Categoría: Editorial

Martín Moreno

La fotografía de Emilio Lozoya en libertad, impune y cenando plácidamente con amigos en un restaurante – captada y divulgada de manera oportuna por la colega periodista Lourdes Mendoza-, tiene tres significados de fondo. Primero: se erige en el emblema de la complicidad y pacto de impunidad entre la Fiscalía General de la República (FGR) con Lozoya. Segundo: es la descalificación automática de Lozoya como testigo confiable del gobierno. Tercero: como consecuencia directa, debilita en gran medida las acusaciones que el ex director de Pemex ha hecho en contra de los opositores a López Obrador.

¿Qué debe seguir ante el teatrito montado desde Palacio Nacional con Lozoya como testigo estrella del régimen, operado por la FGR y desmontado ahora con Lozoya paseándose con absoluta libertad e impunidad por la ciudad de México?

Nada menos que la renuncia del fiscal Gertz Manero que, hoy por hoy, es insostenible en su cargo al carecer de toda credibilidad, autoridad y confiabilidad.

Analicemos, pues, esa carambola de tres bandas que significó la fotografía pública de Emilio Lozoya y que retrata, de paso, el circo montado por la FGR – con la bendición de AMLO-, en torno al círculo Lozoya-Odebrecht-Opositores:

MONTAJE. Cuando Emilio Lozoya tenía que presentarse a una audiencia pública el pasado 10 de septiembre, su excusa para no asistir fue que estaba bajo arraigo domiciliario que le impedía salir de su casa (según reveló Lourdes Mendoza) en Lomas de Chapultepec, la cual, por cierto, el gobierno obradorista le ha permitido seguir habitando, junto con el disfrute de sus bienes. El Juez respetó el argumento. Empero, esa patraña ha quedado descalificada ante la aparición pública de Lozoya en un restaurante. ¿Qué significa ello? Nada menos que Lozoya, el testigo estrella protegido por la FGR, puede hace lo que le plazca y salir cuando quiera de su domicilio, sin ser molestado. ¿Y por qué lo hace? Porque la Fiscalía de Gertz Manero obedece la instrucción de Palacio Nacional: a Lozoya no se le toca ni con el pétalo de una audiencia, puede hacer su regalada gana y no se procede en contra de él. ¿Por qué? Debido a que sus declaraciones (hasta ahora, sin comprobar una sola) son la única “prueba” del gobierno en contra de Ricardo Anaya y opositores a quienes acusa – sin sustento- de haber recibido dinero de Odebrecht. Así, se descubre el montaje armado por la FGR y se muestra la realidad irrefutable: un pacto de impunidad entre Lozoya y la FGR en contra de los opositores a López Obrador, pacto que hoy ha quedado evidenciado.

NULIFICADO. “Testigo único, testigo nulo”, reza una máxima en leyes. Y esa condición se le aplica a la perfección a Emilio Lozoya quien, desde el sábado pasado por la noche al reaparecer en público con total descaro, desafiando a las autoridades con el mensaje de “voy a donde yo quiera, menos a las audiencias judiciales”, ha quedado prácticamente bajo la calidad de testigo nulificado. Sí: a cualquiera que Lozoya acuse, carecerá de validez. ¿Cómo creer en un pillo que viola su arraigo? “Es insostenible lo que dice Lozoya ante la FGR contra (Ricardo) Anaya”, reconoce el ex abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo. Aún más: “A Lozoya siempre le dije que para hacer cosas que no debía, tenía que tener pruebas, y él nunca me las presentó”, advirtió Coello en entrevista con Carmen Aristegui. Lozoya está nulificado hasta por su propio ex abogado. Así, el testigo estrella de la FGR-AMLO ha quedado, en la praxis, nulificado por mentiroso. Y un testigo mentiroso, desprestigiado y no confiable, es un testigo nulo.

ACUSACIONES DEBILITADAS. Si Emilio Lozoya engañó a las autoridades pretextando que no podía asistir a audiencias por su calidad de arraigado domiciliario, hoy es evidente que mintió. Luego entonces, esta mentira – grave y que seguramente pesará en su contra durante el proceso legal ligado al ex director de Pemex-, repercutirá directamente en el grado de confiabilidad del testigo protegido del gobierno obradorista. ¿Bajo cuál parámetro de credibilidad y calidad moral asumirán los jueces las acusaciones y testimonios de Lozoya en contra de otros políticos, más allá de carecer de pruebas físicas y sólidas para sostener, hasta ahora, sus palabras? Con ninguna confiabilidad. Cero. Así, las acusaciones lanzadas por Lozoya han quedado debilitadas de forma irremediable. Tras la fotografía de Lozoya, su credibilidad quedó hecha añicos por una razón de peso y fondo: el testigo estrella del régimen de AMLO y de la FGR en contra de los opositores, es un mentiroso certificado. Un corrupto y mentiroso certificado. La consecuencia directa: la FGR se quedó, en cuestión de horas, con las manos vacías. Su testigo clave se ha debilitado sin remedio alguno.

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Se le cayó el montaje al gobierno de López Obrador – vía la FGR- con Emilio Lozoya, un testigo cuya credibilidad pendía de alfileres y que, desde el sábado anterior, esos alfileres le fueron retirados mediante una fotografía, su credibilidad se estrelló con la realidad y se rompió en mil pedazos. ¿Quién le cree ahora a Emilio Lozoya?

Si la FGR no tenía ninguna prueba contundente contra Anaya, Jorge Luis Lavalle y demás opositores a quienes quiso involucrar en los sobornos de Odebrecht, ahora – con Lozoya nulificado prácticamente- mucho menos las tendrá. Está noqueada. Fulminada.

Y ante su fracaso, a Gertz Manero solamente le queda abrir una puerta: su renuncia.

Alejandro Páez Varela

“La impunidad es siempre una afrenta”, escribió ayer Santiago Nieto Castillo a eso de las dos y media de la tarde. Habían pasado apenas unas horas desde que se dieran a conocer las fotos de Emilio Lozoya en un restaurante de lujo. Lourdes Mendoza, columnista de El Financiero, escribió la noche del sábado adjunto a las imágenes: “Aún con brazalete, el criminal confeso Emilio Lozoya se da la gran vida. Hunan de las Lomas, obvio. Gracias a la protección de la Fiscalía General de la República. Ademas, le miente al juez de lo civil diciendo que está arraigado”. Debo decir que corregí puntos y comas de su texto para mejorar su comprensión, y que ella fue señalada también en la trama de presunta corrupción de quien dirigió la petrolera entre 2012 y 2016.

Lozoya Austin fue extraditado a México el 17 de julio de 2020 y disfruta de libertad condicionada porque Alejandro Gertz Manero lo aceptó como testigo colaborador en dos casos de alta corrupción. Uno es por Odebrecht, que le pagó 10.5 millones de dólares a cambio de contratos. Otro es por Agronitrogenados, la planta chatarra vendida por Alonso Ancira a Pemex a cambio de otros millones de dólares para el exdirector de la petrolera. Lozoya afirma que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray están involucrados en ambas tramas corruptas y señala a otros: Francisco Domínguez, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya, Felipe Calderón, Carlos Salinas y más. Sólo está detenido por el caso Odebrecht Jorge Luis Lavalle Maury, panista de Campeche y un perfecto desconocido para las mayorías. De los demás no sabemos absolutamente nada.

