Categoría: Editorial

Con todo el encono que durante la campaña le prodigó, las denostaciones, las referencias a su edad y a su agilidad mental, Ricardo Anaya Cortés, el derrotado candidato del PAN a la Presidencia de la República en el 2018, el que peleó por y quedó en segundo lugar, después de un auto impuesto retiro ha regresado, siguiendo los pasos de aquel que le ganó a la buena y a quien tanto criticó, el de los 30 millones de votos que hicieron trizas sus 12 millones: Andrés Manuel López Obrador.

Ricardo Anaya logró notoriedad cuando desde la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional acordó alianzas electorales con el PRD y Movimiento Ciudadano, solo para él, por encima de sus compañeros de partido que buscaban convertirse en candidatos a la Presidencia de la República, imponerse como tal, en medio de un mar de traiciones y juego político sucio. A él le debe el panismo también la salida del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y de su esposa y entonces legítima aspirante a la nominación presidencial albiazul, Margarita Zavala.

Anaya dividió al PAN como hacia tiempo no sucedía. Cuarteó las bases de ese partido y obtuvo en la elección del 1 de julio de 2018 100 mil votos menos que la candidata del PAN en 2012, Josefina Vázquez Mota. Este es un indicativo que ni sus correligionarios azules votaron en mayoría por él. Los estragos que dejó tras de sí, no sólo al servirse con la candidatura, sino al encabezar una campaña unipersonal que dejó a las bases y a los ideólogos panistas fuera de la jugada político electoral de aquel año, hicieron mella y siguen latentes.

Como pocos lo consideraron cuando decidió después de la derrota dedicarse a la academia y a la familia, menos le han puesto atención ahora que pretendió su triunfal regreso. La realidad es que en el PAN dejaron de ser una estructura vertical para convertirse en un partido de sucursales con líderes individuales en los estados, que ya no responden a su dirigencia nacional de manera gratuita, aun cuando Marko Cortés, el joven líder nacional azul, es hechura y albacea político de Anaya en ese instituto no tuvo ni la capacidad ni la entereza para unir el partido que Anaya dividió. Algunos se fueron con los Calderón en su ahora fallido intento por instaurar un partido político, otros se aventuraron en Morena, unos más se apropiaron de sus parcelas partidistas y los gobernadores se unieron entre ellos para combatir desde su trinchera, y no la de las siglas, los embates de la 4T.

En este escenario, Ricardo Anaya seguramente buscará y le concederán una candidatura plurinominal a la Cámara de Diputados, la que seguramente también ganará al ubicarse su nombre si no en el primer sitio de la lista de partidos, en los primeros tres renglones. De ahí se convertirá en líder de lo que resulte de la bancada del PAN en la Cámara Baja, y solo desde ahí, en calidad de Gobierno Legislativo, podrá hacer realidad eso que propone de “demostrar que nosotros lo podemos hacer mejor”.

Habrá qué ver qué tanto le funciona, pues a diferencia del líder de Morena, a Anaya lo persiguen fantasmas del pasado, de las traiciones de partido, de las negociaciones con otros partidos y con otros gobiernos que no eran los suyos, hechos que llegaron al terreno judicial, aunque pretenda curarse “anticipando” que le atacarán. Porque eso de hacerse la víctima, justificadamente o no, también es política electoral.

Ayer se realizó, de forma virtual, la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas, un foro en el que tradicionalmente se registra una amplia participación de jefes de estado y de gobierno del mundo entero. Un foro que regularmente sirve para que los mandatarios fijen posición en torno a los aspectos medulares de la agenda multilateral.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien tiene como una de sus políticas no viajar al exterior, decidió aprovechar la posibilidad de comparecer ante este foro global mediante un video previamente grabado.

Y aunque no existe un formato preestablecido para estas comparecencias, ni se deben ajustar a una agenda temática estricta, el mandatario mexicano decidió aprovechar la oportunidad para “recetarle” a sus pares de todo el planeta lo que bien puede calificarse como “un condensado de la mañanera”.

Al ver el video parece claro que, fiel a su costumbre, López Obrador no redactó previamente lo que pensaba decir, sino que improvisó una explicación de las razones por las cuales él promociona su mandato como la cuarta transformación de la vida pública de México.

