Categoría: Editorial

El enemigo útil

         En una mañana en que lanzó una andanada de tweets, Donald Trump amenazó ayer nuevamente a México. “Los soldados de México recientemente apuntaron a nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica de desvío de atención para los narcotraficantes en la Frontera. ¡Mejor que no pase otra vez! Estamos enviando ahora SOLDADOS ARMADOS a la Frontera. México no está haciendo lo suficiente en aprehender y devolver”.

         Un tweet anterior afirmaba: “Una Caravana muy grande de más de 20 mil personas ha empezado a avanzar por México. Ha sido reducida de tamaño por México, pero todavía viene. México debe aprehender al resto o nos veremos forzados a cerrar esa sección de la frontera y llamar al Ejército. ¡Los Coyotes y Cárteles tienen armas!”

         Trump está en son de guerra, preparando su campaña de reelección, tras la exoneración por su supuesta colaboración con Rusia en el proceso electoral de 2016; y está recurriendo nuevamente a la estrategia que más beneficios le ha rendido: hacer de México y de los mexicanos un enemigo.

         Benjamin Moffitt, profesor de la Universidad Católica Australiana y autor de The Global Rise of Populism, señala que una de las características más significativas del populista es pretender que representa al “pueblo” frente a un enemigo perverso. Según la posmarxista belga Chantal Mouffe: “No hay un ‘nosotros’ sin un ‘ellos’.” Para Hitler el enemigo eran los judíos, para Hugo Chávez los capitalistas y los yanquis, para Nigel Farrage la Unión Europea, para Marine Le Pen los inmigrantes, para López Obrador la mafia del poder, los conservadores/neoliberales y la prensa fifí, para Trump los medios de fake news y los mexicanos.

         En el caso de los soldados mexicanos que según Trump encañonaron a militares estadounidense para “probablemente” proteger a narcotraficantes, la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero declaró: “Creo que pensaban que estaban en territorio mexicano, los soldados mexicanos, y ya estaban, creo que ya estaban en territorio norteamericano. Ahí hubo una confusión en la línea divisoria”. Según el canciller Marcelo Ebrard estas confusiones son comunes, pero no hay duda de que el presidente Trump la está aprovechando.

         Trump está aprovechando también el ingreso a México de nuevas caravanas de inmigrantes para generar alarma entre sus posibles electores. Las propias autoridades mexicanas han reconocido que hay un aumento “inédito” en los inmigrantes, especialmente hondureños, pero tampoco podemos sorprendernos. El nuevo gobierno mexicano está ofreciendo protección, apoyos y empleos a quienes lleguen a nuestro país; son incentivos enormes para quienes en sus países no tienen nada.

         López Obrador ha sido insistente en sus respuestas a las amenazas de Trump. Ayer, en la mañanera, dijo: “Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Le digo al presidente Donald Trump que nosotros queremos mantener una relación respetuosa y de amistad con su gobierno”.

         El presidente no se equivoca al tratar de mantener una relación respetuosa con Trump, pero Trump ya está haciendo daño a México. El cierre parcial de la frontera por el retiro de personal de las aduanas está generando pérdidas millonarias a exportadores y transportistas mexicanos. Trump sabe el poder que Estados Unidos puede tener sobre México y nos está dando apenas una probadita. Si necesita tomar medidas adicionales para su reelección lo hará. Somos para Trump un enemigo útil.

Legítima defensa

La “mafia del poder” desapareció del vocabulario presidencial. Los nuevos villanos son la prensa “conservadora” y en especial Reforma.

A medida que el sexenio le arranca hojas al calendario, crecen las críticas presidenciales a diversos medios. Entre los señalados están Proceso, The Wall Street Journal, El Financiero, Uno TV y El Universal. A ninguno ha distinguido tanto como a Reforma, el diario capitalino ungido como ejemplo de la prensa “conservadora”, “hipócrita”, “fifí”. Señalamientos graves pero endebles, por carecer de sustento fáctico. Es decir, si Grupo Reforma viola los códigos de ética periodística, el Presidente tiene que demostrarlo, utilizando para ello el derecho de réplica. Lo otro son diatribas para la galería.

El encono hacia el Grupo Reforma tiene años incubándose, porque medio y político han tenido carreras paralelas. Reforma empezó a circular en noviembre de 1993, cuando López Obrador estaba dando el brinco de la política tabasqueña a la nacional. La beligerancia e independencia del diario provocaron una reacción ambivalente en López Obrador. Se alegraba con las encuestas que lo mostraban de puntero y se enojaba cuando publicaba información “imprudente”. Jamás habíamos llegado a la hostilidad actual. ¿Cómo explicarla?