A la hora en que escribí este texto no había plena certeza o había dudas sobre las fotos. Unos decían que eran viejas, la columnista sostenía que ella misma las tomó en el restaurante de lujo en el que, se supone, Lozoya departía alegre y bohemio. Pero en lo que no hay duda es que las fotos provocaron una oleada de indignación, sí, porque el testigo de oro la pasa muy bien. Pero también porque, independientemente de esas fotos, el testigo de oro la pasa muy bien aunque es un criminal confeso. Y la razón de la indignación es porque nos recuerda que la Fiscalía General de la República se ha quedado corta para la expectativa que había sobre el pretendido combate a la corrupción y no sólo en este caso, sino en todos los que la involucran.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su frustración un par de veces con el nulo avance de los casos que tiene la Fiscalía en sus manos pero en sus conferencias matutinas también le ha expresado su respaldo al Fiscal. Al interior del Gabinete se puede advertir esa doble forma de medir a Gertz Manero: unos lo ven ineficiente y otros lo justifican porque, se supone, es un hombre honesto. Es conocido que hay un ala que ve en Gertz un agujero negro. Y hay otra que defiende “la honestidad” por encima de la eficiencia. Como si ser honesto diera visado a Gertz para ser ineficiente.

Alejandro Gertz ha sido advertido varias veces en estos años sobre el equipo que lo rodea. La periodista Anabel Hernández, por ejemplo, le documentó que varios de sus hombres de confianza venían de la administración de Enrique Peña Nieto. Se molestó, dio un par de entrevistas en las que pataleó y ya. Después vendrían los señalamientos de los padres de los 43; su abogado acusa que las razonas por las que el avance es tibio están en ese mismo equipo, colaboradores de los procuradores anteriores, que tienen intereses personales y bloquean las indagatorias. Gertz no hizo nada, que se sepa.

Y estos son apenas algunos de los señalamientos. A Gertz le persigue la sombra de su propio trabajo. No tiene algo que presumir. Ni siquiera, por lo que se sabe, pudo reformar la Fiscalía. Llegó, se sentó, puso sus fotos y estiró las piernas. Eso es lo que se dice. Como si no entendiera el tamaño del reto. Como si no lo hubieran enterado que lo que haga la FGR marcará a toda la administración de López Obrador, que ofreció un cambio y que alentó la idea de que iría contra el caldo hediondo de la impunidad.

Pero Gertz no se ve enterado de que su ineficiencia afectará el desempeño de todo un Gobierno que ofreció justicia. El caso Lozoya sabe a impunidad y tiene todos los signos de la corrupción. Solo porque se insiste en que Gertz es un hombre honesto podría creerse que no hay dinero de por medio pero uno, que se hace viejo sumando capas y capas de decepción, podría decir que no hay una sola razón para creer que se ha actuado con limpieza. El caso Lozoya sabe a podredumbre de la peor, de la de siempre, de la que nos tienen acostumbrados. Y las fotos parecieron recordarnos esa idea.

El trabajo deficiente de Gertz, curiosamente, no ha indignado a los medios tradicionales, siembre atentos a cualquier error. ¿La razón? Porque hace quedar mal al Presidente, y eso es una buena noticia para ellos. Eso no quita que el Fiscal se ha convertido en un lastre para este Gobierno.

La pregunta que muchos nos hacemos es cuánto tiempo más esperará el Presidente antes de demandar resultados. Algunos dicen que hasta el final de su mandato. Otros, que ya calculó el costo de la inoperancia de Gertz, lo descontó y le salen bien las cuentas. Ambas respuestas son muy malas noticias para un ciudadano cualquiera, que esperaba terminar con este desagradable sabor a impunidad.

“La impunidad es siempre una afrenta”, escribió ayer Santiago Nieto. Estoy de acuerdo. Porque nadie dirá, en el balance del sexenio, que lidiamos con un Fiscal independiente: lo que haga y deje de hacer se le cargará, por desgracia, a López Obrador.

Usando las mismas palabras del Presidente: Alejandro Gertz Manero será muy independiente… pero de la gente. No parece haber entendido que borrar este sabor a impunidad era y siguen siguiendo una de las mayores exigencias de los mexicanos, y que él mismo deja ir una oportunidad de oro para servirle a la Nación.

Guadalupe Correa-Cabrera

A propósito de la reunión del viernes pasado en la Ciudad de México entre funcionarios de alto nivel de México y Estados Unidos—que marca el fin de la Iniciativa Mérida y el inicio del denominado “Entendimiento Bicentenario”—me gustaría hacer una breve (y quizás profunda) reflexión. El día de ayer tuve la oportunidad de leer un reportaje basando en fotografías en el diario británico The Independent sobre la crisis de drogadicción que enfrenta Estados Unidos. Esta extraordinaria pieza de material visual se titula: “Skid Row: Dentro del Epicentro de la Crisis de Mendicidad y Metanfetamina de Cristal en Los Ángeles”.

Dicho reportaje presenta, de forma cruda y a través de imágenes impactantes, la vida de personas sin hogar y adictas a las drogas—particularmente la metanfetamina de cristal—en el área de la ciudad de Los Ángeles, California, conocida también como el Este de la Ciudad Central (Central City East). Skid Row alberga a una de las poblaciones más grandes de personas sin hogar en la Unión Americana. En la zona a la que alguien se refiere como la “Disneylandia para los Adictos” se consume de todo: alcohol, heroína, metanfetaminas, fentanilo, crack, mariguana, lo que sea. Se calcula que el 70 por ciento de los adictos sin hogar utilizan la metanfetamina (o los cristales).

Las fotos en este extraordinario—pero escalofriante—reportaje fueron tomadas por el antropólogo cultural, escritor y fotógrafo de guerra, Teun Voeten, quien me compartió la historia en una versión más larga y sus fotografías—de las cuales incluyo en este texto sólo seis (con el permiso que me otorgó él mismo Teun).

Dicen que “una imagen vale más que mil palabras” y esto aplica perfectamente al trabajo que se presenta en el diario The Independent. Las fotografías de personas adictas sin hogar en Skid Row tomadas por el Dr. Voeten me impactaron bastante y me recordaron el mismo fenómeno que he visto en otras ciudades estadounidenses recientemente. Quizás esta terrible situación se haya agravado de manera exponencial en los últimos años, o puede ser que yo no me había dado cuenta del grave problema que impera en la Unión Americana. Sin embargo, pienso que cada vez la situación empeora y es mucho más visible. Las ciudades formadas por tiendas de campaña (tent cities) se multiplican por decenas (o quizás centenas) en todo Estados Unidos, y aquellas ya bien establecidas como Skid Row se van extendiendo por varias cuadras más.

Es realmente trágico lo que sucede en algunas zonas de las grandes ciudades estadounidenses como San Francisco, Chicago, San Diego, Filadelfia, Houston, Detroit o Washington DC. El problema parece imperar en las urbes más importantes de una nación que se considera (o se consideraba) “la potencia mundial”. Hace unos días visité Seattle en el estado de Washington y pasé por una calle (la Tercera Avenida) que me recordó mucho a las fotografías de Teun. En un segmento de esa calle me pareció ver que se detenía el tiempo; muchas de las personas que ahí deambulaban parecían perdidas, otras sin futuro, muchas parecían estar drogadas, algunas parecían estar rodeadas por una obscuridad macabra, como si fuera la escena de una película de zombis. Las drogas y la miseria parecían haber destruido a mucha de la gente que ahí se encontraba; muchos parecían haber entrado en un trance de autodestrucción y estar esperando la muerte en esa calle de una ciudad bastante desarrollada, extremadamente bonita en algunas partes, bien planeada y muy próspera en lo general.

Así es el “capitalismo depredador” que describe Teun Voeten en su más reciente libro titulado: Violencia relacionada con las Drogas en México: Guerra Híbrida, Capitalismo Depredador y la Lógica de la Crueldad (Small Wars Journal–El Centro. Bloomington: XLibris, 2020, https://smallwarsjournal.com/blog/mexican-drug-violence-hybrid-warfare-predatory-capitalism-and-logic-cruelty). Por cierto, el Dr. Voeten ampliará su análisis en un libro de próxima publicación sobre las tendencias mundiales de la metanfetamina de cristal.

