Categoría: Editorial

Odio

Es el año 2019 y el odio contra las poblaciones de la diversidad sexual no cesa, al contrario. Año tras año nos enteramos de asesinatos más crueles de mujeres transexuales o de padres que obligan a sus hijas a ir a terapias para “quitarles lo lesbiana”. Año tras año, más aficionados al futbol gritan más fuerte “puto” en los estadios, aseguradoras privadas limitan cobertura médica a hombres gays hasta por dos años por riesgo de transmisión de VIH o áreas de Recursos Humanos hacen pruebas obligatorias de VIH. Tales actitudes denigran, son discriminatorias y generan odio.

Odio como el que tuvieron dos hombres que la noche del 3 de mayo acudieron a La Cañita, una marisquería en la Colonia Doctores, y golpearon a los comensales porque además de querer tragos gratis, uno de ellos le exigía sexo a Diana Junyent, una de las dueñas del local. Diana es lesbiana, está casada desde hace dos años y medio con Ali Gardoqui, alias Ali Gua Gua. Juntas abrieron su negocio que es más que un restaurante, es un espacio de convivencia para la diversidad sexual, donde lo mismo se sirven mariscos que se recita poesía, se dan pláticas de salud sexual, hay música. La Cañita apenas tiene 5 mesas, pero ya es un referente en la zona.

Ali me cuenta que ella siempre ha sido vecina de la Doctores. Que nunca falta el grito lesbofóbico, que la confunden con luchadora por su físico y que en ocasiones algunos transeúntes pasan por su negocio y les dicen “desviados, putos, maricones” o algún otro insulto homofóbico, pero más allá de eso nunca había pasado algo de gravedad desde que abrieron su marisquería, un 12 de diciembre del 2016.

La noche del ataque contra comensales, Mike estaba en el local. En un momento de valentía, se levantó de su mesa y enfrentó a los agresores para que no tomaran un machete que estaba en el piso. Logró sacarlos, no sin antes recibir varios golpes. Cerraron la cortina de acero y adentro quedaron varios clientes hasta que llegó una patrulla y los agresores ya no estaban. Mike acudió este lunes a ratificar su denuncia, igual que Diana y a agregar una más. La mañana del domingo la fachada de La Cañita fue quemada. Alguien le había prendido fuego.

La homofobia y el odio generan violencia. Violencia que hemos visto en ataques contra bares gay como el de la discoteca Madame, en Xalapa, en mayo de 2016 y que dejó al menos 6 muertos. Odio como el que mató a 50 personas en la discoteca gay Pulse, de Orlando, Florida, en junio de 2016. El ataque en Xalapa generó algunas notas de prensa, mientras que el ataque en Orlando movilizó a miles de personas y generó un mensaje del presidente Obama y que éste se reuniera con familiares de las víctimas.

Odio como el que motivó a los asesinos de Minatitlán a perpetrar una masacre en una fiesta el pasado 19 de abril. Los atacantes mataron a 13 personas, incluido un bebé, e iban tras la administradora de un bar gay en la zona, presuntamente por cobro de derecho de piso. Las autoridades repitieron dos errores muy comunes al reportar la muerte de una persona trans. Por un lado, el llamado misgendering o error al poner el género y, por el otro, usaron el deadname, que consiste en publicar el nombre asignado al nacer a una persona trans. La Procuraduría de Veracruz incurrió en ambos errores al señalar que habían asesinado al gerente (en masculino) de un bar gay de la zona y al dar a conocer su nombre de nacimiento. Lo cierto es que a quien asesinaron fue a Rebekita Ryn, alias Becky, una mujer trans que administraba el frecuentado bar gay de la zona.

La Cañita se suma a la lista de los negocios LGBT atacados por el odio y éste fue en la misma ciudad que en 2015 fuera decretada como “ciudad amigable LGBT”. Ante el ataque al restaurante bar, el silencio de la jefa de Gobierno, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y hasta del Copred es inaceptable. CDMX ha avanzado tanto y no es momento de bajar la guardia. El odio mata. La homofobia mata. Así de claro, así de simple.

