Categoría: Editorial

En opinión de una decena de gobernadores mexicanos –el de Coahuila incluido– la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) “ya no cumple la función con la que fue creada”, además de que “perdió fuerza y todo el potencial que tenía como un órgano de interlocución entre gobernadores”. Por esta razón, ayer hicieron pública su decisión de abandonar dicha instancia.

En palabras del mandatario de Chihuahua, Javier Corral, la Conago ya “ni siquiera funciona como un mecanismo de diálogo”, razón por la cual es necesario construir otros espacios de interlocución.

Y pusieron manos a la obra de inmediato, anunciado la creación de la agencia de promoción “Invest in Mexico” mediante la cual pretenden organizar eventos para la atracción de inversiones, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

¿Realmente perdió la Conago “su esencia”? ¿Dejó de “servir” a los propósitos para los que fue concebida? Resulta difícil responder de manera afirmativa a dichas preguntas porque más allá de haberse alzado –en pocos momentos, también hay que decirlo– como un elemento de contrapeso al asfixiante centralismo del País, no hay mucho qué decir sobre ella.

Vale la pena recordar en este sentido que la citada Conferencia surgió más bien –o así fue percibida en aquel momento (2002)– como un mecanismo de los gobernadores de oposición a los presuntos intentos del entonces presidente Vicente Fox por “desmantelar” el viejo régimen luego de concretarse la alternancia en el poder en el año 2000.

De hecho, si se realizara una encuesta y se le solicitara a los ciudadanos de a pie que mencionaran algún logro relevante de la Conago, difícilmente se encontraría algo concreto en las respuestas de las personas.

Por ello, el acto de ayer tiene más de carga política –y en este sentido, sin duda es un acto relevante– que de peso concreto en relación con la posibilidad de que la Conago sobreviva o no a la renuncia de una tercera parte de sus integrantes, incluso si se tiene en cuenta que el peso relativo de las entidades que ahora están fuera de la misma es mucho más importante que el recuento de sus nombres.

La carga política tiene que ver con el establecimiento de un clima de tensión entre dichas entidades y el Gobierno de la República. Más concretamente entre los mandatarios renunciantes y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata, es de justicia decirlo también, del acto con mayor esencia federalista que hayamos visto en décadas, pues es un posicionamiento sumamente raro entre los mandatarios estatales mexicanos: el demandar respeto por parte del Gobierno central y advertir lo inconveniente de plantarse en la posición de “estás conmigo o contra mí”.

¿En qué va a terminar este episodio? En lugar de especular parece más adecuado decir en qué debería terminar: en el establecimiento de un proceso de transición que nos conduzca a la instauración de un régimen auténticamente federal en el que estados y municipios no sean tratados más como menores de edad a los cuales debe tutelarse.

Si eso ocurre, sin duda el gesto de ayer será útil para el País y recordado como un momento relevante de nuestra vida moderna.

A estas alturas de su burdo proyecto fascista, la opinión pública mundial sabe que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utiliza las mentiras y notas falsas en su discurso cotidiano, como un adicto las drogas.

Pero incluso los exagerados estándares del inquilino de la Casa Blanca han sido rebasados, según registró el New York Times. En una nota cuyo titulo es más que elocuente, “Trump, desatado”, el reportero David Leonhardt encontró una decena de notas falsas o mensajes sin sustento divulgados por el Presidente estadounidense la semana pasada, algunos de ellos absurdos.

El lunes 31 de agosto dijo que un avión “casi completamente cargado de matones” con “uniformes oscuros” se dirigía a la Convención Nacional Republicana para hacer “un gran daño”. Y en medio de las protestas contra los disparos a mansalva por la espalda en contra de Jacob Blake, Trump se negó a condenar los asesinatos de dos manifestantes en Kenosha, Wisconsin, y en cambio, defendió a Kyle Rittenhouse, joven de 17 años partidario suyo llamado, quien cometió los asesinatos: “estaba actuando en defensa propia”, dijo. En un disparate más, comparó el tiroteo policial de Jacob Blake en Kenosha con fallar “un putt de tres pies” en un torneo de golf.

