Opinion | - Part 130

Un fiscal que es un déficit

Carlos Pérez Ricart

“No sabemos lo que pasa, pero intuimos que lo que pasa es terrible”, más o menos así describió Borges las novelas de William Faulkner. Es verdad: durante decenas de páginas del escritor estadounidense apenas pasa algo, pero en el fondo se advierte que algo malo está a punto de suceder. O que ya sucedió. O que sucede en este preciso instante; en el momento el que usted comienza a leer esta columna.

Durante varios meses todos percibíamos que algo no marchaba bien en la nuevísima Fiscalía General de la República (FGR). Había mensajes, silencios y letargos que no encajaban con la narrativa del gobierno y obligaban, a más de uno, a fruncir el ceño: a intuir que lo que sucedía tras bambalinas no solo no era bueno; acaso era terrible. Con más buena fe que evidencia achacábamos esos síntomas a la inercia de una institución lenta, a la supervivencia de enclaves autoritarios y a un pésimo manejo de comunicación pública.

Teníamos motivos para ser optimistas. En el nombramiento de Alejandro Gertz Manero hubo más consensos que críticas. A muchos —incluyendo a quien esto escribe— nos parecía que el fiscal cumplía con una serie de virtudes difíciles de encontrar en otra figura pública de alcance nacional. Para empezar, su edad. A los ochenta y tantos años las ambiciones pueriles están — o deberían estar— en un segundo plano. Al asumir la posición de fiscal, Gertz ya era rico, famoso y había visto la capacidad del poder para derrotar la voluntad. A sus casi ochenta años —al menos esta era la intuición general— el fiscal iba a buscar trascender políticamente, no a coleccionar las cosas mundanas a las que nos dedicamos nosotros, los simples mortales. La apuesta no era mala.

Además de las buenas noticias que advertía su edad, gustaba su carrera púbica. Tres años después de su designación se ha vuelto deporte nacional juzgar y caricaturizar los años del servicio público de Gertz Manero. Esa crítica olvida, sin embargo, que en su carrera se había mostrado como un funcionario competente, transexenal y ajeno a grandes escándalos (son, desde mi punto de vista, infundadas las críticas sobre su responsabilidad directa en casos de tortura durante la campaña antidrogas en Sinaloa en la década de los años setenta). En el antiguo régimen Gertz Manero trabajó durante décadas como alto funcionario, igual que lo hizo durante el gobierno de Vicente Fox (nada menos y nada más que como Secretario de Seguridad Púbica) y ahora lo hace en el gobierno de López Obrador. Alguien podría leer ese perfil como evidencia de la existencia de redes de complicidad en el, así llamado, Estado profundo (Deep state); yo prefiero leerlo desde la virtud que implica ser un funcionario con fama de solucionar problemas, arreglar tuberías, enderezar entuertos.

Además de la edad y la carrera pública se asomaban otras virtudes. Su perfil académico, sin ser deslumbrante, no estaba mal: no solo era doctor en derecho; había sido catedrático en cinco universidades distintas, escrito una docena de (malos) libros y ejercido como rector de una universidad privada. En tiempos recientes fue, incluso, diputado del Partido Convergencia (actual Movimiento Ciudadano). Además, Gertz Manero (a diferencia de otros perfiles que se manejaron) no era in incondicional de López Obrador. De él se esperaba pluralidad, liderazgo, capacidad, dialogo, experiencia y, sobre todo, cierta autonomía frente al presidente.

Hasta ahora, sin embargo, esas supuestas virtudes no aparecen en ningún lado. El número de escándalos de Gertz Manero es ya exasperante. Hago la lista y no termino: el litigio contra la familia de su hermano, su forzada (e ilegal) incorporación al Sistema Nacional de Investigadores, el plagio documentado de uno de sus libros, la disputa palaciega contra Santiago Nieto y la UIF, así como en contra de Karla Quintana y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la denuncia por el manejo de millones de dólares en paraísos fiscales, la falta de claridad de su declaración patrimonial, la disputa por el registro de la marca comercial de la “Universidad de las Américas”, el descubrimiento —por parte de uno de sus peritos médicos de la fiscalía— de una “anemia desarrollada” en el cuerpo de Emilio Lozoya, misma que le impidió al ex funcionario pisar el Reclusorio Norte. Por separado pueden justificarse, acaso, como frivolidades o casos aislados. Juntas se parecen más a una novela de Kafka que de Faulkner.

A la enorme lista hay que agregar, ahora, el desmesurado intento de la fiscalía por encarcelar a un grupo de académicos y funcionarios públicos bajo la imputación de delincuencia organizada: una acusación tan disparatada judicialmente como políticamente suicida.

En otro espacio se podrán analizar los méritos (que los hay) de la administración de Gertz Manero al frente de la fiscalía. Por ahora me importa señalar lo evidente: Gertz Manero no entiende o no quiere entender que algo no marcha bien cuando la conversación pública gira en torno a la figura del fiscal; donde se esperaba madurez y orden, solo hay bisoñería y anarquía; donde todo apuntaba a experiencia y resultados, abundan la impericia y el vacío.

La percepción general —y parece, por una vez, contar con el diagnóstico adecuado— es que el fiscal, lejos de dirigir con sabiduría el ejercicio de la acción penal pública, utiliza su tiempo y herramientas a su alcance en planear y ejecutar venganzas contra sus enemigos personales. Lo suyo se parece más al revanchismo que a la búsqueda de justicia expedita e inmediata. No parece el abogado de la sociedad; ejerce de abogado de sí mismo.

Hay quienes ven en las acciones del fiscal el espejo de la voluntad del presidente. No comparto esa lectura. Es verdad que, en los últimos días, López Obrador ha cobijado públicamente a Gertz Manero; leo ese acto como la protección natural que ofrece el presidente a los suyos, no como un mensaje incondicional de inmunidad. Tarde o temprano —si no lo hizo ya— el colmillo político de López Obrador comenzará a lamentar la decisión de sostener a un fiscal que solo le genera costos políticos cada día más caros a su proyecto político. Si el presidente no mueve ficha, al fiscal le quedarán otros seis años en su puesto; La novela de Faulkner, si no hay cambio en el guion, se anuncia larga.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Este lunes 27 de septiembre, los países del mundo celebraron el Día Internacional del Turismo. Y no es para menos. La industria sin chimeneas genera en México más de 8 puntos del Producto Interno Bruto nacional, y generaba 1 de cada 10 empleos antes de la pandemia.

Desafortunadamente, el Covid-19 vino a golpear severamente a este sector, que pese a ser el más deprimido, también es la esperanza de recuperación de todos los países con vocación turística, México entre ellos y más que todos, Guerrero.

En nuestra entidad no se practica un turismo de élite, a diferencia de lo que sí ocurre en Cancún o en Los Cabos. Entre nosotros, hacer turismo es lo cotidiano, pues nuestros destinos de playa no son artificiales; es decir, creados específicamente para recibir turistas, sino que el crecimiento turístico fue al contrario: primero fueron los pueblos y comunidades, y luego la actividad turística.

Por ejemplo, si vamos a Cancún, el pueblo de Benito Juárez está lejos y aislado del centro turístico, la gente se tiene que desplazar para trabajar y/o visitar.

En cambio, en Guerrero, sea en Acapulco o Zihuatanejo, o cualquier otro destino, el turista se topa con una realidad distinta. Su visita se enriquece con la cultura, gastronomía y costumbres de los habitantes, y no se tiene la sensación de que se está en una isla paradisicaca, mientras que del otro lado la clase trabajadora vuelve cada tarde-noche a su miseria.

Esto para mi es la magia que tiene visitar cualquier destino turístico de Guerrero. Ni siquiera la zona Diamante está fuera del contacto con la gente, pues esa zona se desarrolló en tierras ejidales, hasta Barra Vieja, y por lo tanto, aunque haya un bulevar y zonas exclusivas, así como cotos residenciales, aún podemos encontrar una residencia y al lado una casita, o un negocio, una miscelánea.

En Guerrero la gente, y no las cadenas comerciales y restauranteras, se beneficia directamente del turismo. Cualquiera puede abrir su restaurante, su taquería, hasta su puesto en la banqueta de su casa, para aprovechar la afluencia turística.

Con todo, no estamos exentos del clasismo, pero definitivamente nada parecido con Los Cabos, por ejemplo, donde la franja turística también está aislada, mientras la gente se las ingenia para vivir en colonias terregosas, carentes de agua, con el agobiante calor de un desierto alto, y que son los que hacen posible la vida de los visitantes con su trabajo.

