Categoría: Editorial

Lo lograron. Los diputados se despacharon de un plumazo, al más puro estilo de la administración morenista, con más enjundia que argumentos, 109 fideicomisos con los que el Gobierno Federal operaba todo tipo de asuntos, desde la atención a víctimas hasta el fomento al deporte. Falta la opinión del Senado, pero no∫ hay mucha esperanza de que el nivel de discusión sea distinto. 

Los fideicomisos se pusieron de moda en los años noventa y principios de los dos miles para solventar la falta de programas multianuales en el presupuesto. Un fideicomiso permitía, por ejemplo, acumular dinero de un año a otro para un obra de larga duración. El mismo López Obrador los usó para construir los segundos pisos de la ciudad de México, la obra más polémica y opaca de sus paso por la capital. Con el argumentos de que en los fideicomisos había corrupción, aviadores y privilegios, dictado desde el púlpito del presidente, los diputados de Morena se fueron contra los ellos sin distinciones ni argumentos, solo con obediencia y coraje. 

La desaparición de los fideicomisos no es un asunto de combate a la corrupción. No podemos dudar que ésta exista, como en todos los rincones del país y del gobierno, pasado y actual. En todo caso los fideicomisos están más vigilados que otros ámbitos de la administración pública. De lo que se trata realmente esta medida es de control. El ejecutivo no soporta que alguien más decida, que algo se salga del de la vista de ojo de Sauron. Controlar cada peso del presupuesto y tener el mayor margen de discrecionalidad en su uso es un asunto de poder, no de eficiencia administrativa ni combate a loa corrupción. 

Nadie se quedará sin su apoyo, dice el presidente. Vamos a suponer que es cierto, pero en adelante el alcalde quiera apoyo para su municipio en caso de sufrir un desastre natural tendrá que pedirle el favor a la secretaría de Gobernación o al mismo presidente; el director de cine que quiera apoyo del gobierno para filmar tendrá que pasar por el matiz ideológico del funcionario en turno; quien quiera apoyo para investigar deberá pasar por el tamiz de un Conacyt que cree a pie juntillas que existe ciencia neoliberal y que la función de los científicos no es generar conocimiento sino apoyar la transformación que el presidente tiene en su cabeza.

Es cierto que los 68 mil millones en el presupuesto del gobierno federal son como un cacahuate en el hocico de un cocodrilo: le va a saber a nada, se lo van a tragar sin darse cuenta. Pero la perversidad de la decisión está no solo en el efecto de control que hablábamos arriba sino en lo que desarticula, en las redes que rompe. Al desaparecer estos fideicomisos se les quita independencia real a los centros de investigación, burocratiza los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, mina la capacidad de decisión de los municipios en materia metropolitana y en cambio genera relaciones clientelares, esas que con mucho con trabajo y esfuerzo habíamos comenzado a desterrar. 

Matar como se está haciendo a los fideicomisos, más allá de cuáles funcionaban y cuáles no, es una gran salto al pasado y un peligroso paso hacia un gobierno autoritario y unipersonal.

Pocas cosas más complicadas y controvertidas como tomar decisiones en una pandemia como la que estamos viviendo. La única certeza es la ausencia de ésta, por lo que el camino es siempre a tentaleo, casi a ciegas y con información incompleta, tardía y no pocas veces contradictoria. Así, cada gobierno va sorteando el temporal como mejor considera para mantener el equilibrio entre cuidar la salud de la población, la funcionalidad del sistema hospitalario y la economía -que no es sino la suma de lo que producimos y gastamos todos. Metafóricamente imaginemos a un equilibrista en la cuerda floja mientras hace malabares con tres pelotas que tienen la particularidad de cambiar de tamaño en el aire. El gobierno federal optó por poner un show en otra pista, para entretener al respetable narrando las hazañas del equilibrista, para no dejar un hueco de silencio que pueda generar angustia entre el público. López-Gatell habla todos los días, y a pesar de que va perdiendo la atención de la audiencia por repetitivo y contradictorio, de que comienza a recibir chiflidos y abucheo, no deja espacio para la angustia. El gobierno de Jalisco optó por poner al encargado del circo como malabarista y vocero. Es el propio gobernador quien regularmente comunica cómo van los malabares allá en las alturas de la cuerda floja.

