Categoría: Editorial

AMLO, la verdad y los medios

Al salir a la defensa de uno de los empresarios miembros de su consejo, Ricardo Salinas Pliego, el Presidente dijo que el hecho de que una acusación se publique en el Wall Street Journal (WSJ) no la hace verdadera. Y tiene toda la razón, no es el medio en que se publica una información lo que la hace falsa o verdadera sino la información y los datos que aporta. El historial de un medio, la forma en que se ha comportado a lo largo de su historia, hace que sea más o menos confiable. Esto es, todos los medios se equivocan en algún momento en alguna nota, en algún dato, pero hay unos que lo hacen con más frecuencia e incluso con dolo. Por eso la cabecera importa, por eso unos tienen más credibilidad que otros.

La credibilidad no es otra cosa que la confianza, una especie de contrato fiduciario (fides significa fe, confianza, lealtad) en el que el lector o usuario pone su lealtad en un medio porque confía que detrás de cada palabra escrita hay una serie de valores asociados a la veracidad de la información: ética, profesionalismo, verificación de datos, etcétera. Para desgracia del Presidente, WSJ está entre los medios con mayor credibilidad, pero aun así tiene razón: no por ello la información es cierta.

La información es cierta o falsa por lo que dice y eso es lo que deberíamos de discutir. Todos los políticos tienden a desestimar o a apreciar una información en función de cómo le cae el medio donde se publica. ¿Para qué matar al mensajero que trae las malas noticias si se le puede simplemente difamarlo, desacreditarlo, ningunearlo desde el poder? Así como lo odioso de las comparaciones es en realidad el resultado de estas, lo odioso de los medios no es su existencia sino lo que publican. Los políticos celebran la existencia de los medios cuando son su caja de resonancia, los amplificadores de su voz, sus ideas, sus ocurrencias y hasta de sus chistes. López Obrador es feliz frente a los medios todos los días, a veces hasta le gustaría que aplaudieran, pero no importa, se da con que están ahí todos los días para llegar hasta al último rincón del país con su palabra. Tienen derecho a preguntar, pero no a cuestionar ni a poner en duda la honorabilidad de los suyos. Bartlett puede tener muchas casas porque es un hombre arrepentido; Lozoya es un criminal, aunque también haya comprado las casas “cuando no era funcionario” (PLOP! Secretaria Sandoval). Cuitláhuac García, el Gobernador de Veracruz, tiene derecho a ser un inútil, porque se lo ganó con horas de sol en mítines y concentraciones, levantando los ánimos de los agotados ciudadanos que acudían a escuchar al entonces candidato eterno; los gobernadores de oposición ellos sí son responsables de la inseguridad.

Una verdadera transformación sería dejar de desacreditar a los medios y concentrarnos en la veracidad de la información; discutir la eficiencia y pertinencia de las políticas públicas sin importar quién la propone o propuso; impedir y castigar los negocios que se hacen desde el poder y con el poder y no la filiación política de quienes los hacen. Pero nada, es solo una ocurrencia.

¿Quién para la UNAM?

En las próximas semanas se iniciará el proceso de elección o reelección del rector o rectora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se trata, como es sabido, de la máxima casa de estudios del país y sus voces tienen una repercusión en los más distintos aspectos de la vida pública del país. Es la primera ocasión que escribo sobre este tema en virtud de que, me parece, hoy en día adquiere una importancia singular preservar la autonomía con la debida rendición de cuentas en el contexto del cambio de régimen (no de gobierno) que vive México.

La polarización entre quienes sienten afectados sus intereses y expectativas y quienes, por el contrario, vislumbran cambios graduales en su beneficio, se ha vuelto un deporte nacional. Ni duda cabe, en este proceso hay vencidos y vencedores y cada quien va a defender el modelo de vida que le parezca correcto en esta lucha donde cada parte pone en práctica las herramientas que tiene a su alcance para generar una internalización de valores radicalmente distintos en el sistema nervioso central de la sociedad. Estoy a favor en su esencia de la 4T, con diferencias en lo accesorio. No obstante, no me cabe duda que la UNAM debe permanecer al margen de ese vigoroso intercambio de argumentos, posturas y definiciones en pugna, sin que se den espacios para sesgos institucionales de ningún tipo ni se convierta en botín político de nadie. De ahí, por tanto, que el proceso de designación del titular de la Rectoría requiere que se priorice la independencia de criterio, la prudencia en la conducción de la Universidad y, por supuesto, los resultados que permitan hacer más con menos.