Sí, depredador es el capitalismo que genera las desigualdades atroces y que se refleja en lo que está sucediendo en la nación más rica del mundo. El ingreso se polariza de forma monstruosa y la gente queda en la calle después de no poder pagar las exorbitantes rentas que ocasionan las llegadas de los grandes corporativos y sus majestuosos desarrollos inmobiliarios. En este proceso hay personas que lo pierden todo, empezando por su casa, pasado por su salud mental y terminando con su vida. El capitalismo del que habla Teun genera a los billonarios de Silicon Valley, de la industria farmacéutica, del sector energético, de la minería, y al mismo tiempo genera un ejército de zombis miserables que se destruyen entre ellos y a sí mismos con las drogas que les llegan fácilmente en bolsitas de cinco dólares con cristales según lo leí en el artículo del diario británico ayer.

Estados Unidos tiene un problema y éste es demasiado profundo. Este país tan rico tiene una porción de su población con graves problemas de salud mental, adicciones, mendicidad y desigualdad brutal. En la “Tierra de los Libres y Hogar de Valientes” existen sitios de excepción donde imperan la inseguridad y la violencia, y además donde la prohibición de las drogas (hipócritamente) no opera. Y esto sucede pareciera ser que con el objeto de mantener dormida y distraída a la población más miserable. ¿Dónde está la policía estadounidense que permite que se distribuyan así las bolsitas de cinco dólares con metanfetamina de cristal? Además, cabe destacar que aunque las drogas que se consumen en la nación más rica del mundo—o las sustancias activas que se utilizan para producirlas—provengan de México, Colombia o de algún país de Asia, muchas de ellas se manufacturan en laboratorios clandestinos y se distribuyen ágilmente (aunque es ilegal) en los Estados Unidos.

De nada parecen haber servido los billones de dólares destinados a la DEA y mucho menos las fallidas acciones de esta agencia “supuestamente” antinarcóticos en el hemisferio. El papel de la DEA y otras agencias estadounidenses que colaboran en operaciones antinarcóticos dentro y fuera de la Unión Americana, lejos de combatir el consumo de drogas en ese país, contribuyen además a generar centenas de miles de muertos con los planes e iniciativas que han apoyado en el continente—tales como la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI), Plan Colombia y, por supuesto, Iniciativa Mérida.

No sorprende, por ello, que después de todo Estados Unidos haya cambiado su discurso para con México. La Enmienda Bicentenario representa, en el discurso por lo menos, un cambio significativo en los términos de la cooperación con su vecino en el tema de la seguridad. Pero ojo, aún la DEA se sigue quejando de que sus agentes no tienen visa y de que el Gobierno mexicano no hace lo que antes hacía—es decir, no los deja operar en su territorio a discreción. También se mantienen en la mesa los planes para desarticular, de manera conjunta, las redes de delincuencia organizada transnacional (a las cuales los gringos suelen llamar TCOs o DTOs por aquello del tráfico de drogas).

No entiendo por qué Estados Unidos mantiene este enfoque fundamental en la oferta de droga cuando su propia gente se está muriendo y en su propia tierra. Los resultados de las operaciones antinarcóticos y el papel de la DEA han sido penosos a lo largo de la historia reciente, por decir lo menos. Mientras tanto, los especialistas en Washington, los burócratas antinarcóticos estadounidenses y la mayor parte de los periodistas y académicos interesados en el tema de las drogas siguen enfocados en las historias de narcotraficantes latinoamericanos—y sobre todo en los mexicanos.

El problema de Estados Unidos con las drogas parece ser más bien un problema de salud pública y, en mucho menor medida, una cuestión de bandidos y policías (es decir, de capos del narco y sus redes de protección) en países subdesarrollados. La demanda, en este caso, genera su propia oferta. Los billones de dólares tirados a la basura en las operaciones antidrogas de las agencias de seguridad estadounidenses lo demuestran. El caso de las ciudades de tiendas de campaña en Estados Unidos, y los campos de extermino a lo largo y ancho de México, nos plantean de forma cruda qué tan estúpida, malsana e inefectiva fue la Iniciativa Mérida. Si el Entendimiento Bicentenario no es más que “dar atole con el dedo” para seguir con poco más de lo mismo—pero con un discurso más amable a altos niveles—, no sólo sufrirá México, sino que las zonas como Skid Row o Kensigton Avenue en Filadelfia se seguirán tristemente multiplicando y extendiendo en todo lo que un día fue la majestuosa Unión Americana.

Jorge Zepeda Patterson

¿Cómo llegamos al absurdo Código de Conducta del Conacyt en un gobierno que se asume de izquierda, afirma ser democrático y pugna por la tolerancia?. El documento de 16 páginas distribuido por la institución, que incluye párrafos de la propia titular María Elena Álvarez Buylla, señala que no solo los empleados sino también los prestadores de servicios y los que pretendan un apoyo deberán de “abstenerse de emitir comentarios u opiniones negativos o desfavorables sobre las políticas o programas” de Conacyt, “ser prudentes al emitir opiniones en redes sociales” y estar comprometidos “con la ética pública reivindicada por la Cuarta Transformación”. En suma, un corsé para limitar los apoyos a las ciencias sociales y exactas a solo aquello que tenga un tufo de ser políticamente correcto a ojos del gobierno. Si matemáticos y físicos tendrán que andar con cuidado, para sociólogos o politólogos equivale a un decreto de silencio salvo para aquello que pueda apoyar a la 4T.

Lo extraño es que todo esto provenga no de un comisario político del partido enviado a controlar la ciencia, sino de una científica respetada y de larga trayectoria en su campo, como lo es la Dra. Álvarez Buylla. Alguien que con tal de parecer más papista que el Papa, o más obradorista que Obrador, deja mal parada a la propia presidencia. La afamada bióloga, premio de ciencias, puede ser una lumbrera en materia de mitosis y meiosis celular, pero ha resultado torpe en los asuntos que tienen que ver con la administración y la política o, para decirlo rápido, con los seres humanos. No tengo dudas de que las intenciones de la Dra. están en la línea de terminar con los evidentes abusos, prebendas y corruptelas que existían en esta área de parte de una burocracia enquistada y sus allegados. Pero intentar resolver un problema no convierte en virtud una manera nociva de abordarlo.

El conocimiento de un sector no necesariamente nos capacita para gestionarlo. Es un requisito necesario, pero no suficiente. El mejor cirujano puede ser un incompetente como director de un hospital, a pesar de que conozca perfectamente la vida de la institución.

No tengo duda que todo presidente intenta hacerlo lo mejor posible (aunque en el proceso algunos busquen enriquecerse a mansalva y otros a dar rienda suelta a sus fobias y filias). Pero la calidad de la administración pública, más allá de las directrices generales del soberano, depende de la eficiencia de los cuadros que ocupan los cientos de puestos de primer nivel que requiere la burocracia federal. Son los subsecretarios, los directores generales de área (normalmente tres por secretaría), los oficiales mayores y los titulares de multitud de organismos, institutos, fideicomisos y comités quienes vinculan con la realidad las políticas definidas por la cúpula. Entre 200 y 300 cuadros son responsables de empatar propuestas y soluciones con problemas y desafíos. Sobre sus espaldas llevan la tarea de adaptar, corregir o repensar las estrategias y las acciones de cara a su impacto en la sociedad.

Encontrar a esta capa de funcionarios es parte sustantiva para hacer la diferencia entre un gobierno medianamente eficiente o uno desastroso, más allá de las buenas intenciones que tenga un presidente. Y sí esto es ya un desafío en tiempos regulares, cuando se trata de un gobierno de alternancia el reto es enorme. Le pasó a Vicente Fox (2000-2006) que intentó reemplazar a la alta burocracia priista con empresarios y ejecutivos de la iniciativa privada, con resultados variopintos que dieron paso a un largo proceso de ensayo y error. Y luego le pasó al PAN de Felipe Calderón (2006-2012), que no quiso recurrir ni a unos ni a otros, y reclutó personal entre la base panista con escasa o nula experiencia en la administración federal; no es de extrañar el gabinete de ministros y viceministros treintañeros, muchos de ellos rápidamente rebasados por los problemas (y la mejor muestra es que de toda esa camada, salvo un par, ninguno sobrevive en el servicio público).