La política de identidad es norma. Quedaron atrás los estadistas que buscaban cerrar brechas encontrando objetivos comunes. Los electores premian a quien halla grietas para clavar cuñas. En Medio Oriente éstas están en la diferencia religiosa, en Estados Unidos en la brecha entre las costas prósperas, racialmente diversas, y el centro blanco y rezagado. En México López Obrador enfrenta a quienes han tenido acceso a educación y privilegios con quienes no. Décadas de resentimiento acumulado le allanan el camino. Una enorme parte de la población prevalece marginada, mientras otros prosperan sin más mérito que compadrazgos o deshonestidad. La administración de Peña Nieto fue el punto climático de un sistema corrupto y descarado en el cual la meritocracia parecía garantía de impunidad. Esa cuña es peligrosa. Se generaliza a la ligera: no puedes tener consciencia social si creciste en una familia afluente; si eres tecnócrata, eres conservador; si estudiaste en el extranjero, importaste malas mañas; si trabajaste en gobiernos anteriores, te corrompiste; si estás en la sociedad civil, proteges a los poderosos; si no votaste por este cambio, quieres el statu quo. La etiqueta nubla al ser humano. Si la opción es chairo o fifí, ambos bandos perdimos, redujimos a una persona al elemento que nos diferencia. Las redes sociales ayudan, pues es fácil odiar sin ver a los ojos. Esta estrategia no es invento o exclusiva de AMLO. Donald Trump es diestro clavando cuñas, como lo son Netanyahu o Erdogan. Si ignoramos las etiquetas, es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Pero si nuestra atención se centra en la descalificación y el escándalo, anulamos cualquier posibilidad de articular juntos políticas públicas sensatas. Si en ambos bandos hay buenos y malos, honestos y transas, solidarios y egocéntricos, humildes y arrogantes, educados e ignorantes, lúcidos y obtusos, es grave marginar a la ligera. El paupérrimo perfil de los candidatos a la Comisión Reguladora de Energía, de los nuevos consejeros de Pemex o incluso de los legisladores de Morena, se explica porque eligen entre un grupo muy pequeño de conocidos que, por serlo, “merecen” el puesto. Pagaremos el brutal deterioro de las capacidades del gobierno. Este no debe ser un gobierno de inútiles devotos. Cometerán errores que serán aún más graves cuando enfrenten una crisis. A todos los gobiernos les llegan. Haber tenido educación se volvió defecto. Por ello, esta legislatura de Morena tiene 12 por ciento menos diputados universitarios que la previa. El cierre de ductos de Pemex previo a las vacaciones de fin de 2019 es buen ejemplo de lo que pasa cuando funcionarios de cuarto nivel se ven, de repente, con poder para decidir, sin la capacidad o experiencia para hacerlo bien. La crisis nada tuvo que ver con robo de combustible. Fue una ocurrencia. La cortina de humo del huachicol funcionó mediáticamente, pero habría que preguntar por qué las tomas clandestinas han aumentado. Peor aún, tres secretarios de Estado corrieron a Nueva York a gastar una fortuna en pipas para seguirle el juego al jefe, y las compraron fuera de norma. Además, están siendo conducidas por choferes sin entrenamiento para manejar líquidos flamables. Ocurrirá una desgracia. Si AMLO logra dividir, se dará un balazo en el pie. En un país en el que “importa más la justicia que la ley” y donde “la mano de regímenes anteriores” es la culpable de que crezca la violencia ahora, estamos a nada de que sea moralmente justificable robar, secuestrar o extorsionar al bando opuesto. Pero lo único que separa al desempeño de este gobierno de una crisis severa es justo la actividad económica de esos fifís y la inversión de empresarios que siguen dándole el beneficio de la duda, con la esperanza de que sus errores los explique su curva de aprendizaje más que su necedad e intransigencia.

Partidos: dinero en exceso

El dinero público destinado a los partidos mexicanos es excesivo y muchos actores políticos han hablado de reducirlo, pero nadie ha traducido su intención en hechos eficaces. En buena hora, los diputados Tatiana Clouthier y Mario Delgado (Morena) han anunciado la presentación de una iniciativa en ese sentido (Reforma, 06/03/19), pero apenas es el inicio de un camino largo e incierto porque para llevarla a buen puerto se requiere de una mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso.

Ello porque se trata de una reforma constitucional, circunstancia que evidencia la desmesura cometida en el pasado, pues los partidos son los únicos entes que reciben recursos presupuestales y tienen definida en la Constitución la forma detallada en que deben calcularse y asignarse. Dicho de otro modo, Morena no podrá por sí misma materializar esa iniciativa y es previsible que no todos los partidos simpatizarán con ella.