En ese marco la posición facilista es quedarse callado y ver los toros desde la barrera. Es la condición humana. Como es de conocimiento público, no ocupo (ni quiero ocupar en modo alguno) ningún cargo en la administración universitaria. Mi posición, que aquí comparto, reside en el interés superior del país y de los universitarios. Nada más, pero nada menos. Estoy convencido de que debe fijarse postura y con elementos objetivables de quién y por qué debe tener la responsabilidad de conducir la UNAM el siguiente periodo. Estoy seguro que el actual rector, Enrique Graue, debe seguir en el cargo, por varias razones, entre las que de forma enunciativa señalo las siguientes: a) El rector Graue no es un político profesional ni quiere serlo. No representa a ningún partido ni sector, lo que paradójicamente en el pasado hubiera significado una debilidad. Hoy, por el contrario, es una fortaleza; muy pocos pueden exhibir esa impronta personal; b) Como es sabido, Graue arribó a la Rectoría a contracorriente de los grupos tradicionales que habitualmente se dedican a la política académica, lo que refuerza este planteamiento; c) La curva de aprendizaje de Graue fue razonablemente rápida y sus resultados hablan por sí mismos. Como ejemplos puede mencionarse un tema de frontera: a 45 años de no haberse creado una escuela en Ciudad Universitaria, en febrero de 2018 se aprobó la puesta en marcha de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, las unidades de investigación en temas torales subieron de jerarquía administrativa y, con ello, de recursos, como el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico ahora se ha convertido en Instituto, el máximo nivel de reconocimiento administrativo y académico a la investigación. Lo propio se ha hecho al crearse laboratorios nacionales de Clima Espacial, de Observación de la Tierra, de Innovación Tecnológica para la sustentabilidad, el de Recursos Genómicos. Se han creado siete laboratorios en temas relativos a la solución de los grandes problemas nacionales. Y si lo anterior fuera poco, la UNAM ascendió 72 lugares en el prestigiado índice mundial de calidad QS World University Rankings 2020, un hecho en verdad inusitado, y así se podría hacer un largo e inédito etcétera. ¿Cómo podría alguien en su sano juicio regatear el apoyo a un hombre como Graue?; d) Y ­estas reflexiones son ampliamente compartidas por la comunidad universitaria, en especial la jurídica, donde, por un lado, mi reconocido colega John Ackerman ha hecho público su apoyo por esta ruta y, por otro, el prestigiado jurista Eduardo López Betancourt ha hecho lo propio, por citar dos casos con pesos específicos en la vida universitaria.

Es tiempo de cerrar filas en torno a Graue, quien día con día genera los más amplios consensos por las razones expuestas y convoco a que se genere un movimiento que permita que la razón y la pertinencia ganen la partida en este proyecto de trascendencia pública por el bien de todos.

Pasta de Conchos y Guardería ABC, la corrupción letal

En torno a la entrega de su primer informe constitucional, tanto en el mensaje del 1 de septiembre como por la gira del día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por los avances en dos episodios de alta letalidad: Pasta de Conchos, la mina que operaba en condiciones inseguras donde murieron 65 trabajadores y, la Guardería ABC, donde murieron 49 niños.

Se trata de episodios tan dolorosos como las incontables historias trágicas de los tiempos recientes, pero que no se relacionaban con el periodo de la llamada “guerra contra el narco”, y sí con el encubrimiento, la impunidad de las altas esferas del poder político y económico, cuya prepotencia llegó en esos casos al extremo de evadir responsabilidades por decenas de muertes, manteniendo sus privilegios.

La noche del 18 de febrero de 2006, 65 obreros fueron a trabajar y encontraron la muerte en las primeras horas del día 19, debido a las malas condiciones del centro de trabajo.

