Categoría: Editorial

Adela Navarro Bello

En dos años nueve meses, desde que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, y hasta agosto de 2021, las personas privadas de la libertad han incrementado en México, un 12.13 por ciento, pasando de ser una población de 197 mil 988 reos, a ubicarse en los 222 mil 18.

De acuerdo a las cifras del sistema penitenciario nacional, desde diciembre de 2018, cada mes, incrementan entre 800 y mil, las personas privadas de su libertad. Pero el incremento significativo, lo sitúan en la población privada de la libertad del fuero común. Donde en 2018 eran 165 mil 213, y para agosto del 2021 ascienden a 193 mil 580. Las personas privadas de la libertad del fuero federal, por el contrario, han decrecido: de 32 mil 775 en diciembre de 2018, pasaron a contabilizarse 28 mil 438 este 2021. Aunque no aclaran los delitos por los que se encuentran tras las rejas, conocido es que muchas personas que cometieron un delito federal, se encuentran en una prisión del fuero común, de hecho, el gobierno de la República también tiene menos penales que los censados en 2018, cuando contaba con 19, contra los 15 que hoy reconocen.

Del 100 por ciento de las personas privadas de su libertad, los 222 mil 18, el 42.9 por ciento, no está sentenciado, continúa siendo procesado, pero su juicio lo siguen tras las rejas.

Esta semana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se dejó ver molesto ante la resolución de la Corte del lunes 25 de octubre, que determinó inconstitucional la prisión preventiva oficiosa cuando se trate de delitos de defraudación fiscal, como de expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos, es decir, de facturas.

Sin agregarlo al catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, los delitos de defraudación fiscal, habían sido incluidos -en un decreto publicado el 8 de noviembre de 2019- en el delito de delincuencia organizada, que sí cuenta con prisión preventiva oficiosa, es decir, que, forzosamente quienes estén acusados del mismo, serán puestos tras las rejas en lo que se lleva el juicio que determinará si es responsable o no.

El presidente López Obrador, quien considera que los delitos de defraudación fiscal son cometidos por una minoría privilegiada, dijo al respecto de la resolución de la Corte: “Se trata de delincuentes de cuello blanco, entonces no pueden ir a la cárcel los fifís… Nosotros vamos a respetar la decisión de la Corte, porque queremos estar en un auténtico, en un verdadero Estado de Derecho”.

E insistió en que el cambio, se realice desde el mismo poder judicial: “Todavía es tiempo para que se reforme el Poder Judicial, que lo hagan en ellos mismos, pero esas decisiones no le ayudan al Poder Judicial. ¿Por qué no actúan así cuando se trata de hacerle justicia al pueblo raso?”.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, respondió horas después al evidente descontento del presidente de la República. Dijo en una publicación en redes sociales: “La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional”.

Y, de viva voz e imagen, a través de un video, compartió su posición al respecto, que, es evidente, contrasta con la del presidente de la República:

“Una persona debe estar privada de su libertad, o no, mientras se demuestra su culpabilidad, de eso trata la prisión preventiva oficiosa, en la mayoría de las democracias, salvo casos excepcionales, las personas se encuentran en libertad, salvo que haya ya una sentencia en la cual se acredita su culpabilidad, su responsabilidad. En México, desde hace mucho tiempo, hemos abusado de la prisión preventiva, muchas veces se detiene para investigar, y esto ha afectado, sobre todo a miles de personas pobres que no tienen la posibilidad de tener un abogado o una abogada de calidad, por eso la prisión preventiva oficiosa, aquella que se dicta en automático, sin valor las circunstancias del caso, es contraria a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto no implica que, sin prisión preventiva oficiosa, delincuentes peligrosos o que han defraudado de manera muy importante al país, estén en libertad, lo único que significa es que en estos casos, la juez o el juez, tendrán que dictar una resolución que justifique, que fundamente, porque una persona debe de estar detenida, mientras se resuelve sobre su responsabilidad. Se trata de avanzar en la protección de los derechos humanos de todas y de todos”.

Efectivamente, el 42.9 por ciento de la población privada de su libertad, lo está mientras es investigada y procesada para determinar si es responsable de los delitos que se le imputan, es decir, se presume inocente, pero está tras las rejas.

Algo que también hizo el presidente López Obrador, fue ampliar el catálogo de delitos considerados como graves, y por lo tanto que requieren de prisión preventiva oficiosa. A los siete ya existentes en la Constitución mexicana, abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, “así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud”, agregó: feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento y ejercicio abusivo, robo a transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, desaparición forzada, y delitos en materia de armas de fuego y explosivos.

De esta forma, hay más personas, que, presumiendo la comisión de un delito, son privadas de su libertad para investigar si son responsables o no.

De acuerdo a las declaraciones y videos del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, en su disertación sugiere que este fallo, favorece a las personas de escasos recursos, aquellas que no tienen para pagar un buen abogado que les garantice seguir un proceso en libertad, pues además, a criterio del Juez, del poder y del dinero, se dan casos donde el juzgador determina, con un criterio particular, quien continúa su proceso en libertad, y quien lo hace privado de la misma, lo que genera un ambiente desigual, justo lo que el presidente quiere erradicar del sistema judicial mexicano.

El presidente López Obrador, con su respeto a la Corte, con el alarde de un pleno respeto al Estado de Derecho, ha dejado la pelota, está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto la prisión preventiva oficiosa, lo hizo a partir de una determinación con la cual no está de acuerdo, pero lo hizo. Habrá que ver si en la Corte, continúan por ese camino, y reducen el catálogo de delitos considerados como graves, y con ello regulan aquellos que en realidad y por la gravedad del caso, merecen la prisión preventiva. Aunque esto signifique ir contra la política del presidente de la República y el populismo punitivo que trae como consecuencia la ampliación y exageración de la medida cautelar de prisión preventiva y de las penas para aparentar una reacción eficaz del Estado contra el delito.

Alejandro Páez Varela

Es primero de diciembre, 2024. Claudio X González Guajardo entra a Palacio Nacional después de una larga salutación. Estrena su escritorio. Abre la laptop: doble clic a un documento que titula: “lista negra”. Se pregunta, ahora sí, qué sigue: ¿ordena detener a todos los que están en ella? ¿Investigarlos? ¿Espiarlos-acosarlos?

Equis González se entera, entonces, que la lista plantea un primer reto: hay que clasificarla. Poco más de tres años antes había planteado anotar a todos los que por omisión (por no hacer nada) o por decisión (directamente lopezobradoristas) apoyaron el movimiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, anotar en una lista a todos los que no votaron por su alianza y caen en el estatus de “omisos” o “activos”.

El señor Equis ve con asombro que somos 126 millones 014 mil 024 mexicanos. Los únicos que no están en su lista son aquellos que votaron por PRI, PAN y PRD, partidos que dirige desde 2021. ¿Cuántos son? Ese año, 2021, votaron por el PAN 8 millones 969 mil 288; por el PRI, 8 millones 715 mil 899 y por el PRD, un millón 792 mil 700. Esos se salvan.

Pero los demás sí están anotados. La amenaza decía claramente que integrarían la lista negra por acción (son abiertos lopezobradoristas) o por omisión (los que ni fu ni fa). En total: 106 millones 536 mil 137 ciudadanos que no votaron por PRI-PAN-PRD.