Al obradorismo le ha sucedido algo similar, y no podía ser de otra manera. Para resolverlo el presidente echó mano de todo lo que podía ayudarle, guiado más por la intuición que por el conocimiento personal de los candidatos. Más que la experiencia puntual en un puesto, AMLO buscó un conocimiento general sobre los asuntos en juego, pero sobre todo una identificación con su intención de hacer un cambio en la vida de los pobres y combatir la corrupción. Para formar a su equipo buscó en el PRI, en la izquierda, en el PAN y en la sociedad en su conjunto y consiguió un equipo heterogéneo, mezcla de veteranos y novatos. Es explicable. En algunos casos, la experiencia previa fue fundamental, como en el de Paco Ignacio Taibo en el FCE o el de Luisa María Alcalde en la secretaría del Trabajo, con un resultado más que satisfactorio. En otros, como el de Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la capacidad personal compensa la falta de experiencia luego del comprensible proceso de aprendizaje. En otros, como en los de Víctor Manuel Toledo, secretario de Semarnat ya destituido, y la mencionada Álvarez Buylla, ambos profundos conocedores de su materia, descubrimos sobre la marcha que la tarea de conducir a una institución no formaba parte del inventario de sus capacidades.

No me parece un error de Andrés Manuel López Obrador haberla designado para tal responsabilidad. En teoría, tenía las credenciales. Pero sí podría serlo mantenerla a toda costa en esa posición, una vez que ha mostrado no tener la habilidad y la mano izquierda para gestionar un sector tan vasto y heterogéneo. Después de todo, representa un alto costo para el obradorismo enfrentarse innecesariamente con la comunidad científica y académica. Asumir que todas las críticas o cuestionamientos que recibe la directora de Conacyt obedecen exclusivamente a sus medidas encaminadas a sanear la institución, cosa que sin duda está intentando, equivale a ignorar el hecho de que simple y llanamente no es una buena funcionaria. Basta decir, que solo por escribir lo anterior yo estaría violando el Código de Conducta dictado por ella, lo cual me dejaría imposibilitado de tener cualquier vínculo con su institución. No que lo busque o lo desee, por fortuna, pero muy correcto, no parece.

Jorge Javier Romero Vadillo

El martes cinco de octubre, el director general interino del Centro de Investigación y Docencia Económica, José Romero Telleache, le comunicó a Alejandro Madrazo Lajous su destitución como director de la sede región centro del CIDE, en Aguascalientes, por “perdida de confianza”.

El pretexto fue un vídeo publicado por Madrazo en el que defiende a los investigadores del CIDE contratados a través de programa Cátedras, creado por el CONACYT durante la gestión de Enrique Cabrero para emplear a jóvenes recién egresados de doctorados e incorporarlos a la academia mexicana en diversas instituciones de educación superior, pagados directamente por el Consejo. El programa  no resultó del agrado de la actual directora de la agencia estatal de ciencia y tecnología, la inefable María Elena Álvarez Buylla, por lo que ha emprendido un proceso de reforma para recortarlo, le cambió el nombre por el de Investigadoras e investigadores por México, y dificultó el proceso de evaluación para la permanencia con el absurdo requisito de exigir a los evaluados la demostración de que están buscando empleo en alguna institución de educación superior, a pesar de que tienen un contrato por diez años y están asignados actualmente a una universidad o centro de investigación.

En el vídeo que no le gustó a Romero Telleache y seguramente molestó mucho a su jefa, Madrazo reconoce las aportaciones de estos jóvenes académicos al trabajo de la sede que dirigía y lamenta el maltrato del que han sido objeto. Eso fue suficiente para su cese fulminante; sin ambages, el director interino le dijo que en la cuestión de la Cátedras CONACYT no podía tomar una posición distinta a la del director general y que no podía continuar en su cargo porque no compartía la visión del gobierno.

Alejandro Madrazo es uno de los fundadores de la sede de Aguascalientes del CIDE, creada hace diez años. Un académico de gran creatividad e inquietud, doctor en derecho por la Universidad de Yale, creo en su centro académico un área de derechos sexuales y reproductivos y, posteriormente, el primer programa de política de drogas del país. En 2014 me invitó a trabajar ahí durante mi período sabático de la UAM y juntos echamos a andar el primer diplomado de política de drogas de América Latina. Preocupado por las deformaciones constitucionales provocadas por la guerra contra las drogas, ha sido un férreo opositor a la militarización desde que Felipe Calderón decidió el despliegue territorial de las fuerzas armadas y ha elaborado una lúcida crítica al régimen especial de crimen organizado introducido en el derecho penal mexicano.

Durante los dos años que trabajé a su lado, no solo tuvimos una estrecha relación académica, sino que nos movilizamos contra en nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia y contra los intentos de Enrique Peña Nieto para imponer como Fiscal General a su consejero jurídico por su evidente partidismo.  Las críticas de Madrazo a las políticas de aquellos gobiernos siempre fueron fuertes y directas, pero nunca recibió la más mínima reconvención por parte de la dirección del CIDE ni le costaron su cargo como coordinador del programa de política de drogas. Mis mayores diferencias con él ocurrieron durante la campaña de López Obrador en 2018, pues Madrazo decidió apoyar al actual Presidente por su promesa de regresar a los militares a sus cuarteles en un plazo perentorio. Cuando López Obrador rompió su compromiso, Madrazo no tuvo empacho en mostrarlo como mentiroso en las audiencias sobre la creación de la Guardia Nacional.

Si bien el CIDE es formalmente una dependencia gubernamental, hasta ahora, desde su reconversión durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, había sido tratado como una institución académica y sus investigadores habían sido tratados como profesores con libertad de cátedra y opinión. A pesar de que frecuentemente se le ha atribuido una orientación ideológica neoliberal, en el tiempo que laboré ahí conocí a mujeres y hombres dedicados al trabajo intelectual con ideas diversas en convivencia y entre los directores de división había incluso un abierto partidario de López Obrador, Ignacio Marván, respetado por su labor profesional y nunca cuestionado por sus afinidades políticas.

Mexiconario Aguascalientes

Ese clima de libertad intelectual ha llegado a su fin con la imposición de un director externo, interventor político encargado de hostilizar a la comunidad que le resulta incómoda al actual gobierno. Nombrado por Álvarez Buylla para relevar a Sergio López Ayllón, quien renunció ante la evidente hostilidad de la comisaria de la ciencia del pueblo, Romero Telleache le comunicó al claustro de profesores desde su llegada al cargo que el CIDE era una agencia paraestatal, no una universidad y que podrían seguir investigando, pero esa no era su labor principal, sino hacer estudios para el gobierno.

Ya antes, el trato impuesto a los investigadores era el de burócratas sujeto a absurdos como el de la declaración patrimonial, aun cuando no manejan directamente recursos fiscales ni ejecutan programas de gobierno. La desaparición del fideicomiso les quitó la posibilidad de conseguir financiamiento externo para proyectos de investigación, como el que pagó mi estancia en el programa de política de drogas.

El actual gobierno no ha ocultado su hostilidad al CIDE. El propio Presidente de la República se lanzó a decir que un centro así no debería ser financiado por el Estado, por su carácter neoliberal, lo que quiere decir que solo debe ser financiados los centros ideológicamente afines a su clara visión del mundo, única verdad revelada. De ahí que haya nombrado a Romero Telleache como director, un economista investigador del Colegio de México fuerte crítico del neoliberalismo y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con una obra académica modesta, pero dispuesto a ejecutar instrucciones. Que un académico sea capaz de convertirse en un censor político de sus pares me parece execrable.

