Categoría: Editorial

Es sorprendente que en las cárceles mexicanas exista una gran cantidad de personas que están ahí por lo que podía pasar como robo de famélico, es decir, aquel que se comete en estado de necesidad y sin violencia que, a efectos prácticos, es el que comúnmente imputan las cadenas de supermercados.

No se trata solo de precepción: 45 por ciento de las personas que están presas por delitos del fuero común llegaron ahí por infracciones de índole patrimonial, esto es, por robo, incumplimiento de obligaciones familiares, fraude, daños en propiedad ajena, entre otros.

Hasta la estadística más reciente presentada por el Inegi en 2018, con datos actualizados a 2016, del total de delitos patrimoniales, el robo representó 83 por ciento y del total de los delitos patrimoniales y, visto a detalle, el robo simple, robo a negocio y “otros robos”, que pueden no aplicarse bajo el supuesto de necesidad, representan alrededor del 70 por ciento de todo el robo que se comete en México.

No es de extrañar que, tratándose de mujeres, 40 por ciento esté presa por robo y que, en el catálogo general de delitos destaquen algunos que tienen que ver con complicidad con sus parejas, tales como delitos contra la seguridad pública (16%), contra la vida y la integridad (14%), dato este último relevante, en tanto incluye aquellos casos de aborto que en numerosas entidades sigue siendo penado.

Poniendo las cosas en su justa dimensión, la población penitenciaria está mayoritariamente compuesta por pobres, vulnerables por condición social o económica y de género, frente a la presión que ejercen cúpulas de poder real. Lo que hay, por ejemplo, es la presión y vileza de las empresas de supermercados –testimonios abundan de siembra de empaques para aumentar cuantía—o de las grandes iglesias que se oponen al aborto.

Criminalizar mujeres, médicos o parteros, es tema obsesivo para los sectores más conservadores. Criminalizar adictos, que son enfermos, es obsesión de las cúpulas del securitarismo. Todos, fanáticos con poder.

Y es que, el sistema se ensaña con los vulnerables… y pobres como nadie, son los indígenas en este país. Hasta 2017, la cifra oficial de defensores de oficio bilingües con capacidad de entendimiento con un acusado era de 25 abogados con capacidad de atender a 19 variantes. Los datos son inaceptables en materia de justicia, primero por la distribución geográfica hace encontrar, por ejemplo, a un defensor hablante de náhuatl en Ciudad Juárez, pero ninguno en la Huasteca donde se concentra la mayor población que tiene esa como primera lengua.

Pero además de lo geográfico el rezago es grave. En México se reconocen 68 lenguas y 364 variantes dialectales. Por estándar internacional, las variantes deberían ser tratadas como lenguas en un sistema de justicia eficaz y la forma de resolverlo es con traductores. Hasta 2017, en México había 664 traductores registrados y con capacidad de asistir en juicio, pero sólo a los hablantes de 34 lenguas y 121 variantes dialectales.

México, lo sabemos, es país de pagadores que se cosechan en la pobreza, la vulnerabilidad y la ignorancia (afirmación medida por el Inegi en la población penitenciaria: solo 3.3% tiene licenciatura, ni uno maestría ni doctorado; 6.6% es analfabeta; 10% no tiene estudios; 30.4% tiene preescolar o primaria y 39.1% secundaria).

Es posible que haya una intencionalidad política en la propuesta de amnistía que hace días presentó el gobierno o que no la haya. La verdad no importa porque este no es asunto de simpatías políticas: en México hay personas que robaron para comer; que en realidad son víctimas de circunstancias y de un sistema de dominación brutal. Esos, pobres y vulnerables en su mayoría, configuran una sobrepoblación penitenciaria –fluctuante entre el 10 y el 30% adicional a la capacidad instalada– que hasta por pragmatismo gubernamental debe reducirse. Por lo tanto, oponerse a la amnistía, es un despropósito.

Al tiempo perdido, los santos lo lloran

Clamor por un nuevo federalismo, una reforma fiscal progresiva y una auténtica política hacendaria son tres ejes que, de una u otra forma, han sido objeto del olvido deliberado en cuanto que en México quien tiene la bolsa garantiza la corona. Además, ha habido una negligencia superlativa, que es a la que me quiero referir ahora.