Es aquí cuando el señor Equis se da cuenta que hay que clasificar la lista. Somos 126 millones, se dice; y algo se debe hacer con esos 106.5 millones, que son mucha gente. Pues a clasificar. No queda de otra.

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00:12 / 00:17

Ahora estamos en el presente. Claudio X González Guajardo defiende su derecho a hacer una lista negra. “No hay amenaza ni explícita ni implícita en mi comentario”, dice. La cuenta de Sí por México retuitea a quienes defienden al junior multimillonario pero sus partidos, PRI, PAN y PRD, guardan silencio.

Nadie se extrañe de su silencio. Mientras no consolide algo de lo que se ha propuesto, el señor Equis no pasa de ser un hijo mimado que vive de los miles de millones que su padre ha conseguido, en gran parte por sus nexos con el poder; no pasa de ser un “filántropo” de sombreros ajenos que no hizo el dinero que se gasta, ni puede garantizarle a los que se lo dan que podrá regresárselos porque, por un lado, ya no son deducibles sus donativos y porque, por el otro, sus proyectos no van tan bien como él quisiera.

La semana pasada, al cumplirse un año su movimiento, Equis González debió echar mano de la manipulación para inflar sus logros. “La Coalición Va por México más Movimiento Ciudadano tuvieron cerca de dos millones de votos más que Morena y sus aliados”, dijo. Mentira. Suma los votos de MC que no son suyos para hacer parecer como si todo fuera viento en popa. Y antes dijo: “La ciudadanía y la Coalición Va por México lograron arrebatar la mayoría calificada a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados”. Mentira. Morena nunca ganó esa mayoría calificada: la construyó para sacar su agenda.

Dentro de la coalición, no tardan en decirle al señor Equis quién manda. Pasará, anótelo. Quien manda, el que tiene el poder en la relación, no es él. Tampoco es el PRI, que quizás en los siguientes dos años pierda lo que le queda de gubernaturas. El que manda es el PAN. En 2024 no hay de otra: el PRI se vuelve oficialmente satélite del PAN y acepta que un panista sea su candidato, o no hay Va por México.

Mientras tanto, Equis González se entretiene en pensar cómo tomará venganza de los que no se compran su rol de multimillonario buena ondita y libertario a la Bruce Wayne, que de día come caviar y de noche toma no el traje de Batman, que no le da para tanto, pero sí el de progre rebelde, con cabello largo y sacos de pana con parches de piel.

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De regreso al primero de diciembre de 2024. Hay que iniciar –se dice el señor Equis– clasificando, dentro de la lista negra, a los intelectuales que defendieron o que no hicieron nada en contra del movimiento del Presidente. Agrega periodistas, activistas, escritores, actores y otras personas públicas. Ya quedó un primer grupo. Lo marca, dentro de la misma lista, con un color distinto: son los que tienen prioridad.

Con otro color marca a la burocracia federal, completa. Defendió o no hizo nada “para detener” el avance de Morena. Y mete en el mismo color a las burocracias de gobiernos locales de Morena. Listo. Ah, piensa el señor Equis, ¿y los líderes de Morena, PT y el Verde? Esos también tienen prioridad y se separan. Agrega de una vez líderes y funcionarios partidistas nacionales y locales (estatales y municipales).

El señor Equis ya está listo para citar a los titulares de la FGR, el SAT, la UIF, la Secretaría de la Defensa y la Marina para entregarles esa primera selección de su lista negra, pero recuerda que hay algunos moneros, columnistas, activistas y reporteros que lo lastimaron profundamente. Los separa. Y hay algunos empresarios y exfuncionarios que le caen mal, mal. Los separa. Y uno que otro, incluso un vecino que nunca simpatizó con él. Los separa.

Y ahora sí: el señor Equis tiene su lista marcada por prioridades. Y a por ellos. Se trata de poner el ejemplo y darles una lección. ¿Por dónde empezar?, pregunta el de Marina. ¿Les abrimos una investigación o los detenemos primero y ya veremos?, secunda el de la Fiscalía. El señor Equis no quiere perder tiempo: “Deténganlos y ya veremos”. Y los manda al sureste; PAN y PRI estarán de acuerdo en que mejor allá que acá, donde hay progreso. Se necesitarán lugares para meterlos: entonces pide campos de reeducación.

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Es la mañana de dos de diciembre de 2024 cuando Claudio X González Guajardo sale de Palacio Nacional, cansado pero satisfecho, aunque sabe que todavía hay que resolver el destino de otros 106 millones de mexicanos (la lista de colores apenas da unos 500 mil) que por omisión o acción permitieron el movimiento de López Obrador.

Por hoy resta descansar. Luego verá de qué se trata el cargo que asumió porque en realidad no ha trabajado en toda su vida. Dormirá bien porque mañana, con el nuevo día, acudirá al acto público en el que se dinamitará el Tren Maya.

“La dictadura ha sido derrocada”, piensa el señor Equis, y se queda dormido abrazando su lista negra de poco más de cien mil mexicanos que no le entregaron su voto por omisión, o que acción se abrazaron del lopezobradorismo.

Rubén Martín

Como suele ocurrir con las grandes revueltas y revoluciones, la de Chile ocurrida en octubre de 2019, la rebelión comenzó con una acción política aparentemente pequeña. Un grupo de chicas estudiantes de secundaria tomó la estación Santa Lucía del metro de Santiago de Chile para oponerse al aumento de la tarifa de ese sistema de transporte decretada por las autoridades dos semanas antes. Era el 17 de octubre de 2019 y al grito de “evadir, no pagar, otra forma de luchar”, decenas de chicas de secundaria comenzaban, sin saberlo, la mayor revuelta social ocurrida en ese país sudamericano.

A dos años de distancia, ese gesto insumiso y rebelde de las chicas de secundaria que se oponían al aumento del pasaje del metro de la capital chilena, no solo se convirtió en el más grande ciclo de protestas y estallido social en Chile, sino que derivó en el proceso de una convención que redactará una nueva constitución política para ese país.

La protesta contra el alza del transporte iniciada por las jóvenes mujeres de secundaria, se convertiría en los siguientes días en la mayor protesta social en Chile. El mensaje de “evadir, no pagar, otra forma de luchar” tuvo tanto eco en el resto de la sociedad, que a los días siguientes sacaron a las calles a millones de chilenos que protestaron no solamente contra el aumento del pasaje del metro, sino contra todos los reclamos acumulados a lo largo de 45 años de régimen neoliberal impuesto en Chile mediante una sangrienta dictadura iniciada el 11 de septiembre de 1973 con el golpe militar que derrocó y asesinó al presidente socialista Salvador Allende.

En seguimiento a la protesta de las chicas de secundaria, el 18 de octubre de 2019 comenzaron las manifestaciones masivas y cotidianas en Santiago y que a lo largo de esa semana se extendieron por todas las regiones y grandes ciudades chilenas.

La primera respuesta del gobierno del conservador Sebastián Piñera fue ordenar la represión en contra de los manifestantes y a la vez operó un macabro plan de construir un “enemigo interno” al qué declarar la guerra. Este “enemigo interno” eran los “vándalos y violentos” (“alienígenas” los llamó incluso la esposa de Piñera), que se dedicaban a saquear supermercados y destruir patrimonio urbano y del trasporte público.