Por esas condiciones inseguras eran responsables el patrón, Germán Larrea Mota Velasco -segundo hombre más rico del país, presidente de Grupo México y entonces, financiero de la fundación Vamos México que presidía la primera dama, Marta Sahagún-, sus representantes sindicales bajo el liderazgo de Napoleón Gómez Urrutia –hoy, redimido precisamente por Morena, el partido del presidente—y  el Estado que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) -en tiempos de dos ultraderechistas entonces poderosos: Carlos Abascal primero, Francisco Javier Salazar Sáenz después- llevó el tortuguismo burocrático, y quizás su corrupción, a un extremo letal.

El 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, hubo un incendio en una guardería subrogada, esto es, concesionada por el Estado para ser operada por un particular al que se le pagaba con dinero público. Un archivo del gobierno estatal prendió y el fuego se extendió a la guardería matando a 49 bebés, encargados ahí por familias trabajadoras que confiaron en el tinglado de instituciones que se supone garantizaban la seguridad de sus pequeños: IMSS y Protección Civil, entre otras.

Entre las accionistas de la guardería figuraba Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la entonces primera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo, así como del gobernador Eduardo Bours Castelo, político y empresario enlistado entre los millonarios mexicanos, cacique sonorense que entre sus inversiones cuenta con Megacable operadora cablera y, Bachoco, la huevera más grande del país, entre otros negocios.

Hay denominadores comunes en los dos casos: los particulares gozaban de concesiones del Estado, es decir, hacían negocios al amparo del poder; el ocultamiento de información pues el día del siniestro en Pasta de Conchos desaparecieron bitácoras y registros previos, en tanto, la negativa a recuperar los cuerpos evitó el peritaje sobre el origen del siniestro; en la guardería, son muchos los indicios de un incendio provocado en el vecino archivo gubernamental.

Además, por negligencia o mordida, en cualquier caso corrupción, los empresarios tenían en riesgo a obreros y bebés; su influencia llegaba a las estancias presidenciales por las relaciones con las primeras damas de los dos gobiernos panistas; y tras las tragedias, gozaron de la protección gubernamental que se extendió hasta el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, pues en los dos casos sólo condenaron a empleados menores, dejando a salvo a dueños y altos funcionarios.

Destrabar la impunidad en las dos tragedias no parece sencillo. Sin embargo, en el caso Pasta de Conchos, la recuperación de los cuerpos a la que se opusieron gobiernos y empresa, permitiría también un peritaje. Una buena señal del gobierno de López Obrador se identifica en mantener fuera de todo procedimiento a Gómez Urrutia, por más pataletas que haga, así como a Grupo México.

En el caso de la Guardería ABC, el proyecto que en su oportunidad elaboró el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Larrea apunta a responsables en las altas esferas y, desestimado en su momento, es retomado por el presidente López Obrador en tanto, el ministro ahora preside la Suprema Corte. Otra buena señal.

Que López Obrador coloque estos dos asuntos en el contexto de su primer informe constitucional, así como su posicionamiento a favor de las víctimas, es cauce ineluctable para su retórica: los dos casos implican la relación entre el poder político y el poder económico que se ha propuesto separar; los dos representan la corrupción, llevada al extremo letal, que promete desterrar; los dos tocan, al menos moralmente, a las casas presidenciales y pueden representar la restauración del Estado de Derecho largamente postergado.

La justicia de la 4T

El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere una justicia a modo de la llamada 4T. De sobra son conocidas sus confrontaciones con el Poder Judicial de la Federación (PJF), desde hace más de una década, cuando en el gobierno de Vicente Fox le aplicaron la máxima juarista de “a los enemigos, justicia” y fue despojado del fuero constitucional por desacato de una resolución judicial.

Desde entonces, su inquina hacia los jueces ha sido más que notoria y se ha servido de los excesos e históricas deficiencias de la aplicación de la justicia en el país para descalificar al PJF que en los últimos 25 años, con altibajos, se ha reivindicado como el tercer Poder del Estado y no el poder de tercera que fue durante el régimen del PRI del siglo pasado.

Indefendibles son los altos ingresos y prerrogativas de la cúpula judicial, el nepotismo, el influyentismo, la opacidad y otros graves problemas de la justicia en México. Pero no es con jueces a modo, leales a un régimen, como se puedan superar. Al contrario.

