Opinion | - Part 181

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

*Guerrerenses no aprenden de los desastres

*Diputados pelean presidir la Cámara Baja

“Mientras que la pobreza, la injusticia y la desigualdad existan en nuestro mundo, ninguno de nosotros podrá realmente descansar”: Nelson Mandela.

Mis estimados, luego de la noticia de que el estado de Guerrero pasaba al semáforo epidemiológico amarillo, surgieron distintas reacciones de los sectores sociales, políticos y económicos. Sobre todo, reaccionaron los profesionistas que ejercen labores desde casa y que obviamente perciben un salario sin mayor problema; para ellos, la entidad aún no debe entrar al semáforo amarillo porque se corre el riesgo de contagios masivos.

Sin embargo, otros sectores recibieron emocionados la noticia, sobre todo las personas que tienen negocios con actividades no esenciales, ya que el semáforo amarillo les permite abrir sus negocios en un 35 por ciento.

Otros que se dedican a ventas en la calle festejaron el que Guerrero alcance el semáforo amarillo y están esperanzados, pues dicen que antes de la temporada de invierno la entidad puede alcanzar semáforo epidemiológico verde, para que todos volvamos a la nueva normalidad, y podamos recibir todo el turismo que venga a los destinos a disfrutar las playas, y que los niños vuelvan a la escuela.

Pero, ojo, mis estimados: semáforo amarillo no significa que la pandemia se retiró del estado. El coronavirus sigue en el estado y municipios; por lo tanto, la ciudadanía debe conducirse con prudencia y mantener las medidas de higiene y sana distancia para no volver atrás. Esta es una responsabilidad de todo guerrerense, cada uno es responsable de su salud y la de sus familias.

De hoy en adelante somos los guerrerenses responsables de nuestra salud, te cuidas tú y cuidas a los tuyos; las autoridades no van andar cuidándonos a todos; pero tampoco podemos mantenernos encerrados y morirnos de hambre, vamos aprender a vivir y convivir con el virus, pues tenemos que trabajar, la vida sigue.

Si tomamos las medidas sanitarias correspondientes, la entidad alcanzará semáforo verde. Sí se puede. Si logramos el semáforo amarillo, podemos lograr el verde, sólo hay que ser responsables y que cada guerrerense tome su parte. saldremos juntos adelante.

Y como si fuera poco el mal que acarreó el Covid-19 al estado de Guerrero, la tormenta Hernán remató a las costas del estado suriano.

El Covid-19, dio tremenda sacudida a estas regiones y sigue dándoles duro y tupido. Pero no habían respirado aire puro los pobladores, cuando de repente apareció la tormenta que dejó a varias familias en cueros, sobre todo aquellas que están establecidas en los márgenes de los ríos, y las que viven en asentamientos irregulares.

Según el Secretario de Protección Civil Estatal, Marco César Mayares Salvador, hay al menos 15 mil habitantes en la Costa Grande que viven en zonas vulnerables a inundaciones, zonas de riesgo, mientras que en Guerrero la cifra de familias que habitan en este tipo de lugares se eleva a 30 mil.

El funcionario estatal señaló que son los asentamientos ubicados en cauces de ríos y arroyos, los que representan más vulnerabilidad.

En la región de la Costa Grande, sobre todo, se vive esa difícil realidad. Y vaya que cada temporada de lluvias nos llevamos sustos, mayormente cuando hay tormentas, ocurren los mismos desastres a los habitantes que habitan en márgenes de ríos, arroyos y pendientes, pero no se mueven de ahí, y las autoridades tampoco se preocupan por reubicarlos.

En la Costa Grande -para recordar, la tragedia que se vivió con el huracán Ingrid y la tormenta Manuel en 2013-, padeció un desastre terrible, pues hubo muchas pérdidas humanas.

Cómo olvidar el derrumbe del cerro de La Pintada, que enterró al pueblo y donde según testigos serranos hubo más de 150 muertos e incuantificables los daños materiales.

Sin embargo, a casi siete años de ese suceso que marcó a Guerrero, los guerrerenses no hemos aprendido nada. La tormenta Hernán no cobró vidas humanas, pero sí causó cuantiosas pérdidas materiales, miles de casas inundadas puentes rotos y carreteras partidas.

Todo caiga en lo material, decía mi madre, pero el fondo va más allá: no aprendemos los ciudadanos de los desastres. Han sido varias las tormentas que han azotado al estado de Guerrero: el Paulina, en Acapulco, por ejemplo, abrió el río El Camarón llevándose todo a su paso. Casas con muros altísimos que pensaban los habitantes jamás los podrán derribar una corriente, cayeron y muchas familias fueron arrastradas por la fuerza de la corriente y se las trago el mar.

Sin embargo, no hemos aprendido nada y siguen las familias asentándose en zonas peligrosas. Como también siguen los vendedores de terrenos ocupando esas áreas, que son realmente de control federal.

Tras el Paulina, se repitió la historia de la tormenta Manuel en la Costa Grande. Los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, San Jerónimo de Juárez, Tecpan de Galeana, Petatlán, Zihutanejo, La Unión y Coahuayutla, todos padecieron los estragos del exceso de lluvias.

En los municipios se desbordaron los ríos y en otros los arroyos; se partieron las carreteras y se registró la caída de puentes. Se desgajaron cerros y se dañaron viviendas, redes de telefonía y electricidad, etcétera.

Hablo de los municipios en general, pues no me alcanza el espacio para mencionar los pueblos afectados por los torrenciales aguaceros, desastres de puentes, carreteras y viviendas inundadas.

Pero lo que quiero destacar con esta entrega, mis estimados, es que año tras año sucede lo mismo con las familias que habitan en zonas de riesgo, y en la Costa Grande la gente sigue creyendo que nada le va pasar, aun cuando ya sobrevivieron una tragedia como fue la del huracán Ingrid y la Tormenta Manuel.

Hoy, otra vez quedaron incomunicadas varias comunidades serranas: incluso, en el municipio de Zihutanejo, debido al desbordamiento del río de Barrio Nuevo, los pozos de agua quedaron con mucho lodo y las bombas se dañaron, y no están funcionando normal hace falta agua en el puerto, por la tormenta tropical Hernán.