Pero desde la sociedad se documentó que la gran mayoría de saqueos, destrozos en estaciones de Metro e incluso el incendio en un edificio de la empresa Entel fueron provocados por agentes del régimen. Con el intento de sembrar miedo y aplacar el estallido social, el gobierno de Piñera declaró el estado de excepción y el toque de queda en Chile y ordenó que los militares volvieron a las calles.

Ni la dura represión, que incluyó el disparo de perdigones que lesionó a los ojos a 500 chilenos, ni el estado de excepción aplacaron la protesta. El 25 de octubre de 2019 se convocó a una huelga general que desató la movilización más grande de la historia de Chile. Se estima que unos cinco millones de chilenos salieron a las calles ese día.

A partir de ese día, cotidianamente miles de chilenos salieron a las calles. En especial la protesta se concentró en la renombrada Plaza de la Dignidad, oficialmente nombrada como Plaza Baquedano y popularmente conocida como Plaza Italia. En ese sitio se conformó la punta de lanza de la movilización: la “primera línea” conformada por jóvenes especialmente de clases bajas y medias, que enfrentaban día a día la dura represión de los carabineros chilenos. En torno a la primera línea se sucedían grupos de protesta social acompañados de un conjunto autoorganizado de proveedores de municiones (piedras del adoquín de las calles), enfermeros, médicos y especialistas en limpiar los ojos para revertir los efectos del gas lacrimógeno arrojado por las fuerzas de seguridad.  Ni la pandemia que llegó en marzo de 2020 a Chile logró detener el estallido social.

Un papel destacado en el estallido social lo desempeñó el movimiento feminista que participó activamente en las protestas y que obligó a incluir en el reclamo social, la lucha contra la violencia patriarcal. El performance de la colectiva feminista las tesis llamado “El violador eres tú”, le dio la vuelta al mundo por su alta carga simbólica del reclamo feminista.

El estallido social puso en cuestionamiento el discurso de legitimación del régimen. Apenas un mes atrás, las clases dirigentes chilenas decían que esa nación era un “oasis” en el contexto de la pobreza y atrasos de las sociedades latinoamericanas y un ejemplo de desarrollo y crecimiento económico.

El 15 de noviembre de 2019, apenas un mes después de iniciada la protesta de las chicas de secundaria y extendida a toda la sociedad chilena, la mayoría de los partidos con representación en el Congreso de Chile aprobó convocar a un plebiscito para preguntar a los ciudadanos: “¿Quiere usted una Nueva Constitución?”. El plebiscito se llevó a cabo el 25 de octubre de 2020, y ganó por amplio margen la aprobación de una nueva constitución: 78.27 por ciento de los chilenos votó por esta opción.

La nueva constitución será redactada por una Convención Constitucional que fue votada el 15 y 16 de mayo de 2021. La convención encargada de la nueva constitución está integrada por 155 constituyentes elegidos de manera paritaria (78 hombres y 77 mujeres) y 17 representantes de pueblos originarios. Se espera que la nueva constitución quede completada en mayo de 2022, luego de un proceso de deliberación amplio y democrático en todos los sectores de la sociedad chilena.

De manera más que simbólica, los constituyentes eligió a Elisa Loncón una dirigente y académica del pueblo mapuche, como presidenta de la Convención Constitucional. Al ser electa, Loncón dijo: “Esta convención transformará el país y lo volverá plurinacional e intercultural”, agregó. Junto al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, la mayoría de la sociedad chilena espera que la nueva constitución entierre el modelo neoliberal que expropió y privatizó los recursos y bienes comunes de la sociedad y abra paso a un modelo que permita vivir con dignidad y paz. Si esto es posible, se debe al estallido social que comenzó con la protesta de decenas de chicas de secundaria hace dos años.

Salvador Camarena

Hace cosa de once meses la chiapaneca Patricia Armendáriz se entrevistó con Andrés Manuel López Obrador. La exfuncionaria de tiempos de Ernesto Zedillo recibió una invitación del presidente para convertirse en subgobernadora del Banco de México. Ella buscaba otra cosa.

Armendáriz declinó la invitación con un argumento sencillo. El Banxico tiene límite de edad (65 años) y ella lo había rebasado ya. A cambio, le pidió al tabasqueño ser diputada plurinominal. El presidente dijo que sí, pero le demandó que hiciera campaña. Hoy es legisladora en San Lázaro y eso no ha pasado inadvertido.

Este martes Armendáriz publicó un tuit que levantó ámpula. Dice así: “Pues pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia”.

No sé por qué publicó eso. Sé, eso sí, que ella es una persona que ha lidiado con situaciones harto complejas de nuestra política, en las que ha sabido distinguir que a pesar de versiones maniqueas, la realidad suele ser mucho más que blanco y negro. ¿Ejemplo? El vilipendiado rescate bancario de los noventa, donde ella fue protagonista.

La hoy diputada, que fue parte de lo que hoy conocemos como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicó en 2011 su versión sobre el Fobaproa. Lo hizo en el libro “Privatización bancaria, crisis y rescate del sistema financiero. La historia contada por sus protagonistas”, editado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

En ese volumen ella tiene un capítulo llamado “Privatización, crisis y rescate bancarios. Desde la perspectiva de la supervisión”.

Recomiendo leer el detallado recuento en primera persona de Patricia, en el que subraya que el gobierno mexicano cometió varios errores en la privatización bancaria, primero, y en la supervisión del manejo de esas instituciones, después, cosa que, en parte, agravó la crisis de 1994-1995.

El relato que hace Patricia es detallado y, hay que decirlo, cuidadoso al aportar elementos para que no se hagan juicios sumarios sobre todos los banqueros, o sobre la operación del gobierno al enfrentar la insolvencia de instituciones bancarias.

Llega a comentar que “uno de los grandes mitos sobre el rescate bancario” es que “se utilizó para salvar a los banqueros, además de los ahorradores. Se olvida o se ignora que sólo sobrevivieron cuatro bancos, y lo lograron porque la estrategia que siguieron antes de la crisis los diferenció de aquellos que se dejaron llevar por la euforia o prácticas fraudulentas”.

Cito otros dos párrafos: “Otro gran mito es que los banqueros defraudaron al gobierno con el intercambio masivo de cartera (…) que nos entregaron toda la basura que pudieron encontrar e inventar a cambio de dinero de los contribuyentes. La acusación reiterada es que no supimos o no quisimos valuar lo que se nos entregaba. (…) El 99% de los banqueros se comportó de forma seria y responsable. Varios nos entregaron las llaves del banco porque ya no podían más. Aunado a lo anterior, no sabían cuántas pérdidas adicionales y otras sorpresas desagradables podían surgir en el futuro”.

El texto de Patricia apunta, claramente, a que el gobierno falló porque no existía “capacidad de supervisión”. Eso “en medio de las arengas que buscaban ver sangre por parte de los partidos de oposición y la Auditoría Superior de la Federacioìn (ASF). (…) El gobierno mexicano había actuado de la mejor manera posible dadas las circunstancias. Esto, por supuesto, no les gustó a los perredistas ni a los panistas, pero lo cierto es que se actuó como se pudo y como se debió actuar”.

Voy a hablar bien de Patricia Armendáriz, de hecho voy a proponer que haga algo parecido a un rescate del sistema sanitario de México. O al menos una auditoría.

