Opinion | - Part 232

El Castillo

Lilia Arellano

Permanece invisible el Estado de Derecho

Hay que darle la razón a las organizaciones civiles y a las de periodistas en el extranjero cuando aseguran es en nuestro país en donde existe un peligro mayor para los tundemáquinas, los analistas, los comunicadores, locutores, editorialistas, fotógrafos, camarógrafos y, a diferencia de lo registrado en las zonas de guerra, no puede sacarse ni un pañuelito blanco ni portar el emblema de la Cruz Roja para evitar ser baleado.

Por un lado, vemos cómo han ido masacrando a decenas de compañeros en los últimos años y, por el otro, es vergonzoso se multe con diez millones de pesos a Sergio Aguayo al “perder” la demanda interpuesta por un hombre honrado, honesto, probo, guapo, cantante, líder, maestro, ex dirigente nacional de un partido cuya fuerza está en el sótano: Humberto Moreira.

Los pillos van encontrando la forma de evadir al gobierno y, lo peor, al Estado de Derecho, a la aplicación de una justicia prevaleciente solamente para los jodidos.

Exigen diputados y senadores la presencia de los integrantes del gabinete de seguridad del gobierno actual para dar explicaciones amplias sobre lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, no han citado a nadie para conocer, por lo menos para conocer, el rumbo de las investigaciones en torno a los asesinatos en contra de periodistas.

Eso sí, han hecho modificaciones a las leyes con el fin de castigar a quienes osan hablar de las trayectorias de los políticos con poder, de los amigos, porque si se trata de contrarios hasta se patrocinan la publicación de hechos vergonzosos y se entregan pruebas suficientes para respaldar lo difundido, incluyendo los audios, siendo las escuchas un arma de inteligencia la cual requiere de ordenamiento judicial y nada se dice respecto a este ilegal proceder, inclusive, está permitido darlos a conocer a la opinión pública siempre y cuando sea de grupos o personajes contrarios.

En las oficinas de prensa del gobierno federal, esperan las instrucciones del vocero presidencial, la forma, el fondo, la redacción de todo aquello empleado para justificar haber dejado en libertad a Ovidio Guzmán, lo relacionado con el agradecimiento de los abogados defensores de toda la familia e inclusive el reconocimiento del primogénito de ese clan sobre hacer prevalecer por encima de cualquier cuestión o enfrentamiento o problema, la vida humana y eso habla solamente de la existencia de los sinaloenses, de los habitantes de la capital estatal, porque de las decenas de muertos diarios, de homicidios dolosos, de secuestros, extorsiones, sobre la venta de protección o pagar derecho de piso o lo relacionado con la trata de blancas, el secuestro, la corrupción migratoria, la venta de autos robados, etcétera, para eso ni siquiera hay una estrategia o tal vez sí existe pero… fallida.

A todo esto se agregan las grandes mentiras. Sabido es los EU, su gobierno, nunca ha cedido ante las peticiones de terroristas o de secuestradores, como tampoco ha modificado sus leyes para impedir la venta abierta y sin mayores requisitos de armas al ser esta industria altamente rentable.

Con ese armamento cada vez más sofisticado y mortal, comercian con los países en donde existen guerras civiles o enfrentamientos a causa del control perseguido por los mandos estadounidenses ya sea por petróleo o por drogas y, esos ingresos, son el símil de los obtenidos a través del narco, les proporcionan “dinero negro” para sus invasiones, para costear la apuesta de conquistar la galaxia, etcétera. No se ve, ni se cree, lo dicho por el “carnal” Marcelo Ebrard, extraídas sus expresiones de un encuentro telefónico entre AMLO y DT.

El sentimiento, la sensación, la percepción de orfandad de los mexicanos está latente. La molestia de ser testigos de la manera arbitraria, grosera, haciendo gala de la violencia, las amenazas, la fuerza, con la cual detienen a vendedores ambulantes, a quienes se ganan la vida comerciando con comida, dando grasa al calzado, llevando en carritos fruta o mariscos, lo cual habla de su deseo de, pese a todas las desgracias en su entorno, permanecer dentro de lo honrado, de lo honesto para ganarse el sustento familiar. En tanto, se deja libre a los delincuentes y no solamente se trata de los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, sino de los descendientes de funcionarios de alto nivel, de líderes tanto políticos como sindicales o gobernadores o presidentes municipales o legisladores, a quienes sigue sin vérseles frente a la autoridad, a los fiscales, a los jueces. Por lo tanto…

Editorial

La era de la ira

El mundo se está volviendo loco. Esto es, al menos, lo que percibe una buena parte de mi generación, la que creció sin internet y se encontró con las redes sociales ya entrada en la adultez. A nosotros se nos enseñó que la razón debe embridar a la pasión y guiar las principales decisiones de la sociedad políticamente organizada. Aprendimos que las emociones juegan un papel importante en la vida personal, pero que nunca deben desplazar al raciocinio en el terreno político. Nuestra concepción de la cosa pública se desarrolló antes de que el prefijo “post” se posicionara a empellones frente a palabras axiales como verdad, democracia y liderazgo. A nadie debe sorprender, pues, que nos gane la perplejidad.

