Categoría: Editorial

Corruptos, criminales y beneficiados por el SAT

La desclasificación de una lista parcial de beneficiarios de condonaciones fiscales es uno de los escándalos que en días pasados inició el señalamiento, no por ilegalidad hasta donde puede verse, pero sí por la inmoralidad de saber que un empleado promedio jamás podría evitar el pago de impuestos mientras los grandes capitalistas mexicanos han sido capaces de evadir sus obligaciones.

No hablamos de cualquier empresa ni empresario, sino de las peores personas de este país, responsables en muchos casos de muertes, enfermedades y destrucciones a gran escala.

Porque el trabajo realizado por la organización civil, Fundar, nos lleva a ver que aquellas personas morales, inclusive causantes de tragedias espantosas en el país, pudieron no sólo mantenerse impunes sino conseguir millonarios beneficios del gobierno.

Cuando se ha visto el llagado y las póstulas, la manifestación visible tras la que se ocultan terribles decadencias renales, cardiovasculares y neurológicas, como en la Región Lagunera, es inevitable pensar en la sobreexplotación de acuíferos por la industria lechera, lo mismo que en las filtraciones de la fundición metalúrgica a gran escala.

Empero, como suele ocurrir con la gran industria, el impacto ambiental de sus operaciones ha hecho crisis por las que suele atenuarse temporalmente el impacto, sólo para que la corrupción e impunidad posibiliten el incremento de la extracción de agua, así como aquellas filtraciones contaminantes que, en esa región del norte del país, se asocia con dos gigantes: el lechero Grupo Lala y la siderúrgica Met Mex Peñoles.

Entre 2015 y 2019, Grupo Lala tuvo condonaciones por 2 mil 429 millones de pesos, de acuerdo al listado obtenido, aunque hasta ahora es imposible saber cuánto se condonó a Industrias Peñoles. Están amparados, de acuerdo al informe de Fundar.

Tanto Peñoles como Minera México, son dos de las empresas que tienen enormes pasivos ambientales y gozan de impunidad. La primera, no sólo impactó con arsénico, también con plomo y cadmio en suspensión de partículas que provocó un enorme daño ambiental y a la salud de niños, ancianos y mujeres embarazadas de Torreón. Minera México, subsidiaria de Grupo México, contaminó en Ciudad Juárez, San Luis Potosí y en dos megadesastres ambientales en Sonora en apenas los pasados seis años. Ambos impactaron Monterrey.

Dichas empresas pertenecen a algunos de los magnates más acaudalados del país: Lala, que preside Eduardo Tricio Haro; Peñoles, de Alberto Bailleres y Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco.

Grupo México, es responsable de la muerte de 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos en 2006, un desastre industrial por el que ha conseguido impunidad al grado de que, hasta esta administración, ni siquiera se había hecho investigación sobre lo ocurrido, mientras los deudos, viudas e hijos, quedaron en la miseria con pensiones miserables.

Por cierto, en Pasta de Conchos, 36 de los 65 trabajadores muertos eran trabajadores de la contratista General de Hulla. Hoy sabemos que entre 2008 y 2009, el SAT le condonó a esa empresa cerca de 5 millones de pesos y en 2011 le condonaron el adeudo por 104 millones de pesos.

En la lista aparece también Corporación Geo, la constructora de precariedades, que edificó casas en zona de hundimiento en Chalco, esas que quedaron hechas añicos en el sismo de 2017; la misma responsable de contaminar hasta la destrucción el río Pacú en Chiapas y las tierras de cultivo en San Salvador Atenco en el Estado de México. Esa empresa, es también la que vendió casas sin servicios básicos, construidas con materiales de pésima calidad, defraudó a cientos de miles de familias y se retiró en “quiebra”, no sin antes obtener la condonación de casi 5 mil millones de pesos.

Ricos, poderosos y moralmente criminales, se han enriquecido a costa de la pobreza, la ignorancia, la corrupción. Influyentes como han sido, han mantenido su fortuna y prestigio. Son los millonarios de México y el mundo, que ni siquiera pagan impuestos.

López Obrador, los anarquistas y la familia Disney

Parecía que se estaba burlando. La respuesta del Presidente de acusar a los anarquistas con sus mamás, papás y abuelos fue un pitorreo, patético en el contexto en que se dio, pero más patético es que los medios no hayan pedido seriedad en la respuesta a un tema de seguridad. El Presidente festeja en otra mañanera que entre las escenas que vimos en la marcha del 2 de octubre unos “ancianos respetables”, así los llamó él, del cinturón de paz convencieron a jóvenes anarquistas de no seguir pintarrajeando el escudo de un policía. No dice que hay otra imagen donde los anarquistas pintan con spray rojo a otros miembros de los cinturones de paz.