Pero este meteoro apenas puso sobre aviso a la población de lo que puede suceder, pues en septiembre es cuando más llueve y se pronostican tormentas y hasta huracanes, por eso más vale prevenir que lamentar.

Sopa de grillos

En otro tema, mis estimados, le cuento que bien pronto veremos al PRIMOR en acción. Ustedes preparen mente corazón y tripas, por aquello del entripado, pues se avizora en política un plan buenísimo del que muchos dudaban, pero que bien pronto quedará confirmado.

Por lo pronto, le adelanto tantito: en la Cámara de Diputados, siguen los jaloneos peleándose la Mesa Directiva de San Lázaro. Recuerden que hace días el PT, con Gerardo Fernández Noroña, andaba comprando diputados para ser tercera fuerza y quedarse con ese cargo, pero ayer le dio su estate quieto el presidente Andrés Manuel López Obrador a Fernández Noroña; ¿y saben qué le dijo el mandatario federal? Que la Cámara de Diputados va a ser presidida por el PRI. Jojojo.

Ante esta decisión del mandatario federal, el diputado petista casi se infarta de coraje, pero como ordenó el rey del Palacio Nacional, el diputado Noroña no hizo circo ni aulló tampoco, pero se embadurnó diciendo que es un error dejar que el PRI presida la Cámara de Diputados.

¿Y saben que, mis estimados? El PRIMOR está a la puerta y se viene lo bueno en esa Cámara Baja, pues cuatro diputados del PRD se pasaron al PRI, y con ello serán los tricolores los que dirijan la Mesa Directiva de San Lázaro, con la diputada yucateca Dulce María Sauri Riancho.

Todos, menos el PAN, se dieron cuenta de tremendo descubrimiento. Con razón el diputado René Juárez Cisneros, con toda la calma dijo un día antes que el PRI iba a presidir la Cámara de Diputados. Jojojo.

Les dije que en estas elecciones veríamos hartas cosas, sobre todo pactos de amor en contra, porque ¿saben quién regreso al PRD y con bandera alta? Sí, ese que destruyó al PRD, Jesús Zambrano Grijalva, uno de Los Chuchos. Ese mero regresó como dirigente nacional del Sol Azteca.

¡Charros! Apenas estaba saboreándome la unidad PRI-PRD, pero porque estaba el costachiquense Ángel Aguirre Rivero, perfilado para dirigir ese partido. Pero mira, le hicieron de chivo los tamales al costachiquense y se puso en riesgo la alianza PRI-PRD, pues también el PRD tiene que eliminar algunos puntos en sus estatutos para poder aliarse con el PRI; de lo contrario es puro cuento.

Pero con la llegada de Zambrano, dudo se haga la alianza, y más bien veo cerca de Morena a Aguirre Rivero, para que se cocine mejor el PRIMOR. ¡Ajúa!, que viva México, cuarones. Ahora si ya puedo gritar, porque estamos en septiembre, el mes patrio, y en semáforo amarillo. Jejeje, Feliz martes, mis estimados.

Las malas enseñanzas del presidente

No hacía falta ser demasiado perspicaz para tener claro que ante la necesidad de “diversificar” la temática de la discusión pública y, sobre todo, llevar esta hacia los temas que “le convienen”, el presidente Andrés Manuel López Obrador echaría a andar la multireferida “consulta” para decidir si se lleva a juicio a expresidentes de la república.

El movimiento había sido advertido por el titular del Ejecutivo desde el mismo día de su toma de protesta: él es partidario del “borrón y cuenta nueva”, es decir, de no desperdiciar tiempo ajustando cuentas con el pasado y dedicarse en cambio a construir el futuro. Por eso, dijo el 1 de diciembre de 2018, no estaba en sus planes perseguir a los corruptos de sexenios anteriores.

Sin embargo, advirtió también, podría existir una excepción a esta posición suya: que tras “consultarse al pueblo”, este demandara la realización de juicios en contra de los expresidentes del denominado “período neoliberal”.

Hoy, a punto de rendir su segundo Informe de Gobierno y cargando una larga lista de pasivos, debido a los malos resultados que ha entregado su administración, estaba claro que las circunstancias le ofrecían la oportunidad de echar mano de esta herramienta convenientemente sembrada para ser usada en caso necesario.

El recuento anterior es necesario –y útil– para tener claro que no es casualidad que el fin de semana anterior las huestes “amlistas” se lanzaran a las calles para comenzar a recolectar firmas que permitan solicitar al Instituto Nacional Electoral la organización de la consulta de marras, misma que se buscaría desahogar al mismo tiempo que la jornada electoral de 2021.

Se trata, como todas las “consultas” impulsadas por el gobierno de López Obrador, de un acto no solamente innecesario sino que implica consolidar en el ideario colectivo una idea a cual más peligrosa: que la ley en México sólo se aplica si existe un consenso para ello.

Nadie puede estar en contra de que se lleve a juicio a quien haya cometido un delito. Por eso, en principio, no hace falta consultar a nadie al respecto, pues hacer tal ejercicio equivaldría a decir que, en el hipotético –imposible, pero teóricamente probable– caso de que la ciudadanía votara en contra, entonces no se aplicaría la ley, incluso si hubiera delitos que perseguir.

Se trata de un ejemplo más de la pésima pedagogía que impulsa el Presidente y que sólo parece tener el propósito de mantenerlo a él como centro del debate electoral mexicano, de forma tal que cada vez que los ciudadanos acudan a las urnas la decisión se reduzca al falso dilema de “votar a favor de Andrés Manuel o en su contra”.

4T: oportunidad histórica

Rubén Martín

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llega a su Segundo Informe de Gobierno en medio de una crisis sin precedentes en el país dado que es una crisis tanto sanitaria, económica, social como política. Y todo indica que podría convertirse en una crisis también de legitimidad si el mandatario no cumple su promesa central que proclamó en campaña electoral: encabezar un Gobierno de transformación nacional.

Es evidente que la actual situación de crisis que vive el país no fue creada en estos 21 meses del Gobierno de la auto proclamada Cuarta Transformación. Ya AMLO había heredado un país devastado por una guerra y la violencia desmedida, la depredación territorial, una fuerza laboral súper explotada tras 30 años de contención salarial.