Todavía López Obrador no asumía el Ejecutio Federal cuando su operador en el Senado, Ricardo Monreal advirtió que para el régimen de la llamada 4T se necesita “una sacudida” al PJF.

La LXIV Legislatura, que comenzó en septiembre del año pasado, ha registrado desde entonces una veintena de iniciativas, encabezadas por el propio Monreal, para reformar al sistema judicial en el país, no solo en lo que toca al PJF, sino también a los poderes judiciales estatales.

Impulsadas por el gobernante Morena, las propuestas parten del propósito de acabar con aquellos males tan acusados.

Lo que está en juego es el necesario equilibrio de Poderes del Estado mexicano para no retornar a lo que fue el poder judicial en el régimen autoritario priista.

El gobierno de López Obrador lleva prisa y en las próximas semanas podría presentar su propia agenda de reformas al sistema judicial del país para ser aprobadas en el actual periodo ordinario del Congreso.

A diferencia de lo ocurrido en el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando aprovechó el receso judicial de diciembre de 1994 para desaparecer durante 15 días al Poder Judicial que venía del priismo y lo organizó a su diseño actual -lo que fue interpretado como un golpe de Estado técnico-, López Obrador ha optado por la búsqueda de aliados en el PJF para su reforma; además de su mayoría legislativa.

Su principal aliado es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el minstro Arturo Zaldívar, quien en enero pasado fue electo cabeza del PJF con el apoyo del nuevo régimen.

La lógica de su elección fue quitarle la rectoría a la llamada “familia judicial”; es decir, a los hombres y mujeres de carrera judicial que habían dominado en la Suprema Corte y en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el poderoso órgano de control de los jueces y magistrados federales.

Lo que pueda pasar con el PJF y poderes judiciales de las entidades bajo la 4T podría ser resultado de decisiones tomadas no por quienes son los de carrera judicial, sino por los llamados externos al Poder Judicial y los actores políticos dominantes del momento.

Nadie duda de la necesidad de reformar al sistema judicial. Es necesario, por ejemplo, establecer de forma técnica los ingresos de los jueces y magistrados, y no meramente por decisión presidencial. El principio constitucional de que en México nadie debe ganar más que el presidente debe ser aplicado con criterios técnicos establecidos por el Congreso.

El presupuesto, las formas de gobierno y la administración también deben estar garantizados en cualquier reforma si lo que se busca es la autonomía e independencia del Poder Judicial.

La designación de los ministros de la Suprema Corte y de los integrantes del CJF, la estructura y funcionamiento de la propia Corte y del Consejo de la Judicatura, la paridad de género, la transparencia, la carerra judicial y la designación de jueces son, entre otros, temas cruciales para una reforma de la justicia en México.

La administración y aplicación de la justicia definen a un país y su calidad democrática.

Durante el cuarto de siglo pasado pasado, México ha gastado mucho tiempo y dinero en reivindicar a ese tercer Poder. Lo que haga o deje de hacer la 4T tendrá repercusiones para la justicia en México más allá de su gobierno. Ahí la oportunidad, pero también el peligro.

Primer Informe: la esperanza, la confrontación

Admisiones, tímidas quizás, pero admisiones al fin: en su mensaje político con motivo de su primer informe constitucional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en materia de seguridad no hay buenos resultados; también que la economía no ha crecido, aunque precisó que no hay recesión.

A nueve meses de asumir el cargo, esos dos reconocimientos, sencillos e inevitables dadas las cifras oficiales, parten de una realidad, también sencilla e inevitable, como lo es que las condiciones en que recibió la administración tenían esa tendencia que, en principio y en el corto plazo, resultan difíciles de revertir.

Si el mandatario suele referirse casi a diario al “período neoliberal” –a veces también como “neoporfirista”–, una ficción generalizadora con la que asocia la idea de una necesaria transformación histórica, la cuarta en una bicentenaria línea de tiempo, es porque discursiva y propagandísticamente le da una dimensión superior al  período constitucional para el que fue electo.