Hace falta una reflexión retrospectiva. Ya nadie cuestiona que la corrupción atrofió los mecanismos de representación, desacreditó el discurso racional y, de hecho, desprestigió por completo la ortodoxia democrática. Algunos dudan del agregado que hacemos los socialdemócratas en el sentido de que la indignación se incubó en el aumento de la desigualdad de sociedades globalizadas a las que la democratización del conocimiento ha vuelto más exigentes. Y pocos se atreven a sugerir que los excesos de la corrección política y de la globalización erosionaron el triunfo cultural del derecho a la diferencia y trajeron una resaca de xenofobia y racismo. Pero ni validando todos esos argumentos alcanzamos a explicar lo que estamos presenciando. ¿Donald Trump llegó al poder porque la gente está harta de los corruptos y detesta a los ricos? ¿Jair Bolsonaro es producto de una mayor exigencia? ¿El Brexit fue resultado del rechazo a la inmigración?

Evidentemente hay algo más profundo, quizá escondido tras uno de los movimientos pendulares de la humanidad. Veamos. Hace casi dos siglos Augusto Comte empezó a escribir su Curso de filosofía positiva. Plasmó en esa obra su teoría de los tres estados de la evolución humana, el teológico, el metafísico y el científico o positivo, y de paso fundó la sociología. Su pensamiento tuvo una enorme influencia en el mundo, empezando por América Latina. En México fue uno de sus discípulos, Gabino Barreda, el elegido por Benito Juárez para edificar el proyecto educativo nacional que habría de arraigarse durante el Porfiriato; en esta fuente abrevaron sus principales intelectuales orgánicos, con otro educador –Justo Sierra– a la cabeza de un conspicuo etcétera. Y en Brasil el positivismo llegó aún más lejos: construyó templos y legó al país su lema, “orden y progreso”.

Entre el enojo gregario y la violencia solo media un paso de obnubilación. No es, por cierto, un problema generacional, pues la exasperación se da en todos los grupos demográficos. Lo que debemos hacer los miembros de mi generación que porfiamos en invocar el tamiz de la razón es un mayor esfuerzo para discernir el origen de la locura e ir a la raíz de la crisis. Hay escenarios espeluznantes que podrían hacerse realidad en el futuro previsible. En la película Joker, que pese a deficiencias en su trama rompe récords de taquilla, podemos vislumbrar uno de ellos. Una mezcla de marginalidad, sed de venganza y sociopatía engendra un antihéroe aclamado por la multitud. Quien lo crea una exageración haría bien en observar con atención los estragos de la posverdad, la posdemocracia y el posliderazgo en Estados Unidos y en otros países. Vivimos tiempos indescifrados en que la revancha anárquica y una pulsión nihilista parecen pesar más que el afán de justicia social. Es en serio: urge detener la gestación de la era de la ira.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Ya comenzó la movilización de presidentes municipales, en demanda de mayores recursos al gobierno federal. Una vez que la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos, y cuando ya se disponen a revisar el presupuesto de egresos para 2020, los alcaldes comenzaron a exponer su necesidad de mayores recursos para obras de infraestructura y seguridad.

El reclamo es bueno, y es justo y necesario que se fortalezca a los municipios, porque desde siempre se ha sabido que a pesar de que las actividades productivas se desarrollan en las demarcaciones municipales primeramente, son el estado y la Federación los que se reparten con la cuchara grande los ingresos por concepto de cobro de impuestos, mientras que a los presidentes municipales les queda la opción de andar mendingando recursos para las obras que les reclaman sus gobernados.

En Zihuatanejo, por ejemplo, cuánto tiempo tuvo que pasar para que la obra del Muelle se atendiera. Gracias a la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores, sobre todo al cambio de gobierno municipal, esta obra fue posible y está programad para inaugurarse en diciembre próximo.

Pero baste este ejemplo para entender cómo los municipios están muy castigados, y la visión administrativa no es para nada municipalista, pese a que los municipios son la célula del país, aunque en esencia el cuarto nivel de gobierno también existe y son las comisarías, cuyos representantes también son electos por voto popular.

No obstante, únicamente 4 de cada 100 pesos que se distribuyen para los tres órdenes de gobierno en el país, llega a los municipios, bajo criterios bastante erráticos.

En este momento, reciben recursos los municipios muy ricos, o los municipios muy pobres. Los primeros por los recursos propios que puedan cobrar, y los segundos porque no cobran nada y tienen graves niveles de subdesarrollo, máxime si cuenta con zonas serranas o pueblos indígenas.

Los municipios intermedios, que son la mayoría, andan a la quinta pregunta.

Ese modelo ha demostrado que es obsoleto, porque los municipios muy pobres, aunque reciben mucho dinero, siguen siendo pobres. Y los municipios ricos, aunque recaudan mucho dinero, siguen con graves carencias.

Entonces, se requiere de una reforma administrativa muy profunda, en la que se fortalezca a los municipios, pero no sólo con dinero, sino también con capacitación en todas sus áreas porque, de verdad, dan pena ajena.

Incluso, se estila en los ayuntamientos que el alcalde en turno nombre a cualquier hijo de vecino en la Tesorería, sin respetar el perfil que éste debe tener, el de un contador con conocimiento de finanzas públicas. Al contrario, se ha visto en las tesorerías a profesores, ingenieros, e incluso analfabetas, que sólo cargan los cheques porque son otros los que manejan todo. ¿Por qué hacen esto? Porque es moda que los ayuntamientos contraten despachos contables, donde se encargan de llevarles sus cuentas, cuadrarlas y resolverles todos los problemas. Obviamente todo por cuantiosos recursos, porque un despacho cobra y cobra bien. Mientras que el tesorero en turno si acaso firma los vales de gasolina, y pone el nombre y el apellido ante los órganos fiscalizadores. En caso de algún desfalco, es el tesorero mentecato el que queda en entredicho, no el despacho contratado por su jefe, y entonces enfrenta el largo brazo de la justicia, quedando inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta por 10 años, si bien le va.