Más allá del pitorreo del Presidente y de las redes el problema de fondo es la concepción idílica que López Obrador tiene de las familias mexicanas. Sigue pensando que los sicarios, los chavos de las pandillas, los anarquistas regresan a su casa en la noche y se sientan a cenar con el papá, la mamá, los abuelos a platicar a quién mataron hoy, a quién extorsionaron, qué droga consiguieron, a quién se la vendieron, o qué vidrieras rompieron en protesta por qué causas y acto seguido la abuela, que por supuesto que es idéntica a la de la película Coco, sacará la chancla voladora y corregirá al joven mal portado. Más disparatado aún es comparar y meter en el mismo saco al delincuente común y a los anarquistas que, si bien podemos no estar de acuerdo con ellos e incluso condenar sus métodos, ejercen una violencia política que nada tiene que ver con la delincuencia cotidiana. Para los anarquistas López Obrador es tan parte del sistema como Fox, Peña o Calderón y eso, dicho en sus propias palabras, eso arde.

Desgraciadamente para Andrés Manuel y su visión de país esa familia Disney día a día está dejando de existir. Uno de cada tres hogares hoy en México es monoparental, lo encabezan jefas de familia, madres que trabajan y cargan con todo el peso del hogar o padres solteros. Pero no solamente. Uno de cada diez hogares ya no responde a la lógica de familia, es decir, quienes viven en él no están vinculados por razones familiares. Es cierto que muchos de los problemas podrían solucionarse en familia, pero más lo es que en muchos casos el origen de la violencia es la familia: niños abusados, violentados y maltratados por padres, tíos, abuelos.

Obviar los problemas y solo ver lo conveniente; festejar como un triunfo los cinturones de paz sin hablar de los 14 heridos (ninguno grave, por suerte); pensar que el objetivo del Gobierno es que no lo tachen de represor y no que su obligación es asegurar el derecho de manifestación a todos los ciudadanos y proteger el patrimonio público y privada; apelar a la familia idílica y no entender que gran parte de los problemas sociales comienzan en la violencia intrafamiliar, acusa una segmentación de la realidad, común en todos los que ejercen el poder, pero no por ello menos preocupante.

Uno de los aspectos lamentables del discurso presidencial en lo que va del gobierno es que suele identificar a todo lo que se le opone o es contrario a sus decisiones, en un mismo bloque: sus “adversarios, los conservadores”.

En esa designación genérica cabe el reclamo de comunidades indígenas y campesinas por el acto de prepotencia que significa una mega obra energética como el Proyecto Integral Morelos. La oposición de siete años a la que el propio López Obrador saludó desde 2014, fue sometida a un proceso represivo que mandó a la cárcel a líderes sociales en Puebla y Morelos, padeció golpizas y hostigamientos constantes, para resultar descalificados con el presidente del “cambio de régimen” que los llamó “radicales conservadores”. Días después de eso, ocurrió el asesinato de Samir Flores, el dirigente de Amilcingo, radialista comunitario, gente de paz que se resistía a una consulta ilegal impuesta por el mandatario que se obstinó en su realización.

Ese asesinato, que tiene todos los signos de ejecución extrajudicial por acción, omisión o aquiescencia, ha significado uno de los peores episodios al que el presidente suele sacarle la vuelta.

Justo es decir que hay una disminución en los indicadores de agresión a dirigentes sociales desde que inició el nuevo gobierno -según el informe emitido a finales de agosto por el Comité Cerezo México que, por lo pronto, lo coloca al mismo nivel de víctimas que había en los últimos años de Felipe Calderón. Pero esas declaraciones presidenciales y la impunidad que les siguió, lo hacen responsable de haber puesto las condiciones para que el crimen ocurriera.

Entre quienes levantaron la voz -y lo siguen haciendo- por Samir, destaca el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que, por su parte, en un intrincado juego retórico, ha sido puesto también en el costal de los conservadores, pues a juicio del presidente lo son, de izquierda sí, pero es “cuando los extremos se tocan”.

La declaración tiene como aspecto relevante la oposición del EZLN a la implementación de otros megaproyectos como el Tren Maya y el Tren Transístmico, así como al despliegue militar que con las siglas de la Guardia Nacional incrementó presencia en el sureste.

Conservadores son también los grupos cercanos a la cúpula empresarial que se oponen al proyecto aeroportuario de la Ciudad de México, que pretende habilitar la base área militar de Santa Lucía, integrada en el colectivo “No más derroches” y en el que destaca la participación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, asociación civil que preside Claudio X González, hijo del magnate homónimo que se ha opuesto desde los tempranos dosmiles a su oferta política.

Como ocurre con los otros megaproyectos que tienen oposición del movimiento social por los daños ambientales que suponen y su legítima defensa del territorio –por cierto, apoyados por un amplio sector de especialistas y personalidades próximas a las izquierdas a las que descalificó como “los abajo firmantes” y declaró el fin de los tiempos de los especialistas para dar paso a la sabiduría del pueblo que él mismo encarna– no parece ser relevante para el presidente López Obrador si los argumentos legales de “No más derroches” apuntan a errores de su gobierno porque, simple y llanamente, los considera adversarios y conservadores.