El problema en el manejo de una pandemia como la que estamos viviendo es que no hay principio y fin. Parafraseando lo que dice Dante Delgado de la política, la pandemia no es, va siendo: todos los días es distinta, todos los días requiere ajustar la estrategia, todos los días hay cambios en uno u otro frente que obligan a ajustar la ruta. 

¿Ha sido bueno el manejo de la pandemia en Jalisco? Hasta ahora podemos decir que sí, pero la evaluación final sólo podrá hacerse con la distancia del tiempo. Hasta ahora los datos de mortalidad por cien mil habitantes y los datos económicos son mejores que el nacional y que la mayoría de los estados. Sin embargo, esto puede cambiar en cuestión de días. La decisión de abrir indiscriminadamente e invitar a la población a conocer la Línea 3 del Tren Ligero, la falta de aplicación de medidas en el transporte público, la reapertura de bares y la relajación de medidas en general producto del cansancio de siete meses de anormalidad normalizada han generado alertas de parte de los especialistas. 

El esfuerzo colectivo de siete meses puede venirse abajo en quince días si no tomamos en serio el riesgo. Todos estamos en la misma cuerda que nuestros gobernantes. El equilibrio en cada casa es también precario, por lo mismo requiere que todos tomemos decisiones cada día. Lo que era válido ayer quizá no lo sea hoy y lo de hoy muy probablemente no será válido para mañana. Esa incertidumbre es lo que llamamos nueva normalidad.

Siguiendo los dictados de Palacio Nacional, la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó ayer en lo general -y hasta el momento de cierre de esta edición- el proyecto de decreto mediante el cual se extinguen 109 fideicomisos que sirvieron hasta ahora para garantizar el financiamiento de actividades específicas.

La discusión sobre el particular ha sido larga y, en general, reviste una complejidad técnica que impide la socialización más amplia de los argumentos porque se trata de mecanismos para garantizar que ciertas responsabilidades del Estado Mexicano se cumplan.

La simplificación discursiva, característica de esta administración, ha vendido la idea de la liquidación de los fideicomisos con su argumento favorito: se trata de combatir la corrupción que ha caracterizado el ejercicio del poder público en nuestro país.

El problema es que el asunto no es tan simple.

Por un lado, es preciso reconocer que la hipótesis de Andrés Manuel López Obrador -que los fondos de tales fideicomisos no se han manejado con honestidad y transparencia- es plausible, es decir, que no puede desechársele sin más.

Pero, por el otro, también es obligado señalar que todas las generalizaciones conducen, por regla general, al error. En otras palabras, aunque es posible que puedan detectarse casos de malos manejos o ejercicio indebido de los recursos, no puede afirmarse que esa es la regla y, en consecuencia, es motivo suficiente para desaparecer mecanismos que garantizan recursos para proyectos tan relevantes como la investigación científica, el arte o el deporte.

Por otra parte, como se ha dicho a propósito del discurso manido del Presidente de la República sobre la corrupción, la solución al problema no puede ubicarse en la desaparición de aquellos espacios de la vida pública en donde se detecten prácticas ilegales.

Si alguien -quien sea- se ha beneficiado indebidamente de los recursos que se encuentran en los fideicomisos, lo que corresponde es abrir las investigaciones correspondientes, perseguir a los responsables de tales conductas y castigarles conforme a la ley.

Por desgracia, como lo hemos atestiguado en múltiples ocasiones, el presidente López Obrador prefiere la técnica que, de acuerdo con los historiadores, se atribuye a Alejandro Magno cuando fue enfrentado al problema del nudo gordiano: sacar la espada y cercenar el problema porque “es lo mismo cortarlo que desatarlo”.

