Categoría: Opinion

Jorge Javier Romero Vadillo

Hace 62 años, cuando mi madre se casó, lo común era que las mujeres comenzaran a usar, desde la boda civil, lo que entonces se llamaba el apellido de casada, que consistía en sustituir su propio apellido materno por el del marido antecedido por la preposición de, que denota posesión o pertenencia. Así, las casadas eran nombradas como si fueran propiedad del marido, como pertenecientes a su dominio de jefe de familia.

La vieja costumbre se reflejaba en los trámites formales de manera automática, aún cuando no hubiera un documento de identidad oficial que asentara ese como el nombre legal de la persona a la que se referían. En aquellos tiempos no existía nada equivalente a la credencial del INE y las personas podían tener carnés con nombre distintos: en el del seguro social podía aparecer el nombre “de casada”, si se era derechohabiente por el trabajo del marido, pero en el pasaporte aparecían los apellidos “de soltera”. La confusión era recurrente y, a la larga, el enredo de identidad se podía complicar, sobre todo a la hora de reclamar derechos de propiedad o en trámites sucesorios.

Ya desde la década de 1960 fue cada vez más común el rechazo de las mujeres a la asignación de identidad definida por el matrimonio, aunque la mayoría siguiera adoptando plenamente el apellido del marido, incluso cuando se trataba de profesionales con obra propia. Son conocidos los casos de historiadoras relevantes conocidas con el “de” o el de alguna que, incluso después de su divorcio, mantuvo la denominación con la que se había dado a conocer, unida para la posteridad en el nombre al esposo repudiado.

Es probable que, en 1968, cuando mis padres compraron la casa donde vivimos desde entonces y que actualmente todavía ella habita, mi madre haya firmado con el “de Romero” algún trámite, pues era lo usual. Sin embargo, nunca tuvo un documento oficial con ese nombre. Desde su primer pasaporte ella mantuvo sus apellidos paterno y materno y nunca se dijo señora de nadie. Sin embargo, en la cuenta del Sistema de Aguas de la Ciudad de México el arcaísmo nominal se coló y se ha mantenido así desde hace 53 años.

El problema es que oficialmente la persona titular de la cuenta del agua no existe, por lo cual no es posible hacer ningún trámite ni reclamación referente al servicio de agua potable de la casa. Hace unos meses llegó un recibo por una suma desorbitada y mi madre decidió reclamar, pero su queja fue desestimada porque ella no es la titular oficial de la cuenta, acreditada a la señora de Romero, quien oficialmente no existe. El trámite para el cambio de titularidad implica un papeleo y unas comparecencias tremendamente engorrosos para una mujer de 87 años, más en plena pandemia, por lo que decidimos recurrir a un procedimiento de reconocimiento de identidad ante el INFO de la Ciudad de México, el cual, sin tomar en cuenta la edad de la solicitante, ni decidir con perspectiva de género ante la solicitud de una mujer mayor, decidió que el trámite solicitado por el Sistema de Aguas es pertinente.

Todos los documentos de identidad oficiales de mi madre: su acta de nacimiento, su pasaporte y su credencial del INE tienen sus apellidos paterno y materno y la Constitución, en el Artículo 16, reconoce el derecho a la rectificación de datos personales; así, remitir a un trámite engorroso cuando es tan evidente la confusión derivada de una práctica de tintes machistas prevaleciente hace más de medio siglo, de dudosa consistencia legal incluso entonces, es una evidente violación de los derechos humanos consagrados en la Constitución. Sin embargo, el INFO de la Ciudad de México validó sin más la disposición del órgano burocrático.

Ahora el caso está en la cancha del INAI, el cual debe resolver en estos días. A ver si el órgano que es última instancia en la protección de los datos personales revoca la injusta resolución del INFO y hace realidad el derecho a la igualdad y remedia una situación derivada de relaciones asimétricas de poder enraizadas en prácticas añejas que reflejaban estereotipos discriminatorios de género. Entre los requisitos solicitados por el Sistema de Aguas está el acuerdo del copropietario, lo que supedita el derecho de una mujer a rectificar su identidad a la aceptación del varón.

En fin, que este asunto personal refleja el tipo de marañas burocráticas típicas de la administración pública mexicana, donde siguen imperando los prejuicios y los estereotipos machistas, se dificultan enormemente los trámites a las personas que no cuentan con apoyos jurídicos y dejan a los usuarios de los servicios públicos en manos de intermediarios clientelistas o de “coyotes” depredadores que cobran por sus servicios, cuando no estafan y roban a quienes caen en sus redes ante la desesperación por resolver problemas triviales. El INAI tiene la responsabilidad de garantizar el derecho de mi madre a rectificar su identidad.

Francisco Ortiz Pinchetti

La patraña de la “consulta”

Aunque el Presidente y sus cuatrotés insisten en venderla como “la consulta para juzgar a los expresidentes”, la realidad es que estamos ante un nuevo embuste: Ni es consulta, ni es para juzgar a nadie, ni se refiere a los mandatarios recientes que mencionan los morenos. La Pregunta que será sometida a la votación de los ciudadanos es tan ambigua y cantinflesca que puede involucrar a cualquier personaje de la historia, desde el tlatoani Moctezuma II hasta el propio Andrés Manuel López Obrador.