Con la experiencia que tiene del rescate bancario, y con su conocimiento de lo que implica llegar al fondo de una realidad a pesar de lo que digan quienes no están inmiscuidos en ella, ahora como diputada tiene toda la capacidad, y asumo que el apoyo presidencial, para pedir en San Lázaro la instalación de una comisión especial plural para investigar, desde el Legislativo, la realidad del desabasto de las medicinas en México.

La Patricia de los noventa, estoy seguro, podrá -tres décadas después-impulsar ese esfuerzo.

Y en vez de pedirle a los pacientes de terribles enfermedades que le envíen pruebas del desabasto, usar las capacidades legales que le da ser miembro del partido oficial en el Congreso para citar a funcionarios, recabar documentos, indagar en instituciones y aportarle a los mexicanos, sus votantes al final de cuentas, una versión puntual, con los claroscuros obligados, de lo que es verdad, y lo que no, del sonoro desabasto de los medicamentos en los tres años del gobierno de López Obrador.

Adela Navarro Bello

En por lo menos tres ocasiones, noviembre de 2020, agosto de 2021 y octubre de 2021, la FGR ha dicho que “va por Peña Nieto” (ahora sí), y ya suma el expresidente de México, cinco delitos: traición a la Patria, cohecho, lavado de dinero, asociación delictuosa y, el más reciente, delincuencia organizada, con el que dicen, podría alcanzar una pena de hasta 60 años. El problema es que más que investigación ministerial, parece arenga política. Porque todos los señalados, continúan libres.

De cuando en cuando y para subir los bonos que le bajan ante la deficiente procuración de justicia, la Fiscalía General de la República recurre a una campaña mediática de persecución contra quien consideran el más atractivo pez grande, el expresidente Enrique Peña Nieto, pero que finalmente no concreta.

Por lo menos en tres ocasiones ha informado, o entregado la exclusiva a un impreso de la Ciudad de México, para arengar que ahora si, “la FGR va por Enrique Peña Nieto”.

Hace casi un año, el 12 de noviembre de 2020, el periódico Reforma develó que en el expediente sobre el caso de los sobornos de la compañía brasileña Odebrecht, al expresidente Peña Nieto “se le señala directamente como el principal responsable de los delitos de cohecho y traición a la Patria”. La información se había obtenido de una orden de aprehensión presuntamente girada contra el exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y otra contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

“Enrique Peña Nieto fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral. Cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex”, citó en aquel momento Reforma sobre la orden de aprehensión.

A la fecha, Videgaray permanece libre, ateniendo asuntos en el extranjero y desde donde se ha defendió; Lozoya es un protegido por el Estado Mexicano, en calidad de testigo colaborador. Peña Nieto se sabe, lleva una vida libre de persecución real.

Luego, en agosto del 2021, se “liberó” parte de la investigación ministerial en el proceso contra el exsenador Jorge Luis Lavalle. Y la FGR, arengó una vez más que ¨Van por Peña Nieto”, Luis Videgaray y Ricardo Anaya, el exdiputado federal y excandidato a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, en esta ocasión por los delitos de asociación delictuosa, cohecho, y lavado de dinero.

Entonces sustentaron que los millones de dólares entregados por los ejecutivos de Odebrecht, a cambio de recibir contratos, fueron depositados en cuestas en las Islas Vírgenes Británicas, y posteriormente retirados en efectivo.

Hace unos días, por ahí del 9 de octubre, la periodista Lourdes Mendoza, reveló en sus redes sociales, como plácida e impunemente, su acusador, (la señala de haber recibido una bolsa de diseñador por parte de Luis Videgaray), Emilio Lozoya, departía con amigos en un restaurante de la Ciudad de México, sin grillete electrónico, sin supervisión ministerial, libre gozando de la buena vida.

Menos de diez días después, la FGR, señalada de ser una institución al servicio de lo que fue la mafia en el poder, encarnada en este caso por Lozoya, el acusado y evidenciado por los ejecutivos brasileños de haber recibido 10 millones de dólares en sobornos, emitió el 18 de octubre de 2021, una nueva campaña mediática de persecución contra el expresidente.

En esta ocasión, el periódico Milenio dio a conocer la información, revelando que ahora la FGR, buscará imputar el delito de delincuencia organizada, tanto al expresidente Enrique Peña Nieto, como al exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y también al excandidato panista a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortez. Los tres, mencionados y supuestamente empapelados, en el mismo caso de Emilio Lozoya Austin.

“Tras más de un año de indagatoria en el que el Ministerio Público acusó a los involucrados en el caso de delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, ahora la FGR recurrirá a un delito que implica cárcel forzosa y una pena que alcanza hasta los 60 años de prisión”, detallaron en Milenio.

Informaron además que el 2 de septiembre, “la Unidad de Investigación emitió un acuerdo en el que remitió a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada la carpeta de investigación FED/SEIDF /CGI-CDMX/0000865/2020, que se inició a raíz de la denuncia de Lozoya realizada en agosto de 2020”.

A su vez, que Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada, determinó: “esta Representación Social de la Federación considera que los hechos investigados podrían constituir alguno de los delitos de delincuencia organizada competencia de esa Fiscalía Especializada”.

La acusación, basada en los dichos de Lozoya, indica que tanto el expresidente como el exsecretario de Relaciones Exteriores, fueron quienes recibieron el soborno de Odebrecht “a través de Emilio Lozoya”, dinero mal habido que utilizaron, tanto para la campaña presidencial de 2012, como para la entrega de sobornos a legisladores, entre los que se supone está Ricardo Anaya, para aprobar las “reformas estructurales” del sexenio de Peña, particularmente la energética.

Entonces, resumiendo, en noviembre 2020 la FGR imputaría al expresidente Peña Nieto dos delitos; en agosto de 2021, otros dos, y el 18 de octubre de 2021, uno más. En total, de acuerdo a las tres veces que desde la FGR han amenazado con ir por el expresidente priista, éste ya ha acumulado cinco delitos: traición a la Patria, cohecho, lavado de dinero, asociación delictuosa, y ahora, delincuencia organizada… y sin embargo, nada sucede.

Lozoya goza de una libertad “legal, pero inmoral”, resumiría el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Videgaray hace lo propio en el extranjero, al igual que el expresidente Enrique Peña Nieto, mientras Ricardo Anaya, se dice perseguido político y busca asilo, que no ha encontrado, en los Estados Unidos de Norteamérica.

Total, que la FGR más que procurar justicia, realiza campañas mediáticas, amenazando con la investigación y posterior aprehensión de un expresidente, pero sin dar resultados tangibles. Ahora sí, que mucho ruido y pocas nueces. A ver para cuándo Fiscal.

Dolia Estévez

Todos los gobiernos, pero especialmente este, pecan de adanismo: presumir de que es la primera vez que se hace algo. No es la “primera vez” que el Gobierno de Estados Unidos se compromete retóricamente a reducir la drogadicción en su país y el flujo de armas de fuego a México, como alega la 4T. Lo mismo prometió hace 25 años cuando se creó el Grupo de Contacto de Alto Nivel para el Control de Drogas entre México y Estados Unidos (GCAN), esquema que hoy revive, con sus bemoles, el nuevo Entendimiento Bicentenario dado a conocer a inicios de mes.