En el modelo de súper explotación del trabajo era difícil obtener o mantener un empleo, pero aún más conseguir salarios decentes. La consecuencia es que se observa una mayor presión sobre quienes viven de su fuerza de trabajo. La fórmula de las políticas liberales impulsadas por los partidos del Pacto por México (PRI, PAN, PRD), se puede resumir en lo siguiente: más ganancias y más rápidas para los capitalistas en tanto a los asalariados se les condena a mayores cargas de trabajo y con menores ingresos. Esta combinación provocó una enorme dificultad para que la mayoría de la población consiguiera satisfactores esenciales: vivienda, alimentos, educación y medicinas.

Pero lo que puso el límite fue el hartazgo hacia un régimen de corrupción generalizada en que se convirtieron los gobiernos de la partidocracia tradicional.

AMLO supo leer las corrientes del que abrevaba el hartazgo social y de ahí armó su programa: lucha contra la corrupción y cambio del modelo económico neoliberal.

Por eso ganó con tal fuerza en julio de 2018. Pero luego, tras casi dos años de Gobierno (21 meses en Palacio Nacional), hay evidencias sólidas que muestran que López Obrador no está cumpliendo con el proyecto de un cambio de fondo tanto en el sistema político como en el modelo económico.

Su estrategia contra la inseguridad y para poner fin a violencia, desapariciones y homicidios se cimienta, igual que sus antecesores, en la militarización de las fuerzas de seguridad.

El Gobierno de la 4T sigue sin cancelar el modelo extractivo, como bien han señalado recientemente la Red Mexicana de Afectados por la Minería y la Alianza Mexicana contra el Fracking.

La ratificación del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) es una apuesta por la asociación estratégica con EU y la supeditación a sus proyectos geopolíticos. Esto se revela con el mantenimiento de grandes megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y otros.

Estas medidas han sido acompañadas de alianzas con representantes de intereses empresariales, mediáticos, sindicales del pasado. Por ejemplo, los empresarios que López Obrador llevó a la cena a la Casa Blanca en Washington; los contratos con las televisoras para impartir clases a distancia y el aval a los charros sindicales que han controlado a la clase trabajadora mexicana.

Desde la 4T pueden decir que son movimientos tácticos para no abrir varios frentes de lucha o que no se pueden librar todas las batallas. El resultado es el mismo: se perdieron oportunidades históricas para promover cambios de fondo, esenciales para el país. Por ejemplo, crear una gran comisión de la verdad nacional que revisara todos los grandes casos de violencia, represión, desapariciones y enterramientos clandestinos y sometiera a juicio e investigación a los responsables, como ocurrió en Guatemala. También se perdió la oportunidad de dar pasos agigantados para detener desapariciones y terminar con la crisis de identificación forense. El cambio de discurso ante el tema de las desapariciones no es suficiente para lo que necesitan los cientos de miles de familias vulneradas por una desaparición, un enterramiento o un asesinato violento.

El actual Gobierno perdió oportunidad histórica de dar muestras firmes de poner fin al modelo neoliberal extractivo, explotador de recursos y mano de obra: suspendiendo fracking, minería a cielo abierto, democratizar los sindicatos, garantizar el acceso a la mayoría de la población a la salud, educación, vivienda, seguridad social, etcétera.

Es evidente que son demasiados problemas, demasiados retos y una oposición que no descansa, pero hasta ahora hay más semejanzas con el anterior modelo que nos trajo a esta crisis profunda que vive el país; y el Gobierno de la 4T la combate con parches, no creando modelos alternativos, por ejemplo con una apuesta por una economía basada en la cooperación, la solidaridad, el respeto por su pueblos y por sus recursos.

Pero mientras transcurre el tiempo del sexenio sus opositores avanzan en su objetivo de dañar la imagen del Presidente y de la 4T y ya han hecho mella en el escudo político que presumía AMLO: la anticorrupción. El escándalo tras la difusión del video donde su hermano recibe recursos (“aportaciones”, dijo) para la campaña de Morena en Chiapas en 2015, por más que el Presidente y sus seguidores quieran minimizarlo, representa una abolladura en la legitimidad presidencial, lo que implica debilidad política.

Mientras más tiempo sexenal se consume queda más claro que se perdieron oportunidades históricas para hacer los cambios de fondo que necesita este país para detener la guerra, parar la devastación, la explotación y para vislumbrar una sociedad donde valga la pena vivir, como exigían los chilenos en las protestas de octubre de antes de la pandemia.

Opinión

Adela Navarro Bello

Peralta el “policía político” de la Segob

Durante muchos años la Secretaría de Gobernación (Segob) mantuvo dentro de su estructura una policía. Hasta 1989 lo fue la Dirección Federal de Seguridad, entidad de infame historia que sería desmantelada para dar paso al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen, que también quedó en el organigrama de Gobernación.

En 1999, el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León instauró la Policía Federal Preventiva, en la facultad de la Secretaría de Gobernación, sería en el mandato del primer Presidente de la República panista, Vicente Fox Quesada, cuando esta corporación dejó las filas de la Secretaría de Gobernación para formar parte de la entonces recién creada Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Durante la Presidencia del priista Enrique Peña Nieto desapareció la Secretaría de Seguridad Pública y toda su infraestructura y su policía regresaron a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad.

Llegado el tiempo de Morena el Presidente Andrés Manuel López Obrador le quitó a Gobernación sus facultades policíacas y de inteligencia. Creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y en ese organigrama acabaron tanto la Comisión Nacional de Seguridad Pública como el Cisen, que con las mismas facultades que en el pasado ahora se llama Centro Nacional de Inteligencia.

Muchos políticos en el pasado padecieron el hostigamiento de la policía política que se ejercía desde Gobernación espionaje, filtraciones, presiones, tanto a grupos de la sociedad civil como a gobernadores, alcaldes, periodistas, activistas y políticos. El Presidente López Obrador lo dijo al inicio de su Gobierno, no se volvería a espiar a nadie, y eliminó el Cisen (aunque, insisto, solo le cambio de nombre y de adscripción), y sacó la Policía de Gobernación.