En 1997, el total del financiamiento público para actividades ordinarias fue de 1,031 millones de pesos. Veinte años después, lo que antes fue para todos correspondió a un solo partido, el PRI, que en 2017 recibió 1,004 mdp por ese mismo concepto. Cierto que se trata de cifras de valor nominal, pero aun así reflejan el exceso. En ese mismo lapso de 20 años, los partidos recibieron más de 66,000 mdp de las arcas federales.

Me apresuro a decir que considero correcto destinar dinero del presupuesto a los partidos y que el porcentaje de recursos privados para estos sea muy menor. Es más, el Congreso debería considerar la posibilidad de eliminar completamente los recursos de origen privado.

Prospere o no tal iniciativa, convendrá corregir una ostensible inequidad: la asignación en porcentajes de 30% igualitario y 70% de acuerdo con los votos obtenidos. Esa inequidad provocó que, por ejemplo, en 2018, el PRI fuera el más favorecido, con más de 1,600 mdp, mientras que el Partido del Trabajo tuviera 354 mdp, incluyendo en todos los casos financiamiento ordinario y de campaña. En 2019, Morena tiene más de 1,500 mdp y al menos dos partidos no alcanzan los 400 mdp.

Quizá el aspecto peor en esta materia es que, a pesar del monumental monto que reciben en conjunto los partidos, ese dinero no les basta y es frecuente que acudan a fuentes ilegales para proveerse de fondos (gobiernos, empresas y delincuencia organizada). Casi es un lugar común afirmar que el rebase de los topes de gastos de campaña es un deporte nacional, ante el cual se ha estrellado la fiscalización del INE y ha sido nula la actuación de la Fepade.

Cuando se habla de reducciones importantes a los montos presupuestales partidarios, suele decirse que tal disminución afectaría las posibilidades de ganar elecciones. La realidad es diferente: en 2018, el PRI tuvo -como ya se apuntó- el mayor monto de financiamiento y quedó en tercer lugar en la votación presidencial. En cambio, con menos del 40% de lo que correspondió al PRI (621 mdp), Morena se alzó con la Presidencia de la República y la mayoría en las dos Cámaras del Congreso de la Unión. El dinero, pues, no siempre es determinante para ganar. Y aun cambiados los papeles, el PRI tiene asignados para este año 849 mdp, más de lo que Morena recibió en 2018.

Comoquiera, riñe con la sensatez el que en 2019 los partidos vayan a recibir casi 5,000 millones de pesos de financiamiento púbico federal, al cual habría que añadir los también cuantiosos fondos estatales, y esto en un año en que no hay comicios federales. La necesidad de disminuirlo es innegable.

Plantas al rescate

Joanne Chory, directora de biología de plantas del Instituto Salk de Estudios Biológicos de La Jolla, en California, una de las botanistas más respetadas del mundo, considera que ha encontrado la clave para combatir el calentamiento global. Tiene, además, prisa por aplicar su idea. A los 64 años, padece de Parkinson y quiere dejar un mundo mejor a sus hijos antes de que la enfermedad le impida seguir adelante. Sugiere, sin embargo, una solución realista que molesta a los dogmáticos. utilizar tecnologías de modificación genética para producir plantas que absorban el dióxido de carbono de la atmósfera en mayores cantidades.

         Las propuestas de los políticos para combatir el calentamiento global no tienen posibilidades de éxito. Recortar las emisiones  de carbono no reducirá el ritmo del calentamiento global, a menos de que estemos dispuestos a empujar al mundo a una depresión tan fuerte que mate de hambre a miles de millones. Si todos los Acuerdos de París se aplicaran, la temperatura del planeta sería en 2100 solo 0.05 grados Celsius menor que sin los acuerdos. El calentamiento global no se mantendrá por debajo de 1.5 grados, como se prometió en París en 2015, sino que subirá por lo menos 4.5 grados en este siglo (Bjorn Lomborg, Consenso de Copenhague).

         La única manera de disminuir el ritmo del calentamiento global es absorber dióxido de carbono que se encuentra ya en la atmósfera. Las propuestas para desarrollar equipos que tomen el gas de la atmósfera y lo almacenen no son hasta ahora más que ciencia ficción, pero la doctora Chory (se pronuncia Cory) ha hecho una propuesta natural que sí tiene posibilidades de éxito.

