Opinion | - Part 230

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Como nunca antes y en aras de la tradición por el Día de Muertos (que en realidad se juntó con el día de brujas, fiesta pagana venida desde Europa y transferida a nosotros desde los Estados Unidos), los mexicanos se solazaron con la muerte, más que con sus muertos, desafortunadamente.

Las catrinas y todos sus acompañantes: zombies, vampiros, diablos y demonios de todo tipo, y hasta niños sicarios con todo y embolsados, sin faltar el niño Ovidio, que fue el personaje de moda tras los sucesos del 17 de octubre en Culiacán, tomaron por asalto pueblos y ciudades, antes, durante y después del día de los fieles difuntos, festividad instituida por la iglesia Católica como día de todos los santos, pero que una vez en América se sincretizó con la tradición de los pueblos de nuevo mundo, que tenían –ellos sí- un fervor por los ritos, tradiciones y festividades que se vinculan con los muertos y, de manera más profunda, con la visión que diversas culturas tienen sobre la muerte.

Hoy en día, resulta casi imposible desligarse de esto. Si bien son los estados del centro y sur del país los que más se involucran en estos festejos, a diferencia de los pueblos del norte, donde ya son una mera información cultural, no podemos negar que 40 grupos indígenas todavía conservan estos rituales, pero ya no puros de origen, sino mezclados con la fe católica, primero; y que poco a poco se están mezclando con el Día de Brujas, día que según Anton Lavey, el autor de la Biblia Satánica, es el cumpleaños de satanás.

Vaya usted a saber, amable lector, si esto es verdad. Pero por sí o por no, vale más que cada quien vaya tomando sus precauciones, porque los que saben de asuntos de fe, insisten en que nada es casualidad.

Desafortunadamente, en el mundo mestizo todo es un batidillo, pues este año sobre todo vimos una mezcla muy sui géneris –por decir lo menos- entre el aquelarre por el día de brujas, y la solemnidad de la fiesta de los muertos, nuestros muertos, los que ya se nos adelantaron en el camino, pero que en estricto sentido es también una fiesta a la muerte.

Poco a poco, pero inexorablemente, brujas y muertos terminarán siendo uno solo, y nuevamente veremos cómo lo que comenzó con la cosmovisión de los pueblos indígenas, en la era precolombina, al paso de los siglos se fue transformando, hasta el día de hoy en que la gente ya no sabe qué celebra, y ha hecho de esta fiesta un carnaval, en el que salen a relucir los muertos de cada quien, pero también los demonios de cada cual, demostrando que desafortunadamente en México la cultura de la muerte está más presente que nunca en el imaginario popular, pero ya no sólo entre el pueblo, sino también en los gobiernos, que han tomado esta fiesta otrora solemne entre los pueblos indígenas, como un mero folklor y ocasión para “echar desmadre”, y hasta para mezclar costumbres y tradiciones que no son de aquí, que parecen inocentes pero que no lo son, y que tarde o temprano vendrán a moldear a las nuevas generaciones, de por sí demasiado influenciadas por “Gringolandia”.

Como nunca antes, decíamos, los mismos gobiernos municipales sobre todo en el estado de Guerrero, encabezaron estos festejos, que antes eran someros y se constreñían a concursos de altares en escuelas.

Sorprendentemente, los presidentes municipales encabezaron los desfiles por el día de muertos, en los que los ediles y todos los funcionarios municipales iban con disfraces tradicionales, ya no sólo como catrinas.

También instalaron tianguis en los que se podía encontrar de todo: flores de cempazuchil, velas, calaveritas de dulce, y comidas especiales de estas fechas que se usan para colocarlas como ofrendas en los altares.

Asimismo, organizaron festivales en las plazas públicas y montaron altares como un memorial público para los hijos predilectos de cada localidad.

Todo parece cotidiano, pero no lo es. Antes no se hacían estas cosas de manera masiva. La gente ponía sus altares en lo privado. Y las instituciones públicas, sobre todo del área cultural, recordaba esta fecha con algunos altares que eran más bien una muestra representativa. Pero de ahí a que se hicieran esas fiestas y desfiles de catrinas, financiadas por los gobiernos municipales y de los estados, nunca lo habíamos visto.

Sólo la Secretaría de Educación, como parte de sus actividades culturales, determinó que se les enseñara a los jóvenes estudiantes la tradición del Día de Muertos, los pueblos heredada de los antepasados, y se organizaban concursos, cuyos premios eran para los altares más originales y los que reunieran los requisitos.

Esta vez fue distinto. Hasta el presidente de la República se involucró en esto, pasando por gobernadores y alcaldes, en el ánimo quizás de preservar esta fiesta que ya fue declarada patrimonio intangible dela humanidad.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El gobierno del estado de Guerrero comienza a ponerse a tono con la 4 Transformación, y este jueves el Congreso local aprobó la nueva Ley de Catastro, que fue enviada por el gobernador Héctor Astudillo como un asunto de urgente resolución, para tapar los agujeros que permitían a los propietarios de terrenos casas y edificios salirse por la tangente, pues incluso interponían amparos para que el gobierno les devolviera el importe del impuesto catastral.

Esta ley fortalecerá de lleno a los municipios, pues ese impuesto lo cobran los ayuntamientos.

El dictamen fue aprobado por unanimidad y sin discusión. Los diputados consideraron esto como un “logro histórico”, porque la autoridad municipal queda blindada ante los actos evasores de los propietarios.

Con la nueva Ley de Catastro para los municipios, quedó abrogada la vieja legislación, y eso significa que los ayuntamientos deberán prepararse de aquí al mes de enero, para afinar el área de Catastro, a fin de que le saquen provecho a esta nueva plataforma legal.

Sobre todo, porque ya no hay alternativas para que empresas y contribuyentes particulares se amparen, para evitar el pago de este impuesto.

¿Por qué lo hacían? Pues resulta que la vieja ley fue emitida hace 35 años, que fue cuando se les transfirió a los ayuntamientos el pago de este impuesto. Pero dado que no fue ratificada, entonces realmente no tenía validez, o era ambigua, tenía lagunas que les permitían sobre todo a los grandes propietarios ampararse, asesorados por sus abogados.

Obviamente eso afectaba sobre todo a los municipios grandes, como Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala y Taxco, que aunque cobraban el impuesto, sufrían grandes quebrantos porque los tribunales los obligaban a devolver el recurso, así como a gastar dinero en costosos litigios.

Nos preguntamos qué pasó a lo largo de los últimos 35 años, para que tanto diputados como gobernadores permitieran esas lagunas legales, que debilitaron tanto a los municipios.

Afortunadamente esto también le quita una mina de oro a los abogados tracaleros, que se alquilan al mejor postor, ayudando a sus clientes de diversas maneras para evadir impuestos y pagos de derechos, como el del agua potable, algo que por angas o mangas los ricos no pagan, sólo los pobres.