Pero a ese paso, es necesario decirlo, habría que desaparecerlo todo, ya que difícilmente puede encontrarse un espacio gubernamental libre de corrupción, pues la perversión de los mecanismos de la vida pública será siempre una tentación para quienes tienen su control.

El ruido que la confrontación política genera hoy impide ver con claridad los efectos nocivos que puede tener la desaparición de los fideicomisos públicos que ayer votó el Congreso de la Unión. Pero, para infortunio colectivo, lo más probable es que no tardemos mucho en comenzar a percibirlos con dolorosa claridad.

Queda claro que muchas políticas de los gobiernos anteriores fungieron como meras tapaderas de corrupción, elefantes blancos que a la letra figuraban como grandes soluciones a problemas complejos y que la opacidad con la que se manejaron históricamente los recursos públicos abrió paso al desvió, la arbitrariedad y el enriquecimiento de unos cuantos. Sin embargo, la fallida implementación de las políticas no necesariamente se traduce en el fracaso de las mismas, en algunos casos tiene que ver en la forma en la que se aplican; en otros, en la falta de idoneidad o capacidad de quienes las implementan.

La intención de los Diputados de eliminar más de cien fideicomisos y fondos parece más una respuesta populista que busca ganar simpatías de aquellos que estamos cansados de la corrupción, que una política que realmente solucione ese problema. La corrupción no se acaba con la desaparición de políticas públicas nomás por que sí, para esto es importante desarrollar evaluaciones efectivas, impulsar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Es más ¡hacer valer el Sistema Nacional Anticorrupción!

Sobre el tema, es muy importante considerar el beneficio que los fideicomisos y fondos públicos han traído a los graves problemas del país. Por ejemplo, siendo México uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo (los niveles de violencia en contra de la prensa solo se comparan con aquellos que vive la prensa en países en guerra), el fideicomiso para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos permite que cientos de periodistas y personas defensoras cuenten con apoyos inmediatos para salvaguardar su vida e integridad. Es decir, gracias a un fideicomiso como este es que, ante una amenaza inminente del crimen organizado como la que sufrieron recientemente un grupo de periodistas guerrerenses, ahora cuentan con la posibilidad de desplazarse de la zona de peligro junto con sus familias y, así, evitar la muerte.

Sobre este, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas señaló que la eliminación del Fideicomiso tendría impactos negativos en el desarrollo de las acciones de protección para las 1304 personas —418 periodistas y 886 defensoras de derechos humanos— a las que actualmente brinda medidas de protección.

Por su parte, reconociendo que desde el inicio de la llamada Guerra contra el Narcotráfico México se convirtió en una fosa común con miles de desaparecidos y víctimas de la violencia, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para víctimas ha permitido, por ejemplo, la atención física y sicológica de niñas y niños a la que de otra manera no hubieran podido tener acceso y ha sido fundamental para el apoyo de los familiares de varios periodistas asesinados que eran el sustento de su familia.

A lo largo de las discusiones en torno a los contenidos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en 2014 y 2015 uno de los grandes temas a discusión fue precisamente la necesidad de reconocer a estas entidades -los fondos y fideicomisos públicos- como sujetos obligados directos a las disposiciones de la misma y advertir que el ejercicio de los recursos que en ellos se albergan están sujetos al principio de máxima publicidad y por lo tanto al escrutinio ciudadano.

Luego entonces, vale más apostar hacia el fortalecimiento del marco legal e institucional de estas políticas que a su desecho. Finalmente, estamos hablando de salvaguadar la vida, el desarrollo y la dignidad de las personas.

Muchos estudios académicos se escribirán durante los próximos años a propósito de la discusión que quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvieron este jueves, previo a la decisión de declarar constitucional la consulta solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para investigar presuntos delitos del pasado.

Será la primera ocasión, y esto es importante subrayarlo, en que se utilice este mecanismo de democracia directa previsto como un derecho de los ciudadanos mexicanos en el artículo 35, numeral VII de la Constitución.