         “Las plantas -señaló Chory esta semana en las conferencias TED-han evolucionado para absorber el CO2 y lo hacen muy bien. Además lo concentran, cosa que ningún equipo puede hacer, y lo convierten en materias útiles, como azúcar”.

Chory está trabajando en un proyecto llamado Planta Ideal que utilizaría una tecnología de edición de genes, Crispr, para la creación de plantas, como frijoles, maíz y algodón, con mayor capacidad de absorción de dióxido de carbono. Los genes de estas plantas se editarían para generar variedades con raíces más amplias y profundas que produzcan “más suberina para el secuestro (fijación) de mayores cantidades de C02”. La científica señala: “Las plantas son la única manera de hacer esto de manera razonable”.

         El problema es que la edición de genes, el reemplazo de ciertos genes naturales de una planta por otros con características distintas, es rechazado de manera dogmática por muchos políticos y organizaciones ambientalistas. En México el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a su ignorancia científica, ha descartado el cultivo de transgénicos sin darse cuenta de que esto puede tener consecuencias muy negativas para el ambiente y para el campo.

         Por lo pronto, la doctora Chory está haciendo una propuesta sensata para aumentar la absorción y fijación del CO2 en la tierra y reducir el ritmo del calentamiento global. No deja de ser curioso que muchos políticos y grupos que se dicen preocupados por el ambiente se nieguen al uso de una tecnología natural que hasta el momento es la única que puede retirar el dióxido de carbono en la atmósfera. Absurdamente, prefieren impulsar iniciativas que ya sabemos no reducirán el ritmo del calentamiento del planeta.

Monterrey o Macuspana

En México hay una clara dicotomía entre estados que crecen y se han integrado a una prosperidad norteamericana, mientras otros se parecen más a nuestros vecinos centroamericanos. ¿Hacia cuál realidad convergiremos?

El problema de México no es la falta de crecimiento. Hay estados que participan en cadenas de abasto globales (San Luis, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro) y otros incapaces de atraer inversión privada (Tabasco, Campeche, Oaxaca) por falta de infraestructura, por un ambiente hostil o por carecer de una población con habilidades mínimas para ser empleable. México no es atractivo por sus bajos salarios. Si eso fuera, Oaxaca sería Nuevo León. Lo atractivo es que tenemos buenos ingenieros y trabajadores que aprenden rápido, pero no en todas partes.

Este gobierno busca normalizar la pobreza y quiere normalizar la mediocridad. Si la brecha entre ricos y pobres se cierra empobreciendo al rico, estamos perdidos. Si la brecha regional se cierra quitándole competitividad al próspero, también lo estamos. En 100 días, el gobierno de López Obrador ha contribuido a que en unos años todo México sea Tabasco. El sur es el gran perdedor por la cancelación del Nuevo Aeropuerto. Por años, no habrá capacidad para conectar desde la capital a ciudades medias que se beneficiarían de una mayor frecuencia de vuelos. Además, perdimos la posibilidad de tener un hub estratégico de carga internacional, cuando las cadenas de valor globales se han acortado.

México pierde la oportunidad de competir con países asiáticos en medio de dos tendencias importantes, el reshoring, como se le llama a que regresen a Estados Unidos plantas de empresas estadounidenses en el extranjero, buscando que la producción reaccione más rápido a cambios en la demanda; y el near-shoring, que busca al menos producir geográficamente cerca de Estados Unidos, donde México es un destino atractivo.

Se ha promovido una relación sindical más contenciosa, bajo la errada hipótesis de que las amenazas de huelga estimulan aumentos de sueldos. Como acertadamente comentó Carlos Elizondo (“La lucha de clases hoy”, Excélsior, marzo 7), Morena pretende construir un nuevo movimiento obrero sobre una legislación laboral que no permite competir en un contexto global. Los paros en Matamoros son, además de ilegales, devastadores. Para industrias como la de autopartes (altamente sensible a entregas a tiempo), que exporta 90 mil millones de dólares al año, nuestra estabilidad laboral era crucial. En México se producen partes que se integran puntualmente a largas cadenas de valor mutinacionales. Un paro provoca que toda la cadena se detenga, imposibilitando la entrega a tiempo de un automóvil terminado.