Las protestas de las corrientes de Black Live Matter se encendieron aún más cuando Donald Trump visitó Kenosha, Wisconsin, para criticar los saqueos y las protestas, avalar a las fuerzas de seguridad, pero sin tener la cortesía de reunirse con la familia del joven afroamericano Jacob Blake que recibió siete tiros en la espalda de parte de un policía blanco del condado.

Algo semejante ocurrió cuando defendió la violencia cometida por sus partidarios en Portland, Oregón, que dispararon bolas de pintura y gas pimienta a los manifestantes de Black Lives Matter.

Otra declaración falsa lanzada por Trump y recogida en esta nota del New York Times es que afirmó que “personas de las que nunca has oído hablar” y “personas que están en las sombras” controlan a Joe Biden, candidato presidencial demócrata. En su línea de fuego contra su rival demócrata dijo que el mercado de valores colapsaría si ganaba Biden.

Lo que deja en claro el discurso plagado de mentiras y estigmatizaciones es que al promover esta polarización están dando sustento a su proyecto político cada vez más autoritario y fascista puesto que está basado en la idea de la supremacía blanca, una supuesta nación predestinada y un imperio que aspira a mantenerse de los ataques de las “hordas” pobres y de otros grupos raciales.

Además, Trump ha estado repitiendo que ellos ganarán la elección, y que si no es así es porque habrá fraude. “La única forma de que nos puedan quitar estas elecciones es porque están amañadas”. Todo indica que Trump se está preparando para desconocer el resultado de las elecciones en caso de no ser favorecido con los votos.

No está de más recordar que discursos y mensajes semejantes se vivieron en la Alemania a fines de la década de 1930, gobernada por Adolfo Hitler. No debemos dejar pasar por alto los paralelismos.

Ya hemos comentado que la política es como el cine mudo: lo que importa es lo que pasa en la pantalla, no lo que toca el piano. En un estilo personal de gobernar como el de López Obrador, donde el piano es tan estridente y omnipresente, de repente se nos olvida voltear a la pantalla para ver qué está pasando. Algunos casos recientes ilustran esta dicotomía entre el discurso del Presidente y la realidad, ya no del país sino de su propio Gobierno.

La salida de Víctor Toledo del Gabinete era por demás esperada. Desde hace varios días sabíamos que de un momento a otro habría cambio en esa cartera. A diferencia de otras renuncias que habían sido crudamente honestas y que marcaban una esperanzadora diferencia con otros gobiernos, la de Toledo regresa a las viejas formas hipócritas de argumentar motivos de salud (todos sabemos que se trata de un problema digestivo: se atragantó con la 4T). Lo que sorprende no es, pues, la salida de Toledo sino el nombramiento de María Luisa Albores, que estaba a cargo de la Secretaría de Bienestar. Si al Presidente le interesara realmente la ecología, como lo dijo en el Informe, no se entiende que ponga a cargo de esta cartera a una persona cuya experticia es la economía social y que no tienen méritos en materia medioambiental. Pero, sobre todo, si las cosas marchan tan bien como dice en los programas sociales por qué cambiar de titular. La llegada de Javier May, un operador político tabasqueño cuestionado por los resultados del programa Sembrando Vidas, a esta cartera es más significativo y delicado de lo que parece: no solo se trata de recomponer los programas sociales sino de darles sentido político de cara a la elección.

El otro caso donde el ruido del pianista no deja ver con claridad lo que pasa en la pantalla es el de David León. Tras los videos donde aparece el ahora exfuncionario dando dinero a Pío, el hermano del Presidente, López Obrador dijo que no había delito alguno en aquella grabación, se trataba de donaciones del pueblo para la conformación de Morena. Sin embargo, a pesar de ello, primero le pidió a León que no tomara posesión de su nuevo encargo, la empresa gubernamental que se encargará de distribuir medicinas, y luego nombró a Pedro Zenteno en su lugar. Si no había delito, si León era como lo pintaban, “uno de los mejores funcionarios del Gobierno”, ¿por qué lo dejó fuera?

No vamos a caer en la ingenuidad de pedir que nadie, así sea –o crea ser– el hombre más honesto del mundo, se auto inculpe. Lo que sí debemos exigir a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, desde su arrogante libertad, es que investigue actos que pueden ser constitutivos de un delito, como desviar fondos del erario de un estado de la República a un partido, porque eso es lo que vimos en la pantalla, independientemente de los esfuerzos distractores del pianista.