Con motivo de la presentación del llamado “Paquete Económico”, entregado en la Cámara de Diputados y que contiene la visión de la Presidencia de la república sobre lo que ha de ser el Presupuesto General de Egresos de la federación, se inició una polémica sobre los recortes y reajustes que tendrán las aportaciones y participaciones a las entidades federativas.

A la cabeza de un severo cuestionamiento se ha colocado el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien ha hecho pública su intención de buscar el apoyo entre sus homólogos panistas en los estados para “levantar la voz”; es decir, no mantenerse en la pasividad que hasta ahora se ha visto como tendencia general por la obsequiosidad con la que se conducen quienes están al frente de las entidades federativas. Le han apostado al oneroso cabildeo, a los tratos cortesanos, a las buenas relaciones y a la articulación de favores, como lo exhibió, pongamos por caso, el escándalo conocido como la “estafa maestra”.

Es prematuro. En todo caso habrá qué esperar la consecución de los hechos para ver la magnitud de la oposición que puede levantar el proyecto lopezobradorista de Presupuesto y, desde luego, el escozor que cause la Ley de Ingresos que, dicho sea de paso, se tramita en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Eso lo veremos a lo largo de lo que resta de 2019. El tema da para mucho, además será una buena vitrina para observar el curso de una decisión con consecuencias por ahora insospechadas.

Pero a los panistas con poder, y en particular a Javier Corral, les falta expresar, por mínima que sea, una autocrítica, porque ya no estamos hablando de aquel PAN conformado por “místicos de la democracia”, sino de un PAN que ocupó doce años la Presidencia de la república, que firmó un Pacto por México, que alabó el hoy Gobernador de Chihuahua, y que en diversas etapas ha tenido un peso congresional sustancial y muchas gubernaturas y ayuntamientos de una importancia sobresaliente.

Quiero decir con esto que el PAN, sobre todo en la etapa de Vicente Fox, abandonó la agenda federalista, y fue precisamente al inicio de esta centuria cuando maduraron las condiciones para una reforma de gran calado en esa materia, pero se dedicó a perder el tiempo, lamentablemente sin hacerse cargo, por su acendrado catolicismo, que los santos lo lloran, como dicen los versos del poeta y periodista Renato Leduc.

Ante la ausencia de iniciativa, soportada en un bono democrático grande, a Fox y al PAN les estalló el problema en las manos, cuando era previsible que los gobernadores opositores se levantarían más por sus proyectos de poder que por su obligado sentido federalista. Fue así como surgió ese adefesio llamado “CONAGO”, que existe contraviniendo la carta magna de la república (artículo 117 constitucional), e incluso hubo convocatorias para el debate hacendario que no se concretaron en una reforma sustancial en todo esto. Calderón continuó en esa inercia y ambos traicionaron lo que durante décadas dijeron en contra del centralismo, en especial del municipalismo que tanto entusiasmó al fundador de Acción Nacional, Manuel Gómez Morín. Los panistas tuvieron una oportunidad de oro y la desperdiciaron; por eso está vigente la legislación en materia de coordinación fiscal, base de un colonialismo interno.

Pero hay algo más en la postura de Javier Corral: los pecados que le recrimina a la federación son los propios pecados que él comete contra municipios importantes de Chihuahua, a la hora de estructurar los presupuestos locales y un reciente Plan de Inversiones que se quiere hacer transitar a la realidad, en menosprecio del Congreso local que es el que, en última instancia, tiene el poder competente para tomar esa decisión.

Para tener credibilidad, hay que reconocer la historia de los propios errores.

Del diálogo a la acción

Hace años Gabriel Zaid reflexionó acerca de cómo encauzar la presión ciudadana sin desviaciones partidistas, sin demagogia, sin perder absurdamente el tiempo ni provocar represalias peligrosas, y dijo: “No hay una solución, sino muchas, según las circunstancias y creatividad de cada quien”. Hoy, varias compañeras feministas se preguntan cómo encauzar la energía de las protestas con diamantina, pero sin destrozos y construyendo opciones políticas con sentido de responsabilidad.

El sábado 31 de agosto, dos semanas después del ya histórico viernes 16, un grupo de feministas convocó a un “Diálogo ciudadano entre mujeres todas de la CDMX” en la Capilla del Colegio de San Ildefonso. El objetivo fue, en palabras de las organizadoras, “registrar las coincidencias y los disensos que ayuden a definir una agenda conjunta sobre el acceso a la justicia y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en esta ciudad”. Su manera de trabajar fue establecer cinco mesas, a partir de los temas presentes en las expresiones públicas recientes de organizaciones feministas y colectivas de mujeres, o sea, en lo expresado en las demandas y pliegos petitorios.