Los paros provocarán desinversión y cierre de plantas. Miles de trabajadores quedarán desempleados y se incorporarán a la economía informal, en el mejor de los casos; migrarán, o se emplearán con el crimen organizado, en el peor. La brecha entre norte y sur se cerrará restándole competitividad al norte, empobreciéndolo.

México no se desarrollará porque el gobierno incremente gasto social. Lo hará cuando genere las condiciones para que la inversión privada nacional y extranjera prosperen, y para que los jóvenes aprendan a emprender. Como dijera Margaret Thatcher, el problema con el socialismo es que al gobierno eventualmente se le acaba el dinero de los demás. Lo subrayo. Este gobierno, como cualquier otro, sólo “invierte” lo que antes le quitó a individuos o empresas en forma de impuestos. Si además gastan mal, en refinerías por capricho o en trenes absurdos, el daño es doble.

Colosio y el complot

El asesinato de Luis Donaldo Colosio sigue obsesionando a nuestro país. El 25º aniversario, este pasado 23 de marzo, ha reanudado los alegatos y las declaraciones. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que cenó con Colosio en casa de Clara Jusidman dos días antes del homicidio. En su momento Manuel Camacho Solís dijo también que se había reunido con Colosio, de quien era acérrimo rival, lo que llevó al acuerdo de que Camacho renunciaría públicamente a sus aspiraciones de ser candidato a la Presidencia.

         La gente cercana a Colosio siempre estuvo convencida de que Colosio fue asesinado por una conspiración y no por un asesino solitario. Diana Laura Colosio, la viuda de 36 años que moriría de cáncer en noviembre de ese mismo 1994, estaba al parecer convencida de que Camacho había estado detrás del homicidio. Se negó así a firmar una carta que le envió el presidente Carlos Salinas de Gortari en la que exoneraba al ex regente del Distrito Federal que había luchado por la candidatura presidencial del PRI contra Colosio. Escogió personalmente al entonces ministro de la Suprema Corte, Miguel Montes, para ser el primer fiscal especial del caso con la encomienda de que encontrara la conspiración.

         Montes impulsó originalmente la investigación por ese camino y habló de una “acción concertada” que ilustró públicamente con un video en el que buscaba encontrar patrones en los movimientos de distintos personajes en los momentos previos al homicidio. Semanas después, sin embargo, se vio obligado a reconocer que no había podido comprobar esa acción concertada. La decisión fue sumamente impopular y Montes dejó el cargo para ser reemplazado por la doctora Olga Islas, quien tampoco encontró indicios de una conspiración.

         Pablo Chapa Bezanilla fue nombrado tercer fiscal especial por un procurador panista, Antonio Lozano, y postuló la presencia de un segundo tirador. Detuvo a Othón Cortés, un personaje menor que gravitaba en torno a las oficinas del PRI en Tijuana, pero el caso se desplomó ante las pruebas periciales y al demostrarse que los testigos de cargo habían sido inducidos. Cortés fue exonerado por los tribunales.

         El último fiscal especial, Luis Raúl González Pérez, actual presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hizo un trabajo sistemático sobre todas las líneas que surgían de las teorías de la conspiración, desde la existencia de dos Aburtos hasta la presunta responsabilidad de un agente del Cisen, Jorge Sánchez Ortega, que estaba en el lugar de los hechos. Todas las hipótesis de conspiración se cayeron ante el peso de las pruebas o los dictámenes de los peritos, como los fisionomistas que confirmaron que el Aburto de la cárcel era el mismo detenido en Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994.

         González Pérez no cerró el caso, porque hacerlo era una decisión política, pero declaró que no había pruebas que señalaran que alguien además de Aburto hubiera participado en el asesinato. La Fiscalía General de la República debería hoy publicar completa la investigación.

         Sin embargo, poco importan las pruebas. La convicción popular es que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari mandó matar a su protegido y candidato. Esta es la versión que han promovido películas como Colosio de Carlos Bolado o la serie de Netflix Historia de un crimen: Colosio. Siempre se logra más éxito con una trama de conspiración que con la verdad.

Urge educación privada

El gobierno decidió darles a las familias el dinero que gastaban en estancias infantiles, con el criterio de que pueden decidir mejor qué les funciona en cada caso. Hagamos lo mismo con el sistema educativo. El razonamiento de las estancias avala el desarrollo de un buen sistema de vouchers en el que las familias decidan si con éstos cubren el costo de escuelas públicas tradicionales, o mejor lo hacen en escuelas privadas.