Lanzado en marzo de 1997 en la capital mexicana, en presencia de secretarios Estado de Zedillo y Clinton, el GCAN partió de la premisa de “responsabilidad compartida” y puso en el centro del debate la reducción del flujo de armas ilegales y el consumo de drogas, tal y como hoy lo hace el reciclado Bicentenario.

Los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu, en 1994, y del Cardenal Posadas, un año antes, con armas traficadas de Estados Unidos, impartieron un sentido de urgencia al tema del tráfico ilegal de armamento, que ha sido un irritante permanente en la relación bilateral.

México intensificó la retórica en foros internacionales y sus diplomáticos el cabildeo en el Capitolio. Pero la legítima demanda mexicana se estrelló contra la misma realidad que hoy existe para cambiar el status quo: las permisivas leyes de acceso a las armas. En defensa de esas leyes se yergue uno de los lobbies más poderosos, la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

Con base en una interpretación fanática de la Segunda Enmienda, que protege el derecho a poseer armas de fuego, la NRA invierte miles de millones de dólares en campañas publicitarias y de desprestigio contra todo aquel que se atreva a promover el endurecimiento de las leyes sobre armamento.

En las décadas transcurridas desde el GCAN, el tráfico ilegal de armamento a México y la drogadicción en Estados Unidos sólo han empeorado. Más y más poderosas armas y explosivos ingresan diariamente a México sin ser decomisados.

De manera paralela, las muertes por drogas sintéticas como el fentanilo, opioide analgésico hasta 100 veces más potente que la morfina, alcanzan niveles no vistos. En las últimas dos décadas, 841 mil personas han muerto por sobredosis. Más del 70 por ciento de las 50 mil muertes registradas en 2019 fueron por opioides.

Lo mismo se puede decir de la violencia con armas de fuego. En 2020, año de la pandemia, perdieron la vida 20 mil personas en tiroteos y 24 mil más se suicidaron. Números récord. Las estadísticas de los primeros nueve meses de 2021 indican que este año puede ser peor. Las armas de fuego son usadas en 75 por ciento de los homicidios y en 51 por ciento de los suicidios.

Estados Unidos es el único país avanzado donde hay más pistolas que población, 393 millones de armas contra 327 millones de habitantes. La sed armamentista es cada vez más insaciable. Hoy el ciudadano común puede comprar armas altamente destructivas como fusiles de francotirador calibre 50.

El apabullante poder de fuego de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa es testimonio del rotundo fracaso de las políticas de ambos gobiernos para controlar el tráfico ilegal de armas.

Priorizar el combate al tráfico de armas es más una medida táctica para equilibrar las presiones de Washington sobre cárteles y extradiciones que una estrategia con posibilidades de éxito. Los éxitos de las últimas décadas, si se le puede llamar así, se han dado en los ámbitos de gestión y de la diplomacia.

El Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), cuyos agentes federales operan en la Ciudad de México desde 1992, abrió oficinas en nueve puntos de la República mexicana para reforzar el rastreo de cientos de miles de armas decomisadas. Esto, sin embargo, no ha resultado en acusaciones penales o detenciones significativas de traficantes e intermediarios en Estados Unidos.

Clinton firmó la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, propuesta por México en la Organización de Estados Americanos, pero no ha sido ratificada por el Senado debido a la oposición republicana. Y la Organización de Naciones Unidos aprobó el Protocolo de Armas de Fuego que, nuevamente, Washington firmó, pero el Senado no ratificó.

Medidas simbólicas que no han tenido ningún impacto práctico en los escenarios de violencia; 2.5 millones de armas cruzaron ilegalmente la frontera con México en la última década. Hoy México es más violento y peligroso que hace 25 años. La correlación entre el aumento del contrabando de armas y el alza de homicidios es un hecho probado.

La indignación por las masacres en la primaria Sandy Hook en Connecticut en 2012 y la preparatoria Stoneman Douglas en Florida en 2018, en las que perdieron la vida decenas de niños y adolescentes, no produjo el cambio en la legislación de armas que muchos impulsaron. Todo sigue igual.

Biden exhortó en marzo pasado a reimponer la prohibición de los rifles de asalto. El fin de la prohibición en la venta de ese tipo de armas en 2004 fue el detonado que saturó a México de AK-47 y AR-15. También pidió al Congreso de su país adoptar medidas más estrictas sobre el control de armas tras otro tiroteo mortal, esta vez en un supermercado de Colorado, pero sus exhortaciones no tienen eco por falta de consenso político.

El tema de las armas es una batalla perdida en tanto prevalezca el nudo gordiano de poderosos intereses creados que pelean todo y cualquier cambio. Los esfuerzos bilaterales de las últimas décadas son un caso en el que las leyes internas y la idiosincrasia de un país operan en dirección opuesta a ciertos enunciados de su política exterior. Paradójicamente, el obstáculo número uno para poder reducir el flujo de armas a México está intrínseco en el marco legal y en la cultura estadounidenses.

Rubén Martín

Acostumbrados y adormecidos por un sistema político de democracia representativa, partidocéntrico, donde se otorga un papel central a la clase gobernante y de paga, en los medios se pone poca atención a los actores políticos que no participan en la política de arriba, sino en la de abajo y con los pueblos. El Congreso Nacional Indígena (CNI) es uno de los actores políticos más relevantes del país y este pasado 12 de octubre cumplió 25 años de fundación en la Ciudad de México, como espacio de articulación de la mayoría de los pueblos originarios de México.

Está compuesto por los siguientes pueblos del territorio que hoy se nombra México: amuzgo, binnizá, chichimeca, chinanteco, chol, chontal de Oaxaca, chontal de Tabasco, coca,  comcac, cuicateco, cucapá, guarijío,  ikoots, kumiai, lacandón, mam, matlazinca, maya, mayo, mazahua, mazateco, mixe, mixteco, nahua, ñahñu/ñajtho/ñuhu, náyeri, popoluca, purépecha, rarámuri, sayulteco, tepehua, tepehuano, tlapaneco, tohono oódham, tojolabal, totonaco, triqui, tzeltal, tzotzil, wixárika,  yaqui, zoque, afromestizo y mestizo.

Su importancia deriva de que el CNI se convirtió en el principal espacio de articulación y organización de la mayoría de los pueblos indígenas del país que siguen padeciendo la guerra de conquista de sus territorios y de sus bienes comunes. Para quienes piensen que esta afirmación es exagerada les invito a leer los “Espejos de la resistencia” en la misma página del CNI donde se presentan, en resumen, las resistencias frente a ataques y despojos que padecen al menos 27 comunidades originarias organizadas en este espacio de articulación indígena.

No hay semana en que un pueblo originario no presente una denuncia por intentos de despojo de sus tierras ancestrales o de ataques o criminalización a miembros de sus comunidades. El CNI se convierte en un espacio de resonancia que permite que esas luchas, a veces aisladas y muchas veces apartadas en la geografía, logren visibilización y así resistir y convocar acciones para defenderse.