Si la leemos con cuidado confirmaremos que no serían ni la Fiscalía General de la República, ni las autoridades judiciales, ni la policía, los tribunales o los jueces a quienes correspondería intervenir. Sería en todo caso chamba de los historiadores y tocaría a ellos dar cumplimiento a semejante encomienda: el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, El Colegio de México, la Academia Mexicana de la Historia, Correspondiente de la Real de Madrid, A.C., tal vez.

Adicionalmente, el “ejercicio”, como se dice ahora, será absolutamente inútil y representará un despilfarro imperdonable provocado por el capricho del Señor de Palacio Nacional. Si ya de por sí era una aberración inaudita la pretensión original del amoroso tabasqueño de preguntar a la ciudadanía si se aplica o no la Ley, ahora se trata de un engaño vil.

Por lo demás, es obvio que la dichosa consulta no alcanzará la participación mínima del 40 por ciento de los ciudadanos contenidos en la Lista Nominal de Electores requerida por la Constitución para que su resultado sea vinculatorio y en consecuencia obligatorio. Quedará en nada, pues; aunque seguramente seguirá siendo usada para acusar en abstracto a “los presidentes del neoliberalismo” … excluido curiosamente Enrique Peña Nieto.

Esta es La Pregunta, aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que será aplicada por mandato de ley por el Instituto Nacional Electoral, a través de 93 millones de boletas, que tal es el número de electores registrados en el Padrón Electoral (que por cierto está a la venta). Ojo:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

La alternativa para responder es una: sí o no.

Desglosemos:

¿Qué o cuáles son “acciones pertinentes”? ¿a qué se refiere lo de “proceso de esclarecimiento” y a qué “decisiones políticas” alude el galimatías? “Decisiones políticas”, pone, pero no las define. Y, con total ambigüedad, completa sobre tales decisiones, “tomadas en los años pasados por los actores políticos”. ¿Quiénes son los actores políticos?: todos. Y culmina con la afirmación de que todo lo anterior va “encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas” (?).

Válgame.

Si acudimos, como es pertinente, al Diccionario de la Real Academia, encontramos que “esclarecer” significa, según la cuarta acepción de la palabra (sic), “poner en claro o dilucidar un asunto o doctrina”. Ahora bien, “dilucidar” significa “aclarar y explicar un asunto, especialmente si es confuso o controvertido, para su posible resolución”.

Se trata entonces, deducimos, de escudriñar en el pasado para esclarecer las decisiones de los actores políticos en años anteriores; es decir, del 2020 para atrás, se entiende. ¿Y luego?

¿Dónde hay alguna referencia a delitos, a investigaciones judiciales o a sanciones penales? En ningún lado: se trata sólo de “esclarecer” decisiones.

Esclarecer, por ejemplo, por qué el Emperador Moctezuma Xocoyotzin decidió en noviembre de 1519 recibir con regalos y hospedar en el palacio de Axayácatl a Hernán Cortés, sus 40 acompañantes y su ejército aliado de tlaxcaltecas en lugar de tenderles una celda para capturarlos.

O las razones que tuvo Miguel Hidalgo y Costilla para no avanzar hacia la capital al frente de un ejército de 80 mil insurgentes después de su victoria en la batalla del Monte de las Cruces, el 30 de octubre de 1810, a pesar de que las condiciones estaban dadas para tomar la plaza y con ello acelerar la derrota del ejército realista.

Sería también interesante saber por qué Benito Juárez negó el indulto al archiduque Maximiliano de Habsburgo a pesar de las peticiones extranjeras, las presiones y las súplicas que recibió, y decidió fusilarlo en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, el 19 de junio de 1867 al lado de los generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía, lo que marcó el fin del Segundo Imperio Mexicano. Y esclarecer qué consecuencias tuvo su decisión.

Dilucidar las razones, otro ejemplo, por las que Emiliano Zapata confió en el General Jesús María Guajardo y decidió reunirse con él en la hacienda de Chinameca, en Morelos, donde fue acribillado de 25 balazos por la guardia del traidor esbirro de Pablo González, el 10 de abril de 1919.

O qué orilló a Venustiano Carranza a transportar a sus tropas en ferrocarril rumbo a Veracruz luego de que el 23 de abril de 1920 se diera a conocer el Plan de Agua Prieta promovido por Adolfo de la Huerta, por medio del cual se desconoció al gobierno del Varón de Cuatro Ciénagas, decisión que propició el ataque y derrota total a su llamada “Columna de la Legalidad” en Apizaco, Tlaxcala.