El sistema educativo más exitoso en América Latina es el de Chile. Éste depende totalmente de un sistema de vouchers bien manejado. En los últimos diez años, se ha duplicado el porcentaje del ingreso disponible que las familias de China y la India gastan en educación. Vietnam, que ha logrado un ascenso meteórico en los resultados de la prueba PISA, cuenta con el sistema de educación privada que más rápido crece.

La revolución tecnológica que vivimos provee a escuelas privadas, especializadas en educar a la población de más bajos recursos, herramientas extraordinariamente eficientes y baratas (a partir del análisis masivo de datos que perfecciona el diseño de materiales y el uso de lenguaje óptimo para introducir conceptos) para lograr resultados sobresalientes. De hecho, varias provincias chinas y regiones en la India optaron por subcontratar a empresas privadas, sacando al Estado de la función de educación pública, al ver que éstas ofrecían en África educación por la mitad del costo que los Estados invertían, logrando resultados hasta cuatro veces mejores en pruebas estandarizadas.

La cancelación de la “mal-llamada-Reforma-Educativa” es probablemente la medida que, de un plumazo, más afectará al futuro de México. Ésta estuvo lejos de ser suficiente o perfecta, pero al menos daba algunos pasos en la dirección correcta. Por primera vez, vimos a maestros de la CNTE en Oaxaca oponerse a abandonar el salón de clase para ir a plantones, sabiendo que el futuro de sus carreras dependería de su desempeño, y no de la voluntad del líder. Al devolverles el control a los líderes, ahora sufren represalias. Tomará generaciones para que se animen nuevamente a enfrentarlos.

Hemos condenado a generaciones enteras de niños oaxaqueños, guerrerenses y de otros estados a una paupérrima educación donde seguirán alimentando migración a Estados Unidos, a la economía informal, dependerán crecientemente de recursos estatales (con su subsecuente sumisión política), y transitarán una vida de subsistencia. Ha quedado muy atrás el sistema de educación pública en el que miles de mexicanos obtenían herramientas suficientemente sólidas para destacar en empresas privadas, en las artes o en la política. ¿Cuántos de quienes defienden a capa y espada los intereses de la CNTE tendrían a sus hijos en una escuela con maestros de ésta? Si Benito Juárez hubiera crecido en Oaxaca hoy, hubiera padecido escuelas con maestros ausentes para quizá después volverse un agricultor dependiente de precios de garantía.

Estamos inmersos en la “economía del conocimiento”. Como dijera Thomas Friedman, el columnista del New York Times, el desarrollo de los países dependerá más de su acceso al flujo de nuevo conocimiento que del acervo acumulado de éste. Esa es buena noticia para México, pues nuestro acervo de ciencia o tecnología es muy pobre. Pero para que nuestros niños y jóvenes se beneficien de ese flujo y del conocimiento científico que avanza al ritmo exponencial de la revolución tecnológica, necesitamos que tengan herramientas básicas de matemáticas, comprensión al leer y capacidad de razonamiento crítico. Nuestro sistema de educación pública está a años luz de ofrecerlo.

Necesitamos apuntalar el magro progreso que la Revolución Educativa permitió, y nos urge enfrentar el colosal reto. Con nuestro perfil demográfico, si no nos apuramos en educar a nuestros jóvenes, en un par de décadas serán ancianos funcionalmente analfabetas, pobres y dependientes.

Ha llegado el momento de sumar recursos privados al esfuerzo público. No hay alternativa.

Primero castigar

Un principio jurídico fundamental en los países con estado de derecho es que toda persona es inocente mientras no se compruebe su culpabilidad. Primero se juzga y solo si se determina una responsabilidad se sanciona. En los países autoritarios, en cambio, primero se castiga y después se juzga. México está en este último grupo.