Es dable suponer que, en la perspectiva presidencial, los dignatarios del planeta “necesitan” entender el tipo de gobierno que él está ejerciendo en México, pues de otra forma sería imposible para ellos percibirlo. López Obrador debe calcular que a los presidentes del resto del mundo no les bastan los informes de sus legaciones diplomáticas en México, o que desestiman cualquier informe que conozcan a través de los medios de comunicación.

Por ello quizá, decidió convertir su comparecencia ante la Asamblea General de la ONU en una suerte de síntesis de la historia de México, misma que incluyó al menos dos referencias que no pueden ser calificadas sino como expresiones desafortunadas, por decir lo menos.

La primera de ellas ocurrió cuando decidió reforzar su referencia a Benito Juárez con una anécdota: “fue tan importante su proceder y su fama que Benito Mussolini lleva ese nombre porque su papá quiso que se llamara como Benito Juárez”, afirmó.

La segunda vino ocho minutos después, cuando decidió hacer una referencia al tema del avión presidencial: “Les comento que había un avión presidencial existe todavía, pero está en venta. Ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo“, dijo el Presidente buscando hacer énfasis -es de suponerse- en las diferencias que separan a su administración de los excesos del pasado reciente de nuestro país.

Es cierto que López Obrador ha dicho en innumerables ocasiones que una de sus convicciones es que “la mejor política exterior es la interior”, pero su discurso de ayer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas quizá implica llevar esa idea demasiado lejos.

Porque ubicar a México como un actor relevante en el concierto de naciones y convertir a la nuestra en una voz que resulte digna de ser escuchada requiere mucho más que pretender que el público del foro multilateral más importante del mundo puede ser tratado con la misma displicencia con la cual se trata a quienes asisten cotidianamente a “La Mañanera”.

Imposible saber si la rijosidad de López Obrador es por diseño o es producto de su temperamento. ¿Cálculo político o rasgo de personalidad? ¿Se trata de una combinación de ambas? Quizá las andanadas de cada día en contra de sus adversarios sean producto de su carácter y de una trayectoria de opositor de tantos años, pero también de la creencia de que su belicosidad sirve a sus propios intereses de alguna manera. Lo cierto es que el Presidente dedica buena parte de cada mañanera a denostar al neoliberalismo, a los regímenes anteriores, a los intelectuales orgánicos que lo critican, a los empresarios y exfuncionarios corruptos, a la prensa adversa y especialmente al diario Reforma.

Hay quienes consideran que el Presidente sale beneficiado de esta cruzada implacable suya en contra de todo y todos los que no están a favor de los pobres. Y sí, sin duda denunciar la corrupción o los excesos de los expresidentes, descalificar a sus críticos con adjetivos llamativos, subir a la picota a los adversarios “del pueblo” hacen a López Obrador más popular entre los suyos. Pero también lo hace más impopular entre los que no lo son. Su categórico planteamiento: “si no estás con la 4T estás en contra de ella” es un llamado que obligaría a todos los mexicanos a decantarse.

Muchos mexicanos están encantados con un Presidente capaz de exhibir los trapos sucios de los poderosos que hasta ahora habían actuado impunemente. Si los tiempos no son propicios para que la 4T cumpla cabalmente las expectativas populares, al menos puede darles la satisfacción de hablar desde los resentimientos y exasperación de los muchos que durante décadas han sido víctimas. No han dejado de serlo, pero se están dando el gusto de que sean señalados con el dedo aquellos a los que consideran sus victimarios.

En ese sentido la belicosidad del Presidente podría ser también un estrategia calculada. Mientras fustigue a los “enemigos del pueblo” tendrá el apoyo de las mayorías que se siente reivindicadas, al menos verbalmente. Una consulta popular sobre la posibilidad de un juicio a los expresidentes puede no tener un sentido jurídico, pero tiene una lógica política impecable: genera el entusiasmo de aquellos que a lo largo de los sexenios percibieron la manera en que se gobernó a favor de los de arriba, lo cual no es poca cosa.