Una de las razones es que AMLO hace política con enemigos que sirven de referente a sus seguidores. A Carlos Salinas lo calificó como el “innombrable”, luego vino la “mafia del poder”, un grupo de poderosos ya descontinuado porque algunos de ellos se incorporaron a las filas de los nuevos amigos del Presidente. Hubiera sido lógico que la sustituyera con los partidos opositores o con Donald Trump; opciones inviables, porque los primeros son ánimas que vagan por el purgatorio y el segundo es demasiado poderoso. Quedaban los medios críticos.

¿Cuál es el peso que tienen las descalificaciones o, parafraseando al Presidente, “qué sucede” a los periodistas que “se pasan” y rebasan los límites de la “prudencia” con preguntas o afirmaciones incómodas? Por ahora, solo hay que soportar las tundas de adjetivos e insultos vertidas por sus partidarios en las redes sociales; palizas legitimadas y aprobadas por el Presidente con silencios y elogios a la sabiduría popular. También importa que las cúpulas de Morena se abstengan de lanzarse contra los periodistas “imprudentes” y “conservadores”.

Si la realidad no se ajusta a las expectativas, la hostilidad podría transformarse en agresiones que empeorarían la precaria existencia de un gremio acosado por criminales y poderosos. Es decir, aun aceptando la imposibilidad de cambiar al país en cuatro meses, el tiempo pasa y seguimos con denuncias sin castigo y promesas sin resultados. Sólo vemos que a Elba Esther Gordillo le regresaron bienes, que el crimen organizado masacra con impunidad a trece personas en Veracruz (territorio totalmente Morena) y que el Presidente coquetea con “La tentación autoritaria” (tomo la frase de Proceso).

De mantenerse esta situación, crecerá la campaña para presentar a los medios “imprudentes” y a Reforma como cómplices de una conspiración urdida en las sombras contra el gobierno de la Cuarta Transformación. En otras palabras, los adversarios ya están convertidos en enemigos.

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, advirtió sobre las consecuencias en una entrevista para Leonardo Curzio: “Cuando un Presidente, un ministro, un legislador se dedican a desacreditar a la prensa” llamándola “corrupta, enemiga del pueblo, deshonesta, etcétera” se debilita una “institución fundamental de la democracia” y “se la expone a más violencia”.

¿Qué pasará? Lo deseable sería que el Presidente sustituyera los exabruptos mañaneros con críticas fundamentadas sobre los errores periodísticos. Difícilmente lo hará; necesita un enemigo que justifique sus errores o limitaciones. Al periodismo independiente solo le queda recoger el guante para responder con informaciones y opiniones bien fundamentadas, mientras busca apoyo en algunas instituciones nacionales y en la comunidad internacional. En síntesis, ante las descalificaciones, razones y acciones que contengan la agresiva retórica presidencial: la legítima defensa.

El acoso real

         Toda mujer tiene una historia de acoso, ninguna queda realmente exenta. Desde que tenemos registros históricos los hombres han usado la violencia y el hostigamiento para imponer su voluntad sobre las mujeres. Las han reducido a presas de cacería sexual o a propiedad privada.

         Son innumerables los relatos de manoseos en el Metro, autobuses y calles, o de acosos sexuales en centros de trabajo. Una escritora cuenta cómo un periodista le pidió sexo a cambio de una entrevista. Me muestra también cientos de mensajes anónimos de odio y acoso; presentó denuncia ante el Ministerio Público, pero la policía federal cibernética le dijo que no podía hacer nada. Están también las mujeres que duermen con el enemigo y son insultadas y vejadas de manera cotidiana por sus propias parejas.

         Todos los días nos enteramos de historias de mujeres golpeadas, violadas y asesinadas. Lydia Cacho, quien ha escrito ampliamente sobre el tema y ha impulsado refugios para mujeres, escribe en Twitter: “He documentado miles de actos de violencia brutal a lo largo de 30 años de carrera. Todos los días seis mujeres son asesinadas en México por un hombre que quiere impedir que ejerzan sus libertades.”

         El acoso es muy serio, no se puede minimizar. Por eso mismo es importante combatirlo. pero combatir el acoso real y no la torpeza o la coquetería.

“El acoso sexual es repugnante, pero no todas las denuncias que se hacen pueden considerarse acoso”, escribe Marta Lamas en Nexos. “El discurso del feminismo radical sobre el ‘acoso sexual’ ha generado prácticas injustas y ha erosionado el debido proceso.” Eliminar la presunción de inocencia, con el argumento de que toda acusación de una mujer es válida por el hecho de proceder de una mujer, o avalar las acusaciones falsas o exageradas, solo debilita el combate contra el acoso real.