Sin embargo, hoy día parece que está de regreso. Sin atribuciones ni facultades, el Subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, está realizando labores de investigación propias sólo de la Fiscalía General de la República o las fiscalías en los estados al emprender indagaciones sobre lo que ocurre en los estados y los municipios.

Muestra de ello fue lo denunciado por el Presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, quien, dijo, fue citado por Peralta en sus oficinas de la Ciudad de México para informarle/amenazarle con que había una investigación sobre su Secretario de Seguridad Pública municipal sobre el “robo¨ de un decomiso (no dijo de qué, ni cuándo, ni cuánto), del cual obtendrían dinero para invertirlo en la campaña del Alcalde, sea para su reelección o para suceder a Jaime Bonilla en el Gobierno del estado, aunque tampoco lo aclaró.

El Alcalde refirió que Peralta lo amenazó en sus derechos políticos electorales, lo que se presume se podría traducir en que si persistía con la idea de ser candidato, a pesar que el Gobernador Jaime Bonilla no lo aprueba, la investigación contra su Secretario de Seguridad Pública Municipal se daría a conocer públicamente. Esa es la única forma en que los “derechos político electores” del Presidente municipal pudieran ser amenazados, instándole a no aspirar a un cargo de elección popular.

Cuando se trata de decomisos realizados por los primeros respondientes, los que normalmente suelen ser municipales, estos son reportados a la autoridad competente, a la Fiscalía del Estado si se trata de una falta del fuero común, o a la Fiscalía General de la República cuando de un delito del orden federal es el caso. En Tijuana, asegura el Alcalde, no sucedió decomiso alguno por parte de la corporación que dirige y por lo tanto no fue reportado a ninguna Fiscalía.

¿Tiene facultades Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, para investigar los decomisos en el país? A simple vista no. Aunque podría argumentar que “alguien” denunció al funcionario tijuaneses, con todo y que para eso también hay instancias especializadas. Lo que Peralta está realizando es una “labor de policía” desde la Secretaría que maneja la política interna del país, convirtiéndose en lo que en el pasado conocimos como policía político.

No es la primera ocasión que Ricardo Peralta es notorio por sus acciones en los destinos de Baja California, en acompañamiento del Gobernador Jaime Bonilla Valdez, que durante las últimas semanas ha iniciado un enfrentamiento con el Alcalde de Tijuana, a quien estudios de opinión y analistas consideran un sucesor natural de Bonilla, quien –y lo ha dicho públicamente– le ve todo para gobernar el estado al Alcalde de Ensenada, un joven de apellido Ayala que ha sido su empleado en su medio de comunicación.

En junio de 2019, a horas de la elección de donde saldría triunfador Jaime Bonilla, el entonces Presidente del Congreso de Baja California, un priista, denunció cómo estaban siendo presionados, como legisladores, para aprobar una reforma constitucional y ampliar el mandato del próximo Gobierno de dos a cinco años. Señaló directamente a Alejandro Miramontes, entonces administrador de la Aduana de Mexicali, como la persona que a nombre del Gobierno Federal les ofreció un millón de dólares por aprobar la reforma que beneficiaría a Bonilla.

El jefe de Miramontes era Ricardo Peralta, que por entonces era el Administrador General de Aduanas dentro del Servicio de Administración Tributaria, y el señalamiento de las presiones en el Congreso del Baja California para beneficiar a Bonilla le alcanzó.

En diciembre de 2019, antes de dejar la titularidad del SAT para tomar posesión como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjart dio cuenta y no de manera discreta –de hecho hay testigos– de la corrupción que rodeaba a quien era su subalterno y se desempeñaba como Administrador General de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo.

No pasaron ni seis meses cuando a mediados de mayo el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, revelara que se había investigado a los 49 administradores de aduanas en el país, detectando por lo menos seis en alto riesgo de actividades ilícitas como lavado de dinero. Dijo entonces que tres habían sido retirados de sus cargos, el de Tuxpan, Veracruz, el de Progreso, Yucatán, y el de Mexicali, Baja California, precisamente el enviado de Peralta, Alejandro Miramontes.

En el mismo mayo, Ricardo Peralta fue retirado de la Administración General de Aduanas y rescatado por la secretaria Olga Sánchez Cordero, en calidad de Subsecretario de Gobernación, posición desde la cual, aseguran, no suelta los hilos de las aduanas, pues la mayoría de quienes titulan esas dependencias federales en los estados fueron nombrados por él.

Ricardo Peralta también acompañó al Gobernador de Baja California en su intentona por quedarse cinco años en la administración pública bajacaliforniana. Al final aquel presidente del Congreso que denunció el intento de soborno terminó votando a favor de la ampliación de mandato de dos a cinco años, reforma que el 11 de mayo de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaría como inconstitucional y un “fraude a la Constitución” del estado.

Por eso no es de extrañar que Ricardo Peralta, desde la Subsecretaría de Gobernación, esté entrándole al juego sucio en la política local de Baja California jugando del lado de Bonilla Valdez, quien es público, notorio y declarado, no es partidario del Presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, quien podría aspirar a la candidatura para sucederlo. Lo que sí es novedad es que sin policía y sin estructura para la inteligencia, Ricardo Peralta se erija como el policía político de la Segob tomándose atribuciones de las fiscalías, investigando en los municipios. Sorpresas que da la 4T, y que avala la Secretaria de Gobernación.

Corrupción vs corrupción

La narrativa de la esperanza está muerta, o al menos fuera de circulación. Los datos económicos y las tragedias derivadas del problema de la pandemia hacen muy difícil que el Presidente nos venda que él es la esperanza de México. De hecho, es la única frase de campaña que no está en los spots del segundo informe. Olvidémonos de que sea cierto o no, ese debate termina siendo ideológico, simplemente veamos las encuestas sobre la percepción de futuro y es evidente que las familias no la están pasando bien y no perciben una mejora en el corto plazo. Así, el Presidente ha decidido ir a la elección con la narrativa de la corrupción de los sexenios anteriores, la del viejo régimen diría él. Esta decisión, si bien tiene toda la lógica política, tiene también algunos riesgos.