Al corto plazo la estrategia rinde frutos siempre y cuando el Presidente lleve bien el saldo de sumas y restas. Pierde el favor de los moderados, pero aumenta el fervor de sus simpatizantes. Supongo que en sus propias encuestas y sondeos AMLO asume que el balance sigue siendo positivo. Sin embargo, al mediano y largo plazo tal estrategia entraña un peligro mayor. La polarización que resulta podría provocar una inestabilidad intolerable. Sostener su popularidad mediante la crispación política puede traducirse en una multiplicación de los focos de conflicto. Lo mismo que propicia un aumento del fervor de los suyos provoca la frustración creciente de los que no están de acuerdo con él. Y la frustración y la molestia, aguijoneada por las provocaciones del Presidente, pueden conducir a la exasperación movilizante.

¿Para qué leemos? La respuesta más socorrida es para conocer más, aunque quizá la más realista es para entretenernos, para pasar un buen rato. Cual sea la respuesta que demos, lo cierto es que leer nos ensancha la mente, nos permite acceder a mundos desconocidos, nos confronta con aquello que nos es ajeno y por lo mismo con el otro. Leer nos hace más tolerantes y conscientes de las diferencias. Un buen lector se fascina con los mundos distintos, con la existencia de otros que no son ni piensan igual que él. Un lector, de libros, periódicos o revistas, tiene menos probabilidades de convertirse en un radical, aunque por supuesto hay excepciones.

Las lectores de información en redes sociales, por el contrario, lejos de ampliar sus horizontes empobrecen su visión del mundo. Merced a el famosos algoritmo, cuyo objeto es reafirmar los gustos de consumo, tiene un efecto sumamente perverso cuando se trata de posiciones políticas. El algoritmo no solo refuerza la visión política de los usuarios de las redes, pues por definición alimenta y refuerza su posición, sino que evita que el usuario tenga acceso a información que cuestione y contraste su forma de pensar.

El principal afectado de este proceso de radicalización es la democracia. Si bien en un principio las benditas redes le dieron voz a muchísimos ciudadanos que no tenían un canal de expresión, el efecto a mediano plazo ha sido la radicalización de las sociedades y la negación el otro. La lectura de contenidos en las redes sociales lejos de ayudarnos a entender otras formas de ver el mundo, otras formas de pensar que nos lleven a matizar nuestras posiciones políticas lo que han provocado es que solo leamos aquello que refuerza nuestras convicciones, pero sobre todo nuestros odios.

En alguna conferencia previa a la elección de 2018 una mujer, realmente consternada, me dijo que cómo iba a creer en las encuestas si ni entre sus amistades, las reales y las de Fecebook, no había nadie que fuera a votar por López Obrador. Más allá de lo patético que puede resultar el ejemplo, lo mismo sucede del otro lado de la cancha, hay personas que creen que efectivamente en México solo existe una punto de vista y es el de los seguidores del Presidente.

Las benditas redes han ayudado a polarizar el país, y en ese sentido sí son las mejores aliadas de López Obrador. Lo realmente grave es que las redes han creado un país de sordos, donde nos hemos dejado de escuchar, de atender argumentos, para atrincherarnos en las creencia, cualquiera que esta sea, y desde ahí insultar y denostar al otro convertido en enemigo.

No es anuncio de ninguna librería, pero leer más nos hará que entendamos que el mundo es más complejo, más diverso y por lo mismo más interesante que lo que nos dicen las redes sociales y los políticos que se ceban en ellas.

Uno de los temas que polariza opiniones en nuestra sociedad es el relativo al surgimiento de nuevos partidos políticos. En particular, porque muy pocas personas encuentran “útil” que cada cierto tiempo exista la posibilidad de integrar organizaciones que se incorporen a la competencia electoral.

Con independencia de la necesidad de garantizar el derecho de todas las personas de asociarse para la búsqueda del poder público, lo cierto es que existen buenas razones para la existencia de múltiples voces críticas hacia la forma en la cual se ejerce tal derecho.

Y en el caso de los partidos estatales -específicamente los de Coahuila- los señalamientos actuales tienen que ver, sobre todo, con la historia reciente de los comicios locales que han estado marcados por un conjunto de irregularidades que hacen desear que el proceso para formar nuevos partidos se vuelva más difícil.

Como se ha documentado, en el último proceso electoral de Coahuila todos los partidos estatales, excepto uno, perdieron su registro porque no obtuvieron el respaldo suficiente de los ciudadanos en las urnas, es decir, no cruzaron el umbral mínimo del 3 por ciento de la votación válida para seguir existiendo como opción electoral.