Para desgracia colectiva, sin embargo, la jornada inaugural de este instrumento se ha visto ya manchada por los excesos presidenciales, primero, y por la obsequiosidad de una mayoría de la Corte que no ha dudado en buscar una decisión “salomónica” que le permitiera, como dice la voz popular, “quedar bien con Dios y con el diablo”.

Habrá quien diga que se trata de un ejercicio inocuo, a partir de la redacción de la pregunta aprobada por la Corte que, en estricto sentido, lo que implica es preguntarle a la sociedad si está de acuerdo en que, quienes han jurado cumplir y hacer cumplir la ley, cumplan esa promesa.

¿Quién podría estar en contra de que “se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminadas a garantizar la justicia y el derecho de las posibles víctimas”?

En este sentido, la nueva redacción propuesta por la Corte no hace sino evidenciar la inutilidad de una consulta de la cual ya conocemos el resultado desde ahora y acentúa la intención exclusivamente política del ejercicio, intencionalidad que incluso fue explícitamente reconocida ayer durante el debate en el pleno de ministros.

Ese hecho –el que se trate de una consulta cuya principal intención es política– constituye un elemento de distorsión para el proceso electoral de 2021 y eso, en el fondo, implica la peligrosa posibilidad de influir indebidamente en la decisión de los electores.

Con independencia de la forma en que la consulta pudiera influir en el resultado de las elecciones, la decisión adoptada por la Corte implica un indeseable precedente en el sentido de que un instrumento que debiera servir para que los ciudadanos nos pronunciemos en relación con temas de real trascendencia colectiva se utilice con fines estrictamente políticos.

Habrá que seguir con atención el desarrollo de los acontecimientos en las próximas semanas y meses, sobre todo en términos de la forma en que la discusión pública procese la decisión adoptada ayer.

Lo que puede afirmarse desde ahora, sin embargo, es que tal decisión no ha convertido a la nuestra en una democracia más robusta, ni al estado de derecho en un faro que marque el rumbo que la nación debe seguir para consolidarse como un coletivo que persiga la construcción de una sociedad auténticamente democrática.

Habemus consulta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió hacerle la tarea al Presidente. Atentos a la petición que López Obrador les hizo desde la mañanera, seis de los once ministros del más alto tribunal de la nación dejaron claro de qué lado masca la iguana. Nadie está, ni puede estar, en contra de que se juzgue a los expresidentes si cometieron algún delito por el simple hecho de que dicha decisión no depende de la voluntad de nadie, da igual si es uno o 10 millones, si ese uno es el Presidente o si esos 10 millones son personas buenas o malas.

La consulta, tal como la avaló la Corte, es un acto político. No será, como lo dijo el Ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldivar, vinculante, ni obligatorio para las fiscalías. ¿Entonces para qué sirve? Para linchar política y mediáticamente a los expresidentes, pero no es cierto que pagarán por lo que hayan hecho mal, para que eso suceda lo que se necesita es una buena investigación de la Fiscalía, y si eso no se hace la consulta es judicialmente inútil.

La Corte decidió, pues, entregarle en bandeja al Presidente una consulta para contribuir a eso que él llama la moralización de la vida pública. No solo le aprobaron una consulta que sirve a los intereses del partido en el poder, sino que le hicieron la tarea de redactarle una pregunta que sí pasará el filtro en lugar de simplemente regresarle la que había mandado por inconstitucional. Es decir, la Corte se abrogó tareas que no le corresponden, como emendar los errores del solicitante de una consulta, pero cambiaron una pregunta improcedente (de otra manera no la habrían modificado) por una que es incomprensible y jurídicamente intrascendente. La cito textual: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

De entrada, ya no se trata de una juicio a expresidentes, sino a los actores políticos, así en general. Pero la redacción es tan mala que lo que planeta es hacer un proceso para esclarecer las decisiones políticas no lo delitos cometidos. Finalmente, preguntar si “estás de acuerdo o no” permite más de una respuesta, porque yo puedo contestar que no estoy de acuerdo pero que sí se haga, o al revés. Una pregunta así solo causará confusión (quizá deberíamos hacer una consulta para preguntar si los miembros de la Corte deben pasar una examen de redacción antes de ser nombrados, pero eso lo dejamos para otro momento).