La intervención del CIDE es ominosa para toda la academia mexicana. Durante años, fue común la queja contra el “pensamiento único”, para referirse al consenso en trono a los modelos neoclásicos de la economía y sus derivaciones en la teoría social. Sin embargo, en mis casi cuatro décadas de profesor universitario, nunca había vivido un clima tan hostil con la disidencia intelectual como en este gobierno. Lo ocurrido con Alejandro Madrazo debería mover a la indignación de toda la comunidad académica del país, pues muestra la intolerancia de este gobierno a la libertad de pensamiento.

Adela Navarro Bello

Habían pasado dos días de las elecciones federales del 6 de junio de 2021 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, hacía un análisis de los resultados que le daban una nueva conformación a la cámara de diputados. Lo hizo en una de sus conferencias matutinas, para responder a las alusiones de políticos y analistas, de que había perdido la mayoría en la cámara de diputados lo cual le complicaría el escenario para concretar las tres reformas constitucionales que, decía, tenía pendientes: la eléctrica, la electoral y la de la guardia nacional.

La conformación de la cámara baja, por partido, quedó así: Morena, 247 diputados, PAN, 80, PRI, 47, PES 31, PT 29, MC 28, PRD 20, PVEM 16 y dos sin partido. 500 en total.

Aquel 8 de junio, al hacer sus cuentas de pronóstico, consideró el presidente que, contando a los legisladores de su partido y a sus aliados, no tendría la mayoría calificada, lo cual, aseguró en su siguiente declaración, no sería difícil de lograr.

Entonces dijo el presidente: “Si se quisiera tener mayoría calificada, se podría lograr un acuerdo con legisladores del PRI, o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional”.

Efectivamente, si se suman Morena y sus aliados, PES, PT y PVEM logran 323 votos, de 334 que requieren para una mayoría absoluta, las dos terceras partes de la Cámara, y aprobar una reforma constitucional.

Por aquellos días, todavía eufóricos por la alianza Va por México, de entre los líderes de los partidos que la integran, PAN, PRD y PRI, fue el del tricolor, Alejandro Moreno alias Alito, el primero en responder al coqueteo político del presidente para lograr sumar los votos del PRI en caso de requerirlos.

Respondió Moreno a las palabras presidenciales: “Quien pretenda dividir a la oposición con un bloque importante, es porque ni quiere al país y porque quiere hacerle juego al Gobierno”.

Entonces Va por México la veían fuerte, al menos los tres líderes de los partidos, que no hace mucho tiempo, acudieron a la OEA para denunciar ante Luis Almagro, su titular, la intromisión del crimen organizado, precisamente en las elecciones federales del 2021, para favorecer a Morena, el partido del presidente, además de dejar constancia de las presiones y el acoso del presidente de México hacia medios y periodistas.

Pero el tiempo y los intereses han cambiado en estos poco más de tres meses. A la primera iniciativa de reforma constitucional que presenta el titular del ejecutivo nacional, López Obrador, el PRI parece estar doblando las manos. Por lo menos Alito Moreno ya no cree que si se divide el bloque opositor será para hacerle juego al gobierno.

El priísta ha pasado de ser parte importante del “bloque opositor”, a concederle el beneficio de la duda a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, intención que ha dejado clara en sus recientes declaraciones. Ya no es la negativa a entrar al juego del gobierno, sino que “El PRI va a tomar una decisión en sus votos en el contexto actual que tiene el mundo y que tiene nuestro país, hemos recibido la iniciativa la hemos estado revisando y la vamos a discutir, tenemos que escuchar la propuesta de lo que hay”, dijo en relación a la iniciativa de reforma en materia eléctrica del presidente López Obrador.

Ese sería de suyo el primer indicador de que, efectivamente, como lo anticipó el presidente el 8 de junio de 2021, con el PRI puede negociar los votos que le hacen falta en la Cámara de Diputados, que no son muchos, solo 11 para lograr los 334 sufragios que significan las dos terceras partes del cuerpo legislador, para que su iniciativa sea aprobada.

Era de esperarse que el resto de los dirigentes de los partidos de la “alianza opositora” (las comillas son porque se está desmoronando), salieran a exigir al PRI, respetar el acuerdo de Va por México, para intentar mantenerlo en el bloque y quitarle al presidente la mayoría absoluta que él previó.

Alejandro Moreno, se defendió: “Nadie presiona al PRI, ni el gobierno, ni los sectores, ni los empresarios. El PRI es un partido político que ha construido este país, que construimos las instituciones y basta mencionar que las grandes reformas de este país han salido con el PRI, en el gobierno o en la oposición”, dijo ante la crítica de una postura condescendiente hacia la iniciativa de López Obrador, que, de acuerdo al PAN, “vamos a votar en contra de la reforma eléctrica constitucional, con claridad, que nos escuche todo el País, porque atenta contra lo que son principios constitucionales y de avance del País. Atenta contra el libre mercado y la libre competitividad, aumenta el control estatal y sabemos que costará más la producción de electricidad para el consumidor final en el recibo… estamos en contra porque le dice adiós a lo que era uno de los máximos avances, como es empezar a ver con criterios de sustentabilidad cuidar al medio ambiente, es una propuesta peligrosísima, es una vuelta en “U” y confiamos exista el tiempo suficiente para debatirlo”, justificó

Jesús Zambrano, el líder del partido de la Revolución Democrática, ha dicho que ese instituto se mantendrá firme al votar contra la reforma energética, que “es, a todas luces, retrógrada en materia de competitividad, golpea directamente a la industria eléctrica e implicará un aumento de costos para las y los consumidores. Votar a favor de dicha iniciativa en la Cámara de Diputados sería estar a favor del autoritarismo y la agudización de la crisis económica para las familias mexicanas”.

Y reflexionó, que, efectivamente, esta será la primera prueba para el bloque opositor, el cual “va a tener una primerísima e importante prueba de fuego de su fortaleza con esto de la reforma energética dentro de unas cuantas semanas, cuando ya se esté discutiendo abiertamente, tomando la decisión”,

Y el presidente ni se inmuta. El martes 5 de octubre, utilizó de nueva cuenta su conferencia matutina para picar al PRI, en su andar por conseguir sus votos. Les dijo, para justificar su reforma energética: “Cada quien tiene que asumir su postura, y es momento de una definición, es otra oportunidad para definirnos, si estamos porque se conserven como empresas públicas, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, o queremos desaparecerlas como se ha intentado sobre el periodo neoliberal, para que el mercado de las gasolinas, de la energía eléctrica, quede en manos de particulares, de empresas sobre todo extranjeras.

“Es una definición, entonces, nosotros consideramos que lo que más le conviene al país es que se conserven estas dos empresas para garantizar que no haya aumentos de impuestos, que no haya aumentos del cobro de energéticos, ahora que presentamos la iniciativa para fortalecerá la CFE.

“El PRI tiene la oportunidad para definirse: va a seguir con el salinismo como política, o va a retomar el camino del presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México, entonces sí es un momento definitorio, vamos a ver qué resuelve”.

Pero el PRI es el PRI, y el PRI sacó sus reformas en su momento, hasta la era de Ernesto Zedillo Ponce de León, “convenciendo a la oposición”, y después negoció con el PAN durante dos sexenios, para sacar adelante las reformas albiazules, y cuando regresaron al poder con Enrique Peña Nieto, “convencieron” a fuerza de negociaciones, reparto de presupuestos, comisiones, y ahora se sabe, sobornos, a la oposición toda, para aprobar las “reformas estructurales” del peñismo.

¿Qué hará el PRI? Lo que siempre ha hecho, negociar con el poder. Total, no son tantos los votos que el presidente López Obrador requiere para que sus reformas constitucionales sean aprobadas. Alejandro Moreno ya está dando las trazas para jugar y negociar. Bien lo dijo el presidente el 6 de enero, con el PRI, “se podría llegar a un acuerdo”, y parece, que ahí va, como siempre, con el mejor postor.