Desafortunadamente, y de acuerdo con gente de Guerrero que viaja mucho hacia ese lugar, la vida allá es sufrida y el bienestar del turismo no se ha reflejado en la calidad de vida de la gente.

Todo este punto, estimado lector, porque precisamente esa fue la reflexión de autoridades y organizaciones, en el marco del Día Internacional del Turismo. No se debe inyectar recursos a este sector, sin enlazar el binomio turismo-pueblo. Todo lo que excluya al pueblo no sólo de los beneficios de la generación de riqueza a través del flujo de visitantes, es cuestionable y reprobable.

El uso y disfrute de nuestros recursos naturales, como lo son las playas, el mar, montañas, ríos y lagunas, etcétera, nos debe incluir a todos, sea de manera directa o indirecta.

Los inversionistas deben también ser socialmente responsables, pues no tienen derecho a explotar nuestras tierras y enriquecerse al margen del bienestar social.

A este respecto, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, destacó que el sector turístico puede proporcionar puestos de trabajo decentes y ayudar a construir economías y sociedades resilientes, sostenibles, con igualdad de género e inclusivas.

Pero Julia Simpson, presidenta y CEO del WTTC, fue más precisa: “A medida que reconstruimos un sector más fuerte y crecemos, debemos asegurarnos de que el crecimiento nos incluya a todos y cada uno de nosotros. No debemos dejar atrás a ninguna nación, persona o animal, mientras nos beneficiamos del turismo para construir un mundo que las generaciones futuras puedan disfrutar y prosperar”.

Claro, pero una cosa es que se debata y proponga en esos foros de alto nivel, y otra cosa lo que ocurre a nuestro alrededor.

Afortunadamente estamos ante un cambio de gobierno, con la oportunidad de modificar precisamente esos conceptos y paradigmas.

Ayer, en un mensaje en Facebook, la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda dijo: “Al celebrarse el Día Mundial del Turismo, es justo reconocer su importancia e impulsar acciones que permitan alcanzar una actividad turística diversa, sostenible y sustentable, para reactivar el sector en medio de una pandemia mundial y lograr una recuperación social en beneficio del pueblo. En el gobierno de la Cuarta Transformación, ¡Guerrero volverá a brillar con todo su potencial turístico!”.

Exacto, eso es lo que se necesita para Guerrero sobre todo, donde el turismo es el principal motor económico.

A propósito, ayer se anunció la inversión de 30 mil millones de pesos en la primera etapa del Cuarto Polo Turístico de Guerrero, conocido como Acapulco Sur-San Marcos. “El proyecto tendrá 5 campos de golf, club hípico y hoteles ecológicos, que darán en los próximos 40 años una reactivación económica y creación de empleos directos e indirectos a la Costa Chica”, reveló el titular de la Protur, Noé Peralta Herrera.

De esto hablaremos más adelante, estimado lector.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Futuro económico nada halagador

*AMLO, anda en malas compañías

*Días de pesadilla en Quintana Roo

“El que guarda cuando tiene, come cuando quiere”; refrán español.

La economía mexicana, como prácticamente todas las del mundo, cayó y éste ha sido uno de los argumentos más pronunciados por el gobierno y atendidos por quienes pretenden seguir viendo con gran esperanza el futuro o por aquellos cuya conveniencia personal apuesta a una cuarta transformación inexistente.

Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por Idelfonso Guajardo durante su exposición en la Cámara de Diputados “llama profundamente la atención que mientras países similares a México como Chile y Brasil, o nuestros principales socios comerciales como Estados Unidos y Canadá, cayeron entre 3 y 5 por ciento, la caída de la mexicana fue del 8.4 por ciento”.

Y lo expresado ha sido expuesto una y cien veces por quienes son expertos en economía y finanzas así como en administración pública.

Se hace presente, dado lo incierto del futuro económico del país, el examen sobre las causas por las cuales se llegó a una situación dramática al presentarse la epidemia por COVID-19; el impacto en México fue brutal porque desde el primer año de gobierno lopezobradorista ya existía estancamiento producto de la falta de confianza de los inversionistas.

Según Guajardo hay un indicador muy sencillo: la formación bruta de capital fijo y éste lleva en nuestro país 25 meses en caída consecutiva; sin inversión, resaltó, no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleos.

Los gobiernos cuya caída fue menor, intervinieron dando incentivos, otorgando transferencias a las pequeñas y medianas empresas, difiriendo obligaciones fiscales y patronales entre el 5 y 20 por ciento, en tanto, en México, escasamente se otorgó el uno por ciento.

Esto tuvo resultados inmediatos: más de un millón de comercios y empresas cerraron; se perdieron millones de empleos formales; ahorros en el gasto público social arrojaron resultados ineficientes: 3 millones de mexicanos se quedaron sin empleo; 30 millones no tienen ni para adquirir la canasta básica; 15 millones carecen de servicios de salud; no se reflejó una estrategia clara para enfrentar estos retos. En materia económica solo se perciben acciones inconexas lo cual está evidenciando la falta de una estrategia de desarrollo productivo de largo plazo. En materia fiscal, de acuerdo a lo expresado por López Obrador en su, oficialmente tercer informe, se aplaude la mejora en la recaudación, el combate a la evasión, pero resulta altamente reprobable la falta de financiamiento al sector productivo. Se agrega la poca utilización a los tratados comerciales porque sigue sin brindarse el apoyo requerido para tratamiento y traslado de mercancías.

No hay futuro halagador, el turismo quedo fuera y está sin salvavidas. Los proyectos deben buscar transformar la vida productiva del país y no empleos temporales.

Estamos a punto de entrar en el último trimestre del 2021, un año para el cual se hicieron grandes promesas de mejorar en lo económico, en la seguridad, tiempo para ajustar al sector salud y convertirlo en un auténtico paraguas para el combate no solamente de la pandemia, sino de todas las enfermedades padecidas por mexicanos cuya alimentación no reúne los mínimos de nutrición. 12 meses de los cuales, la tercera parte, se le fue al gobierno en publicidad electoral, en manejo de los procesos y en los anuncios de festividades patrias.

Sin reponerse

del susto

Existe un dejo de verdad absoluta sobre el transitar de un hombre solo dentro de Palacio Nacional. Tal parece se ha quedado en los tiempos marcados por sus lecturas favoritas, no se ha trasladado a, por lo menos, dos décadas anteriores.

Sigue manteniendo visiones inexistentes porque, de otra forma no es posible se hubiese aventurado a pretender ejercer un liderazgo latinoamericano en las circunstancias en las cuales se atraviesa por aquellos practicantes de un comunismo a medias y de un inexistente y manipulador socialismo o de los representantes del otro extremo, viéndose en estos casos toda una serie de incongruencias entre sus realidades y lo dicho en sus discursos y presentaciones internacionales.

Al presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, inexplicablemente lo puso como centro de las ceremonias patrias mexicanas y este hecho deja muchas dudas porque ni siquiera puede verse como una actitud dogmática o ideológica del tabasqueño, porque de ambas carece o por decirlo suavemente tiene su propia visión basada en lo que quiso escuchar de las lecciones de quienes sí sabían de lo que estaban difundiendo o hablando, de sus mentores más conocidos.

Por si no se enteró de todo, los Castro estuvieron en poder de la Isla durante seis décadas y su dependencia de la Unión Soviética les permitió ofrecer a sus habitantes cierta esperanza de convertir a ese país en una nación productiva, en donde se pudieran establecer estrategias de libertad absoluta y desarrollo equilibrado.

El porqué López Obrador exhibiera a todo un dictador, a un sujeto llegado al poder por el dedazo de los sobrevivientes de Fidel y no de la voluntad ciudadana, el hombre cuya represión se ha exhibido mundialmente y de ahí se radicalizarán manejando los medios de comunicación, interrumpiendo el uso de Internet, suspendiendo las redes sociales.

Puso ante los mexicanos la figura exaltada de quien agrede a los manifestantes, encarcela a los disidentes, tiene prohibida la libertad de expresión y de tránsito, controla a los ciudadanos a través de racionalizar los alimentos con la entrega de cupones y, por si no fuera suficiente, lleva el conteo de la producción y son los únicos en distribuir los alimentos.

Uno de nuestros más viejos refranes sentencia: dime con quien andas y te diré quién eres. Es entonces cuando las “amistades” como la de Díaz-Canel, la admiración hacia Nicolás Maduro, la cercanía con Evo Morales, la fraternal comunicación con Nayib Burkele y la relación con Daniel Ortega, debieran ponernos a pensar en donde tiene asentados los pies López Obrador, más aún cuando, como si se tratara de un ring boxístico a los EU y particularmente a Joe Biden, le asesta sobada seguida de chingadazo. ¿Lo acusamos con su abuelita?