         Las empresas y las instituciones deben establecer criterios y protocolos justos de actuación ante las acusaciones de acoso. Despedir a alguien porque se le acusa sin pruebas o con una historia con inconsistencias solo incentiva las acusaciones falsas y las venganzas. Una acusación de acoso es demasiado importante para aceptarla o rechazarla sin un análisis serio. Es indispensable conducir investigaciones profesionales, de preferencia con especialistas externos que no estén sometidos a las cadenas de mando de la institución. Debe impedirse cualquier acto de represalia contra quien presente la acusación, pero no se puede sancionar al acusado sin darle derecho de audiencia.

         En las redes sociales estamos viendo hoy verdaderos linchamientos. Hay que aprender a distinguir entre las acusaciones de acoso y las de simple interés sexual o amoroso. No es lo mismo un manoseo que una mirada lasciva, una agresión que un piropo. Hay que aprender también a ser escépticos. Nadie tiene el monopolio de la verdad simplemente por su género. El lema #yolescreoaellas no es más que la confesión de un ánimo de linchamiento.

         Al final, el éxito en esta lucha debe venir del castigo al acoso real, pero también del fortalecimiento de la confianza de las mujeres en sí mismas, eso que algunos llaman empoderamiento. Mónica Soto Icaza escribe en Twitter: “Entré muy joven al ámbito literario y periodístico. Cuando he vivido acoso, los susodichos terminan con la cola ente las patas. Si los encaras sin miedo y en vez de llorar reaccionas y hablas a los ojos, neutralizas la violencia y manifiestas tu poder.

Me canso ganso, está chueco

Romel González Díaz, representante de Xpujil, Campeche, dijo hace poco: “No queremos otra Mayalandia, no queremos ser sujetos folklóricos para la curiosidad de los visitantes, no queremos ser “pueblos mágicos”. Se refería a que las comunidades ubicadas en la ruta del futuro Tren Maya no desean que se replique ahí un fenómeno semejante al desarrollo turístico de la Riviera Maya y Xcaret, en Quintana Roo, donde los miembros de los pueblos originarios de la Península de Yucatán tienen, sí, fuentes de trabajo, pero con empleos de baja calidad.

Ese y otros planteamientos fueron expuestos durante un encuentro de representantes mayas de la Península de Yucatán, realizado en Mérida y auspiciado por la Fundación para el Debido Proceso. Los mayas actuales prevén que la derrama económica se dará sólo en las principales ciudades y provocará migraciones y áreas de pobreza, temen que las zonas rurales se descuiden y que la selva se destruya. No ven en el proyecto medidas para promover la derrama económica equitativa en todo el territorio y sí ven que las utilidades serán de inversionistas muy probablemente extranjeros.

Dice un Manifiesto colectivo firmado por decenas de organizaciones de la Península: “Estamos seguros que (el megaproyecto Tren Maya) no nos traerá beneficios ni desarrollo regional, no está planeado para nosotros la gente común, es un proyecto turístico que sólo beneficiará a los pudientes y a los extranjeros; nosotros los dueños de las tierras sólo lo veremos pasar”. A las comunidades les tocará cargar con la parte perniciosa del proyecto -sostienen-, como ya ocurre en zonas por donde circula el Tren Chepe.

En ese documento, difundido hace varias semanas, se señala que los mayas no quieren “espejos a cambio de nuestras tierras” y que no están en contra del progreso, pero sí en contra del beneficio de pocos en detrimento de muchos. 

Otro documento, suscrito por veintenas de activistas nacionales y regionales, exige respeto al derecho de los indígenas a la “consulta libre, previa, informada, de buena fe, con pertinencia cultural y mediante procedimientos adecuados e instituciones representativas”, lo cual también ha sido demandado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Una de las principales objeciones al megaproyecto, que prácticamente fue puesto en marcha el domingo 16 de diciembre de 2018 y tiene asignados 6 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, es que no se concilia con las prioridades de muchas de las comunidades indígenas de la Península.

Naayeli Ramírez-Espinosa, abogada y consultora de la Fundación para el Debido Proceso, detalla algunos ejemplos de carencias que urge resolver para realmente promover el desarrollo regional: cientos de comunidades de la Península no cuentan con servicio de telefonía e internet; casi toda la zona rural y poblados costeros sufren de apagones constantes y fallas eléctricas que merman sus patrimonios; en época de sequía, poblaciones enteras padecen falta de agua, incluso la más indispensable; poblados del municipio de Calakmul y contiguos no cuentan con agua potable. Muchos caminos se han vuelto inutilizables por falta de mantenimiento adecuado, y demasiadas comunidades indígenas (como las de Hopelchén y Calakmul) no tienen escuelas y los gastos de transporte a donde sí las hay hacen que muchos niños abandonen sus estudios; la escuela secundaria (obligatoria por ley) es altamente inaccesible en las poblaciones más pequeñas.