Ahí está el caso del panista queretano Diego Fernández de Ceballos, que debía casi mil millones de pesos por concepto de adeudo del impuesto predial. Cuando fue exhibido, entonces aceptó su abuso y negoció la condonación de recargos, y sólo pagó 12 millones, lo cual implica un “perdonazo” de 927 millones. Dijo el Jefe Diego que todo fue legal, pero lo cierto es que necesitaríamos ser muy ingenuos (pentontos), para pensar que este hombre que es uno de los más acaudalados del país, aceptó someterse al derecho. Siendo él abogado y político –ex candidato presidencial del PAN en 1994-, solamente usó sus influencias al interior de ese partido, para que el alcalde de Colón, Querétaro, se doblegara (ya había una amenaza de los líderes del PAN para investigarlo por saltarse las trancas). Entonces Diego pagó sólo 1.5 por ciento de su adeudo que tenía por no pagar durante 25 años el impuesto predial de su rancho El Estanco, de 220 hectáreas.

Recordemos que el Jefe Diego es un hombre que como abogado se enriqueció litigando contra el propio gobierno, como hoy los hay muchos en esta entidad, que trabajan para fregarse a los ayuntamientos, asesorando a los trabajadores para que demanden por despidos injustificados. Y gracias a eso tenemos municipios quebrados y atrasados, porque los laudos laborales los están ahorcando, mientras que los abogados laboristas ostentan fortunas.

Creo que siguiendo el ejemplo del predial, los diputados deben hacer una ley que impida que aquellos que llegan a laborar en una administración, como parte de un equipo político, puedan demandar por despido injustificado a los siguientes gobiernos, ya que esto se ha convertido en una especie de vendetta política entre adversarios políticos, para hacerse la vida imposible mutuamente.

Lo que no saben es que matando a la gallina de los huevos de oro, no habrá huevos para nadie…sólo para los abogados, que por cierto muchos ya andan de políticos y conquistando alcaldías y diputaciones, precisamente con ese dinero que le arrancan a la malagueña a los municipios.

Y también vemos a los presidentes tronándose los dedos, porque muchos de ellos ya gobernaron y mandaron a su gente a demandar. Pero hoy que volvieron a las alcaldías, pues resulta que les está tocando pagar millonarios laudos de su misma gente. Nunca esperaron que el karma los alcanzaría.

Bien por la nueva ley de Catastro. Que cada quien haga sus ahorros. 2020 ya está a la vuelta de la esquina.

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

*Culiacanazo: conferencia de excusas y deslindes para AMLO

*Presidente arremete contra medios por la información adversa

*Economía empantanada; CCE y Coparmex piden reactivarla

La economía del país se encuentra empantanada y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no admite los errores cometidos en el manejo de la administración público federal, culpa a los factores externos y apuesta todos los huevos de la canasta para reactivarla a sólo tres grandes obras de infraestructura, y a las promovidas por la iniciativa privada. Y en materia de seguridad, la situación está de mal en peor y el mandatario se concentra en hacer un recuento del llamado “culiacanazo”, a deslindarse de las consecuencias jurídicas de éste, a justificar los errores cometidos, a eludir responsabilidades e intentar resarcir los daños ocasionados a su “nueva estrategia” de seguridad, sin lograrlo ni alcanzar la consolidación de la Guardia Nacional, mientras siguen incrementándose las molestias y reclamos de los mandos del Ejército mexicano.

Se resiste a tomar las riendas de una guerra que él no inició, no pidió y no quiere seguir. Al reivindicar la responsabilidad de suspender el operativo donde se dejó libre a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, no sólo a Ovidio, sino también a Iván Archivaldo, sostuvo “la guerra ya no es opción”, pero ésta sigue aquí, se resiente en todas las regiones del país, las bajas se cuentan por centenares todos los días y este año apunta a ser el más violento de la historia de México. No se salva nadie de esta guerra como lo constató recientemente el alcalde Valle de Chalco, Francisco Tenorio, quien se debate entre la vida y la muerte por un impacto de bala en la cabeza. Mientras la impunidad prevalece, pues no sólo no se castigan los millones de delitos cometidos, sino la campaña en contra de la corrupción está etiquetada, sólo se dirige hacia presuntos enemigos y adversarios políticos y se protege a los amigos y aliados.

Durante su conferencia de prensa mañanera, López Obrador aseguró no habrá impunidad para la delincuencia organizada, pero justificó en este caso, en el denominado “culiacanazo”, “se hubieran requerido refuerzos de dos mil a tres mil elementos y disparar ametralladoras desde helicóptero. Teníamos toda la información de que estaban dispuestos a disparar a civiles”, argumentó el tabasqueño, quien no logra asimilar el daño a su imagen pública por el fallido operativo y arremete, sin aceptar preguntas, contra el manejo de los hechos realizado por los medios de comunicación.

Reprochó: “Fue impresionante el despliegue de medios de información cuestionando ese suceso (…) Se nos lanzaron con todo. Desde los supuestos más independientes hasta los boletines o pasquines al servicio del conservadurismo, periódicos, estaciones de radio, canales de televisión. Fueron capaces hasta de dar a conocer una fotografía falsa. Esa foto que aparece, de un militar que iba en custodia de los carros tanques del plan DN-III (que se llevaron los delincuentes). Lo hicieron pasar por el presunto delincuente. Y lo difundió un periódico independiente… Para vergüenza, por el ansia de información, pensando en que la nota era la nota y también sin importar lo que estaba de por medio, con esa idea de que si sacaban esa foto se deslindaban de nosotros, como si nosotros les pidiéramos a algún medio que nos apoyara, nunca lo hemos hecho, eso suele pasar, son bandazos”.

Para Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien se ha negado a presentar su renuncia hasta el momento por el fallido operativo para aprehender a Ovidio Guzmán, en Culiacán, el pasado 17 de octubre, como se lo ha exigido la oposición en el Congreso de la Unión, admitió éste fue una acción precipitada, la cual generó la más dura embestida crítica contra el gobierno y aseguró estos hechos no deberían alentar descalificaciones contra la estrategia oficial, pero aceptó había elementos cuestionables en lo que calificó como “tropiezo táctico”.

Durazo pidió no sobredimensionarlo y enfatizó en la decisión de suspender el operativo, la cual fue instruida por el Presidente antes de viajar a Oaxaca ese día, privó, subrayó, “la razón de Estado” de privilegiar la preservación de las vidas inocentes. Ninguna organización delictiva, por más poderosa que sea, podría doblar la fuerza del Estado, señaló el funcionario, y sin embargo el cártel de Sinaloa dobló a la Cuarta Transformación, como lo registraron los medios de comunicación al día siguiente.