La muy parchada constitución mexicana incorpora todavía la presunción de inocencia en su artículo 20, el cual establece que todo imputado tendrá derecho “a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”. Al mismo tiempo, tenemos una lista de delitos llamados “graves” en los que se aplica “prisión preventiva oficiosa”, que no es otra cosa que castigar antes de juzgar. Lo peor es que el gobierno y el legislativo están ampliando el catálogo de estos delitos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece en su artículo 11: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.” La actual versión de la constitución mexicana, sin embargo, elimina la presunción de inocencia en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con armas y explosivos, y delitos graves contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. El presidente está buscando incluir entre estos “delitos graves” la corrupción, las faltas electorales, el abuso sexual a menores y el robo de combustibles. Ayer, en uno de esos desplantes de una lógica peculiar, un non sequitur dirían los lógicos, preguntó cómo era posible respetar al INAI cuando la institución se creó en los tiempos del neoliberalismo en que se eliminó la clasificación de corrupción como delito grave.

         La verdad es que la ampliación de los llamados delitos graves es muy preocupante. El presidente está aprovechando el enojo de la sociedad ante la impunidad, pero castigar antes que juzgar no ayuda a disminuir la impunidad. “Tal vez la medida sea de utilidad política -escribió en Reforma el 7 de marzo Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, pero en modo alguno corregirá los problemas de fondo ni acabará con la impunidad, además de generar el riesgo de que se cometan abusos en contra de personas inocentes.”

         En los países donde prevalece el estado de derecho no hay listas de delitos graves que obliguen a los jueces a encarcelar primero y después juzgar. Cuando un detenido es considerado peligroso, o tiene antecedentes que permitan suponer que tratará de evadirse de la justicia, se puede aplicar la prisión preventiva, pero nunca de forma sistemática y menos obligatoria.

         Dado que en estos delitos graves la sola acusación basta para encarcelar a un inocente, es muy preocupante que se aplique a delitos como corrupción o robo de combustible, que pueden tener motivaciones políticas. Bastará con una acusación del presidente o su fiscal para encarcelar durante varios años a un enemigo político, aunque los tribunales lo declaren inocente después. Esta arma es particularmente peligrosa en manos de un gobernante que dice que va a someter a consulta popular la decisión de si acusa o no de corrupción a sus predecesores.

La loca de Jesusa

A Jesusa Rodríguez la conocía un sector del país por su apoyo al plantón de López Obrador, por su trayectoria como directora y actriz de teatro o por su trabajo como cabaretera, pero recientemente su entrada a las redes sociales la convirtió en tema de debate nacional digital por sus comparaciones de las mujeres con las vacas y otros animales no humanos, así como por hablar de la Conquista y los tacos de cerdo o por relacionar el desconocimiento del clítoris con la ignorancia de las propiedades de la mariguana. La loca de Jesusa, le han dicho en redes. Bendita locura.

Entiendo al feminismo como una gran herramienta teórica para promover la justicia y entender las distintas opresiones a las que están sometidos los cuerpos de las mujeres y con el regalo del concepto del género, la teoría feminista abrió nuevas rutas para entender las causas de la desigualdad y la injusticia, no sólo para las mujeres cisgénero y el movimiento feminista, sino para otros movimientos identitarios como el LGBT. Jesusa tiene múltiples identidades: es feminista, lesbiana, ecologista, animalista, subversiva, pero no le gusta que la cataloguen ni le gustan las etiquetas, ella vive su vida y defiende sus causas.

El pasado 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Jesusa hizo explotar las redes al mencionar que “no debemos olvidar en el día de la mujer a las hembras de todas las especies que están siendo explotadas por la industria alimenticia de una forma brutal… todas las hembras de todas las especies son iguales” y remató diciendo “la lucha feminista si no es antiespecista no es”. Tiene razón.

Jesusa lleva una dieta vegana, desde hace ya 8 años. Es decir, no consume productos provenientes de animales y va por el mundo tratando de convencer a otros a que abandonen el consumo alimenticio de cadáveres de animales. Tiene un tono de voz dulce, pero firme y en el momento en el que yo pido unas enchiladas para desayunar me siento culpable porque las pido con queso. Yo tengo 19 años sin comer carne roja, pollo, cerdo, pero sí consumo aún pescado, huevo y quesos, pero para Jesusa no es suficiente: “algún día comer animales será vergonzante”, me dice.

La lucha feminista tiene una vertiente con el ecologismo y el veganismo. Desde fines de los años setenta, varias teóricas feministas desarrollaron estas conexiones, tratando de explicar que la explotación de la Madre Tierra, del planeta, se puede entender como una explotación patriarcal y que ésta vulnera especialmente a las mujeres más pobres del llamado Tercer Mundo. En 1990 la teórica y activista Carol J. Adams publicó La política sexual de la carne: una teoría crítica feminista-vegetariana, un libro que se convirtió inmediatamente en un clásico.