En cada mesa el trabajo consistió en hacer un análisis de las problemáticas, plantear propuestas de solución y, finalmente, identificar a las autoridades y sectores responsables. A la semana circuló el documento “Agenda del diálogo ciudadano entre mujeres todas de la CDMX”, resultado del trabajo colectivo. Es de aplaudir el esfuerzo que ha implicado esta iniciativa. No es fácil coordinar a grupos y personas disímbolas, por muy feministas que sean.

Las distintas trayectorias, ideologías e incluso edades producen maneras diversas –algunas muy contrapuestas– de entender la política feminista. Cada quien interpreta la problemática según lo que le ha tocado vivir. Y no obstante que valoro el trabajo de articulación que han logrado, luego de leer el documento de 10 páginas (no estuve presente ese sábado) he recordado algunos de los señalamientos pragmáticos de Gabriel Zaid.

Zaid también recomendó: “Hay que medir los propios recursos y la capacidad de sostener una acción terca mucho tiempo”.

Y aunque al menos las cinco coordinadoras han demostrado su compromiso y persistencia a lo largo del tiempo, no sé si eso baste, pues también Zaid previno: “Hay que evitar las metas indefinidas, excesivas o imposibles”. Por eso él continúa: “Cualquiera que pretenda acabar con toda la incompetencia, irresponsabilidad y corrupción fracasará”, y propone definir metas acotadas para lograr el éxito.

Hace años Rossana Rossanda, al hablar del movimiento de las mujeres lo definió como un impulso, una oleada, una marea, por lo cual no tiene los límites ni las reglas de una organización política.

Rossanda pensaba que de ahí venía la dificultad que ha tenido el movimiento de las mujeres para garantizarse una contractualidad, o sea, para ser capaz de “acotar” y avanzar unos pasos. La capacidad de dialogar y llevar a cabo acuerdos y pactos es inseparable de la disposición a hacer política. A esta intelectual y militante italiana le preocupaba si sería posible “liberar la política feminista de la abstracción” y “restituirle inmediatez y humanidad”, sin que por ello perdiera “su capacidad de comunicación y su aliento colectivo”. En México existen muchos feminismos, y no obstante a todos les duele, indigna y preocupa la violencia; y en ocasiones sus distintas formas de accionar –y reaccionar– llegan a chocar. A veces el exceso de discurso utópico liquida la posibilidad de avanzar en lo posible, y sin algo de adhesión a lo posible, de búsqueda de lo posible, no podemos hacer de la política una dimensión humana. Tal vez con menos objetivos y más acotados se podría avanzar más colectivamente.

Pemex, el escándalo se internacionaliza

Hasta ahora, la corrupción tan aludida, periodísticamente expuesta y mayoritariamente impune, de las pasadas administraciones federales, así como de las empresas productivas del Estado, destacadamente en Pemex, no había llegado a procesos internacionales.

En apariencia cuidadosos, los directores de Pemex y su consejo de administración habían sorteado la atención de tribunales extranjeros o instancias multilaterales, debido a que parecían atender normatividades y prácticas exigibles en el comercio exterior.

El procedimiento alcanza a las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, recorriendo el desempeño de la petrolera durante las últimas cuatro direcciones a cargo de Juan José Suárez Coppel, Emilio Lozoya Austin, José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño Medina. Y es que, las presuntas irregularidades detectadas ocurrieron a partir de enero de 2012, el último año del presidente surgido del PAN.

El asunto es sensible: más allá de la corrupción que tendría que sancionarse en el ámbito nacional, las previsibles conclusiones de dicha investigación estadunidense tendrán consecuencias para México en la administración de Andrés Manuel López Obrador, al grado de frustrar o al menos entorpecer la realización de su apuesta por el desarrollo basada en aumentar la inversión en Pemex. Es así porque de imponerse sanciones económicas, este gobierno tendría que pagar los platos rotos del pasado.

Por lo expuesto en el citado reportaje –cuya lectura es recomendable para entender a detalle la trascendencia del asunto–, la investigación es realizada por un equipo de 26 especialistas en delitos financieros, entre quienes destacan aquellos que investigaron para la misma SEC el caso Braskem-Odebrecht que devino en la imposición de una multa por 3 mil 500 millones de dólares en 2017.