Saludable para la Nación sería aclarar finalmente quién fue el verdadero responsable del asesinato a mansalva y sin someterlo a tribunal alguno del General Francisco R. Serrano en Hutzilac, Morelos, el 3 de octubre de 1927: si el General Plutarco Elías Calles, entonces Presidente de la República, o el sonorense Álvaro Obregón, candidato presidencial, o ambos. Y cómo se tomó la decisión de liquidar al candidato antirreleccionista

Lázaro Cárdenas del Río tendría que ser objeto de escrutinio sobre su tardanza en la ejecución, en 1938, del decreto de expropiación que había firmado dos años antes. Versiones nunca confirmadas aseguran que el Presidente de México llegó a arreglos poco ortodoxos con los representantes de las compañías petroleras extranjeras, como la británica El Águila, antes de romper con ellos y tomar la histórica medida obligado por el levantamiento de los trabajadores que recurrieron a una huelga general… suspendida por cierto por el propio mandatario michoacano.

Habría que aclarar a cabalidad y de una vez por todas las decisiones y la responsabilidad histórica de Luis Echeverría Álvarez en los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 y el Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971, así como el golpe contra la cooperativa Excélsior el 8 de julio de 1976 para expulsar de la dirección general del diario al periodista Julio Scherer García, entre otras atrocidades.

Otro enigma histórico por esclarecer sería la decisión del Presidente José López Portillo de nacionalizar la banca, una de las medidas más drásticas de la vida económica de México, que anunció durante su último informe de Gobierno ante el Congreso de las Unión, el 1 de septiembre de 1982, célebre por las lágrimas que derramó en plena tribuna de San Lázaro, y que luego se consideró un ardid para encubrir la corrupción y la mala administración de las finanzas públicas que caracterizaron a su mandato.

Habría que dilucidar asimismo la responsabilidad de Manuel Bartlett Díaz (entonces Secretario de Gobernación, con Miguel de la Madrid), en el asesinato el 30 de mayo de 1984 del periodista Manuel Buendía Tellezgirón por el que fue condenado su subordinado incondicional, José Antonio Zorrilla Martínez, entonces director de la Dirección Federal de Seguridad. Y también, por supuesto, las amenazas que el propio Zorrilla hizo como enviado de Bartlett a los directivos del semanario Proceso para que no se publicara un reportaje relacionado con los sobrinos del hoy protegido y consentido director de la Comisión Federal Electoral en el Gobierno lopezobradorista.

Y ponderar las consecuencias para la Nación de la decisión de Andrés Manuel López Obrador de cancelar “en años pasados” el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, encubierta por cierto en una “consulta popular” gansito. Así como su ocurrencia de preguntar al pueblo sabio sobre una falsa premisa, lo que va a significar el gasto inútil de 522 millones de pesos. Válgame.

De la libre-ta

NO ES MIEDO, ES PRECAUCIÓN. No parece casual que la administración de Claudia Sheinbaum Pardo retrase y retrase el proceso de transición en las alcaldías que le arrebató la oposición a su partido. Amén de la obvia intención de marginar a los nuevos alcaldes de la negociación del presupuesto 2022, es de suponer que se trata de evitar o al menos postergar el escándalo que vendrá cuando se descubra el cochinero administrativo que dejan los morenos en esas demarcaciones.

Alejandro Páez Varela

Curiosamente, no fue Andrés Manuel López Obrador quien me convenció de votar en la Consulta Ciudadana del 1 de agosto próximo, a pesar de que es –aunque no vaya a votar– uno de sus principales promotores. Mucho menos fue el Fiscal Alejandro Gertz Manero, de quien espero poco, honestamente. Fueron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea​ los que me convencieron​. El 2 de octubre pasado (vaya fecha), el Ministro de la Suprema Corte dijo: “La pregunta [de la Consulta] no habla de juzgar. Habla de emprender procesos de esclarecimiento de decisiones políticas. Va encaminada más a la creación de comisiones de la verdad y a procedimientos judiciales”.

Como muchos otros, creo que la aplicación de la Ley no se debe someter a una consulta. Ni el Ministerio Público ni los tribunales necesitan consultar a nadie para ir por los criminales porque es su obligación, y sí requieren de investigaciones serias, carpetas sólidas y juicios robustos y transparentes que terminen con la plaga de la impunidad y obliguen el castigo a los culpables. La pregunta que aprobó la Corte y que promueve el INE no habla de “juzgar” y tampoco de los “expresidentes”, dos palabras que eran clave. Así como así, el ejercicio parecería demagogo e inútil. Pero luego vino el argumento de Zaldívar y luego (en ese orden) el mensaje de los zapatistas. Y creo que allí me vi. Allí hallé razón para acudir a la Consulta Ciudadana.

Las comisiones de la verdad tienen en América Latina su mejor momento en la segunda mitad del siglo xx, después de dictaduras y guerras civiles que dieron manos libres a los gorilas (con perdón de esos fenomenales primates herbívoros). El Salvador, Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala, Perú, Bolivia o Colombia estructuraron comisiones para revisar el pasado y buscar la reconciliación después de décadas de torturas, desapariciones y asesinatos de opositores desde el Estado. Para algunos, sin embargo, el inicio de este modelo fueron los Juicios de Núremberg, que condenaron a los líderes del nazismo después de la II Guerra Mundial.