El proyecto del Tren Maya posee la recta intención de detonar el desarrollo del sur-sureste del país, tradicionalmente rezagado respecto a otras regiones, particularmente del norte. Pero de cara a las inconformidades, dudas y exigencias de las comunidades mayas, es claro que no han tenido la información suficiente sobre el megaproyecto ferroviario y tampoco han sido escuchados suficientemente por el gobierno federal.

Es claro que deben ser atendidos de inmediato sus planteamientos y repensarse o complementarse el megaproyecto conforme a sus señalamientos y demandas. Ellos, los mayas, deben ser protagonistas de esta historia, no testigos ni víctimas. Por ahora lo que muchos de ellos piensan se resume en otra frase -irónicamente humorística- que también se escucha en Mérida: “Me canso ganso, está chueco”.

Estado huachicol

Es totalmente lógico que el saqueo a Petróleos Mexicanos sea el protagonista del primer bimestre de Andrés Manuel López Obrador como Presidente. Confirma la existencia de otro Estado paralelo.

El huachicol se impuso por méritos propios en la agenda nacional. En abril de 2018, el ahora secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, presentó en El Colegio de México su proyecto en seguridad y ni una sola vez mencionó el robo de hidrocarburos. El viernes pasado, él mismo presentó al Senado la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; un documento de lectura indispensable donde el huachicol es uno de los protagonistas.

Es irrelevante para la argumentación que sigue por qué decidió el nuevo gobierno lanzarse contra el huachicol. Lo trascendental es que al abrir los ventanales y portones empezó a brotar la evidencia sobre la rapiña metódica y cínica de una empresa expropiada a extranjeros arrogantes y abusivos en 1938. ¿Sería posible trazar la curva de la degradación de la Revolución mexicana con la evolución de un sindicato heroico en 1938 y rapaz en 2018?

La prioridad dada al huachicol altera el orden de los principales enemigos de la nación. Hasta hace unos meses sabíamos que había un Estado criminal paralelo; ahora podemos hablar sobre un posible Estado huachicol. Hay diferencias entre ambos. Al primero, lo encabezan delincuentes profesionales que operan desde la clandestinidad, pero están fuera de las instituciones; el segundo, está formado por redes de funcionarios, políticos, empresarios y comunidades coordinadas desde el interior del Estado.

El reajuste en las prioridades se va haciendo evidente en el discurso. El Presidente anuncia que terminó la guerra contra los capos del narco y en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública lo confirman y aseguran que contra el huachicol han lanzado “todas las capacidades institucionales del Estado”. Con este reajuste, construyen un enemigo más fácilmente identificable y atacable jurídicamente porque hay pistas documentales que permiten su identificación y desmantelamiento. Es un enemigo que facilita tocar a rebato pidiendo la unidad en torno al régimen.

La estrategia tiene altos niveles de consentimiento pese a la improvisación y los errores de los primeros días. Influye que el gobierno lopezobradorista mejoró muchísimo su capacidad operativa y fue capaz de resolver el desabasto y hacerse del control estratégico, táctico y mediático de la ofensiva.

El desconcierto en las filas del Estado huachicol se evidencia en el silencio del sindicato petrolero y en que la reacción más estridente haya sido una camioneta con explosivos y una manta con amenazas al Presidente firmada por un grupo criminal de tamaño medio, el Cártel de Santa Rosa de Lima. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses?

Mucho dependerá de que el gobierno quiera y pueda mantener la iniciativa en la guerra contra el Estado huachicol. Por el momento han encarcelado a cuadros bajos e intermedios, ¿llegarán hasta la cúspide y harán una limpieza a profundidad o terminarán negociando alguna amnistía o punto final? Imposible pronosticarlo porque nos falta muchísima evidencia sobre la consistencia y capacidad de reacción del Estado huachicol, así como de sus posibles alianzas con el crimen organizado. Por ejemplo, ¿qué hará la parte corrupta del todavía poderoso sindicato petrolero?

Otra consecuencia de la “guerra contra el huachicol” es que ha servido para justificar la pasividad y el inmovilismo hacia el factor externo que, pese a su importancia, ha sido relegado a un segundo plano. El gran ausente en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de Durazo es el papel que juegan y deberían jugar los Estados Unidos. Se entiende el deseo del régimen de no provocar a Donald Trump y a sus conservadores, pero el éxito de la guerra está condicionado por su capacidad para bloquear las arterias que alimentan a los dos Estados paralelos (el criminal y el huachicol) desde el norte.

En el primer bimestre del sexenio ha habido cambios mayores en la estrategia contra el crimen y la corrupción. La prioridad está en enfrentar y desmantelar al Estado huachicol, a esas redes de la cleptocracia que han saqueado impunemente a México. Asumamos que se trata de una guerra justa, legítima y necesaria.