De los pasillos

Son días aún más negros para los quintanarroenses. En Isla Mujeres esquinas y parques se han convertido en basureros. Cancún permanece catalogada como una de las ciudades más sucias, seguida de Playa del Carmen.

Las concesiones entregadas han sido todo un fraude, en cuanto al servicio y al cobro. Según se sabe y puede ser comprobado, el pago por la recoja de basura es multimillonario, sin embargo no se han adquirido camiones desde hace décadas y las compras realizadas han sido para fortalecer a quienes hacen de estos desperdicios un gran negocio.

Los tratos entre la alcaldesa Mara Lezama y el último concesionario terminaron en un gran pleito en el cual quienes también han perdido han sido los trabajadores.

Las complicidades del sindicato del Ayuntamiento con la señora telebodega, llegaron al extremo de aceptar la desaparición de varias direcciones para aceptar concesiones y con ello la desaparición de la base trabajadora, abdicando la munícipe de sus responsabilidades.

Se sabe de sus giras por otros municipios en busca de seguir haciendo amarres para el partido Verde, su verdadera organización política, a la cual responde y corresponde con el reparto de posiciones y utilidades, abandonando sus obligaciones para con los cancunenses.

El cochinero creado en el punto clave del turismo nacional lo pretende extender a toda la entidad y, por fortuna, es solamente una pretensión, un sueño del cual, cuando despierte, ojalá sea para mirar de frente al sol. Es tan inocente que considera a las críticas un símil de Don Quijote: “Ladran los perros Sancho, cabalgamos”, cuando lo inteligente sería visualizar cuantos de quienes le rodean serán los primeros muy puestos para entregarla y, no tardarán mucho ante la necesidad de salvar sus pellejos…

Como ejemplo puede considerar a Gustavo Miranda, curulero Verde. quien tuvo una entrevista, dicen que debidamente contratada, con Adela Micha, a quien el gobernador Carlos Manuel Joaquín González, aprecia mucho por el amor mostrado a los perros familiares. En ella no dudo en deslindarse de pertenecer al cártel del despojo, dejando a su señora madre como la denunciada ante la justicia: “tendrá ella –Érica Luz García Deister- sus denuncias, ella, yo no tengo ahí nada”. Marita, como dice el presidente: “toma para que aprendas” …

A Cozumel arribaron todos los cuerpos policiacos estatales y federales habidos y por haber.

La causa, llevar a cabo la vigilancia de la Isla en momentos en los cuales se lleva a cabo una competencia deportiva y en virtud de tener a los policías municipales en rebelión… Pero no es por nada, no hay límites para la delincuencia.

Ángel Rivero es un político joven de Quintana Roo. Si cercanía con el círculo de ex gobernadores lo llevó a temprana edad a convertirse en rector de la Universidad estatal. Pues con todo y sus medallas puestas llegaron los amantes de lo ajeno y lo amarraron, lo sometieron y se llevaron alhajas, dinero y todo lo que encontraron en su domicilio ubicado en un fraccionamiento de la otrora muy tranquila ciudad de Chetumal…

Juan Román Martín Pérez y Ana Luis Betancourt se quedaron a limpiar el cochinero de los curuleros federales Juan Carrillo de Isla Mujeres y Laura Fernández de Puerto Morelos, respectivamente, ojalá no se les ocurra firmar nada porque ellos no tienen fuero y la reata se rompe por lo más delgado…

La senadora Marybel Villegas y sus reuniones con Dante Delgado han dado de que hablar, sobre todo por aquello de la pastilla negra… En franca retirada van los leales joaquinistas. Luis Torres va por delante y, ante las quiebras de los municipios y su falta de recursos para enfrentar los gastos de fin de año, nada bueno se presentará por aquellas tierras.

Justicia en la 4t

Guadalupe Correa

En México no se procura la justicia.

Este jueves pasado, 23 de septiembre, me enteré de una noticia que me dio esperanza [aunque esta se esfumó después de un par de días]. Creí entonces que en este país, después de mucho luchar, seguir los lineamientos que marca la ley, proporcionar pruebas contundentes, acudir a las instancias necesarias—y aunque no cuentes con los privilegios de los hombres más ricos y poderosos de México—es posible acceder a la justicia, aún después de haber pasado por un tortuoso proceso. Ese día me enteré por los medios que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región ordenó dejar insubsistente la sentencia contra Jorge Fernández González por el presunto asesinato de su esposa, María del Pilar Garrido Santamans, de nacionalidad española. Dicha sentencia infame fue dictada y ratificada por el poder judicial de Tamaulipas.

En otras palabras, los “magistrados del órgano judicial federal consideraron que el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento de la Sexta Región Judicial de Tamaulipas declaró la culpabilidad sin pruebas contundentes y se basaron en percepciones de los elementos policiacos y judiciales aportadas por la agente del Ministerio Público de la Fiscalía tamaulipeca, Mireya Maldonado Villegas” (Elefante Blanco, 23 de septiembre, párr. 2). No puedo describir mi sentimiento de optimismo al leer esa noticia pues ya antes había revisado los documentos más importantes del caso, así como los testimonios de las familias de Jorge y Pilar. Por todo esto y el contenido del material revisado, creo en la inocencia del acusado. Este es un caso no muy complejo si nos ceñimos a las evidencias presentadas por la defensa de Jorge Fernández, a las múltiples irregularidades que se detectan en la integración del expediente y al penoso papel que ha jugado la fiscalía estatal en este caso—según lo muestran los documentos a los que tuve acceso.

El asunto parece más claro—y la sentencia condenatoria de Jorge pierde rápidamente sustento—si uno revisa los expedientes, analiza las pruebas presentadas por ambos lados (la fiscalía y la defensa) y escucha los testimonios de los familiares de la víctima. Incluso la mamá de Pilar escribe una carta diciendo que “confía en Jorge” y que lo conoce bien; es decir, según este documento, parece ser que ella cree plenamente en la inocencia de quien fuera su yerno (véase

No obstante todo lo anterior—y después de la decisión del tribunal federal mexicano que, según entiendo, anula la sentencia que condenaba a 47 años de prisión a Jorge Fernández—el 25 de septiembre nos cae como un balde de agua fría una nota que señala que la Fiscalía General de Tamaulipas sostiene la culpabilidad de Fernández González en el asesinato de Pilar Garrido. Por un lado, no sorprende la reacción, dada la gravedad de estos hechos que colocarían a la fiscalía estatal tamaulipeca y a todos los responsables de esta atrocidad, en una situación además de bochornosa, plagada de acciones dolosas y de absoluta ilegalidad.

Todo este caso apesta por diversas cuestiones. El evento que nos compete y por el cual está privado de su libertad Jorge Fernández ocurre en los tiempos dorados de un gobernador que aspiraba a ser Presidente de México y que presumía con los extranjeros sus supuestos logros en torno al tema de la seguridad en Tamaulipas. El olor se hace más fétido cuando consideramos otros muchos casos de personas que han sido consignadas por la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas sin pruebas contundentes y por motivos que podrían más bien considerarse políticos o estar guiados por intereses de otro tipo. Entre los casos más sonados están los de los periodistas Jesús González Zúñiga, Luis Ignacio Valtierra y Gabriel Garza Flores (este último muerto en prisión), Jonathan Rodríguez Cabanne, Susana Prieto Terrazas, entre otros muchos casos. Estos últimos no han recibido extensa cobertura mediática, pero muchos siguen sin ser resueltos o el veredicto respectivo parece haberse dado bajo condiciones escalofriantes de fabricación de pruebas, torturas, testimonios falso y faltas gravísimas al debido proceso. Esto se verifica en diversos testimonios y breves reportes en medios de comunicación locales y nacionales. Recordemos que el Fiscal General de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, fue el autor principal del llamado “Michoacanazo” en tiempos de la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

En Tamaulipas, según lo dicho en muchos espacios, por muchas víctimas y a través de muchos medios, “se fabrican culpables”. En eso coinciden una gran cantidad de personas con las que hemos conversado. No nos extraña porque sabemos que el fiscal general del estado fue artífice del Michoacanazo—aquella ocasión cuando se detuvo y se mandó a prisión a más de 30 servidores públicos por supuestos vínculos con la delincuencia organizada que tuvieron que ser puestos en libertad por no acreditarse las pruebas de su culpabilidad. Mientras tanto, se oficializa un obsceno blindaje para proteger a este cuestionado personaje. El pasado 21 de septiembre, el Congreso de Tamaulipas aprueba en comisiones reformas inauditas a la Constitución para que Barrios Mojica se pueda mantener en el cargo hasta el 2025 y pueda reelegirse por siete años más. El autor del penoso Michoacanazo—en un estado donde no existe la justicia y donde se fabrican culpables sistemáticamente, según los múltiples testimonios recopilados—podría permanecer en su cargo hasta el 2032. Que penosa situación en un estado tan lastimado por el crimen organizado y la total impunidad.

