Categoría: Nacional

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. La FGR detuvo esta tarde en la Ciudad de México a Juan Collado Mocelo, abogado de Carlos Romero Deschamps, con base en una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada.

De acuerdo con fuentes federales, el mandato de captura fue librado por un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte y al parecer los hechos están relacionados con una empresa de Querétaro.

El amigo del ex Presidente Enrique Peña Nieto fue capturado en un restaurante de las Lomas de Chapultepec, en un operativo de agentes de la Policía Federal Ministerial.

“Juan “C” fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo con pleno respeto a sus derechos humanos, sin uso de violencia ni afectación a terceros, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió”, informó la Fiscalía en un comunicado.

Hace algunas semanas, Collado celebró la boda de su hija en el Estado de México y tuvo como invitados a Peña Nieto y a ex funcionarios de su Administración, asÌ como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. Gobernadores del PAN consideraron preocupante la situación del País tras la renuncia de Carlos Urzúa a la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

 En una carta, los Mandatarios estatales expusieron que la sustitución en la Secretaría debe basarse en experiencia y profesionalismo, y no solo en la afinidad del personaje elegido, que en este caso fue Arturo Herrera, hasta hace unas horas Subsecretario de SHCP.

 “Muy grave la renuncia del titular de SHCP. Sus motivaciones generan preocupación y llaman la atención inmediata”, publicó la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional.

 “Las bases del desarrollo nacional dependen de la responsabilidad, profesionalismo y experiencia: esos deben ser los criterios de sustitución y no la afinidad”.

 Asimismo, el Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servín, consideró que esta renuncia debe provocar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador muestre su liderazgo ante su Gabinete vigente.

 “Esta posición es muy delicada, la renuncia de un Secretario de Hacienda de México, de cualquier país, cimbra a cualquier Gobierno”, dijo a la prensa.

 “Estoy seguro que el Presidente tendrá que poner el manotazo en la mesa para todo su Gabinete”.

 También el Mandatario de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, pronunció su preocupación por la forma en que se dio esta dimisión del ex Secretario federal.

 “Tan grave es el hecho, como las razones”, dijo, “es momento propicio para hacer un alto, pensar en la prosperidad y futuro de México”.

 Contrario a los panistas, el Gobernador priista de Hidalgo, Omar Fayad, solo deseó Éxito en sus nuevas funciones al nuevo Secretario Arturo Herrera.

 “En Hidalgo seguiremos trabajando de manera responsable y coordinada con el GobiernoMx por el crecimiento y desarrollo de Hidalgo y México”, tuiteó.

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, consideró que la información acerca de que Alejandro Moreno posee una residencia de 46 millones de pesos es un mal inicio para quien desea presidir un partido político.

La perredista demandó a Moreno esclarecer el origen de los recursos que le permitieron hacerse del inmueble.

“Me parece que el ex Gobernador de Campeche y ahora candidato (a la dirigencia) del PRI debió de ser muy claro en torno a cuáles son sus bienes, transparentándolos para que no haya dudas en torno a sus recursos, que es lo que debe aclararnos, por cuestiones éticas y de responsabilidad”, planteó.

Este lunes, Grupo REFORMA publicó que el ex Gobernador de Campeche es dueño de una residencia de más de 46 millones de pesos que construyó en dos años, periodo en el que declaró ingresos anuales por solo cinco millones de pesos.

Además, la diputada federal llamó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a emitir lo más pronto posible los nuevos formatos 3de3 para evitar casos como el del aspirante a la dirigencia del PRI, propietario de una casa cuyo costo supera por mucho sus ingresos reportados.

 Juárez dijo que si bien es responsabilidad de cada funcionario público reportar la totalidad de los bienes que posee y garantizar que éstos correspondan con sus ingresos, la SFP está en falta porque no ha publicado los nuevos formatos con los que se busca evitar prácticas como las detectadas en este caso.

 “La Secretaría de la Función Pública no ha publicado sus formatos, que son los que nos permitirían complementar lo que aprobamos en la ley que debe tener la 3de3. En la medida que no tengamos esos formatos todavía podemos tener algunos vicios a la hora de quien declara, porque ya sabemos qué es lo que tienen y lo que tenemos ahora pueden ocasionar este tipo de cosas, como las que estamos viviendo”, señaló.

 “La Función Pública está en falta y me parece que debería de acelerar algo que, desde nuestra perspectiva, no debería ser tan complicado”, abundó.

 El 21 de marzo pasado, la SFP y el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) decidió suspender la implementación de los formatos 3de3 que comenzarían a ser utilizados el 30 de abril, los cuales, entre otras cosas, incluían como obligatoria información para dar seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores públicos.