Las motivaciones son variadas en cada caso y la única coincidencia es oponerse a la voluntad presidencial. Es más sencillo ubicarlos en un mismo “adversario” y si consiguen amparos no es por fallas en su acción de gobierno, sino porque los jueces son corruptos… porque todos los conservadores son corruptos.

Los mismo con los medios de comunicación que resultan críticos a su desempeño público. Son conservadores, así, sin más. Porque todo el buen periodismo debe estar a favor de las transformaciones y él se asume la encarnación de una, la cuarta.

Y, aunque no tienen adscripción, los encapuchados que disturbian marchas, así en general, son también conservadores. Hasta ahora no hay atisbo de identificación ni análisis oficial claro. Anarquistas conservadores que evidentemente no corresponden a las corrientes internacionales que suelen ser más precisas en sus objetivos, ni a los colectivos de anarquismo tradicional mexicano y, por diferentes indicios se perciben más próximos al PRD capitalino con intereses oscuros. No importa, son conservadores radicales de izquierda según se dice desde la tribuna presidencial.

El conjunto es preocupante entre otras razones porque el discurso del poder tiene un rasero para todos: los que están con él y los que se le oponen. Así, sin matices, sin comprensión de las demandas ni apuesta por la política para resolverlas, propio de un autoritarismo blando, hasta ahora discursivo, incapaz de admitir que hay quienes pueden pensar diferente entre sí y del presidente, negado, cerrado a la idea del pluralismo inherente a una democracia.

AMLO: el amparo es un derecho

Es altamente preocupante que desde el poder, sutil o grotescamente, se cuestione el ejercicio de los derechos que tenemos todas las personas para buscar la defensa de los propios intereses, individuales o colectivos, altruistas o egoístas. Si la Constitución, y en general los tratados internacionales, conceden derechos, no es bienvenido el cuestionamiento, la censura, la siembra de dudas insidiosas en contra de quienes de manera puntual abren las instancias para la resolución de controversias, que pueden ser muy importantes para la sociedad, o sólo para un individuo o su entorno familiar, por ejemplo.

Está muy arraigado en el imaginario colectivo que el amparo y la búsqueda de la protección de la justicia que dictan en sus sentencias de obligado acatamiento jueces, magistrados o ministros del Poder Judicial de la Federación es el reconocimiento a todos de un derecho a resistir las decisiones de las autoridades cuando chocan con visiones o intereses distintos. El amparo es nuestra suprema apuesta para que impere el Estado de derecho en las relaciones entre el poder público y los particulares.

Y no puede ser de otra manera si revisamos la larga historia de esta institución, que surgió contra el sistemático agravio de los poderosos contra los débiles. Como es obvio entender, cuando se solicita una protección no es porque necesariamente se vaya a obtener, pero sin duda es una defensa que saca del ámbito de las decisiones autoritarias la última palabra en un caso, insisto, sea grande o pequeño.

Quienes vilipendian el ejercicio de los derechos estrechan los caminos para llegar a la legalidad y la constitucionalidad de las decisiones públicas. Cuando se empezó a estudiar con mayor rigor al Estado mexicano y la precariedad de su democracia (pienso en la obra de Pablo González Casanova, La democracia en México, de la primera parte de los años sesenta del siglo pasado), advertimos que estudiar y tener claridad de cómo se resolvieron los amparos solicitados contra actos del Presidente de la República, era fundamental precisamente para hacer la anatomía de un régimen que se había solazado en imponerse sin contrapreso alguno, en este caso de los hombres y mujeres a secas. Pero también de quienes iban a la búsqueda de un imperio del derecho con fines netamente egoístas o de lucro. Aquí lo importante es la herramienta, reconocida al particular, y la congruencia con el orden jurídico que debía existir en las sentencias dictadas.

Preocupa escuchar al Presidente López Obrador decir: “Tengo información y ojalá se aclare, que no sea cierto, yo no tengo un sistema de espionaje… pero la gente me informa y me dicen que hay un exministro de la Corte asesorando a quienes promueven los amparos en nuestra contra, en contra de las obras que lleva a cabo el Gobierno y que son 16 despachos de abogados”.

También intranquiliza la puntual respuesta del jurista José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte: “Respecto a lo señalado esta mañana por el Presidente López Obrador, quiero dejar en claro que no asesoro a ningún despacho ni persona en los litigios vinculados con los aeropuertos. Lamento la confusión en que ha incurrido el Presidente”.