Por lo tanto, para exigir hay que primero que ofrecer. Si la Cuarta Transformación trae como política central el combate a la corrupción; luego entonces, está por demás recordarles lo que deben hacer.

Primero, orden; mejor gasto e inversión, supervisión para el rendimiento del recurso público, mejor administración para que alcance para todos, pues difícilmente les serán autorizados presupuestos para privilegios y despilfarros.

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

*Narco imponente y agradecido

*Inaceptable reacción de las fuerzas armadas y la Guardia

*Durazo y Sandoval deben renunciar; culpables y confesos

Nadie les ha levantado un solo falso; ellos, los integrantes del gabinete de seguridad hablaron de sus errores, de las fallas, de la nula inteligencia existente para combatir a las mafias, a las del narco, a las de la trata de blancas, a los extorsionadores, a las dedicadas al secuestro o a la venta de protección. No se necesitó de críticas ni de opiniones de opositores y si partimos de la “confesión” del titular de la Defensa Nacional, nada más puede agregarse. Lo registrado en Culiacán, Sinaloa, no tiene antecedente alguno ni en relación al uso de armas en calles y avenidas de la capital estatal como tampoco en la reacción gubernamental y menos aún en la actitud y el silencio rodeando a quien gusta de hablar a diario de todos los temas apenas canta el gallo. Va corriendo el telón y surgen peticiones ya no de regresar la seguridad sino de correr a quienes han hecho pública su incapacidad.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, y Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa, deben renunciar tras haber evitado la detención de Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, luego de una jornada de violencia en Culiacán, Sinaloa, con saldo de ocho muertos, 51 fugados del penal de Aguarato, vehículos quemados, autos policiales abandonados y la presencia de auténticas patrullas criminales en varios puntos de la entidad. Esa y no otra es la exigencia de diversos sectores de la población a través del poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, quien aseguró el proceso de pacificación prometido por el presidente Andrés Manuel en campaña ha fracasado. Sin embargo, sólo hay justificaciones, todos se mantienen en sus puestos, después del niño ahogado, intentan tapar el pozo, con el envío de más militares a Sinaloa, y buscan culpables en mandos medios. Pero el impacto negativo a la imagen del país es irreversible en el corto plazo, tanto para la captación de inversiones como para la atracción de turistas.

El titular del Ejecutivo federal reveló el gobierno de Estados Unidos pidió la captura de Ovidio Guzmán López, quien contaba con orden de extradición, por lo cual elementos del Ejército mexicano implementaron el jueves un operativo en Culiacán, Sinaloa, para arrestarlo, pero… el operativo falló. Justificó la decisión tomada de liberar a Guzmán López marca una diferencia en el país. “… había una orden de detención de un presunto delincuente famoso pero hubo una reacción de esta banda y se armaron y se estaba poniendo en riesgo la vida de mucha gente, policías, de servidores públicos y de gente civil”, indicó López Obrador en Tlaxiaco, Oaxaca, donde insistió lo más importante de su gobierno es la paz, tranquilidad y justicia. Los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral; de Veracruz, Cuitláhuac García, y el de Oaxaca, Alejandro Murat, respaldaron la decisión del Presidente, y externaron su disposición de realizar acciones coordinadas con la federación en caso de ser necesario. O sea, las peticiones de Trump no requieren de la existencia de cargos y de comprobación de delitos en México, se cumplen hasta sin orden de aprehensión, a las voz de inmediatamente y cómo sea ¿eso es para quedar bien? Después del desfiguro tal vez el magnate gringo se arrepienta de andar pidiendo favores y utilizar a terceros, por lo tanto pudiéramos ver en el futuro la actuación directa de la DEA y el FBI.

Tras salir de una reunión con legisladores en el Senado, Javier Sicilia declaró: “No sólo Durazo, sino quien estaba detrás de Durazo dirigiendo el operativo, suponiendo éste sí sabe, porque Durazo no sabe, debió de haber una simbiosis. Los dos deberían de irse, nos pusieron en una situación muy grave a la nación y al Estado”, manifestó el poeta, quien recalcó: “Miren el desastre. Ni atención a víctimas ni un proceso de pacificación correcto porque no se ha tejido una política sistemática y porque no se ha tomado en cuenta como prioridad de la nación. Olvidemos el aeropuerto, olvidemos Dos Bocas, olvidemos tanta cosas, la prioridad de la nación, y lo reconoció el presidente, es la paz y la justicia de este país (…) sin eso, todo lo demás está roto, está muerto y no sirve para nada”.

Sicilia llamó a López Obrador a reconsiderar su estrategia y recordó “yo siempre he estado en contra de que el Ejército esté en las calles, pero si lo sacaron, y hay un enfrentamiento de esta gravedad, que es una guerra, dejar humillarse por el crimen organizado al Ejército, me parece deleznable”.