Simplifico las cosas, pero las naciones querían enjuiciar a los que tomaron decisiones o facilitaron el nazismo con Hitler, y también dejar constancia de lo que había acontecido aunque muchos (los simpatizantes, por ejemplo) no pagaran por ello; dejar un testimonio en la Historia de aquellas barbaridades con la clara intención de que si bien el daño no sería reparado con dos o cien condenados a la horca, sí se trabajaría –no sin dolor– en la no repetición.

Allí es donde el mensaje del Ejército Zapatista de hace dos semanas cobra mayor sentido. “Hay que entrarle. No viendo hacia arriba, sino mirando a las víctimas. Hay que convertir la consulta en una consulta ‘extemporánea’. Esto con el fin de que así arranque, independiente de los de arriba, una movilización por una Comisión por la Verdad y la Justicia para las Víctimas, o como quiera que se llame. Porque no puede haber vida sin verdad y justicia”, dijo.

Luego agregó, en voz del subcomandante Moisés: “Quienes allá arriba, en los partidos de ‘oposición’, se resisten a la consulta, no solo temen lo que de ella se siga; también les aterra que las víctimas recuperen sus demandas del uso ruin y perverso que la ultraderecha hace de su dolor”. Un párrafo más: “El dolor no debe ser negocio electoral, y menos para fines tan mierdas como que regresen al gobierno quienes son algunos de los principales responsables de la violencia y que antes solo se dedicaron a acumular paga y cinismo”.

***

Algunos han calificado las comisiones de la verdad que refiere Zaldívar como un “espectáculo político”. Y tienen razón, y yo, al menos, lo deseo.

Como Ernesto Zedillo no juzgó penalmente a Carlos Salinas; como Vicente Fox no lo hizo con Zedillo o Felipe Calderón con Fox o Enrique Peña Nieto con Calderón, a lo único a lo que podemos aspirar es a que se exhiban pruebas de lo que pudieron ser juicios justos que, por desgracia, no hubo en su momento.

Entonces quiero que al menos se exhiban testimonios y que comparezcan testigos del daño que hicieron estos señores, y que un juicio popular los condene por corrupción, saqueo, desapariciones, asesinatos, la guerra atroz o la entrega de la Nación a intereses extranjeros… aunque no existan consecuencias legales porque muchos de estos delitos ya prescribieron. Como lo hicieron los Juicios de Núremberg: que sea vergonzoso para ellos y para sus colaboradores el haber sido parte de ese periodo ominoso de la Historia. Que quede allí, escrito en la Historia, que hubo víctimas y que las víctimas o los hijos y nietos de las víctimas tengan la oportunidad, al menos, de hablar.

Que hablen las familias de los desaparecidos; que hablen los líderes de las comunidades empobrecidas por malas decisiones políticas; que los defensores de derechos humanos expongan qué hemos vivido y que especialistas en distintas materias, como en desincorporaciones o en venta de activos de un Estado, cuenten cómo se dieron las privatizaciones, cómo se entregaron bienes y empresas nacionales a los más ricos y cómo fueron los rescates económicos de las élites. Quiero que se diga, al menos, cómo se abandonó a los que menos tienen. Y que todo eso suceda en juicios populares, con las fotos enormes de los acusados (con bandas en los ojos por el debido proceso, da igual) y que se revisen los números, las fechas, las decisiones, los testimonios, todo, con el fin de llegar a conclusiones o veredictos.

Sí, quiero ver esas comisiones de la verdad organizadas por representantes de los Poderes de la Unión, y quiero pararme afuera de la sede a gritar, a hacer bulla, a expresar mi repudio y a marchar de alegría cuando vengan los veredictos, si es que vienen. Sí, será todo un espectáculo político. Y cuando el Poder Judicial decida –quizás después de dos años de juicio– que no hay materia para iniciar juicios penales, gritar otra vez, hacer bulla, expresar mi repudio y marchar de alegría porque alegría tendré cuando las bandas en los ojos caigan y veamos otra vez esos mismos rostros tan reconocibles, y tan repudiados por mayorías que nunca han probado el dulce de la justicia.

Votaré, claro. Y mi voto es SÍ, aunque la pregunta de la Corte se entienda un carajo y aunque sirvan de un carajo las sentencias que de allí emanen. Que nadie se salve, aunque sea simbólico, aunque sea apenas un raspón.

Ruth Tamayo Hernández

*Guerrero a semáforo epidemiológico naranja

*Llega equipo médico al hospital de Petatlán

“En este país siempre hemos confundido lucidez con terquedad, ¿no le parece? Creemos ser lúcidos, pero en realidad somos tercos. En este sentido, Kelly era muy mexicana. Era terca y obstinada”: Roberto Bolaños.

Mis estimados, no me gusta ser portadora de malas noticias, pero no hay opción; tengo que aborda el tema del SARS-CoV-2, y decirles que hoy lunes el estado de Guerrero retrocede al semáforo epidemiológico naranja, color que significa un alto riesgo de contagio, por lo que viene las restricciones en los negocios; por ejemplo, los no esenciales se reducen al 75 por ciento de su capacidad y las y los esenciales al 50 por ciento.