Para que eso funcione el contraste debe ser muy evidente, una dicotomía entre los corruptos frente a los honestos. Aunque el Presidente tenga fama de ser fundamentalmente honesto ese es un terreno pantanoso pues, como ha quedado claro, es prácticamente imposible que el Presidente controle todas las aristas del Gobierno y que no haya escándalos de sus colaboradores. Aun suponiendo que realmente él no tiene nada que ver en la corrupción de su hermano en los videos no puede obviar que él era presidente de Morena en ese momento y para la oposición es más sencillo llevar la elección a la narrativa a los más corruptos contra los menos corruptos, tratar de ir igualando los cartones en ese terreno y luego voltear la tortilla y hablar de resultados en salud, economía, seguridad, pobreza, etcétera.

Para el común de los mortales la corrupción asociada al financiamiento de los partidos es poco clara y por supuesto que no es lo mismo el video de los sobres de David León y Pío López Obrador que el atasque de los billetes en maletas de los funcionarios panistas solo comparable con aquellos de Bejarano, también colaborador de López Obrador. Como sea, por paradójico que parezca, el tema de la corrupción resulta más cómodo para la oposición, pues cuando se trata de aventar lodo lo que importa es el manejo mediático más que las pruebas judiciales, montos o tramas.

Otro riesgo para el Presidente y su partido es que la narrativa de corrupción vs corrupción lo que terminará generando es una desánimo generalizado y eso ahuyentará a los ciudadanos de las urnas. Lo que le dio el triunfo arrollador en 2018 fue que logró poner en la cabeza de los mexicanos la esperanza de un futuro mejor y eso hizo que saliéramos a votar masivamente. En una elección de poca participación lo que importa son las estructuras, la capacidad de movilización que tengan los paridos. Morena ha mostrado ser poco eficiente y los programas del Gobierno federal también.

La ruta de corrupción vs corrupción es, pues, de alto riesgo, y el Presidente lo sabe. Quizá por ello lo hemos visto de tan mal humor en los últimos días.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Aunque en el Senado apenas comienza a tomar forma la iniciativa para levantar una consulta ciudadana y llevar a juicio a los ex presidentes de la República por actos de corrupción, en Guerrero desde el sábado comenzaron a instalarse mesas receptoras de firmas, impulsadas por morenistas, simpatizantes del partido lópezobradoristas y organizaciones sociales con actividad política.

La primera en anunciar sus actividades fue la organización social que preside Beatriz Mojica Morga, quien comenzó en Iguala y Chilpancingo, pero con la intención de abarcar todas las regiones del estado.

También ayer, en Acapulco, organizaciones afines al lópezobradorismo comenzaron con esta actividad, y se espera que a lo largo de esta semana que inicia, otros grupos se sumen a la iniciativa que desde el pasado jueves plantearon algunos senadores morenistas.

Esa primera solicitud, cabe decir, fue desechada por incumplir el número de firmas que se necesitan para darle cauce, así que ayer domingo, al término de la plenaria de Morena que durante dos días se desarrolló en la Ciudad de México, senadores del partido guinda decidieron crear una comisión que analizará la posibilidad de presentar una solicitud formal, para llevar a cabo la consulta popular sobre el juicio a los ex presidentes de México Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari.

Dicha comisión analizará los pros y los contras de esta iniciativa, y elaborará un documento de soporte.

De entrada, Morena debe tener las 43 firmas que se requieren para que una iniciativa de ese nivel avance, y el Poder Legislativo se involucre.

Vemos, entonces, que los morenistas pretenden ir por 2 vías para movilizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este asunto: la vía civil, ciudadana, y la vía legislativa.

Se tiene la otra vía, la de la aplicación directa de la ley, y eso depende de la Fiscalía General de la República. Es decir, que si hubiera algún delito que perseguir, y dad que la ley negociable, el fiscal Alejandro Gertz Manero estaría obligado a presentar las denuncias correspondientes, y exigir la reparación del daño causado al erario público, pero también el castigo correspondiente, esto de acuerdo al Artículo 21 Constitucional.

Hasta hoy, recordemos, ese precepto legal era letra muerta, porque lo que se estilaba en la política era una ley no escrita de usos y costumbres, que se aplicaba a valores entendidos entre el presidente saliente y el entrante.

Algunos daban algunos golpes de timón, como Ernesto Zedillo cuando encarceló a Raúl Salinas de Gortari; o Enrique Peña Nieto cuando encarceló a Elba Esther Gordillo Morales; o el mismo Carlos Salinas de Gortari, cuando mandó encarcelar al líder petrolero, Joaquín Hernández Galicia La Quina. Pero se trataba de golpes quirúrgicos, y encaminados a “legitimar” sus gobiernos, sin que eso significara realmente traer justicia al pueblo.

En el caso de Felipe Calderón, se entiende que pagó su inmunidad regalándole el avión presidencial a Enrique Peña Nieto; un avión inútil para un gobierno pobre, pues se trata de una nave que hace vuelos intercontinentales, pero que resulta muy costosa en vuelos cortos, dentro del país.

Pues bien, tan sencillo como que la Fiscalía General de la República ejerza su autonomía y haga valer la ley, olvidándose de cualquier acuerdo que pudiera existir entre, por ejemplo, López Obrador y Peña Nieto.

Tampoco es necesario que se involucre el Senado, pues la consulta ciudadana ya sería suficiente para que la Corte aceptara la revisión del caso, sin tener que meter este ruido político en las cámaras.

Las próximas dos semanas, a lo largo y ancho del país, veremos a organizaciones sociales afines y partidistas moverse para recabar firmas, pues se necesitan unos 3 millones de ellas para que los ex presidentes enfrenten la ley por sus actos.

El proceso es inédito para México y, por lo tanto, sumamente interesante. Veremos si este país es capaz de hacer valer estas herramientas ciudadanas para mover el aparato burocrático de la justicia.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Con la llegada de las lluvias, los problemas se multiplican para gobierno y sociedad. Sabíamos que este temporal sería crítico, pero nunca imaginamos cuánto hasta que tenemos encima los cántaros de agua.

En los últimos tres días, pero sobre todo el miércoles, Guerrero vivió lo que se conoce como Vaguada Monzónica, o Convergencia Intertropical, fenómeno que consiste en que surgen depresiones tropicales, tormentas o huracanes en ambos océanos, el Pacífico y el Atlántico, y se influyen mutuamente.