El objetivo de ese grupo es verificar si en las operaciones de Pemex, la novena petrolera más grande del mundo, se incurrió en delitos bursátiles de la legislación estadunidense, principalmente, en relación a la falsificación de información financiera, el famoso “maquillaje” de cifras tan frecuente en los informes de presupuestales mexicanos, y se concentra en indagar exactamente los mismos ilícitos que en el caso Odebrecht.

La investigación de la SEC respecto a la mencionada brasileña Odebrecht, repasó las anomalías en 11 países, incluido México, donde dicha empresa tuvo una presencia destacada y, aunque existe amplia información al respecto, no hay investigación nacional concluyente.

En general, ese ni algún otro de los muchos asuntos de corrupción en Pemex ha tenido consecuencias mayores, si bien, hay casos abiertos por la Fiscalía General de la República (FGR) cuyo desenlace es incierto. Entre esos casos, está el de la compra-venta de Agronitrogenados y la denuncia –cuyos avances se desconocen– de la operación con Fertinal, las empresas de fertilizantes inservibles y adquiridas a sobreprecio según declaraciones presidenciales, ambos incluidos en la investigación que ahora realiza la SEC.

El lío es gordo. Quizás por eso hay un silencio de la actual administración respecto al asunto. La opacidad con que suele manejarse el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien sólo es capaz de presentar modestas gráficas en power point en “las mañaneras” a las que lo convoca el presidente López Obrador ha incrementado las dudas en el sector, en un momento en el que su posición es necesaria para enviar señales de confianza a inversionistas en los que se cifra en parte el éxito del plan de reactivación petrolera de la autollamada “Cuarta Transformación”.

Con procesos estancados en México, la indagatoria y sanción de actos de corrupción e ilegalidad de pasadas administraciones no es opcional. No se trata sólo de lo que robaron o dilapidaron los gobiernos pasados sino de las consecuencias a futuro que los malos gobiernos siguen provocando.

Los militares en la 4T

El desfile militar por el 209 aniversario de la Independencia vino a demostrar el pragmatismo político de los mandos militares mexicanos, sin que ello signifique un beneficio de las Fuerzas Armadas como instituciones.

Caído el régimen del PRI en el año 2000, una de las principales expectativas tenía que ver con la respuesta de los militares, toda vez que el régimen priista fue hechura castrense.

La cúpula castrense pronto entendió que con Vicente Fox como presidente podrían mantener el régimen de privilegios que se construyeron cuando ganaron la Revolución Mexicana.

Entendieron que el primer presidente de oposición ni entendía ni pretendía modernizar las relaciones cívico militares, de manera que dejó las cosas como estaban sin que se planteara siquiera el papel de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI bajo un régimen distinto al del partido hegemónico.

En esa lógica participaron en el despliegue que el presidente les ordenó en 2005 cuando la violencia ya se había desbordado en Tamaulipas. Pero no pasó de ser un acto de propaganda armada.

Huérfano de legitimidad, Felipe Calderón se abrazó a los militares y los embarcó en una guerra sin fin a cambio de que la élite militar conservara su carácter de estamento privilegiado, sin ningún control verdadero. Sus excesos en esa guerra estaban a salvo.

Lo que no pudo darles fue el marco legal para legitimar su participación en esa guerra que en ese sexenio se caracterizó por la repetida violación de los derechos humanos, tanto por parte del Ejército como de la Marina.

No obstante, le dieron gusto al presidente y por primera vez en décadas, permitieron la participación de fuerzas civiles en el desfile castrense. Fue así que en la parada militar se integraron elementos de la Policía Federal, que estaba al mando del protegido presidencial del momento, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Desgastados los militares por el excesivo carácter beligerante de su antecesor, el presidente Enrique Peña dejó de hablar de guerra, pero mantuvo el estado de cosas. Y aunque disminuyeron los operativos castrenses, se empeñó en darles la protección legal para justificar sus acciones de más de una década.

Aunque lo logró al final de su periodo, la Suprema Corte la desechó de plano por ser violatoria de la Constitución Política.