Plan petrolero

Del lado positivo, el presidente López Obrador ha reiterado que no va a cancelar los contratos petroleros con empresas privadas surgidos de la reforma energética. Insiste que son una decepción, porque no han producido todavía nuevo crudo, aunque el tiempo desde que se licitaron no permite desarrollar nuevos campos. Del lado negativo, se han cancelado las nuevas licitaciones petroleras. Todos los nuevos proyectos serán realizados ahora por Pemex.

La empresa quiere concentrar sus nuevas inversiones de crudo en aguas someras, que son los campos más fáciles y más baratos de desarrollar y en los que tiene mayor experiencia. Es una forma práctica de lograr resultados con rapidez, pero las reservas de aguas someras son ya relativamente pequeñas en nuestro país. El gran potencial petrolero está en no convencionales, esto es, en zonas de esquistos o lutitas, y también en aguas profundas. La cancelación de nuevas licitaciones para aguas profundas y el rechazo ideológico al fracking, necesario para producir crudo y gas no convencionales, hacen muy difícil que se pueda incrementar la producción.

         La peor de las decisiones en el plan es la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. Los márgenes de rentabilidad de la gasolina son muy pequeños, mientras que los de petróleo crudo resultan mucho más elevados. Si realmente Pemex quisiera aumentar su producción de gasolina, podría comprar una o más refinerías en Texas o Louisiana, las cuales pueden alcanzar descuentos de 70 por ciento sobre el precio de una nueva.

         La producción de crudo ha sufrido una caída enorme en México. En 2004 alcanzó su mayor nivel histórico, de 3.38 millones de barriles diarios, pero para 2018 tenía apenas 2.07 millones. En enero de este 2019 la cifra había descendido a 1.86 millones. La caída alcanza en este momento un ritmo anual de 7 por ciento. Una de las razones es que durante años una parte importante de las inversiones de Pemex, como lo explicó ayer el director general, Octavio Romero Oropeza, se encauzó a Chicontepec, una zona en Veracruz y Puebla que alberga un 40 por ciento de las reservas nacionales, pero que ha tenido una decepcionante producción por las dificultades para extraer hidrocarburos de su suelo rocoso.

         En contraste, Estados Unidos, un país que comparte en buena medida la estructura geológica del nuestro, ha aumentado de manera muy importante su producción petrolera en los últimos años. En 2008 su nivel fue de 5 millones de barriles diarios, pero para 2018 ascendió a 10.95 millones, el mayor del mundo. Esta revolución se debió en buena medida a la producción no convencional, especialmente de fracking, y a la de aguas profundas.

         Un plan para Pemex que no considere inversiones en fractura hidráulica y aguas profundas difícilmente tendrá éxito. Tampoco tiene sentido regresar al monopolio. Pemex es una empresa extraordinariamente burocrática, con exceso de personal y la mayor deuda del mundo.

Por otra parte, Pemex no tiene el dinero suficiente ni siquiera para invertir en las áreas que ya tiene asignadas. Lo ideal sería que concentrara ahí sus esfuerzos y que se asignaran nuevas zonas de aguas profundas y no convencionales a empresas especialistas. Los recursos de Pemex deben usarse para producir crudo, el producto más rentable, en aguas someras y para reducir su enorme endeudamiento. Construir una nueva refinería es una ocurrencia insensata y muy costosa.

Perder por refinar

¿Qué tan rentable es producir gasolina? El margen variable de refinación de Pemex fue de 0.96 dólares por barril en todo 2018, pero en el cuarto trimestre cayó a -10.97 dólares (cifras de la empresa). Efectivamente, en el trimestre pasado Pemex perdió casi 11 dólares por cada barril de gasolina que refinó.

Los gazapos de Bartlett

En medio del diferendo con las trasnacionales energéticas contratadas para construir y operar siete gasoductos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Poder Judicial dio un revés a esa empresa productiva del Estado en su pretensión de obligar la entrada en operación del Gasoducto Morelos –el octavo conflictuado—y con eso la termoeléctrica en Huexca.

Parte vital del Proyecto Integral Morelos (PIM), el gasoducto mencionado seguirá inoperante y con ello, mantendrá la parálisis de todo el conflictivo megaproyecto que, herencia de pasadas administraciones, desnuda la negligencia en la gestión de Manuel Bartlett como ocurre también con los siete gasoductos que intenta, a fuerza de declaraciones, renegociar.

Los siete gasoductos de la polémica de esta semana, tienen en común con el Gasoducto Morelos (que atraviesa municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos), la arbitrariedad de origen, la imposición de las obras planeadas sobre comunidades que, siendo sujetas a derechos, no fueron tomadas en cuenta para su invasión y, cuando se atrevieron a protestar, se enfrentaron a un proceso represivo brutal.