Dolia Estévez

Nuestros primeros conocimientos sobre ese lejano país llamado España no los obtuvimos leyendo Por quién doblan las campanas de Hemingway, esa formidable novela protagonizada por un profesor de español estadounidense que acabó como dinamitero en las filas de las Brigadas Internacionales defendiendo la República en la sierra de Guadarrama. Los obtuvimos en el momento en que abrimos los ojos por primera vez hace 500 años cuando murió el imperio mexica y nació la nación mexicana.

Aquello no fue una conquista o una derrota, sino el doloroso nacimiento de una nueva gran nación. El Embajador Agustín Gutiérrez Canet bien señala que es un error histórico afirmar que los españoles conquistaron México, pues lo que conquistaron fue el imperio azteca. México no existía antes de 1521. Hablar de la conquista de México, es una contradicción conceptual: ¿Cómo se puede conquistar a sí mismo una nación que nació después de la fusión española con la indígena, como si México-Tenochtitlan se hubiera congelado hace cinco siglos sin haberse transformado?, pregunta.

Nuestra identidad nacional es la fusión de esas dos culturas; de esas dos realidades históricas. La nación que hoy llamamos México no se entiende sin ambos legados, el español y el indígena. Son indisolubles. No podemos, aunque quisiéramos, suprimir la herencia española, reemplazar el español y cambiar nuestros apellidos por nombres en las lenguas prehispánicas.

De ahí que el reciente intento de la derecha española de borrar lo indígena de nuestro ADN se topó contra una muralla de indignación y rechazo. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de visita en esta ciudad la semana pasada, acusó a Andrés Manuel López Obrador de pretender “dinamitar el legado de España”, promoviendo “ese indigenismo” que, proclamó ufana, “es el nuevo comunismo”.

La funcionaria que debe su alto cargo en parte al apoyo del partido de ultraderecha Vox, se dijo “sorprendida” de que el Papa, “un católico que habla español hable así de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y, a través de las misiones, el catolicismo”.

La señora aludía a la carta que el Papa argentino dirigió a los obispos mexicanos con motivo del Bicentenario de la Independencia de México la semana pasada. En ella reconoce “errores” cometidos en la evangelización de los indígenas, pero no pide perdón. “Las palabras matizadas del Papa fueron manipuladas para hacer creer al público que se trataba de un aval al revisionismo histórico maniqueo del Gobierno mexicano”, señaló Gutiérrez Canet.

Ayuso no leyó o no entendió el mensaje de Francisco.

Mientras, en el otro lado del Atlántico, José María Aznar, de triste memoria por su servil alianza bélica con George W. Bush, se burlaba del origen de los nombres y de los apellidos de Andrés Manuel López Obrador, señalando, con sorna, que no vienen de los aztecas, los mayas o los incas. Que alguien le diga al ex jefe de Gobierno español que los incas no estaban en México.

Lo que hacen Ayuso y Aznar, ambos del Partido Populista, es sesgado por decirlo suavecito.

Con su pedido para que la corona española y el Vaticano pidan disculpas por las atrocidades de la conquista, AMLO detonó un absurdo debate trasatlántico a destiempo. A nadie ayuda revivir fantasmas que el paso de los siglos se ha llevado. El futuro de México no se encuentra en su pasado. El pasado pasado está.

La insistencia en redefinir culpables y revisar un hecho que ocurrió hace 500 años, encendió pasiones neoimperiales en la derecha española, despertó su nostalgia de frailes y soldados, de indios rebeldes a la evangelización forzada, de reyes ambiciosos, de expediciones en tierras incógnitas y de una España ansiosa de extender ad infinitum sus confines sin prevenir lo efímero de sus gestas.

Muchos creen, o quieren creer, que el altercado tiene fecha de caducidad: cuando su instigador se vaya a su rancho y abandone las redes sociales como prometió que hará. Mientras, se corre el riesgo de escalar el anti hispanismo en México y el anti mexicanismo en España.

Para muchos españoles, seguimos siendo una pandilla de salvajes. “Vosotros los mexicanos sois caníbales”. Porque un grupo indígena importante en el México precolonial, en efecto, realizaba sacrificios humanos, es un error generalizar que en todo el territorio de lo que hoy es México había esa práctica. O decir que todas las tribus precoloniales sacrificaban niños y mujeres y se los comían. No podemos hacer el tracing para determinar de qué tribu indígena venimos –de los aztecas bárbaros o de los mayas cosmólogos– para ganar la aceptación de los españoles.

El contra polo de esa ignorancia es un segmento en la sociedad mexicana que rechaza todo lo que es español. Les choca el ceceo de los españoles (pronunciación diferenciada de la z y la c). En redes sociales reaparece el infantil prejuicio de que los españoles no se bañan. Cuestión de recordar el bullying en la primaria contra los hijos de los refugiados de la guerra civil. “Eres un cochino, pinche gachupín, tu no te bañas, hueles a cerdo…” Para ellos la conquista sólo fue una sangrienta masacre de indios indefensos y de saqueo de los tesoros nacionales.

Actitudes así alimentan un monstruo cuyas consecuencias no podemos medir, pero que puede ser un monstruo de ideologías ciegas que le haga mucho daño al país de la manera en que los malos entendidos e insultos terminan dividiendo a las familias. Con todo, es altamente improbable que el desgaste actual alcance un punto de quiebre o que las relaciones se rompan, como ocurrió con Franco. No parece ser ese el ánimo de la derecha española, mucho menos del Gobierno socialista o del Gobierno de AMLO.

La relación México-España por años la han determinado menos las cúpulas del poder y más el fluido contacto horizontal entre sus pueblos. Intercambios culturales, estudiantes mexicanos en aulas españolas, turistas españoles en centros vacacionales y urbanos, casas editoriales españolas siempre presentes en nuestras ferias del libro, periodismo binacional e inversiones privadas de beneficio mutuo. Tal vez, quizá, lo que nos une sea más fuerte que lo que nos separa. Confiemos en que con o sin perdones, esa unión pruebe ser indestructible frente al divisionismo de los políticos.

Alejandro Páez Varela

El fin de semana, quizás forzado por las inercias de la sucesión adelantada por el Presidente de México, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, dio a conocer la lista de precandidatos de su partido, la mayoría gobernadores y varios de ellos muy cerca de dejar el cargo. Nombra a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván; al Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal; al de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; al de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; al mandatario saliente de Querétaro, Francisco Domínguez; a Santiago Creel, vicepresidente de la Cámara de Diputados; al líder del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y a Ricardo Anaya Cortés.

Me pareció una lista-de-buenos-deseos más que de presidenciables. Y además, una lista sin sorpresa, floja, que apenas retrata las figuras más sobresalientes del panismo en este momento. Aunque falta tiempo para el proceso electoral, la caballada –como solía llamársele– de los panistas es flaca y además, vulnerable. Al menos la mitad de ellos ha sido abiertamente señalado en expedientes por corrupción e incluso varios han librado hasta ahora la prisión por la inoperancia de la Fiscalía General de la República, pero no porque falte sustento a la investigación. En ese sentido, un buen ejemplo es García Cabeza de Vaca, quien parece disfrutar sus últimos meses, semanas o días de libertad. La lista es pobre y vulnerable, pero es lo que hay. Y está manchada por esa generación de panistas vinculados con dinero sucio.

Hay que recordar que para 2024, el PAN irá con el PRI y el PRD. De las sobras perredistas no creo que salga una figura que compita con la lista del PAN. Del PRI hay varios apuntados. Al menos están Miguel Ángel Osorio Chong, Alfredo del Mazo Maza, Rubén Moreira. Todos muy sobados, desgastados.