El titular de la SSPC reivindicó la nueva estrategia, asumiendo la parte complicada será en el corto plazo, pues el rediseño institucional de la creación de la Guardia Nacional aún debe madurar para operar plenamente. Informó hasta el momento se han desplegado 72 mil elementos en el país y estimó en diciembre podrían estar desplegados ya 90 mil de ellos, y sin embargo la violencia no disminuye.

Detalles del

fallido operativo

Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, reportó: el enfrentamiento del pasado 17 de octubre en Culiacán se prolongó cuatro horas, de las 15:50 a las 19:49 (hora del centro del país), cuando “se ordena la cancelación de la operación y el retiro de tropas”. El militar aseguró el presidente fue informado a las 16:45 horas –casi una hora después-, con el operativo y el choque entre militares y presuntos delincuentes en contra.

Durante la conferencia de prensa matutina, el titular de Sedena hizo un relato pormenorizado de los hechos, desde la petición de extradición de Ovidio Guzmán por una corte de Estados Unidos, hasta el enfrentamiento que dejó muertos y heridos en ambos bandos. Incluso detalló cuando los delincuentes atentaron contra la unidad habitacional en donde viven militares y sus familias, así como los puntos en los cuales fue retenido personal castrense, algunos de ellos estaban en su día libre.

El general presentó videos de la captura de Ovidio, así como la negativa de “su hermano”, quien de acuerdo a medios estadounidenses había sido liberado antes, para permitir la detención. Es el “hermano” quien dice irá contra las familias de militares. Estos hechos ocurrieron en unas cuantas horas, incluido el arribo de más fuerzas militares, a las 15:30, al inmueble en el cual estaba Ovidio con su familia. Cincuenta minutos después inicia el cateo y, al mismo tiempo, “las agresiones contra fuerzas de seguridad, exponiendo a la ciudadanía”, justificó el militar, quien ha cargado con toda la responsabilidad del fracasado operativo hasta el momento.

Economía estancada;

CCE pide estímulos

La estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirmó el estancamiento de la economía mexicana en el tercer trimestre de este año. De julio a septiembre, el Producto Interno Bruto (PIB) del país avanzó 0.06 por ciento, pero se contrajo 0.44 por ciento respecto al mismo lapso de 2018. Esta es la primera baja en 39 trimestres, pues de octubre a diciembre de 2009 observó un revés de 1.83 por ciento, con cifras desestacionalizadas.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), demandó al gobierno federal el establecimiento de estímulos importantes para poder impulsar la economía, y Gustavo Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló la caída anual del PIB se deriva de factores internos, entre ellos la falta de confianza de los inversionistas.

Salazar Lomelín apuntó el talón de Aquiles sigue siendo la inversión. El sector exportador, a pesar de todo, sigue creciendo. “Estamos en un número cercano al 3% en términos reales, y sigue siendo nuestro talón de Aquiles la inversión. Trabajamos en promover la inversión”, precisó.

Para Gustavo de Hoyos, “es evidente que la falta de crecimiento no se puede atribuir a un comportamiento externo -como lo señaló recientemente Arturo Herrera en una entrevista con un diario capitalino- sino a cuestiones del ambiente interno y dentro de esto es importante la falta de confianza. Tiene que ver con las políticas que se han emitido en el ámbito energético que han frenado muchos proyectos de inversión y el subejercicio del gobierno”.

De acuerdo al reporte del Inegi dado a conocer este miércoles, el PIB con mejor resultado fue el correspondiente a las actividades primarias, al aumentar 3.53 por ciento para un incremento de 5.35% anual, su mayor alza en 20 trimestres; las actividades de servicios redujeron su ritmo de crecimiento de 0.24 por ciento de abril a junio pasado a 0.02% de julio a septiembre, por lo que registró una variación de menos 0.04% con respecto al mismo lapso de 2018; y las actividades terciarias o ramo industrial presentaron una merma de 0.06 por ciento de julio a septiembre de 2019, de manera que acumularon cuatro retrocesos a tasa trimestral.

El sector industrial, conformado por minería; generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final; construcción e industrias manufactureras, observó un decremento de 1.82 por ciento anual, el cuarto al hilo. En suma, seguimos atascados.

De nuevo Alfonso Durazo

El regreso de Alfonso Durazo al servicio público, después de su renuncia pública y mediática a la secretaría particular de la Presidencia con Vicente Fox, da visos de que apunta hacia una pauta comportamental similar.

Ante el polémico caso de Culiacán, donde la Guardia Nacional –que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Durazo– incurrió en errores de falta de planeación y comunicación con las secretarías de la Defensa Nacional y Marina (que se vieron mediáticamente tocadas por los yerros de la Secretaría de Seguridad sin tener una responsabilidad directa, pero sí un señalamiento público como si se hubiera tratado de un operativo mal planeado con la Sedena y la Semar, que no fue el caso), el hilo conductor de Alfonso Durazo es el del error y la ambición personal como norma de conducta.

Es verdad que el secretario de Seguridad no tiene conocimiento alguno ni experiencia en el tema, pero tampoco ha tenido la pertinencia de rodearse de expertos reconocidos en esa delicada tarea. Peor aún: en la Secretaría existe una estructura paralela –los amigos de Durazo, cuya virtud es su lealtad personal sin los perfiles mínimos necesarios para esa función– y los institucionales que tienen experiencia en el terreno, pero están encapsulados, sin capacidad de desplegar sus habilidades ni ser escuchados.

En suma, hay un problema grave de dirección porque –como lo he reiterado en otras ocasiones– Durazo no sabe que no sabe. El caso Culiacán, donde se fue por la libre, pensando erróneamente que habría de reivindicarse frente a propios y extraños como un hombre de talento y habilidades válidas para cualquier cargo público, de nuevo enfrentó la terca realidad que le demuestra que sus capacidades no son las adecuadas para una posición de tal envergadura, menos en una zona que tiene todo menos confort.

A la natural pregunta de la prensa sobre si renunciaría a la Secretaría, Durazo respondió con una frase retórica: “No se renuncia, se asume la responsabilidad”. ¿Qué significa eso? De entrada, un desconocimiento del derecho mínimo. Ni la Constitución ni la ley disponen en ningún artículo que el cargo de secretario de Seguridad no es renunciable. Sería un despropósito que alguien estuviera contra su voluntad en un cargo público, como si se trata del servicio militar estadunidense.

Esa primera parte de la respuesta no encuentra sustento en la normatividad y sí deja en claro que Durazo antepone su ambición personal al interés público. La segunda parte de la respuesta es igual de desafortunada: “Se asume la responsabilidad”. Esta expresión no tiene ninguna consecuencia jurídica. No está tampoco prevista en sus términos ni en la Constitución ni en las leyes. En otras palabras, quiere decir que, de acuerdo con él, no incurre en ningún supuesto de ilícito administrativo o delito penal. ¿Qué sanción prevista en la norma trae consigo “asumir la responsabilidad”? Ninguna. La respuesta es un giro lingüístico que no dice nada. En realidad fue una salida efectista para salir del paso sin responder a la interrogante.