Ahora que está de moda hablar de delincuentes que se organizan para cometer actos de corrupción o delitos graves de cuello blanco, recuerdo el caso de Emilio Lozoya Austin y su selecto grupo de socios o “secuaces”. Demasiada información se ha ventilado con respecto a las operaciones fraudulentas mayores del exdirector de Petróleos Mexicanos en contubernio con sus hombres de mayor confianza como Froylán Gracia Galicia o Arturo Henríquez Autrey y muchos otros de quienes se conoce—según diversas fuentes periodísticas—la existencia de expedientes que los ligan a actos masivos de corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ninguno de ellos ha pisado la cárcel y nunca se ha hablado de ello. En realidad se han olvidado estos casos y la atención se ha desviado hacia otros lados—también muy problemáticos (sin lugar a dudas), pero quizás menores considerando los montos del atraco. No existe comparación entre los presupuestos para promover la ciencia y la tecnología y la caja “chica” de PEMEX.

El mayor responsable del ‘megadesfalco’ a la nación cuando encabezaba Petróleos Mexicanos es Lozoya Austin, quien gozó de toda la protección de las autoridades mexicanas cuando regresó cómodamente a México de Málaga. Dicha comodidad pudo haberse debido, entre otras cosas, a la estrecha relación de su abogado en ese momento y el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero. Con la información que contamos, resulta escandaloso que a su llegada a México, Lozoya Austin haya sido escoltado al hospital para ser atendido por anemia y problemas del esófago. Qué conveniente la supuesta enfermedad que lo libraría de una cárcel de máxima seguridad—atendiendo a los criterios del fiscal que ahora conocemos. De sus supuestos secuaces no se sabe nada. Ellos, según entiendo (y puedo estar equivocada), nunca fueron acusados de delincuencia organizada. Arturo, Froylán, Carlos, Rodrigo, Miguel, Alejandro, et al. están tranquilos en su casa.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Ayotzinapa. 7 años. Tecleo esta entrega, estimado lector, e inevitablemente me remonto a aquel 14 de septiembre de 2014, tercer año del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, y cuando estaba por comenzar el proceso electoral de 2015.

Mientras transcurría esa noche, nadie imaginaba que el viacrucis de los muchachos se estaba desarrollando. Únicamente se conocieron escasos detalles de los ataques, pero fue hasta el día siguiente cuando se supo la magnitud de la tragedia: ataques, persecuciones, detenciones y desapariciones. Los muchachos se habían esfumado. No estaban por ningún lado: ni en la policía municipal, ni con los federales, ni en el cuartel militar.

¿Qué había pasado? Al gobierno estatal se le hizo bolas el engrudo. El gobernador dijo que sabía dónde estaban los muchachos, pero realmente nunca los encontró, aunque mandó a sus secretarios y funcionarios de primer nivel a buscarlos.

El gobierno federal guardó sana distancia, como no queriendo involucrarse en un asunto tan turbio, hasta que Peña Nieto tenía el agua hasta el cuello, en medio de la más agresiva condena internacional.

Entonces la Procuraduría General de la República atrajo el caso. Jesús Murillo Karamn, junto con el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, se trasladaron a Guerrero a dirigir las investigaciones, partiendo de lo poco que había conseguido el procurador local, Iñaki Blanco.

El tiempo apremiaba. Las manifestaciones por este crimen se desbordaron. A la causa se sumaron los cetegistas, quienes estaban indignados por la reforma educativa, y junto con los “ayotzinapos”, como se les decía, incursionaron en el Palacio de Gobierno estatal y lo incendiaron. Se dijo que fue a propósito. Quién sabe. En un estado convulso todo era posible.

Todo transcurrió en medio de tomas de casetas, bloqueos a la autopista, así como violentas manifestaciones de estudiantes encapuchados. “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, era la exigencia.

Fue renunciado el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa. Huyeron. Los dejaron ir, dijeron. Pero finalmente los encontraron en algún barrio pobre, y conducidos a cárceles de alta seguridad, donde todavía no se les juzga.

7 años. Son pocos, pero a la vez una eternidad. Los padres comenzaron a organizarse para buscar a sus hijos. Los arropó Tlachinollan, una organización de defensa a los derechos humanos que otorga asesoría a grupos indígenas. Recorrieron el estado, recorrieron el país, exigiendo la presentación con vida de sus hijos, la mayoría muchachos de entre 18 y 21 años, hijos de campesinos o indígenas.

El costo político

Lo de Ayotzinapa es algo más que la persecución, muerte y desaparición de estudiantes normalistas en Iguala. Es algo más que la detención de un presidente municipal y su esposa, con presuntos nexos con el grupo delincuencial mayoritario de esa época en la ciudad tamarindera.. Ayotzinapa es más que un asunto de extrema violación de derechos humanos, por el que la CNDH, por cierto, emitió una serie de recomendaciones bastante tardías.

Ayotzinapa es un parteaguas en la historia de Guerrero. Podemos decir que tras aquella noche funesta en que estudiantes de primer ingreso de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron llevados al matadero por sus coordinadores estudiantiles, bajo la tolerancia de profesores y directivos; tras aquella noche, decíamos, nada volvería a ser lo mismo.

Se tenía todo organizado al interior del PRD para “repetir” en la gubernatura y seguir manteniendo la hegemonía pri-perredista en la entidad. Aquello era el PRD original y marginado, mezclado con un PRI disidente en pos del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, grupo que finalmente no terminó de quedarse en el partido amarillo y volvió a sus parcelas.

El partido mayoritario de izquierda en Guerrero, el PRD, mordió el polvo en las elecciones para gobernador, dando paso al retorno del PRI, que llevaba una década fuera del poder.

Ese año, también, Morena estaba estrenando registro como partido y competiría en las elecciones de 2015 por puro trámite, con Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros como candidato.

Todavía en 2015, los perredistas lograron retener Acapulco con Evodio Velázquez Aguirre, pero se fueron en 2018 y en este 2015 ya ni compitieron, se quedaron en el intento.

Podemos decir que “Ayotzinapa 7 años después”, todo es distinto. El PRI se va. El PRD a la zaga. Morena llega al poder tras la peripecia de una elección bastante sui géneris, en donde la traición es el distintivo.

Pero…desafortunadamente, los muchachos siguen perdidos. Hay testimonios de que los mataron. Hay 3 de ellos ya identificados por fragmentos de huesos encontrados en las zonas de matanza de Guerreros Unidos.

Sin embargo, ayer, el clamor fue el mismo: “Vivos de los llevaron, vivos los queremos”.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Alud de respaldos a investigadores

*En entredicho acusaciones de la FGR

*Delgado respalda candidatos verdes

“La peor forma de injusticia es la justicia simulada”: Platón.

Mientras el rector de la UNAM Enrique Graue, calificó como un “despropósito” y algo “inconcebible” la petición de la Fiscalía General de la República de una orden de aprehensión contra 31 investigadores y ex trabajadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por presuntos actos de delincuencia organizada, el ex presidente Vicente Fox sostuvo se trataba de “una verdadera chingadera” e indicó todos “debemos de reaccionar a la injusticia, la arbitrariedad y la aplicación selectiva de la ley”. Por su parte el senador Ricardo Monreal manifestó su solidaridad con los investigadores.

Sin duda alguna, la acusación interpuesta por la directora del Conacyt y tomada con una velocidad asombrosa por la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, es desproporcionada, la enderezaron en contra de ex funcionarios del Consejo y destacados integrantes de la comunidad científica pertenecientes al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Entre los cargos imputados contra más de veinticinco personas está el de delincuencia organizada, uno de los delitos más penados. La desproporción de los cargos pone en duda la relevancia de las acusaciones. Todo indica se trata de una mera revancha política. Por ello, debe exigirse a los jueces se inhiban de participar en este juego perverso.

La acusación de la FGR desató la indignación en la comunidad científica del país El miércoles, un juez federal negó en definitiva girar órdenes de aprehensión en contra de ex funcionaros del Conacyt, pero la Fiscalía informó insistirá en que dichas órdenes sean giradas. Los 31 investigadores y ex funcionarios del Conacyt son acusados de haber cometido quebrantamiento patrimonial.