Me encantaría ver a Felipe Calderón en un juzgado explicando por qué nombró a García Luna y qué sabía de sus actos y acuerdo con el crimen organizado, o a Peña Nieto dando cuentas de su patrimonio y explicando los sobreprecios de las obras, pero eso no va a suceder, simple y sencillamente porque nadie los está investigando. En síntesis, lo que hizo ayer la Corte no fue un acto jurídico sino burdamente político. Habemus consulta, pero me temo que hemos perdimos a la Corte.

El nuevo etiquetado con las leyendas de advertencia de protección a niños en el caso de los edulcorantes y la cafeína son un motivo de oposición más de Coca-Cola y las empresas de ultraprocesados contra el nuevo etiquetado.

Lo que más preocupa a la empresa refresquera son las iniciativas presentadas en varios estados para prohibir la venta de las bebidas azucaradas y la comida chatarra a niños y niñas. Sabiendo que esta medida podría extenderse a otras naciones y cómo la prensa internacional cubrió esta noticia, generando interés alrededor del mundo como una forma de enfrentar las epidemias globales de sobrepeso y obesidad, había que venir a hacer control de daños, a evitar que la situación en México se convirtiera en un proceso de “DesCoca-Colonización”. Sería una desgracia para la empresa que creó su mayor imperio en este país que su producto comenzara a ser tratado como un producto de riesgo.

Coca-Cola pone en el frente de batalla a las pequeñas tienditas, su herramienta para invadir el país con sus productos. La campaña que realiza en México desde la llegada de la pandemia usando su vínculo e interés por apoyar a las pequeñas tienditas, con la participación de “Sopitas”, es similar a la que realiza la compañía en otras naciones latinoamericanas. Esta campaña la lanza en medio de la evidencia que vincula el alto consumo de su producto con las comorbilidades más asociadas a la mortalidad por COVID-19: enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes…

Cuando se habla de tienditas nos referimos a alrededor de 1.5 millones puntos de venta de Coca-Cola en todo el país. Es decir, por cada 80 habitantes en México hay un punto de venta de sus productos, que normalmente acompañan la venta de productos de Pepsico (bebidas, frituras y dulces), de Bimbo (pan, frituras y dulces), de Danone (productos lácteos), entre otros. Se trata de una penetración que, junto con las campañas multimillonarias de publicidad de estos productos, es unos de los elementos centrales en la conformación de lo que los expertos llaman el “ambiente obesogénico”. Sin “ambiente obesogénico” no tendríamos las epidemias de obesidad y diabetes en nuestro país.

Qué pasaría si esos puntos de venta comenzaran a introducir, como en el pasado, la venta de botanas basadas en semillas (cacahuates, pepitas, semillas de girasol, garbanzos, maíz y chicharos tostados, habas, etcétera), comenzaran a vender frutas y verduras de la región y la temporada. Qué pasaría si vendieran panes elaborados en panaderías de los barrios. Este proceso de reconversión es necesario no sólo para mejorar la salud, para recuperar el gusto de los niños y las niñas, también para fortalecer la economía local.

La prohibición de la venta de productos y bebidas no saludables a los niños en Oaxaca no prohíbe la comercialización de esos productos, solamente su venta a los niños. Esa prohibición permite que las mismas empresas puedan comercializar y vender a niños alimentos y bebidas si cumplen ciertos criterios. Es decir, se abre la posibilidad y se empuja a que se comercialicen productos más saludables, algo urgente en este país que tiene los más altos niveles de consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas.

La violencia en todas sus modalidades, se ha dicho en múltiples formas, constituye uno de los signos de nuestra sociedad. Y la estadística demuestra que, lejos de estar siendo contenida, va en incremento o, cuando menos, que hoy existe una cultura de la denuncia que va en aumento.