Si Durazo tuviera la mínima ética pública hubiera presentado su renuncia con carácter de irrevocable y dejado fuera de esa polémica al presidente López Obrador, si en verdad estuviera comprometido con el proyecto presidencial que día con día recibe críticas, la mayor parte sin razón; pero acciones como las del secretario se convierten en pasivos que no debieron haber ocurrido.

Por el contrario, Durazo dejó que el presidente de la República asumiera el costo político y él se refugiaba en la contradicción y en la emisión de frases creadas para no decir nada. El país necesita respuestas y resultados, no explicaciones de por qué no se han podido hacer las cosas en materia de seguridad.

La figura de Alfonso Durazo es inversamente proporcional al funcionario eficaz y honesto que un reto de esa magnitud requiere. Es previsible que más temprano que tarde este espontáneo en el mundo de la seguridad y divorciado de cualquier reconocimiento académico habrá de salir por el daño que le hace al servicio público. El problema es que cada día que pasa es un tiempo perdido que agravia a la sociedad mexicana. Deben prevalecer los mejores intereses del país sobre cualquier consideración personal y de grupo, especialmente cuando el yerro es la huella digital de este servidor público que, en los hechos, se sirve sólo a él mismo.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Cuarta Transformación, ¿hacia dónde?

*AMLO requiere gobernar con mandatarios estatales y alcaldes

*Gasto en seguridad, el más alto en 15 años

A diez meses de distancia, no se ve claro el rumbo hacia dónde va México en el actual gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, autodenominado Cuarta Transformación. No se puede hablar de un cambio de régimen, pero sí de administración federal, cuya orientación parece no quedar claro ni para los propios integrantes de su gabinete legal y ampliado. Se ha hecho énfasis en el combate a la corrupción, la austeridad republicana y el fin del despilfarro, cuyas acciones si bien han logrado mantener ciertos niveles de aprobación del titular del Ejecutivo federal, no han contribuido a resolver los dos principales problemas del país: el mediocre crecimiento económico, estancamiento y ahora franco retroceso, y la inseguridad pública, cuyos índices día a día rompen récords de ilícitos. Y todo parece indicar, de acuerdo al Paquete Económico en análisis en la Cámara de Diputados, el año entrante será igual, con las mismas inercias y sin atender los reclamos de la base estructural de gobierno del país, los mandatarios estatales y los presidentes municipales, cuyas demandas han sido ignoradas y rechazadas por la gestión del tabasqueño, e incluso éstos últimos fueron echados a la fuerza, con gas lacrimógeno, de Palacio Nacional.

Todo esto no hace sino contribuir a la incertidumbre y la ingobernabilidad del país. AMLO, ya se vio, no puede gobernar solo, necesita además de un gabinete eficaz y eficiente, que entienda el proyecto de nación el cual prometió construir. Pero no sólo eso, requiere también del trabajo y colaboración de los gobernadores, la mayoría de la oposición, no pertenecientes a su partido Morena, quienes el pasado mes de septiembre amagaron incluso con romper el Pacto Fiscal si persisten los recortes al presupuesto para las entidades federativas. Lo mismo sucede con los alcaldes, en su gran mayoría opositores, quienes rechazan los recortes al presupuesto municipal para 2020, y ya amagaron romper el diálogo con las autoridades federales, tras ser plantados en la Secretaría de Gobernación por funcionarios federales, quienes simplemente no acudieron a la cita, por lo cual se rompió la mesa de trabajo. Enrique Vargas, alcalde de Huixquilucan, y presidente de la ANAC, manifestó retiraron el voto de confianza al gobierno federal otorgado la semana pasada, y afirmaron analizan la posibilidad de reactivar sus acciones de protesta. En su generalidad, los alcaldes son menospreciados por el gobierno federal morenista.

En el Senado, la fracción parlamentaria del PAN buscó modificar el superávit primario para canalizar a municipios del país 26 mil millones de pesos y respaldar la Ley de Ingresos, pero la mayoría de Morena rechazó la propuesta. Minerva Hernández, de Tlaxcala, explicó propusieron “deslizar el superávit del balance primario en un 0.1 por ciento, como una medida contracíclica por la vía del gasto, a fin de que los municipios puedan invertir en infraestructura y combatir la inseguridad”. Sin embargo, la fracción de Morena no aceptó la propuesta. “No aceptamos nada de deuda. No vamos a deslizar este porcentaje de superávit, porque no queremos que se endeude el país y no queremos autorizarle al presidente de la República que se endeude, porque el mismo ha expresado su voluntad de no a la deuda (…) Pareciera ser mínimo un 0.1 por ciento, que representan 26 mil millones de pesos, sin embargo, no vamos a ceder en eso. No queremos que el país se endeude más”, indicó Ricardo Monreal, coordinador de Morena, al atajar la propuesta panista.

Los alcaldes elaboraron el viernes pasado un documento, entregado a la SHCP, donde plantean modificar las reglas de diversos fondos federales para que cuenten con recursos, sin candados y sin burocracia, a fin de atender temas como la seguridad, desarrollo urbano y atención a temas sociales. Las propuestas serán enviadas también al Congreso para su discusión. Plantearon la modificación de las reglas, coberturas y alcances del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para que éstas no se limiten sólo a la atención de la población en pobreza extrema y se conviertan en un fondo de infraestructura general y con la posibilidad de poder aumentarse.

También, sumar los recursos del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG) con el (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública) FASP a fin de crear un fondo que se divida en un 80 por ciento para estados y 20 por ciento para municipios, y los proyectos se inscriban directamente en Gobernación y los recursos lleguen etiquetados a estos últimos. “En el caso de los recursos del FORTASEG, eliminar la obligatoriedad de la concertación entre los estados y los municipios y que el acceso sea directo entre los municipios y la Federación, además del incremento a 6 mil millones de pesos”, destaca el documento. Asimismo, restituir los recursos para el presupuesto 2020 y etiquetarlos a los municipios para Pueblos Mágicos, Pueblos Indígenas, Fonregión, Migrantes, Mineros, Fonden y Fonhapo.

Pidieron no disminuir los fondos de los ramos 23, 28 y 33. “Que en lugar del ramo 23, se cree un ramo para el desarrollo de infraestructura municipal, con ministración directa a los municipios y que la ventanilla sea la Secretaría de Hacienda. Dentro de la misma agenda, los alcaldes solicitan haya ajustes de tarifas de la Comisión Federal de Electricidad y del Agua Potable en municipios. Pidieron: “que exista el derecho generalizado de cobro de basura en municipios. Que se permita el cobro de prediales a establecimientos federales y estatales, así como a empresas productivas del Estado, además de empresas concesionarias”, entre otros puntos. Armando Portugués, alcalde perredista de Tultepec, Estado de México, reiteró les urge presupuesto para infraestructura, como la construcción o reparación de aulas, techos, pavimentación, bacheo y pintura. Lamentó que los 50 mil millones que se entregaban a los municipios en el sexenio anterior hayan sido eliminados del presupuesto, y llamó a la Federación a restituir ese dinero de manera directa a los ayuntamientos para evitar acusaciones de que existen “moches” o desvíos de recursos.