El CNI nace como espacio organizativo de los pueblos indígenas, como parte de las resonancias e impactos que generó el alzamiento de las comunidades mayas zapatistas organizadas a través del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Y asume además los siete principios del Mandar obedeciendo zapatista: 1) obedecer y no mandar, 2) representar y no suplantar, 3) servir y no servirse, 4) convencer y no vencer, 5) bajar y no subir, 6) proponer y no imponer, y 7) construir y no destruir. Estos principios llaman a llevar a cabo una política muy distinta a la que lleva a  cabo la clase política profesional que se practica justo en el sentido contrario del mandar obedeciendo: manda, suplanta, se sirve del cargo, siempre busca subir, impone y destruye y divide las comunidades y a la sociedad.  No sin contradicciones, en el CNI se busca que la política del mandar obedeciendo sea un conjunto de principios que eviten caer en los vicios de la política profesional.

Si bien las luchas y las resistencias indígenas son seculares en México, es decir han existido antes y después de la conquista española, a finales del siglo pasado las luchas indígenas estaban aisladas y debilitadas. Tras el alzamiento del EZLN del 1º de enero de 1994, los pueblos originarios iniciaron otro ciclo de organización que concluyó con el Primer Congreso Nacional Indígena en octubre de 1998.

Desde entonces se han celebrado cinco congresos más del CNI: el II en la Ciudad de México, el III en Nurío, Michoacán, como parte de las actividades de la Marcha del Color de la Tierra, que llevaban a cabo junto al EZLN. El IV se celebró en 2006 en San Pedro Atlapulco, Estado de México.

El V CNI se celebró en octubre de 2016, en el marco del vigésimo aniversario de su creación, y donde se conformó el Concejo Indígena de Gobierno (CGI) nombrando a María de Jesús Patricio como su vocera y postulándola como candidata independiente a la presidencia de la república para las elecciones de 2018. Al final no completó las firmas requeridas y no apareció en la boleta, pero la vocera logró hacer un recorrido por todo el país y reforzar los lazos de encuentro al interior del CNI. En estos días María de Jesús Patricio forma parte de la delegación del CNI que hace un recorrido por Europa, junto a la delegación del EZLN, como parte de la iniciativa política que los zapatistas han llamado Travesía por la vida.

A 25 años de su creación, el CNI anuncia la intensificación de sus agresiones a sus territorios, incluso hoy que un supuesto partido de izquierda gobierna desde Palacio Nacional. En su manifiesto por su aniversario, el CNI declaró: “A 25 años de esta lucha de resistencia y rebeldía, decimos claro: queremos nuestros territorios libres de megaproyectos de muerte. No queremos el tren Maya que convierta todo el sur sureste de nuestro país en un eslabón del capital trasnacional, en las vías y sus alrededores, la extracción, contaminación, destrucción, despojo y privatización en toda la región. No queremos el corredor transístmico que convierta en una fábrica de energía eólica, maquilas y explotación de minerales zonas enteras desde el océano Pacífico hasta el golfo de México, ni queremos el Proyecto Integral Morelos que atenta contra el territorio de comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos en los pueblos del volcán Popocatépetl y que reprime con la muerte a quienes cuestionan o se oponen, como al compañero Samir Flores Soberanes”.

A 25 años de su fundación, el CNI se ha convertido en un espacio de organización importante para los pueblos que sufren las consecuencias del colonialismo moderno que llega con nombres de proyectos mineros, turísticos, eólicos, o inmobiliarios. Por fuera de los partidos y muchas veces enfrentados al gobierno y al capital, los pueblos resisten en esta red de solidaridad y encuentro que es el CNI.

Ernesto Hernández Norzagaray

“Nuestros platillos están hechos con ingredientes de la mejor calidad, cuidando cada detalle con recetas clásicas y presentación exquisita”, es el mensaje de bienvenida que da la cadena de restaurantes Hunan de la Ciudad de México a su selecta clientela.

No es inusual, sino la constante, en este tipo de establecimientos, donde fue sorprendido Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, departiendo con amigos cuando se supone está bajo alguna figura de arresto domiciliario por su presunta complicidad en actos de corrupción de la pasada administración federal.

No está mal que alguien disfrute de las viandas, si puede pagar esas bondades gastronómicas, y pueda departir solo, con su familia o amigos. Quizá, lo único, con lo que no cumple el negocio, es con la otra máxima que estimula cuando afirma que es “un lugar en el que puedes confiar”, y no por la calidad de sus platillos o los vinos que se sirven, que son de una buena gama, sino porque cualquiera con smartphone puede acabar con la privacidad de sus clientes.

Y fue el caso de Lozoya Austin, quien confiado nunca imaginó -porque, quizá, antes ya lo había asistido a este tipo de restaurantes- que sería sorprendido por la periodista Lourdes Mendoza, quien lo tiene demandado y le habría tomado las fotos, que luego se hicieron públicas y el tema escaló hasta llegar a ese territorio donde se está, a decir por los voceros del Gobierno de la 4T, limpiando la corrupción. De arriba hacia abajo. Y, con los mejores insumos sanitizantes.

Y es que el señor Lozoya Austin estuvo un tiempo prófugo en España -se dijo, incluso, que bajo el amparo de la mafia rusa- y le habrían tenido a todo lujo en una residencia de alta gama en la paradisíaca Marbella. Nunca se confirmó esta versión y muy probablemente es falsa, porque si de dinero se trata, las alforjas de este personaje ubicuo de los gobiernos del PRIAN no necesariamente estaban vacías. O, al menos, que haya sido el tonto del pueblo. Sólo en el affaire de Odebrecht se habló de una decena de millones de dólares y, bueno, cómo dice ese dicho tan nuestro: “el que da y reparte le toca la mejor parte”.

El caso es que fue sorprendido en Marbella gracias a la ficha roja que la FGR había emitido con fines de captura internacional, y la Interpol hizo su trabajo de localización y lo llevó primero a una cárcel valenciana, donde pasaría unos meses antes de ser traslado en calidad de detenido a México, lo que fue una estrellita en la frente para nuestra justicia.

A la vista de todos se cumplía la oferta de AMLO de que durante su Gobierno no habría impunidad. Vinieron los aplausos y aparecieron algunos rostros sombríos. Se esperaba una bola de nieve llevándose a su paso a decenas de exfuncionarios públicos involucrados en el caso corrupto de Odebrecht. Paso una semana, luego meses y ahora años, y el señor Lozoya nunca pisó el penal del Altiplano o algunos de los reclusorios de la Ciudad de México. Es más, ni un juzgado.

Entonces, aquellos aplausos tronantes se fueron apagando y los rostros sombríos se alumbraron con la intensa luz de un perdón nunca pedido. Un día, recordaremos, AMLO al no tener mejor tema para su conferencia “mañanera” sacudió al Fiscal Gertz Manero cuando atrajo el tema diciendo que había pasado tiempo “y no había resultados”.

No obstante, AMLO dijo que seguía confiando en el Fiscal, en este escándalo de corrupción que había aceitado la maquinaria clientelar de la elección presidencial de 2012. Vinieron las ocho columnas que siempre provocan las conferencias mañaneras con regularidad y el fuego mediático se fue apagando paulatinamente. No volvió a mencionar el tema en meses y tampoco recriminó nuevamente en quien él “confía” aunque no le brinde resultados.

Al final el Presidente tiene mucha tela de donde cortar siendo México un país tatuado por la desigualdad y la polarización. Y, también, unos medios habidos de sus declaraciones contundentes para el consumo de sus lectores.