El caso del PIM, como el de los siete gasoductos, tiene cierta complejidad, pero en cualquier caso las dificultades que los mantienen fuera de operación son imputables al Estado.

Fue el pasado fin de semana cuando el juez noveno de distrito en Morelos, otorgó la suspensión sobre el Gasoducto Morelos al ejido Amilcingo que, siendo una de las comunidades más activas en la oposición al megaproyecto desde 2012, se volvió emblemática tras el asesinato del dirigente indígena Samir Flores Soberanes, perpetrado el 20 de febrero pasado.

Como muchos asuntos en el arranque de la administración, el PIM se colocó en la agenda presidencial con la información surgida de la CFE de Bartlett, funcionario que ha insistido en justificar toda acción en la idea de “soberanía energética”, expresión esta que sonaría muy bien, excepto porque el proyecto está concesionado a puras trasnacionales como lo son Abengoa, Bonatti, Elecnor y Enagás.

Con prisa, de manera atropellada, Bartlett y Rocío Nahle,  pusieron las condiciones para que la naciente administración obradorista quedara en entredicho, primero con la declaración del presidente en su arenga contra los opositores el 10 de febrero, cuando los calificó “radicales de izquierda” ergo “conservadores”, provocando que inclusive dentro de su base de apoyo, así como de los izquierdistas que le son cercanos desde los tempranos dosmiles, quedaran en un predicamento.

El momento político empeoró por las consideraciones que apenas días antes le había dispensado a la familia Zapata, descendiente del caudillo, que terminaría distanciándose acusando al mandatario de violar acuerdos, particularmente, en relación con la consulta sin asideros legales que impuso.

Tras el asesinato de Samir el momento político se complicó más con la torpe intervención de Hugo Eric Flores Cervantes, el virrey de Morelos, que terminó por distanciar al movimiento opositor al PIM de la llamada “Cuarta Transformación”.

Quizás la peor parte de todo es que López Obrador y sus colaboradores no tenían responsabilidad política ni legal respecto al PIM, que fue planeado durante la gestión de Alfredo Elías Ayub, e iniciado por Antonio Vivanco, en su respectivo paso por la CFE en tiempos de Felipe Calderón. Por lo tanto, ellos, sus equipos y quienes les sucedieron, tendrían que responder por la falta de deber de cuidado, la negligencia y el daño patrimonial a la hacienda pública derivado de no haber considerado litigios ni conciliaciones necesarias antes de arrancar la obra lo mismo que ocurre con los otros siete gasoductos conflictuados.

Hasta donde se sabe, la secretaría de la Función Pública no tiene abiertos expedientes, ninguno de los involucrados ha sido expuesto por López Obrador ni sus colaboradores que, en su afán de agilizarlo todo, terminaron asumiendo los costos políticos propiciando lo que simple y llanamente es impunidad para “el antiguo régimen”.

López Obrador fue más cuidadoso el 1 de julio al referirse al asunto cuando prometió no imponer el PIM en su mensaje en el Zócalo. La declaración expresa en general la idea de respetar los 15 amparos existentes contra la obra, la mayoría obtenidos el sexenio pasado. Se trata pues de una aparente rectificación, dado el rumbo de tomó el asunto, después de ser arrastrado por los gazapos bartlianos.

La dupla Nahle-Bartlett va de mal en peor, en el caso de ella por la impericia, de él por sus formas en desuso frente a nuevas realidades. En ambos, un talante autoritario que para concretar decisiones dejan muchas lesiones al paso.

Lo bueno de AMLO

¿Nada de lo que hace López Obrador te gusta? La pregunta me la plantean con frecuencia lectores y radioescuchas que consideran que soy demasiado crítico del actual gobierno, aunque lo curioso es que nadie me hacía esta pregunta cuando cuestionaba las políticas de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón o sus otros predecesores.

         La verdad es que sí encuentro cosas positivas en el actual presidente. La primera, y más notable, es que me parece un hombre honesto. Lo más notable de la controversia en redes sociales sobre sus zapatos sin bolear es que nunca habríamos tenido esta discusión acerca de otros mandatarios. La Presidencia de la República tenía un presupuesto generoso para proveer las necesidades de vestuario del primer mandatario y también, por supuesto, de la primera dama.

         El presidente ha mejorado mucho la forma en que se viste. Ya no repite trajes ni corbatas, mientras que sus guayaberas son mucho más finas que antes, pero siempre me da la impresión de que los sacos le quedan un poco grandes y que sí, a veces, trae los zapatos sin bolear. Quizá está demasiado ocupado en otras cosas y no le gusta pedir a alguien más que los bolee para él.