Pero cuando no terminaban aún de ser disueltos por esta causa, sus más prominentes figuras ya se aprestaban a solicitar un nuevo registro, pues nada impide que un partido “reviva” indefinidamente.

Y este hecho por sí solo no levantaría mayores comentarios si no fuera porque, antes de ser disueltos, dichos partidos fueron sancionados por haber incurrido en graves irregularidades en el manejo de sus finanzas, es decir, en la administración del dinero público que se les entregó para financiar sus actividades ordinarias y para buscar el voto popular.

Paradójicamente, este año podría ocurrir que, aun cuando se repita la historia de un magro respaldo popular en las urnas, los partidos locales de nueva creación -Unidos, PRC y Emiliano Zapata- pudieran mantener su registro como opciones políticas merced a una muy baja participación electoral.

De acuerdo con pronósticos ampliamente compartidos, el próximo 18 de octubre se podría registrar en Coahuila una de las participaciones ciudadanas más bajas de la historia, incluso por abajo del 30 por ciento de los electores inscritos en la lista nominal.

Si eso ocurriera, los partidos de nueva creación requerirían alrededor de 20 mil votos para cruzar el umbral que les garantice mantener el registro que recién obtuvieron, lo cual les abre la puerta al financiamiento público por al menos otro año y a la posibilidad de construir alianzas en el proceso electoral para la renovación de ayuntamientos en 2021.

De actualizarse este escenario, sería perfectamente legal que dichos partidos siguieran existiendo, pues habrían cumplido las reglas que establece la Ley. Pero eso no elimina la posibilidad de cuestionar si, con un número tan pequeño de votos, es “socialmente rentable” que organizaciones de este tipo sigan existiendo a costa del dinero que pagamos los ciudadanos.

Las imágenes que vimos anoche en nuestros televisores constituyen un hito en la historia moderna del País: una Plaza de la Constitución desierta en la que una llama ocupó el espacio central sustituyendo a las gargantas humanas que cada noche de 15 de septiembre corean –con absoluto fervor patrio– el “¡Viva México!”, que borra nuestras diferencias aunque sea sólo por unos instantes.

Se trata de imágenes para recordar y para aquilatar por lo que de trascendencia tiene el momento que la humanidad vive debido a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que ha logrado, en nuestro país, lo que no lograron nunca los elementos: impedir que nos reuniéramos para celebrar nuestra identidad.

Nadie desea que estas imágenes vuelvan a repetirse porque, por encima de nuestras diferencias, el “grito” es una ceremonia que nos recuerda de dónde venimos y que, como sociedad, tenemos un destino común que cada quien desde su trinchera contribuye a conquistar.

La peculiaridad de esta ceremonia sirve bien para recordarnos el sentido más profundo de la fecha cumbre de nuestro calendario cívico: la necesidad de trabajar en la construcción de mecanismos que nos hagan colaborar, más allá de nuestras discrepancias, para superar los retos comunes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores de los estados, los presidentes municipales y los representantes de nuestras legaciones diplomáticas alrededor del mundo recrearon anoche, más allá de sus diferentes orígenes políticos e ideológicos, un ritual que nos recuerda a todos que la gesta iniciada en 1810 por el cura Miguel Hidalgo constituye el inicio de la gestación del País que hoy somos.

La pandemia, que obligó a que los ciudadanos estuviéramos ausentes de las plazas públicas, hizo más evidente el sentido de identidad nacional en un momento de particular crispación política y de polarización social.

No hace falta que todos pensemos igual; no es necesario que todos abracemos el mismo credo, ni se requiere que todos nos suscribamos a las mismas ideas políticas. Lo que hace falta es que, como anoche, todos nos identifiquemos y nos reconozcamos como mexicanos, gritando a todo pulmón, desde la privacidad de nuestras casas, el orgullo de nuestra nacionalidad.

La “flama de la esperanza”, encendida en el corazón de la República, debería convertirse en un símbolo de la actitud con la cual debemos disponernos a contribuir a la construcción del espacio de inclusión que hoy, más que nunca, necesitamos para superar las múltiples crisis que nos aquejan.

No debe ser éste un símbolo político, no debe ser un estandarte ideológico, no debe ser un elemento de división o polarización. La esperanza en un mejor futuro debe ser una aspiración compartida por todos para, desde ese espacio común, ser capaces de unir fuerzas para avanzar hacia el futuro que todos deseamos.