Movimiento Ciudadano tenía más o menos resuelta su candidatura presidencial para 2024. Enrique Alfaro parecía posicionado para llegar con cierta facilidad. Pero se le ha complicado. Samuel García y Luis Donaldo Colosio hijo han emergido desde Nuevo León como figuras más viables que el mismo Alfaro. En las últimas encuestas se ve a Alfaro en un lejano tercer lugar frente a sus otros dos compañeros de partido. Colosio, quizás arrastrado por el peso de su apellido, aparece en un primer lugar con niveles de popularidad que ya quisiera no solo Alfaro o García: cualquiera en la oposición. Falta (y aplica para varios de los destapados por el PAN) que mantengan su brillo durante el ejercicio de Gobierno, pero sin duda el Movimiento norteño se ha impuesto sobre el de Jalisco, que batalla incluso para conservar lo que había ganado. Esto complica las cosas porque los del norte no tienen credenciales ni edad para competir, y Alfaro encabeza un gobierno con muy, pero muy poco brillo.

Recapitulando. De los despojos del PRD no sale nada; en el PAN, flaca y muy vulnerable caballada; el PRI… híjole: algunos dudan incluso que llegue vivo a 2024 porque podría perder Hidalgo, Estado de México y Coahuila antes de las presidenciales. Y a MC se le cayó la apuesta para la presidencial siguiente.

Pues si lo aceptan, si todavía hay quien crea en él, Ricardo Anaya se apunta y anda sobres. Digo, son públicas las dudas que hay sobre su honestidad, y tiene fama de traicionero pero allí está. Y está Margarita Zavala, impulsada por su esposo pero desinflada por ella misma, es decir, por la realidad. Estaba Claudio X. González que se descartó a sí mismo. Está Santiago Creel, que es tan aburrido como una galleta salada sin sal. Está Maru Campos, si es que logra quitarse ese olor pegajoso a César Duarte y hace un buen papel en Chihuahua. Está… no sé. ¿Quién más está?

Mi impresión es que Marko Cortés cayó en la agenda de la sucesión adelantada del Presidente y mandó su propia lista, que no es de presidenciables sino de buenos deseos: una lista para no quedarse atrás, pues. Su lista evidencia que PRD, PRI, PAN e incluso sumando a Movimiento Ciudadano tienen muy poco para echar mano. Mi impresión es que se va a requerir mucha imaginación y muchas ganas para presentar a alguien en 2024.

¿Quién para la presidencial? Qué pregunta. Muchos dicen que el candidato dependerá de quién mande Morena. Quizás lo que le queda a la oposición es recurrir a un candidato externo; uno que los una y que los represente. Está Juan Ramón de la Fuente (cada 6 años está). Algunos mencionan a Lorenzo Córdova (dicen que si hay Reforma Político-Electoral sí irá). Unos dicen que Ricardo Monreal les haría el favor; honestamente no creo que se lo acepten. Y otros especulan con que Marcelo Ebrard optará por un frente contra Morena si no queda él y a ése, si es lo que se dice, sí creo que lo acepten.

La falta de candidatos presidenciales en la oposición refleja el fondo: que no es un tema de candidatos; es un tema de los partidos. Están en una muy seria crisis moral y ética. Una crisis de definición: del qué son, qué buscan; incluso una crisis de identidad y de quiénes han sido. Y mientras no resuelvan esa crisis interna, o justamente porque no hay quién resuelva esa crisis interna es que no hay cuadros rescatables. Siento a la oposición en el centro de un vórtice, flotando violentamente en círculos, desmembrada; tratando de darse coherencia dentro del remolino. Nunca ha pensado, quizás, en salirse del remolino. O quizás sea el remolino mismo.

Quedan tres años al sexenio. ¿Quién nos dice que en esos tres la oposición hará lo que no hizo en los pasados tres?

Alejandro de la Garza

El sino del escorpión lo ha llevado a atestiguar con entusiasmo el surgimiento de la movilización y las demandas de una constelación de colectivos agrupados en el movimiento feminista del nuevo siglo, sin duda el más novedoso, estimulante y radical de las últimas dos décadas, aun con sus dosis de violencia inherente.

Esta agitación feminista se caracteriza por la indignación y la rabia ante el creciente número de feminicidios, el incremento exponencial de la violencia de género (doméstica, pública, laboral, escolar, en redes), la exclusión y la normalizada impunidad de estos delitos. Sorprende por ello el desconocimiento periodístico de las características, razones y demandas del feminismo mexicano actual, así como la falta de un análisis racional de la violencia en sus marchas, más allá del amarillismo y el escándalo tan vendibles.

El escorpión no está para “manexplicar” el feminismo, pero sí para ofrecer información y datos para conocerlo. Por ello recomienda el ensayo de diciembre de 2020 El movimiento feminista en México en el siglo XXI: juventud, radicalidad y violencia, de la doctora Lucía Álvarez Enríquez (Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM), una aportación documentada al entendimiento de la combativa movilización feminista, sus estrategias y su violencia.

La investigadora caracteriza a este feminismo como un movimiento de nuevo cuño, distinto a los movimientos feministas anteriores. Sus protagonistas son diversificadas, no tienen liderazgo específico ni unificado, utilizan un lenguaje propio, directo y confrontativo, y recurren incluso a la violencia como medio de “comunicar y sacudir”. En efecto, hemos visto con azoro cómo esta radicalidad desafía no sólo a gobiernos e instituciones, sino a las formas mismas de articulación de los movimientos sociales y la acción colectiva. El innovador movimiento replantea entonces “las coordenadas de la lucha política y la transformación social” (¡pum!, escucha el escorpión).

El ensayo rastrea el transcurrir del movimiento desde 2018 en la UNAM y durante los últimos dos años, cuando la movilización trascendió los muros académicos y conectó con numerosos colectivos feministas exteriores. De estas feministas, el alacrán destaca su calidad de nuevas protagonistas sociales, su lenguaje original, sus estrategias de acción, el manejo de redes sociales, la centralidad de sus demandas en la violencia de género y el feminicidio, y su pertenencia a una nueva generación. “Son mujeres entre 18 y 23 años, muchas estudiantes de bachillerato y licenciatura (…) de clases medias y populares, insertas en la universidad pública y, por ello, con cierto nivel de formación e información”.

Para ellas, los agravios históricos padecidos por las mujeres han llegado al límite, al hartazgo insoportable, y la normalización de la violencia contra ellas es ya insostenible. De ahí los “fuertes exabruptos y explosiones de rabia contra los hombres, las instituciones, los medios y las complicidades silenciosas, sus mecanismos radicales y disruptivos, el tono de exigencias sin cortapisas, la intolerancia y desesperación ante la falta de respuesta de las instituciones” y, en consecuencia, “el uso de la violencia para sacudir y llamar la atención”.

Otra de sus características fundamentales es su diversidad: no es un movimiento unitario, homogéneo ni claramente estructurado. La enumeración de los colectivos sumados al movimiento es larga: las mujeres de la Asamblea separatista, las Mujeres organizadas de las facultades universitarias, la Asamblea Interuniversitaria de Mujeres y el grupo conocido como Anarquistas. También figuran, de manera transversal, el feminismo de las activistas, el académico, el de clase media, el feminismo popular y aún otros grupos como las abortistas, abolicionistas, trans, lesbianas, no binaries, bisexuales e intersex.

Otra clasificación cromática surgió de la histórica marcha de marzo de 2019: la camiseta violeta unificaba a feministas y no feministas en la demanda por la no violencia hacia las mujeres, el color verde ligaba a las luchas por los derechos sexuales y reproductivos (el aborto libre, seguro y gratuito), y el color rosa representaba las demandas de los grupos trans contra la violencia transfóbica y las exclusiones. La investigadora apunta cómo sorprendió la incorporación de voces y contingentes conservadores de la derecha, furibundos críticos del feminismo, además del grupo veracruzano “Las brujas del mar”.