En primer lugar porque aquel no da más argumentos para externar su declaración, que su “pecho no es bodega”, desentendiéndose de una lección que les viene bastante bien a los gobernantes y jefes de Estado, autocontenerse y reservarse, porque no es cierto que tan pronto se entera de algo tenga que propalarlo a los cuatro vientos. Así como decir que hasta las buenas cocineras le dan su tiempo a sus guisos, ni ponen la sal ni la pimienta porque la tengan a la mano o en la mente.

Pero eso no es lo más grave, lo delicado es el mensaje que se lanza, porque aun en el extremo de que fuera cierto, el jurista Cossío lo único que estaría actuando es el ejercicio de un derecho, que ninguna ley le niega. Y el hecho de que haya estado en el más alto órgano jurisdiccional y constitucional del país, no le toca impedimento alguno. Cossío pudo haber contestado: “¿Y?”. Pero no lo hizo por templanza y prudencia, porque seguro estoy que lo pensó. En alguien ha de imperar la moderación.

Rosario Robles y los líos domiciliarios

La razón por la que Rosario Robles Berlanga está presa es porque la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció una licencia de conducir con un domicilio distinto al que ella ostentaba y eso fue considerado por el juez Felipe Delgadillo Padierna, para dictar la prisión preventiva y evitar que huyera.

El proceso que se le inició es por no haber notificado a su superior inmediato de las irregularidades que eran de su conocimiento, como parte de un esquema de desvío de fondos que superan los cinco mil millones de pesos, suma esta de diversas operaciones en la secretaría de Desarrollo Social, primero, de Desarrollo Urbano Territorial y Agrario después, durante los períodos respectivos en que fue titular.

Con el dato del domicilio, la mandó a la prisión de Santa Martha Acatitla.

La información que hasta la tarde del lunes 30 de septiembre circuló, teniendo como fuente la defensa de la exsecretaria de Estado, es que la licencia de conducir que aportó la FGR en la audiencia de sujeción a proceso, era apócrifa y no correspondía a Robles Berlanga.

De ser cierto que la licencia fue apócrifa y que el juez sólo tomó en consideración ese documento de identidad, es posible que, en breve, Robles Berlanga quede en libertad para seguir su juicio sin permanecer en el infierno penitenciario.

Sin embargo, es preciso recordar que Rosario Robles ha mentido en relación a su domicilio. Primero, al afirmar que vivía en el barrio de Los Reyes en Coyoacán desde hace dos décadas, cuando en ese período se le conocen diversos domicilios en los que fue inquilina.

Una de esas ocasiones fue la casa que la entonces esposa del empresario de origen argentino e irregularmente nacionalizado mexicano, Carlos Ahumada, le rentaba en San Ángel, cuando este y la exfuncionaria, mantenían una relación sentimental.

La peculiaridad de cada domicilio ocupado por Robles Berlanga, es que ha sido autentificado como propiedad de sus conocidos, por ejemplo, el departamento de Tennyson 223, en Polanco, fue rentado al exsecretario de Comunicaciones y Transportes, compañero suyo de gabinete, Gerardo Ruiz Esparza, como dio a conocer el portal informativo Animal Político.

Antes de residir en Polanco, vivió en un departamento del complejo de Reforma 222 que, a diferencia de los otros, en apariencia no tenía relación directa de amistad con su propietario, pero en el contrato signado para rentarlo, Rosario ofreció un domicilio en Torreón, Coahuila, con el que sí tenía relación pues fue propiedad de un familiar –desaparecido desde 2010—cuya esposa asumió la sucesión patrimonial.

Este último dato es relevante, pues la propietaria de ese domicilio en la colonia exclusiva Rincón de San Ángel, en la ciudad norteña, es Susana Islas, que como su hermano Alejandro, aparecen como accionistas de empresas que fueron beneficiarias últimas de las triangulaciones de fondos por 300 millones de pesos, como informó el semanario Proceso en su edición 2233.

Así, sea licencia apócrifa o no, lo cierto es que Rosario Robles ha mentido respecto a su domicilio personal de manera reiterada; que precisamente, por el  domicilio de Torreón, hay un vínculo al delito principal que es el desvío de recursos federales, más allá de la presunta omisión en su deber de informar al presidente que fue Enrique Peña Nieto, su superior entre 2012 y 2018.

A estas alturas, es posible que la técnica jurídica haya fallado de comprobarse el alegato de la defensa de Rosario Robles, pero también que en estas semanas se abrieron líneas de investigación sobre las cuales aun se desconocen avances pero necesariamente tendrán que aparecer en el proceso.

Lo que el viejo régimen y su comparsa no le perdonan al GIEI

Es muy probable que los autores de la llamada “verdad histórica” con la que la que la Procuraduría General de la República (PGR) pretendió dar carpetazo a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa se hubieran salido con la suya de no ser por la intervención de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso.

Fue precisamente el GIEI el que exhibió, con evidencias, testimonios y peritajes, el cúmulo de irregularidades de la investigación que desarrolló la PGR de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón.