La diferencia entre un Gobierno honesto y uno deshonesto no es que no existan problemas de corrupción, estos tristemente los habrá siempre, sino cómo se les trate. El AMLO en off se parece cada vez más a eso de lo de lo que el Presidente estridente, el pianista, reniega cada mañana.

“Hoy, algunos críticos piden que se gobierne en sentido distinto, que prescindamos de nuestro ideario y de nuestro proyecto, que apliquemos recetas económicas contra las que hemos luchado o que seamos tolerantes con la corrupción que nos propusimos erradicar. Piden, en suma, que yo traicione mi compromiso con la sociedad, que falte a mi palabra y que renuncie a mi congruencia. Y eso, lógicamente, no va a ocurrir”.

La anterior es, probablemente, la frase que mejor resume el discurso que el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció ayer con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. Se trata de una frase que sintetiza sus creencias más arraigadas, esas que no está dispuesto a modificar.

Pero nadie le está pidiendo que sea “tolerante a la corrupción”. No hay nadie -con excepción de quienes se benefician de la corrupción- que esté de acuerdo en tolerar este mal que ciertamente ha lastimado gravemente la salud de la República, porque la inmensa mayoría de los mexicanos está -ha estado y estará- en contra de la corrupción.

Sin embargo, el Presidente se empeña en afirmar que toda crítica formulada hacia su gobierno es un argumento a favor de “los gobiernos del pasado” y, en consecuencia, un argumento “a favor” de las prácticas de dichos gobiernos, señaladamente la corrupción.

No se requiere argumentar mucho para demostrar que tal afirmación es falsa. Criticar la actuación de quienes ostentan la representación popular es un derecho; disentir de la forma en la cual se plantea la conducción de los asuntos públicos constituye el fundamento mismo de la democracia. El propio Presidente lo reconoció ayer en su discurso al afirmar que el garantizar las libertades ciudadanas implica respetar “el derecho a disentir”.

Pero el derecho a disentir solo es útil si tiene un correlato desde el poder público y éste es la obligación de los gobernantes a tener en cuenta el disenso con miras a rectificar, a matizar, a considerar la posibilidad de haberse equivocado y, en consecuencia, a rectificar.

El problema con el presidente López Obrador es que él no está dispuesto a reconocer que ha cometido errores, ni a considerar la posibilidad de modificar las fórmulas con las cuales busca -correctamente, sin duda- revertir las graves desigualdades que han caracterizado históricamente a nuestra sociedad.

Lejos de tal posibilidad, López Obrador redobla la apuesta por alentar la división entre la sociedad mexicana, estigmatizando a quienes considera “victimarios” y alentando los sentimientos reivindicatorios de quienes considera “víctimas”. En ambos casos, sin plantear matiz alguno.

En tales circunstancias, resulta muy difícil acompañarle en la afirmación de que nuestro país cuenta con “el mejor gobierno” en el peor momento de nuestra historia, pues independientemente de sus buenas intenciones, lo que este Gobierno no está haciendo es construir un clima de concordia y unidad que nos permita superar las múltiples crisis que estamos enfrentando.

Es verdad: estamos en el peor momento de la historia moderna del país. Necesitamos el mejor gobierno para afrontar esta crisis. Ojalá que surja en los cuatro años que aún le restan a esta administración.

Estamos en el peor momento de la historia moderna del país, por lo que necesitamos el mejor gobierno para afrontar esta crisis.

Hace ya un buen número de años que el ritual del Informe de Gobierno del Presidente de la República se transformó y dejó atrás los simbolismos que lo caracterizaron largamente. Entre ellos, que debíamos estar atentos a las “sorpresas” que el titular del Poder Ejecutivo tendría para nosotros al hablar desde la tribuna del Palacio Legislativo.

La transformación de “El Día del Presidente” comenzó cuando a Miguel de la Madrid lo interrumpió, desde su banca en el salón de plenos de San Lázaro, un fogoso Porfirio Muñoz Ledo, recién electo como diputado federal en los históricos comicios de 1988.

En las siguientes dos décadas, la rispidez de la relación entre el Poder Legislativo y el Presidente escaló a tal grado que Vicente Fox ni siquiera pudo leer el texto de su sexto informe desde la tribuna parlamentaria y debió conformarse con ser recibido en el vestíbulo del edificio.