 Mientras se lleva a cabo la revisión, el Comité Coordinador del SNA determinó mantener la operación del Sistema Declaranet, que permite a los funcionarios reservar información.

Alejandro Moreno lidera una de las dos fórmulas que compiten por la dirigencia nacional del tricolor. Su compañera es Carolina Viggiano, esposa del ex Gobernador de Coahuila y actual diputado federal, Rubén Moreira.

CIUDAD DE MÉXICO. Una juez federal rechazó citar a declarar al ex Presidente Enrique Peña Nieto y al ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, así como a otros siete ex funcionarios por el caso de la venta de la planta de Agronitrogenados a Pemex, por el cual está prófugo Emilio Lozoya.

Luz María Ortega Tlapa, juez Octavo de Distrito de Amparo Penal en la Ciudad de México desestimó por improcedente el ofrecimiento que hizo la defensa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) para interrogar al ex Mandatario y los otros ex sevidores públicos.

Lozoya pidió la semana pasada estos ingerrogatorios dentro del amparo que solicitó contra la primera orden de aprehensión que se libró en su contra por lavado de dinero, con el fin de que quedara en claro las responsabilidades de casa uno de los funcionarios que intervino en el proceso de compra de Agronitrogenados, plante que la empresa Altos Hornos de México vendió en 273 millones de dólares.

Sin embargo, la juez Ortega Tlapa, de acuerdo con fuentes del Poder Judicial Federal, desestimó requerir los testimonios con el argumento de que no podría entrar al análisis de las pruebas ofrecidas por Lozoya si antes no fueron ofrecidas y analizadas por un juez de control federal, en este caso el que libró la orden de captura el pasado 25 de mayo.

Además de los ya mencionados, el ex director de Pemex también pidió otros siete testimonios, incluidos los de Pedro Joaquín Coldwell, ex Secretario de Energía; Miguel Messmacher Linartas, ex subsecretario de Hacienda, y Enrique Ochoa Reza, ex director de la Comisión Federal de Electricidad.

También los de José Manuel Carrera Panizzo, director de P.M.I. Comercio Internacional, subsidiaria de la empresa productiva del Estado, y Martha Edith Rodríguez Acosta, apoderada legal de Pemex y Pemex Fertilizantes.

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Corte acciones de inconstitucionalidad contra las leyes de la Guardia Nacional (GN), el Gobierno federal afirmó que dichas normas cumplen los parámetros constitucionales requeridos.

 En un pronunciamiento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República defendieron las tareas de la GN previstas en dichas leyes y rechazaron omisiones legislativas por parte del Congreso.

 “Estamos convencidos de que estos ordenamientos cumplen con los parámetros constitucionales que el Constituyente Permanente tuvo a bien definir con la reforma publicada el pasado 26 de marzo del año en curso”, indica el documento.

 “Respaldaremos con argumentos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la validez de todos y cada uno de los artículos que conforman estos cuerpos normativos en los tiempos y formas que establece la ley”.

 Las impugnaciones de la CNDH contra las cuatro leyes secundarias de la GN plantean acotar a ese cuerpo de seguridad en tareas de inspección migratoria, detención de particulares, uso de armas en manifestaciones y reserva de información.

 La SSPC y la Consejería afirmaron que las cuatro leyes retoman cada uno de los aspectos establecidos en el cuarto transitorio de la reforma constitucional, en donde se establecen los elementos mínimos que cada ley debe contemplar.

 Sostuvieron que dichas normas (de la GN, sobre el Uso de la Fuerza, del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública) tienen estricto apego a la Carta Magna y a diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

 “Diferimos respetuosamente de las manifestaciones que ha hecho la Comisión a través de su titular. Las cuatro leyes fueron materia de un proceso histórico, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados fueron aprobadas por una mayoría absoluta”, subrayaron.

 “Los proyectos que dieron origen a las iniciativas de ley que más tarde se aprobaron fueron producto de un arduo proceso de análisis que duró varias semanas en una mesa de redacción donde estuvieron representados todos los grupos parlamentarios”.

 En el caso específico de las leyes sobre Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones, argumentaron que son ordenamientos sin precedentes que regulan a todas las instituciones vinculadas a las tareas de seguridad pública en el País.

 Establecen parámetros claros respecto a los niveles de la fuerza que los agentes de seguridad pueden utilizar en relación con los niveles de resistencia y la forma en que deben de realizar los registros de detenciones, abundaron en el pronunciamiento.

 Sobre la Ley de la Guardia Nacional, argumentaron que el régimen transitorio de la reforma constitucional establece que puede tener aspectos homologados a los de la Fuerza Armada Permanente.