En dicha transformación suele colocar como eje discursivo la “erradicación de la corrupción”. Y eso significa, siempre en el discurso, “separar al poder político del poder económico” (cosa que ya logró, según el mensaje del 1 de septiembre), establecer “un verdadero Estado de Derecho” (que también dijo ya es realidad según el mensaje del 1 de septiembre) y procurar una “regeneración moral de la vida pública” que está en marcha.

Con la promesa de regeneración moral cierra la idea: si todos los males son producto del “período neoliberal”, impuesto por sus antecesores del PRI y del PAN, con sus asociados del sector empresarial que implementaron planes dictados desde el extranjero –y a quienes antes llamaba “mafia del poder”, “minoría rapaz”, “traficantes de influencias”–, ahora, eso se reduce a un sector, el de sus “adversarios”, “los conservadores”, que no quieren el cambio.

El otro sector legitima sus proyectos y es objeto de mención y aplauso: Carlos Slim, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, su consejo asesor empresarial integrado por magnates principalmente de medios de comunicación y todos, como lo han hecho desde el alemanismo por si o a través de sus sucesiones, participaron de la ceremonia por el informe de gobierno.

Así, la oposición moralmente en bancarrota, según el discurso presidencial que, si bien no identifica siempre a quién se refiere, obliga a pensar en Claudio X González, Germán Larrea, José Antonio Fernández Carvajal y lo que pueden construir a través de formaciones políticas como el PAN, el PRD (o Futuro 21), Movimiento Ciudadano (en la aglutinación de expriistas) o la vía independiente.

El discurso es claro en motivos y objetivos: se trata de reiterar que todos los males proceden del pasado (“toco madera para que no vuelvan”, ha dicho en variaciones el mandatario), que no puede resolverlos rápido pero que la “transformación”, esa que personalísimamente encarna, los resolverá (“no les voy a fallar”, viene diciendo desde julio de 2018).

Con eso, la confrontación tiene dos efectos: lo autoexculpa por las condiciones del país, e inhibe las oportunidades de recomposición para sus opositores. A partir de eso, mantiene la esperanza en el electorado que lo llevó a la Presidencia aun cuando sus resultados son malos en economía y seguridad, cuando la otrora mafia del poder ahora se limita a quienes no están de acuerdo con su propuesta y que, en su expresión política partidista –ciertamente reducida y con escasas expectativas—reciben el golpe cotidiano.

En parte tiene razón y el éxito de esos mensajes –que parcialmente explican su popularidad– es que son verificables: la herencia es mala y su solución compleja; la oposición formal es torpe y la informal encarnada en un sector del alto empresariado, tiene mucha cola que le pisen.

El discurso es audaz, pues encima de todo, aplaza la toma de responsabilidad sobre el período que a él le toca y, por lo tanto, la de la esperanza, es narrativa con caducidad por más que la reitere a lo largo del sexenio, porque mas allá del discurso y la propaganda, los resultados son los que importan.

Ante AMLO, la lucha del Comité ¡Eureka!

Si alguien intentara realizar una línea de tiempo basada en los registros gráficos de Andrés Manuel López Obrador, una de las estampas imprescindibles tendría que ser la ceremonia de proclamación de la “Presidencia legítima”, un acto simbólico de la resistencia al resultado electoral que él y millones de personas consideraron fraudulenta, celebrado en el Zócalo capitalino, al cobijo del escudo nacional juarista.

La imposición de la banda estuvo a cargo de la entonces senadora de la República, pero también de una de las personalidades con mayor autoridad moral, luchadora social hoy con más de cuatro décadas de presencia opositora, la señora Rosario Ibarra de Piedra.

Vale decir que las demandas de justicia y el reclamo al antiguo régimen por parte de doña Rosario, son anteriores al ingreso de López Obrador al PRI; que doña Rosario dedicó su trabajo político en la candidatura presidencial de 1982, cuando el hoy presidente de México, apenas surgía como cuadro destacado del priismo tabasqueño, coordinando la campaña a la gubernatura de Enrique González Pedrero y que, sólo se encontrarían seis años después en la coyuntura democrática que marcó el despertar mexicano.