Desde entonces, el ceremonial del informe se ha realizado fuera de la sede legislativa, transformado en un evento en el cual el Presidente habla ante un público que ya no está caracterizado por la hostilidad o que manifiesta esta, cuando mucho, inhibiéndose de aplaudir.

Pero si el ritual del “Día del Presidente” ya no implicaba prepararse para una sorpresa desde hace ya varios años, tal característica se ha acentuado en el presente sexenio, pues a menos que fuera a dar un golpe de timón, es imposible que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos sorprenda con algo que diga hoy, al rendir su Segundo Informe de Gobierno.

Y es que al ser una persona que está hablando en forma constante, debido a su estilo personal de recrear la política y que implica mantener en todo momento el control de la discusión pública, López Obrador no solamente no deja nada para “ocasiones especiales”, sino que se repite en forma constante.

Por ello es que, lejos de la sorpresa, casi es posible adivinar lo que dirá, razón por la cual sentarse hoy ante una pantalla para atestiguar el evento a la distancia es casi un asunto de trámite.

Convendría, desde luego, que no fuera así. Y convendría porque el acto de informar constituye una de las responsabilidades públicas más relevantes, pues le permiten a la ciudadanía evaluar la forma en la cual se está comportando el equipo encabezado por quien fue digno de su voto.

Pero incluso en este sentido es previsible lo que va a ocurrir hoy: más que informar, el Presidente va a hacer campaña y a cargar contra quienes ha decidido identificar como sus enemigos y, por extensión, como “enemigos del país”. Los adjetivos que emplee para identificarlos son lo de menos.

Valdría la pena, es preciso insistir, que la historia fuera diferente y que el Presidente aprovechara la oportunidad de dirigirse a la nación para mover el timón y modificar la ruta en la que se ha sostenido desde el primer día de diciembre de 2018.

Por desgracia, hoy ocurrió lo que ha venido ocurriendo desde hace ya casi dos años: el hombre que todo lo prometió por décadas recitó, por enésima ocasión, los pretextos de siempre para justificar los decepcionantes resultados de su gobierno.

No hacía falta ser demasiado perspicaz para tener claro que ante la necesidad de “diversificar” la temática de la discusión pública y, sobre todo, llevar esta hacia los temas que “le convienen”, el presidente Andrés Manuel López Obrador echaría a andar la multireferida “consulta” para decidir si se lleva a juicio a expresidentes de la república.

El movimiento había sido advertido por el titular del Ejecutivo desde el mismo día de su toma de protesta: él es partidario del “borrón y cuenta nueva”, es decir, de no desperdiciar tiempo ajustando cuentas con el pasado y dedicarse en cambio a construir el futuro. Por eso, dijo el 1 de diciembre de 2018, no estaba en sus planes perseguir a los corruptos de sexenios anteriores.

Sin embargo, advirtió también, podría existir una excepción a esta posición suya: que tras “consultarse al pueblo”, este demandara la realización de juicios en contra de los expresidentes del denominado “período neoliberal”.

Hoy, a punto de rendir su segundo Informe de Gobierno y cargando una larga lista de pasivos, debido a los malos resultados que ha entregado su administración, estaba claro que las circunstancias le ofrecían la oportunidad de echar mano de esta herramienta convenientemente sembrada para ser usada en caso necesario.

El recuento anterior es necesario –y útil– para tener claro que no es casualidad que el fin de semana anterior las huestes “amlistas” se lanzaran a las calles para comenzar a recolectar firmas que permitan solicitar al Instituto Nacional Electoral la organización de la consulta de marras, misma que se buscaría desahogar al mismo tiempo que la jornada electoral de 2021.

Se trata, como todas las “consultas” impulsadas por el gobierno de López Obrador, de un acto no solamente innecesario sino que implica consolidar en el ideario colectivo una idea a cual más peligrosa: que la ley en México sólo se aplica si existe un consenso para ello.

Nadie puede estar en contra de que se lleve a juicio a quien haya cometido un delito. Por eso, en principio, no hace falta consultar a nadie al respecto, pues hacer tal ejercicio equivaldría a decir que, en el hipotético –imposible, pero teóricamente probable– caso de que la ciudadanía votara en contra, entonces no se aplicaría la ley, incluso si hubiera delitos que perseguir.