         En un país en el que muchos políticos llenan los restaurantes de lujo y piden los platillos y los vinos más caros, y en el que adquieren residencias en los barrios más exclusivos o en Houston, López Obrador siempre me ha parecido un hombre moderado en sus gustos y adquisiciones. En ese sentido es una bocanada de aire fresco.

         Es muy claro que López Obrador, a quien he entrevistado desde los tiempos del “cerco informativo”, y yo pensamos de formas muy distintas. Yo soy un liberal en el sentido clásico de la palabra. Creo en “la libertad y la tolerancia en la vida de una sociedad” y suscribo la “doctrina política que postula la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural, limitando en estos terrenos la intervención del Estado y de los poderes públicos”. Son las definiciones del Diccionario de la Real Academia Española. El presidente se dice liberal, pero es más bien estatista, ya que defiende la intervención del Estado en la economía, y conservador, pues considera que el liberalismo ha promovido la desintegración de las familias y que el Estado debe promover una constitución moral para la sociedad.

         Pero López Obrador fue electo presidente en un proceso democrático y le toca, por lo tanto, impulsar un programa político y económico que refleja el sentir de los mexicanos, que como los ciudadanos de tantos otros países del mundo se han mostrado cansados de las políticas liberales. Mucho me gustaría que López Obrador entendiera que ha sido electo presidente de todos los mexicanos, y no de un grupo político en particular, pero es su prerrogativa gobernar como él quiere y la de un periodista de opinión expresar sus puntos de vista con libertad.

         Durante mucho tiempo sufrí presiones en los medios en que trabajo para justificar las entrevistas que le hacía a López Obrador. Hoy él ya no me concede entrevistas y quizá lo entiendo, no es el primer político que reacciona así al llegar al poder. Pero al contrario de lo que muchos suponen, le deseo el mejor de los éxitos. No coincido con muchas de sus políticas, pero el trabajo de un periodista de opinión es cuestionar lo que considera como errores en las estrategias públicas.

Gato por liebre

López Obrador prometió un gobierno de izquierda. Sus seguidores se dicen progresistas. Uno esperaría que quien ofrezca eso fortalecería al Estado, no lo vejaría; se rodearía de funcionarios públicos capaces, que garanticen que éste funcione; querría fortalecer programas sociales públicos, no eliminarlos; jamás les daría un mando militar a las funciones policiacas del Estado; protegería al medio ambiente, no revertiría el avance de energías renovables en aras de energéticos contaminantes; apoyaría con firmeza la función de agencias reguladoras que mantienen a empresas privadas fuera de prácticas oligopólicas que afectan más a quienes menos tienen; apoyaría el derecho de las mujeres a elegir sobre sus cuerpos; no se aliaría con el PES casi fascista.

Las acciones de López Obrador en sus primeros 100 días lo ubican lejos de un proyecto “de izquierda”, pero sigue gozando del apoyo inquebrantable de intelectuales y votantes “progresistas”.

López Obrador tiene una sola prioridad: hacerse de tanto poder, tan rápido como pueda. Tiene dos enemigos poderosos: su necedad y su ignorancia. Éstas se manifestaron a gritos en dos decisiones carentes de lógica económica y política. Primero, la cancelación del aeropuerto. Estimemos que el costo de esa decisión fue al menos de 270 mil millones de pesos. Eso excede en 40% al total asignado en el Presupuesto de Egresos de 2019 a los siete programas prioritarios de AMLO. Si en vez de cancelarlo hubiera continuado con la obra, manifestándose contrariado por el proyecto, enajenando los terrenos cuestionables que la rodean, auditando y levantando cargos contra casos de corrupción evidentes, habría ganado credibilidad, tiempo valioso y tendría muchos más recursos para su proyecto político.

Segundo, su insistencia en continuar la obra de la refinería de Dos Bocas, contradiciendo las razones expuestas por el subsecretario Arturo Herrera en su entrevista con el Financial Times; tenía sentido cancelar (o al menos posponer) la obra porque sabe que Rocío Nahle lo engañó. La refinería costará el doble de lo previsto y no estará lista este sexenio. Como dijo Cuauhtémoc Cárdenas, lo sensato sería utilizar sus escasos recursos para recuperar producción, apuntalándola con “farm-outs” a empresas privadas. Pero por terquedad tirará a la basura 15 mil millones de dólares, el doble del presupuesto de sus programas sociales, sólo para regalarles esa obra a los tabasqueños. Cree que puede presionar para que las condiciones originales prevalezcan, a pesar de que jamás tuvieron sentido. Su necedad romperá a Pemex, el eslabón más débil de su enclenque programa económico.

