Categoría: Nacional

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO. Tres exfuncionarios de Pemex implicados en el robo de combustible irían a juicio en los próximos días, además de que otro exfuncionario de la petrolera, un exalcalde y un exdiputado local, tienen congeladas sus cuentas a consecuencia de manejos irregulares relacionados con el robo de combustible, informó hoy el gobierno federal.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, diferentes instancias de la administración pública federal dieron a conocer un primer corte sobre los resultados de sus investigaciones en relación al delito de robo de combustible que en la última semana se posicionó como el principal tema de discusión del país, debido a que la estrategia seguida resultó en desabasto de gasolina y diésel en diferentes entidades federativas.

Como parte de las investigaciones que se siguen por el llamado “huachicoleo”, la Procuraduría General de la República (PGR), lleva abiertas mil 700 carpetas de investigación, informó hoy el encargado del despacho, Alejandro Gertz Manero.

Aunque los nombres de los implicados y los detalles de esos casos no fueron dados a conocer, bajo el argumento de no violar el debido proceso, Gertz Manero expuso que se trata de delitos relacionados con daños al patrimonio nacional, derivados de la violación de procedimientos y normatividad sobre robo de combustible.

Huachicoleo y lavado

Además, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que un excalcalde, un exdiputado local y otro exfuncionario de Pemex, así como empresarios, registraron movimientos inusuales relevantes en sus cuentas por lo que han sido señalados ante la PGR por incurrir no sólo en la venta de combustible robado sino también en blanqueo de capitales.

Nieto Castillo esbozó la operación de blanqueamiento de recursos a partir de transferencias internacionales, por un monto superior a los dos millones de dólares, además de que dichos exservdiores públicos habrían adquirido para sí o a nombre de familiares cercanos bienes inmuebles, joyas, vehículos de lujo, boletos de avión, obras de arte, con dinero en efectivo.

Hasta ahora, hay 15 personas a las que se les han bloqueado las cuentas, de un total de 24 personas relacionadas.

En tanto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha mantenido la coordinación con la UIF y de ambos con Pemex y la PGR, para seguir las diferentes líneas de investigación sobre la mencionada actividad delictiva.

Gasolineros, inconsistencias

La titular del SAT, Margarita Ríos, por su parte, informó que 194 gasolineros, a los que identificó como contribuyentes, tienen inconsistencias fiscales relevantes detectadas a partir de cruzar la información sobre compras a Pemex y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) reportado. Esto es que existe una diferencia identifica por haber vendido más combustible que al adquirido con Pemex por un total de tres mil 217 millones de pesos.

Como parte de la coordinación entre la UIF y el SAT, son 32 los contribuyentes, es decir, particulares, implicados en el robo de combustible, pero se analizan 200 casos para una eventual congelación de cuentas.

Hasta ahora, sólo los tres casos mencionados por Gertz Manero han sido consignados al Poder Judicial y se está en espera de que se asigne el juez que llevará el asunto, en tanto, la UIF está en espera de que la PGR termine de integrar las carpetas de investigación que deberá judicializar en unos días.

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO. Los primeros 15 aspirantes de un total de 27 al cargo de fiscal general de la República comparecieron este lunes ante la Comisión de Justicia, con distintas propuestas para fortalecer la autonomía e independencia del organismo.

Plantearon la creación de fiscalías regionales sólidas y eficientes, evitar duplicidades, respetar los derechos humanos, crear un “frente común” en la lucha contra el crimen organizado y terminar con las investigaciones “amañadas”.

En la primera de dos sesiones en el seno de la Comisión de Justicia comparecieron las candidatas mujeres: Verónica De Gyves, Mónica Cecilia Luna Barrientos, Estela Cadena Azcona, Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria e Ivonne Olvera Lezama.

De Gyves, integrante de la terna original enviada por el Ejecutivo federal, se comprometió a defender la autonomía de la Fiscalía ante cualquier injerencia pública o privada, además de trabajar de forma coordinada con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Se buscará detener las vejaciones a los derechos humanos y los abusos de autoridad”, afirmó.

Luna Barrientos dijo que pretende dirigir una institución que persiga e investigue los delitos, pero también buscar soluciones alternas. Coincidió en respetar los derechos humanos y “empoderar a la víctima”, y propuso que la Fiscalía rinda cuentas sin menoscabo de su autonomía y que en la primera etapa se realice un “saneamiento” de los integrantes.