Se les busca imputar de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada. Debe hacerse notar esta persecución se inicia cuando la irritación por no alcanzar el mérito como investigador en su mayor grado, saca de todas sus casillas al fiscal Gertz. Es este, sin lugar a dudas, un caso de venganza personal.

A lo anterior se suma el desprecio del gobierno federal a la ciencia, a la investigación y de ello dan cuenta las palabras de María Elena Álvarez-Buytla Roces, al pretender politizar, marcar a la ciencia con la visión de la cuarta transformación o, mejor dicho, con la de quien la inventó. Resuenan sus opiniones relacionadas con el “Che” Guevara, olvidando a la actividad científica no se le puede etiquetar de manera alguna. El miércoles, el presidente López Obrador confirmó existen denuncias contra científicos. Durante la conferencia de prensa mañanera dijo: “Tengo entendido que sí (hay denuncias), porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt, sin embargo, esto lo va a resolver el juez. Y el que nada debe, nada teme. Es que tenemos que combatir la corrupción, por parejo, desde luego más arriba, de arriba hacia abajo, pero parejo, no tolerar la corrupción”.

El pasado mes de agosto, un juez federal del penal del Altiplano, en el Estado de México, rechazó conceder las órdenes de detención por diversas inconsistencias. Pese a la negativa, la FGR hizo una segunda petición, insistiendo en que los implicados participaron en un esquema ilegal de asignación de recursos por labores que ya realizaba el Conacyt. Y este miércoles, el juez federal negó en definitiva girar órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios del Conacyt. Ante ello, la FGR informó volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas lo acreditan. Para los cercanos al Misterfiscal, el berrinche es grande pero quedará aliviado con solo aplicar la acusación de peculado y eso, ya veremos

Otras voces

El senador Ricardo Monreal manifestó su solidaridad para con los investigadores y sostuvo buscará dialogar tanto con el fiscal como con la directora del Conacuy para evitar se siga polarizando este asunto. La actividad académica del zacatecano no puede quedar desvinculada y al tiempo de señalar la imposibilidad de convertirse en juez y parte. advirtió sobre la insistencia de la fiscalía de lanzar acusaciones por tercera ocasión, las cuales, si carecen de fundamento. tendrán la negativa para otorgar órdenes de aprehensión, tal como ha sucedido en el pasado.

El legislador insistió en que, en lo personal, como senador y como académico no puede estar de acuerdo con el senador Armando Guadiana, de Morena, quien pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera investigue a todas las universidades del país. Monreal Ávila explicó eso no puede ser pues las universidades son autónomas y hacerlo sería violentarla pero hizo un llamado a la moderación y a la prudencia porque “son momentos muy complejos en la vida nacional. Pero que no quede ninguna duda”.

Por su parte Alfredo Higuera Bernal, fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada, señaló en entrevista radiofónica: “La Fiscalía General de la República, cuando determina acudir a un órgano jurisdiccional, ante un juez, es porque considera que existen los elementos suficientes para iniciar un procedimiento penal. Si en este caso persiste este criterio, se estará acudiendo a las vías legales para efectos de lograr que se analice el planteamiento completo sobre el caso”. El funcionario detalló uno de los caminos es acudir a la impugnación y el otro es hacer el replanteamiento del caso. Existe la probabilidad de recurrir al replanteamiento porque consideran el juez no emitió las órdenes de aprehensión porque no cumplió con el principio de exhaustividad y no analizó por completo lo planteado por el Ministerio Público.

El rector de la UNAM, Enrique Graue, y el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma Metropolitan(,manifestaron su respaldo a los investigadores acusados por la FGR. A través de un comunicado, el SPAUAM exigió “el cese de las amenazas y el amedrentamiento contra los acusados de la manera retorcida ya descrita, a quienes expresamos nuestra total solidaridad, así como demandamos el alto a los intentos de intimidación contra las otras voces críticas de la academia. En particular, exigimos la atención a las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia, el desistimiento de esta solicitud de tal orden de aprehensión sin fundamentos, la conducción de la política científica sin venganzas ni coerciones, y el cese del uso faccioso de la justicia como principio de actuación en la política científica y académica de la nación”.

Durante la ceremonia conmemorativa por los 100 años del lema y escudo universitarios, Graue señaló: “La Universidad Nacional Autónoma de México reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia y creemos firmemente en la división de poderes y en su autonomía, con un respeto irrestricto a la defensa de los posibles involucrados. Estaremos atentos y comprometidos en ello. Es un despropósito inconcebible la acusación de delincuencia organizada contra los académicos”.

María Elena Álvarez-Boylla Roces, directora general del Conacyt y parte acusadora en este vergonzoso caso, al ser interrogada durante la inauguración del centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo I expresó: “No sé de qué me hablas, yo vine a apoyar el primer gobierno de la cuarta transformación, a acusar absolutamente a nadie”. El retroceso y la negación sigue siendo el sello de los funcionarios seleccionados por el primer mandatario. Doña Malena, al cuestionársele si tenía conocimiento de los delitos imputados a investigadores expuso que no, pues “nosotros no somos entidades que estamos ni capacitadas, ni con atribución, ni tenemos la responsabilidad”. Por su parte, el Conacyt emitió un comunicado en el que expresó su total rechazo, a lo que calificó como una “ola concertada de desinformación en medios y redes sociales”, y manifestó su apoyo a investigadores y estudiantes de posgrado. Entonces ¿de quien es el afán de atacar a los delimputados?

En el Senado de la República, la bancada del PAN solicitará la comparecencia de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, para que explique el motivo de la persecución a la comunidad científica al acusar a 31 de sus integrantes de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones por la creación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Los panistas brindaron su respaldo absoluto a la comunidad científica y exigieron cese ya la persecución por razones distintas a lo que no sea el estricto apego a la ley y la verdadera consecución de la justicia.

De los pasillos

Nadie vive ni sobrevive con sólo amigos o enemigos, a lo largo de la existencia van haciéndose unos para un lado y otros para el otro, aunque en la mayoría de las veces no se escogen. Lo enmarcado queda en la afectación de intereses y pese a las reiteradas expresiones de Rafael Marín Mollinedo de no aspirar a convertirse en el candidato a gobernador en Quintana Roo, quienes lo ven no sólo como abanderado sino sentado en la silla estatal han entrado en pánico. Y vaya que tienen razón porque con 35 años de residencia en la entidad, conociendo a la clase política hasta las entrañas, habiendo fundado Morena, sabedor de las peripecias para poder abrir un negocio, una empresa, hacerla productiva, contando como referencia el estar sacando con éxito el proyecto más importante del presidente y, arrastrar una buena fama en su conducción personal, provocan la certeza de ser el chilango-tabasqueño-quintanarroense, una carta muy difícil de derrotar. Más aún cuando las féminas empoderadas ni siquiera son morenistas. Mara Lezama es verde, verde, verde. Laura Fernández nada más es verde, verde; y Marybel Villegas termina inolora e incolora, mientras que el doctor Pech, morenista de última hora, es yucateco. Como sucede en cada proceso electoral empiezan a formarse grupos, lo malo son las guerras sucias y con ellas la enseñanza de no usar calzones. Por lo pronto el delegado de Mario Delgado ya debería darse cuenta de la posición de Marín y de lo funesto de seguir alborotando las galleras y mostrar el agradecimiento a los verdes por el otorgamiento de una curul al hermano del líder nacional de Morena, de su jefe, el ahora alfil de doña Claudia, al ver se le derrumbaba Ebrard. Pero ni Marcelo se ha caído y si están poniendo en un foro de crítica un proyecto presidencial, el del tren Interoceánico, lo cual empieza a irritar a yasabenquien…

Por muchas razones recordaremos a Sócrates Campos Rizo, sus reflexiones nos llevaron a profundizar en los análisis de la izquierda, de la radicalización, de los cambios y, de la conducción del presente. Descanse en paz…

El Fiscal incómodo

Jorge Zepeda Patterson

Una de las ventajas de designar a funcionarios octogenarios, o casi octogenarios, para puestos que exigen honradez e imparcialidad es que carecen de ambiciones postsexenales y, en teoría, ya tienen un patrimonio formado. Es decir, son cuadros que pueden resistir presiones y ambiciones a las que están sujetos los que aún se encuentran haciendo carrera y fortuna. Se supone que los que van de salida, en cambio, están ya “más allá del bien y el mal”. Por desgracia, el Fiscal Alejandro Gertz Manero, de 81 años cumplidos, parecería estar únicamente más allá del bien. Los escándalos recientes a los que ha dado lugar la Fiscalía dañan la supuesta independencia e imparcialidad que debería forjar un organismo que recién estrena su estatuto de autonomía de cara al Ejecutivo.