 Esto, en lo relativo a estructura jerárquica, régimen de disciplina (que incluya faltas, delitos y sanciones a la disciplina policial), responsabilidades, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y cumplimiento de responsabilidades y tareas.

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. Tras asegurar que quienes dirigen las protestas de elementos de la Policía Federal (PF) no trabajan en la institución, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una investigación sobre corrupción en la corporación.

En su conferencia de prensa matutina, el Mandatario insistió en que en las protestas de ayer hubo “mano negra”, aunque aseguró que su Gobierno respeta el derecho a manifestarse.

“Cuando hablo de mano negra es que los que estaban dirigiendo ayer el movimiento no trabajan en la Policía Federal, los principales dirigentes, pertenecen a organizaciones de otro tipo”, aseguró.

“¿Quienes son?”, se le preguntó.

“Hoy, a las 11 de la mañana va a informar el Secretario de Seguridad Pública y es para que la gente sepa, el pueblo sepa, todos los mexicanos estemos informados y no haya manipulación”.

Ante el anuncio de que las protestas continuarán y el amago de un paro nacional, López Obrador pidió el apoyo de la ciudadanía para enfrentar la situación.

“¿Hasta cuándo lo van a permitir?”, se le preguntó.

“Que nos ayude la gente, no caer en chantajes, como cuando el huachicol, nos ayudó la gente”.

El Mandatario expuso que el movimiento policial no tiene causa justa ni fundamento y pidió que se investigue más a fondo el manejo de la PF.

“Esto no tiene ningún fundamento, nada absolutamente y ya ordené que se haga una investigación a fondo y sobre todo que se den a conocer las denuncias presentadas de corrupción y se investigue más sobre el manejo de la PF”, aseveró.

“Hay una denuncia presentada de un equipo que compraron que tiene costo en el mercado de 600 u 800 millones y lo compraron en mil 600 millones”.

López Obrador no quiso ahondar más en el caso y dijo que, en la conferencia de las 11:00 horas, el Secretario Alfonso Durazo informará.

El titular del Ejecutivo puntualizó que en la PF, pese a ser una corporación “que se echó a perder”, no hay despidos ni se están quitando salarios ni prestaciones.

“El ingreso a la Guardia Nacional es voluntario, está establecido en la ley que en 18 meses desaparece la Policía Federal, que aún con este mandamiento legal se tomó la decisión de no despedir a ningún elemento, que todos van a mantener su trabajo, todos van a tener su empleo, estamos haciendo un reajuste, un reacomodo”, aseguró.

Recordó lo que en anteriores Gobiernos se hizo para garantizar la seguridad pública, con la contratación de cerca de 50 mil elementos privados.

“Todas estas cosas se están regularizando y se va a crear en la Secretaría de Seguridad, ya está operando, un sistema para suplir a las agencias privadas que daban servicio de seguridad y los elementos de la PF que quieran hacerlo, porque todo es voluntario, pueden inscribirse en esta nueva función y así hay otro tipo de oportunidades, pero en esencia no se va a despedir a nadie”, dijo.

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. El ex Presidente Felipe Calderón pidió al Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que si tiene pruebas de que está detrás de las protestas de policías federales, las presente.

“Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los policías federales”, dice en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“En particular al Presidente, pero específicamente al Secretario Durazo le exijo que si tiene pruebas las presente y actúe en consecuencia, y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias”.

El ex panista explicó que su nombre más que beneficiar, perjudicaría al movimiento.

“Mi nombre más que ayudarles les perjudicaría porque en el Gobierno y, particularmente ahí en la Secretaría, gobiernan los prejuicios, los complejos, las inseguridades, los miedos, por eso no atinan a hacer bien su trabajo”, señaló.

Para Calderón, el problema con los agentes es de fondo y forma.

Indicó que los uniformados acusan una reducción de sus prestaciones laborales al pasarse a la Guardia, así como malas condiciones en su trabajo, como hospedajes que no son dignos.

El ex Presidente dijo que el Mandatario Andrés Manuel López Obrador debe escuchar a los policías y no insultarlos.

“Escuche a los policías, dejen de escucharse a ustedes mismos”, manifestó.

“Hay temas de forma cuando dicen que todos son corruptos, eso no es cierto y decir eso no es justo”.

Calderón demandó a López Obrador dejar de dividir a México.

“Le pido que deje de descalificarnos con calificativos a quienes no pensamos como usted, todos somos mexicanos y yo le pido que deje de dividir a México. Ese es el problema, han maltratado a los policías y ellos están reclamando prestaciones a las que aseguran tienen derecho”.