Los expertos del GIEI, que fueron convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), descubrieron que hubo líneas de investigación que los funcionarios de Enrique Peña Nieto se negaron a seguir, como la del “quinto autobús” que transportaba heroína con destino a Chicago, y la identidad del “señor de Huitzuco” mencionado por testigos de los hechos.

También demostraron, con un peritaje de José Torero, uno de los especialistas en incendios más reconocidos en el mundo, que era científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en el basurero de Cocula en las condiciones que narraron –luego se supo que bajo tortura— varios testigos a la PGR.

El peritaje de Torero fue avalado por científicos mexicanos.

En su segundo informe, presentado en abril de 2016, el GIEI reveló que el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, encabezó el 28 de octubre de 2014 una “visita pericial” al Río San Juan, aledaño al basurero de Cocula, que no fue registrada en el expediente del caso.

Curiosamente, al día siguiente de esa “visita”, a la que fue llevado Agustín García Reyes, el “Chereje”, uno de los presuntos implicados en el ataque a los normalistas, apareció en ese tramo del río San Juan una bolsa con los restos de quien sería identificado en la Universidad de Innsbruck como Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos.

En ese mismo informe, el GIEI denunció torturas a 17 de los detenidos, lo que dejó en claro que la investigación de la PGR estaba plagada no sólo de omisiones y obstrucciones, sino de ilegalidades y hasta delitos de lesa humanidad, como la tortura.

El GIEI demostró, con evidencias, que la “verdad histórica” es una versión judicialmente insostenible.

Y esto es algo que no perdonan los funcionarios del gobierno anterior ni la comparsa que se prestó para dar credibilidad a la verdad histórica y para participar en una campaña de desprestigio contra el GIEI, en especial contra las dos mujeres que lo integraban: las exfiscales Ángela María Buitrago, de Colombia, y Claudia Paz, de Guatemala.

Ambas abogadas fueron víctimas de una feroz campaña en la que abundaron las calumnias y las falsedades.

Buitrago, quien coadyuva en la nueva investigación del caso Ayotzinapa que desarrolla la Fiscalía General de la República (FGR), está convencida de que los autores de la “verdad histórica” deben ser investigados.

Desde Murillo Karam hasta Zerón y los diferentes titulares y agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que llevaron las indagaciones del caso Ayotzinapa el sexenio anterior.

Y dijo que no tiene “ninguna duda” de que la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en el basurero de Cocula “no pasó lo que dice la ‘verdad histórica’ que pasó y que, en cambio, hay evidencias que apuntan a que varios de los normalistas fueron llevados hacia Huitzuco y Mezcala.

“No hay un solo elemento que me permita concluir que en Cocula fueron quemados los estudiantes”, aseguró la exfiscal.

Hoy que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la voluntad política de esclarecer el caso Ayotzinapa y de retomar las recomendaciones del GIEI algunos defensores de la “verdad histórica” acuden de nuevo a la narrativa de las tergiversaciones y omisiones que usaron durante el sexenio de Peña Nieto

La voluntad no basta

Nos acercamos al primer aniversario del Gobierno del cambio y muchas cosas han cambiado y, paradójicamente, a la vez muy pocas han cambiado. Hay un mundo de distancia en el estilo personal de gobernar entre la frivolidad irresponsable de Enrique Peña Nieto y la austeridad a veces franciscana de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el hombre y la mujer de la calle difícilmente han experimentado un cambio en materia de bienestar social y económico, en acceso a oportunidades o en la sensación de vulnerabilidad ante la violencia en las calles. Ciertamente para muchos ancianos y jóvenes recibir un apoyo en metálico hace bastante diferencia, pero en un país de 125 millones de habitantes resulta insuficiente para provocar la impresión de que vivimos en otro régimen.

Y es que pese a las buenas intenciones y el enorme desgaste físico del Presidente un Gobierno no puede hacer una diferencia sustancial si la economía se encuentra estancada y el empleo no está creciendo.

Está claro que con el “me canso ganso” no va a alcanzar. Habría que insistir que todo el sistema que preside el Gobierno de la república apenas representa el 25 por ciento del producto interno bruto de la nación. El resto lo genera la iniciativa privada, la economía informal, los comercios, las remesas de los emigrados, el turismo, los ingresos por drogas y un largo etcétera. Las políticas públicas pueden matizar la acción de los otros, pero no hay manera de activar una economía si los grandes, medianos y pequeños empresarios, comerciantes, banqueros, agricultores tienen miedo a los tiempos y se guarecen para esperar momentos mejores.