La pandemia pasará. Sobreviviremos como especie a este grave momento de la historia. Pero lo más importante no es eso, sino cómo lo haremos. Si nos esforzamos por construir una visión común, el próximo “¡Viva México!” que todos entonemos nos encontrará en mejor posición para construir el País de mayor igualdad que todos los mexicanos merecemos.

El viernes pasado el Presidente Andrés Manuel López Obrador describió a Reforma como un pasquín inmundo. Le había colmado la paciencia una nota de ocho columnas publicada por ese periódico sobre la renuncia del Cabildo de Macuspana, del que forma parte la regidora Concepción Falcón, esposa de su hermano Ramiro López Obrador, vinculándola al señalamiento de un faltante de 223 millones en el presupuesto municipal.

El duro epíteto del Presidente en contra de Reforma parecería un exceso, aunque la nota del diario también lo es. Vamos por partes.

Lo que se sabe es que el Cabildo de Macuspana había renunciado el 2 de septiembre debido al cuestionamiento de varios sectores de la comunidad molestos por la inacción del presidente municipal y la parálisis de su Gobierno. En su carta de retiro el presidente municipal, Roberto Villalpando, pretextó haber sido víctima del COVID-19 y de las diferencias políticas complejas que “afectan la gobernabilidad”. Entre otras cosas, un grupo de indígenas tenía tomadas instalaciones municipales desde hace días. Frente a la renuncia del cabildo y sus regidores, incluyendo la cuñada del Presidente, el 5 de septiembre el Congreso del Estado dio por desconocida la autoridad municipal y designó un comité provisional. El día 11 de septiembre Reforma da a conocer la nota, que ya circulaba desde una semana antes en diarios locales y nacionales, pero ahora acompañada de un reporte de un trabajo en marcha de una comisión inspectora de Hacienda del Congreso local sobre algunas observaciones a partidas insuficientemente comprobadas en el ejercicio 2019 y 2020. El día 12, unas horas después de la reacción del Presidente, el Gobernador morenista de Tabasco afirmó que la revisión de las cuentas de 2019 están en proceso y que las de 2020 todavía no inician; hablar de desvío, dijo, o peor aún de fraude era una calumnia. Añadió que la pariente del Presidente, regidora de la comisión de Hacienda, no estaba involucrada en tareas relacionadas con el gasto del presupuesto. Sin embargo, la asociación que hizo Reforma de la renuncia del Cabildo con las observaciones del Congreso al presupuesto y la pariente del Presidente había conseguido lo que quería: “Cuñada de AMLO es vinculada a desfalco en Macuspana” tituló ADNpolítico; “Concepción Falcón: la cuñada del presidente López Obrador señalada por el desfalco de al menos 200 millones de pesos”, cabeceó Infobae. En redes sociales la información que circuló aún fue más contundente, dando por hecho la corrupción de la familia presidencial.

El problema con este litigio de carácter mediático es que la información termina siendo la primera víctima. Entre epítetos y críticas cuesta trabajo enterarse de lo que realmente está pasando. Los dos contendientes están tan empeñados en ganar que se muestran menos interesados en informar que en mostrar la perversidad del rival. Por consiguiente han terminado por construir una caricatura del enemigo. Ambos se acusan mutuamente de estar empeñados en una campaña de desprestigio, y lo peor es que ambos tendrían argumentos para demostrarlo.

En lugar de responder puntualmente con información sobre lo que está sucediendo en Macuspana, en este caso como en otros parecidos, el Presidente optó por descalificar al mensajero incómodo. Epíteto inmundo es el último de una larga lista de adjetivos peyorativos en contra de este diario.

Las escenas de las batallas campales entre la Guardia Nacional y los agricultores de Delicias, Chihuahua, son impresionantes. Cuando la policía enfrenta a manifestantes en reclamo de derechos –o lo que consideran que son sus derechos–, terminan invariablemente en abusos de fuerza, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se entere o no se quiera enterar.