Si los soldados, los marinos, las policías no se enfrentan a los delincuentes ¿quién lo hará? Es de suponer todos ellos han sido entrenados para hacerle frente a esta y a muchas otras situaciones y si su respuesta es darse la media vuelta señalando es para proteger la vida de los ciudadanos debemos aceptar es por esa actitud que estamos como estamos, nos han dejado a todos, no solamente a los de Culiacán expuestos a la delincuencia.

Mire su entorno: las ventanas lucen barrotes, un buen número de viviendas cuentan con doble puerta y tres chapas, se transita de la casa al trabajo o a la escuela sin hacer paradas, adolescentes y hasta niños cuentan con un celular para reportarse permanentemente con sus padres, hay doble cortina en los comercios, las tiendas despachan después de las 9 de la noche a través de una ventanilla al igual que las farmacias. Los mexicanos sobrevivimos en “prisión domiciliaria” y ni para donde huir porque, curiosamente le pagamos a las guardias fronterizas, a quienes impiden crucemos a otro territorio ya sea al Norte o al Sur.

A su vez, el dirigente del PRD, Ángel Ávila, llamó a López Obrador a reconocer su estrategia para enfrentar el narcotráfico ha fracasado. “No le echemos la culpa de la situación de inseguridad, de violencia y de la fuerza del crimen, sí lo heredó de gobiernos pasados, pero sí lo responsabilizamos de la mala estrategia para enfrentar a estos narcotraficantes (…) Estamos ante un Estado fallido y el gobierno debería reconocer esto, debería ser humilde y aceptar que su estrategia de abrazos y no balazos, de acusarlos con las abuelitas, el fuchi-guácala no ha funcionado y necesita cambiarlo”.

Sobre la liberación de Guzmán López, Ávila sostuvo el presidente estaba obligado a no negociar. “No puede entrar en una negociación con criminales, porque entonces la señal es que estamos ante un Estado débil. No se debió haber negociado. La protección de los ciudadanos debió hacerla desde que se planeó el operativo, pero por lo que vemos ni siquiera hubo planeación”, indicó y consideró es necesario que López Obrador sea más abierto para que especialistas de todos los órdenes ayuden a construir una verdadera estrategia contra el crimen.

Para el PAN, la liberación de Ovidio Guzmán muestra que México es un estado fallido y que el gobierno se sometió a la delincuencia. Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, resaltó la capacidad de respuesta del crimen organizado a las instituciones de seguridad en Culiacán “fue una reiteración de lo que ya sabemos que sucede en el país, que no es nuevo, esta capacidad de fuego, este poder que tienen las organizaciones criminales, y al mismo tiempo esta limitación que mostró el Estado mexicano para poder hacerles frente”. Para AMLO, lo malo no son las expresiones de sus opositores políticos sino la opinión de la gente, el miedo de saberse expuestos y sin un gobierno al frente para evitar siga la delincuencia apoderándose del territorio nacional, imponiendo autoridades, financiando campañas, etcétera.

Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, José Luis González Meza y Juan Pablo Badillo Soto, presuntos abogados de “El Chapo” Guzmán, agradecieron a López Obrador y a Durazo y Sandoval la liberación de “El Ratón”, la cual fue confirmada a las 20:30 horas del jueves, tras cinco horas de estar en interrogatorio. De acuerdo a la versión de los litigantes, la detención fue en una vivienda del Fraccionamiento Tres Ríos, sin que el hijo de “El Chapo” fuera golpeado, amenazado o amedrentado por elementos castrenses. La jugada violenta aún se desconoce si provino de Joaquín Archivaldo desde los EU al haber demostrado en ocasiones anteriores hasta donde llega su poder y cuáles son las formas utilizadas para defender a su descendencia.

Varias horas después de registrarse el enfrentamiento a balazos y quema de autos tras la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, se observaban unas camionetas, camiones, tráilers y autos calcinados en múltiples puntos, incluso a unos metros de la Fiscalía General del Estado. Eran visibles fachadas con impactos de bala y castillos percutidos en el piso. El desastre fue limpiado por cómplices de los propios narcotraficantes y personal municipal y estatal. ¿Quién giró instrucciones para obligar a los criminales a limpiar todo el desorden causado? ¿También esos grupos delincuenciales se encargarán de las viudas, de los hijos, de darles sepultura a los muertos? ¿Sabrán ahora los miembros del Ejército que deben exponerse para después pedir disculpas y liberar a los detenidos?

Editorial

El peligro del microplástico

Las microperlas son un tipo de microplástico con función específica para fregar o exfoliar. En cosmética, “microplástico” se refiere a todos los tipos de pequeñas partículas de plástico (menores a 5 mm) que se agregan intencionalmente a cosméticos y productos de cuidado personal. A menudo se usan como agentes emulsionantes o simplemente como rellenos baratos.

Las microperlas se fabrican cada vez más con el fin de reemplazar los materiales exfoliantes naturales (como la piedra pómez, la avena y las cáscaras de nuez) para su uso en cosméticos como los limpiadores, pastas dentales y exfoliantes abrasivos.

Específicamente, se pueden encontrar microperlas en algunos productos como la pasta de dientes, protector solar, exfoliantes faciales, gel de baño, cosméticos como base y rubor, y otros productos para el cuidado de la piel. Para saber si hay microperlas en los productos, se debe buscar alguno de los siguientes ingredientes: Polietileno (PE) Tereftalato de polietileno (PET) Nylon (PA), Polipropileno (PP) Polimetilmetacrilato (PMMA). La lista es más extensa, sin embargo estos son los más comunes.