Gasto en seguridad,

el mayor en 15 años

Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (2006-2018) y hasta este 2019, han sido casi 2 billones de pesos los que el gobierno mexicano ha destinado a las instituciones de seguridad del país –las secretarias de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y la SSP, Gobernación, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)-, sin embargo, los indicadores de violencia también han ido incrementándose. De hecho, este año se prevé cierre con el registro de mayor número de víctimas de homicidios dolosos desde 1997, cuando comenzaron los registros oficiales de incidencia delictiva en el país.

Después de que Felipe Calderón detonará la llamada “guerra contra el narcotráfico”, el gasto público en seguridad fue de al menos 54,207 millones 725,500 pesos, en 2006. En 2007 aumentó 23.4%; en 2008, incrementó en 20.61%; en 2009 el aumento fue de 35.4%; en 2010 se registró una reducción de 1.6%; en 2011, los recursos para cuatro dependencias y un fondo fueron de 127,339 millones 180,532 de pesos; y en 2012, alcanzaron los 146 mil 838 millones 341,051 pesos.

Con Enrique Peña Nieto en la Presidencia, los recursos erogados en materia de seguridad pública aumentaron paulatinamente y de manera considerable hasta superar 183 mil. 615 millones de pesos en 2018. Y para este 2019, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, los recursos para el tema de seguridad pública a cargo de la Sedena, Marina, Gobernación y el FASP llegaron a 193 mil 746 millones de pesos, 5.5% más que en el 2018.

El presupuesto en esta materia para el próximo año será el más alto en 15 años. Para el 2020, el fondo que se plantea entregar para la seguridad es de 199 mil 985 millones de pesos, lo que sumaría 2 billones 113 mil 728 millones 541 mil 921 pesos gestionados para la seguridad pública del país desde 2006.

A pesar del enorme caudal de recursos destinados a mejorar la seguridad pública, la estrategia sigue siendo la misma. El actual gobierno de la Cuarta Transformación sigue con la tendencia de la militarización de la seguridad pública, a través de la Guardia Nacional, lo cual entraña el riesgo de continuar los operativos improvisados, guiándose con la lógica del populismo punitivo de la mano dura, advierte la investigadora Rebeca Calzada Olvera, integrante del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

De manera similar a los dos sexenios anteriores, la estrategia de seguridad pública del actual gobierno federal está basada en operativos militares en donde hay más improvisación y uso excesivo de la fuerza que planeación estratégica, lo que se traduce en el fracaso de operativos como el de Culiacán, ya conocido como el “culiacanazo”.

Editorial

Muy retador, Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California, desafía a todo aquel que cuestiona la ley que le ampara quedarse cinco años como gobernador de Baja California y no 2 años como estaba previsto en la elección que ganó como candidato de Morena.

“Que me demuestren que estoy violando alguna ley. Mejor que acepten su derrota. No saben perder”, es lo que repite desde que ganó la elección y luego de que la anterior legislatura del Congreso bajacaliforniano aprobara la famosa Ley Bonilla que le permite ampliar su gobierno tres años.

Este empecinamiento nada tiene que ver con el carácter que identifica a la gente del norte del país, parece que responde más a una serie de intereses que adquirió en campaña con ciertos personajes con un historial negro que a los pocos ciudadanos que lo eligieron en un proceso que se caracterizó por un abstencionismo del 70 por ciento, el más alto en la historia electoral del estado.

Uno de estos personajes es Humberto “Pato” Valdez Ramos, integrante de su equipo de trabajo, quien ha sido señalado de haberse desempañado como abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Otro personaje que apareció al lado de Bonilla es Xicoténcatl Leyva Mortera, último gobernador del PRI en la entidad y quien dejó una estela de corrupción, nepotismo y represión durante los años en que gobernó el estado (1983-1989).

Con sus propios antecedentes y los de algunos de sus allegados, Jaime Bonilla es ahora un problema para Andrés Manuel López Obrador quien ya anunció que no asistirá a la toma de protesta prevista para este viernes 1 de noviembre.

Hasta el 28 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha admitido cinco controversias constitucionales contra la “Ley Bonilla”. Los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como el gobierno saliente de Baja California presentaron dichos recursos.

El hecho de que Bonilla asuma sus funciones el 1 de noviembre no significa que la Suprema Corte realice el estudio oportuno de su validez, como se plantean en las cinco demandas.

Por tanto, Jaime Bonilla aún no puede cantar victoria puesto que la acción de inconstitucionalidad no se tiene que resolver antes de que rinda protesta como gobernador, ya que la impugnación a la famosa Ley Bonilla continuará surtiendo efecto y la sentencia respectiva de la Suprema Corte tendrá vigencia.

Por cierto, Bonilla, empresario de los medios, es un caso único en la política mexicana. Cuando tenía la ciudadanía norteamericana fue militante del Partido Republicano al que pertenece Donald Trump, luego ya como mexicano estuvo en las filas del Partido del Trabajo y luego se pasó a Morena en donde recibió el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para ser legislador, delegado del gobierno federal y, finalmente, candidato a gobernador.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Estamos entrando al mes de noviembre, y con ello se reanuda la esperanza de la reactivación económica para la zona costera de Guerrero, así como para los puertos turísticos en general del país, ya que la temporada decembrina es elegida por extranjeros que huyen de la nieve y las heladas de sus zonas de origen.

La fiesta del día de muertos que desde ayer comenzó a prepararse en la mayoría de los estados y municipios del país, será ocasión también para que el comercio local reactive sus ventas, aliviando así una prolongada sequía económica, llamada por los expertos como “recesión”, que conforme pasa el tiempo se agudiza, al grado de que el gobierno federal ya está tomando previsiones por ello.

Los sectores tienen meses reportando un entorno desfavorable: El desplome de la construcción –que acumula 14 meses de caída- , de la producción industrial y extractiva –de los últimos 65 meses, la minería sólo reportó uno con resultados positivos, el resto se tiño de rojo- y de las exportaciones, entre otros, que reflejan el estado de la actividad productiva del país.

Los partidos le echan la culpa al gobierno federal, por la política de austeridad o el retraso en el gasto del presupuesto, con los subejercicios consecuentes, lo cual ha contribuido al estancamiento económico, dicen.

No sabemos a ciencia cierta, porque la verdad es que los problemas económicos nacionales no son tan simples como es ve. Se tienen muchas aristas y las autoridades actúan no hacia dentro, sino hacia afuera, porque tenemos una economía globalizada.