Cadena Azcona propuso un “modelo integral” que permita optimizar recursos y articular la política de seguridad y justicia, y visualizar una proyección de resultados en el corto y mediano plazos. Indicó que la Fiscalía requiere “un programa de sensibilidad y gestión del cambio”.

A su vez, Padilla Sanabria subrayó que está dispuesta a “meter a la cárcel a cualquier persona que lacere, en cualquier rubro delictivo, a la sociedad mexicana”. Se comprometió a combatir la corrupción en el país y a recuperar activos para fortalecer el Estado Mexicano.

Olvera Lezama detalló que los delitos que más afectan al país son el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y el huachicoleo o robo de combustibles. Planteó crear un Plan de Persecución Penal con un sistema estadístico confiable, ya que el actual –dijo– contiene datos erróneos.

En la primera sesión de la mañana también comparecieron los candidatos José Alberto Rodríguez Calderón, Gabriel Hernández Campos, Jorge Alberto Cruz Medina y Arturo García.

Rodríguez Calderón propuso fortalecer el servicio civil de carrera de la Fiscalía, promover la descentralización de funciones mediante fiscalías regionales sólidas y eficientes, y realizar una redistribución de personal de la institución. Se pronunció por ampliar las facultades en relación con la atención a las víctimas.

En su oportunidad, Hernández Campos exhortó a todos los sectores de la sociedad a construir un clima de paz en el país, y destacó que la Fiscalía deberá convocar a diversas corrientes ideológicas, sociedad civil, especialistas en derecho y procuración de justicia.

Cruz Medina llamó a crear un “frente común” entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad. “De otra manera nos estamos dividiendo, y los únicos beneficiados de que el gobierno no se coordine y la fiscalía no se organicen, son los delincuentes”, sentenció. Luego explicó que ahora él trabaja en la fiscalía de San Diego, California.

Aturo García Jiménez afirmó que se requiere capacitación sin sesgos ni investigaciones “amañadas”, respeto irrestricto a los derechos humanos, así como asistencia y reparación del daño a las víctimas del delito.

Fiscal ajeno a vaivenes políticos

En la segunda parte de las comparecencias de este día, Julio Ángel Sabines Chesterking urgió a combatir la corrupción e impunidad, y sentenció que el fiscal general “debe estar lejos de los vaivenes políticos”, ser un servidor con plena autonomía, pero con estrecha colaboración con otras instituciones.

Propuso aumentar el número de investigadores, materializar el Sistema Nacional Anticorrupción y contar con un modelo de investigación científica, moderna y tecnológica.

Florencio Hernández Espinoza planteó que se requiere reformar el artículo 19 constitucional, en su segundo párrafo, sobre los delitos graves, para aumentar el catálogo de los que requieren prisión preventiva oficiosa.

“Sí hace falta la capacitación. Por eso se caen las investigaciones ministeriales, porque en su carpeta de investigación no observan los protocolos de actuación”, apuntó.

Félix Manuel Méndez García afirmó que es necesario recuperar la confianza de la ciudadanía, y pidió que no exista favoritismo para ninguno de los aspirantes.

Por su parte, Mauricio Moreno Vargas consideró que el problema de la ineficiencia de la Fiscalía es institucional, “no es una cuestión normativa, sino operativa”.

Ernesto López Saure aseguró que debe existir una separación entre los intereses políticos y la procuración de justicia, y se comprometió a aplicar un sistema de empoderamiento y dignificación de los funcionarios, así como capacitación permanente.

Finalmente, Roberto Valero Chávez indicó que el país tiene la oportunidad de “enderezar las cosas, reconciliarse con la sociedad. No se trata de entrar en conflicto”. El fiscal debe ser impecable para combatir los delitos en todos los niveles, precisó.

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO. Un nuevo aspecto irregular en la implementación de la Reforma Energética fue expuesto hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador: se trata de los permisos de importación de gasolina otorgados a particulares nacionales y extranjeros que no los han hecho efectivos.

En medio de las operaciones contra el robo de combustible y el desabasto de este en diferentes zonas del país, el mandatario informó que, con la Reforma Energética, se sumaron cuatro mil concesionarios para importar gasolina a los ocho mil existentes, para un total de 12 mil permisos de importación vigentes.

Dichos permisos amparan la importación hasta por un millón de barriles diarios de gasolina.

Sin embargo, hasta ahora el 95% de la gasolina que se consume en México se adquiere vía Pemex, por lo que anunció que su gobierno revisará los permisos y entrará en contacto con los permisionarios a fin de que expliquen la parálisis de importaciones privadas.