Además, en Guerrero y sus municipios es obligatorio el cubrebocas en espacios públicos cerrados y guardar la sana distancia.

Decíamos que a Guerrero en plena temporada de verano le tocó junto con sus destinos turísticos bailar con la más fea en relación al SARS-CoV-2, que golpea con todo a los guerrerenses y dejó ya a varios hogares enlutados.

Triste el cuadro en la entidad suriana, pues de inmediato buscamos culpables de la tragedia que estamos viviendo y señalamos el carente sistema de salud en los municipios y en las regiones; culpan y ofenden a los gobernantes en el momento de la tragedia, entonces tienen culpa todos en derredor, y en cierta parte tienen razón, porque creemos que el proveedor de la salud para la población debe ser el gobierno en sus tres niveles, pero nos estamos olvidando de la prevención.

El principio de la salud es la prevención, no la curación. Y eso nos toca hacerlo a nosotros. Es mejor que no enfermemos, a que tengamos que curarnos. El día que comprendamos esto, seremos otro tipo de sociedad.

Ahora, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, pues existen muchas carencias en el sistema de salud y son carencias enormes; sin embargo, y hay que reconocer que también la población tiene parte de culpa de lo que hoy vive la entidad suriana, y no sólo los guerrerenses, tristemente a todos los mexicanos les valió un cacahuate la salud, y eso lo reflejan las altas cifras de contagiados y fallecidos por el SARS-CoV-2.

Los indicadores revelan que a la sociedad le vale bien poco la salud, y esto no es culpa del gobierno solamente, también la gente es culpable.

Y para muestra un botón: Los destinos están atiborrados de turismo, eso es bueno por el bien de la economía de la entidad. Pero donde ya no está bien, es la terquedad de no usar el cubrebocas ni guardar la sana distancia, como tampoco dejar de hacer aglomeraciones.

Todo lo hicieron al revés los turistas. Y los dueños de negocios, con tal de que estos vacacionistas no se vayan de su negocio e hicieran el consumo en otro lado, les permiten que hagan lo que les venga en gana. Por ejemplo, entrar al establecimiento sin cubrebocas.

Algunos dueños hasta regañaron a sus empleados, pues los trabajadores pedían a los turistas que usaran cubrebocas antes de entrar al negocio y varios de estos vacacionistas se negaron a usarlos; y no sólo eso, sino que enojados amenazaban que entonces se iban a otro lugar porque no iban a usar nada de cubrebocas. Al ver esto, los patrones se molestaban con el empleado, pues debían aceptar al turista como sea y tratarlo bien, ya que después no vuelven al destino, objetaban los dueños.

¡Caray!, es cierto que debemos cuidar el turismo y necesitamos que entren a nuestros negocios a consumir, pues necesitamos recursos para sostener el negocio, pero también somos responsables de la salud de los empleados que tenemos. Y pues los resultados los tenemos a la vista mis estimados, pues retrocedimos muy rápido al siguiente color epidemiológico. Recordemos que apenas el 19 del pasado mes de julio el estado de Guerrero retrocedió del verde al amarillo. Pero una semana después pasamos al naranja.

Permanecimos en verde desde el pasado 24 de mayo hasta el 19 de julio. En ese inter se desarrollaron las campaña y pero nos duró el gusto, pues hoy lunes el estado de Guerrero pasa a semáforo epidemiológico naranja, de alto riesgo de contagio, debido al exponencial crecimiento de contagiados, hospitalizados e intubados de SARS-CoV-2, en la entidad.

Según la Secretaría del estado, en Guerrero se acumulan 48 mil 56 casos y 4 mil 686 defunciones. Además, este domingo se detectaron 296 nuevos casos, que representan 0.6 por ciento más respecto al pasado sábado.

La dependencia reportó también que en el municipio de Zihuatanejo durante el fin de semana los casos pasaron de 2 mil 878 el viernes a 2 mil 974 este domingo, sumando 96 casos nuevos. Es decir, el municipio de Zihuatanejo registró el día de ayer 19 nuevos casos de SARS-CoV-2 y hay 83 casos activos, que dan una tasa de incidencia de 118.2 por ciento por cada 100 mil habitantes.

O sea que en la entidad hay 3 mil 207, de los cuales 922 se concentran en Acapulco que, por cierto, pasó a ser el municipio con mayor movilidad del SARS-CoV-2, con una tasa de 324.3 contagios por cada 100 mil habitantes.

El municipio de Acapulco ocupa el primero lugar de contagiados y defunciones por SARS-CoV-2. Le sigue el municipio de Tecoanapa, en la región de la Costa Chica, que acumula 423 casos activos. Este municipio ocupa el segundo lugar a nivel estatal, con una tasa de 323.4 contagiados por cada 100 mil habitantes.

El tercer sitio los disputa Chilpancingo y Zihuatanejo.