Recesión no es una crisis económica propiamente, es sólo que el dinero se mueve más lento, merced a la desconfianza de los barones del dinero en México y el mundo, quienes guardan sus activos por temor a los cambios geopolíticos mundiales.

Ni siquiera tenemos idea de cómo nos afecta, por ejemplo, el conflicto comercial de Estados Unidos con China, y para los mexicanos de a pie tampoco queda claro cómo es que la economía de nuestro país depende de lo que hagan otras naciones. Pero así es. Los países llamados del tercer mundo no se mueven solos. Su toma de decisiones depende de qué tanto eso vaya a afectarles sus relaciones con sus socios comerciales. Y como ejemplo tenemos a México combatiendo frontalmente al narcotráfico, algo que no debería hacer porque se dice que 90 por ciento de la economía nacional está fincada en el Narco; o al menos no hacerlo al nivel actual, usando fuerzas militares. Pero eso es un mandato internacional, concretamente de los Estados Unidos, país que se ha adjudicado el derecho de certificar a otros en el caso del narcotráfico.

También estamos ahora combatiendo la migración ilegal, que antes no nos importaba mucho, porque la mayor parte del flujo migratorio toma al país de paso, pues su destino final es la Unión Americana. Sin embargo, ante las amenazas de Donald Trump para imponer sanciones comerciales a nuestro país, el presidente AMLO tuvo que hacer de tripas corazón y abandonar su política de buen vecino, para ayudarle a Estados Unidos a contener el flujo migratorio allende nuestra frontera sur. Y así sucesivamente.

¿Qué está haciendo el gobierno, entonces, para prevenir una crisis por la recesión que se resiente? No mucho. Sólo seguir las recetas de otros países, como usar el presupuesto público para estimular la economía. Por ejemplo, el titular de Hacienda dijo esta semana que van a adelantar las licitaciones de obras del año siguiente, con lo que se prevé una inversión de 8 mil 700 millones de pesos a partir de enero.

Y, dos, identificar cinco concesiones a las que se ampliará el plazo y, por tanto, los concesionarios aumentarán sus inversiones en ellas. Eso dijo el funcionario, de lo cual quedan para nosotros muchas dudas.

Otra acción para estimular la actividad económica está relacionada con apoyar desde la banca de desarrollo créditos al consumo. Esto se aplaude, porque la verdad es que el crédito en México es sumamente limitado y caro. Los bancos no prestan para la producción y el consumo, prefieren que la gente tenga tarjetas de crédito, que tienen tasas de interés especulativas, y que por las cuales además hay que pagar una anualidad sólo por tener el plástico.

Otra estrategia de más largo plazo es el inventario de proyectos de infraestructura hecho por el sector privado, aunque estos la verdad que no se ven interesados en meter su dinero en estos tiempos de la 4Transformación, y posiblemente ya lo estén sacando para llevarlos a los paraísos fiscales, como siempre lo hacen.

Veamos: para estimular a los empresarios que se niegan a invertir en el país, aunque de México tienen sus millones, el gobierno está clasificando tres tipos de proyectos de inversión: 1.- Obras de infraestructura rentables por sí mismas y lo único requerido es una concesión o aprobación del gobierno; en estos casos el sector privado aporta los recursos. 2.- Aquellos no rentables completamente y requieren de alguna garantía o un contrato de asociación pública-privada. Y 3.- Aquellos rentables socialmente, que son muy importantes para el país o para una comunidad pero no se pagan solos y serán realizados con recursos públicos. A los de abajo sólo nos queda tomar precauciones. Gastar menos, producir más y ahorrar. Eso dicen los expertos, aunque los sueldos no alcanzan ni para vivir, menos para ahorrar.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Devuelven 32 mil MDP a estados y municipios

Mis estimados, apropósito de la petición de los presidentes municipales que exigen más recursos para sus municipios, haremos uso del refranero mexicano, ese que dice que el dinero y la bolsa, hasta que no se gastan no se gozan.

¡Y vaya que hay razón en el adagio! Figúrense ustedes que los alcaldes no paran de tocar puertas exigiendo más recursos para los municipios que gobiernan. Ahora se manifestaron los presidentes municipales del estado de Guerrero, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), liderados por la alcaldesa Adela Román Ocampo, presidenta del municipio de Acapulco, también coordinadora de los alcaldes de Morena.

Los alcaldes fueron recibidos por el presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados. Ahí la alcaldesa porteña, acompañada de 11 ediles, se encargó de soltar prenda: expuso los problemas financiaros que hay en los ayuntamientos que gobiernan, pero también aprovechó la alcaldesa para pedir mayor presupuesto, añadiendo que los recursos federales ya no deben pasar por manos de los gobernadores, pidió que sean trasferidos directamente a cada ayuntamiento. Ella insiste que debe haber mayor respeto a los presidentes municipales que les den esa garantía, y por eso exigen que el recurso llegue directo a cada alcaldía.

El drama de los alcaldes de Morena, sin embargo, es el mismo de sus correligionarios del PRI, PAN y PRD. Quieren dinero para solventar deudas de laudos e impuestos. Aseguran los munícipes que los adeudos que dejaron sus antecesores son millonarios.

Recuerden que son 16 las alcaldías las que gobiernan este partido en Guerrero; no obstante, parece que son más, gritan fuerte; y como son de Morena, fueron recibidos en la Cámara de Diputados sin mayor problema. Así lo dejó ver la coordinadora de los de los alcaldes de Morena, Adela Román Ocampo.

La queja de los ediles son las deudas heredadas por sus antecesores; por ejemplo, deben al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al Fonacot e ISSSPEG.

La alcaldesa busca que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), condone los adeudos que tienen con esa dependencia, pues según ellos deben mucho dinero. Igualmente, los ayuntamientos que ella coordina, adeudan mucho a la CFE; y no duden, mis estimados, que las demás alcaldías están en la misma situación.

Sin embargo, no todos los presidentes municipales hablan, sobre todo los del PRD y PRI; estos alcaldes se han mantenido callados, pero la alcaldesa porteña puso al descubierto las deudas millonarias en las alcaldías que difícilmente podrán resolver estas administraciones.

Entonces tienen razón los diputados. Ellos aseguran que en los municipios es donde se desconoce el paradero de miles de millones de pesos, sobre todo adeudos con el SAT. Hace algunos años se dijo que los ayuntamientos no pagaban el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al SAT, y ese adeudo haciende a miles de millones de pesos que hoy ningún alcalde quiere hacerse cargo de pagar.

Por eso buscan que la SHCP les condone la deuda, pero veo en chino que lo haga.

La alcaldesa y coordinadora de los presidentes del Morena, aunque expuso los problema del estado ella relató: “Hablar de Guerrero es conocer un estado lleno de contrastes, es la parte más pobre del país en el Sur-Sureste y no deben tratar a los ayuntamientos con la misma medida, sino que tienen que buscar una forma de beneficiar a los municipios más marginados del país”.