Pero que el tema Odebrecht se haya apagado mediáticamente no significa que haya dejado de existir. Ahí está para las necesidades del Presidente y lo puede utilizar cuando le sea más oportuno y útil. Cuando necesite un “estate quieto”, como hace unas semanas, lo utilizó para acalambrar y poner en fuga a Ricardo Anaya, que, desde entonces, está en paradero desconocido. Sin embargo, aquel, también, busca administrar su miedo de ser capturado sin dejar de pensar para su foro interno que es el candidato que necesita la oposición.

Pero, volviendo a lo sucedido en el restaurante Hunan, cuando Lozoya Austin fue sorprendido degustando una entrada de deliciosos dumplings de camarón frito y un surtido de tesoros marinos, que seguramente se le atoraron en el cogote. Apuro, eso sí, un buen trago de un Chablis para saciar el malestar. Pero, en lo que jalaba aire, las imágenes probablemente ya circulaba en el ciberespacio, y le agrió también la cena al señor Gertz Manero, quién por alguna razón se imaginó que sería tema de la “mañanera” del día siguiente. Y no le faltaba razón a su sospecha porque el Presidente acarició el tema y soltó su opinión sobre el video : “Yo creo, dijo, que es legal, pero es inmoral, el que se den estas cosas, es una impudencia para decir lo menos, un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido -se le llama de otra manera, pero eso es una gente que está recibiendo un trato especial- porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo, en el sexenio anterior, incluso desde Calderón”.

Y, refrendó su confianza en el Fiscal: “Ojalá y la Fiscalía informe, sobre este asunto. Tengo confianza en el Fiscal Alejandro Gertz Manero y espero que alcance el tiempo y se haga justicia como todos los mexicanos exigen la ley. Tiene que haber justicia pronta, expedita, pero yo espero que la Fiscalía informe cómo va el juicio”.

No hay a la vista nada que lleve a suponer que la Fiscalía saldrá a decir, como lo hizo con el tema del affaire de Conacyt, y los “científicos corruptos”, aun cuando en todo este tiempo partimos de que el señor Lozoya ya aportó todo, o lo mejor, que tiene en su poder y no ha habido, hasta donde se sabe, citatorios para los directa o indirectamente involucrados en los actos de corrupción y el financiamiento ilegal de campañas electorales. Es más, Lozoya dijo que ya había cumplido con su parte pero que el Fiscal tiene como prioridad el affaire de los funcionarios y científicos.

En definitiva, lo único cierto hasta ahora son las imágenes, la molestia del Presidente y la falta de resultados de la Fiscalía, ah, pero también, la comida del restaurante Hunan que se caracteriza una gastronomía donde dominan los chiles, ajos y chalotes. Algo, que está comprobado, sí pica.

Alejandro Calvillo

Las decenas de miles de documentos internos de Facebook que se han filtrado pueden ser tan importantes o más que los de Pandora, por el simple hecho de que muestran como esta plataforma, junto con la de Instagram, puede influir y, en muchos casos, manipular a nada menos que 1.8 mil millones de suscriptores, es decir, 60% de toda la población mundial conectada a internet. Nunca ha existido un medio con esa capacidad de llegar a tal porcentaje de la población mundial y menos aún con su capacidad persuasiva y sus intenciones de sacar provecho de los extremismos y la degradación sicológica.

No puede pensarse la polarización política, llevada a los extremos, y la expansión masiva de las teorías conspirativas, sin los algoritmos de Facebook que les fortalecen. La política ya no es la misma con Facebook e Instagram.

Los cambios en los algoritmos de Facebook con el objetivo de que los usuarios permanezcan más tiempo en la plataforma, lo que significa más anuncios y mayores ganancias a la empresa, se han hecho a costa de la democracia y la salud mental de la población. Uno de los documentos revelados corresponde a comunicaciones de partidos políticos europeos a Facebook molestos por un cambio en el algoritmo que favorece los mensajes violentos, la radicalización de las posturas. Este algoritmo da mayor permanencia a los usuarios y mayores ganancias a la empresa. Los partidos políticos señalan que el cambio en el algoritmo los empuja a posturas más negativas en sus comunicaciones en Facebook, obligándoles a posiciones políticas extremas si quieren tener la presencia que buscan en la red.

Así como FB empuja a los partidos políticos a una mayor confrontación y tensión política más extrema, también lo hace con los individuos a través de las teorías conspirativas. Basta cierto interés en estas teorías en el perfil de un usuario para que comience a recibir una oleada de mensajes que reforzarán esa postura, llevándole cada vez más, al extremo. Frances Haugen, exempleada de Facebook, que compareció ante el Congreso y reveló una serie de documentos internos de la empresa al Washington Post, cuenta que entró a Facebook para trabajar contra la desinformación a partir de que había perdido a un amigo que se hundió en las teorías conspirativas a través de estas plataformas.

Los empleados de Facebook que trabajaron en áreas que la empresa había abierto para lidiar con las denuncias de falta de ética y de desinformación, como la de responsabilidad cívica o la encargada de elaborar políticas de protección contra ataques porno a personas específicas, han declarado lo mismo: Facebook da prioridad a las ganancias por encima del interés público y la democracia.

Lindsay Blackwell renunció a la empresa en noviembre de 2020 después de trabajar en el proyecto interno “Worts of the Worst” (Lo pero de lo Peor), que trataba de responder a las presiones contra el lenguaje de odio a los musulmanes o la comunidad LGBTQ. Explica que trabajaron más de un año para desarrollar un algoritmo para bloquear este tipo de mensajes. El proyecto fue cerrado mientras uno de los directivos de FB explicaba que “priorizar la seguridad de grupos marginales sería demasiado político”. No se trata solamente de que no se bloqueen mensajes violentos, el algoritmo tiende a premiarlos y darles mayor difusión.

El algoritmo de FB es claro: entre más enojo cultives con tus mensajes más reacciones tendrás y mayor tiempo adquirirás en FB. Un documento interno revela que es ridícula la cantidad de mensajes de odio que son removidos por FB en sus plataformas, entre un 3 y 5%. Haugen señala que “polarizar a las sociedades erosiona la confianza, la habilidad de cuidar unos de otros”. Otro trabajador, Waismeyer, que renunció en marzo pasado, trabajó en la división de integridad cívica de la compañía por 3 años, dedicando más de un año en un proyecto para ayudar a las víctimas de venganzas porno. Este proyecto también fue cerrado.

Uno de los documentos internos señala el efecto en las adolescentes de los mensajes sobre la imagen corporal. El algoritmo funciona en estos perfiles de manera muy eficiente para la empresa. Las adolescentes que muestran en su perfil una preocupación sobre su imagen corporal, comienzan a recibir una avalancha de mensajes que aumenta su preocupación, pudiéndolas empujar a la depresión. Y las adolescentes deprimidas pasan un mayor tiempo en Instagram. El negocio se alimenta a sí mismo, es redondo, mientras se pone en un peligro mayor a las adolescentes. Haugen señala que los documentos muestran cómo Instagram es tóxica para los adolescentes.

En el aspecto político FB ha servido a los grupos más reaccionarios. Un grupo de trabajadores de FB denunciaron el papel de la empresa, lidereado por un grupo interno de directivos republicanos, a resistirse a controlar la desinformación y los discursos de odio y los llamados a la violencia antes y durante la administración de Trump. Varios trabajadores renunciaron tras conocerse el papel que FB jugó promoviendo a los grupos y los contenidos que llevaron al intento de asalto al Capitolio el 6 de enero.