Se trata de un ejemplo más de la pésima pedagogía que impulsa el Presidente y que sólo parece tener el propósito de mantenerlo a él como centro del debate electoral mexicano, de forma tal que cada vez que los ciudadanos acudan a las urnas la decisión se reduzca al falso dilema de “votar a favor de Andrés Manuel o en su contra”.

La narrativa de la esperanza está muerta, o al menos fuera de circulación. Los datos económicos y las tragedias derivadas del problema de la pandemia hacen muy difícil que el Presidente nos venda que él es la esperanza de México. De hecho, es la única frase de campaña que no está en los spots del segundo informe. Olvidémonos de que sea cierto o no, ese debate termina siendo ideológico, simplemente veamos las encuestas sobre la percepción de futuro y es evidente que las familias no la están pasando bien y no perciben una mejora en el corto plazo. Así, el Presidente ha decidido ir a la elección con la narrativa de la corrupción de los sexenios anteriores, la del viejo régimen diría él. Esta decisión, si bien tiene toda la lógica política, tiene también algunos riesgos.

Para que eso funcione el contraste debe ser muy evidente, una dicotomía entre los corruptos frente a los honestos. Aunque el Presidente tenga fama de ser fundamentalmente honesto ese es un terreno pantanoso pues, como ha quedado claro, es prácticamente imposible que el Presidente controle todas las aristas del Gobierno y que no haya escándalos de sus colaboradores. Aun suponiendo que realmente él no tiene nada que ver en la corrupción de su hermano en los videos no puede obviar que él era presidente de Morena en ese momento y para la oposición es más sencillo llevar la elección a la narrativa a los más corruptos contra los menos corruptos, tratar de ir igualando los cartones en ese terreno y luego voltear la tortilla y hablar de resultados en salud, economía, seguridad, pobreza, etcétera.

Para el común de los mortales la corrupción asociada al financiamiento de los partidos es poco clara y por supuesto que no es lo mismo el video de los sobres de David León y Pío López Obrador que el atasque de los billetes en maletas de los funcionarios panistas solo comparable con aquellos de Bejarano, también colaborador de López Obrador. Como sea, por paradójico que parezca, el tema de la corrupción resulta más cómodo para la oposición, pues cuando se trata de aventar lodo lo que importa es el manejo mediático más que las pruebas judiciales, montos o tramas.

Otro riesgo para el Presidente y su partido es que la narrativa de corrupción vs corrupción lo que terminará generando es una desánimo generalizado y eso ahuyentará a los ciudadanos de las urnas. Lo que le dio el triunfo arrollador en 2018 fue que logró poner en la cabeza de los mexicanos la esperanza de un futuro mejor y eso hizo que saliéramos a votar masivamente. En una elección de poca participación lo que importa son las estructuras, la capacidad de movilización que tengan los paridos. Morena ha mostrado ser poco eficiente y los programas del Gobierno federal también.

La ruta de corrupción vs corrupción es, pues, de alto riesgo, y el Presidente lo sabe. Quizá por ello lo hemos visto de tan mal humor en los últimos días.

Los mexicanos nos convertimos en los mayores consumidores de comida chatarra y bebidas azucaradas en América Latina, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud. El deterioro de la salud de la población mexicana ha llegado a tal extremo que presentamos el mayor porcentaje de muertes por diabetes en el mundo, entre las naciones con gran población. Y el panorama empeora, se estima que uno de cada dos niños mexicanos nacidos a partir del 2010 va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.

Muchos factores han intervenido en llevarnos a esta situación en la que se ha normalizado la botella de dos litros o más de refresco en la mesa de las familias, la salida cotidiana de los niños a comprar su fritura, panecillo o dulce a la tienda de la cuadra, el desayuno con Zucaritas o Choco Krispis, con 30 a 40 por ciento de azúcar y nada de fibra, el yogurt con harta azúcar o un fuerte edulcorante para que sepa extremadamente dulce y, por qué no, una sopa instantánea que sustituye el consumo de frijol.