Román Ocampo es la edil del municipio más grande del estado, y también Acapulco es el municipio que tiene todo el respaldo del gobierno federal y estatal. Casi todos los recursos, tanto de obra pública como de promoción turística, son canalizados hacia el municipio de Acapulco, y está bien, pues de ese municipio se mantiene a la mayoría de los guerrerenses. Pero deben emplear el recurso para lo que va etiquetado, porque la neta el puerto acapulqueño, si no fuera por las obras que ha hecho el gobernador Héctor Astudillo Flores, estuviera peor de como está.

Qué bueno destinen más recursos a Acapulco, pero que no se lo roben, que lo apliquen y administren bien, porque en serio han saqueado al puerto los gobernantes; sin embargo, ahora que lo ven tirado en el suelo y ninguno dice esta boca es mía, eso es lo más triste, pues ya ustedes saben cuánto dinero recauda cada municipios, es una miseria de dinero y aunque los diputados exijan a los alcaldes que recauden más recursos, es imposible. ¿De dónde canijos van a sacar los contribuyentes dinero para pagar, si estamos como la tamalera, comiendo y vendiendo? No hay chelines, ¿de dónde sacan para pagar?

Y esto es una verdad, señores gobernantes. Si no incentivan la economía de la pequeña y mediana empresa en los municipios, pues estas empresas son las que mantienen a los pueblos, es el dinero que transita entre nosotros los locales, si no se apuran a incentivar a este sector, insisto, nos va a cargar el payaso a todos.

Entiendan, pues, ya merito tiramos la toalla varios y correremos a emplearnos en otros estados.

Me salí del tema…continuamos, disculpen.

Por cierto, ayer el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, también presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión, comentó que de acuerdo con los ajustes a la Ley de Ingresos se consiguió un alza de 32 mil millones de pesos en participaciones para estados y municipios, en comparación con lo asignado para 2019.

“Logramos restituir un crecimiento real y vamos a esperar a que termine la Comisión de Hacienda el análisis”, señaló el diputado morenista.

El también presidente de la Comisión de Presupuesto en el Congreso de la Unión, festejó que quedó a salvo la recaudación, ya que era un tema que le preocupaba, y que el fondo del Ramo 28 permitirá realizar en términos reales las participaciones.

Ahí tienen, señores alcaldes y gobernadores, la Cámara de Diputados les devolverá 32 mil millones de pesos a sus arcas municipales y estatales. Tendrán más chelines sus ayuntamientos. No queda duda quien persevera alcanza.

En otro tema, mis estimados y hablando de alcaldes, la inseguridad y violencias volvió a tocar a los munícipes. Este martes fue atacado a balazos el presidente municipal del Valle de Chalco, Edomex, Francisco Tenorio.

El alcalde morenista fue atacado a balazos y su atacante le propinó una herida en la cabeza. El alcalde andaba trabajando de gira en las colonias en su municipio, y un joven se le acercó a pedirle primero una foto, luego le pidió un aventón porque según viven por la misma colonia. El alcalde accedió y lo subió en la parte trasera de su camioneta, aunque iba sin guardia de seguridad, sólo su chofer y su secretario particular. En el camino, el muchachito sacó una pistola y le disparó a bocajarro, dándole un balazo en la cabeza.

Que tristeza dan estas noticias. Qué aliciente es para un funcionario llegar y ser la primera autoridad de su pueblo, y ser matado a balazos, morir como un perro callejero. ¿Qué nos está pasando, señores? ¡Caramba!

La familia del alcalde morenista dice que el presidente les avisó que lo estaban amenazando los criminales, pero el gobierno no movió un dedo, callaron ante la petición del alcalde. Van hacerlo ahora que ya está medio muerto, porque aunque fue intervenido quirúrgicamente, no sabemos las secuelas que pueda tener. Incluso su estado de salud se reporta muy grave.

Increíble que hayan ignorado el pedido del presidente, ¿por qué méndigos no mandaron seguridad al alcalde? ¿Qué tienen en la cabeza? Tiene que morir un funcionario para que vean que los criminales no amenazan de chiste, ni son de abrazos y besos, ni de fuchila guácala. Tampoco les importa si los acusan con sus abuelos o padres, esos malvados matan y se quedan como si nada pasa, a esperar su siguiente víctima.

No puede ser que se repita la tragedia y que las autoridades no tomen cartas de inmediato en estos asuntos. Todos mandan el pésame y dicen que van a dar con los asesinos, pero eso es un cuento, nunca los encuentran, y sólo se burlan de la familia.

Todos conocen y saben el tamaño del problema que vive cada municipio del país, así que desde cuando debieron tomar cartas en el asunto. Sea cual sea la condición del alcalde, el problema que ya está en la alcaldía, entonces debe tener respaldo oficial, envíen seguridad, mandos expertos para que los acompañen en todo momento hasta para ir al baño; y si se presentan fiestas sin chelas, que se repartan el queso de a cómo les toque a cada uno.

Los tiempos son otros, la violencia está en su apogeo y ocultándola no se resuelve nada; por el contrario, crece el pánico en la sociedad y suben los problemas, pues la gente dice “si atacaron a un alcalde de esa manera, en pleno día, ¿qué no nos puede pasar a nosotros los ciudadanos de a pie? Esto por un lado; por el otro, se cae todo, se muere el pueblo, se va la inversión y los pueblos quedan fantasmas.

¿O no quieren ver cómo quedaron los municipios de Altamirano y Petatlán, después del asesinato de los alcaldes? A la fecha son pueblos solos, tristes, no logran retomar el rumbo, quedan marcados y heridos para siempre. ¿Por qué no entiende el gobierno y dan seguridad a los presidentes en cuanto toman el cargo, sin esperar las amenazas? Recuerden, los tiempos son otros.

Si bien es cierto que la seguridad es para los ciudadanos primero, también es cierto que la primera autoridad del municipio debe estar resguardad por elementos policíacos.

La alcaldesa Adela Román Ocampo es resguardada por elementos de la Marina, y no sólo ella, también su familia, y según dicen algunos críticos vive en las instalaciones de la Marina. Entonces, ¿qué esperan para dar resguardo a los demás alcaldes? ¿Que maten otros, para ahora si actuar?

Digo, ya ven que la alarma se les adelantó y los volvió a agarrar cruzados de mano a todos. Ojalá despiertan pronto, señores funcionarios encargados de la seguridad de los mexicanos; despierten, porque si no, nos va a tirar a todos la ventolera.

Editorial

De agresor sexual a cónsul

Víctor Alberto Barreras Castro, nombrado cónsul en Las Vegas por el Gobierno de López Obrador (SRE Comunicado 20/09/2019), fue detenido el 6 de mayo de 2011, luego de que el juzgado cuarto de primera instancia de lo penal de Ciudad Obregón, Sonora, girara orden de aprehensión en su contra por el delito de estupro (relaciones sexuales con menores de edad), de acuerdo con el expediente número 141/2011 que obra en mi poder. La víctima de Barreras, cuyo nombre me voy a reservar para proteger su privacidad, tenía 14 años; él 24 años. Barreras quedó libre tras el pago de fianza.