Para 2006, doña Rosario acompañaba la candidatura presidencial de López Obrador y durante los años siguientes, hasta donde las fuerzas le permitieron, recorrió el país solidarizándose con movimientos sociales y reivindicando una y otra vez el “fraude electoral”, llamando a resistir al calderonismo y a prepararse para 2012.

“Las doñas” –como suele llamárseles con respeto y consideración a las madres del Comité Eureka entre el movimiento social—marcharon y protestaron en demanda de justicia durante el sexenio sangriento de Felipe Calderón, auténticas precursoras de los movimientos de desaparecidos que en aquel tiempo dimensionaba Marcela Turati, en una crónica magnífica que describía la incorporación de familias, con fotografías recientes, aumentando el contingente de las ancianas dolientes.

Poco a poco se fue retirando de la escena pública y Las Doñas fueron cada vez menos porque, ciclos acabados de vidas sin justicia, las alcanzaba la enfermedad o la muerte.

López Obrador reivindicó a Rosario Ibarra en su cierre de campaña presidencial de 2018, le otorgó su voto el 1 de julio de ese año y le dedicó el triunfo electoral. Habló de ella en diferentes oportunidades durante el período de transición y también como presidente de México… pero en los hechos, su gobierno desdeña a doña Rosario y su lucha.

Este 28 de agosto se cumplen 41 años de la huelga de hambre reprimida. Fue en la Catedral Metropolitana, de donde fueron desalojadas por esa Iglesia tan próxima al poder siempre. Pero Las Doñas se quedaron en las rejas y ahí permanecieron por 96 horas ininterrumpidas, hasta que las desalojó el Ejército.

El Comité ¡Eureka! emitió un comunicado ayer en el que observa la definición del presidente López Obrador por priorizar la búsqueda de desaparecidos, pero acusa los hechos que implican omisiones de sus funcionarios.

Con Alejandro Encinas sin tomar llamada (un caso más de los que acumula el subsecretario de Gobernación) para concretar su demanda de una “comisión de la verdad”, siguió la sutileza nivel 4T: la mañana del 28 de agosto, el Comité ¡Eureka! acudió una vez más al Zócalo para conmemorar aquella primera huelga de hambre realizada hace 41 años y pedir audiencia con López Obrador. No hubo desalojo ni Ejército represor, pero sí un sonidero del gobierno capitalino que elevó los decibeles hasta ensordecer su mensaje, inmutable en su determinación de callarlas, cortesía del secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real.

Plantas al rescate

Joanne Chory, directora de biología de plantas del Instituto Salk de Estudios Biológicos de La Jolla, en California, una de las botanistas más respetadas del mundo, considera que ha encontrado la clave para combatir el calentamiento global. Tiene, además, prisa por aplicar su idea. A los 64 años, padece de Parkinson y quiere dejar un mundo mejor a sus hijos antes de que la enfermedad le impida seguir adelante. Sugiere, sin embargo, una solución realista que molesta a los dogmáticos. utilizar tecnologías de modificación genética para producir plantas que absorban el dióxido de carbono de la atmósfera en mayores cantidades.

         Las propuestas de los políticos para combatir el calentamiento global no tienen posibilidades de éxito. Recortar las emisiones  de carbono no reducirá el ritmo del calentamiento global, a menos de que estemos dispuestos a empujar al mundo a una depresión tan fuerte que mate de hambre a miles de millones. Si todos los Acuerdos de París se aplicaran, la temperatura del planeta sería en 2100 solo 0.05 grados Celsius menor que sin los acuerdos. El calentamiento global no se mantendrá por debajo de 1.5 grados, como se prometió en París en 2015, sino que subirá por lo menos 4.5 grados en este siglo (Bjorn Lomborg, Consenso de Copenhague).

         La única manera de disminuir el ritmo del calentamiento global es absorber dióxido de carbono que se encuentra ya en la atmósfera. Las propuestas para desarrollar equipos que tomen el gas de la atmósfera y lo almacenen no son hasta ahora más que ciencia ficción, pero la doctora Chory (se pronuncia Cory) ha hecho una propuesta natural que sí tiene posibilidades de éxito.