Las diferencias entre estos colectivos se relacionan con aspectos como si aceptan hombres o no (separatistas), si la exigencia de sus demandas es total o si es posible negociar, si se visten de negro y se encapuchan, y, notablemente, si aceptan la negociación o asumen como necesario el uso de la violencia. No obstante su composición compleja, el movimiento generó acuerdos (denunciar el acoso, la discriminación y la impunidad en los abusos contra las mujeres), y forzó respuestas de las autoridades en materia de gobernación y legislación (universitaria y federal), además del reconocimiento a la validez política de la lucha feminista y el posicionamiento en la agenda nacional de los temas de violencia de género, feminicidios, impunidad y exclusión, todo a pesar de las descalificaciones del Presidente López Obrador.

Son muchos los temas de la lucha feminista actual en México planteados en este ensayo (entre ellos la alarmante misoginia exacerbada por estas mujeres y la presencia de provocadores en sus marchas), pero el escorpión finaliza con una reflexión de la doctora Álvarez Enríquez, para aplicarla al reciente escalamiento de la violencia durante la marcha proaborto del 28 de septiembre pasado.

“La violencia ha sido reivindicada y ejercida por algunos grupos (no el conjunto), arguyendo, por una parte, la ineficacia y falta de resultados cuando se han utilizados los “medios cívicos” (dialogo, negociación); pero, sobre todo, (arguyendo) la rabia condensada en los agravios denunciados y el dolor generado por el extremo inadmisible que significa acabar con la vida y con la dignidad de las mujeres, en particular las del entorno próximo”.

El alacrán deja la reflexión abierta, pues el porvenir dependerá del análisis y las decisiones políticas tomadas al interior del heterogéneo movimiento de colectivos feministas.

Adela Navarro Bello

Francisco Roberto Barbosa Delgado, es el fiscal general de la Nación en Colombia. Por estos días estuvo de visita en México. Colombia en el pasado, vivió como México hoy, una etapa de terror provocada por las guerras y vendettas de los capos de los cárteles de la droga.

La transición hacia una incipiente época de paz, solo se logró en Colombia cuando lograron desarticular a los principales cárteles de la droga de aquel país, entre finales de los ochenta e inicios de los noventa del Siglo pasado. Principalmente, el cártel de Medellín liderado por el narco terrorista, Pablo Escobar Gaviria, y el cártel de Cali encabezado por los hermanos Rodríguez Orejuela.

Por entonces, la estrategia fue desmembrar las organizaciones criminales, particularmente sus estructuras financieras, sus bienes, sus empresas de lavado de dinero, y las redes de corrupción que sostenían con parte de las autoridades colombianas y que les permitía vivir en la impunidad. Ser dueños y señores de ciudades enteras.

En el caso del cártel de Cali, el General Rosso José Serrano Cadena, con apenas una treintena de colaboradores, logró atrapar a los hermanos Gilberto y Manuel Rodríguez Orejuela, a partir del seguimiento que dieron a su contador. El hombre que llevaba las finanzas de la organización criminal fue el objetivo para atrapar a los capos, y desarticular el entramado financiero. Así lo dejó constar en su libro Jaque Mate, titulado así ante el apodo de El Ajedrecista con el que se conocía a Gilberto Rodríguez Orejuela.

La estrategia para combatir a los cárteles de la droga es esa. Desarticular sus estructuras financieras, dejarlos sin recursos para operar criminalmente, confiscar sus propiedades, congelar sus cuentas, asegurar sus casas de seguridad y las propias. Y la forma de hacerlo, es empezar por investigar a los financieros, y descabezar el cártel atrapando a los capos. A los jefes de jefes. No hay de otra.

El fiscal general de la Nación de Colombia, Roberto Barbosa, así lo dijo en una entrevista que, a propósito de su visita a México, concedió a El Universal:

“Quisiera ponerlo en términos de mi país: usted puede tener unidades de inteligencia financiera, nosotros tenemos una, pero si no se tienen instrumentos judiciales para perseguir esos bienes, usted no está haciendo absolutamente nada.

“La información sin elementos materiales de judicialización no sirve, y si no se atacan a los capos y a sus bienes no tiene lucha contra el narco, esa es finalmente la conclusión a la que yo llego como fiscal General de Colombia”.

Puntualizó:

“La alternativa es que al criminal hay que perseguirlo, hay que detenerlo, que sancionarlo, usted no le puede dar un mensaje a la sociedad de que finalmente lo que hay que hacer es reconciliarse con el narcotraficante, hay que quitarle los bienes y mandarlo preso, y buscar la negociación en el sistema acusatorio para que me ayude a desmantelar las organizaciones criminales, esa es la posición que tengo”.

La respuesta la dio cuando en la entrevista le refirieron la ocurrencia vuelta política pública en México, de “abrazos no balazos”. Ciertamente, reconciliarse con el narcotráfico trae impunidad, corrupción y vulnera a la sociedad.

Confiscar los bienes, acabar con las estructuras financieras criminales y atrapar a los capos, ninguna de esas máximas está en el plan o estrategia de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que le da más valor a la prédica que al combate frontal de los criminales, o con llama a los consejos en lugar de las acciones, y sostiene que prefiere abrazos a balazos, al tiempo que ordena la liberación de un criminal buscado por el gobierno de los Estados Unidos, como lo es Ovidio Guzmán, presuntamente, para evitar un rio de sangre inocente. Si no hay estrategia, seguramente eso sucederá. Pero en la persecución financiera, en la desactivación de las redes de lavado de dinero y en el aseguramiento de bienes, no necesariamente se utilizan balazos, de hecho, requiere de un trabajo de inteligencia para lograr desactivar la base económica de los cárteles, pero en México tampoco está sucediendo. Y no sucede porque se dan pasos descoordinados. Por un lado la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin considerar a la Fiscalía General de la República, y viceversa. Los casos terminan ganándolos los delincuentes.

El fiscal colombiano explicó que no veía territorios en Colombia dominados por cárteles mexicanos, pero sí una relación de comercio ilícito. Aun así, explicó a El Universal, que tenían varios juicios de extinción de dominio contra miembros de los cárteles de la droga en México. Puntualizó:

“Tenemos en este momento con México, 48 procesos de extinción de dominio en términos de bienes contra mexicanos, hemos impactado en 10 operaciones en el último año y medio, donde hemos podido capturar a 23 personas y hemos incautado 10 toneladas de clorohidrato de cocaína en toda esta estructura binacional con México: ocho extradiciones, tres ciudadanos mexicanos capturados por narco en Colombia y extraditados a Estados Unidos, y hay tres capturados y solicitados por el gobierno de México; también hicimos ese trabajo. Lo que queremos es incrementar esta tarea”.

En México, en los últimos tres años, no se ha logrado la aprehensión de ningún capo de las drogas. Las cabezas criminales de los cárteles, siguen en la impunidad, prófugos.

Una investigación en documentos judiciales, revela que en casi tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, solo existen 38 acciones de extinción de dominio, para desposeer a los criminales de sus bienes. 3 fueron iniciadas en el 2019, 5 en el 2020, y 30 en este 2021.

38 acciones de extinción de dominio por parte del gobierno mexicano contra los cárteles de este país, contra 48 procesos que lleva el de Colombia contra narcotraficantes mexicanos. Una diferencia de considerar.

En México la figura legal de extinción de dominio surgió en 2009 en la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa en la Ley Federal de Extinción de Dominio, que a la llegada de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se modificó, en 2019, a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ampliando el espectro, para ir por los bienes no solo de los criminales organizados, sino de políticos y funcionarios. De cualquier forma, mucho no ha sido recurrida por las autoridades actuales, pues solo se tienen 38 operaciones al respecto, y en su mayoría, contra narcotraficantes, secuestradores, delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, distribución y producción de droga.

Pero el fiscal colombiano tiene razón, para acabar con los cárteles, se debe ir contra los capos y sus bienes, algo que en México, es evidente, en los últimos tres años no se ha hecho. Ahí están los líderes criminales de los cárteles prófugos e impunes para probarlo, o los más de 93 mil asesinatos en 32 meses de gobierno.