Desde el Senado Jesusa impulsará una agenda de derechos para los animales no humanos. Prohibir las corridas de toros es uno de sus temas, pero dado que ocupa la curul que dejó Olga Sánchez Cordero también promueve la regulación del mercado de la mariguana, así como el derecho a decidir. Aunado a esto, impulsará la protección del maíz mexicano y la proscripción de los transgénicos.

La hoy senadora impulsa esas agendas y comunica los temas en las redes, aunque a veces en su intensidad se pierdan los mensajes al mezclar varias causas. El antiespecismo (creer que la especie humana es mejor o superior a las demás), el feminismo y el goce de la sexualidad, el anticolonialismo y el uso medicinal y lúdico de la mariguana. Por ello la llaman la chaira y loca del Twitter, pero su locura lleva mucha razón y representa a un sector de la población y una demanda histórica de los defensores de los derechos de los animales no humanos. Como escribió Isaac Bashevis Singer, premio Nobel de Literatura, “en relación a los animales, todos los humanos somos nazis”, lo mismo piensa J.M. Coetzee, Peter Singer y, claro, la loca de Jesusa…

Pobreza del campo

En la mañanera de ayer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirmó: “La mejor manera de recordar a Zapata es el apoyo que se está dando al campo en la Ciudad de México, además de todos los apoyos que está dando el gobierno de México.” ¡Qué paradoja! Celebramos a Emiliano Zapata dando caridad a los campesinos empobrecidos.

         A Zapata se le atribuye el renacimiento del ejido, esa forma colectiva de tenencia de la tierra que el gobierno colonial otorgaba a las comunidades indígenas. El ejido tenía sus orígenes en España, donde el término se refería a ciertos pastizales y bosques para uso de la colectividad en las afueras de los pueblos, pero también en formas de tenencia colectiva de la tierra en la Mesoamérica prehispánica.

Por el impulso de Zapata se restablecieron las tierras comunales y los ejidos abolidos por la Ley de Desamortización de 1856. Primero con la Ley Agraria de 1915 y después con la Constitución de 1917 se rechazaron las reformas liberales y México regresó a esas viejas formas de tenencia.

         Hoy el país es muy distinto, sobre todo en las ciudades. Si solo consideráramos las zonas urbanas, México sería un país sorprendentemente rico. El campo concentra la pobreza: “Aunque solo una cuarta parte de la población mexicana vive en zonas rurales, en estas regiones reside el 60.7 por ciento de la población en pobreza extrema y el 46.1 por ciento de los moderadamente pobres en el país” (“La pobreza rural en México”, Banco Mundial, 2004).

         Esto se lo debemos en buena medida al ejido y a las tierras comunales indígenas cuya productividad es muy inferior a las propiedades privadas. Las restricciones a su venta y a las inversiones productivas en su interior han sido obstáculos enormes para su prosperidad. Quienquiera que haya tratado de realizar una inversión productiva en una tierra ejidal sabe el costo enorme que esto puede tener. Algunas veces es necesario comprar o alquilar el mismo predio cinco o 10 veces a distintos ejidatarios. La falta de derecho claros de propiedad ha mantenido a los ejidos y tierras comunales sin inversión y en la pobreza, mientras que el resto de la economía ha avanzado, a ritmo desigual, pero ha avanzado.

         No debe culparse completamente a Zapata. Él exigía la restitución de las tierras de los pueblos, pero no proponía una “organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades”, como señala la actual versión del artículo 27 de la Constitución. Tampoco se pronunció por la prohibición de vender o alquilar tierras. Estas fueron ideas de los políticos e ideólogos que se adueñaron del legado zapatista. El propio Zapata era un agricultor próspero, un pequeño propietario, que simplemente quería echar para atrás el hurto de las tierras de su pueblo.

         Hoy se utiliza la figura de Zapata para defender lo indefendible: esas formas colectivas de tenencia de la tierra que son el origen de la pobreza de la mayor parte del campo. Es muy doloroso que los políticos nos digan que recuerdan a Zapata dando ayuda a los campesinos empobrecidos. Mejor sería adoptar los derechos de propiedad que a él le permitieron convertirse en un agricultor que, con honrado trabajo, ganaba lo suficiente para mantener desahogadamente a su familia.