López Obrador no ve que fortalecerse a costa de debilitar al Estado hará su proyecto insostenible, y le pasará factura pronto. Sus Siervos de la Nación levantan un censo para él, no para Morena, con fines puramente electoreros, y financiados con recursos que son todo menos transparentes. Eso debería preocupar a quien crea que la democracia importa, como debería inquietar su tramposa “revocación de mandato”. Su confirmación de haber “presionado” a la Suprema Corte para interferir en un fallo debería importarle a quien le atañe la separación de poderes. Su uso de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda para atacar a sus críticos debería quitarle el sueño a quien crea que la libertad de expresión es vital para llamar a cuentas a quienes tienen el privilegio de un cargo público.

López Obrador no es de izquierda ni demócrata. Cree tener el derecho de amordazar a sus críticos. Habla contra la corrupción, pero sus dos caprichos costarán 555 mil millones de pesos (sin contar el Tren Maya), más que los 500 mil millones que dice costó la corrupción anualmente el sexenio pasado. Todo por necedad.

Entiendo el voto de castigo. Políticos y oligarcas impresentables nos dañaron. No entiendo el silencio cuando los reemplazamos con otros peores. No entiendo que gente inteligente siga apoyándolo y que los liberales no vean que les está dando gato por liebre.

Quienes decían que no podíamos estar peor, finalmente confirman que se podía.

La crisis de la 4T

La autonombrada “Cuarta Transformación” enfrenta una crisis interna así como la inconformidad de algunos grupos que contribuyeron a la construcción del triunfo electoral alcanzado hace un año. Y el primero de los factores de inconformidad es la parálisis cuyo origen se atribuye a los frenos al presupuesto, en la intención de cumplir a rajatabla con “la austeridad republicana” que arrasa empleos, programas, proyectos e instituciones.

A lo anterior, hay que añadir por segundo factor la inexperiencia de servidores públicos que, en la primera línea y a través de la estructura –aun con las mejores intenciones e inclusive apropiación del discurso presidencial sobre la honestidad–, han sido incapaces de implementar los planes de sustitución a lo que –bajo la consideración de que viene del “viejo régimen” y que todo lo que de ahí heredaron es corrupto– se elimina.

Hay preocupación e inconformidad tanto en algunas áreas del gobierno como en las bancadas legislativas obradoristas, por lo que la afirmación del mandatario expuesta en entrevista con La Jornada (1 de junio de 2019) que apunta a la inconformidad sólo en las elites, es una falacia.

La autocrítica abierta se patenta, por ejemplo, en la posición asumida en un primer momento por la excoordinadora de campaña de López Obrador, Tatiana Clouthier, respecto a la Guardia Nacional; en el cuestionamiento contundente de Porfirio Muñoz Ledo a la relación con Estados Unidos, y en los señalamientos de Ricardo Monreal a la parálisis del gobierno, asunto este último que refleja la mayor preocupación en la cúpula obradorista.

Los casos se han ido acumulando en diferentes ámbitos: aunque se rectificó, sólo como un ejemplo de varios, la cancelación de recursos para mujeres víctimas de violencia, el dinero no llega. Y es en las rectificaciones –anunciadas por el propio presidente en los casos de “injusticia”—donde las crisis internas se exhiben, el caso del IMER es el episodio más reciente.

Encima de todo hay desdén por las normas e intolerancia a la crítica, que tiene por estos días su expresión en la descalificación y el rechazo a la recomendación de la CNDH por las “Estancias Infantiles”, en un gobierno incapaz de dejar atrás sus formas de oposición para asumir el papel institucional que le corresponde. Con argumentos políticos y descalificaciones, advierte el presidente y sus colaboradores al Poder Judicial y a organismos autónomos, con exhibir en la “mañanera” al que falle contra sus propósitos.

Por si fuera poco, la renuncia de Germán Martínez, primera baja en el gabinete ampliado, detonó la temprana sacudida. En los días siguientes, ocurrió la renuncia de Josefa González Blanco Ortiz Mena a Semarnat, argumentando congruencia tras un acto de supuesta prepotencia, y aunque menos sonora, la de Tonatiuh Guillén al Instituto Nacional de Migración, luego de ser excluido de la operación de la política migratoria con la que el gobierno obradorista pretende resolver el diferendo con Estados Unidos. Los cambios por diferentes motivos, a medio año del arranque, abonan a la percepción de inestabilidad que se suma a los conflictos internos del gabinete.

Más allá de las marchas anti López Obrador o los actos apoteósicos para la autoafirmación, en los hechos, el arranque del gobierno se ha complicado, en parte por la dimensión del aparato (“un elefante reumático”, suele decir el presidente) y en parte por ineficacia de los equipos de trabajo (“hay conflictos  dentro del gobierno”, admitió el presidente ejemplificando con el pleito entre Raquel Sosa y el secretario Esteban Moctezuma, en el sector educativo), que tendrían que replantear esquemas, decisiones y conductas, antes de que sea demasiado tarde.