Todas las formas de violencia deben preocuparnos y ocuparnos, desde luego. Pero la violencia ejercida en contra de quienes son más vulnerables necesariamente debe ocuparnos más porque se trata de una manifestación de abuso que debemos erradicar.

¿Qué estamos haciendo para lograrlo? ¿Qué estrategias estamos instrumentando como sociedad para visibilizar el problema y atenderlo de manera eficaz? O quizá deberíamos preguntarnos ¿qué es lo que no estamos haciendo?, ¿qué es lo que nos falta por hacer?

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y agosto de este año se incrementó en 9 por ciento el número de llamadas para denunciar violencia específica contra la mujer, abuso sexual, acoso u hostigamiento, actos de violación, violencia de pareja y violencia en las familias.

Estamos hablando de un promedio de 150 llamadas diarias, es decir, una cada 10 minutos aproximadamente. ¿Qué dicen estas cifras de nosotros como comunidad? ¿Qué dicen de nuestra cultura y de los valores que individual y colectivamente practicamos?

No estamos aquí ante cifras de carácter anecdótico. Estamos ante el retrato de conductas delictivas cometidas a gran escala. Porque conductas como el abuso sexual, el acoso, el hostigamiento, la violación o la violencia física constituyen delitos tipificados en nuestro Código Penal.

Se trata de conductas para las cuales existen castigos específicos que claramente no están sirviendo de disuasores eficaces para impedir que ocurran. Decir lo anterior es necesario porque lo importante no es castigar a quien incurre en dichas conductas, sino evitar que ocurran.

Es necesario, desde luego, que cuando estos hechos infortunadamente se registren, las víctimas tengan la confianza para denunciarlos y se encuentren con una autoridad diligente y eficaz que investigue los hechos, integre el caso respectivo y lo lleve ante un juez para imponer la sanción correspondiente.

Pero lo deseable no es eso, sino que la cultura de nuestra sociedad se transforme de manera que resulte inaceptable para cualquiera el ejecutar tales actos. Mejor aún: lo deseable será que nadie considere siquiera la posibilidad de incurrir en ellos porque esté convencido de que se trata de conductas impropias de individuos civilizados.

Esa debe ser la meta y a lograrla deberíamos orientar todas nuestras energías. Para que la siguiente vez que revisemos el indicador veamos que el número de denuncias disminuye y estemos ciertos de que no es porque se esté denunciando menos, sino porque realmente está dejando de ocurrir.

La lealtad en un proyecto político es una de las cosas más complicadas de definir. Se entiende perfectamente que un líder pida a sus colaboradores que compartan la visión de país o de Estado que hay detrás de su ejercicio de Gobierno; no solo es plausible sino deseable. El problema es definir esa sutil frontera entre lealtad y complicidad, el momento en que la obediencia a ciegas que pide el Presidente se convierte en ceguera cómplice, cerrar los ojos ante algo que pueda ser incorrecto, ilegal o simplemente considerado por un funcionario como no correcto éticamente.

Lo que dice con toda elegancia Jaime Cárdenas en su carta de renuncia no es que no esté de acuerdo con el proyecto del Gobierno de López Obrador, sino que se le pidió hacer cosas ilegales o con procedimientos incorrectos. La administración pública no es para todos, en eso tiene razón el Presidente, porque a diferencia del común de los mortales, quien trabaja en el Gobierno solo puede hacer lo que la ley expresamente le permite, todo lo demás implica incurrir en falta. Cárdenas se fue porque le pedían operar decisiones no contempladas en la ley que hubiesen implicado que él como funcionario público incurriera en faltas administrativas sino es que en la comisión de delitos.

Cuando el proyecto de Gobierno está atravesado todos los días por la ocurrencia del momento la lealtad ya no es la visión de un grupo que encabeza el Presidente –una visión que le permitiría al funcionario público establecer una ruta de trabajo– sino una sumisión. Lo que le pedían a Jaime Cárdenas era una actuación urgente y fuera de la ley para ocultar el fracaso de la rifa del avión. Su deslealtad fue no haberse prestado al juego y eso le costó la denostación pública, que le acusaran urbi et orbi de desleal, falto de compromiso y hasta flojo.