         “Las plantas -señaló Chory esta semana en las conferencias TED-han evolucionado para absorber el CO2 y lo hacen muy bien. Además lo concentran, cosa que ningún equipo puede hacer, y lo convierten en materias útiles, como azúcar”.

Chory está trabajando en un proyecto llamado Planta Ideal que utilizaría una tecnología de edición de genes, Crispr, para la creación de plantas, como frijoles, maíz y algodón, con mayor capacidad de absorción de dióxido de carbono. Los genes de estas plantas se editarían para generar variedades con raíces más amplias y profundas que produzcan “más suberina para el secuestro (fijación) de mayores cantidades de C02”. La científica señala: “Las plantas son la única manera de hacer esto de manera razonable”.

         El problema es que la edición de genes, el reemplazo de ciertos genes naturales de una planta por otros con características distintas, es rechazado de manera dogmática por muchos políticos y organizaciones ambientalistas. En México el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a su ignorancia científica, ha descartado el cultivo de transgénicos sin darse cuenta de que esto puede tener consecuencias muy negativas para el ambiente y para el campo.

         Por lo pronto, la doctora Chory está haciendo una propuesta sensata para aumentar la absorción y fijación del CO2 en la tierra y reducir el ritmo del calentamiento global. No deja de ser curioso que muchos políticos y grupos que se dicen preocupados por el ambiente se nieguen al uso de una tecnología natural que hasta el momento es la única que puede retirar el dióxido de carbono en la atmósfera. Absurdamente, prefieren impulsar iniciativas que ya sabemos no reducirán el ritmo del calentamiento del planeta.

Gasoductos, de leoninos a propagandísticos

Con la renegociación del costo del transporte de gas de Estados Unidos a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un golpe de efecto a favor de su administración de cara a su primer informe de Gobierno, pero generó dudas sobre los costos a largo plazo.

Acompañado por directivos de las empresas con las que renegoció, el presidente lucía feliz en su conferencia de prensa del martes 27 de agosto y hasta demandó aplausos a los periodistas al momento de la foto con la que celebraba el anuncio de un ahorro de 4 mil 500 millones de dólares por la reducción de las tarifas de transporte de gas para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El anuncio puso a la polémica iniciada en febrero, cuando el presidente López Obrador los acusó de cobrar “intereses leoninos” y tener beneficios “draconianos”, detonando amagos de controversias judiciales y arbitrajes internacionales. Ayer, las empresas Carso Energy, TransCanadá y IEnova, alcanzaron el acuerdo para modificar las tarifas.

En la retórica presidencial, el acuerdo es “benéfico para la nación”. Pero lo que no se detalló fueron los costos que en las próximas dos décadas pueden tener los acuerdos con Grupo Carso, de Carlos Slim, IEnova y TransCanada, dueñas de cinco de los siete gasoductos con los que el gobierno federal generó en febrero pasado un conflicto que ahora se da por resuelto. El acuerdo que queda pendiente es con la empresa Fermaca.

El gobierno calificó entonces como “leoninos” los contratos en los que se establecieron tarifas con incrementos anuales, independientemente de que por causas ajenas a las empresas no entregaran gas a la CFE.

Ahora, como si se tratara solo de que las empresas decidieran sacrificar sus tarifas, el presidente López Obrador y el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, hablan hasta de la entrega de ocho mil 200 millones de pies cúbicos de gas, como si el abasto no estuviera garantizado en el anterior esquema.

La renegociación implicó un cambio de la tarifa que se incrementaba año con año a una tarifa promedio anual. Sobre ésta aplicará una reducción de entre 19 y 38 por ciento, en un esquema que se aplicará por empresa.

Pero la ganancia para las firmas está en el plazo, que se incrementó hasta en 10 años, como en el caso del gasoducto Guaymas-El Oro y Sur de Texas-Tuxpan, ambos de IEnova. Es decir, las empresas ganarán menos, pero durante más tiempo.

Habrá que conocer los detalles para saber si al final de cuentas, México se ahorrará los cuatro mil 500 millones de dólares anunciados por López Obrador o con los años terminará pagando más. El ahorro está garantizado para el actual gobierno. No para los próximos.