Los campesinos de esa región de la frontera reclaman el derecho agua y están, por supuesto, en contra de que se pague desde esas presas la deuda, legítima y documentada, que tiene el Gobierno de México con el Gobierno estadunidense. En la decisión de cómo y de dónde pagar no fueron, por supuesto, consultados los campesinos; la decisión fue tomada unilateralmente por Gobierno federal a través de la Conagua. Y ese es justamente el tema: la gobernanza del agua en México está completamente rebasada. Cada día le cuesta más trabajo a la comisión que sus decisiones, buenas o malas, correctas o no, se operen. En su diseño institucional, pensada para el país de hace 30 años, la Conagua era la única que decidía sobre el destino del agua para evitar enfrentamientos entre los distintos usuarios de una cuenca. Detrás había un Gobierno central fuerte y bastante autoritario, pero con capacidad de imponer sus decisiones. No es que el Gobierno actual sea menos autoritario, sino que las comunidades son mucho más combativas.

Hoy, con recursos hidráulicos cada vez más escasos y comunidades con mayor capacidad de organización y más conscientes de sus derechos, la Conagua se topa un día sí y otro también con grupos dispuestos a oponer resistencia a resoluciones hechas desde el centro y con lógica técnica, quizá correcta, pero no por ello menos burocrática en el sentido literal de la palabra: decisiones tomadas desde una oficina, un escritorio. Lo mismo sucede si hablamos de los trasvases a Estados Unidos, de la presa de Zapotillo en Jalisco y Guanajuato, de la construcción de la termoeléctrica en Morelos o la concesión a una empresa cervecera en Mexicali. No se trata de si la decisión es correcta o no, siempre habrá discusión al respecto, sino de la capacidad política de una Gobierno para que esos proyectos se hagan realidad.

Más que reformas a la Ley de Aguas Nacionales (las últimas se hicieron en enero de este año) lo que necesitamos es una nueva gobernanza del agua, un mecanismo en lo que los usuarios de una cuenca participen en las decisiones en torno al la gestión y el uso de los recursos hidráulicos. Nada muy novedoso: en Holanda este tipo de gestión en la que los usuarios del agua toman sus propias decisiones data de la edad media.

Llevamos años diciendo que las batallas del futuro serían por el agua. Pues bien, el futuro ya llegó. Entre más tardemos en aceptarlo y en tomar decisiones al respecto más enfrentamientos, proyectos fallidos y encono social y, desgraciadamente muertes, vamos a acumular.

El Presidente del país ha anunciado que no promoverá el aumento de impuestos como se comprometió en su campaña. Lo anterior no significa que esta opción este cancelada ya que el Poder Legislativo pudiera hacerlo considerando las condiciones excepcionales que enfrentamos en las que es necesario y vital que el estado cuente con recursos suficientes para salir adelante.

Se plantea la necesidad de aumentar los impuestos a quienes concentran la riqueza, incluso, un grupo importante de multimillonarios han apoyado esta propuesta, para lograr una mayor distribución de los recursos fortaleciendo la inversión en salud, educación, vivienda.

Los impuestos a estos productos, llamados “determinantes comerciales de la salud”, se dirigen a cubrir parte de las externalidades que generan y a reducir su consumo. Esto ha sido ampliamente probado desde hace años con las medidas fiscales al tabaco y al alcohol mostrando un éxito en los dos sentidos: dando recursos al Estado y reduciendo el consumo, de manera especial en los sectores más vulnerables. Cuando los gobiernos han transparentado el destino de esos recursos a la salud o al financiamiento de programas a poblaciones vulnerables han mostrado no sólo un beneficio doble, también han generado un fuerte apoyo ciudadano a estas medidas fiscales.

El caso del impuesto a las bebidas azucaradas se ha convertido en otro ejemplo del éxito de estas medidas fiscales en el doble sentido de bajar el consumo y dar recursos a los gobiernos para políticas de salud o de apoyo a comunidades vulnerables. México fue el primer país en establecer un impuesto a estas bebidas en un grado que pudiera tener efectos en reducir su consumo. La experiencia de México sirvió de motivación para que diversas naciones y ciudades impulsaran esta medida y lo hicieran de manera mucho más efectiva. En México, desgraciadamente, el Gobierno de Peña Nieto estableció el impuesto a la mitad del mínimo propuesto, mientras la OMS recomendaba que fuera al menos de 20 por ciento se estableció en solamente 10 por ciento. Además, ni el Gobierno ni el Legislativo etiquetaron los recursos obtenidos por este impuesto para la prevención y atención de la salud o a programas dirigidos a sectores vulnerables.