Es algo similar a lo que vivimos en septiembre de 2013, con el fenómeno de la tormenta Manuel y el Huracán Ingrid. En esa ocasión, los vientos huracanados de Ingrid influyeron en Manuel, se retroalimentaron ambos fenómenos, dejando niveles de precipitaciones pluviales históricos en el país, pero sobre todo en Guerrero.

En el caso de México, esta semana, la convergencia se dio en el Istmo, que es la parte más estrecha del país, pero se dispersó el fenómeno desde el estado de Sinaloa, hasta Centroamérica.

Del lado Pacífico, había dos depresiones tropicales, que se habían formado el martes por Chiapas, y que caminaron muy lentamente a lo largo de la costa (una más cerca del continente, otra más alejada), precipitando grandes cantidades de agua casi por 24 horas ininterrumpidas.

Afortunadamente estos fenómenos se convirtieron en tormentas tropicales (Hernán y Giselle) casi al mismo tiempo, a la altura de Sinaloa, porque de otro modo la precipitación pluvial hubiese sido mayor.

Por el Golfo, el huracán Laura tocó tierra en los primeros minutos del jueves por Louisiana y Texas, con categoría 4, y vientos sostenidos de 150 millas por hora. Cientos de miles de familias fueron evacuadas, y los daños aún son incuantificables, más la muerte de una adolescente.

Como quien dice, vivimos para contarlo.

Cuando se registró el fenómeno de Manuel e Ingrid, los científicos decían que no habían visto algo parecido en México, pero también dijeron que eso sería cada vez más común en nuestro país, que está rodeado de dos océanos y un golfo que atrae recurrentemente huracanes.

Del lado del Pacífico no cantamos mal las rancheras. Por ejemplo, apenas la semana anterior cruzó por nuestras aguas continentales el huracán Genieve, pero como iba muy alejado de las costas, sus efectos fueron leves. Más bien impactó a Baja California, donde el Mar de Cortés también es un punto para atraer huracanes.

De los municipios más dañados por el exceso de precipitaciones pluviales es Petatlán, a donde ayer estuvo el gobernador Héctor Astudillo Flores, luego de haber visitado la Costa Chica, donde también hubo cortes de carreteras y daños menores.

El mandatario supervisó la atención a 1300 damnificados en el municipio petatleco, pero también recibió de parte del alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Alec, la petición de declaratoria de desastres para este municipio, ya que los daños también son cuantiosos, y aún se están evaluando.

Afortunadamente se tuvo una atinada coordinación entre elementos policiales y de Protección Civil del Municipio, con la Marina y la Sedena, quienes estuvieron auxiliando a la población y habilitando las calles y avenidas dañadas.

En Costa Grande, sin embargo, todos sabemos que los más afectados vienen a ser los pueblos de la Sierra, donde los caminos se cortan y las redes de telefonía y de electricidad se dañan.

Las autoridades tendrán que trabajar con diligencia y rapidez para restablecer todo, porque recordemos que estamos en el inicio del ciclo escolar y los estudiantes están tomando clases a distancia, mediante la televisión o el Internet.

Tendremos que saber también que estamos en alerta por el Covid-19, y estas aguas traerán la sobrepoblación de zancudos que transmiten el dengue, la zika y la chikunguña, cuyos síntomas son parecidos a los de la infección por coronavirus.

Muchos trabajos tienen los gobiernos de todos los niveles, pero también los ciudadanos. El autocuidado de la salud es algo que comienza por la prevención. No se descuiden. Feliz fin de semana.

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

*Desastre total

*Más de 61 mil muertos; y 568 mil contagios: SSA

*Pide ONU-DH investigar brutalidad militar en NL

*Torruco: ineficiente y ridícula propaganda turística

Al acercarse la fecha del segundo informe de gobierno, es cada vez más evidente el “excelente manejo” de las crisis económica y sanitaria presumido por parte de la administración del presidente: en el segundo trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 18.69 por ciento a tasa anual, la mayor caída en la historia del país, con el consecuente cierre de decenas de miles de empresas y millones de trabajadores arrojados a la calle, además de una extraordinaria salida de capitales. En materia de salud, las defunciones confirmadas a causa del coronavirus Covid-19 superan las 62 mil y hay más de 568 mil contagiados confirmados. Debido al subregistro denunciado en diversas ocasiones, el número real de víctimas debería de multiplicarse mínimo por dos, lo cual da cuenta de la tragedia por el ineficaz manejo de la emergencia por parte de las autoridades de la auto denominada cuarta transformación.

El presidente López Obrador, para distraer a la opinión pública, se concentra en administrar su combate a la corrupción, con el caso de Emilio Lozoya Austin, alias ERLA, quien pese a sus delaciones en las cuales ha embarrado a decenas de altos funcionarios del sexenio anterior, el tabasqueño ha respetado el pacto de impunidad suscrito con el ex presidente Enrique Peña Nieto y no son tocados los servidores públicos cercanos al mexiquense. Este miércoles, en su conferencia de prensa mañanera desde Torreón, Coahuila, el Ejecutivo federal aclaró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no investiga a Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores del peñanietismo. Precisó si bien se cuenta con la denuncia que presentó ERLA, “se tiene que probar lo que se denuncia”, dijo y señaló el asunto le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR). “Ellos están haciendo la investigación, están llevando a cabo todo el proceso que exige la ley, seguramente los implicados que son como 70 personas van a ser llamados a declarar”, indicó. ¿Cuándo? ¿Otra vez girando órdenes desde el templete palaciego?

En cuanto al tema de seguridad, la nueva estrategia de “abrazos, no balazos” y la militarización del combate a la criminalidad seguidos en este sexenio no han dado resultados positivos. Los índices delictivos siguen incrementándose y la ola de violencia se aprecia imparable. Además, los abusos cometidos por las fuerzas armadas están a la vista. En el más reciente escándalo sobre el particular, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), urgió el gobierno mexicano investigar el uso de la fuerza letal aplicada por elementos del Ejército durante un operativo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cual dejó un saldo de 12 civiles muertos el pasado 3 de julio. El lunes pasado, el periódico El Universal publicó un video en el que se ve cómo elementos del Ejército persiguen a presuntos integrantes del crimen organizado y, cuando logran detener el vehículo donde se transportan los sospechosos, alguien da la orden de asesinar a una persona que todavía estaba viva en la parte trasera del carro. Por este motivo, la ONU-DH pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una investigación exhaustiva e imparcial, a fin de ubicar a los responsables de la presunta violación a los derechos humanos que fallecieron en el operativo.

Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, reportó este lunes que la Fiscalía General de Justicia Militar se encuentra investigando los hechos ocurridos en Nuevo Laredo. “En cuanto a la investigación que se está desarrollando, la Fiscalía General de Justicia Militar, desde la fecha en que se llevó a cabo este evento en Nuevo Laredo, inició una investigación, con lo que resultó del video que hace unos días salió a la luz”, indicó al responder a una pregunta sobre el caso. Anteriormente intentó, pese a recibir la instrucción presidencial, hacerse a un lado señalando correspondía a la Fiscalía de la entidad hacer las indagatorias. De tal forma se sigue manejando la aplicación de la Ley de acuerdo a los deseos del tabasqueño quien no se detiene ni 24 hotas para instruir lo mismo al Poder Judicial que al Legislativo y ahora, con la terquedad de la encuesta para redireccionar hacia los ciudadanos la responsabilidad de castigar a quienes pudieron cometer delitos durante su sexenio, no ha dudado en hacer obedecer a la Suprema Corte con tal de mantener el escándalo, el circo, montado a su manera y para lograr sus objetivos, los personales, los vistos rumbo a una reelección.

Tragedia sanitaria

El 25 de agosto pasado, desde Palacio Nacional, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, reportó que en el día 87 de la “nueva normalidad” en México las defunciones confirmadas a causa del coronavirus (Covid-19) suman 61,450 y que hay 568,621 casos confirmados acumulados. Estos datos oficiales, aún con el gran subregistro, confirman el desastre provocado por el inadecuado manejo de la emergencia sanitaria por parte de la administración de López Obrador. La Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos estimados. La capital de la República por sí sola, acumula 16.8 por ciento de todas las defunciones a nivel nacional. Junto con el Estado de México, Veracruz, Puebla y Baja California, son las cinco entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan casi la mitad (45.7%) de las registradas en el país.

A lo largo de toda la emergencia sanitaria ha sido evidente el inadecuado manejo de la misma por parte de las autoridades federales. El pasado 23 de abril, en una entrevista con una agencia informativa internacional, Hugo López-Gatell, responsable de manejar la epidemia del coronavirus en México, afirmó preveía un escenario inicial de entre seis y ocho mil muertes por Covid-19. El pasado 4 de junio, el funcionario afirmó que el escenario “plausible” sería de entre 30 y 35 mil muertos. Y agregó que si llegáramos a los 60 mil muertos tendríamos un escenario “muy catastrófico”. Así, esta semana llegamos a la catástrofe en esta pandemia al rebasarse los 60 mil muertos y todo indica se superarán los 100 mil en el mes de diciembre. Pero no hay que olvidar que, de acuerdo a diversos estudios, el gobierno está sub-reportando el número de fallecidos. Al parecer, tenemos que multiplicar los 60 mil por dos para llegar a un total de 120 mil fallecidos a la fecha.

Por otra parte, los números de contagios, ascienden a 569 mil en números oficiales y se considera están muy subestimados porque México es de los países que menos pruebas de Covid-19 hace en el mundo: 4.5 pruebas de coronavirus por cada millón de habitantes. Chile es el país de América Latina que hace más pruebas, con 58 por cada millón de habitantes. Las autoridades sanitarias de nuestro país se negaron a seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de realizar pruebas masivas, y ahí están los resultados. Ahora, la única esperanza es que llegue rápido la vacuna contra el Covid-19, de lo contrario, las muertes seguirán multiplicándose ante la irresponsabilidad mostrada por Hugo López-Gatell y su jefe, el presidente.

De los pasillos

La Fiscalía General de la República solicitó una pena de 21 años contra Rosario Robles, informó el abogado Epigmenio Mendieta, defensor de la ex funcionaria. En entrevista radiofónica, señaló: “claramente es una justicia que pide la Fiscalía, pero es completamente desproporcionada, inequitativa y muestra la saña con la que se conduce el caso de Rosario Robles”, consideró el litigante, quien comentó que la suma de los años contra la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se da porque se busca imponer la pena con agravantes….

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fue vinculado al narcotráfico. Raúl Eduardo Monge Castillo, actual jefe de la Oficina Fiscal de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, señaló en un video grabado en 2018 durante su cautiverio a manos de presuntos integrantes del Cártel del Golfo que el mandatario Francisco García Cabeza de Vaca, habría recibido recursos de integrantes del Cártel de Los Zetas, y que desde 2005 era apoyado económicamente para sus actividades proselitistas por Jaime González Durán, El Hummer, y otros cabecillas de esa organización… En una entrevista con La Jornada, el funcionario afirmó que todo lo que mencionó en el video difundido en redes sociales, lo hizo obligado y bajo tortura…

Por vergüenzas en el extranjero no paramos. Las pifias en turismo son, lo han demostrado, imparables y ya incontables. La página recién creada fue todo un fracaso al momento de pretender ponerla en marcha ¿cuánto costó? Quien sabe, pero debió de ser mucho a juzgar por el gran daño provocado. De nada sirve retar a la muerte, sacar a trabajar a los hoteleros y toda clase de turisteros sin, al final, la difusión no solamente es mínima, ni siquiera logra cubrir una cuarta parte de los segmentos captados con anterioridad, sino pésima, actúa en contra. ¿Recuerda cuando ofrecieron a los embajadores para convertirlos en promotores del turismo mexicano? Pues usted y yo tal vez sí, pero el “carnal” Marcelo Ebrard ya lo borró de su lista de pendientes y ni qué decir del titular del Ejecutivo, ese ni lo recuerda como compromiso… Tan delicadas están las cosas en ese ramo que en España, país con inversiones importantes en el Caribe, comienzan a promocionar el turismo interno, el panorama mexicano es incierto, revelan.