Los documentos internos de FB se convierten en evidencia de mucho de lo que se venía denunciando. La evidencia documental ha llevado a una respuesta conjunta de demócratas y republicanos exigiendo regular a esta empresa y sus plataformas. Haugen y algunos de los trabajadores que han renunciado y denunciado a FB creen que una buena regulación y transparencia en sus prácticas podría convertir a sus plataformas en opciones útiles para la sociedad. Por lo pronto, el daño a la democracia y a la salud de las y los adolescentes es enorme.

FB e Instagram son instrumentos que están modelando a las actuales generaciones. El tiempo que pasan en estas plataformas los adolescentes, los niños y una proporción importante de adultos, es superior al que se pasaba en la televisión. Y en este caso, los mensajes recibidos están bien clasificados de acuerdo al perfil de cada uno de los usuarios. El grado y potencial de manipulación es mayor, se recibe la información que profundiza las características de cada uno de nuestros perfiles. Dejamos de recibir información generada desde otras perspectivas, desde otras realidades. Una sociedad donde los individuos nos vamos fragmentando más.

En una civilización perdida, sin la ética que permita establecer formas de gobernanza realmente democrática, sometida a la lógica de las grandes corporaciones de obtener la mayor ganancia al menor costo, el reto de lograr una sociedad donde prevalezca el bien común es enorme y, posiblemente, imposible. Pero ese reto nos marca la dirección.

Martín Moreno

La fotografía de Emilio Lozoya en libertad, impune y cenando plácidamente con amigos en un restaurante – captada y divulgada de manera oportuna por la colega periodista Lourdes Mendoza-, tiene tres significados de fondo. Primero: se erige en el emblema de la complicidad y pacto de impunidad entre la Fiscalía General de la República (FGR) con Lozoya. Segundo: es la descalificación automática de Lozoya como testigo confiable del gobierno. Tercero: como consecuencia directa, debilita en gran medida las acusaciones que el ex director de Pemex ha hecho en contra de los opositores a López Obrador.

¿Qué debe seguir ante el teatrito montado desde Palacio Nacional con Lozoya como testigo estrella del régimen, operado por la FGR y desmontado ahora con Lozoya paseándose con absoluta libertad e impunidad por la ciudad de México?

Nada menos que la renuncia del fiscal Gertz Manero que, hoy por hoy, es insostenible en su cargo al carecer de toda credibilidad, autoridad y confiabilidad.

Analicemos, pues, esa carambola de tres bandas que significó la fotografía pública de Emilio Lozoya y que retrata, de paso, el circo montado por la FGR – con la bendición de AMLO-, en torno al círculo Lozoya-Odebrecht-Opositores:

MONTAJE. Cuando Emilio Lozoya tenía que presentarse a una audiencia pública el pasado 10 de septiembre, su excusa para no asistir fue que estaba bajo arraigo domiciliario que le impedía salir de su casa (según reveló Lourdes Mendoza) en Lomas de Chapultepec, la cual, por cierto, el gobierno obradorista le ha permitido seguir habitando, junto con el disfrute de sus bienes. El Juez respetó el argumento. Empero, esa patraña ha quedado descalificada ante la aparición pública de Lozoya en un restaurante. ¿Qué significa ello? Nada menos que Lozoya, el testigo estrella protegido por la FGR, puede hace lo que le plazca y salir cuando quiera de su domicilio, sin ser molestado. ¿Y por qué lo hace? Porque la Fiscalía de Gertz Manero obedece la instrucción de Palacio Nacional: a Lozoya no se le toca ni con el pétalo de una audiencia, puede hacer su regalada gana y no se procede en contra de él. ¿Por qué? Debido a que sus declaraciones (hasta ahora, sin comprobar una sola) son la única “prueba” del gobierno en contra de Ricardo Anaya y opositores a quienes acusa – sin sustento- de haber recibido dinero de Odebrecht. Así, se descubre el montaje armado por la FGR y se muestra la realidad irrefutable: un pacto de impunidad entre Lozoya y la FGR en contra de los opositores a López Obrador, pacto que hoy ha quedado evidenciado.

NULIFICADO. “Testigo único, testigo nulo”, reza una máxima en leyes. Y esa condición se le aplica a la perfección a Emilio Lozoya quien, desde el sábado pasado por la noche al reaparecer en público con total descaro, desafiando a las autoridades con el mensaje de “voy a donde yo quiera, menos a las audiencias judiciales”, ha quedado prácticamente bajo la calidad de testigo nulificado. Sí: a cualquiera que Lozoya acuse, carecerá de validez. ¿Cómo creer en un pillo que viola su arraigo? “Es insostenible lo que dice Lozoya ante la FGR contra (Ricardo) Anaya”, reconoce el ex abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo. Aún más: “A Lozoya siempre le dije que para hacer cosas que no debía, tenía que tener pruebas, y él nunca me las presentó”, advirtió Coello en entrevista con Carmen Aristegui. Lozoya está nulificado hasta por su propio ex abogado. Así, el testigo estrella de la FGR-AMLO ha quedado, en la praxis, nulificado por mentiroso. Y un testigo mentiroso, desprestigiado y no confiable, es un testigo nulo.

ACUSACIONES DEBILITADAS. Si Emilio Lozoya engañó a las autoridades pretextando que no podía asistir a audiencias por su calidad de arraigado domiciliario, hoy es evidente que mintió. Luego entonces, esta mentira – grave y que seguramente pesará en su contra durante el proceso legal ligado al ex director de Pemex-, repercutirá directamente en el grado de confiabilidad del testigo protegido del gobierno obradorista. ¿Bajo cuál parámetro de credibilidad y calidad moral asumirán los jueces las acusaciones y testimonios de Lozoya en contra de otros políticos, más allá de carecer de pruebas físicas y sólidas para sostener, hasta ahora, sus palabras? Con ninguna confiabilidad. Cero. Así, las acusaciones lanzadas por Lozoya han quedado debilitadas de forma irremediable. Tras la fotografía de Lozoya, su credibilidad quedó hecha añicos por una razón de peso y fondo: el testigo estrella del régimen de AMLO y de la FGR en contra de los opositores, es un mentiroso certificado. Un corrupto y mentiroso certificado. La consecuencia directa: la FGR se quedó, en cuestión de horas, con las manos vacías. Su testigo clave se ha debilitado sin remedio alguno.

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Se le cayó el montaje al gobierno de López Obrador – vía la FGR- con Emilio Lozoya, un testigo cuya credibilidad pendía de alfileres y que, desde el sábado anterior, esos alfileres le fueron retirados mediante una fotografía, su credibilidad se estrelló con la realidad y se rompió en mil pedazos. ¿Quién le cree ahora a Emilio Lozoya?

Si la FGR no tenía ninguna prueba contundente contra Anaya, Jorge Luis Lavalle y demás opositores a quienes quiso involucrar en los sobornos de Odebrecht, ahora – con Lozoya nulificado prácticamente- mucho menos las tendrá. Está noqueada. Fulminada.

Y ante su fracaso, a Gertz Manero solamente le queda abrir una puerta: su renuncia.