Alguna tinta ha corrido sobre el penoso litigio que sostiene Gertz en contra de la hija y la esposa de su hermano, a quien les atribuye su muerte; la primera se encuentra en la cárcel y la segunda, su cuñada durante 50 años, a un pie de ella. Una acusación que los tribunales habían desechado en dos ocasiones, y que no tuvo éxito hasta que Gertz Manero llegó a la Fiscalía. A su vez, ellas acaban de interponer una denuncia en contra del funcionario por el presunto manejo de 7.8 millones de dólares en cuentas bancarias radicadas en paraísos fiscales. Imposible saber, con la información disponible, a quien asiste la razón en un pleito familiar tan siniestro. Pero el mero decoro y la necesidad de proteger la imagen del Fiscal General de la República, me refiero al puesto no a la persona, habría obligado a una actitud de mayor prudencia, tratándose de un tema familiar. De entrada, la imparcialidad de la propia institución queda comprometida; la severidad en el tratamiento de las acusadas hace sospechar que las autoridades están siendo “juez y parte” en el litigio.

Más arrebatado aún es el caso de “los científicos”. La FGR intenta meter en una prisión de alta seguridad a 31 académicos, acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero. Su delito; haber utilizado recursos del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, para pagar choferes, celulares, viajes , restaurantes y hasta impuestos de 40 personas (según informe de la actual directora de Conacyt). Se trata de una organización destinada a fungir como asesora autónoma sobre temas científicos y que recibía fondos públicos. La conforman 20 representantes de la academia y del sector empresarial; 17 de ellos titulares de diversas organizaciones. Un gasto en “choferes, y restaurantes” dentro de ciertos límites en sí mismo no constituye un delito, toda vez que podrían haber sido efectuados como parte de sus responsabilidades. No se trata de una organización fantasma; sus diversas actividades están puntualmente reseñadas en su página web. La información que ha trascendido a la prensa no permite dilucidar la magnitud del abuso, si es que lo hay. Y desde luego nadie puede estar por encima de la ley, ni debería asustarnos una investigación para rastrear el uso de recursos públicos. El problema no está en el reporte de un funcionario que da cuenta de la sospecha de una anomalía, sino en lo que la Fiscalía decidió hacer con ello.

Fincar una acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada permitiría tratar a los detenidos como capos del narcotráfico, lo cual les llevaría a litigar su proceso desde la cárcel, aun cuando no existieran pruebas; basta con que un Juez conceda la orden de aprehensión correspondiente. La severidad de la acusación es tan desmesurada que dos jueces ya lo han rechazado. Frente a la negativa, la FGR ha dicho que buscará un tercer Juez que sea más sensible a sus argumentos. Ninguno de los dos delitos caben en un comportamiento que, en el peor de los casos, remite al abuso personal de recursos públicos. Gasto suntuario en choferes, celulares y restaurantes sería motivo suficiente para denunciar prácticamente a toda la clase política del país. Lo cual no exime, insisto, de investigar y sancionar, si compete, cualquier irregularidad cometida en este Fondo. Sin embargo, el comportamiento de la FGR lleva a pensar que la intención de esta acusación no es remediar y penalizar un abuso, sino castigar de manera ejemplar y a como dé lugar a un grupo de académicos e investigadores. Y para ello debe forzar una acusación que lleve a encarcelarlos, saltándose el principio de presunción de inocencia que permite a todo ciudadano a defenderse.

¿Con qué propósito hace esto la autoridad? Se preguntó este sábado Ana Laura Magaloni, experta en la materia. “Algunos dicen que se trata de una venganza personal del Fiscal General por haber sido rechazado del SNI en la administración anterior. Otros piensan que el objetivo es mandar un mensaje de intimidación a la comunidad científica. La verdad es que nada de ello lo podemos saber a ciencia cierta. La motivación es subjetiva e invisible. Pero lo que sí parece evidente es que el Fiscal está dispuesto a asumir los costos políticos y reputacionales que ello lleva aparejado.”

La última frase me remite al arranque de este texto. Un funcionario que está dispuesto a prescindir de los costos políticos o reputacionales, violentando de tal manera las formas, es alguien que se siente más allá del bien y del mal. Sabe que su carrera no pagará las consecuencias políticas. Puede dar rienda suelta a sus convicciones o a sus fobias. No sé cuántas de las primeras aún le queden al Fiscal (convicciones), pero comenzamos a sospechar que aquí están en juego algunas de las segundas (fobias).

Por desgracia, en este caso el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió dar un espaldarazo al Fiscal en la mañanera del viernes. Con su comentario parecería avalar la percepción de que el Ejecutivo está molesto con la comunidad científica, en gran medida crítica de los criterios y decisiones presupuestarias en relación a la ciencia por parte de la 4T. Sus razones tendrá el presidente y es un debate legítimo, si se dejan atrás a las acusaciones mutuas y se abordan argumentos de fondo.

Pero apoyar esta cruzada burda, punitiva y desmesurada no ayuda en nada a la construcción de un necesario diálogo y me parece que ensucia y distorsiona la enorme tarea con la que se ha comprometido el Presidente para terminar con la corrupción de este país. Lejos de ayudar, Gertz Manero se está convirtiendo en un Fiscal incómodo para el Gobierno de López Obrador, aunque este aun no lo vea así.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*GN, costoso grupo de edecanes: LT

*Grave error desaparecer agrupaciones policiacas

*Informales se apoderan del mercado laboral: Inegi

“En su lucha contra el individuo, la sociedad tiene tres armas”: ley, opinión pública y conciencia”: W. Somerse.

Prácticamente a la mitad del camino de la actual administración federal, la falta de una estrategia integral de seguridad ha dejado como saldo 96 mil 546 homicidios, de acuerdo a fuentes oficiales, cifra con la cual posicionan a este sexenio como el más violento en la historia del país. Lo anterior puede constatarse al referir las cifras de la encargada de la Secretaría de Seguridad, Protección Ciudadana y agregados en los cuales puede enlistar la entrega de vacunas. Pero mejor aún se escuchó la voz de la senadora Lily Téllez quien, podrá ser o no de la simpatía de muchos o podrá estarse o no de acuerdo con el manejo de su trayectoria política e inclusive periodística, pero, en la comparecencia de la funcionaria, escoltada por cierto por los titulares de las fuerzas armadas y el secretario de Gobernación, expresó el pensamiento de millones de mexicanos, reflejó el coraje de quienes han visto desaparecer a sus familiares, hizo presente el temor ciudadano ante las actividades cada vez mayores y más crueles de la delincuencia.

La frase “la Guardia Nacional es el más caro grupo de edecanes que ha tenido el país”, contrastó con la simpleza expresada por Rosa Icela Rodríguez sobre pretender la paz y no la guerra. Como si se trata de la canción de la Leona Dormida: “Ni guerra, ni paz…” lo que sigue es “qué poco tú me das”. Porque los resultados sobre la recuperación de la seguridad son realmente inexistentes. Atracos, bombazos, ejecuciones, secuestros, no le merecen atención por andar entregando vacunas e intentando entrar en algún traje a su medida. Mientras la senadora se expresaba con gran rigor pero también con puras verdades, el rostro de la chaparrita se iba tornando azuloso. Su pretensión de verse con cara de jugador de poker no le resultó. Los integrantes del gabinete de seguridad permanecieron erguidos, no se movieron ni para acomodar las posaderas.

Y, fuera de lo político también hubo otros comentarios. Alejandro Desfassiaux, presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI), considera, aunque el panorama es negativo, aún se puede implementar un plan efectivo para revertir esta situación. De acuerdo con el especialista de GMSI, considerando los 2 mil 381 homicidios dolosos reportados en julio de este año por el SESNSP y los 3 mil 73 suscitados entre el 1 de agosto y el 8 de septiembre, según la SSPC, la Sedena, Semar y la FGR, en lo que va de la auto denominada cuarta transformación se contabilizan 96 mil 546 víctimas de ejecuciones. “Los índices delincuenciales actuales reflejan claramente los altos costos de haber desaparecido la Policía Federal y la Gendarmería sin una estrategia para retener mandos estratégicos, ni aprovechar el conocimiento y la experiencia adquirida, ya ni hablemos de la infraestructura establecida. Sin duda fue un retroceso con estos cuerpos de seguridad pública que desaparecieron de un plumazo”.

