero aún se tiene un faltante de 150 armas “perdidas”.

Un dato oficial revela que en 60 por ciento de los municipios de Guerrero, los uniformados y los jefes policiacos “pierden” las armas de cargo, registradas y avaladas por la licencia colectiva que les otorga la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y nadie se hace cargo de ello.

Hay informes también de que las armas no se extravían, ni se pierden, sino que son robadas o sustraídas de las corporaciones para su venta en el mercado negro; y en algunos casos son sustituidas por vejestorios sin valor.

La pérdida de armas fue revelada este año por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, David Portillo Menchaca, quien dijo que los municipios del estado tienen un grave faltante de armas y deben acreditar cada uno de los casos ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Son una cantidad tremenda de municipios que tienen armas perdidas y que no llevan la carpeta de investigación. Un aproximado del 60 por ciento tiene problemas con las armas, no una cantidad grande, pero son armas al final de cuentas”, dijo.

¿Qué sucede en estos casos? Que cada ayuntamiento debe hacer un reporte a la Fiscalía, denunciando la desaparición del arma, para que se investigue su destino final. De lo contrario, los gobiernos municipales se exponen a que se les finquen responsabilidades.

Pues bien, parece que estos líos están próximos a desaparecer, porque la noche del miércoles los senadores avalaron la creación de un padrón de uso o extravío de armamento dentro del territorio nacional.

El Pleno del Senado de la República aprobó adiciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para establecer que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) elabore un registro nacional de armas.

En dicho registro se deben incluir armamento extraviado, robado, destruido, asegurado o decomisado.

Además, todo aquel que cuente con licencia de portación de armas, tendrá que reportar el robo o extravío de éstas; de lo contrario, será sancionado con penas de dos a cinco años de prisión.

Ahí les hablan señores alcaldes, señores directores de Seguridad Pública, jefes de grupo y policías. No más armas perdidas, ni robadas, ni sustraídas. Mucho menos “prestadas” a criminales, como se cree que sucedió en Acapulco, donde una parte de la plantilla de policías no eran propiamente policías, sino gente civil que portaba solamente el uniforme y, por supuesto, también el arma.

“La pena aumentará hasta en dos terceras partes cuando se trate de armas de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, y de los cuerpos de reserva”, dicta el dictamen de los senadores, y esto tiene que ver con el calibre de las armas, pues hay algunas que no son de exclusividad de las fuerzas armadas. Tengo entendido que pistolas del calibre .9 y .380 ya entran en esa categoría. De los rifles, solamente el .22 queda fuera, el resto es de uso exclusivo.

Resulta increíble que México apenas esté haciendo este registro de armas. Y que ni siquiera se hayan puesto exigentes en ese aspecto, a raíz de la grave violencia que se desató cuando el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra contra los grupos delincuenciales, guerra que ahora sabemos que fue una vil estafa al país y un vil engaño, pero que enlutó y sigue enlutando a la nación.

También es interesante ver que por fin habrá multas para los gobiernos y particulares que extravíen armas de uso exclusivo, aunque tengan permiso para portarlas, y que no reporten de esta pérdida con oportunidad, pues hasta ahorita sólo la portación era penalizada, pero ahora también lo será el extravío de ellas.

Y qué bueno, porque extraviar un arma no es como extraviar cualquier otro objeto, sino que pueden ser utilizadas para la comisión de delitos de toda índole.

La honestidad del PAN

En sus doce años de gobierno y aún antes, esto es en la administración de Ernesto Zedillo, los panistas han tenido personajes polémicos en las instancias de seguridad y justicia, algunos de los cuales son perseguidos y acusados de realizar actos ilegales como Eduardo Medina Mora  y Genaro García Luna, lo cual mina esa imagen de honestidad que fue la bandera que por años blandieron en el panorama político.

La historia negra del paso de los panistas por la impartición de justicia comenzó en el gobierno de Zedillo con Antonio Lozano quien ocupó la Procuraduría General de la República. La llegada del abogado causó esperanzas en un sector de la sociedad porque su militancia en un partido cuya bandera era la pulcritud y la honestidad generó la ilusión de que serían garantías de un trabajo impecable. Pero esto no sucedió.

Esa imagen pronto se desvaneció cuando Lozano contrató a una vidente, La Paca, para encontrar los restos del diputado tamaulipeco del PRI, Manuel Muñoz Rocha. El fraude costó a la procuraduría cuatro millones de pesos, pero el costo para Lozano fue mayor pues tiempo después tuvo que dejar el puesto y se dedicó a litigar en su despacho.

Otro panista célebre por sus tranzas en los tribunales es Diego Fernández de Cevallos alias El Jefe. Sin mayor prurito este abogado se dedicó a litigar mientras era legislador. Sus negocios le redituaron millones de pesos de ganancias.

Sólo por citar dos casos: por la devolución de impuestos a Jugos del Valle recuperó mil 540 millones de los cuales se llevó entre 30 y 50 por ciento. Luego, en el litigio por el predio en Santa Úrsula Coapa de la familia Ramos Millán ganó un porcentaje similar por los mil 214 millones de pesos que recuperó para dicha familia.

Cabe recordar que por el despacho de Diego Fernández han pasado prominentes socios como Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación; Arturo Chávez Chávez y Antonio Lozano Gracia ambos extitulares de la Procuraduría General de la República.

Otros miembros del PAN metidos en el mundo de las leyes o en la procuración de la justicia y que son investigados en México y en otros países por negocios turbios, son: el magistrado Eduardo Medina Mora y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Medina Mora, diplomático, exprocurador General de la República, director del extinto Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), asesor de algunos organismos privados y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es investigado por el gobierno de Reino Unido mediante la National Crime Agency tras detectar transferencias millonarias hechas desde México a sus cuentas por dos millones 383 mil 526 libras esterlinas en los dos últimos años.

En tanto que García Luna, quien al igual que Medina Mora colaboró con el gobierno de Fox y el de Felipe Calderón, fue detenido este martes en Estados Unidos acusado de ayudar al Cártel de Sinaloa a “operar con impunidad” a cambio de millonarios sobornos, según informó el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue.

El hombre fuerte del gobierno de Calderón, tiene un largo historial de escándalos, entre ellos haber organizado con Televisa el escenario para la detención de una banda de secuestradores en la que incluyeron a la ciudadana francesa, Florence Cassez, quien resultó ser inocente.

Los panistas han manchado uno de sus principios rectores: la honestidad, y sin esta pierde confianza ciudadana en este tiempo de crisis en el que su fuerza esta menguada. Por cierto… Los planes de Felipe Calderón y Vicente Fox de erigirse como la oposición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador van al fracaso con los escándalos de sus correligionarios y excolaboradores. Difícilmente alguien puede creer que no estaban enterados de los negocios turbios de García Luna, Medina Mora, Antonio Lozano, Gómez Mont, Fernández de Cevallos y algunos otros que están en los expedientes de la justicia mexicana y extranjera.

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