Y todos estos productos están ahí, al alcance de la mano, a unos metros de cada hogar, acompañados de una fuerte publicidad que domina la televisión y los espacios públicos. Con sabores hiperpalatables para que se coman y se coman demás, productos llamados “competitivos” porque terminan por desplazar los alimentos naturales, los alimentos propios. Desde las comunidades oaxaqueñas hasta las comunidades en Nepal penetran en cada comunidad, atrapando el paladar de los niños, aprovechándose de su vulnerabilidad.

Explotando la predilección genética por sabores dulces y por la combinación de esos sabores con la grasa y/o la sal, las grandes corporaciones han diseñado estos productos y penetrado hasta los rincones más alejados del planeta con el fin de generar consumidores de por vida, con el fin de moldear sus gustos. Los cambios en las dietas tradicionales por la introducción de los productos ultraprocesados significa un proceso de destrucción cultural, un impacto en las economías locales que dejan de producir parte de sus alimentos, un impacto en la relación de esas comunidades con la tierra misma. Dos de los elementos que más distinguen a una cultura son la lengua que habla y la comida que prepara.

A cada comunidad llegan estos productos bien empaquetados, con los logos y la publicidad aspiracional que se transmite en la televisión, en vehículos que acercan el producto al consumidor a través de la mayor red de distribución que existe en el mundo. No existe ninguna otra categoría de productos en el mundo que cuente con la red de distribución que tiene la comida chatarra y las bebidas endulzadas, lo cual explica una de las mayores pandemias que enfrentamos, la de sobrepeso y obesidad.

El reto es retomar el gusto por los alimentos saludables y Oaxaca tiene todo para hacerlo. Ese gusto que les puede devolver la sonrisa sana a muchos niños oaxaqueños, porque el primer daño que generan el consumo de la comida chatarra y las bebidas azucaradas está en los dientes. Como advertimos al inicio de este artículo, la captura empieza por la deformación del gusto hacia estos productos, a la vez que sus daños comienzan también en la boca, en la salud oral, para pasar de ahí al daño metabólico.

Oaxaca pude ser el principio no sólo de un nuevo camino para la protección de la salud de los niños en nuestro país, puede ser también un ejemplo internacional, y a esto es a lo que más temen las grandes corporaciones: ser desterradas del territorio que han ocupado en el paladar de los niños.

Para los que creemos en las banderas de López Obrador, aun cuando no siempre estemos de acuerdo con la forma y el modo de desplegarlas, las entregas de dinero de David León a Pío López captadas por el video difundido son un verdadero batacazo.

Pero no hay que llamarse a engaño. León y Pío protagonizaron escenas que no dejan dudas de su ilegalidad. Los montos metidos en bolsas de papel exceden el límite de aportaciones en efectivo que permitía la ley en ese momento (poco menos de 7 mil pesos); por otro lado, David León no era funcionario pero sí consultor político del Gobierno de Chiapas, lo cual provoca preguntas legítimas sobre el origen del dinero. Y sobre el destino final, la irregularidad también es evidente: para ser utilizado en actos de campaña, como indica la conversación, tendrían que haberse registrado en los gastos reportados a las autoridades electorales. Más allá de estas probables violaciones, que serán objeto de una investigación, el sentido común es aún más contundente. Quien grabó los videos, sea con propósito de chantaje o a manera de seguro político, estaba consciente de que las escenas constituían un delito. Y no se necesita ser un genio para entender que uno de los dos que estaban en la mesa es el autor de las grabaciones (León, por lo visto). Otra cosa es saber quién filtró las imágenes a Carlos Loret; pudo haber sido algún allegado que los traicionó o un hackeo de los archivos digitales guardados, pero esa es otra discusión.

El tema está lejos de apaciguarse. En el mediano plazo seguirá su curso jurídico, en el corto plazo será objeto de una furiosa batalla en el que ambos bandos intentarán ganar la narrativa en la arena política. La oposición buscará equiparar este video con todos los anteriores para neutralizar los escándalos de corrupción que le ha dañado tanto; la Presidencia y lo suyos buscarán hacer control de daños y minimizar los hechos. Un affaire con muchos ángulos, de los cuales me gustaría resaltar dos por ahora.