Mis estimados es muy lamentable lo que estamos viviendo en la entidad y sus municipios, pues significa que los guerrerenses no aprendimos de la desgracia que vivimos en muchos hogares desde que comenzó la pandemia. Los hechos dicen más que las palabras. Mire porqué se lo digo: en lo que va del mes de julio se han registrado 190 defunciones; es decir un promedio de 8.2 al día. Estos cuadros son los más altos de los últimos tres meses que va de pandemia, pues en los pasados meses de marzo, abril, mayo y junio, disminuyeron los decesos.

Sin embargo, suman 4 mil 672 muertes desde que inició la pandemia a la fecha, y estamos hablando solamente de los casos comprobados con pruebas oficiales, no la gente que murió por el mismo mal en sus casas, si haberse hecho la prueba.

En el municipio de Zihuatanejo, sin embargo, comenzaron las autoridades a clausurar negocios que incumplen las reglas dictadas por las autoridades municipales. Según fue clausurado uno de los Oxxo de Ixtapa, ubicado frente a Villas Paraíso. Este establecimiento violó el reglamento de no vender bebidas embriagantes después de las ocho de la noche, pues algunos negocios con actividades no esenciales no están acatando la disposición que fue publicada por el gobierno en el Diario Oficial de la Federación.

No obstante, también negocios como misceláneas han sido reportadas en las redes sociales que venden bebidas embriagantes a altas horas de la noche, y otras tiendas permiten que las personas estén amontonadas bebiendo dentro de su establecimiento sin ningunas medidas de protección. Esto sucede en las colonias del puerto de Zihuatanejo.

En los comentarios los internautas comentan que no sólo en las colonias suceden estas anomalías, que también en pleno centro de Zihuatanejo. ¡Ira pues! En todos lados se cuecen habas.

Por cierto, mediante una llamada telefónica el doctor Yamil Contreras comentó esta escribidora, que llegaron el pasado martes al municipio de Petatlán dos camiones con equipo médico para al Hostal Básico Comunitario, equipo que usarán en la clínica nueva, ahora conducido por el IMSS Bienestar.

Ese hospital de Petatlán pasará a ser parte de la infraestructura del Instituto de Salud para el Bienestar.

El equipo que llegó a ese hospital fue un aparato de Rayos X y equipo de Ultrasonido, así como equipo de anestesia. Todo este material lo está recibiendo el doctor Ríos, director del Hospital de Petatlán. El equipo médico está resguardado por la policía municipal del municipio, pues el edificio continúa sin ser terminado, no hay luz ni agua.

Tienen que meter urgentemente los servicios a ese hospital, las autoridades de salud deben exigir al municipio la parte que le corresponde y ellos actuar con la parte que les toca. También tienen que gestionar personal médico especialista, son necesarios esos doctores en el Hospital Básico de Petatlán para el turno de la tarde, pues sólo el doctor Ríos está como director y cirujano; el doctor Melo es anestesiólogo; el doctor Miralrío es ginecólogo; el doctor Chavelas y Adalberto Chávez Laurel son pediatras, el doctor Galeana anestesiólogo, pero todos laboran en el turno de la mañana y para el turno de la tarde no hay.

Además, no hay servicio de traumatología ni médico internista. Es muy lamentable que en un hospital no hay un traumatólogo y un doctor internista. Cuando el finado Arturo pensó en ese hospital fue porque le sucedió a él y ocupaba el servicio de un doctor especialista, eso fue lo que hizo gestionar el hospital. Tristemente ya no le dio tiempo de acabar la obra, si no otro gallo cantara a ese pobre pueblo jodido y olvidado de los gobernantes poderosos.

Muchos querrán colgarse la medalla del posible funcionamiento del Hospital Básico Comunitario de Petatlán, pero nadie tiene cara de hacerlo, el único que mis ojos vieron arriesgarse a gritar y exigir que se terminara el inmueble y se equipara para echarlo a andar, fue el doctor Yamil Laurel Valencia, quien persiguió al presidente Andrés Manuel López Obrador por toda la carretera cuando el mandatario iba al municipio de La Unión y le pidió le metiera la mano a ese hospital. Le dijo “ayúdenos para equiparlo y echarlo a andar, mande el equipo médico, usted es el único que nos puede ayudar”.

Y, mis estimados, cuánta urgencia hay de hospitales ahora que el SARS-CoV-2 tiene de cabeza a los guerrerenses; sin embargo, el doctor dice que falta mucho, pero al menos ya hay un inicio.

Y pues a seguir gritando hasta que quede completamente terminado el Hospital en Petatlán. Ahora con más ganas exijan que metan la luz y agua al inmueble, pues ya llegó parte del equipo médico y no puede estar sin ser usado, pues como decía mi madre, no cuestan cuartilla, cuestan millones de pesos. ¡Feliz lunes, mis estimados!