Oaxaca y la chatarra

Los mexicanos nos convertimos en los mayores consumidores de comida chatarra y bebidas azucaradas en América Latina, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud. El deterioro de la salud de la población mexicana ha llegado a tal extremo que presentamos el mayor porcentaje de muertes por diabetes en el mundo, entre las naciones con gran población. Y el panorama empeora, se estima que uno de cada dos niños mexicanos nacidos a partir del 2010 va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.

Muchos factores han intervenido en llevarnos a esta situación en la que se ha normalizado la botella de dos litros o más de refresco en la mesa de las familias, la salida cotidiana de los niños a comprar su fritura, panecillo o dulce a la tienda de la cuadra, el desayuno con Zucaritas o Choco Krispis, con 30 a 40 por ciento de azúcar y nada de fibra, el yogurt con harta azúcar o un fuerte edulcorante para que sepa extremadamente dulce y, por qué no, una sopa instantánea que sustituye el consumo de frijol.

Y todos estos productos están ahí, al alcance de la mano, a unos metros de cada hogar, acompañados de una fuerte publicidad que domina la televisión y los espacios públicos. Con sabores hiperpalatables para que se coman y se coman demás, productos llamados “competitivos” porque terminan por desplazar los alimentos naturales, los alimentos propios. Desde las comunidades oaxaqueñas hasta las comunidades en Nepal penetran en cada comunidad, atrapando el paladar de los niños, aprovechándose de su vulnerabilidad.

Explotando la predilección genética por sabores dulces y por la combinación de esos sabores con la grasa y/o la sal, las grandes corporaciones han diseñado estos productos y penetrado hasta los rincones más alejados del planeta con el fin de generar consumidores de por vida, con el fin de moldear sus gustos. Los cambios en las dietas tradicionales por la introducción de los productos ultraprocesados significa un proceso de destrucción cultural, un impacto en las economías locales que dejan de producir parte de sus alimentos, un impacto en la relación de esas comunidades con la tierra misma. Dos de los elementos que más distinguen a una cultura son la lengua que habla y la comida que prepara.

A cada comunidad llegan estos productos bien empaquetados, con los logos y la publicidad aspiracional que se transmite en la televisión, en vehículos que acercan el producto al consumidor a través de la mayor red de distribución que existe en el mundo. No existe ninguna otra categoría de productos en el mundo que cuente con la red de distribución que tiene la comida chatarra y las bebidas endulzadas, lo cual explica una de las mayores pandemias que enfrentamos, la de sobrepeso y obesidad.

El reto es retomar el gusto por los alimentos saludables y Oaxaca tiene todo para hacerlo. Ese gusto que les puede devolver la sonrisa sana a muchos niños oaxaqueños, porque el primer daño que generan el consumo de la comida chatarra y las bebidas azucaradas está en los dientes. Como advertimos al inicio de este artículo, la captura empieza por la deformación del gusto hacia estos productos, a la vez que sus daños comienzan también en la boca, en la salud oral, para pasar de ahí al daño metabólico.

Oaxaca pude ser el principio no sólo de un nuevo camino para la protección de la salud de los niños en nuestro país, puede ser también un ejemplo internacional, y a esto es a lo que más temen las grandes corporaciones: ser desterradas del territorio que han ocupado en el paladar de los niños.

AMLO y sus adeptos

Para los que creemos en las banderas de López Obrador, aun cuando no siempre estemos de acuerdo con la forma y el modo de desplegarlas, las entregas de dinero de David León a Pío López captadas por el video difundido son un verdadero batacazo.

Pero no hay que llamarse a engaño. León y Pío protagonizaron escenas que no dejan dudas de su ilegalidad. Los montos metidos en bolsas de papel exceden el límite de aportaciones en efectivo que permitía la ley en ese momento (poco menos de 7 mil pesos); por otro lado, David León no era funcionario pero sí consultor político del Gobierno de Chiapas, lo cual provoca preguntas legítimas sobre el origen del dinero. Y sobre el destino final, la irregularidad también es evidente: para ser utilizado en actos de campaña, como indica la conversación, tendrían que haberse registrado en los gastos reportados a las autoridades electorales. Más allá de estas probables violaciones, que serán objeto de una investigación, el sentido común es aún más contundente. Quien grabó los videos, sea con propósito de chantaje o a manera de seguro político, estaba consciente de que las escenas constituían un delito. Y no se necesita ser un genio para entender que uno de los dos que estaban en la mesa es el autor de las grabaciones (León, por lo visto). Otra cosa es saber quién filtró las imágenes a Carlos Loret; pudo haber sido algún allegado que los traicionó o un hackeo de los archivos digitales guardados, pero esa es otra discusión.

El tema está lejos de apaciguarse. En el mediano plazo seguirá su curso jurídico, en el corto plazo será objeto de una furiosa batalla en el que ambos bandos intentarán ganar la narrativa en la arena política. La oposición buscará equiparar este video con todos los anteriores para neutralizar los escándalos de corrupción que le ha dañado tanto; la Presidencia y lo suyos buscarán hacer control de daños y minimizar los hechos. Un affaire con muchos ángulos, de los cuales me gustaría resaltar dos por ahora.

Uno. La torpeza del equipo y de los parientes del Presidente. Más allá de la ética, lo cual no es poca cosa, lo que revela el video es una estupidez política inexplicable por parte de Pío López. Con los antecedentes de Bejarano y Ponce, ¿en qué cabeza cabe hacer un remake de aquellos videos pero ahora protagonizado por un López Obrador, así se llame Pío? ¿En qué estaba pensando?. Y del otro lado, ¿qué deducir del hecho de que el Presidente escogió para sanear al corrupto sector de las medicinas a un hombre capaz de traicionar a los suyos con una grabación clandestina?

Dos, ¿qué va a hacer AMLO? No es el fin del mundo pero hay costos políticos indudables: “todos son iguales”, no es el menor de ellos. La imagen de su hermano será utilizada en todas las campañas electorales de los próximos años. El Presidente puede intentar minimizarlo o ignorarlo, pero yo soy de la opinión que en el fondo está ante una oportunidad histórica. Su cruzada en contra de la corrupción en las altas esferas no será verosímil hasta que no la ejerza sobre alguno de su círculo íntimo; solo entonces los que no son sus partidarios entenderán que va en serio. Pero no es citando a Leona Vicario o a la Revolución para disculpar a su hermano como va a conseguirlo.