Una vez en el agua, las microperlas pueden tener un efecto perjudicial en la vida marina, el medio ambiente y la salud humana. Esto se debe a su composición, capacidad de absorber toxinas y potencial para transferirlas la cadena alimentaria marina. Allí, los peces, las tortugas y otros animales acuáticos se alimentan de pequeños trozos de plástico, que a menudo no se pueden distinguir de los alimentos.

A diferencia del caso de las bolsas de plástico y popotes, ha habido intervenciones limitadas para reducir las microperlas, sin embargo también ha habido un reciente interés de implementar políticas para reducir su uso. La mayoría de estas políticas públicas se relacionan con la prohibición de la venta de productos cosméticos que contengan microperlas.

El apoyo público para prohibir las microperlas está creciendo y ha impulsado la acción de empresas multinacionales, ONGs y políticos responsables. Por ejemplo, Unilever, The Body Shop, IKEA, Target Corporation, L’Oreal, Colgate Palmolive, Procter & Gamble y Johnson & Johnson de alguna forma han reconocido el problema de las microperlas en sus productos de cuidado personal, y muchas ONGs de más de 30 países están trabajando o ayudando a aprobar medidas legislativas para prohibir los productos de cuidado personal con microperlas.

En México, podría ser posible esta prohibición a través de una modificación a la Ley General de Salud, por ello desde el Centro para la Diversidad Biológica y Greenpeace México lo estamos impulsando. Si son las mismas grandes marcas que ya no distribuyen en los países en los que han prohibido la venta de cosméticos con microplásticos, ¿por qué no podrían hacerlo en México? No deben tener un doble estándar y los legisladores deben modificar nuestras leyes para hacer esto posible, si no queremos seguir inundando nuestros océanos de plástico.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Las reglas del juego de Morena eran muy claras. Participarían en las asambleas gente registrara hasta 2015, lo cual constituye el padrón original del partido. Por lo tanto, sólo esa gente debió ser informada e invitada a las asambleas distritales, que en el caso de Guerrero son 9; a nosotros en Zihuatanejo nos corresponde el distrito 03 federal, con sede en Zihuatanejo.

La otra regla era que todo participante en la asamblea para elegir a los consejeros del partido, tendría que tener un pre-registro antes de ingresar al salón donde se llevaría a cabo la elección, de lo cual les darían un código QR (imagen digital), que les serviría para votar.

Pese a ello, la elección distrital se les hizo un desgarriate a los morenos por múltiples razones. Primero, no informaron con oportunidad de todos estos requisitos. Anduvieron ocultándolo todo, viendo a todos como enemigos de su causa. Y en este escenario cerrado, en la que sólo los líderes conocían los requisitos, se fraguaron una serie de irregularidades que ahora se le imputan a la oposición: acarreos de personas, clonación de códigos QR, manipulación del voto a ojos vistas, pues hasta en las mismas filas había gente de diversos líderes instruyendo a la gente por quién y cómo votar.

Si en el pasado se les criticaron duramente sus juegos de lotería, aquellos en los que los consejeros y candidatos a cargos de elección popular eran seleccionados mediante una tómbola, dejándole a la suerte algo que le corresponde a la democracia participativa, hoy simplemente los morenistas demostraron que no saben jugar bajo las reglas del juego democrático, y que –como dijo uno de sus fundadores, Sergio Montes Carrillo-, se estrenaron como mapaches.

Es mucha la inconformidad entre las bases de Morena. Sobre todo los líderes más cercanos a las bases, encargados de informar y movilizar a la gente hacia las sedes distritales, quienes ya hicieron el gasto y sufrieron el desgaste de esta primera asamblea, pues tendrán que reponer el proceso y eso para ellos implica mayor esfuerzo.

¿Qué ocurrió? Nada. Faltó información, coordinación y trabajo en equipo. Es obvio que dentro de Morena cada araña está jalando para su hebra, y que tal y como ocurre en los demás partidos, la asamblea distrital no era la oportunidad de acercar el partido a las bases, y facilitar su participación, sino la prolongación de la guerra encarnizada que tienen desde antes de la elección de 2018, cuando se dividieron en torno a las candidaturas y cargos de elección popular.

La dirigencia estatal de Morena está rebasada, lo mismo que la dirigencia nacional, máxime cuando Yeidckol Polevnsky es juez y parte en el proceso de renovación del comité ejecutivo nacional del partido.

Se entiende entonces que estas asambleas distritales son cruciales para que a los consejos estatales llegue el mayor número de consejeros afines de cada grupo, pues de su voto dependerá quién resulte ser el presidente nacional del partido, en los años siguientes.

Ahora entendemos cómo es que un simple ejercicio democrático se tornó tan reñido, al grado de que hubo violencia y un alto grado de competencia entre grupos políticos, para manipular a las bases a su favor.

Las asambleas serán repuestas en noviembre, previo al Congreso Nacional electivo del partido. Tal vez entonces ya demuestren que son el partido por el que votó la mayoría de los mexicanos en 2018; o bien confirmen que son una sarta de oportunistas que se le colgaron a Andrés Manuel López Obrador.