En ese sexenio, los miliares también se adaptaron a “la visión” presidencial del momento y en los desfiles del Día de la Independencia participó la Policía Federal con su División de Gendarmería, el remedo en que acabó la ambición presidencial de crear una Gendarmería Nacional porque fue boicoteada por los altos mandos de la Sedena y la Marina de entonces luego de que fracasaran en su intento de controlar el pretendido cuerpo armado.

Con el triunfo de López Obrador cobró sentido que la Corte desechara la Ley de Seguridad Interior porque el entonces presidente electo prometía revisar la participación de los militares en tareas de seguridad.

Un año después, lo que tenemos es todo lo contrario: una mayor presencia de los militares en la vida pública del país, más allá incluso de sus labores de seguridad y defensa.

El desfile militar de 2019 fue una ostentación de ello: controlan la Guardia Nacional -después de haber engullido a la Policía Federal-, controlan las pipas de distribución de combustible, estarán a cargo de la construcción del aeropuerto de López Obrador de Santa Lucía y todo lo demás que el presidente les pida.

A cambio, nada de controles democráticos; que ni el Congreso ni nadie los llame a la transparencia ni a la rendición de cuentas, ni a revisar su doctrina ni su organización. Mucho menos a responder por las violaciones a los derechos humanos o los actos de corrupción y abusos.

80 años del PAN

El PAN llega a sus 80 años que pueden resumirse en tres grandes etapas: cinco décadas de lucha por la democracia; una más tomado por élites empresariales y ultracatólicas, y dos finales, en las que fue partido gobernante y asociado del PRI, hasta hundirse en la degradación.

En su origen, el PAN abrevó de las ideas de Ortega y Gasset así como de Henri Bergson, con una influencia católica, particularmente, de la encíclica Rerum Novarum, ampliamente estudiados en las vidas y obras de Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna.

Para los años sesenta, habían florecido varias generaciones que alternaban los planteamientos originales con reflexiones acordes a su tiempo, y sus dirigentes mostraban apertura –señaladamente en la dirigencia de Rafael Preciado– a ideas influenciadas, por ejemplo, por el Concilio Vaticano II y la Encíclica Popularum Progressio, muy reivindicada por Efraín González Morfín.

Los discursos de Manuel González Hinojosa y José Ángel Conchello, particularmente el 30 de agosto de 1968 –cuando exigían al gobierno de Díaz Ordaz resolver por la vía del diálogo—y la del 20 de septiembre siguiente, cuando presentaron un punto de acuerdo para que el Ejército se retirara de Ciudad Universitaria, fueron claras muestras del sentido progresista del panismo de ese momento.

El PPS que se definía de izquierdas, había acatado ya la línea diazordacista. El PAN entonces, era el único partido de oposición, ciertamente con modesta presencia, pero elocuentes representantes, que se solidarizó con el movimiento estudiantil.

Durante gran parte de los años setenta, el PAN y sus corrientes, necesarias como parte de un deseable pluralismo democrático, tenían por coincidencia central –por cierto, muy parecida tanto en lo cristiano de fondo como en la forma de expresarlo con lo que hoy se escucha en López Obrador— la dignificación de la política y un sentido ético de la vida pública.

De los debates internos poco quedaba para finales de los años ochenta, cuando la Organización Nacional El Yunque, y la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) asumieron el control, aceptaron presupuestos gubernamentales y gradualmente se corrompieron, de manera que en el salinismo fueron asociados útiles para la simulación democrática del bipartidismo que vio su concreción en el triunfo electoral de Vicente Fox en el 2000; a eso siguió la conducta fraudulenta, ilegal e insalubre para la democracia de 2006 y el gobierno sangriento de Felipe Calderón, con quien inició el absoluto envilecimiento del PAN.

Es en esta etapa donde lo peor del PRI se asimiló al PAN con gobernadores de presencia nacional como Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel Yunes, o el maniobrerismo priista y caciquil de Carlos Joaquín; con postulaciones presidenciales desprovistas de carisma y mística, la fatuidad y la sospecha fundada de corrupción: en 2012 con Josefina Vázquez Mota y 2018 con Ricardo Anaya.

En síntesis, el PAN, segunda fuerza electoral –es cierto—está en bancarrota: de lo romántico y anecdótico pasó a gobernar autoritario y corrupto, para sumirse en el desprestigio y la irrelevancia. Partido sin credibilidad, incapaz de contrapesar algo ni de sumarse legítimamente a las mejores causas, ya ni siquiera entusiasma al empresariado erigido en oposición con las propias cámaras empresariales y por la vía ciudadana.