Antes, en otra realidad que quizá nunca existió, el Estado podía hacer la diferencia. Hoy, que vivimos en un mundo de interdependencias y en el cual las leyes del mercado interno y externo se vuelven implacables, el margen de acción del Presidente es infinitamente menor. López Obrador puede reorientar partes del presupuesto; pero siendo realistas su impacto como herramienta para redistribuir la riqueza es muy limitado: la mayor parte del gasto público está comprometido en obligaciones de deuda, pensiones y pago de la burocracia, y el grueso de esta forma parte de las filas de la clase media baja. Quitarle recursos a un maestro o a un empleado federal para dárselo a un campesino, incluso si se pudiera en términos políticos, equivale a destapar un hueco para cubrir otro.

Es un alivio saber que el Gobierno de la 4T está taponando las salidas absurdas de moches, gastos suntuarios y corruptelas de los de arriba, pero los ahorros así logrados son meras gotas frente a la difícil tarea de hacer reverdecer la pradera.

Los secretarios, subsecretarios y titulares de dependencias se despachaban con la cuchara grande pero se trataba de un millar de individuos; de allí no sale para financiar el combate a la pobreza. En realidad no saldría de ningún lado, salvo de un crecimiento con una mejor distribución. López Obrador está haciendo esfuerzos denodados para conseguir esa mejor distribución; el problema es que sin crecimiento no hay distribución que luzca.

Tener la razón moral o encabezar las causas justas no basta. En ocasiones parecería que el Presidente está empeñado en demostrar que él hizo el esfuerzo, que la legitimidad social y política estaba de su lado, que sus adversarios no fueron solidarios y no abandonaron su mezquindad. En tal caso quizá AMLO se vaya a su casa con la frente en alto dentro de cinco años, niveles de aprobación elevados pero ningún cambio significativo en la vida de los ciudadanos, salvo en términos discursivos. Sus seguidores más radicales se irán más furiosos de lo que entraron, convencidos de que si no se pudo fue por la perfidia de los conservadores. Pero más allá de quién haya tenido la culpa, lo cierto es que habría sido una lastimosa derrota de la esperanza; una oportunidad histórica perdida.

El verdadero reto del estadista no es demostrar que se tiene la razón y los otros están equivocados sino encontrar la forma de que los actores que pueden cambiar la realidad participen de sus razones, las compartan y las impulsen. Pero eso no se conseguirá mientras se siga hablando de adversarios mezquinos o de oposición derrotada. No se trata de doblar las rodillas frente al 30 por ciento que no lo apoya (porción importante de los que tienen los recursos y dan empleo directo o indirecto a buena parte del otro 70 por ciento); se trata de convencer a todos de que dejen atrás la atonía, de que pese a las diferencias es posible construir un clima de confianza mutua y de que es factible mejorar la situación de las mayorías para provecho de todos.

Como si no tuviéramos problemas que enfrentar, esta semana buena parte de la conversación pública (léase medios, redes sociales y charlas de sobremesa) giró en torno a la especulación de que López Obrador se reelija al final de su sexenio en 2024. Enrique Krauze, incluso, propuso lanzar un Frente Nacional Antireeleccionista que podría ser encabezado por el mismísimo Cuauhtémoc Cárdenas. Como es sabido López Obrador acudió a un notario público para certificar su decisión explícita de nunca intentar eso de lo que ahora se le acusa. Inmediatamente sus críticos advirtieron que esa promesa notarial no elimina el peligro. Primero, porque es un documento que no tiene valor jurídico, simplemente acredita que en tal fecha esa era su voluntad. Tendría el mismo carácter que un testamento que igual puede cambiarse cualquier otro día.  Y segundo, porque la reelección no es el único camino para mantenerse en Palacio Nacional, la otra vía es la extensión del mandato mediante un cambio en la constitución. Aunque conseguirlo supondría un brete jurídico, en estricto sentido esa opción no requeriría presentarse a unas elecciones.

Desde luego el temor no es gratuito. Se originó con el albazo que propinó el congreso estatal de Baja California mediante el cual se extendió el mandato del Gobernador de Morena recién elegido. Como se recordará, las elecciones en aquél estado fueron convocadas para cubrir un  período de apenas dos años, obedeciendo al deseo de recorrer así el calendario estatal y empatarlo con las elecciones federales intermedias de 2021. Pero una vez en el poder, el Gobernador elegido, Jaime Bonilla (un empresario ex priista que supo leer a tiempo el cambio de aires políticos), encontró que 24 meses no justificaban ni el esfuerzo ni los gastos de campaña y movió los hilos para que los diputados locales le ampliaran la chamba para continuar hasta el 2024, es decir en total cinco años. El problema, claro, es que los ciudadanos habían elegido a un funcionario para el término de dos años, sin derecho a reelección según reza la convocatoria, lo cual supondría un abuso inexplicable de parte de los generosos legisladores locales. Curiosamente la mayor parte de ellos eran panistas, algunos en proceso de cambiar a Morena y en medio de muchas acusaciones de haber sido convenientemente “maiceados”. El tema seguramente habrá de resolverse en la Suprema Corte.