El experto apuntó: “No podemos abstraernos de la realidad. Se perdió la oportunidad de actuar en la primera mitad de este sexenio, pero justamente por el notorio incremento en los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto que siguen sin control, es que se deben agrupar y articular todas las piezas sueltas en el plan de seguridad que se está intentando implementar”. México, dijo, no está en condiciones de seguir esperando resultados en materia de seguridad pública, por lo tanto es importante impulsar una estrategia a largo plazo para institucionalizar a la Guardia Nacional y depurar a los cuerpos policiacos ineficientes carentes de capacitación para establecer protocolos que disminuyan la inseguridad. “El problema es que el Gobierno Federal está impulsando acciones aisladas e independientes que no necesariamente serán eficientes ni darán resultados esperados si no se conectan bajo una estrategia en términos de seguridad pública”.

Para Alejandro Desfassiaux, la causa de la violencia no son las armas per se, sino la incapacidad de las autoridades para controlar a las organizaciones criminales que las adquieren. De acuerdo a un análisis del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), México tiene 23 veces menos armas que Estados Unidos, pero el triple de homicidios dolosos. Con base en la última encuesta de la organización Small Arms Survey este Consejo señaló en EU hay 393.3 millones de armas de fuego en manos de civiles, 1.18 por habitante, y en México hay 16.8 millones, una por cada 7 habitantes. La información recabada da cuenta de la forma en cual se ha extendido la violencia en el país, donde la segmentación de los cárteles ha dado paso a 227 organizaciones delictivas en México.

Según datos del gobierno federal, más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17 mil homicidios anuales y de daños equivalentes a 1.5 por ciento del PIB. Esas armas representan el 70 por ciento de las que ingresan al país y el otro 30 por ciento provienen de otras naciones. Tan sólo Los Zetas operaron en los últimos años en al menos 7 sitios de exterminio en Nuevo León, donde se han encontrado más de 867 mil restos humanos, de acuerdo a información oficial.

Datos oficiales, extraoficiales, obtenidos por diferentes organizaciones, señalados por expertos en seguridad convergen en el fracaso de lo que dan en llamar estrategia en seguridad. Lo cierto es, como se ha referido en un sinnúmero de ocasiones y el pasado martes fue claramente descrito por la Téllez; esas reuniones tempraneras que dicen tener a diario los del gabinete de seguridad con el primer mandatario a las seis de la mañana, solamente les sirven para despertarse, tomarse un café, desayunar algunos muy sanamente otros como se acostumbra en el interior del país, con chorizo, tamales de chipilín, huevos al gusto, chilaquiles, frijoles, pero para establecer estrategias, marcar rumbo, cero, cero. ¿Como se imagina usted los reportes del gabinete de seguridad?

¿Le dirán: señor presidente ayer solamente se murieron 86 y fueron 4 menos que anteayer o sea, vamos bien, vamos bien? Y con esa información todos se llenarán la barriga.

De los pasillos

La informalidad se apoderó del mercado laboral en México. Por cada empleo formal que se abre, hay nueve espacios nuevos en la llamada economía subterránea.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó: durante julio de 2021 se crearon un millón 324 mil 296 puestos de trabajo en todo el país, de los cuales el 98.33% son informales, y apenas 1.66% pertenecen a la formalidad.

Precisó, en el mes de referencia, el país registró la apertura de un millón 302 mil 220 plazas subterráneas, ubicadas en negocios, puestos ambulantes, y entidades de gobierno que no dan contratos, no ofrecen prestaciones y no pagan impuestos.

Mientras del lado de la formalidad apenas fueron contabilizados 220 mil empleos, con una tasa de crecimiento mensual de 0.09%, 47 veces inferior al repunte –de 4.2%- observado en la informalidad, entre junio y julio pasados.

A través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el Inegi indicó la informalidad en México alcanzó 56.4% de la fuerza laboral, contra 43.62% aglutinada por la formalidad al cierre del séptimo mes del año…

Pero lo bueno está en Hacienda, en la Secretaría del Trabajo y con los músicos acompañantes porque tienen otros datos…

Si una foto habla más que mil palabras y se reproducen ataques al por mayor, al tiempo de ver a otros realizar giras para hacerse presentes en municipios ajenos y hasta lejanos aún y cuando se tengan responsabilidades sin cumplir en el que se gobierna, o se abandonan curules por andar recorriendo la entidad a la cual piensan perjudicar gobernando, son muchos los aspirantes a candidatos para ocupar la silla que dejará vacante dentro de un año Carlos Manuel Joaquín González, en Quintana Roo, con temblorina y hasta diarrea. Habrá de hacerse notar es suficiente con hablar de posibles auditorías dirigidas a los fondos económicos administrados por los aspirantes para hacerlos dejar la grilla y poner a quienes tienen tareas a cumplir en su lugar.

No han dado respuesta positiva a los quintanarroenses en sus respectivos cargos y alcaldesas y senadores andan detrás de su próximo hueso porque, por desgracia, eso es lo que corretean, lo demás es pura verborrea, demagogia, baba de perico.

Una cumbre frente al precipicio

Alejandro Calvillo

La civilización occidental, que terminó por dominar al mundo e imponer su ideología, se encuentra en el umbral del precipicio. Incapaz, hasta el momento, de cambiar el rumbo, sigue caminando en la dirección equivocada llegando a un punto de no retorno. Y las Naciones Unidas, que habían sido todavía un resquicio donde se podía expresar la razón, la capacidad de la especie para pensar sobre su situación y su destino, está siendo capturada por quienes sacan provecho de este camino y nos llevan en esta dirección catastrófica.

El día de hoy, 23 de septiembre de 2021, se realiza la Cumbre de Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas, que fue convocada por la evidente necesidad de reformar el sistema alimentario dominante por ser una de las causas centrales en la destrucción de la biodiversidad (estamos provocando la sexta extinción masiva de especies), de la contaminación por el uso masivo de agrotóxicos (compuestos tóxicos utilizados en la agricultura se encuentran ya en todos los mamíferos del planeta), del desplazamiento de los pequeños y medianos productores por el control de los mercados y precios por unas cuantas corporaciones, de la alteración de las dietas tradicionales por la invasión de los ultraprocesados y su consecuente epidemia global de obesidad y diabetes y, de manera especial, por su contribución al cambio climático.

El cambio climático, el calentamiento global del planeta, como dice Noami Klein: todo lo cambia. Todas las condiciones son alteradas con el calentamiento global del planeta, con sus consecuencias, todo lo complica: el acceso a alimentos, al agua, a la educación, a la salud, a la seguridad. Como ya lo experimentamos, el cambio climático está provocando migraciones masivas, lo que se ha dado en llamar refugiados ambientales, el cambio climático desata la propia ingobernabilidad.

Y en este proceso, el sistema alimentario dominante es responsable de alrededor de una tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. El uso intensivo de agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas, herbicidas) y el desarrollo masivo de monocultivos han vuelto estériles gran parte de las áreas de cultivo sometidas a este sistema. Estas tierras se vuelven sustratos sin masa orgánica, sin microorganismos (hongos y bacterias), sin insectos y lombrices. La masa orgánica, los microorganismos y los minerales forman el ecosistema básico de la tierra fértil. Y una parte fundamental de la masa orgánica es el carbono orgánico. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) describe a la masa orgánica como el resultado de un proceso en que “las plantas y animales que crecen y mueren dentro y sobre el suelo son descompuestos por los microorganismos, transformados en materia orgánica y mezclados con el suelo”.

La Cumbre, capturada por las grandes corporaciones de los agroquímicos y la alimentación, no toca el tema de la fertilidad de la tierra, se niega a poner en el centro de la reforma de los sistemas alimentarios la necesidad de transitar de los sistemas intensivos en agroquímicos y monocultivos a los sistemas diversos basados en el conocimiento y fortalecimiento de la fertilidad de los suelos. La Cumbre se niega a establecer el paso de la agroindustria intensiva basado en los agroquímicos a la agroecología. Y esto ocurre porque son justamente las corporaciones las que cooptaron la Cumbre.

Al acabar con la masa orgánica de los suelos, la agroindustria química provoca la emisión de enormes cantidades de gases de efecto invernadero, mientras los sistemas agroecológicos hacen lo contrario, capturan carbono presente en la atmósfera. Es decir, un sistema contribuye al calentamiento global y el otro lo combate.