Acaso el PAN llega a sus 80 años, regenteando un registro que parapete individuales ambiciones pragmáticas, no más.

El respetable señor Bartlett

Para fortuna suya, Manuel Bartlett Díaz cuenta con la confianza y el respeto presidencial. Eso dota al actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de una coraza de impunidad que lo libra de una historia de tropelías sin cuento, justo en el Gobierno de la supuesta transformación.

Y es que la suya es una trayectoria de más de 60 años –iniciada en 1962 como Secretario del legendario cacique Javier Rojo Gómez— que lo describe como un político prototípico del sistema priista, corrupto, abusivo, autoritario y represor.

Es ya lugar común que como Secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid (1982-1988) fue responsable directo en su calidad de presidente de la Comisión Federal Electoral del negro episodio conocido como “la caída del sistema”, que opacó los comicios presidenciales de 1988 en los que oficialmente ganó Carlos Salinas de Gortari. Y autor directo, confeso, del histórico fraude electoral de 1986 en el estado de Chihuahua, cuando personalmente diseñó desde su despacho de Bucareli el operativo que involucró a todas las maniobras conocidas para la manipulación del resultado electoral a favor del PRI, por encima de la voluntad de miles de ciudadanos que se resistieron durante más de tres meses a la imposición.

Bartlett Díaz, a quien el Presidente de la República dispensa ahora su confianza y su respeto, estuvo involucrado también en las amenazas a los directivos del semanario Proceso a través de su director de Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Martínez, documentada por Vicente Leñero, así como en el asesinato nunca cabalmente aclarado del columnista Manuel Buendía Tellezgirón en mayo de 1985.

También como Gobernador de Puebla (1993-1999) Bartlett Díaz se distinguió por su mano dura y autoritaria, que incluyó la defensa de cacicazgos regionales, la imposición de alcaldes y la represión de movimientos populares como el de los colonos y los locatarios de mercados. Y también despojos electorales como el perpetrado en el municipio de Huejotzingo, donde la resistencia ciudadana de varios meses impidió finalmente la consumación del atraco.

Frustradas sus apariciones presidenciales en el año 2000, el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León lo hizo senador de la República y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en ese órgano legislativo. Seis años más tarde ocurrió su conversión al lopezobradorismo, lo que implicó su salida del PRI y su ingreso al Partido del Trabajo (PT), en el que hasta la fecha milita. Ello le valió ser nuevamente Senador entre 2012 y 2018 y hoy alto funcionario federal.

A toda esa historia se suma ahora la investigación prolijamente documentada de la reportera Arelí Quintero y difundida en el espacio radiofónico de Carlos Loret de Mola sobre las propiedades ocultas del actual director de la CFE, no incluidas en su declaración patrimonial. Se trata de 23 casas y dos terrenos, a nombre suyo, de sus hijos o de su actual compañera, cuyo valor se estima en unos 800 millones de pesos. Lo que equivale, según el reportaje, a unas 16 veces más el monto de 51 millones declarado por el funcionario.

No obstante las evidencias, y antes de cualquier resultado de esa investigación, el Presidente salió en defensa del nacionalista y democrático político poblano al afirmar que “son intentos de desprestigio que no prosperarán…”

¿Servicio exterior o guarida de cuates?

Uno de los vicios más socorridos del “viejo régimen” era el uso y abuso de las embajadas, consulados y representaciones ante organismos multilaterales como botín para pagar favores, quedar bien con los cuates, desterrar rivales incomodos y políticos corruptos o fracasados. El anecdotario mexicano es rico en casos que levantaron ámpula durante los sexenios priistas y panistas.

Hombres y mujeres sin experiencia o preparación en el fino arte de la diplomacia eran enviados a las 80 embajadas de México en el extranjero. Washington, Londres, París, Madrid y Tokio—las sedes más glamurosas–eran las más peleadas. Lo mismo ocurría con los 50 consulados en Estados Unidos donde han despachado ex procuradores, exgobernadores, hijos de ex cancilleres, exsenadores, exdiputados, ex empresarios, aristócratas fifís y políticos conversos al partido del ungido del momento. No hubo presidente que no abusara del artículo 89 de la Constitución que los faculta para nombrar y remover agentes diplomáticos y cónsules generales.