El impuesto a bebidas azucaradas se ha extendido al Reino Unido, Portugal, Noruega, India, Bélgica, Hungria, Irlanda, Estonia y Filipinas, entre otras naciones, mientras en Estados Unidos se ha establecido en las ciudades de Albany, Berkeley, Boulder, Chicago (Condado Cook), Filadelfia, Oakland, San Francisco y Seattle. Después de México, en varios de estos países y ciudades se estableció el impuesto por 20 por ciento o más, como es recomendado, y se ha etiquetado el recurso para salud o programas sociales.

Las epidemias de obesidad y diabetes que vivimos y en las que encontró un buen caldo de cultivo la pandemia de la COVID-19 no pasarán con una vacuna, costará mucho más erradicarlas y sus daños son mucho mayores, ocurren año con año, mes con mes, día con día. Sin embargo, a diferencia del virus, estas epidemias tienen detrás un poder económico y de cabildeo que bloquea con muy diversas estrategias las políticas para enfrentarlas. Y empresas como Coca-Cola lo saben muy bien, los documentos internos lo han revelado, las medidas fiscales son las más efectivas para reducir el consumo de sus bebidas.

Desde hace varios años el movimiento de organizaciones de la sociedad en defensa de los derechos humanos ha adquirido fuerza y relevancia en nuestro país.  El desamparo en el que nos dejaron las autoridades estatales para la garantía de derechos civiles y políticos, pero también económicos, sociales y culturales hizo que grupos organizados fueran avanzando pasito a pasito en su reconocimiento y exigencia.

Históricamente a nivel regional y también en México, las organizaciones de base que muchas veces trabajaron en conjunto con los distintas iglesias, respondieron ante la falta de respuesta del Estado y fueron referentes en distintos movimientos sociales que miraban para el desarrollo de los pueblos. Con el tiempo fueron surgiendo otras organizaciones, apartadas de los religiosos y políticos.

El movimiento organizado de derechos humanos se convirtió en muchos casos en un acompañante de las más grandes luchas por la justicia y la verdad, por la dignidad y la libertad, pero también por la defensa de la tierra y el territorio de las comunidades sujetas a la explotación, a la corrupción y la impunidad que deriva de los grandes proyectos estatales que sólo brindan beneficios para los de arriba, y terminan rompiendo los tejidos y lazos comunitarios de los de abajo.

Obviamente, el trabajo que implica la organización, la defensa, las campañas, entre otras acciones de visibilidad e incidencia, no se paga solo y las personas que dedican su vida a la defensa de derechos humanos reciben un salario, en algunas ocasiones digno, en otras no tanto. Anteriormente, las organizaciones eclesiásticas lograban solventar estos gastos con el apoyo de sus diócesis y feligreses, sin embargo todas las demás, las que no tienen una afiliación religiosa o política, debían encontrar fondos de diversas fuentes: la filantropía, la cooperación internacional, las rifas, el boteo, las galas.

En México, a comparación de los países del norte y Europa, el desarrollo de la filantropía como una forma de trabajo de las empresas es algo reciente. Todo esto en referencia a la irresponsabilidad política del Presidente de inferir que un grupo de organizaciones operan de manera opaca y en base a intereses extranjeros para frenar el proyecto del Tren Maya. La semana pasada, su Coordinación de Comunicación Social, aparentemente, tuvo que solicitar una investigación externa  para verificar las fuentes de financiamiento de las organizaciones que están haciendo incidencia para frenar el mega proyecto hasta en tanto no se verifique el impacto a la población, se consulte con las comunidades que se verán afectadas y se prevean las mayores beneficios para estas. Esta narrativa estigmatizante es cada vez más recurrente en cada vez más países de la región: Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador, son un botón de muestra.

Las declaraciones del Presidente -para las cuales sólo le bastaba recurrir al SAT en lugar de solicitar una investigación externa- solamente ratifican la falta de reconocimiento de la importancia de la defensa de derechos humanos en un país donde el Gobierno nunca ha dado resultados y, más aún, de la necesidad de que todas y todos los ciudadanos seamos parte de los asuntos públicos, controlemos a las autoridades y avancemos hacia una democracia participativa. Su afán por desacreditar el disenso con base en información manipulada lo convierte en el cáncer del que él tanto se queja: en la fuente de desinformación y la raíz de la polarización.