Si además consideramos todo el ciclo de vida de los productos provenientes de un sistema y otro, veremos diferencias enormes sobre sus costos. Debemos considerar que el producto final del sistema alimentario dominante, el agroindustrial químico, son los alimentos ultraprocesados. El ciclo de vida que lleva al final a los ultraprocesados inicia con las emisiones e impactos de los insumos químicos utilizados en la siembra (fertilizantes, plaguicidas y herbicidas), las propias emisiones de los suelos al acabar con su materia orgánica, las emisiones del transporte, de su procesamiento, de la elaboración de los empaques y nuevamente de su transporte y distribución a los consumidores. A los impactos del ciclo de vida de estos productos deben sumarse los desechos, en su mayoría plásticos, así como los daños en salud provocados por el alto consumo de ultraprocesados, relacionados directamente con obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, diversos tipos de cáncer y aumento de mortalidad.

La Cumbre de Sistemas Alimentarios fue llamada por Naciones Unidas con el fin de reformar el sistema imperante, para que sea sustentable, justo y saludable. Naciones Unidas tenía ya, operando durante decenios, el Consejo de Seguridad Alimentaria (CSA) abordando estos temas. El CSA había logrado establecer la estructura más democrática de cualquier organismo de Naciones Unidas incorporando el llamado Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas con una representación de más de 300 millones de personas, principalmente pequeños productores. Este Consejo fue hecho a un lado y Naciones Unidas diseñó la Cumbre con el Foro Económico Global que representa a las corporaciones que, justamente, se han beneficiado de este sistema y que buscan mantenerlo, maquillarlo para que nada cambie.

Ante las protestas internacionales, la Cumbre ha incorporado en un plano marginal al CSA y toda la representación del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas tomó la decisión de no participar en la Cumbre desde el momento que esta ha sido capturada por los intereses económicos. El Relator Especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación y los exrelatores han denunciado esta situación, así como muy diversas instituciones y organizaciones independientes. Al mismo tiempo que se realiza la Cumbre, se han organizado múltiples eventos convocados como Contra-Cumbres, denunciando esta captura de Naciones Unidas que nos mantiene en el rumbo a un punto sin retorno.

El Gobierno mexicano puede jugar un papel importante en la Cumbre mostrando los pasos que se han dado con el decreto para la salida de uno de los agroquímicos más utilizado, con daños a la salud, los polinizadores y el medio ambiente, el glifosato, y la prohibición de la siembra de maíz transgénico, además del avance con el etiquetado frontal de advertencia, demostrar la importancia de la creación del Grupo Intersecretarial de Salud, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC) como un ejemplo para la búsqueda de un sistema alimentario sostenible, justo y saludable.

Desgraciadamente, dentro de este Gobierno también existe un grupo poderoso aliado a las corporaciones. Veremos cual será la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), si el Secretario Marcelo Ebrad habla de la necesidad de enfrentar el conflicto de interés y si señala el impacto de los ultraprocesados en la salud y el medio ambiente. Al parecer no lo hará, como lo manifiesta un comunicado de la SRE que recibimos las organizaciones que enviamos una carta al Presidente López Obrador pidiendo que la representación mexicana realizara una declaración en este sentido.

El Gobierno mexicano realizó un diálogo nacional para elaborar su postura ante la Cumbre de Sistemas Alimentarios y estos dos puntos fueron una demanda constante, veremos si el Secretario Ebrad respeta los resultados del diálogo.

Acoso y persecución contra la academia

Jorge Javier Romero Vadillo

La noticia ha circulado ampliamente en diversas columnas periodísticas y ha provocado reacciones de varios claustros universitarios: el Fiscal General Alejandro Gertz le solicitó a un Juez órdenes de aprehensión por diversos delitos, incluido los de operación con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada, que ameritan prisión preventiva oficiosa como si de delincuentes de altísima peligrosidad se tratara, contra 31 científicos, académicos y funcionarios del Foro Consultivo de la Ciencia y la Tecnología, con base en una denuncia de la actual directora de Conacyt, la inefable María Elena Álvarez Buylla.

En un país atenazado por la corrupción y la violencia, pero donde no se ha ejercido acción penal contra nadie por los casos más conspicuos que involucran a altos funcionarios de gobiernos pasados, a pesar de que el Presidente de la República se llena cotidianamente la boca de dichos sobre el final de la corrupción, el Fiscal emprende una cruzada contra parte de la elite científica a la que la comisaria política encargada de combatir a la “ciencia neoliberal” para promover una “ciencia” comprometida con las causas populares le tiene inquina.

El Fiscal incapaz de presentar casos bien sustanciados contra los implicados en escándalos como el de Odebrecht, que claramente ha usado la justicia para sus venganzas personales y que le debe el favor a la comisaria Álvarez Buylla por haberle concedido el nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, a pesar de ser un plagiario y de carecer de carrera como investigador, se muestra una vez más como un prevaricador vengativo que lanza un golpe desmesurado contra la comunidad científica y universitaria. Un Fiscal incapaz para realmente presentar frente contra el crimen organizado, ni contra los casos más graves de corrupción del pasado, se lanza a tratar de encarcelar a profesores universitarios en un penal de alta seguridad.

Por suerte, la ineptitud de Gertz es tan flagrante que no consiguió que un Juez girara las órdenes de aprehensión solicitadas, pues el caso estaba armado con el sello de la casa: la absoluta inepcia jurídica y la falta de pruebas sólidas. Sin embargo, insiste en presentar el caso, por lo que los implicados están a punto de vivir una pesadilla de arbitrariedad, que les puede destruir la vida y acabar con su patrimonio. Todo sea por vengarse de quienes no lo han admitido en el círculo en el que él considera que debería estar por sus grandes conocimientos y por hacerle el juego a la comisaria estalinista que le quiere llevar a su jefe una presa, como el perro que le lleva a su amo la lagartija que acaba de cazar en el jardín.

Lo más grave de este asunto es que forma parte de algo mayor: el acoso que este Gobierno ha emprendido contra la academia y la investigación científica. El Presidente de la República ha salido en su homilía cotidiana a apoyar la persecución y ha justificado los recortes al presupuesto de investigación científica con una más de sus andanadas de mentiras, pues según él el los recursos ahora recortados se repartían discrecionalmente entre dos grupos de influencia intelectual a los que detesta por ser sus críticos. Sin prueba alguna ha dicho que el dinero ni siquiera se usaba para investigar.

Es significativo que este Gobierno esté empeñado en la persecución de sectores pensantes de la sociedad, donde la popularidad presidencial es menguante. El caso penal contra el Foro Consultivo no en sino parte de una serie de acciones de debilitamiento que quienes han construido, en condiciones de precariedad crónica, una incipiente comunidad científica de excelencia. Primero fue la desaparición de los fideicomisos que servían para administrar fondos de donatarios privados para diversos proyectos de investigación, tanto en ciencias duras como de análisis social. Con esos recursos, diversos grupos académicos estudiamos alternativas a la guerra contra las drogas, desapariciones forzadas, corrupción, o se hizo evaluación de programas sociales de ahora y de gobiernos anteriores.

Si bien los investigadores de las grandes universidades hemos estado protegidos por la autonomía y por contar con sindicatos más o menos fuertes, los investigadores de los centros Conacyt, como el CIDE, especialmente detestados por la comisaria estalinista se están enfrentado a la decisión de considerarlos empleados de una suerte de organismos paraestatales, de manera que sean considerados como servidores públicos, sometidos a las abusivas condiciones laborales de apartado B del Artículo 123 de la Constitución, sin libertad sindical, pero también con serias limitaciones a la liberta de investigación y de expresión, de participación en foros de discusión o en los medios de comunicación.

En estos días el Comisariado de Ciencia y Tecnología la ha emprendido también contra el programa de Cátedras Conacyt, un intento por dotar de condiciones laborales dignas, aunque temporales, a jóvenes investigadores recién egresados del doctorado y para quienes no hay plazas en los centros de investigación y educación superior. El programa requería mejoras, pero lo que pretende la comisaria es desaparecerlo.

El clima ominoso contra el pensamiento crítico sustentado en evidencias se completa con las cantaletas matinales del Presidente de la República que suele descalificar con el sambenito de conservadores neoliberales a quienes no comulgan con la “ciencia” de la adulación. Durante los gobiernos anteriores, en las presidencias de Fox, Calderón y Peña, desde la academia se impulsaron fuertes campañas críticas contra la militarización, contra los nombramientos en la SCJN y en la Fiscalía de validos y cuates, contra la corrupción, por la rendición de cuentas. Nunca entonces hubo un clima de acoso e intimidación como el actual.

El siguiente golpe viene con la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, sin rigor jurídico, vaga y orientada a recortar los recursos a la investigación científica en un país que adolece precisamente de incapacidad innovadora y desarrollo tecnológico.

Entre todos los signos de retroceso autoritario que este Gobierno ha mostrado, el del control del pensamiento crítico es especialmente ominoso.