Jaime Bonilla, el discípulo

Francisco Ortiz Pinchetti

La supuesta “consulta ciudadana” fue convocada sin ningún sustento legal y carente de rigor técnico. No tuvo el aval ni la supervisión de alguna autoridad electoral o al menos una entidad autónoma. No hubo cabal difusión sobre la ubicación de las escasas mesas de votación, que estuvieron manejadas por partidarios del propio promotor del “ejercicio”. Ellos mismos se encargaron de recoger la votación en urnas improvisadas, de custodiarla y de contarla.

Las preguntas estuvieron evidentemente sesgadas, a modo de inducir a los votantes hacia la opción que a los organizadores importaba. No se contó por supuesto con una lista nominal de electores y los que acudieron pudieron votar dos, tres y las veces que quisieran en diferentes casillas, o en la misma, según constataron y documentaron diversos medios de comunicación. Tampoco se respetó el secreto del voto, claro.

Al final, el cómputo favoreció abrumadoramente a la propuesta preconcebida, aunque el índice de votación haya sido ridículo: menos del 1.2 por ciento del padrón electoral. No obstante, y a pesar de impugnaciones sin cuento, se consideró que el pueblo sabio se había expresado y se actuó en consecuencia.

No me refiero a la farsa montada por el Gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, para tratar de avalar con otra “consulta ciudadana” el atraco que pretende perpetrar para ampliar su mandato a cinco años, aunque legalmente fue electo para gobernar solamente dos, a fin de “empatar” las elecciones estatales con las federales.

Flaca memoria: los datos comprobados y publicados que anoté arriba se refieren a la “consulta” que promovió Andrés Manuel López Obrador, entonces Presidente electo, para justificar con la opinión del pueblo sabio su decisión de cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en octubre del año pasado, que costó al país más de 130 mil millones de pesos. “La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos”, dijo el tabasqueño muy orondo. “De modo que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía”.

Las similitudes son todas.

Bonilla Valdez siguió el guión al pie de la letra. Aplicó la receta como si tuviera a la vista un libreto. Las mismas tácticas tramposas. Las mismas anomalías, carencias y omisiones. Las mismas mentiras. No en vano es discípulo amado, fiel seguidor del hoy Presidente de la República.

Acaudalado empresario tijuanense de los medios de comunicación de 69 años de edad y con antecedentes más oscuros que sus anteojos infaltables, es amigo muy cercano del residente de Palacio Nacional. Los une no sólo su mutua afición por el beisbol, sino un compromiso político de tiempo atrás, cuando menos desde que el bajacaliforniano fue diputado federal por el PRD (2012-2015).

El tabasqueño lo puso primero como dirigente estatal de Morena y luego lo nombró coordinador de su campaña en la región. Lo impuso también como candidato a senador en la elección federal de 2018, cargo que alcanzó, aunque a poco pidió licencia para convertirse en “súper delegado” del Gobierno de López Obrador en la entidad fronteriza y dos meses más tarde candidato a Gobernador.

La identidad entre ambos es plena, obvia, pública.

Lo más grave, y para muchos harto significativa, ha sido la actitud omisa de López Obrador ante las tropelías de su ahijado. Una y otra vez se ha resistido a deslindarse de la reforma constitucional urdida para burlar a la ciudadanía bajacaliforniana, que eligió un Gobernador para dos años. Y ahora lo hace ante la “consulta gansito” del domingo pasado, remedo de la suya propia. Y todo eso no parece nada casual. Aguas.

En vez de aceptar la responsabilidad del autor obvio de la reforma a la Constitución de Baja California, perpetrada el 8 de julio pasado, recurre a las ambigüedades y pide a quienes la aprobaron, o sea los diputados locales que según se supo recibieron sobornos millonarios, “retractarse y pedir disculpas”.

Ha dicho lo mismo que le da “pena” el tema, sin precisar cuál es el motivo concreto de su sentimiento o que es una “chicanada” que la llamada Ley Bonilla no se publique (lo que por cierto ocurrió ya este jueves), sin explicar tampoco el sentido de su crítica. También y finalmente que el caso ya lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación…
Resulta sin embargo que uno de los actores que tienen facultades para presentar ante la SCJN un recurso de inconstitucionalidad una vez que sea publicada la Reforma, es precisamente el Presidente de la República. No obstante, Andrés Manuel descartó promover acciones legales al respecto. “No quiero intervenir en el caso”, dijo. Así, o más claro. Válgame.

Editorial

Los vuelos de Santa Lucía

Por tercera vez en lo que va su mandato el Presidente echó a volar el aeropuerto de Santa Lucía, la obra más emblemática de su sexenio no por lo que significa en términos de inversión, sino porque es la que le permite confrontar permanentemente el pasado corrupto frente al futuro austero y republicano.

El proyecto de Santa Lucía libró las suspensiones -después de una manifestación de fuerza del Presidente que uso al Ministro Zaldívar para mandar el mensaje de lo que le pasa a los que se oponen- lo que no ha librado son los problemas propios de un aeropuerto, esto es, desde las manifestaciones de impacto ambiental, los de viabilidad aeronáutica y los problemas sociales que causa una obra de este tamaño en la que siempre hay afectados, en este caso no solo las comunidades vecinas sino los militares avecindados en la base de Santa Lucía.