Pero el caso de Baja California encendió las alarmas entre todos aquellos que ven a López Obrador como enterrador de la democracia. Suponen, incluso, que puede tratarse de un laboratorio de lo que podría suceder luego a nivel federal. No obstante el Presidente ha declarado reiteradamente que es un republicano de cepa y cita a Francisco I Madero, el antirreleccionista, como uno de sus referentes históricos. Una y otra vez ha dicho que no seguirá en el poder al final de su mandato y ahora lo ha afirmado ante notario público. Pero se habría ahorrado toda este desgaste de paja si simplemente hubiese hecho un deslinde crítico con lo que está pasando en Baja California. Por el contrario, sus intervenciones al respecto no han podido ser más ambiguas. Interpelado en las mañaneras al respecto, solo ha dicho que él no metió las manos, que se trata de un asunto regional y que, en todo caso, las autoridades federales electorales y la Suprema Corte tendrán la última palabra. Sobre esto último tiene razón, sobre lo primero hay más dudas. López Obrador no es de Morena sino al revés. Se trata de un partido hecho en torno a su persona y cuesta trabajo creer que el congreso local y el mismo Gobernador hubieran perpetrado esta patraña si el líder nacional se hubiera opuesto. Cabe la posibilidad de que lo hicieran sin consultarlo, pero no tengo dudas de que, de haberlo deseado, él tenía capacidad de pararlo una vez que se puso en marcha.

Quiero pensar que López Obrador es sincero cuando afirma que no traicionará su palabra en 2024, lo que no me explico son las ganas de complicarse innecesariamente las tareas de Gobierno. La 4T habría podido quitarse muchos obstáculos y molestias si el Presidente usara menos explicaciones e impartiera menos lecciones verbales; si no ofendiera a las tradiciones republicanas con encuestas a mano alzada para presumirlas como la voz del pueblo, si no desafiara y descalificara a sus adversarios todos los días casi siempre con razón pero a veces sin ella. Horas antes de firmar notarialmente su intención antirreleccionista, dijo en la conferencia mañanera que gobernaría “hasta que el pueblo quiera”. Se refería a que incluso podría salir antes, si es que un referéndum se lo pedía. Pero sus críticos lo sacaron de contexto para insistir que era una amenaza velada para perpetuarse en el poder. Entre tantos dimes y diretes estamos dejando de ver la transferencia real que comienza a darse a favor de los pobres y el avance lento pero profundo en contra de la corrupción. Hay cambios valiosos, pero difíciles de percibir con tanto ruido. Lo dicho, López Obrador siempre se las arregla para darles municiones a sus adversarios.

Santa Lucía y la seguridad nacional

El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval lo sabe muy bien: la construcción del Aeropuerto Internacional Santa Lucía (AISL) que pretende el presidente de la República está lejos de ser un asunto de seguridad nacional. Sabe también que este concepto no puede ser invocado para que la justicia federal le de la razón al habitante del Palacio Nacional.

Es, en todo caso, como todos los puertos aéreos y marítimos, una instalación estratégica. Sobre todo ahora, que, como desde hace 70 años, es utilizado por la Fuerza Aérea Mexicana, esa institución que en México ha estado subordinada al Ejército de tierra.

Si las instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea hasta ahora no han o no habían sido catalogadas en ningún inventario oficial como estratégicas, como lo dice la Presidencia, es una omisión de la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional desde que éste se creó en el gobierno de Vicente Fox, en el 2005.

Ese registro fue una obligación que se estableció en la Ley de Seguridad Nacional (LSN), en cuya confección participó el ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, cuando era director del entonces Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), ahora Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Pero de ahí a parapetarse en la seguridad nacional hay una gran diferencia. La seguridad nacional es mucho más que instalaciones estratégicas, así sean militares. Lo militar es uno de los componentes de ese concepto tan manido políticamente.

La seguridad nacional refiere a todas las condiciones que genera un país para su estabilidad, integridad y permanencia. En razón de ellas se previene de las amenazas y riesgos, preserva su soberanía e independencia, defiende su territorio, mantiene el orden constitucional democrático, la unidad de la Federación y genera las condiciones de desarrollo social, económico y político.

Con esta definición, que el general Sandoval conoce muy bien, es claro que la seguridad nacional no pasa por la ampliación de un aeropuerto al gusto presidencial. Por eso es desproporcionado recurrir a ese concepto para que el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México eche abajo las suspensiones judiciales que hay en contra de la obra.

Según los opositores al AISL, aglutinados en el colectivo #NoMasDerroches, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le argumentó al juez que la suspensión definitiva de la construcción “pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional”.

Una revisión de la LSN permite ver que los puertos aéreos y navales, como en cualquier país, deben ser protegidos de ataques que amenacen la seguridad nacional.