El acuerdo genera otras dudas y sienta precedente, pues si ya se renegoció una vez, nada asegura que no se vaya a modificar después si alguno de los siguientes gobiernos considera injusto el precio comprometido, tal como lo hizo el gobierno de la llamada 4T. La experiencia podría replicarse en otros sectores.

Aun cuando la renegociación haya sido necesaria, hasta ahora lo que queda claro es que la ganancia inmediata abona a la propaganda gubernamental sin importar lo que venga después.

Oposición sin rumbo

A punto de llegar a su primer informe de gobierno, la fuerza política individual de Andrés Manuel López Obrador supera al sistema de partidos. El mandatario tiene una alta popularidad y, no obstante, la inmovilidad y las malas cuentas que entrega en diferentes rubros de la administración, sus opositores son prácticamente invisibles.

Hay crisis en las principales fuerzas políticas del país y el fenómeno se relaciona necesariamente con la presencia política de López Obrador, que supera a la institucionalidad partidaria inclusive en Morena, la formación que fundó como trampolín electoral.

En las semanas recientes, los partidos con mayor presencia electoral, o bien, aquellos que hasta hace poco la tuvieron, padecen complicaciones internas, extravíos de la ruta a seguir tras sus respectivas (y estrepitosas) derrotas de 2018.

La única excepción es Movimiento Ciudadano, partido que agrupa a miembros de otras formaciones, principalmente expriistas, donde hasta ahora se le ha respetado el cacicazgo a Dante Delgado.

El caso más reciente es del PRD, con su anuncio de cesión de registro y posterior retractación: el pasado fin de semana anunció que se extinguía como tal para dar paso a una corriente aglutinadora de participaciones ciudadanas que pretenden llamar Futuro 21.

La oferta es risible: dominados por Jesús Ortega y Jesús Zambrano, “Los Chuchos”, conocidos por su colaboracionismo y entrega al peñanietismo, dicho partido convoca a personalidades de pésima fama como el patiño de 2012, Gabriel Quadri, a encabezar un movimiento en el que nunca se han planteado la autocrítica, la corrupción como conducta persistente en su cúpula y los liderazgos proclives a la negociación oscura, como origen de su debilitamiento.

Tercera fuerza electoral, el PRI eligió dirigente en la intrascendencia y con las renuncias de dos miembros destacados, José Narro Robles e Ivonne Ortega Pacheco, quienes cada uno por su lado denunciaron fraude y manipulación en la elección del pasado 18 de agosto, fecha desde la cual Alejandro Moreno Cárdenas, el nuevo dirigente, selló su irrelevancia en el desatino de los espectaculares “Regresaremos”, que motivaron la burla generalizada.

La segunda fuerza, el PAN, es desplazada por el activismo empresarial, señaladamente de la Coparmex, que lo vuelve una nada en el debate público. Como en los otros dos casos, con su desprestigio a cuestas, el PAN sigue acumulando inconformidades en sus filas por la conducta de una cúpula inescrupulosa.

Lo más sorprendente es el cauce que toma la debilidad de Morena que se expresa en las pugnas facciosas y estridentes, estalladas en la ruta en torno a la renovación de dirigencia y que hizo crisis durante el cambio de la mesa directiva en el Senado, dejando muchas heridas abiertas.

Asistimos, pues, a un problema grave en la situación de los partidos que, en el caso de los que son oposición, han patentado su incapacidad para reformular sus ofertas, nombres, y objetivos, así como de aprovechar el desastre partidista del morenismo que, siendo fuerza en el poder, tiene disputas en las que los dichos y tonos hacen inviables las reconciliaciones para su consolidación como opción electoral más allá de López Obrador.

La gravedad de la situación radica en que, en un modelo democrático, las diferentes opciones, supuestamente, construyen los cambios.

Y por lo pronto, sus crisis dejan libre el camino a una visión única que domina el debate público a golpe de mañaneras y tuitazos. Es la voz presidencial tan poderosa que, al llegar su primer informe, carece de contrapesos y hasta se da la oportunidad de burlarse de sus opositores y –sardónica– recomendarles estrategias para su reagrupamiento.

En tanto, a muy pocos parece importarles hoy el pluralismo democrático.