Poner primeras piedras es uno de los deportes favoritos de los políticos. Es un acto de voluntad, una manifestación de poder al decir “hágase” y que las máquinas obedezcan y en ese momento comiencen a trabajar, aunque en muchas ocasiones no hagan sino mover tierra de un lado para otro, como es el caso del pretendido aeropuerto pues no hay proyecto ejecutivo, por lo tanto, tampoco hay permisos, ergo no está listado es el banco de obras de Hacienda y por conclusión no tiene presupuesto. Lo que hay en el proyecto de presupuesto 2020 -que por supuesto puede ser modificado- es dinero para los estudios y el proyecto ejecutivo. El Presidente insiste en que el aeropuerto estará funcionando en 2021 lo cual no solo es improbable sino indeseable: una obra de ese tamaño no puede construirse bien, con proyectos ejecutivos y arquitectónicos bien hechos, en tan poco tiempo.

Pero ninguna opinión, ni la de López Obrador, ni la de la Secretaría de la Defensa, ni la del amigo contratista José María Riobóo, es tan importante como la de los expertos en aeronáutica quienes deberán no solo opinar sino dictaminar sobre la viabilidad de operar simultáneamente los aeropuertos de Ciudad de México y de Santa Lucía y con qué condiciones. Mientras ese estudio no esté terminado los demás es especulación.

En lo que eso sucede, Santa Lucía seguirá siendo el símbolo de la batalla del Presidente contra los conservadores, contra los corruptos, los fifís (incluida por supuesto la prensa fifí) y contra el dispendio gubernamental. Paradójicamente, si sigue por la ruta en la que va, donde lo político se antepone a lo técnico y la voluntad del poderoso a lo lógico, Santa Lucía podría terminar convirtiéndose en el gran símbolo del despilfarro de este sexenio, en el aterrizaje forzoso de un Gobierno que no le gusta volar con instrumentos.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

De acuerdo con cálculos someros, las víctimas en Culiacán habrían sumado entre 500 y mil muertos, incluidos unos 200 civiles. Los más, habrían sido sicarios del Cartel de Sinaloa, soldados y policías. Una verdadera carnicería.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó esto durante una entrevista el pasado sábado, y eso nos hace redimensionar la decisión que tomó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para ordenar la liberación de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón e hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

AMLO no quería una victoria “pírrica”, dicho así en memoria de Pirro, aquel general que logró una victoria contra el Ejército de Roma, pero a cambio de perder a casi todos sus hombres.

No a la detención de un delincuente por órdenes de Estados Unidos, a costa de más vidas de mexicanos. No a la obediencia ciega al gobierno del Norte, acostumbrado a imponer sus políticas públicas en México, como lo hizo con Felipe Calderón, quien a cambio de respaldo para su gobierno espurio, acordó con George Bush Jr y luego con Barak Obama, combatir desde territorio nacional a los cárteles del narcotráfico, para que México pusiera los muertos, mientras ellos hacían negocio con la legalización de la marihuana, para crear un mercado potencial de billones de dólares, aprovechando su calma chicha allende sus muros.

Basta ver los videos de la gente sitiada en tiendas, tirada sobre el pavimento, parapetados en sus vehículos, ancianos al borde del infarto, para entender lo que vivieron los “culichis” (mote de los vecinos de Culiacán), y para respaldar con todo la determinación del presidente.

AMLO nos dio una lección a los mexicanos, pero sobre todo a sus detractores, los panuchos, gente que come santos y defeca diablos, quienes desde la máxima tribuna de la representación social del país le gritaron cobarde y le pidieron su dimisión inmediata.

¿Cobarde un hombre que ponderó salvaguardar la vida de inocentes más allá de su ego personal? Creo que los panistas olvidan que fue su partido, desde la época de Vicente Fox, el que metió a México en esta guerra fraticida, por cobardes. Pues cobarde es el que entrega a su patria a cambio de intereses extranjeros. ¿O qué no dice el Himno Nacional: “Más si osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo; piensa oh patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio?”

Sí, la patria está llena de alimañas, pero son las que ellos alimentaron, a cambio de dinero con la Iniciativa Mérida, y a costa de una terrible traición, como la de “Rápido y Furioso”, porque mientras Calderón mandaba a los soldados a combatir a los narcos, Estados Unidos les vendía a éstos las armas.

Sin embargo, no reaccionó. Bush y Obama lo traicionaron con el contrabando de armas y eso habría sido suficiente para echar abajo sus compromisos con ellos. Pero, cobarde como es, le faltaron aguacates para oponérseles y terminó de cuclillas ante el inquilino de la Casa Blanca.

Olvidan también los panistas que a Fox se le escapó el Chapo Guzmán metido en un carrito de lavandería del penal de Puente Grande, Jalisco, y que El Chapo (y obviamente sus Chapitos) fue el narco preferido de la docena trágica del panismo. Hay análisis que revelan que incluso su mujer y sus hijastros, los hijos de Martita Sahagún, le entraron en eso de la protección de ciertos capos.

¿Así o más cobarde el de las botas grandes y la lengua larga?

Fue el gobierno de Peña Nieto el que reaprehendió al Chapo, pero se les escapó por un túnel del penal de alta seguridad de Almoloya, siendo el senador Miguel Osorio Chong secretario de Gobernación.

Y aunque lo volvieron a agarrar, fue para enviarlo casi de inmediato a los Estados Unidos, donde luego de un corto proceso al que llamaron “el juicio del siglo”, condenaron al capo sinaloense a pasar el resto de sus días en la Súper Max de Colorado, pero sin dejarlo explicar cómo fue que su imperio creció al grado de hacerse mundial, pues la DEA sabe que el Cartel de Sinaloa (que tiene por lo menos 3 falanges), opera en 70 por ciento del planeta.