Poco a poco la mazorca se va desgranando en el Gobierno y las voces disonantes y discordantes se van bajando del barco. El capitán no quiere oficiales que miren lejos, anticipen tormentas o propongan ajustes en el derrotero, ninguno que cuestione sus decisiones o tenga opinión propia respecto al manejo del barco, solo quiere marineros obedientes, que ejecuten las órdenes y canten loas.

No hay mejor lealtad que la de quien anticipa los problemas, pero esa lealtad no es ciega, por el contrario, es incómoda y reveladora. No hay peor ayuda que la del ciego cómplice, el que prefiere no ver para no molestar al tlatoani. Pueden los funcionarios públicos más convencidos cerrar los ojos y dejarse llevar, tener fe ciega en su líder y creer desde el fondo de su alma que el Presidente sabe mejor que nadie lo que quiere el pueblo y lo que necesita México. Lo que no pueden es cerrar los ojos ante lo que es ilegal porque los problemas futuros no los tendrá el Presidente, los tendrá el funcionario obediente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador fijó posición ayer ante la solicitud de los mandatarios estatales de la denominada “alianza federalista” de abrir un espacio de diálogo para estudiar alternativas a la propuesta de presupuesto de egresos para 2021 del Ejecutivo Federal. “Se mantiene”, afirmó lacónico en su conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con el mandatario, “no hay nada ilegal, no hay nada injusto” en la propuesta remitida al Poder Legislativo y si los gobiernos de los estados consideran que los recursos que les corresponderían el año próximo son insuficientes, “ellos tienen que buscar la forma de ahorrar”.

La respuesta no sorprende porque se trata de la fórmula en la cual López Obrador ha insistido a lo largo de los casi 21 meses de su gobierno: si no hay dinero suficiente en las arcas públicas, entonces solamente existe un camino para superar tal situación: la austeridad.

En esencia el planteamiento es correcto, aunque solo parcialmente. En efecto, frente a un ingreso disminuido necesariamente debe pensarse en implementar algún programa de austeridad de forma que los recursos existentes se utilicen con mayor eficiencia.

Pero esa no es la única respuesta posible. Al menos no en el caso del presupuesto de un país cuyo modelo de organización es un pacto federal, lo cual implica que la unión se logra merced al acuerdo de un conjunto de estados libres y soberanos que son, en la realidad jurídica por lo menos, la esencia misma del conjunto.

Desde esa perspectiva, la respuesta del Presidente es una que pareciera partir del supuesto -equivocado- de que la Federación es una suerte de orden jerárquico “superior” y por ello las entidades federativas y los municipios deben “subordinarse” a los dictados del centro.

El planteamiento es todavía más equivocado cuando se tiene en cuenta que la totalidad de los ingresos que la Federación capta a través de los distintos mecanismos de recaudación existentes son, en esencia, recursos generados en los estados de la República.

Tiene razón, desde luego el Presidente cuando plantea que el gobierno debe ser austero y que los recursos públicos deben utilizarse con eficiencia y para ello es necesario erradicar prácticas como la corrupción, el despilfarro y los gastos superfluos.

Pero los supuestos anteriores se utilizan una vez que el reparto de los recursos ha sido aprobado y no como un criterio de “castigo” derivado de conductas que constituyen, en tanto no exista un dictamen al respecto, solamente presunciones o supuestos.

Lo peor de la situación es que, con la respuesta ofrecida ayer, López Obrador pareciera haber cerrado la puerta al diálogo, lo cual acerca peligrosamente la posición presidencial al territorio del autoritarismo.

Es deseable que dicha postura sea flexibilizada, porque implica una pésima señal para la estabilidad y la gobernabilidad nacionales en un momento en el cual lo que más se requiere es justamente lo contrario.