Pero no son las únicas amenazas potenciales. La ley menciona también al sabotaje, el terrorismo, el espionaje, la rebelión, la traición a la patria, el genocidio, actos que impidan actuar con la delincuencia organizada, actos de interferencia extranjera para afectar al Estado mexicano, actos en contra de la unidad de la Federación, tráfico ilegal de materiales nucleares, armas químicas y bactereológicas, bloqueo de las actividades de inteligencia o contrainteligencia o ataques a la infraestructura estratégica de los servicios públicos.

Son escenarios en que la seguridad nacional se puede ver comprometida, pero en cada caso se presupone una respuesta del Estado para neutralizar tal amenaza.

Los gobiernos suelen invocar a la seguridad nacional para conseguir sus propósitos o despropósitos. Uno de los más conocidos fue el del presidente Richard Nixon de enjuiciar a los diarios The New York Times y The Washington Post por revelar los “Papeles del Pentágono” sobre la guerra en Vietnam.

Cuando se publicaron, la Casa Blanca argumentó que los periódicos ponían en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos porque la guerra estaba en curso. El caso llegó a la Suprema Corte y los jueces constitucionales estadunidenses resolvieron que se trataba de un asunto de interés público en el que prevalecía el derecho a la información, además de que el gobierno de Nixon no pudo demostrar en qué se afectaba la seguridad nacional.

Si la justicia mexicana declara que la construcción de un aeropuerto es un asunto de seguridad nacional, nos podría alejar más de los Estados modernos.

Los otros migrantes

Ellos llegaron en medio de la confusión local por entender la situación y presencia de los migrantes centroamericanos que buscan pedir asilo en El paso Texas para protegerse de la violencia y circunstancias inhumanas de sus países, pero ellos no vienen de otra nación, sino de Michoacán y Zacatecas.

Llegaron y subieron la joroba de los puentes, donde han permanecido, soportando la lluvia, el frío de la noche y calor del mediodía que caracteriza a esta frontera, y desde allí insisten en que los reciban las autoridades migratorias de Estados Unidos para hacer su trámite correspondiente y ejercer su derecho a asilarse en un país que les brinda la seguridad que el suyo no les garantiza.

Sus historias personales son tan impresionantes como las de los centroamericanos, están quienes perdieron a su familia completa por actos de violencia de la delincuencia organizada que se obstinó en extinguirla, aunque sólo uno de sus miembros hubiera cometido el pecado de trabajar o auxiliar a agentes enemigos, y hay quienes presentan lesiones de arma de fuego y cicatrices como si fueran veteranos de una guerra declarada.

Una de las migrantes, me afirmó, aún está viva porque alcanzó a tomar el autobús que iba saliendo de su pueblo antes de que los sicarios la ubicaran y la ejecutaran como hicieron con el resto de su familia, y me manifestó que el crimen fue de su esposo, que desató la ira delincuencial al incorporarse a las fuerzas de autodefensa de su pueblo en Michoacán y enfrentar junto con los demás a los narcotraficantes que ya los tenían asolados.

Los migrantes de Zacatecas presentan una variedad de argumentos que remiten al hostigamiento permanente e impune de los Zetas que se han apoderado del Estado, pero además de su bajísimo nivel de ingresos y recursos para seguir sobreviviendo en su propia tierra, la falta de seguridad social y la pobreza generacional los ha derrotado en la defensa de su terruño y los orilla a buscar opciones de vida en un país ajeno y extraño.

Los juarenses discuten en diferentes círculos ¿cuál debe ser la actitud correcta? Pero es una discusión que no pasa de las palabras; están convencidos de que no pueden ser discriminatorios contra ellos, pues si no lo hicieron contra los extranjeros, menos lo pueden hacer contra los mexicanos, pero, hasta algunos con autoridad, dicen que no podemos ser demasiado generosos, porque se va a correr la voz entre los mexicanos al sur que en Juárez son bienvenidos todos ellos, ¿y luego qué hacemos?

Nunca faltan idiotas como estos por el camino.

Los mexicanos tienen derecho a transitar y viajar por todo el país, y buscar mejores opciones de vida en todo el territorio sin mayor limitación que sus recursos y posibilidades, y si han llegado a Juárez con el sueño de recibir asilo en Estados Unidos, no tardarán en darse cuenta que es sólo un sueño imposible, porque con suerte uno de cada 100 será aceptado debido al entramado de filtros norteamericanos que buscan evitar el ingreso de las personas que no les son agradables (y actualmente los mexicanos no somos bien vistos por ellos).

De esta misma manera llegamos a Juárez miles y miles de mexicanos que, cuando comprobamos que cruzar el río tomaría un largo tiempo, mejor nos acomodamos aquí y forjamos relaciones, trabajos, y familia; la característica de los juarenses es que vivimos aquí, pero no nacimos aquí, y cuando somos más de 600 mil “no nativos” los que estamos aquí, mil quinientos, o dos mil más, son simplemente gotas de agua en una alberca.