En Estados Unidos, donde el ex Vicepresidente interino de Morena en Cajeme pretende ser cónsul, el estupro es un delito penal grave. Conocido como “statutory rape” (violación tipificada), ha sido condenado por el movimiento Me Too. En meses recientes, ese tipo de delito sexual acaparó titulares en torno al escándalo del millonario Jeffrey Epstein quien fue acusado de dirigir una extensa red clandestina de sexo con menores. Epstein se suicidó en prisión.

La denuncia contra Barreras, interpuesta por la madre ante el juez Octavio Castrejón Martínez, consta de declaraciones testimoniales de la querellante, el padre y la tía-madrina de la víctima, y de la madre del inculpado, así como dictámenes de ginecología practicado por dos peritos que concluyeron que el himen de la menor había sido desgarrado y otro de psicología que da cuenta de secuelas emocionales a consecuencia de la “agresión sexual”.

El inculpado se reservó el derecho a declarar ante el juzgado indicando que lo haría posteriormente por escrito. Sin embargo, en su declaración testimonial, Olivia Castro Pérez, madre del acusado, dijo que el 12 de enero de 2011, cinco días después de la agresión sexual, “su hijo le confesó” que tuvo relaciones con la menor en el domicilio de la casa que tienen en Pueblo Yaqui.

La víctima era alumna de Barreras en la escuela Secundaria Técnica #56 de Ciudad Obregón donde ella estudiaba segundo año de secundaria y él daba clases de inglés como profesor suplente. Barreras la sedujo diciéndole que la quería, que le gustaba mucho, que cuando fuera mayor iba pedir permiso a sus padres para ser novios y que el sexo era para conocerse mejor. La agredida declaró que Barreras le enviaba mensajes con “palabras obscenas” y que poco a poco fue “metiéndole curiosidad para saber como se sentía tener relaciones sexuales”.

La menor declaró ante la autoridad judicial que el 7 de enero de 2011, Barreras la recogió en su auto en el lugar acostumbrado (una gasolinera) y que sin decirle a dónde iban la llevó a la casa de su madre en Pueblo Yaqui donde la “penetró con su pene en su vagina”. Usó condón. Añadió que tuvo relaciones sexuales con él porque la “convenció y le gusta y lo quiere”.

Con base en los testimonios, los dictamines de peritos y la inspección ocular y fe ministerial del lugar de los hechos, el juzgado acreditó fehacientemente los requisitos probatorios del cuerpo del delito incurrido por el inculpado: conducta de acción consistente en tener cópula, cópula con una mujer menor de 18 años y seducción destinada a vencer su resistencia psíquica o moral para obtener la cópula con la víctima.

La demanda contra Barreras terminó en sobreseimiento. Los padres aceptaron el pago de reparación de daños por un monto desconocido. Sin embargo, de acuerdo con especialistas consultados, el arreglo no exime a Barreras del delito de estupro que acreditó el juzgado. Sólo significa que se salvó de cumplir una condena de dos a cuatro años de prisión.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

A propósito de la desaparición de diversos programas y fondos de inversión a nivel federal, conviene revisar el programa de comedores comunitarios, que aunque fueron parte de una fallida estrategia contra el hambre del gobierno de Enrique Peña Nieto, a cargo de Rosario Robles Berlanga –cuyos desfiguros como funcionaria pública salieron a la luz y se denunciaron desde el sexenio pasado, y ella está a buen recaudo-, realmente fue lo único rescatable de esa estratagema que se inventaron para destinar toneladas de dinero para, según, salvar a los pobres de entre los pobres de la hambruna.

Y nos preguntamos qué pasó de ese tiempo a la fecha para que se haya decidido ya no mantenerlos abiertos. ¿Se acabó el hambre? ¿Ya no hay gente en extrema pobreza? ¿No hay viudas, ancianos, niños huérfanos, niños desnutridos, mujeres embarazadas anémicas, gente enferma y sin trabajo, sin acceso a la salud y a la educación?

Las causas persisten, desde luego. También se tiene la infraestructura necesaria, porque si algún programa recibió el apoyo de los alcaldes fue el de comedores comunitarios, ya que incluso gastaron recursos del Ramo 33 para construir los edificios, que actualmente están abandonados, mientras que los enseres de cocina que se les proporcionaron están arronzados como trebejos viejos.

Lo que falta es una visión integral del desarrollo, que involucre la participación de la comunidad, como sucedía con este programa que, en efecto, aunque era usado con fines electoreros por todos los partidos políticos, y aunque se detectaron anomalías graves que implican actos de corrupción masivos, lo que procedía era resolver esos pequeños detalles, en lugar de desechar una experiencia que tenía ya 6 años operando y que de algún modo había logrado meterse al seno de la sociedad rural y de las colonias marginadas.

Y entonces se prefirió desecharlo, aplicando la teoría de vale más hacer algo nuevo que remendar algo viejo.

Así quedaron a expensas de la hambruna cientos, miles de personas que todos los días recibían en los comedores comunitarios un plato de comida.

Pero, sobre todo, se tiró a la basura un esquema valioso de autogestión y participación social, algo de lo que hoy se carece, y que es sumamente difícil construir. Porque a la gente invítala a un baile y va; pero no la invites a involucrarse en la solución de los problemas de la comunidad, porque entonces no van, o siempre preguntan cuánto les van a pagar.

En contraparte, el gobierno federal promueve sin éxito programas de reconstrucción del tejido social, pero mediante acciones de deporte y cultura, y rescate de espacios públicos.

Eso está demostrado que no da resultado, pues lo más importante es que primero se facilite la construcción de la “comunidad”, si queremos usar un término sociológico.

Si algo se padece en México es que el tejido está roto. Ya no hay vecinos solidarios. Ya no se tiene esa identidad de barrio, de colonia, de pueblo. Estamos todos contra todos.

Y los comedores comunitarios cumplían esa función. No sólo se trataba de ayudar a la gente necesitada, sino que mediante este acto de caridad, las mujeres y sus hijos comenzaron a socializar, a hacerse equipo.

Entonces, los comedores se convirtieron en un medio muy eficaz para garantizar el acceso al ejercicio del derecho a la alimentación, sí, pero también coadyuvaron a un fin aún mayor: fueron un vehículo para construir comunidad. Se convirtieron en el espacio, el punto de encuentro de vecinas y vecinos, en un lugar de ayuda mutua, en el medio de conocimiento y respeto de la gente. Así se fortalecieron los lazos de solidaridad y fraternidad, la responsabilidad de las personas y su vocación de servicio.

¿No es eso suficiente para reabrirlos?