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editorial

La oportunidad

Inicia el operativo para liberar las partes de la capital secuestradas por el crimen organizado. La dupla López Obrador-Sheinbaum tiene la oportunidad de hacerse de algunas victorias para demostrar que sí saben cómo enfrentar la violencia.

Era ya urgente encarar la herencia dejada por Miguel Ángel Mancera, ese “Doctor No” chilango, que durante años se aferró a una irresponsable política de displicencia y negación. Por las ejecuciones, secuestros, robos y extorsiones, la inseguridad se ha convertido en la mayor preocupación de los capitalinos, de los cuales un 95% cree que el crimen organizado ya está en la capital (encuesta de El Universal de diciembre de 2018).

Se espera mucho del Presidente y de la jefa de Gobierno, porque después de 22 años el gobierno federal y el capitalino son del mismo partido, porque tienen tasas de aceptación muy altas y porque a López Obrador le han aprobado todas las estrategias e instituciones solicitadas, en especial la Guardia Nacional.

Están actuando rápido. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pasó de considerar innecesaria la presencia de la Guardia Nacional (GN) a informar, el 28 de abril, que efectivos de la GN ya están patrullando tres zonas que colindan con el Estado de México y una con Morelos, además del estratégico Chapultepec (ahí están o estarán importantes instalaciones de seguridad).

También emulan aquel modelo que funcionara tan bien en los años de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, cuando las reuniones eran cada día a las 8 de la mañana; participaban el jefe de Gobierno y los titulares de las policías, la Procuraduría y el área de desarrollo social; recibían información de calidad proveniente de coordinaciones territoriales y cuadrantes; y, finalmente, tenían el mando único que les daba una buena capacidad de reacción.

Es un esfuerzo cuesta arriba porque el retroceso fue enorme durante los años del “Doctor No”. En una buena entrevista a la revista Proceso, Jesús Orta Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguró que, en el sexenio anterior, prosperaron las “relaciones perversas

con el crimen organizado”. Revertir el legado requerirá de una estrategia integral con prioridades claramente establecidas. Pongo algunos ejemplos.

En 1929 apareció uno de los primeros estudios sobre el crimen organizado. John Landesco utilizó el caso de Chicago para demostrar que ese tipo de actividad criminal depende de la complicidad de políticos, jueces y policías. En la CDMX hay tanta evidencia sobre estos nexos, que una medida apremiante es la regeneración y reestructuración de las corporaciones policiacas, que deben interiorizar que su obligación principal es cuidar, no controlar a la sociedad.

Otra vertiente será la selección de los polígonos estratégicos. En mi opinión, los prioritarios deberían ser el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (competencia federal) y el Centro Histórico. Este último tiene un carácter simbólico, porque es absurdo que el actual gobierno prometa derrotar a los cárteles nacionales, si es incapaz de domar y doblegar a los cárteles locales, que tienen cercado al Palacio Nacional y a la sede del gobierno capitalino.

Se dice que el Centro Histórico es el corazón de la nación; también es un microcosmos de la manera como crece y prospera el crimen organizado en el país. Por ejemplo, es el emporio del comercio informal y una parte de la cual se conecta a la formidable base social que sostiene una delincuencia que ha convertido ese polígono en edén del narcomenudeo, el secuestro, la extorsión y el robo en transporte público.

Ignoro qué zonas de la ciudad recibirán la prioridad del Presidente y la jefa de Gobierno. Sea el aeropuerto, el Centro Histórico o los linderos con el Edomex, tienen que dar resultados a la mayor brevedad posible. La sociedad capitalina tiene altos niveles de organización y exigencia y una paciencia bastante corta. La Coparmex capitalina ya anunció que espera resultados en seis meses. En esta carrera contra el tiempo, la CDMX les brinda la oportunidad de crear un laboratorio para el diseño y la implementación de una política integral capaz de controlar una criminalidad desbocada.

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