Uno. La torpeza del equipo y de los parientes del Presidente. Más allá de la ética, lo cual no es poca cosa, lo que revela el video es una estupidez política inexplicable por parte de Pío López. Con los antecedentes de Bejarano y Ponce, ¿en qué cabeza cabe hacer un remake de aquellos videos pero ahora protagonizado por un López Obrador, así se llame Pío? ¿En qué estaba pensando?. Y del otro lado, ¿qué deducir del hecho de que el Presidente escogió para sanear al corrupto sector de las medicinas a un hombre capaz de traicionar a los suyos con una grabación clandestina?

Dos, ¿qué va a hacer AMLO? No es el fin del mundo pero hay costos políticos indudables: “todos son iguales”, no es el menor de ellos. La imagen de su hermano será utilizada en todas las campañas electorales de los próximos años. El Presidente puede intentar minimizarlo o ignorarlo, pero yo soy de la opinión que en el fondo está ante una oportunidad histórica. Su cruzada en contra de la corrupción en las altas esferas no será verosímil hasta que no la ejerza sobre alguno de su círculo íntimo; solo entonces los que no son sus partidarios entenderán que va en serio. Pero no es citando a Leona Vicario o a la Revolución para disculpar a su hermano como va a conseguirlo.

Desde aquella inolvidable declaración auto incriminatoria sobre la mágica purificación del dinero del narco en el cepo de las iglesias del entonces obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez, quien dijo que “el dinero se puede purificar cuando la persona tiene una buena intención… No porque el origen del dinero sea malo hay que quemarlo; hay que transformarlo más bien, todo dinero puede ser transformado, como una persona también que está corrompida se puede transformar. Si una persona puede hacerlo, cuánto más lo material” (La Jornada, 19 de septiembre de 2005) quedó claro que había echar luz a las iglesias sobre el origen de sus recursos y el posible lavado de dinero.

Esta semana, una serie de reportajes coordinados en el que participaron varios periodistas de América Latina, entre ellos Raúl Olmos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, puso sobre la mesa el enriquecimiento de las iglesias y sus líderes a partir de prácticas, digámoslo suavemente, poco ortodoxas cuando no abiertamente delincuenciales dentro de las iglesias. Los reportajes –muy recomendables– abordan casos específicos de diversas iglesias, lo cual no quiere decir que sean la únicas, solo las más emblemáticas en su manejo financiero. Cuando hay un líder visible, prácticamente un dueño, que se enriquece tremendamente, como es el caso del brasileño Edir Macedo de la Iglesia Universal del Reino de Dios (que en México conocemos como Pare de sufrir), de Samuel Cassio Ferreira de Asamblea de Dios, también en Brasil, o la familia Joaquín en La Luz del Mundo, en México resulta más evidente que en iglesias más institucionalizadas y estructuralmente complejas, como la católica, pero ello no significa que estén exentas de estas prácticas, como quedó demostrado en la declaración de Godínez.

En cualquier caso, lo que deja en evidencia este trabajo periodístico es la necesidad de que el Estado tenga más control sobre el lado mundano de las iglesias. La Unidad de Inteligencia Financiera ya dio los primeros pasos en marzo pasado al congelar cuentas vinculadas con las acusaciones por las que se le sigue un juicio a Naasón Joaquín, pero es solo uno de decenas de casos que se han denunciado en los últimos años. No tengo duda que la mayoría de los sacerdotes, ministros, pastores y líderes de las iglesias son gente de bien, por lo mismo hay que evitar el abuso de esa minoría.

El corpus de dogmas no es materia de fiscalización; la libertad de creencia está consagrada en la Constitución. Lo que tiene que vigilar el Estado es que no se cometan abusos contra los creyentes ni se encubran delitos en nombre de la libertad religiosa. En lo personal me resulta particularmente desagradable que las iglesias y sus pastores se enriquezcan de los más necesitados, que se explote de esa manera la necesidad de creer, pero ahí no hay nada que hacer, es un acuerdo libre de voluntades entre quien da y quien recibe. Pero, cuando quien da lo que aporta es dinero producto del crimen organizado (lavado de dinero) y cuando quien recibe usa los recursos para fines personales convirtiendo la necesidad de creencia en un negocio personal o familiar (enriquecimiento ilícito) el Estado debe echar luz para evitar que se cometan delitos en nombre de dios.