Recordemos que en cuanto el abogado del Chapo ventiló que éste dio dinero a Calderón y a Peña Nieto para sus campañas, el juez de inmediato acalló esas filtraciones, y centró el juicio en el tráfico de drogas y muertes.

Aquello, en realidad, fue un juicio injusto, porque no vemos en la Súper Max a los ex presidentes, ni a los ex senadores, ex diputados; tampoco a los soldados que se corrompieron, ni a los jefes policiacos, ni a los alcaldes, ni a los empresarios “lavanderos”…y a todos aquellos que eran parte y siguen siendo del Cartel de Sinaloa, o de cualquier otro, de una o de otra forma.

El presidente olió la celada de la DEA. Hay informes periodísticos de que hace dos semanas el director de la agencia antidrogas de Estados Unidos estuvo con el gobernador Quirino Ordaz. Ahora dicen que el operativo para detener a Ovidio fue improvisado. Pero a ojos vistas fue una provocación. La intención era meter al gobierno de AMLO a la boca del lobo, con sólo 70 soldados, para provocar al cartel. ¿No era eso el inicio de una guerra civil?

Pero el presidente reculó y se quedaron con las ganas. Eso no es ser cobarde. Eso es ser un hombre de mente, corazón y tanates. Y, dicho y hecho, Trump le llamó ayer sábado, y acordaron combatir el tráfico de armas. Sí, algo que Calderón, ni Fox, ni mucho menos Peña Nieto, exigieron en su tiempo.

La millonaria mudanza del TSJCDMX

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) ha decidido gastar más dinero de los contribuyentes. Pronto se va a mudar a un nuevo edificio por que el que va a pagar cerca de mil millones de pesos de renta en los próximos cinco años.

Jueces, magistrados y personal del Tribunal tendrán su nueva sede en la Torre Patriotismo, un edificio recién levantado en el número 230 de esa avenida, en la colonia San Pedro de Los Pinos.

El beneficiado de la mudanza será el Grupo Constructor Rouz, que garantizó ya la utilización de su inmueble hasta el 2024.

Tras el sismo de 2017, el TSJCDMX había arrendado dos inmuebles para desalojar edificios que ocupaba y quedaron dañados. La gestión del entonces presidente Álvaro Augusto Pérez rentó los edificios de Calzada de la Viga 1174, en la colonia El Triunfo, en la alcaldía de Iztapalapa, y el de Avenida Juárez 104, en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La administración de su sucesor, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, ha decidido acabar de forma anticipada esos contratos para ocupar la Torre Patriotismo, que tiene 23 pisos, área comercial y 8 niveles subterráneos para casi 900 vehículos.

El cambio incrementará en 60 por ciento lo que el Tribunal paga al año por arrendar aquellos inmuebles. Si ahora la renta no llega a los nueve millones de pesos, con la torre será de 14 millones 500 mil pesos al mes. En cinco años, el pago será de 870 millones.

El TSJCDMX argumenta que se trata de un buen precio porque según un dictamen de avalúo, la renta máxima de la torre es de 19 millones 400 mil pesos al mes. El costo del arendamiento incluirá la adecuación de los espacios a lo que pida el Tribunal, el equipo y mobiliario de oficina y el mantenimiento durante un año.

El organismo que preside el magistrado Guerra Álvarez habrá de pagar una penalización por terminar de manera anticipada los contratos de arrendamiento, así como los costos de la mudanza.

El traslado fue autorizado el 21 de mayo pasado por el pleno del Consejo de la Judicatura de la CDMX, que preside el propio Guerra Álvarez, como parte del Proyecto de Reordenamiento Inmobiliario, propuesto por el Oficial Mayor del Tribunal, Sergio Fontes Granados.

Exdirector jurídico y de Gobierno de la entonces delegación Xochimilco, Fontes Granados fue acusado, a principios de año, por empleados del tribunal de supuestos actos de corrupción y abuso de autoridad ante la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Como parte de la justificación del cambio de edificio, las autoridades del TSJCDMX argumentan que se trata de una “reubicación estratégica” de sus órganos jurisdiccionales y de administración, incluidos los necesarios para los juicios orales. También mencionan la falta de infraestructura e inseguridad en el caso del edificio de Iztapalapa.

Hace menos de un mes, el 23 de septiembre, la secretaria general del Consejo de la Judicatura local, Zaira Liliana Jiménez, informó de los planes de cambio a la Dirección General y a la Dirección General Jurídica del Tribunal.

Les comunicó que la mudanza se hará cuando sea aprobada por la propia Dirección General Jurídica, la Contraloría y la Dirección de Protección Civil del Consejo de la Judictaura.

Los detalles del cambio están contenidos en esa comunicación interna a la que tuvo acceso la asociación civil México Justo, a través de la plataforma que tiene para recibir denuncias anónimas.

La asociación, que busca la transparencia del Poder Judicial en el país y es presidida por Juan Carlos Pérez Góngora, considera que los recursos se deberían dedicar a mejorar la labor del TSJCDMX, sobre todo después de que en la evalución del año pasado del World Justice Project sobre el estado de derecho en México, quedó como uno de los organismos jurisdiccionales menos eficientes del país.