Lilia Arellano

*Violencia incontenible y desatendida

*Masacres y ejecuciones por todo el país

*Sospechosa y pacheca reunión de LFP

 “En este mundo nada es seguro, salvo la muerte y los impuestos”: B. Franklin

 El presidente López Obrador llevó a cabo el pasado miércoles una reunión con los gobernadores en funciones y electos de Morena para abordar, principalmente, el tema de la seguridad. Los otros mandatarios estatales están a la espera con la esperanza de no ser vistos sentados a las puertas de Palacio Nacional como le sucedió a su homólogo Silvano Aureoles. Estas reuniones han demostrado su inutilidad más aún cuando se informa que integrantes de células criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación atacaron, bloquearon correteras y quemaron vehículos simultáneamente en Uruapan, Tangamandapio, Zamora y Jacona, Michoacán. Unas horas antes, la Secretaría de Marina ofreció disculpas públicas a familiares y sobrevivientes de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas en la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de febrero a mayo de 2018. Estos son sólo dos aspectos, que involucran la acción incontenible de grupos criminales y la actitud de las fuerzas armadas reflejan el estado actual de la fallida estrategia de esta administración federal y del fracaso de la política de “abrazos, no balazos” estipulada por el presidente López Obrador, que en la práctica se ejecuta como “dejar hacer, dejar pasar”.

El resultado de esa política es un incontenible reguero de sangre, el cual ha tenido su mayor impacto mediático en la perpetración de masacres, incluso contra población civil inocente. Una investigación de la revista Zeta, apoyada en datos de la asociación civil Causa en Común y en información publicada en medios de comunicación nacionales y estatales, registra que en total, son 919 los multihomicidios en el país durante el tiempo presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo menos 3 mil 876 personas, entre ellas 276 mujeres y 124 infantes, han muerto durante los ataques. Sólo en 68 de los casos puede acreditarse que hubo enfrentamientos o similitud de fuerza y 851 asuntos se consideran masacres. En los estados de Guanajuato, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Zacatecas, Guerrero y Sonora, ocurre el 63 por ciento de los asesinatos colectivos.

En las masacres, donde han fallecido tres personas o más, han sido asesinadas a balazos, acuchillados, estrangulados, desmembrados o colgados de algún puente, personas que no contaban con antecedentes penales ni nexos con la criminalidad, desde amas de casa, trabajadores, obreros, profesionistas, servidores públicos, desempleados y presos. Tan sólo en siete estados se concentra el 63% de los asesinatos múltiples en el país: Guanajuato, donde han ocurrido 214 de los eventos, con saldo de 871 muertos; Michoacán, con 87 multihomicidios y 390 personas ejecutadas; Chihuahua, 66, con 279 víctimas; Jalisco, 64 masacres con 252 fallecidos; Zacatecas, con 59 y 258 muertos; Guerrero, con 48 masacres y 22 difuntos; Sonora, con 40 casos y 150 víctimas.

Desde que AMLO asumió la Presidencia de la República, los asesinatos múltiples más terroríficos en el país iniciaron el 9 de enero de 2019, cuando en un ejido del municipio de Miguel Alemán, en Tamaulipas, localizaron 21 cuerpos acribillados y cinco camionetas incineradas, producto de la guerra ente el Cártel del Noroeste y el Cártel del Golfo; a finales de ese mes, grupos antagónicos de autodefensa chocaron en el camino a la comunidad de Paraíso de Tepila en Chiapas, con saldo de diez muertos y dos heridos; el 9 de marzo de ese año, en un bar de Salamanca, quince personas murieron y cinco resultaron lesionadas en un ataque a tiros por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El 19 de abril siguiente, en un salón de fiestas de Minatitlán, Veracruz, 14 personas fueron asesinadas, entre ellas mujeres y un niño de un año de edad. La línea de investigación apunta a una venganza entre Los Zetas y el CJNG.

La guerra entre el CJNG y Los Viagra dejo el 22 de mayo de 2019 diez personas muertas y tres heridas en la colonia Arroyo Colorado, cerca de la carretera a Lombardía, en Michoacán; el 18 de agosto, los cadáveres de 19 miembros de Los Viagra fueron colgados en tres puentes de Uruapan. Diecinueve días más tarde, hubo once muertos en dos tiroteos en Nuevo Laredo, entre la Policía Estatal y el grupo criminal La Tropa del Infierno. En la misma fecha, el bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos fue incendiado intencionalmente, muriendo en su interior por lo menos 30 personas. El 15 de octubre de 2019, en El Aguaje, municipio de Aguililla, fueron asesinados 13 elementos de la Policía Estatal, en una emboscada del CJNG. Ese día, en Iguala, Guerrero, se registró una balacera entre presuntos criminales y soldados; murieron 14 civiles y un soldado.

Tras un operativo en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, se desató la violencia el 6 de noviembre. El grupo delictivo Los Mexicles asesinaron a 10 personas en las calles. El 1 de diciembre siguiente hubo 25 muertos en un enfrentamiento entre sicarios del Cártel del Noroeste y Fuerzas Armadas en Villa Unión, Coahuila. El año de 2019 cerró con una riña en el penal de Cieneguillas, Zacatecas, con 16 reos muertos. Durante el arranque del 2020, el 17 de enero, en Chilapa, Guerrero, diez músicos indígenas fueron incinerados sobre una carretera. Ese mismo día, en Zirándaro, una balacera entre grupos criminales dejo un saldo de diez muertos. El 16 de marzo, en Aguililla, otras diez personas murieron en un tiroteo entre grupos armados. Al enfrentarse grupos armados en Madera, Chihuahua, el 2 de abril fueron asesinadas 19 personas. El 26 de abril, en Aguililla fueron hallados 21 cadáveres, seis de ellos calcinados.