En la mañanera del lunes antepasado, en Hermosillo, López Obrador dijo que se dejarán de asignar cargos de cónsules o embajadores a políticos y se priorizarán a los “profesionales de carrera”.

Datos de la SRE indican que si bien López Obrador ha hecho más nombramientos de miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM) que cualquiera de sus antecesores, los cargos en el extranjero no han dejado de ser reductos para la concesión de premios, aunque en cantidades menores. Las malas mañas no cambian de la noche a la mañana.

En los nueve meses del gobierno de la 4T, se han hecho un total de 60 nombramientos en el extranjero; 44 han sido del SEM, y 16 de índole político, la mayoría de estos en Latinoamérica, quizá porque no se requiere dominar otro idioma. Destacan: Romeo Ruiz Armento, ex diputado local y marido de la ex senadora petista Layda Sansores, embajador en Guatemala; Ricardo Cantú Garza, ex diputado del PT, embajador en El Salvador; Carlos Peñafiel Soto, líder del Comité Directivo de Morena en Querétaro, embajador en República Dominicana; Rosalía Barajas Olea, ex diputada del PRD, embajadora en Costa Rica; David Jiménez Gonzáles, ex diputado federal y ex presidente municipal de Cuernavaca, embajador en Honduras; Víctor Manuel Barceló, ex gobernador interino en Tabasco durante el gobierno priista de Roberto Madrazo, embajador en Uruguay; Raúl Bolaños Cacho, ex senador del PVEM, cónsul en Sao Paulo; y José Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM y ex secretario de Estado bajo Ernesto Zedillo, representante permanente ante la ONU.

El panorama en los consulados es más alentador. De 15 nombramientos en los 50 consulados en Estados Unidos–vanguardia de defensa de los connacionales en la guerra contra la supremacía blanca–sólo tres no son del SEM. El problema aquí es que hay doce consulados de carrera y un consulado general que están vacantes, lo que impone una carga mayor al personal y limita la labor que hacen los cónsules generales.

El SEM, que consta de 1,300 miembros, se anotó un gol al recuperar la Embajada en Washington, considerada la joya de la corona de la diplomacia mexicana. No sólo eso. Por primera vez en la historia, la titular es una mujer: Martha Bárcena. De los trece embajadores ante la Casa Blanca desde el sexenio de Carlos Salinas, apenas tres han sido de carrera: Jorge Montaño (Salinas); Carlos de Icaza (Fox) y Arturo Sarukhan (Calderón). Pero cabe señalar que quizá con la excepción de De Icaza, ninguno, incluida Bárcena, ha ocupado el despacho sólo por ser de carrera sino también por la cercanía al presidente en turno, un activo muy preciado en Washington.

Como son posiciones que no requieren ratificación del Senado (a diferencia de embajadores y cónsules generales), se cree que hay más libertad para hacer designaciones políticas. Por la Embajada de México en Washington han pasado hijos, hijas y parientes de generales, procuradores, secretarios de Estado y senadores.

El silencio de la 4T y los dueños de la prensa

“El silencio es complicidad”. Con esta frase, la periodista Miroslava Breach Velducea respondió a un político de Chihuahua que le pedía revelar las fuentes de sus investigaciones sobre la narcopolítica en la entidad. Nueve meses después de esa conversación grabada por el interlocutor de la periodista, la mañana del 23 de marzo de 2017, fue asesinada afuera de su casa.

A las pocas semanas, el panista Javier Corral Jurado ganó el gobierno del estado y prometió una investigación que sería “modelo nacional” para dar con los responsables. La promesa quedó en eso y el gobernador se dedicó a desacreditar a la prensa porque, según él, estaba inconforme porque su gobierno ya no repartía dinero entre los periodistas.

Una investigación internacional encabezada por periodistas mexicanos agrupados en el Colectivo 23 de marzo acaba de publicar una serie de tres reportajes en los que documentan aspectos sustanciales que las autoridades estatales y federales han soslayado y con ello evitado el esclarecimiento del crimen.

El proyectomiroslava.org tiene el respaldo de organizaciones periodísticas internacionales de investigación: Forbidden Stories @FbdnStories, Bellingcat @bellincat y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística @CLIP_AmericaLat.