El 23 de mayo de 2020, en Huetamo, Michoacán, fueron localizados en una camioneta 12 cadáveres con huellas de tortura. El 7 de junio, sicarios mataron a 10 personas en un centro de rehabilitación en Irapuato. El 20 de junio, en Caborca, Sonora, hallaron los cuerpos de 10 hombres luego de una balacera entre grupos armados. El 22 de junio, 17 personas fueron asesinadas en San Matero del Mar, Oaxaca. El 126 de junio, fueron encontrados 14 cadáveres arrojados sobre la carretera en Fresnillo, Zacatecas. Otro ataque en un centro de rehabilitación para adictos en Irapuato, ocurrió el 1 de julio, con saldo de 28 muertos. El 18 de agosto, en Minatitlán, Veracruz, mataron a 13 personas en una balacera. El 27 de septiembre, asesinaron a 11 personas en un antro de Jaral del Progreso, Guanajuato. El 5 de octubre, fueron hallados 12 cuerpos con signos de tortura en Villa de Ramos, San Luis Potosí.

Al arrancar este año, el 2 de enero, fueron hallados 15 cadáveres en Chihuahua, Chihuahua. El 18 de enero, abandonaron 12 cuerpos torturados sobre un camino en Las Choapas, Veracruz. El 23 de ese mismo mes, se registró el hallazgo de 19 cadáveres calcinados sobre dos camionetas en Camargo, Tamaulipas. El 27 de febrero, murieron 15 personas en un enfrentamiento en Coyuya de Catalán, Guerrero. Ese mismo día, en la colonia La Jauja de Tonalá, Jalisco, un comando asesinó a once jóvenes. El 18 de marzo, 13 policías fueron asesinados en Coatepec Harinas, Estado de México. El 19 de junio, un comando en tres camionetas mató a 19 civiles al azar en colonias de Reynosa, Tamaulipas, en un reprobable acto terrorista. El 24 de junio, 18 miembros de grupos antagónicos murieron en enfrentamientos en Valparaíso, Zacatecas.

Durante el más reciente caso registrado en el estado de Michoacán, sobre la carretera Uruapan-Lombardía, un grupo armado emboscó a elementos de la Policía estatal a la altura de Matanguarán. En Carapan, municipio de Chilchota, quemaron un vehículo con el que bloquearon la carretera. Según la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, el personal policial respondió al ataque y lesionó a uno de los agresores, el cual fue detenido. En Tarécuato, municipio de Santiago Tangamandapío, otro comando atacó a la jefatura de tenencia y los disparos se prolongaron por varios minutos.  En su huida, el comando robó algunos vehículos de carga, los cuales atravesó y quemó sobre la carretera Jacona-Los Reyes-Jiquilpan.

La Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal implementaron un operativo y aseguraron un vehículo presuntamente utilizado por la célula delictiva que atacó en Tarecuato, el cual fue abandonado sobre la carretera La Cantera-Tangamandapío, a la altura de la desviación a la localidad de Las Encinillas. En la unidad vehicular, la cual cuenta con reporte de robo, hallaron 128 cartuchos útiles y 11 cargadores de arma de fuego. Los gobiernos federal y estatal están rebasados por la delincuencia. No obstante, no reajustan su política contra el crimen organizado ni hacen modificaciones en los esquemas de seguridad pública y procuración de justicia. Siguen las instrucciones y visión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que para combatir al crimen organizado, se requieren “abrazos, no balazos”.

De los pasillos

En la reciente gira de AMLO por Guerrero se volvieron a soltar nombres para diferenciar a unos de otros, a los buenos de los malos, a los consentidos de aquellos a quienes se les crítica y se establece sus gobiernos son ineficientes. Pero la gran sorpresa es la afirmación presidencial sobre la entrega de fertilizantes a todos, sin excepción y de manera gratuita a los productores guerrerenses.

Dijo el tabasqueño se ha fortalecido el sistema de producción y de autoconsumo aunque hay quienes opinan se ha buscado apoyar a quienes encuentran en las amapolas su medio de sobrevivencia…Con la aplicación de programas de Bienestar se busca pacificar a michoacanos, tamaulipecos, chiapanecos y las aplicación de Sembrando Vida en el Triángulo Dorado está llevando mucha felicidad a quienes se habían visto atraídos por la siembra de estupefacientes…

Por cierto, también se habló de nuevo de llevar a la Secretaría de Salud a Guerrero porque ya tienen un edificio en Acapulco…También había uno y de súper lujo en Chetumal, Quintana Roo y nada ha sucedido… ¿Será cuestión de encontrar inmuebles?…