De esa manera, periodistas de distintos continentes exhiben ante el mundo lo que las autoridades mexicanas no han querido investigar desde la administración de Enrique Peña.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su llamada Cuarta Transformación no ha alcanzado a la crisis de inseguridad que padece el periodismo en México y que lo hace uno de los países más peligrosos para su ejercicio. Por momentos, incluso, ha exacerbado el ánimo contra la prensa que no le es afecta, que no coopera con su proyecto o de plano para él son “mal portados”.

La comunidad internacional cada vez está pronunciándose más sobre las graves violaciones a la libertad de expresión e información en México, propias de países en guerra y de Estados incapaces de garantizar el respeto de estos derechos universales.

Por eso la dureza del reciente reporte de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en México, luego de una visita que hizo en abril pasado al país.

A diferencia de otros países, el asesinato de periodistas no ha movilizado a la sociedad, paralizada de por sí ante el temor de la delincuencia organizada. Los dueños de los medios tampoco han hecho suyo este problema.

No es el único esfuerzo internacional. Están desde hace años organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, que tiene su sede en Nueva York), y Reporteros Sin Fronteras (RSF), de Francia. Pero esta vez es un llamado de propietarios a propietarios de medios.

El silencio es cómplice y el gobierno de López Obrador y los dueños de los medios mexicanos tendrán que asumir que no pueden seguir con una actitud de avestruz mientras el muro atestigua cómo se atenta contra la libertad en México.

Informe: ni Face ni INE

Nadie es tan bonito tan fea (o) como aparece en su credencial del INE ni tan guapa (o) como en su Facebook. En el Face hay una tendencia innata a engañar, queremos que la gente vea nuestra mejor cara, nunca publicamos los momentos no digamos peores, ni siquiera los cotidianos; es la exaltación del yo deseado. La foto del INE por el contrario es nuestro yo más bruto, sin consideraciones, con los defectos a la vista, pues de eso se trata, de identificarnos por lo que somos, no por lo que creemos que somos. Nadie se gusta en su credencial, pero su función no es agradarnos, sino distinguirnos. Todos creemos que somos mejor de lo que aparecemos en esa foto, siempre tan fría y falta de matices.

Algo similar pasa con los informes presidenciales: ni el Gobierno está tan bien como dirá el Presidente, en plan Facebook, el domingo, ni tan mal como dirá, en plan credencial del INE, la oposición. Es el mismo país, el primero visto desde la euforia de un Presidente y su equipo llenos de entusiasmo y de “amigos” dispuestos a aplaudir y poner manitas con dedo gordo para arriba y el otro desde la siempre molesta oposición que nunca le concede al Presidente, del partido que sea, más mérito que el ejercicio mismo del poder.

Con un Presidente tan omnipresente como López Obrador hay anécdotas para dar y repartir, para justificar el amor y el odio, para hablar bien o para hablar pestes todos los días. Eso dejémoslo para los twitteros profesionales que creen que el país se construye y se destruye todos los días en las Mañaneras y tratemos de verlo lo más desapasionadamente posible.

Los matices son fundamentales cuando se trata de hacer una evaluación. Cada uno escoge los indicadores que le acomodan, el mejor perfil y la mejor ropa para la foto. Pero hay algunos que son, creo, incuestionables. Dos muy buenos: la austeridad del Gobierno federal y el ánimo de cambio. Quieran o no los opositores, el Presidente metió a todos el sector público a reducir sueldos y dejar de lado gastos excesivos. Igual podemos decir que es una exageración insoportable decir que el pueblo está feliz, feliz, feliz, pero hay en general un buen ánimo y una buena expectativa que difícilmente tendríamos con cualquier otro Gobierno. Dos malos: el nulo crecimiento económico y los embates contra instituciones del estado. Nadie puede festejar el crecimiento cero, pero sabemos dónde está el atorón y que tiene solución. Igual el embate contra instituciones del Estado, particularmente la CNDH es muy preocupante, pero hasta ahora no ha pasado del esgrima verbal. Hay dos muy malos: el aumento de la inseguridad y la escasez de medicamentos que, independientemente de las razones de uno y otro resultan intolerables: cuando se trata de vidas humanas no hay ahorros ni novatez que lo justifique. El desabasto del sector salud ha sido criminal; la falta de una política certera de seguridad (que hasta ahora no va más allá de reunirse todas las mañanas) y la mala operación de la Guardia Nacional, es el déficit mayor de este Gobierno.